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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 9 A L'11 DE NOVEMBRE DE 2019  

Fiscal

Uso del sistema de código seguro de verificación por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Intervención General de la Administración del Estado
Orden HAC/1108/2019, de 7 de octubre, por la que se establece el uso del sistema de código seguro de verificación por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Intervención General de la Administración del Estado.
(BOE, 11-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Medidas urgentes para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
(BOE, 11-11-2019)

Comité Organizador de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Real Decreto 639/2019, de 8 de noviembre, por el que se crea el Comité Organizador de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
(BOE, 11-11-2019)

Actualización del anexo 1 por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
(BOE, 11-11-2019)

Euro
Resolución de 8 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 8 de noviembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 09-11-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/09/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/09/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 9 A L'11 DE NOVEMBRE DE 2019 

Fiscal

La banca europea se moviliza contra el plan de Bruselas para combatir el fraude del IVA
El sector bancario europeo se ha movilizado para tratar de retrasar la aprobación de la directiva comunitaria destinada a reforzar la lucha contra el fraude del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el comercio electrónico en el ámbito de la UE.

Este mes, el brazo ejecutivo de los ministros de finanzas de la UE prevé aprobar la propuesta de reforma elaborada por la Comisión Europea para combatir el fraude del IVA. Una de las novedades que contempla el texto que se someterá a votación es la obligación, por parte de las entidades proveedoras de servicios de pagos (sobre todo bancos y otros emisores de tarjetas), de «conservar y transmitir a las autoridades tributarias» datos sobre millones de transacciones.

Aunque el texto propuesto por Bruselas prevé que la cantidad de información atesorada y facilitada por los proveedores de pagos sea «proporcionada» y que ésta se limite a lo mínimo imprescindible para ayudar a las autoridades en su lucha contra el fraude del IVA, las principales asociaciones que engloban el sector bancario y financiero en la UE consideran que la propuesta de directiva fija un objetivo «desproporcionado» tanto en los datos requeridos como en el coste previsto para obtenerlos y guardarlos.

En un escrito conjunto publicado por la Federación Bancaria Europea (EBF, por sus siglas en inglés) y otras tres patronales (las de cooperativas, cajas e instituciones de pagos), el sector financiero reclama a las autoridades comunitarias un aplazamiento en la aprobación de la nueva norma, así como una revisión de la misma para que sea, a su juicio, «práctica y viable», a la vez que ayude a los Estados miembros a combatir el fraude del IVA.

En su comunicado, además de la desproporción, los bancos europeos alertan a Bruselas sobre las consecuencias que, en su opinión, generará esta norma si se aprobase tal y como prevé su redactado actual. Así, no solo consideran que la directiva no alcanzará sus objetivos prácticos, sino que «creará un riesgo significativo» en el Viejo Continente, al tiempo que las mayores obligaciones de transparencia para la banca provocarán «incertidumbre» en el sector.

La actual propuesta creará, según los bancos, una enorme, costosa y pesada «carga operacional» a los proveedores de pagos para atesorar una gran mayoría de transacciones que no tienen vínculo posible con ningún tipo de práctica fraudulenta relacionada con el IVA. Además, consideran que una acumulación centralizada de tal cantidad de datos sobre transacciones generará un potencial problema de seguridad y privacidad, ya que al existir un solo depósito de información se elevan las opciones de que ocurra una «potencial filtración masiva de información con profundas consecuencias para los ciudadanos, la UE y el sector», advierte la carta.

Además de los potenciales riesgos, la EBF y el resto de asociaciones del sistema financiero europeo alertan a las autoridades por la incertidumbre y confusión que las entidades sufren respecto a cómo tendrán que cumplir con sus obligaciones de guardar y distribuir su información. El sector considera también que la directiva tiene un planteamiento ineficiente, ya que las compañías dispuestas a llevar a cabo un fraude en el IVA a través de medios electrónicos «pueden evitar la grabación de sus transacciones estableciendo una cuenta de pagos fuera de la UE», según alerta el escrito.

Las entidades bancarias insisten en su texto conjunto, no obstante, en que comparten la preocupación de las autoridades europeas para luchar contra el fraude del IVA y que están dispuestas a colaborar con éstas de manera efectiva y eficiente.

Sin embargo, las asociaciones del sector critican que todas sus propuestas, preocupaciones y recomendaciones han sido «ampliamente rechazadas» por parte de los legisladores europeos. Consideran, además, que los problemas detectados no podrán ser corregidos durante la fase de implementación de la directiva, por lo que insisten en reclamar un retraso indefinido en la aprobación de la nueva norma.
(El País, 10-11-2019)

Los asesores fiscales rechazan adherirse al Código de Buenas Prácticas Tributarias
La Asamblea Anual de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha rechazado durante su XXXIII Congreso, que se ha celebrado en Palma desde el pasado jueves, adherirse al Código de Buenas Prácticas Tributarias "en los términos y condiciones actuales" por considerarlo "mejorable", según ha informado la asociación este sábado en una nota de prensa. En este sentido, el presidente de los asesores fiscales, José Ignacio Alemany, ha destacado que lo que se ha decidido es no adherirse al código "tal y como está redactado".

Si bien, ha matizado, esta decisión se ha tomado "sin perjuicio" de su participación en una nueva redacción que permita una relación "cooperativa más equilibrada con la Administración". Asimismo, durante los días que ha durado el Congreso, cerca de 300 expertos tributarios de todo el país han debatido las cuestiones más relevantes de la actualidad fiscal regional, nacional e internacional.

En este sentido, durante la clausura del XXXIII Congreso Aedaf, el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jesús Gascón, ha defendido, las inspecciones fiscales como "método no sólo para detectar el fraude, sino para cambiar el comportamiento del contribuyente que defrauda a futuro y conseguir el cumplimiento voluntario".

Por su parte, el conseller de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca, Josep Lluís Colom, ha destacado el papel "fundamental" de los profesionales tributarios en un contexto "cada vez más complejo", y ha mencionado la "necesidad ver la fiscalidad como un instrumento de reparto de la riqueza razonable y sostenible en términos de justicia social". La Asamblea también ha elegido en Palma a la nueva Comisión Directiva de Aedaf, cuyo mandato comenzará el próximo 1 de enero.
(Expansión, 09-11-2019)

La OCDE propone fijar un impuesto mínimo de sociedades a nivel global
Un impuesto de sociedades global. Esta es la última propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) para evitar que las grandes corporaciones eludan sus obligaciones fiscales refugiándose en territorios con sistemas de tributación más ventajosos. El organismo, que reúne a los países más ricos del mundo, ha publicado este viernes un documento en el que sugiere fijar un umbral mínimo de tasación a nivel internacional para las multinacionales, una medida que se añade a otra propuesta que la entidad lanzó el mes pasado: permitir a los Estados que graven a las grandes empresas allí donde estén sus usuarios, aunque no tengan presencia física en el país.

El organismo con sede en París lleva meses estudiando cómo cambiar las reglas de la fiscalidad internacional, una tarea que le encargó en 2017 el G20 y que involucra a 134 países. La necesidad de modificar estas normas se hizo cada vez más urgente ante los retos de la globalización y el rápido crecimiento de la economía digital de grandes plataformas como Google o Facebook, que han dejado patente que el actual sistema de tributación, diseñado en los años veinte del siglo pasado, ya no es suficiente para garantizar una asignación equitativa de los derechos fiscales. La hoja de ruta que se ha fijado la OCDE contempla que se aprueben medidas concretas a finales de 2020.

La propuesta lanzada este viernes, que tendrá que ser revisada y definidos sus detalles por los Estados que participan en la iniciativa, prevé la creación de un sistema por el cual los países de origen de las multinacionales tengan que garantizar que sus corporaciones abonen un nivel mínimo de impuestos sobre sus ganancias y reduzca los incentivos para poner en marcha tributaciones más ventajosas que atraigan a empresas a través de dumping fiscal.

La medida iría más allá de la denominada tasa Google, diseñada para atajar los resquicios que las grandes tecnológicas utilizan para eludir impuestos y que la Comisión Europea intentó implantar sin éxito, al igual que España —pero que ya se aprobó en países como Francia—; también se aplicaría a otras multinacionales, lo que responde a una búsqueda de equilibrio entre todos los países vinculados a la iniciativa, en primer lugar EE UU, donde tienen sede la mayoría de las grandes plataformas digitales.

"La propuesta se basa en la premisa de que, en ausencia de una solución coordinada y multilateral, existe el riesgo de una acción unilateral no coordinada, para atraer más base impositiva y para proteger la base impositiva existente, con consecuencias adversas para todas las jurisdicciones", reza el documento publicado este viernes por la OCDE.

El organismo todavía no ha definido la base sobre la cual debería calcularse el gravamen, cuál sería el nivel de esta tasa o si las nuevas reglas incluirán exenciones o umbrales para excluir a algunas compañías del nuevo sistema. La propuesta está abierta a comentarios hasta el 2 de diciembre.
(El País, 09-11-2019)

Admitida a trámite la demanda de Madrid para reclamar al Gobierno el mes de IVA impagado
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda presentada por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid reclamando al Gobierno el mes de IVA de 2017 que quedó sin repartir a las autonomías como consecuencia de la reforma del tributo que se aprobó aquel año.

El Ejecutivo regional dirigido por Isabel Díaz Ayuso estima que, de los 2.500 millones de euros pendientes de abono a las comunidades, a Madrid le corresponden unos 377 millones de euros. Ahora, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Comunidad de Madrid, que entiende vulnerado el principio de "lealtad institucional" que señala que “en el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General establecerá́ todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas contengan la valoración correspondiente.”

Durante el mandato de Mariano Rajoy, entró en vigor en 2017 el sistema de información inmediata (SII) del IVA, que demoró los plazos de liquidación provocando que las comunidades solo recibieran 11 de los 12 meses de ingresos. La reforma del reglamento del IVA provoca que el abono definitivo se realiza dos años después, por lo que el ingreso correspondiente debía efectuarse este año.

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, se mostró este viernes satisfecho con la decisión de la Audiencia Nacional e insistió en la necesidad de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no se quede con un dinero que no es suyo, y que se niega para darlos para su finalidad, para pagar los servicios de nuestros hospitales, de centros de salud y de los colegios".

Fernández-Lasquetty apuntó además que el gobierno de Díaz Ayuso va "a seguir diciendo basta con un dinero que no le pertenece (a Sánchez) cuando quiere obligarnos a subir los impuestos. Vamos a seguir bajando impuestos y a seguir haciendo la política que genera oportunidades, que genera riqueza y bienestar para los madrileños", ha comentado.
(El Mundo, 09-11-2019)

Laboral

El salario mediano subió en España un 3,3% en 2018, hasta los 1.642,3 euros
Según los datos correspondientes a 2018, los jóvenes y las mujeres son los trabajadores con peores condiciones económicas. La temporalidad y la menor formación tienen una clara incidencia en ello también. El 49,9% de los jóvenes de entre 16 y 24 años cobra un sueldo de hasta 1.046,9 euros. Porcentaje que baja al 24,5% para el colectivo de entre 25 y 34 años y que se reduce hasta el 16,9% para los de más de 55 años.

El año pasado el salario mediano subió en España un 3,3%, hasta los 1.642,3 euros, después de tres ejercicios de leves caídas consecutivas. El salario mediano se calcula a través de los deciles salariales, que ordenan a todos los asalariados según la cuantía de su salario mensual (prorrateando todas las retribuciones salariales entre 12), y que se dividen después en 10 grupos iguales. De esta forma, se reparte el 10% de los trabajadores en cada grupo.

El primer decil salarial corresponde al 10% de los trabajadores con menos salario; el segundo decil, al 10% siguiente, y así sucesivamente hasta el décimo decil, correspondiente al 10% de asalariados con mayores ingresos. Según esto, se divide al total de trabajadores –que en 2018 ascendía a 16,2 millones de personas– en dos partes iguales, los que ganan más y los que ganan menos y el salario mediano coincide con el nivel superior del decil cinco. Por su parte, el salario medio bruto alcanzó en 2018 en los 1.944,4 euros tras subir un 2,9%, con lo que registró su mayor alza desde 2008, cuando llegó a dispararse un 8%.

El grupo más numeroso de entre los asalariados, que supone el 40% (unos 6,5 millones de personas), está formado por aquellos que tenían el año pasado un salario bruto mensual de entre 1.260,9 y 2.187,2 euros. Mientras que otro 30% está integrado por 4,86 millones de asalariados que se incluyen en los tres últimos deciles y que ganan más de 2.187,2 euros brutos al mes. La parte baja está integrada por el otro 30% de los asalariados que perciben menos de 1.260,9 euros brutos mensuales.

Si se diferencian las bandas salariales por sexos, los hombres están más concentrados en las horquillas más altas, mientras que las mujeres copan las más bajas. De esta forma, el 31,5% de los hombres ingresaron el año pasado más de 2.187,2 euros brutos, frente al 24,5% de las mujeres. Por contra, el porcentaje de mujeres que percibe menos de 748,7 euros brutos, el primer decil, triplica al de los hombres –15,6% frente al 4,8%–. En los tramos intermedios, sin embargo, hay mayoría de hombres (45,2%) frente a las mujeres (34,4%).

En esta distribución por sexos es preciso tener en cuenta que la jornada parcial es, fundamentalmente, cosa de mujeres. El 73,9% de las jornadas parciales están copadas por mujeres según los datos de la EPA del tercer trimestre, mientras que los hombres ocupan el 59,1% de las completas.

Por tipo de jornada, el 56,2% de las parciales ganan menos de 748,7 euros, porcentaje que se eleva hasta el 88,8% para aquellos que reciben un sueldo mensual bruto de menos de 1.260,9 euros. Por contra, la mayoría de las jornadas completas (45,8%) se concentran en los deciles intermedios, que perciben entre 1.260,9 y 2.187,2 euros, y un 35,6% gana más de 2.187,2 euros brutos al mes.

Con todo ello, los hasta 748,7 euros brutos que se perciben en el primer decil del INE casi coinciden con los 746,11 euros de salario medio bruto mensual de las jornadas a tiempo parcial. En el caso de las trabajadoras, el salario medio bruto se situó a finales de 2018 en los 1.708,4 euros, un 2,38% más que un año antes tras registrar la mayor subida desde 2009, mientras que el de ellos alcanzó los 2.161,3 euros, un 3,4% más que en 2017.

Si se analiza la clasificación por nivel educativo, a más formación más salario. Así, un 35% de los trabajadores con formación superior, incluido doctorados, ganan más de 2.674,7 euros mensuales brutos, mientras que un 41,6% de los que tienen hasta la primera parte de la educación secundaria tienen un sueldo inferior a 1.260,9 euros. El tipo de contrato también es un reflejo en el sueldo mensual bruto. Así un 48,5% de los trabajadores temporales se sitúa en los deciles más bajos y un 36,3% de los fijos gana más de 2.187,2 euros brutos.
(Expansión, 09-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La victoria del PSOE solo le permitiría gobernar con izquierda y nacionalistas o con PP
La repetición electoral muestra una fotografía algo diferente a la de abril, aunque con más dificultades para la gobernabilidad que entonces, con un Congreso aún más fragmentado. El PSOE gana las elecciones generales del 10 de noviembre, pero sale más debilitado al perder apoyos. Consigue así un 28% de los votos y 120 escaños (tres menos que hace seis meses), con el 99,99% de los votos escrutados.

El partido de Pedro Sánchez pierde más 700.000 votos y tres escaños y de nuevo tendrá que pactar para gobernar, con un escenario aún más intrincado. Esta vez ha logrado menos ventaja respecto a las otras formaciones, vuelve a ser el ganador con menos votos en la historia democrática y la repetición electoral ha dado alas a Vox.

El bloque de la izquierda supera al de la derecha (158 frente a 149 diputados), pero no logra mayoría absoluta y obtiene menos escaños que en abril (158 frente a 166). Pese a ello, Pedro Sánchez ya ha declarado que "esta vez sí habrá un gobierno progresista". Las opciones de Sánchez son todas muy complicadas: un bloque de la izquierda con partidos nacionalistas y ERC, por ejemplo, o un bloque de centro izquierda con Cs o un pacto con el PP, entre otras posibilidades.

El PP se consolida como segunda fuerza política, con el 20,81% de los votos y 87 escaños, frente a los 66 que obtuvo en la contienda de hace seis meses. Por lo que Pablo Casado saldría reforzado de la repetición electoral. Habría que añadir a sus 88 escaños, los 2 de Navarra Suma. Casado ha considerado, tras los resultados electorales, que "la pelota está en el tejado" del presidente del Gobierno en funciones y su partido estará a "la espera de lo que plantea". El PSOE se ha dejado en seis meses más de 750.000 de votos (ha logrado 6,7 millones), mientras que el PP ha sumado más de 600.000 en ese periodo, hasta más de cinco millones.

Por su parte, Vox da la sorpresa al más que duplicar los resultados de abril, cuando obtuvo 24 escaños y convertirse en la tercera fuerza política en el Congreso. Con más del 99% de los votos escrutados, el partido de Santiago Abascal logra un apoyo del 15,09% y 52 escaños. Suma así 900.000 sufragios en seis meses, hasta más de tres millones y medio. Abascal ha declarado, tras conocer los resultados: "Somos la tercera fuerza política de España y el partido que más votos y escaños ha subido". Además, se ha comprometido a "construir una alternativa social y patriótica".

En gran batacazo lo protagoniza el partido de Albert Rivera. Ciudadanos se hunde al perder dos millones y medio de votos (se queda con 1,6 millones). Así, su un apoyo se reduce al 6,79%, que se traduce en sólo 10 diputados, desde los 57 que consiguió en abril. Rivera ha convocado una ejecutiva nacional del partido y ha señalado "que los militantes decidan ahora".

Por su parte, Unidas Podemos, con las confluencias, obtiene 35 escaños, siete menos que en abril, y Más País (el partido de Íñigo Errejón) irrumpe en el Congreso con tres escaños, un resultado muy por debajo de sus expectativas. El partido de Pablo Iglesias es así uno de los damnificados de la repetición electoral y de la falta de acuerdo de gobierno. El partido morado se ha dejado cerca de 30.000 sufragios.

En abril, Unidas Podemos pasó de ser la tercera a cuarta fuerza de ámbito nacional, entonces por el auge de Ciudadanos y esta noche por el de Vox. En las anteriores elecciones ya sufrió un importante retroceso que ahora se confirma, aunque de forma más leve, ya que entonces perdió 25 actas en el Congreso. El líder de Unidas Podemos ha señalado que "se duerme peor con más de 50 diputados de la extrema derecha que con ministras y ministros de Unidas Podemos", pero ha insistido en que volvería "a tender la mano al PSOE y a Pedro Sánchez".

En cuanto a los partidos catalanes, ERC sufre la irrupción de la CUP, que entra en el Congreso con 2 diputados. El partido de Oriol Junqueras obtiene 13 escaños, justo dos menos que en abril. Además, Junts obtiene 8, uno más que en los pasados comicios. Además, el PNV suma un escaño más que en abril, aunque ha logrado menos votos, y obtiene 7. Bildu pasa de 4 a 5. El BGN vuelve al Congreso y recupera un escaño y Coalición Canaria vuelve con dos diputados. El PRC conserva su único sillón. El movimiento ¡Teruel Existe! logra entrar en la cámara con un único representante, al igual que Ciudadanos por Melilla.

La participación de estas cuartas elecciones en cuatro años ha sido del 69,91%, frente al 71,76% que se registró en las elecciones generales del 28 de abril. Los resultados están muy alejados de las tendencias que marcaba el último Barómetro del CIS de Tezanos. El escrutinio del Senado muestra que los socialistas, que contaban ya con 18 senadores designados por las autonomías, suman 111 escaños y los 'populares', que partían con 14, tendrán 96. Vox y ¡Teruel Existe! irrumpen en la Cámara Alta y Cs pierde los 4 representantes que logró hace seis meses.
(El País, 11-11-2019)

El control de precios del alquiler se extiende por las grandes urbes del mundo
Berlín, California, Copenhague o París. Ante las fuertes escaladas de precios de la vivienda registrados en la última década en muchas grandes urbes de Europa y Estados Unidos, los dirigentes políticos, todos ellos de corte socialdemócrata, han decidido imponer distintas fórmulas para controlar los importantes repuntes de las rentas para mejorar el difícil acceso a la vivienda de muchos de sus residentes.

Si bien estas medidas pueden servir para aliviar en el medio plazo a los inquilinos de las grandes metrópolis, muchos economistas y agentes del sector inmobiliario sostienen que a largo plazo pueden desincentivar la construcción de nueva vivienda, deteriorar el parque existente y reducir la oferta en alquiler para canalizarla hacia la venta. A pesar de esas amenazas, estos son algunos ejemplos recientes o venideros de control de rentas.

El Gobierno danés, en el cargo desde junio, ha anunciado recientemente que prepara cambios legales para hacer frente a la especulación inmobiliaria e impedir que los grandes fondos de inversión, especialmente Blackstone, puedan aumentar los precios de los alquileres de forma desorbitada, algo que está impidiendo, según ha alertado el Ejecutivo, que un inquilino con un sueldo medio pueda vivir en las principales ciudades del país.

La nueva regulación, cuya tramitación en el Parlamento se prevé para el próximo verano, pretende eliminar una cláusula de la ley de vivienda que permite a los grandes propietarios aumentar considerablemente los alquileres si hacen una reforma superior a los 34.000 euros. Este cambio haría que, tras una renovación, solo se pudiera aplicar una subida de la renta de hasta el 40%, frente al 80% de media que se da en la actualidad.

Para Blackstone, que se ha convertido en uno de los principales fondos arrendadores del país, ello supondría recortar su inversión casi al 50%, según cálculos de Bloomberg. Según la televisión pública danesa, algunos alquileres han sufrido alzas del 400% desde que el fondo estadounidense se hiciera con ellos.

La ciudad-estado de Berlín, donde cerca del 80% de la población vive arrendada, ha dado luz verde a congelar las rentas para los apartamentos construidos antes de 2014. La medida, que se aplicará a partir del próximo 1 de enero y durante los próximos cinco años, afectará a cerca de 1,5 millones de hogares en una urbe donde las rentas han crecido un 104% desde 2009. Solo en 2017, los precios repuntaron un 20%, según Knight Frank, si bien está lejos de ser la ciudad más cara de Europa.

Un año después, el Bundesbank ya advirtió de que el precio de la vivienda en la ciudad estaba inflado en casi un 35%. Infringir la nueva ley podrá suponer multas de hasta 500.000 euros, después de que una regulación de 2015, que pretendía limitar las subidas entre contratos un 10% por encima de la media de la zona, no surtiera efecto.

El puesto de ciudad más cara de Europa lo ocupa París, donde el alquiler se ha encarecido más de un 50% en la última década. Desde el 1 de julio se ha recuperado el control de rentas tumbado a finales de 2017 y que se aplicará de forma experimental hasta 2023.

La prefectura establece un precio de referencia en función del número de habitaciones, antigüedad del edificio, ubicación y si está amueblado o no. Esa renta de referencia deberá incluirse en el contrato y no podrá ser superado en más de un 20%, bajo pena de multas de 5.000 para personas físicas o 15.000 en caso de empresas.
(Cinco Días, 10-11-2019)

Francia apoya la propuesta alemana para reactivar la Unión Bancaria
El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, respaldó este viernes vincular los avances en el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés) a la eliminación de los incentivos que tienen los bancos para adquirir deuda soberana, tal y como plantea el titular alemán de Finanzas, Olaf Scholz.

"Nosotros también establecemos un vínculo (...) entre la garantía de depósitos europea y la lucha contra el riesgo del círculo entre la deuda soberana y el sector bancario", declaró el político en una rueda de prensa durante la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea que se celebra en Bruselas. Añadió, no obstante, que "el diablo está en los detalles en este tipo de asuntos".

El EDIS tiene como fin complementar a los sistemas nacionales de garantías de depósitos para que, en caso de quiebra de su banco, cualquier cliente de la eurozona vea garantizados sus depósitos de hasta 100.000 euros de la misma forma.

Durante años, los trabajos sobre esa iniciativa han estado estancados por la oposición de países como Alemania, entre otros. Sin embargo, esta semana el ministro germano de Finanzas, Olaf Scholz, mostró su disposición a apoyar un seguro europeo de depósitos si se cumplen ciertas condiciones.

Entre ellas, figura que la deuda soberana deje de considerarse un activo libre de riesgo, de modo que se exijan colchones de capital a los bancos por estos bonos. Los bancos europeos tienden a acumular deuda de sus propios Estados, lo que crea un vínculo entre el riesgo de un país y el de su sector bancario que durante la crisis financiera se reveló tóxico.

Le Maire dijo hoy compartir el punto de vista de su homólogo alemán de que hace falta "reducir la exposición de los bancos nacionales a la deuda soberana de sus Estados". "No es bueno que bancos nacionales, sean alemanes, italianos, franceses o españoles, estén demasiado expuestos a la deuda soberana de sus propios países", insistió. En ese sentido, consideró que Scholz tiene razón en subrayar ese aspecto y que la posición de Francia "siempre" ha sido esa.

Advirtió de que cuando un banco acumula grandes cantidades de bonos soberanos y se producen dificultades con la deuda pública de ese Estado "inmediatamente hace falta que las autoridades bancarias puedan compensar ese riesgo sobre el soberano y, por tanto, tienes el riesgo de este famoso círculo entre el sector bancario y el bono soberano".

Recalcó que esa relación es "peligrosa para la estabilidad de la eurozona en su conjunto" y que es "la prueba de que no hay verdadera integración bancaria", dado que las entidades acumulan bonos de sus propios países y no de otros Estados de la eurozona. "No se pueden dar garantías de solidaridad si no tienes por el otro lado garantías de estabilidad. Las dos van de la mano", señaló, y resaltó que el EDIS encarna la solidaridad.

En cualquier caso, celebró que el ministro alemán haya "levantado un tabú" con su propuesta para la garantía de depósitos europeos, tras años de bloqueo de Berlín sobre ese instrumento. De hecho, dijo creer que el paso del titular germano permitirá "lograr rápidamente" un acuerdo sobre la unión bancaria que, según adelantó, espera para los primeros meses de 2020.

"(El EDIS) es una forma de decirles a los ahorradores españoles, italianos, belgas, franceses o alemanes que, si hay una crisis financiera nueva mañana, sus depósitos estarán garantizados a nivel europeo. Así que Europa es una protección", comentó.
(Expansión, 09-11-2019)

Sector

El Poder Judicial prorroga los juzgados especializados en cláusulas suelo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado que prorrogará entre seis meses y un año su plan de especialización de juzgados en conflictos hipotecarios como las cláusulas suelo, que desde su puesta en marcha en 2017 han resuelto un 41,3 % de las demandas ingresadas.

En una nota de prensa, el órgano de los jueces anuncia que el nuevo plazo se fijará en función de la carga de trabajo de cada sede y se compromete a intensificar la frecuencia de sus relaciones con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas para identificar las necesidades de cada región y determinar qué medidas deberán adoptarse.

Precisamente en la reunión que han mantenido las tres partes han puesto sobre la mesa las estadísticas de los 54 juzgados de primera instancia e instrucción y de sus respectivos jueces de apoyo que, desde la entrada en vigor del plan en junio de 2017, se dedican de forma exclusiva a la tramitación de demandas en materia hipotecaria.

A 30 de junio de 2019, el volumen de asuntos pendientes en dichas sedes judiciales era un 2,25 % más bajo que al término del primer trimestre, lo que supone la primera mejora en las cifras desde la puesta en marcha del sistema. También ha mejorado en casi toda España la tasa de resolución de estos conflictos, que en el segundo trimestre fue del 118,4 % frente al 82 % registrado hasta marzo.

Si se tienen en cuenta los números de los últimos dos años -periodo en el que ha estado en funcionamiento el plan de urgencia-, la tasa nacional se sitúa en el 41,3%, lo que en la práctica significa que se han resuelto algo menos del total de demandas ingresadas.

Asimismo, aunque el CGPJ advierte de que la mejora en la tramitación es "generalizada", comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, País Vasco, Baleares, Madrid y Navarra, continúan por debajo de la media del país.

En este sentido, la presidenta de la asociación de consumidores Asufin, Patricia Suárez, lamenta la saturación en la que se encuentran determinados juzgados como el 101Bis de Madrid o el de Barcelona, que han llegado a tardar "hasta dos años y tres meses" en admitir a trámite una demanda, apunta Efe.

Según los cálculos que maneja la agrupación, la justicia tiende a demorarse unos 515 días (un año y cinco meses) en la tramitación de un procedimiento por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisas, entre otros.

Ante este panorama, Suárez considera "imprescindible" que el Gobierno y las comunidades autónomas acaten la Constitución y doten de "mayores medios" a estos juzgados para prevenir dilaciones indebidas, por lo que no descarta "denunciar la situación y, si hiciera falta, llegar hasta Estrasburgo".
(El País, 10-11-2019)

La Abogacía reclama a los partidos la desconexión digital de los juzgados en agosto
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) está ultimando una propuesta para reformar distintas leyes que hagan posible una verdadera conciliación para los abogados y abogadas españoles, y que incluye reclamar a los partidos la desconexión digital de los juzgados en agosto. Así lo ha expuesto en Gijón su presidenta, Victoria Ortega, durante la celebración de unas jornadas sobre nuevas tecnologías en la gestión de los colegios de abogados.

La propuesta, en la que se ha estado trabajando durante todo este año y que se someterá al Pleno del Consejo este mismo mes, reclama entre otras medidas una verdadera desconexión digital de los juzgados en los periodos vacacionales de agosto y Navidad, y que las vistas sean suspendidas en los casos de enfermedad grave, maternidad o defunción. "La tecnología nos ha facilitado innumerables tareas, pero también ha irrumpido en cada minuto de nuestra vida privada poniendo serios obstáculos a la conciliación", ha expuesto Ortega.

Además, la presidente del CGAE ha hablado de los objetivos del Plan Abogacía 2020 entre los que se encuentran "que la abogacía española debe situarse a la vanguardia de la evolución tecnológica en materia de gestión de datos, de innovación continua y eficiencia operativa, de servicios e infraestructuras tecnológicas excelentes, o de protección y seguridad digital".
(Expansión, 09-11-2019)

 
 
 
 
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