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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 21 DE NOVEMBRE DE 2019 

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de noviembre de 2019
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de noviembre de 2019.
(BOE, 21-11-2019)

Euro
Resolución de 20 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de noviembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 21-11-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 21 DE NOVEMBRE DE 2019 
 

Fiscal

La opa sobre BME despeja las dudas sobre la puesta en marcha de la tasa Tobin
La tasa fue criticada duramente tanto por BME como por la CNMV y, de hecho, su puesta en marcha es complicada debido al sistema de recaudación pergeñado. Será, en la práctica, el liquidador quien tendrá que cobrarlo y entregarlo a la Agencia Tributaria. Y, desde hace años se puede realizar la compraventa, la compensación y la liquidación en plataformas diferentes.

Fuentes conocedoras de los trabajos para diseñar el gravamen señalan que su objetivo de lograr 850 millones de euros anuales es muy complicado; previsiblemente, se quedará lejos de esa cifra. Fuentes del mercado añaden que, con la operación corporativa de BME encima del tapete, habrá consenso en poner en marcha el impuesto. Incluso aunque no salga adelante la fórmula de Gobierno progresista que han preacordado el PSOE y Unidas Podemos. Un Ejecutivo con el apoyo del PP también accedería, previsiblemente, a imponer la tasa. Cierto que, en teoría, son los intermediarios quienes abonarían el impuesto, pero en la práctica serían los inversores. Los brókeres desglosan ese coste de forma separada cuando han de aplicarlo por el mercado.

La novedad ahora es que los eventuales compradores de BME ya se enfrentan a impuestos como el planteado en España. El consejero delegado del gestor de la Bolsa, Six, indicó en una entrevista que este impuesto no es positivo, pero reconoció que es una decisión política y que ellos, sea cual sea, tendrán que lidiar con ella.

En Suiza, se aplica una suerte de tasa Tobin, que recae sobre los intermediarios helvéticos. Se denomina impuesto sobre transmisiones de valores y grava la mayoría de las operaciones de compraventa. La propia Six explica en un documento que cada transacción, en caso de que participe un intermediario helvético (no si es extranjero), tiene un recargo del 0,15% –pagado a medias entre la parte compradora y la vendedora– cuando la cotizada es suiza.

Si es extranjera, el recargo, también abonado al 50% entre cada una de las partes, sube al 0,3%. La compañía, con una caja de 3.700 millones de euros, facturó en los seis primeros meses del año 551,7 millones de francos suizos (503 millones de euros), con un ebitda de 99 millones de francos (90 millones de euros).

El otro potencial comprador –ha reconocido conversaciones, pero no ha formulado oferta– es Euronext. El operador de las Bolsas de París, Bruselas, Ámsterdam, Lisboa, Londres, Dublín y Oslo ya sufre un impuesto del 0,3% en su principal mercado, el francés, sobre las operaciones de compra desde 2012. También en Bélgica se paga un 0,35% por adquirir, y también por vender, acciones de empresas cotizadas. También existen impuestos similares en Irlanda, Reino Unido, Grecia e Italia, entre otros países
(Cinco Días, 21-11-2019)

Bruselas advierte a España de que “su prioridad” debe ser reducir deuda
La Comisión Europea ha emitido este miércoles su dictamen sobre el plan presupuestario para 2020, que el Ejecutivo remitió a Bruselas a mediados de octubre, en el que, como ya avanzó en una carta de valoración preliminar, le conmina a realizar esfuerzos adicionales para compensar el alza de gasto, seguir reduciendo el déficit y contener la deuda pública. De hecho, el informe presentado por Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, indica que la reducción de la deuda pública debería ser "la prioridad" de España.

El documento insta al país, así como a Bélgica, Francia e Italia, a aprovechar "el bajo coste de los tipos de interés" de la actualidad para reducir su elevada deuda pública. De hecho, según avanzó este miércoles El País, Bruselas considera que España debería destinar a este cometido cualquier ingreso extra que logre en el futuro.

Aunque, durante la rueda de prensa, el comisario ha avanzado que Alemania va a ser el único país con un nivel de deuda por debajo del umbral del 60% que la UE considera prudente, los niveles de España y el resto de países citados son especialmente preocupantes para la Comisión Europea.

La deuda pública española cerró septiembre en el 97,72% del PIB, lo que según el Ministerio de Economía es compatible con cerrar el ejercicio en el entorno del 96% pero está por ver que esa corrección se logre y los niveles siguen siendo excesivamente elevados para encarar nuevas turbulencias económicas, viene alertando Bruselas.

El plan presupuestario remitido por el Gobierno en funciones apenas un mes antes de las elecciones del 10N incluía una revisión a la baja del crecimiento económico previsto en una décima tanto para 2019, al 2,1%, como para 2020, al 1,8%. Aunque el grueso de las casas de análisis consideró optimistas estas previsiones, que prácticamente solo tenían en cuenta el efecto de la revisión estadística del tamaño del PIB que acaba de hacer el INE, a Bruselas le preocupan más otros indicadores que la paulatina desaceleración, teniendo en cuenta que el país sigue creciendo muy por encima de sus vecinos.

Así, el plan presupuestario mantenía el objetivo verbal del Gobierno de cerrar 2019 con un déficit en el entorno del 2% pero elevaba el agujero fiscal del 1,1% al 1,7% en 2020, lo que ha justificado por la ausencia de nuevas medidas de ingreso que supone no contar con un Ejecutivo en firme ni unos nuevos Presupuestos Generales diseñados. Algo con lo que Bruselas se muestra comprensiva, habida cuenta las dos elecciones generales celebradas este año, pero considera que el Parlamento debe abordar con urgencia para volver a adoptar medidas de prudencia económica.

Del mismo modo, el Gobierno empeoró su previsión de deuda pública hasta el 95,9% este año, una décima más de lo anteriormente previsto, y en seis décimas más el objetivo de 2020, estimado en el 94,6%. Una semana después de recibir el plan español, Bruselas ya recriminó al país el “riesgo de significativa desviación” de sus objetivos fiscales, haciendo especial hincapié en que el déficit estructural (que no tiene en cuenta los efectos del ciclo económico) solo se rebajará un 0,1% frente al 0,65% que se le pedía.

Más allá, la misiva afeaba al país que avanzara un alza del gasto público del 3,8% frente al límite recomendado del 0,9%. Hay que tener en cuenta que el plan presupuestario no recogía nuevas medidas de ingresos, pero sí comprometía un alza de la inversión de 4.700 millones para mejorar las pensiones y los salarios públicos en 2020.
(Expansión, 21-11-2019)

El Gobierno reitera que el déficit cerrará el año en el 2% y mantiene su compromiso con la disciplina fiscal
El Gobierno reitera así su "compromiso" con la reducción del déficit y la deuda públicos, así como su intención de presentar "cuanto antes" unas nuevas cuentas públicas para 2020, basadas en tres ejes: disciplina fiscal, sensibilidad social e impulso del crecimiento potencial futuro de la economía española.

Sobre la respuesta concreta de la Comisión Europea al Plan Presupuestario de España, fuentes del Ejecutivo indicaron que Bruselas refleja en su informe que las previsiones macroeconómicas "están avaladas" por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) e incluso "reconoce" que los datos preliminares de crecimiento del PIB del tercer trimestre (+0,4%) adelantados por el INE son mejores que lo que ellos anticipaban.

El Gobierno subraya que la Comisión Europea también indica que las proyecciones fiscales que se recogen en el Plan Presupuestario están realizadas a "políticas constantes", sin cambios tributarios, debido a que el Ejecutivo se encuentra en funciones y a que los Presupuestos están prorrogados.

La Comisión ha indicado este miércoles que el borrador presupuestario enviado por el Gobierno español a mediados de octubre "corre el riesgo de incumplir" los compromisos de reducción de déficit y de deuda públicos, según consta en el informe emitido este miércoles por la institución comunitaria.

Bruselas ha publicado su opinión sobre el plan presupuestario enviado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que prorroga las cuentas de este año a 2020. El Ejecutivo comunitario piensa que este borrador "puede resultar en un desvío significativo" con respecto a la senda de consolidación fiscal pactada con la UE.

También reprende a España por el "insuficiente" ritmo de reducción de deuda pública. En particular, acusa al país de no tener en cuenta "lo suficiente" el "alto nivel histórico" de este indicador y de no "aprovechar" los menores costes por intereses de la deuda para reducir el desfase entre ingresos y gastos públicos.

Por eso, pide al futuro Ejecutivo español que remita un plan presupuestario "actualizado" con "medidas adicionales" para "corregir" este riesgo de incumplimiento tan pronto como se haya formado un nuevo Gobierno tras las elecciones del pasado 10 de noviembre.
(El País, 21-11-2019)

Pedro Sánchez promete disciplina fiscal
En su primera comparecencia fuera del Palacio de la Moncloa tras las elecciones del 10N, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, remarcó que la estabilidad presupuestaria y la disciplina fiscal formarán parte de los vectores de su política económica frente a los temores expresados por los empresarios ante la posibilidad cada vez más cercana de un gobierno de coalición de los socialistas con Podemos.

“El objetivo del nuevo gobierno con las empresas debe ser proteger la seguridad jurídica, allanar los mercados exteriores y adoptar marcos estratégicos para los sectores del futuro”, dijo en la clausura del VI Congreso de las Empresas Familiares Europeas, tratando de calmar los temores levantados en la última semana entre las patronales empresariales.

Pese a ello, el presidente en funciones defendió que esas prioridades son perfectamente compatibles con el incremento del gasto social. “Un gobierno responsable puede tener una prioridad social marcada para cerrar brechas, pero siempre dentro de unos márgenes presupuestarios”, resaltó Sánchez, que subrayó que el crecimiento y la cohesión social deben ir de la mano. Y estableció dos líneas rojas en su futuro programa de gastos: el incremento de los salarios “que no ha perjudicado el crecimiento” y la lucha contra la precariedad laboral, el paro y la desigualdad.

Un alza del gasto que deberá verse compensado, tal y como reclama Bruselas, con subidas de impuestos, que están contemplados en los programas con los que PSOE y Podemos comparecieron en los últimos comicios (con especial atención a las rentas altas y al impuesto que grava los beneficios empresariales), pero de las que ayer no se hablaron. De hecho, Sánchez no mencionó la palabra impuesto en todo su discurso. Pese a ello se comprometió a reducir la deuda pública desde su actual nivel cercano al 98% del PIB y el déficit público para irlo aproximando a un nivel en el entorno del 2% para finales de año.

En esa misma línea, Sánchez defendió que las empresas necesitan estabilidad para hacer inversiones y reformas para adaptarse al futuro. Entre ellas destacó el pacto por la educación y la formación dual, “para acabar con el problema del fracaso escolar”, el impulso de una economía de la igualdad “en lo económico y laboral”, y la implementación de una estrategia de emprendimiento. “Creemos que España puede convertirse en el futuro en uno de los países líderes en igualdad de género, digitalización y transición ecológica”, aseguró. Respecto a este último punto matizo que, pese a que nadie duda que el futuro será verde, “la transición ecológica tiene que ser justa para empresas y territorios afectados”.
(La Vanguardia, 21-11-2019)

Laboral

Crisis demográfica de la función pública
La Administración civil del Estado está envejecida: su edad media es de 52 años, 10 más que la del conjunto de la población activa, lo que hace que en la próxima década más de la mitad del personal se vaya a jubilar. Ante esta “crisis demográfica de la función pública”, los altos funcionarios llaman a tomar medidas urgentes para anticiparse a la futura “descapitalización” de la Administración. Por ello, piden planificar mejor las necesidades de efectivos, modernizar las oposiciones, ofrecer becas a los candidatos para democratizar el acceso al empleo público, y dar mucha más publicidad a las convocatorias para hacerlas atractivas a los jóvenes. Medidas que, en su conjunto, son vistas con buenos ojos desde el Ministerio de Función Pública.

Ante unas pruebas de acceso criticadas por ser lentas, anticuadas y excesivamente memorísticas, la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) considera “inaplazable” su reformulación. Algo que pasa por adaptarlas más al desempeño concreto de los cargos y porque se midan mejor las aptitudes y las competencias como el liderazgo o la gestión de equipos. “Si queremos seleccionar directivos, tenemos que valorar nuevas cuestiones”, sostiene el presidente de Fedeca, Jordi Solé. Y si se evalúan competencias distintas, también, estima necesario profesionalizar los tribunales examinadores.

Además, defiende que se deben actualizar los temarios, con conocimientos transversales para todos los cuerpos A1, y simplificar los procedimientos, reduciendo los tiempos entre distintas pruebas o liberando a los aspirantes de volver a realizar un examen si ya demostraron su capacidad en una convocatoria anterior. “La idea no es rebajar la dificultad, ya que si uno quiere captar la excelencia las pruebas deben ser difíciles, pero sí agilizar los plazos o guardar los exámenes de un año para otro, por ejemplo, en el caso de los idiomas”, detalla el presidente de la Asociación de diplomáticos españoles, Javier García-Larrache.

Consciente del “importante sesgo socioeconómico” de quienes pueden permitirse preparar oposiciones durante varios años, Fedeca propone generalizar un sistema de becas para opositores en función de su expediente y nivel de renta del hogar, y la posibilidad de acceder a préstamos financiados por el órgano que convoque las plazas.
(Cinco Días, 21-11-2019)

Los empleados tienen derecho a descansar cinco minutos por cada hora de trabajo efectivo
La Audiencia Nacional ha declarado que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de una pausa de cinco minutos para el descanso visual por cada hora de trabajo efectivo, independientemente de la distribución de jornada y horario.

Con esta reciente sentencia, el tribunal resuelve un conflicto colectivo del sector Contact center, donde Comisiones Obreras (CCOO) solicitó que se declare que, de acuerdo a los términos señalados en el artículo 54 del Contact center, por cada hora de trabajo se tiene derecho a cinco minutos de pausa por pantallas de visualización de datos (PVD).

Según el sindicato, es práctica común en el sector que a trabajadores a jornada partida se les dejen fracciones de tiempo "que no se contabilizan a efectos de pausas PVD”, por lo que debe condenarse a la empresa a “estar y pasar por dicha declaración”. Así, pone el ejemplo de trabajadores que ejercen cuatro horas y media en horario de mañana y tres y media en el de tarde, y que solo disfrutan de nueve pausas. El resto de organizaciones sindicales se adhirieron también a su petición.

La empresa, por su parte, alegó que para que se genere el derecho a disfrutar de las pausas se debe estar trabajando durante una hora continuada frente a las pantallas de visualización, algo que no sucede en el caso de los trabajadores a jornada partida que se denuncia. “El Convenio no preveía pausa alguna por fracción de hora”, explican.
(Cinco Días, 21-11-2019)

La justicia avala el fichaje mediante huella dactilar en establecimientos privados
La Audiencia Nacional ha dictado una reciente resolución (cuyo texto íntegro puede consultar aquí) en la que señala algunos criterios a seguir. En ella se anula la multa impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a una empresa murciana de fitness por haber impuesto a sus socios el fichaje dactilar como único modo de acceso a sus instalaciones.

La Agencia consideró que se trataba de una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y sancionó al gimnasio con 1.500 euros. Sin embargo, el tribunal rechaza sus argumentos y considera que no se trata de una medida excesiva. De esta manera, la Audiencia avala el uso de este tipo de control biométrico, siempre que cumpla con las garantías de seguridad, en establecimientos privados para restringir el acceso a sus clientes.

La denuncia fue presentada, precisamente, por uno de los usuarios de las instalaciones deportivas. El socio consideró que la medida era desproporcionada e intrusiva. Según indicó, la empresa decidió sustituir unilateralmente el anterior sistema de fichaje, mediante pulsera, por un control de huella dactilar como único modo de acceder.

El expediente abierto en la AEPD concluyó en la citada sanción, con la que se castigó a la empresa por haberse excedido en el tratamiento de los datos de sus socios. Según señalaba la resolución, la recogida y tratamiento de las huellas dactilares de los usuarios para controlar su acceso a las instalaciones no era proporcionada y, por tanto, vulneraba el artículo 4.1 de la LOPD vigente en ese momento. En concreto, se subrayaba, existían soluciones menos invasivas con las que se podía evitar el almacenamiento de los datos de los clientes en su base de datos (ya fueran biométricos o su algoritmo), como incorporarlos a una tarjeta inteligente que custodiara el titular.

La empresa impugnó dicha resolución, alegando en primer lugar que, al tratarse de almacenamiento de representaciones de la huella dactilar o algoritmo y no de la huella en sí misma, no se estaba realizando un tratamiento de datos personales. Meras “minucias” que “no permiten por sí mismas la identificación de la persona”. Por otro lado, aseguraba que la medida implementada era respetuosa con la ley de protección de datos, que se informaba y pedía consentimiento a los futuros socios, y que no se trataba de una actividad desproporcionada en relación con el ámbito y fines para los que se había implementado.

El tribunal rechaza el primer motivo y confirma que, según la normativa aplicable, tanto la huella dactilar como la representación algorítmica de la misma son datos personales en tanto en cuanto sirvan para identificar a una persona. Es más, la Audiencia recuerda que, aunque no es aplicable (dadas las fechas en que se denunciaron los hechos), conforme al actual reglamento europeo se categorizan como datos sensibles, y, por tanto, provistos de una especial protección frente a su uso y tratamiento.

En este sentido, la resolución considera demostrado que el sistema funciona de tal manera que cuando se toma la huella dactilar al socio del gimnasio no se guarda esta, sino un código único que se genera a partir de una plantilla numérica o patrón. Además, la empresa también acredita que informaba convenientemente a los usuarios que acudían para utilizar los servicios del centro.

Por último, se señala, su implementación obedecía a razones de seguridad de uso de la instalación, debido a la facilidad de fraude que existía con otros métodos como tarjetas u otros dispositivos que pudieran ser intercambiados con otros usuarios. Al evitar el intrusismo, también se aseguraba un mejor servicio a los socios.
(Cinco Días, 21-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Las actas de la Fed confirman que no habrá nuevas bajadas de tipos
La mayoría de miembros de la Reserva Federal (Fed) de EEUU considera que los tres recortes de tipos de interés llevados a cabo este año son suficientes y que las incertidumbres económicas globales se han "relajado algo" en las últimas semanas.

"Las incertidumbres asociadas con las tensiones comerciales, así como los riesgos geopolíticos se han relajado algo, aunque siguen siendo elevadas", señalaron los gobernadores regionales de la Fed en las actas de su última reunión de final de octubre, divulgadas este miércoles.

El documento subrayó la "resistencia" de la economía y que "las perspectivas generales son vistas como positivas". Después de tres recortes consecutivos, los tipos de interés de referencia en EE UU se encuentran actualmente en la horquilla entre el 1,5% y el 1,75%, y la "mayoría" de los miembros del banco central consideraron que no se necesitan otros ajustes en el precio del dinero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio este lunes tregua a varios meses de críticas al jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, al señalar que mantuvieron una reunión "cordial". Los insultos a Powell, al que Trump ha llamado entre otras cosas "enemigo" de Estados Unidos y le ha acusado de "no tener ni idea" de política monetaria, han generado incomodidad en los mercados financieros, dado que la independencia de los bancos centrales se considera uno de los elementos claves de la ortodoxia económica.

"Acabo de terminar una reunión muy buena y cordial en la Casa Blanca con Jay Powell de la Reserva Federal", informó Trump en su cuenta de Twitter. "Hablamos de todo, incluidos los tipos de interés, los de interés negativos, bajar la inflación, (la política monetaria) expansiva, la fuerza del dólar y su efecto en las manufacturas, el comercio con China, la UE y otros, etcétera", añadió.

Powell destacó que tanto él como los otros miembros del Comité de Mercado Abierto de la Fed "dictarán una política monetaria que apoye un empleo máximo y precios estables" y "tomarán esas decisiones basándose solamente en análisis cuidadosos, objetivos y no políticos".
(Expansión, 21-11-2019)

El BCE alerta: los tipos bajos pueden acarrear exceso de riesgos
El Banco Central Europeo ha avisado de los efectos secundarios de los bajos tipos de interés que, aunque apoyan la actividad económica, pueden incentivar un exceso de riesgo en algunos segmentos de la economía. En su informe de estabilidad financiera, publicación de carácter semestral, la entidad advierte sobre este potencial exceso de riesgo en algunas instituciones no bancarias, en empresas demasiado endeudadas o en el sector inmobiliario.

Luis de Guindos, vicepresidente de la institución, alerta así que esta asunción de riesgos merece "una continua y cercana monitorización". "Las autoridades deben usar todas las herramientas para afrontar la formación de estas vulnerabilidades", añade.

Al hablar de instituciones no bancarias, el BCE se refiere a fondos de inversión, compañías de seguros o fondos de pensiones, "entidades que están jugando un papel creciente en la financiación de la economía real". Éstas estarían elevando su exposición a los segmentos con mayor riesgo en la deuda soberana y corporativa. "En caso de súbitas variaciones en los precios de estos activos, los riesgos de liquidez y crédito, unidos al apalancamiento de los fondos de inversión, pueden llevar a estas instituciones a responder "de formas que pueden crear estrés en el sistema financiero":

Los tipos de interés a largo plazo se han desplomado en los últimos meses ante el deterioro de las expectativas económicas, forzando a estos inversores institucionales a modificar la composición de sus carteras, ya sea para cuadrar vencimientos (las aseguradoras han tenido que comprar deuda de más largo plazo ante la caída de los tipos), ya sea para obtener rentabilidades.

También encuentra el BCE riesgos en las empresas. Los bajos costes de financiación están estimulando, asegura, el endeudamiento para las empresas con más riesgos. "Al tiempo, algunos mercados inmobiliarios siguen registrando subidas de precios". El BCE urge a las autoridades a tomar medidas preventivas (macroprudenciales) ante el afloramiento de estas vulnerabilidades.
(Expansión, 21-11-2019)

El Banco de España eleva a 65.725 millones el rescate a la banca
El Banco de España ha elevado en 1.376 millones de euros el coste del rescate del sistema financiero español y ha revisado a la baja la capacidad del erario público para recuperar las ayudas concedidas a la banca para sanearse o integrar las ruinosas cajas de ahorros.

En concreto, el supervisor nacional cifra ya en 65.725 millones de euros el coste del rescate a 15 entidades llevado a cabo por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC) entre los años 2008 y 2012. Parte del incremento del coste del rescate está ligado al mayor pesimismo por parte del Banco de España sobre los fondos recuperables en el rescate de Bankia, que absorbió la mayor parte del proceso.

El informe publicado este miércoles reduce en 300 millones de euros la capacidad de recuperar las ayudas por la devaluación de las acciones de la entidad financiera. Este importe supone un 3% menos si se compara con los 9.857 millones de euros que el Banco de España veía potencial de recuperación al cierre de 2017.

Hoy Bankia cotiza a 1,68 euros por acción y la participación del Estado en el banco rondaría los 3.200 millones de euros, por lo que para obtener el importe previsto por el supervisor el valor de sus títulos tendría que multiplicarse por tres. Este escenario parece lejano en un contexto de tipos de interés negativos en Europa que lastra las cuentas de los grandes bancos y de amenaza de nuevos impuestos -e incluso de intervención del negocio en el caso concreto de Bankia- a nivel local.

El Estado español aportó al sistema financiero un total de 64.098 millones de euros tras recibir un crédito por parte de la Comisión Europea para reestructurar el sistema financiero. De esta cantidad, el país ha conseguido recuperar hasta ahora 5.150 millones mediante la venta de acciones de las entidades nacionalizadas o reembolsos.

El balance que hace el supervisor es bastante desolador porque solo espera recuperar 9.857 millones de euros por la venta del paquete del 63% de acciones que aún conserva en Bankia. Es decir, según estos cálculos la cantidad a fondo perdido destinada al sector financiero rondará a la conclusión del proceso los 67.723 millones.

Además de las aportaciones de capital realizadas al sector, el análisis cifra la cantidad de provisiones realizadas por el FROB y el FGDEC para hacer frente a los costes derivarse de las garantías concedidas en los procesos de integración y venta.

En el último año estas provisiones aumentaron en 890 millones por los cambios en los Esquemas de Protección de Activos (EPA) registrados en la CAM y en Unnim. Los fuertes incrementos de éstos últimos fueron ligeramente suavizados por la reducción de estas garantías en Catalunya Banc y Novacaixagalicia. Si se suman las aportaciones de capital y estas garantías, la cantidad total destinada al conjunto del sistema bancario superó los 78.000 millones de euros.
(La Vanguardia, 21-11-2019)

El precio de la vivienda subirá un 2,5% en 2020
La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima que, si la elasticidad histórica del precio de la vivienda respecto al PIB se mantiene, el precio de la vivienda subirá un 2,5% en 2020 y se mantendrá en 2021. Así se recoge en el último número de 'Cuadernos de Información Económica', en un artículo que analiza el sector inmobiliario y la financiación relacionada con este, en un contexto de ralentización económica, recordando que la burbuja inmobiliaria y el riesgo financiero por la vía del crédito se convirtieron en el principal factor de la crisis.

A este respecto, el artículo, firmado por Carlos Ocaña Pérez de Tudela y Raymond Torres, ve probable que la pérdida de ritmo del mercado de la vivienda se deba a la desaceleración de la economía y no al pinchazo o estallido de una burbuja. Por otro lado, señala que no se observan los desequilibrios que condujeron a la anterior crisis por lo que, tras varios años de recuperación, puede producirse un ajuste limitado, provocado en buena medida por la moderación de la demanda.

En esta línea, prevé que tanto los precios como el volumen de transacciones inmobiliarias se moderarían en los próximos años, sin caer de manera significativa, salvo en aquellos núcleos urbanos donde se había producido una sobrevaloración. Por todo ello, concluye que esta tendencia a la ralentización del mercado de la vivienda no tendría gran repercusión ni sobre la economía ni sobre los balances bancarios.

De hecho, para los autores la situación no es equiparable a la de hace 10 años porque los precios son casi un 20% inferiores al máximo alcanzado antes de la crisis. Además, apuntan que el esfuerzo de los hogares para devolver las hipotecas y pagar los intereses se acerca al 33% de la renta disponible, muy por debajo de 2008, cuando superaba el 50%; y que no existe una burbuja de crédito hipotecario.

Por último, sostienen que tampoco el peso del sector inmobiliario en la economía avisa de situaciones de sobrevaloración o de riesgo de impagos porque la inversión en construcción, que llegó a superar el 20% del PIB, ha caído a la mitad. Y el empleo en el sector ha pasado del 11,8% del empleo total al 6,3%, un valor próximo a la media europea.
(El Mundo, 21-11-2019)

 
 
 
 
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