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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 15 DE NOVEMBRE DE 2019  

Fiscal

Estimación parcial del recurso contencioso-administrativo 85/2018 contra el Real Decreto 1070/2017 por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos
Sentencia de 25 de septiembre de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 85/2018 contra el Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
(BOE, 15-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 14 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de noviembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 15-11-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/15/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/15/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 15 DE NOVEMBRE DE 2019  

Fiscal

Hacienda no puede entrar en la sede de un negocio si no es estrictamente necesario
El Tribunal Supremo ha decidido comenzar a sentar jurisprudencia sobre la posibilidad de que la Agencia Tributaria registre el domicilio de un particular o una empresa, cuya privacidad está protegida constitucionalmente, con motivo de una inspección fiscal. Tras admitir a trámite un caso en el que el fisco basaba su registro en la detección estadística de ingresos anómalos de una taberna, como adelantó este diario, el alto tribunal acaba de dictar sentencia en otro caso aclarando que la necesidad de aprovechar “el factor sorpresa” para evitar el riesgo de “destrucción de pruebas” por parte del contribuyente no es justificación suficiente como para que un juez autorice la entrada de Hacienda en un domicilio.

El caso analizado por el alto tribunal es el de la minera Hullera Vasco Leonesa, a la que la Agencia Tributaria sometió a una inspección fiscal centrada en los ejercicios 2002 a 2007 que concluyó, en octubre de 2012, con la detección de algunas anomalías. Hacienda certificó que la firma venía aprovechando un beneficio fiscal del Impuesto de Sociedades conocido como “dotaciones al factor agotamiento”, que permite a las mineras reducir su base imponible realizando reservas a condición de que, en el plazo máximo de 10 años, reinvierta ese importe en gastos, trabajos e inmovilizados en nuevos yacimientos que permitan compensar el agotamiento de los ya explotados.

La conclusión del fisco fue que “buena parte de las reinversiones” realizadas por la compañía a cuenta de esas dotaciones con las que había rebajado el pago de impuestos durante años “no son legalmente aptas” para aprovechar el beneficio fiscal, pues se destinan a otro tipo de inversiones distintas a las contempladas por la norma.

Bajo la percepción de que la compañía siguió manteniendo esta práctica, en mayo de 2016 la Agencia Tributaria inició una nueva inspección sobre los ejercicios 2011 a 2014, en la que “la primera actuación”, recoge el fallo del Supremo, fue solicitar una orden de entrada y registro en el domicilio de la empresa para recabar la documentación existente sobre el citado beneficio fiscal alegando la necesidad de contar con el “factor sorpresa” a fin de “evitar la desaparición de las pruebas”. Argumentaba el fisco, además, que a cierre de 2014 la empresa había declarado que restaban por reinvertir 2.331 millones de euros de esas reservas, que del periodo 2011 a 2006 estaban pendientes de materializar otros 20,5 millones y que la compañía había sido declarada en concurso de acreedores en febrero de 2016.

La petición de registro del domicilio empresarial fue aceptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León. El fallo considera que “aun aceptando dialécticamente que le contribuyente puede estar efectuando reinversiones que no son aptas”, “nada impedía” a la Agencia Tributaria requerir a la empresa que las acreditara debidamente, o bien le denegara el beneficio, por lo que considera que “la Inspección no necesitaba entrar en el domicilio”.

“No alcanza la Sala a identificar qué pruebas podía hacer desaparecer el contribuyente”, dado que “es él el que tiene que probar” que puede disfrutar del beneficio fiscal con lo que “tampoco comprende en absoluto la relevancia”, admitida por el Superior de Castilla y León, del “factor sorpresa para asegurar el éxito” de la investigación, ni concede importancia alguna a que la firma estuviera en liquidación por lo que estima el recurso y anula el registro.

“La sentencia deja claro que la autorización judicial de entrada es algo excepcional que, por limitar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, debe acordarse solo cuando se trate de una medida necesaria e imprescindible”, subraya José María Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico. “Hacienda quiere vía libre para entrar en el domicilio de los contribuyentes y, afortunadamente, los Tribunales están poniendo coto a tan peligrosas intenciones”, asevera, recordando que recientemente el Supremo también ha admitido a trámite analizar “si el hecho de que una empresa declare por debajo de la media del sector de su actividad justifica la entrada en su domicilio”.
(Cinco Días, 15-11-2019)

Diez gigantes de la tecnología abonan 29,5 millones, en conjunto, a Hacienda un 10% menos que el año anterior
Sumadas las cifras de negocio de las filiales en España de Airbnb (Airbnb Martketing Services), Amazon (Amazon Data Services Spain, Amazon Online Spain, Amazon Spain Fulfillment y Amazon Spain Services), Apple (Apple Marketing Iberia y Apple Retail Spain), Facebook (Facebook Spain), Google (Google Spain), HBO (Home Box Office), Netflix (Los Gatos Entretenimiento España), Microsoft (Microsoft Ibérica), Tripadvisor (Tripadvisor Spain) y Twitter (Twitter Spain), alcanzaron en el ejercicio de 2018 ventas por 1.382 millones, un 37,3% más que en 2017.

El beneficio neto después de impuestos se elevó un 23,8% hasta los 45,55 millones. No obstante, destinaron a impuesto de sociedades 29,52 millones a Hacienda, un 9,6% menos que el año anterior. Esto se debe a que, a pesar de ganar más, las filiales se acogen a deducciones fiscales, tienen mayores gastos pagados a las matrices, o, en algunos casos, por el pago de multas a Hacienda.

El volumen de negocio que generan los gigantes tecnológicos en España es en realidad muchísimo mayor que esas cifras, pero varias de ellos facturan la mayor parte de sus ingresos desde otros países (sobre todo Irlanda) con una fiscalidad favorable para sus intereses.

La presión internacional, las iniciativas para gravar esa actividad que escapa de tributar y las inspecciones fiscales están provocando que algunas compañías reconsideren sus estrategias fiscales. La paradoja que muestran los resultados de 2018 de las filiales de los gigantes tecnológicos es que el hecho de pasar a facturar más en España no garantiza un aumento de los impuestos que pagan.

Buen ejemplo de ello es Facebook, que ha comenzado a facturar parte de su publicidad directamente en España a través de su filial Facebook Spain. Eso ha llevado a dicha sociedad a multiplicar por 11 su cifra de negocio, de 10,1 a 112 millones. No obstante, este cambio apenas se ha traducido en el pago de más impuesto de sociedades en España ya que la filial española contabiliza como gasto el pago de 96,7 millones a Facebook Ireland como “costo para la compañía de actuar como revendedor de publicidad”. Al final, el beneficio es pequeño y el pago de impuestos, también.

Amazon fue uno de los primeros gigantes tecnológicos que decidió ir dejando de desviar sus ventas a Luxemburgo para facturarlas en España. A través de cuatro filiales, generó ingresos de 496 millones en España en 2018, pero solo pagó 4,4 millones en impuestos.

Apple tiene un modelo mixto, con dos filiales en España. Apple Marketing Iberia factura todos sus servicios a empresas del grupo en el exterior, que son las que venden al cliente final en España. Los ingresos de la filial son una mínima fracción de los que obtiene el grupo en España por ventas desde el exterior. La otra filial, Apple Retail Spain, gestiona las tiendas, y está por ello obligada a facturar en España. Pero el precio al que compra los productos al grupo hace que sus beneficios sean bajos y, con ello, también el pago de impuestos. Entre las dos sociedades, Apple destinó 10,1 millones a impuestos (un 25% menos).

Google Spain, por su parte, elevó sus ventas un 8% en 2018 hasta 104 millones que proceden, en su mayoría, de las comisiones cobradas a la matriz irlandesa. No obstante, abonó 6,8 millones de impuesto de sociedades, un 25% menos. La razón del recorte es un pago extra que tuvo que afrontar en 2017 para saldar deudas con Hacienda.

Los ingresos que declaran las filiales españolas de Airbnb, Twitter, HBO, Tripadvisor y Netflix son mínimos y el pago de impuestos, casi simbólico. Netflix, por ejemplo, factura a sus abonados desde Holanda y sus dos filiales en España destinaron a impuestos solo 3.246 euros.

Para intentar frenar estas prácticas, que son legales, desde Bruselas se ha trabajado en un nuevo impuesto a determinados servicios digitales, conocido como ‘tasa Google’. La OCDE también está trabajando en fórmulas para que las grandes tecnológicas y otras multinacionales tributen por sus beneficios allí donde tienen usuarios y clientes, tengan presencia física en ellos o no.
(Cinco Días, 15-11-2019)

Madrid elevará el 7,6% su gasto en 2020, hasta los 4.686 millones de euros
El proyecto de Presupuesto contempla un escenario económico de crecimiento del PIB en Madrid del 2,3%, una décima por debajo de la comunidad, cuatro décimas por encima de España y se ajusta, por un lado, a los límites establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, por el otro, a la última senda de déficit aprobada hasta la fecha. En este sentido, Hidalgo presumió de que la deuda se situará a final del ejercicio por debajo de los 2.000 millones.

El regidor madrileño confió en que antes de que concluya el año estén aprobados estos presupuestos "imprescindibles y necesarios", ante la más que posible" desaceleración que se prevé, por lo que Madrid "seguirá liderando la economía española". Almeida valoró que gracias a la aprobación de estos presupuestos harán de contrapeso contra las políticas del PSOE y de Unidas Podemos. Además, "permitirán que Madrid siga creciendo por encima de la media nacional".

Por ello, el alcalde de la capital remarcó que los presupuestos para la ciudad de Madrid en 2020 serán "justos y razonables" y "aumentarán la inversión". "Son los presupuestos que necesitan los madrileños", aseguró. Por su parte, la vicealcaldesa comentó que, "dentro de un escenario donde parece muy complicado sacar presupuestos, donde todos arrastran presupuestos", el Ayuntamiento de Madrid ha sido capaz de presentar el proyecto.

Por ello, Villacís puso en valor el esfuerzo del PP y Cs para hacer posible la conformación de estos presupuestos, porque "no hay hoja de ruta sin presupuestos". En este sentido, destacó que son los primeros de esta corporación, por lo que "estamos muy orgullosos de demostrar que es posible reducir la deuda con bajar los impuestos".

Además, "hemos demostrado que se puede aumentar la inversión siendo austeros donde había que serlo y manteniendo los servicios públicos de Madrid, que gozan de muy buena salud", destacó la portavoz de Ciudadanos.
(Expansión, 15-11-2019)

Álava y Navarra planean una rebaja fiscal a los bonus del capital riesgo
El capital riesgo patrio consigue por la vía foral lo que lleva años pidiendo al Gobierno estatal. La Diputación Foral de Álava y el Gobierno de Navarra preparan sendas reformas de la tributación de la comisión de éxito que se embolsan los gestores de fondos de capital riesgo. Se trata del llamado carried interest por el que en la mayor parte del territorio nacional los fondos de private equity cotizan de forma similar al IRPF, al 49%.

El carry es la cantidad que se reparten los gestores de un fondo de capital riesgo una vez que desinvierten por completo el vehículo y devuelven a sus partícipes la inversión inicial, así como la rentabilidad obtenida. Este bonus funciona como una especie de premio para los mejores gestores, dado que cuanto mayor revalorización consigan en sus carteras, mayor será el remanente que se embolsarán.

En enero de este año la Diputación Foral de Guipúzcoa tomó la iniciativa, aprovechando la independencia tributaria de la que gozan determinados territorios. En una norma emitida por el Gobierno foral, pilotado por el PNV, permitía que estos bonus pasasen a tributar como dividendos, con una retención de entre el 19% y el 23%, y como rentas del trabajo.

"Siguiendo la corriente de los principales países de la Unión Europea, se regula la tributación de la materialización de derechos económicos de carácter especial que provengan directa o indirectamente de sociedades o fondos de capital riesgo, como rendimientos de capital mobiliario obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad", reza el documento.

Meses después fue la Diputación Foral de Bizkaia la que tomó una decisión similar. En verano publicó un decreto en el que establecía que los gestores de "fondos de inversión alternativos" podrían beneficiarse de beneficios fiscales que redujesen su factura final. Para ello el fondo debe estar en activo al menos cinco años y debe repartir una rentabilidad mínima a sus partícipes.

Una vez que ambas entidades provinciales han instaurado ya esta medida, las otras dos instituciones con competencias similares trabajan para desarrollar medidas similares. Por el momento, la Diputación Foral de Álava, gobernada también por el PNV, ultima un reglamento, que espera cuente con el visto bueno del consejo de Gobierno de este jueves. Previsiblemente y según indican las fuentes consultadas a este periódico, pivotará sobre lo dispuesto en la normativa vasca.

Más lejos está su implementación en Navarra, si bien la medida está sobre la mesa de la presidenta socialista, María Chivite. Para ello deberá convencer a su socio de Gobierno, Podemos, en general reacio a las bajadas de impuestos. Más fácil parece la aquiescencia de sus otros socios Geroa Bai, partido vinculado por el PNV, quien ha impulsado este cambio normativo en las tres provincias vascas.
(El País, 15-11-2019)

El Constitucional declara nulo el impuesto de plusvalía si supera la ganancia de la venta del piso
El Constitucional confirma su revés al impuesto de plusvalía, pero con matices. El pleno del Alto Tribunal ha declarado, en una sentencia publicada integralmente este miércoles y parcialmente adelantada el pasado 31 de octubre, que este gravamen municipal —que paga el vendedor de un inmueble por el supuesto aumento de su patrimonio— es confiscatorio cuando supera el beneficio neto obtenido. Pero no establece si es nulo también cuando sea desproporcionado a la ganancia obtenida.

El fallo responde a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid, relativa a una compraventa que proporcionó al comprador un beneficio de 4.343,67 euros y por la cual se le exigía abonar un impuesto de plusvalía de 3.560 euros. Es decir: el gravamen absorbía un 89,89% de la ganancia. El juzgado madrileño preguntó entonces al Constitucional si este impuesto podía considerarse confiscatorio, también a la luz de que restados los gastos que el contribuyente había tenido que soportar, la ganancia neta era inferior al importe del gravamen.

El Constitucional resuelve que el impuesto es inconstitucional solo cuando supera el beneficio neto, restados los gastos de adquisición y transmisión. José María Salcedo, socio en el despacho de abogados Ático Jurídico, considera discutible que se puedan quitar los gastos de la base imponible, ya que este planteamiento contradice la doctrina del Tribunal Supremo. Además, señala que los cálculos del Constitucional no son del todo correctos. "Ha hecho malabarismos para que el beneficio resulte inferior al impuesto pagado, incluyendo para ello los gastos de notaría, cancelación de hipoteca que el Supremo en principio no admite", opina. "Con ello, ha eludido resolver el caso que realmente se le había planteado [impuesto a pagar mínimamente inferior al beneficio] y evitando fijar reglas, como por ejemplo establecer un porcentaje a partir del cual el impuesto es confiscatorio, aunque haya ganancia". Algo que ocurre en otros países.

El impuesto de plusvalía municipal —oficialmente, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)— es uno de los tributos más importantes que gestionan los Ayuntamientos. Se aplica a la ganancia obtenida por la venta de un inmueble y se basa en la supuesta revalorización que adquiere el terreno con el paso de los años.

En 2017, el Constitucional sentenció que este gravamen es inconstitucional si se producen pérdidas para el vendedor en la operación de compraventa, al considerar que se vulnera el principio de "capacidad económica" que soportan los contribuyentes previsto en el artículo 31 de la Constitución.

Almudena Velázquez, abogada de la plataforma Reclamador.es, confirma que la sentencia publicada este miércoles choca con la doctrina del Supremo en cuanto al cálculo de la base imponible, y recuerda que existe otra cuestión planteada por el mismo Supremo sobre la constitucionalidad de la fórmula de cálculo que determina el impuesto, basada en "unos coeficientes que siempre dan ganancias porque hacen una previsión a futuro" sobre la revalorización del terreno.

Esta sentencia, efectivamente, aclara que "el vicio declarado se halla exclusivamente en la forma de determinar la base imponible y no en la de calcular la cuota tributaria". Velázquez la interpreta como una advertencia más para que el legislador avance en la reforma de esta norma, que lleva pendiente desde 2017. "Es importante señalar que una vez declarados inconstitucionales, primero los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL por la STC 59/2017, de 11 de mayo, y ahora el artículo 107.4 TRLHL por la presente sentencia, es tarea del legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, realizar la adaptación del régimen legal del impuesto a las exigencias constitucionales puestas de manifiesto en una y otra sentencia", reza el fallo.

"Los ciudadanos se encuentran en una situación de inseguridad jurídica", lamenta Velázquez, quien recuerda que la sentencia del Constitucional publicada este miércoles abre el abanico para que se revisen los casos que aún no tengan una resolución firme.
(El País, 15-11-2019)

Laboral

La compañía está obligada a prever las imprudencias del trabajador
Con este argumento, el Juzgado de lo Social número 5 de Murcia ha confirmado la sanción de 2.050 euros impuesta por la Inspección de Trabajo a una compañía de envasado de fruta, por una infracción grave de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tras el accidente del que fue víctima una empleada.

Según el relato de hechos probados, la trabajadora sufrió la amputación de dos de sus dedos después de que una de sus manos quedara atrapada en la máquina cortadora de frutas. Según el informe de la Inspección y los testigos que presenciaron los hechos, la afectada se acercó demasiado al aparato y, al no estar colocada la pantalla que protegía la zona de entrada de las piezas al mismo, en un descuido, sufrió el percance.

La compañía recurrió la sanción administrativa alegando que la trabajadora había actuado con imprudencia temeraria. Sin embargo, el juez rechaza este extremo porque, aunque la misma estuviera probada, el empresario "está obligado a prever, no solo la conducta más cumplidora del trabajador, sino también la conducta imprudente".

Según describe la sentencia, aunque hubiera estado colocada la pantalla protectora de la máquina cortadora, el accidente seguía siendo posible porque el orificio por el que entraba la fruta era de un tamaño por el que también cabía una mano. Además, la boca de entrada a las cuchillas del aparato estaba tan cerca de esa misma ranura que si alguien introducía una extremidad podía producirse el atrapamiento. Todo ello, explica el juez, constituye un grave fallo en el diseño de la máquina y el sistema de trabajo porque permite la posibilidad de que ocurran accidentes como el analizado.

En todo caso, y tras los argumentos aportados por la defensa, el magistrado concluye que no se han aportado pruebas suficientes que permitan acreditar que la trabajadora obró con imprudencia. Es más, sospecha que la actuación de la compañía no fue del todo correcta, dado que esta no activó el protocolo de accidente grave ni tampoco dio cuenta del mismo a la Inspección de Trabajo.
(Cinco Días, 15-11-2019)

Temen una contrarreforma laboral que afecte a los ERE y a las condiciones de trabajo
Empresas e inversores están "preocupados" e "inquietos" y están planteando un alud de preguntas a los despachos sobre los cambios laborales que se avecinan con un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Temen una contrarreforma laboral que afecte a los ERE y a las condiciones de trabajo. Así lo trasladan los abogados de Laboral a los que ha preguntado este diario, que también muestran su preocupación por el impacto en el mercado de trabajo de las medidas que defiende la formación de Pablo Iglesias, entre ellas, la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012, y también la de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010.

Desde que se anunció el preacuerdo el martes, las empresas están analizando e, incluso, decidiendo, adelantar ajustes de plantilla y prejubilaciones, realizar subcontrataciones y frenar la contratación. El parón se debe en algunos casos a que se están aparcando inversiones que iban a suponer más contratos, cuentan los bufetes consultados.

El PSOE ha repetido hasta la saciedad su intención de "derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral", lo que nunca ha quedado claro ni se ha concretado en el año que ha estado en el poder, pero que un gobierno de coalición con Podemos, en el que se está valorando que la formación morada lleve el Ministerio de Trabajo, obligaría a definir y a acercar posturas con un partido que preconiza la derogación sin ambages.

Podemos plantea además en su programa seguir aumentando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.200 euros al final de la legislatura y mantener la prestación por desempleo hasta el final en el 70% de la base reguladora, sin recortes, y subir las cuantías máximas y mínimas. Promete una jornada de 34 horas y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados, "poner orden" en la subcontratación y prohibir los contratos temporales de menos de un mes.

Eliminará, asimismo, los topes de cotización, de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más, a lo que se suman otras medidas que, a juicio de los abogados consultados, imposibilitarían la viabilidad del sistema de pensiones. Martín Godino, socio director de Sagardoy, explica que "hay preocupación": "Partimos de un marco laboral mejorado. Podemos defiende modificaciones en la flexibilidad interna, las condiciones concretas de trabajo (jornada, salario), y externa (contratos y despidos), lo que no hace el PSOE.

Hay preocupación con que vuelva el marco anterior a 2012 y que se haga prácticamente imposible modificar las condiciones laborales y se dificulte mucho el despido", advierte. También constata "mucha preocupación con que se vuelva a la autorización obligatoria de la autoridad laboral en los ERE", cuando cree que "el funcionamiento desde la reforma laboral ha sido muy bueno. Sería un retroceso volver a la intervención política, lo que supondrá un freno a la creación de empleo y un incentivo a la contratación temporal. En estos años, los ERE con acuerdo han sido más del 90%, con lo que se ve que el marco vigente no es irracional y que ha contribuido a solucionar crisis".
(Expansión, 15-11-2019)

El Supremo reconoce el cobro de la carrera profesional a interinos de más de cinco años de antigüedad
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho al cobro del complemento por la carrera profesional de los interinos con contratos o nombramientos temporales superiores a los cinco años, al fijar el criterio de que no puede haber discriminación en función de si la relación laboral del personal de una administración es temporal o fija.

En concreto, el alto tribunal ha estimado un recurso de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) en una demanda en defensa de una decena de afiliados de los servicios generales de la Comunidad Autónoma de Les Illes Balears (CAIB), según ha informado el sindicato. Es más, este reconocimiento afecta a todo tipo de interinos, ya que FesP-UGT presentó la demanda en nombre de una decena de interinos de la CAIB (cinco funcionarios y cinco laborales)

La sentencia del Supremo fija doctrina casacional y establece que el personal interino tiene derecho a la carrera profesional si tiene contratos o nombramientos temporales superiores a los cinco años. La organización sindical ha subrayado que la resolución judicial abre el cauce para que aquellas personas que cumplan los requisitos puedan ver reconocido su derecho a la carrera profesional.

En concreto, la sentencia reconoce que la carrera profesional forma parte de "las condiciones de trabajo" y, por tanto, está incluida en el ámbito de aplicación de una directiva europea que regula estos aspectos. Así, se fija el criterio de que no puede haber "discriminación" en función de si la relación laboral del personal de una administración es temporal o fija.

UGT ha considerado "justo" el final de una "larga" lucha sindical y jurídica y ha recalcado que la carrera no es un "plus" sino un derecho que implica el pago de un complemento por "cumplir objetivos y formarse fuera de la jornada de trabajo".
(El País, 15-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La UE modificará parte de Mifid
Bruselas se dispone a revisar parte de las normas sobre los mercados Mifid II a partir del año que viene, menos de tres años después de su entrada en vigor, a raíz de las críticas de inversores y reguladores por la efectividad de la legislación. Los reguladores de la Comisión Europea están estudiando cambios técnicos sobre aspectos cómo el coste y la distribución de los datos del mercado, las normas de protección a los inversores y el análisis para las pequeñas empresas.

Su decisión responde a las constantes críticas a la amplia legislación Mifid, que tardó siete años en entrar en vigor. Se diseñó para ofrecer más protección a los inversores, y favorecer una mayor transparencia y competencia en los mercados de capitales de Europa. Según cinco personas implicadas en las discusiones con Bruselas, las autoridades mantienen reuniones con los interesados para discutir cambios en algunas cuestiones específicas de Mifid II.

No es inusual que Bruselas modifique normas que afectan a los servicios financieros si éstas causan problemas imprevistos. En los últimos años, los legisladores han hecho cambios en las leyes sobre los salarios de los banqueros y las titulizaciones. Miles de gestores de activos y banqueros se han quejado de que Mifid II ha incrementado los costes, pero ha producido pocos de los beneficios deseados para los consumidores. Algunos temen incluso que dañe al sector europeo de la inversión bancaria, entregando parte de el a los bancos estadounidenses.

Los reguladores de Reino Unido, Francia y Alemania, también han defendido hacer variaciones. Autoridades de la UE explicaron que "no se ha tomado ninguna decisión hasta la fecha sobre la revisión de Mifid II, aunque la comisión reconoce que pueden requerirse algunos ajustes", declaró un portavoz. Bruselas no actuará con firmeza hasta que asuma el poder la próxima comisión, liderada por Ursula von der Leyen. Su equipo tenía que haber empezado a trabajar el 1 de noviembre, pero la fecha se ha retrasado debido a los procedimientos de aprobación en el Parlamento Europeo.

Entretanto, la comisión actual prepara el terreno para la intervención sobre Mifid II. Valdis Dombrovskis, el vicepresidente de la Comisión y responsable de la política de servicios financieros, mantendrá su puesto en el próximo mandato, al igual que algunas de las altas autoridades responsables de regular el sector. "Hemos recopilado valoraciones sobre varias cuestiones, como el impacto de las normas de protección al inversor y la cobertura de pequeñas y medianas empresas por parte de los analistas", confirmó un portavoz de la comisión.
(Expansión, 15-11-2019)

El INE confirma que el IPC se mantiene en el 0,1% en octubre
El índice de precios de consumo (IPC) se ha mantenido estable en octubre en el 0,1%, en línea con septiembre, según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE), que adelantó el dato hace un par de semanas. La subida del precio de la electricidad y las frutas, ha sido compensada por la bajada de carburantes y paquetes turísticos.

En concreto, el precio del grupo de vivienda ha menguado un 3,9%, una caída un punto menor a la de septiembre por la subida del precio de la electricidad. Por su parte, los alimentos han registrado una tasa de inflación del 1,2%, tres décimas más que el mes anterior.

Estos incrementos en vivienda y alimentos se han visto compensados por el descenso de la tasa anual del grupo de transporte en ocho décimas, hasta el -0,8%, por el menor coste de los carburantes y del transporte aéreo de pasajeros, y por la reducción en tres décimas de la tasa anual de ocio y cultura, hasta el -0,2%, por el abaratamiento de los paquetes turísticos una vez finalizada la temporada estival.

En los últimos meses la moderación de los precios ha sido la tónica habitual. En abril, el IPC se situó en el 1,5% y desde entonces, salvo en julio, no ha parado de menguar hasta septiembre. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los elementos más volátiles de la cesta de la compra (energía y productos frescos), se situó en el 1%, casi un punto por encima del IPC general.

En octubre la tasa de variación intermensual (de octubre sobre septiembre) del IPC general ha sido del 1%, su mayor alza ese mes desde 2016. Se ha apoyado en el encarecimiento del vestido y el calzado por el inicio de la temporada de invierno, por los alimentos y la vivienda.

Por rúbricas, hay que destacar que las que más han elevado sus precios en tasa mensual han sido las frutas frescas (+15,3%), las prendas de vestir de mujer (+13,9%), las de hombre (+11,9%) y las de niño y bebé (+10,9%). Por el contrario, los mayores descensos mensuales se han registrado en el transporte público interurbano (-2%), las patatas y sus preparados (-1,2%) y el turismo y la hostelería (-1%)

Por comunidades, la tasa interanual se ha mantenido estable en siete, ha aumentado en seis y ha disminuido en cuatro. El mayor incremento se ha producido en Extremadura, con una subida de cinco décimas, hasta una tasa del 0,1%. Por su parte, Comunidad Foral de Navarra es la región donde más ha descendido la tasa, con una bajada de dos décimas (hasta una tasa del 0,5%).

El País Vasco, con un 0,5%, y La Rioja, con un 0,4%, han marcado las tasas más elevadas. Han arrojado tasas negativas Asturias (-0,2%), Galicia y Murcia (ambas con un -0,1%). En el décimo mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que se utiliza para comparar los precios con otros países europeos, ha situado su tasa anual en el 0,2%, la misma que en septiembre.
(El Mundo, 15-11-2019)

 
 
 
 
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