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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 12 DE NOVEMBRE DE 2019

Fiscal

Operaciones de cierre del ejercicio 2019 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias
Orden HAC/1111/2019, de 11 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2019 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.
(BOE, 12-11-2019)

Laboral

Plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden TMS/1070/2019 por la que se fijan para el ejercicio 2019 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón
Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden TMS/1070/2019, de 24 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2019 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
(BOE, 12-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 11 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de noviembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 12-11-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/12/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/12/index.php?s=3



NOTÍCIES DE PREMSA DEL 12 DE NOVEMBRE DE 2019 

Fiscal

Hacienda crea un "cuerpo de élite" para vigilar a las multinacionales
"Estamos fichando a un cuerpo de élite. No nos conformamos con la gente normal". Carlos Cervantes, jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria (Aeat), reconoce de este modo la "extrema complejidad" de la fiscalidad internacional y los precios de transferencia. Por ello, la Agencia Tributaria ha decidido poner todos sus recursos sobre las multinacionales, con la suma de sus mejores inspectores y las mejores herramientas digitales.

Más del 90% de los expedientes que manejan en la Delegación Central estudian asuntos de fiscalidad internacional. Esta situación ha obligado a Hacienda a multiplicar sus esfuerzos en la lucha contra el fraude y la erosión de las bases imponibles que las grandes corporaciones utilizan en sus sistemas de ingeniería fiscal.

El departamento de selección de la Agencia Tributaria tiene ya órdenes de buscar los mejores perfiles para incorporarse a la Delegación Central. A ellos se les sumarán las herramientas digitales más avanzadas de las que dispone la Agencia para analizar la situación de las compañías.

La Agencia Tributaria española es de las más destacadas del mundo en materia digital. Gracias a los recientes cambios normativos, que obligan a las empresas a aportar ingentes cantidades de información a la Aeat, los inspectores cuentan ya en sus bases de datos con una gran cantidad de información sobre las compañías. "Lo que queremos ahora es hacer es un uso inteligente de toda esa información que ya tenemos", apunta Cervantes.

Con la aplicación de las técnicas de análisis de última generación, la Agencia Tributaria creará un mapa de riesgos que permitirá a los inspectores conocer, antes de enfrentarse a los expedientes, qué riesgos en fiscalidad internacional puede tener una compañía. "Lo que queremos es saber dónde tenemos que mirar y quién tiene más posibilidades de hacer algo mal, para que lo controlemos de manera más sencilla", explica Cervantes.

En cualquier caso, el jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, manifiesta su intención de llegar a "acuerdo razonable" con las multinacionales y rechaza que todo este sistema aparezca como un infierno fiscal. "España tiene un problema de litigiosidad en materia tributaria y nos esforzamos en reducirla", sostiene. "En mi dependencia se firma el 80% de las actas con acuerdo y conformidad", añade.

Aunque los procedimientos de los inspectores y el funcionamiento del propio algoritmo informático son secretos, Carlos Cervantes sí precisa las operaciones a las que estarán más atentos desde su departamento. De este modo, destaca la importancia de las operaciones vinculadas.

También atenderán a las pérdidas recurrentes o las empresas con resultados muy pequeños. "Yo me he encontrado con filiales españolas que llevaban 25 años declarando pérdidas", indica. Además, cuando se produzca una caída significativa de la rentabilidad, la Agencia también vigilará a la compañía. Si tras una reestructuración la empresa divide su fiscalidad entre 10, y aparece Suiza de por medio, está claro que algo hay", añade. Por otra parte, Cervantes asegura que hay modelos de negocio con más riesgo en esta materia. "Un claro ejemplo son las compañías con pagos en línea", apunta.

El nuevo "cuerpo de élite" que anuncia la Agencia Tributaria y sus avanzadas herramientas tecnológicas ha obligado a los fiscalistas a mejorar la implantación digital en materia fiscal de sus clientes. "Lo que hacemos es crear instrumentos digitales para que las empresas tengan, al menos, la misma información sobre ellos mismos que la que maneja la Agencia Tributaria", explica José Ignacio Box, socio de Deloitte Legal. El despacho ha creado una división que trabaja en todos los riesgos fiscales de estas compañías, junto a los departamentos tecnológicos de Deloitte. "Estamos desarrollando herramientas que analicen la información de la misma manera que lo hace Hacienda y, además, que permitan hacer una preinspección para saber por dónde hay que trabajar para evitar sanciones en el futuro", señala Box.

El especialista recuerda que la Aeat está muy avanzada en materia digital y que las empresas no pueden ir por detrás. "Sabíamos que después de la digitalización de IRPF e IVA, se iban a poner a trabajar en materia de fiscalidad internacional y que iban a utilizar el análisis de datos para el mapeado de riesgos", asevera José Ignacio Box.
(El Economista, 12-11-2019)

Laboral

Una quincena de grandes convenios ya recoge la jubilación forzosa
Pedro Sánchez hizo varios cambios legales en materia laboral en un amplio real decreto aprobado el pasado 28 de diciembre. Entre estas novedades estaba una rectificación de la reforma laboral del PP de 2012, que consistía en que la ley volvía a permitir a las empresas jubilar a sus trabajadores de forma obligatoria cuando estos cumplan la edad legal de jubilación.

Este tipo de cláusulas que permitían el retiro forzoso en las empresas estaban muy extendidas en los convenios colectivos, pero quedaron todas totalmente anuladas en 2012. Ahora, desde enero pasado la jubilación obligatoria vuelve a estar permitida, si bien deben cumplirse tres grandes requisitos. El primero es que el trabajador debe tener derecho al 100% de la pensión en el momento de cumplir la edad de retiro vigente en ese momento. En segundo lugar, esta modalidad de jubilación debe estar recogida en el convenio de referencia del trabajador. Y, finalmente, la empresa está obligada a tomar medidas de empleo para que los puestos no queden amortizados.

En los 11 meses que han transcurrido desde este cambio legal hay, al menos, una quincena de grandes convenios colectivos sectoriales que suman cerca de cuatro millones de trabajadores –como los de la construcción, el metal o la seguridad– y de empresa –como Orange, Telefónica o Iberdrola– que ya recogen estas cláusulas para jubilar obligatoriamente a sus trabajadores cuando cumplan la edad legal. Algunos de estos convenios se han firmado en 2019, pero en otros casos su texto ha sido modificado y las partes han incluido esta jubilación, según datos registrados por la organización patronal CEOE.

En cualquier caso, todas estas cláusulas reproducen los tres requisitos legales antes citados, aunque con distintos grados de concreción o exigencias añadidas. Así, por ejemplo, el convenio de la cervecera Mahou indica que la empresa “podrá” extinguir el contrato de trabajo por cumplimiento de la edad de retiro del trabajador, mientras que en el de Iberdrola Grupo, se establece, salvo pacto individual en contrario entre la empresa y el empleado, la extinción “automática” del contrato de trabajo como consecuencia del cumplimiento de la edad ordinaria de retiro.

La mayoría de estas cláusulas fijan la sustitución de los trabajadores jubilados por otros, por lo general con contrato indefinido, a través de la conversión en fijos de temporales que ya están en la empresa; la ampliación de jornada de empleados a tiempo parcial o la contratación de nuevos trabajadores “para el mismo o distinto puesto de trabajo que ocupaba el trabajador cuyo contrato se extinga”, precisa el convenio colectivo de la empresa telefónica Orange.

El acuerdo que regula el sector de perfumerías y afines especifica, por su parte, la sustitución a través de contratos de relevo para garantizar el relevo generacional. Y el convenio de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos fija la contratación, dentro de los seis meses siguientes al retiro, de dos personas (al menos una fija) o, alternativamente, una contratación y una conversión de un empleado temporal de la empresa en fijo. También Telefónica se ha comprometido a contratar a dos trabajadores por cada jubilado forzoso que salga de la compañía.

En otros casos, como el del sindicato UGT, su convenio, además de los requisitos legalmente establecidos, añade otras exigencias al empleador para que pueda jubilar de forma obligatoria a sus trabajadores. Concretamente, requiere que la empresa no haya presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción, ni haber efectuado despidos nulos; o acota que la contratación para sustituir al jubilado se debe hacer en los tres meses anteriores o posteriores al retiro forzoso.

Hay patronales, como la de los centros de educación infantil y la de las empresas de seguridad, que se han cubierto las espaldas, poniendo expresamente en sus convenios que la no amortización de los puestos de los jubilados y los compromisos de creación de empleo “no son de aplicación en caso de jubilación voluntaria”.

En paralelo a estas cláusulas de retiro forzoso hay otras que, sin hacerlo obligatorio, lo incentivan. Es el caso del antes citado sindicato UGT, que establece unas gratificaciones extraordinarias en el momento de la jubilación del trabajador, pero solo si se retira “al llegar a la edad ordinaria o anticipada”.
(Cinco Días, 12-11-2019)

Alemania sube la pensión mínima a 1,5 millones de personas
Los partidos que forman el Gobierno de gran coalición de Alemania (CDU-CSU y SPD) alcanzaron este domingo un acuerdo para reformar el sistema de pensiones del país e incrementar las prestaciones más bajas. El pacto aparca las disputas ideológicas entre los socios, que amenazaban con deshacer la coalición de Gobierno. Y supone un primer paso en la línea de incrementar el gasto público de Alemania, una medida reclamada desde la Comisión Europea, el BCE y el FMI para estimular el crecimiento de la eurozona.

Annegret Kramp-Karrenbauer, líder de la CDU, el partido de centro-derecha de la canciller Angela Merkel, explicó que los tres partidos habían llegado a un acuerdo “después de largas negociaciones” para incrementar las pensiones de los trabajadores que, pese a haber cotizado durante 35 años, cobran una jubilación muy baja, equivalente a la renta mínima (424 euros). Kramp-Karrenbauer señaló que los potenciales beneficiarios de ese incremento deberán demostrar que no cuentan con ingresos suficientes, una cuestión considerada clave por su partido, aunque no se tendrá en cuenta su patrimonio.

Malu Dreyer, líder en funciones de los socialdemócratas (SPD), destacó que el acuerdo beneficiará a hasta 1,5 millones de jubilados, la mayoría mujeres. El acuerdo, que plantea otros ajustes en el sistema de pensiones, debe ser aprobado ahora por el Parlamento, aunque las líderes de CDU y SPD se mostraron confiadas en conseguir su apoyo.

Los socialdemócratas habían advertido que, de no alcanzarse un acuerdo sobre el tema, sería difícil mantener la gran coalición de Gobierno hasta las próximas elecciones, previstas para el 2021. Dreyer subrayó que la reforma de las pensiones es un asunto que se encuentra “muy cerca del corazón” de su partido, y dijo que esta “gran reforma social no habría sido posible sin la presencia de los socialdemócratas en el Gobierno”. El SPD ha obtenido débiles resultados en las últimas elecciones regionales, lo que había disparado las especulaciones sobre su posible salida del Gobierno.

Markus Söder, líder de la CSU, el partido aliado de la CDU en Baviera, estimó que el incremento de las pensiones mínimas tendrá un coste de 1.500 millones de euros.
(Expansión, 12-11-2019)

El número de ocupados a cierre de 2019 se quedará por debajo de los 20 millones
En concreto, Asempleo calcula que 2019 finalizará con 19,9 millones de ocupados, frente a los 19,6 millones de un año antes, lo que implicará la creación de algo más de 300.000 empleos en el conjunto del ejercicio. La patronal de agencias privadas de empleo prevé que la moderación en la creación de empleo se acentúe en los próximos tres meses (noviembre, diciembre y enero) en línea con la ralentización de la actividad económica.

De esta forma, la ocupación crecerá a un ritmo interanual del 1,3% en los próximos tres meses cuando un año antes avanzaba a tasas del 3% o superiores. Tras este deterioro de la ocupación, "ligeramente superior al esperado", Asempleo recorta dos décimas su previsión de crecimiento del empleo para 2019, hasta el 2,2%.

"Con los datos de noviembre y diciembre se podrá hacer un balance y dilucidar si estamos ante un año muy volátil dentro de una tendencia suave de desaceleración o ante un cambio de tendencia en el paro", ha subrayado el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas.

En su opinión, la dinámica que se está registrando en el mercado laboral desde el inicio del verano confirma que la creación de empleo y la reducción del paro a partir de los niveles actuales "es muy frágil ante los vientos de cara".
(El Mundo, 12-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Inversores y empresarios piden un acuerdo PSOE-PP
Las mayores organizaciones empresariales y compañías defienden que el próximo gobierno se constituya lo antes posible y que cuente con una base parlamentaria suficientemente amplia como para llevar a cabo grandes reformas, paralizadas desde hace siete años. La gran prioridad es reimpulsar la actividad económica, para lo que plantean la necesidad de despejar la incertidumbre y dar un horizonte de estabilidad que aliente las inversiones, así como una rebaja de la presión fiscal.

Los empresarios están hartos de la incertidumbre política y de la parálisis regulatoria y reclaman que se ponga en marcha cuanto antes un Gobierno "centrado y estable" que pueda despejar las incógnitas y que, además, lleve a cabo reformas para impulsar la productividad. Muchos reclaman directamente una Gran Coalición con el PP, mientras que otros apuestan por un Ejecutivo moderado (evitando que la gobernabilidad caiga en manos de Podemos y los independentistas), que sea estable, para permitir un horizonte de inversiones de varios años, y que tenga una ambiciosa agenda reformista. Es decir, con ya sea desde dentro o desde fuera, del PP.

Uno de los más claros en este sentido ha sido el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, que señala que "en la actual situación sólo un pacto entre el PSOE y el PP podría garantizar la necesaria estabilidad. Cualquier otra opción nos aboca a un Gobierno inestable que no duraría cuatro años", incidiendo en que un Ejecutivo "con Unidas Podemos y Más País no aplicaría la estrategia económica precisa para promover el crecimiento y afrontar los grandes desafíos que tenemos por delante".

También Eduardo Zamácola, presidente de patronal comercio textil, Acotex, señala que "lo ideal sería pacto entre los principales partidos constitucionalistas", aunque advierte de que éste tiene que tener la vista fija en reducir la carga fiscal y buscar una mayor competitividad para impulsar la contratación. Otros, en cambio, son menos específicos, como es el caso del presidente la patronal catalana Pimec, Josep González, que pide "responsabilidad y agilidad a todos los partidos para que se constituya un Gobierno estable", porque "España no se puede permitir unas terceras elecciones". Similar opinión tiene Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCE y Asprima, que pide "que se llegue lo antes posible a un acuerdo de gobernabilidad que asegure estabilidad".

La posición de los empresarios es bastante clara: el nuevo Gobierno, ya sea monocolor del PSOE o de coalición con el PP, debe estar avalado por una mayoría parlamentaria suficiente como para llevar a cabo reformas que reimpulsen la economía. Entre ellas, mencionan una mayor flexibilidad laboral, una rebaja de impuestos orientada a favorecer las inversiones, una mejora de la formación para mejorar la productividad y crear empleo o el desarrollo del régimen sancionador de la morosidad. Y todo ello, además, retomando el control del déficit público y afrontando otros problemas de fondo, como es el caso de la reforma del sistema de pensiones.

Quizá las patronales industriales han sido las más reivindicativas, porque su competitividad depende en gran medida de la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, tal como revindica la patronal siderúrgica, Unesid, aunque también la Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía cuyo director general, Fernando Soto, señala que la transición ecológica se tiene que hacer de forma que se logre "un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible, como el de franceses y alemanes, que es más de un 30% más barato". Por su parte, Gasindustrial reclama un abaratamiento de los peajes del gas, que encarecen los costes de las manufacturas de cerámica, papel, siderurgia, vidrio, química, refino, fritas y esmaltes, textil... También Aspapel va en esta línea y aboga además por "una mejora de infraestructuras logísticas y de transporte enfocadas a la mejora de la competitividad industrial".

Otras organizaciones, en cambio, atienden a intereses más concretos. Es el caso de Acex, que reclama un mayor presupuesto para el mantenimiento de carreteras; la Acogen, que pide planes de renovación de instalaciones para 300 plantas; o Asagua, que defiende una mayor inversión en infraestructuras. Por último, Gómez-Pintado reclama que el nuevo Ejecutivo impulse la oferta de vivienda "para moderar el precio de compraventa y el del alquiler".
(Expansión, 12-11-2019)

Garamendi pide la formación de un Gobierno “de aquí a un mes”
La CEOE apuesta por una coalición de gobierno de partidos moderados el día siguiente a conocerse los resultados de las elecciones generales, y pide que el acuerdo tenga lugar "de aquí a un mes". El presidente de la patronal de empresarios, Antonio Garamendi, apuesta por "rigor presupuestario y estabilidad económica que viene a través de esa moderación, de ese rigor", sin dar nombres de partidos, mientras que los sindicatos sí se inclinan por un Gobierno progresista.

Garamendi ha pedido a la clase política que deje a un lado "la demagogia" y en declaraciones a TVE ha precisado que España no puede permitirse volver a las urnas en el corto plazo. El presidente de la patronal ha subrayado que el bloqueo institucional supone "un fracaso colectivo de la política, que en vez de ir en línea recta se ha metido en una rotonda y está dando vueltas".

El líder de la CEOE ha defendido las actuaciones y ajustes del sector privado: "La deuda privada de las familias y de las empresas ha bajado. Las empresas están preparadas, pero Europa nos ha dicho, tenemos el 98% de deuda y no cumplimos el déficit". Garamendi describe el momento actual como de "gran responsabilidad" y concluye que "es importante que los gestores del Estado gestionen bien la mayor empresa del país", ha dicho en referencia a la administración pública.

Los sindicatos mayoritarios, a diferencia de la CEOE, apuestan por un gobierno de corte progresista. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, considera que PSOE y Unidas Podemos deben volver a pactar un gobierno de coalición, aunque reconoce que han salido dañados de la repetición electoral. Sordo considera que ese nuevo Ejecutivo debe tener en cuenta el peso en escaños de cada partido después del 10-N.
(Expansión, 12-11-2019)

La economía española mejoró su competitividad en el tercer trimestre
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo señaló este lunes que la economía española mejoró su competitividad en el tercer trimestre del año, según los datos correspondientes al Índice de Tendencia de Competitividad (ITC).

El ITC calculado con el Índice de Precios al Consumo, cuyas reducciones reflejan ganancias de competitividad, disminuyó un 0,8% frente a la UE-28, manteniéndose el cambio de tendencia iniciado el trimestre anterior. Según el ministerio, "la ganancia de competitividad se debe al descenso del índice de precios, que fue superior a la apreciación del euro frente a las divisas de aquellos países comunitarios que no pertenecen a la zona euro".

Para la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, "los datos vienen a confirmar que continúa ganándose competitividad-precio frente al resto del mundo, gracias a la moderación de los precios en España. La depreciación del euro se ha sumado al efecto de esa moderación, reforzando así las ganancias de competitividad".

Comparado con los países de la OCDE, el ITC disminuyó un 2,6% interanual en el tercer trimestre, y un 5,1% en relación con los países Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). El ITC medido con Índices de Valor Unitario (IVUs) mejoró frente al conjunto de la UE-28 (-1,1%) por la reducción del índice de precios relativos y frente a los países de la OCDE (-1,1%), por la depreciación del euro frente a la cesta de monedas de la zona.

Por último, el ITC calculado con Costes Laborales Unitarios (CLUs) frente a la UE-28 disminuyó un 0,3%, consolidándose la tendencia de mejora registrada en los últimos trimestres. La causa fue el comportamiento del índice de costes laborales unitarios, que disminuyó un 0,5%, frente al índice de tipo de cambio, que creció un 0,2%.
(El País, 12-11-2019)

Las refinanciaciones y los concursos se disparan
Los casi 1.400 concursos de acreedores presentados en España entre el 1 de julio y el 30 de septiembre convirtieron al trimestre pasado en el tercer trimestre con mayores declaraciones de insolvencia desde el 2014, cuando el país empezaba a salir de la crisis. En medio de las señales y datos que hablan de una desaceleración del crecimiento –como el freno del alza del PIB en el tercer trimestre hasta el 2% o el descenso del 20% en los beneficios del Ibex hasta septiembre–, la evolución de los concursos y las refinanciaciones permiten calibrar el alcance del deterioro de la economía.

“Se observa una tendencia a la subida de las reestructuraciones empresariales y concursos de acreedores, sin que nos encontremos en una situación parecida al 2008, pero con cierta preocupación de cara al 2020 y el 2021”, asegura Josep Perich, socio de reestructuración y nueva financiación de PwC. En los últimos meses, esta firma ha participado en procesos como el de Dia, asesorando a la empresa de distribución, o Duro Felguera, defendiendo los intereses de la banca.

Perich atribuye buena parte de la culpa del auge de las crisis de liquidez de las empresas a la herencia del pasado. “Seguimos teniendo un tejido industrial muy apalancado, con bastantes compañías que se refinanciaron en el pasado y que ahora tienen compromisos que no pueden afrontar”, añade. Eso mismo constata Jordi Castiñeira, socio de KPMG: “Vemos un repunte en los procesos de refinanciación, con empresas que tienen fuertes necesidades de circulante”.

“Las grandes refinanciaciones ya pasaron, ahora tenemos centenares Las compañías que pueden, ya sean grandes, medianas o pequeñas, renegocian con la banca. Hay miles de procedimientos de estas características en marcha y todos los actores implicados –patronales, banca y asesores diversos– coinciden en que están aumentando progresivamente.

En los juzgados mercantiles de Barcelona, por ejemplo, el número de preconcursos de acreedores –un procedimiento pensado para buscar la protección judicial por un máximo de cuatro meses para blindar la empresa mientras se negocia un plan de pagos– ha pasado de 600 en el 2018 a 821 en los diez primeros meses de este año. Las refinanciaciones que buscan la homologación judicial, en cambio, permanecen más estables, pero eso es porque muchas se hacen al margen de los juzgados.

“Las grandes refinanciaciones ya pasaron. Ahora tenemos centenares o miles de ellas, con empresas pequeñas y medianas”, dicen en el departamento de recuperaciones de uno de los grandes bancos del país. El diagnóstico no admite dudas: “Se está evidenciando que hay una mochila de deuda impagable. Da igual que el precio oficial del dinero sea cero. El problema no es el coste, sino el nivel de deuda de muchas compañías”, concluye este directivo.

La banca, apretada por la nueva regulación que le obliga a realizar provisiones –en algunos casos– antes incluso de que haya impagos, tiene poco margen de actuación. Por eso, en muchas ocasiones, juega a todo o nada, cuando hay una reestructuración de por medio. “El dinero nuevo se está condicionando a medidas efectivas de control de gestión y de aplicación de los fondos por parte de terceros que cuentan con la confianza de la banca”, explica Naiara Bueno, socia de Garrigues. Antes, esta praxis sólo se daba con las compañías muy grandes, donde las entidades financieras se jugaban cada una decenas o centenares de millones de euros. Ahora es general.
(La Vanguardia, 12-11-2019)

Sector

Solo un 19% de los socios de los bufetes son mujeres
El techo de cristal existe en los grandes bufetes y, además, está localizado. Esa barrera invisible que bloquea el progreso profesional de las abogadas se sitúa en el último escalón de su carrera: en el acceso a la condición de socias. Así, mientras la paridad es la nota predominante en las categorías anteriores, al llegar al partnership (la cúpula de la sociedad) la proporción de mujeres se desploma hasta el 19%, según los datos recabados de 36 de las principales firmas del país por tamaño y facturación (la mayoría, por encima de 20 millones de euros).

Que solo uno de cada cinco socios sea mujer contrasta con el hecho de que las letradas son ya casi la mitad del total de abogados de las firmas (el 48%). Por su parte, en el conjunto de las plantillas (es decir, incluyendo otros profesionales como ingenieros, economistas, responsables de marketing, recursos humanos, etc.), las mujeres representan el 56%. El dato no admite dudas: algo pasa al llegar al último peldaño.

Dentro de que las cifras ponen de manifiesto una realidad preocupante, y así lo admiten los propios bufetes, es cierto que en los últimos años se ha registrado una ligera mejoría. Insuficiente pero innegable. En 2017, el número de socias en las grandes firmas se situaba en el 16%, según un informe de la publicación Iberian Lawyer. Tres años antes, el dato era del 14%.

¿Qué origina este techo de cristal? Las causas son diversas y no todas pueden achacarse a los propios bufetes. En primer lugar, y como admiten en privado muchos abogados y abogadas, en los despachos (o en alguno de sus departamentos), como en muchos otros entornos profesionales, aún persisten comportamientos y prejuicios machistas que pesan sobre las mujeres a la hora de proponer nuevos socios. Sin embargo, en un sector tan relativamente pequeño (en el que todos se conocen), rara vez se denuncian este tipo de conductas por el miedo a quedar marcado en el futuro. Por otra parte, muchos de estos casos resultan prácticamente imposibles de demostrar.

No obstante, no todo puede atribuirse a un problema de machismo. “En el entorno de los 30 años, son muchas las abogadas que prefieren dar un paso al lado”, señala Marlen Estévez, socia de Roca Junyent y presidenta de Women in a Legal World (WLW), asociación creada para impulsar y visibilizar a la mujer en el sector. ¿Por qué? La disponibilidad que exige la profesión, mayor conforme se avanza en la carrera (y máxima al llegar a socio), empuja a un buen número de letradas de grandes despachos a buscar empleos con unos horarios más predecibles y flexibles que les permitan conciliar. “Es frustrante porque sufrimos una pérdida de talento terrible. Nosotros queremos que sigan, pero muchas veces son ellas las que optan por irse a otra empresa o hacer un parón”, describe Alejandro Touriño, socio director de Ecija.

Tal y como revela el Observatorio Legal de Deloitte Legal, encuesta elaborada con la opinión de 240 directores de asesorías jurídicas de empresas en España, el 95% de los mismos considera importante o muy importante la disponibilidad a la hora de elegir a qué bufete contratar. De este modo, ningún socio se imagina rechazando la llamada del CEO o del director legal de una gran empresa por mucho que llame a las once de la noche. El cliente manda y, en un contexto tan competitivo como el actual, más. Y, al menos a día de hoy, son más las mujeres que rechazan el estilo de vida que conlleva ser socio de un gran despacho, con un elevado número de horas facturables e importantes obligaciones en materia de gestión, dirección de equipos y relación con los clientes.
(Cinco Días, 12-11-2019)

 
 
 
 
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