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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 22 DE NOVEMBRE DE 2019 

Fiscal

Intervención General de la Administración del Estado
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 15 de noviembre de 2019, por el que se modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
(BOE, 22-11-2019)

Documento normalizado para acreditar la representación en el procedimiento de presentación telemática del Documento Electrónico de Reembolso y de Comunicación del Pago
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el documento normalizado para acreditar la representación en el procedimiento de presentación telemática del Documento Electrónico de Reembolso y de Comunicación del Pago, en el ámbito de la devolución de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido a no residentes en la Unión Europea.
(BOE, 22-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 21 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 21 de noviembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 22-11-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 22 DE NOVEMBRE DE 2019  

Fiscal

La OCDE empeora sus previsiones para España por la política y critica la ambigüedad fiscal
Nueva advertencia de un organismo internacional sobre las consecuencias de la parálisis política en España y la incertidumbre sobre cuál será su política económica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha rebajado sus previsiones para economía española. Cree ahora que crecerá este año a un ritmo del 2%, cuatro décimas menos que en 2018, y se frenará al 1,6% en 2020 y 202.

Ese empeoramiento de las perspectivas de crecimiento, afecta a un mayor paro, deuda y déficit previsto para España. Según el organismo, la incertidumbre política genera "ambigüedad" en el ámbito fiscal, según la última edición del informe 'Perspectivas Económicas de la OCDE'.

De este modo, los nuevos pronósticos del llamado 'Club de los países desarrollados' resultan ligeramente menos optimistas que los del Ejecutivo español, que espera un crecimiento del 2,1% este año y del 1,8% en 2020.

A pesar de que España sigue creciendo sustancialmente por encima de la mayoría de economías desarrolladas y de la media de la zona euro (1,2% en 2019, 1,1% en 2020 y 1,2% en 2021) la intensidad de la ralentización de la economía española continuará en 2020, cuando la OCDE confía en que se modere e incluso se revierta en la mayoría del resto de economías.

La moderación del crecimiento económico en un contexto de elevada incertidumbre y debilidad de la demanda exterior se refleja también en una evolución menos optimista del mercado laboral, por lo que la OCDE ha empeorado sus previsiones de paro para España hasta el 14,2% este año, cuando en mayo confiaba en que caería al 13,8%, mientras que para 2020 y 2021 anticipa una tasa de desempleo del 14,1% y 13,6% respectivamente.

"Se prevé que la moderación del crecimiento económico en 2019 continúe en 2020 y 2021", señala la OCDE, apuntando que la demanda interna seguirá siendo el principal impulsor de esta expansión, "aunque a un ritmo más lento que en los últimos años", ya que la moderación del crecimiento del empleo pesa sobre el consumo y la mayor incertidumbre obstaculiza la inversión, mientras que el menor aumento del mercado de exportación será un lastre para las exportaciones.

En este sentido, la OCDE advierte del riesgo a la baja para las perspectivas de España que representaría un crecimiento de Europa inferior a lo esperado, ya que se trata del principal mercado de las exportaciones españolas.

Asimismo, la organización dirigida por Ángel Gurría apunta entre otros riesgos potenciales a la baja para el crecimiento de la economía española al impacto del 'Brexit' sobre el sector turístico o un debilitamiento del consumo más intenso de lo esperado si el debilitamiento del empleo en mayor de lo previsto o si continúa la incertidumbre. Por contra, la OCDE apunta que, dada la solidez de los fundamentos de la economía española, una reducción de la incertidumbre permitiría aumentar la inversión e impulsar la confianza empresarial.

En cuanto a la evolución de las cuentas públicas de España, la organización con sede en París expone que la reciente mejoría de las mismas se explica en gran medida por las favorables condiciones macroeconómicas y considera "clave" seguir mejorando la balanza fiscal estructural que permita una reducción duradera del elevado ratio de deuda pública.

En este sentido, la OCDE prevé que la deuda pública de España se situará en el 96,6% del PIB en 2019, el 96,4% en 2020 y el 96,2% en 2021, mientras que ha revisado al alza sus proyecciones de déficit, que cifra en el 2,2% del PIB este año, dos décimas más que su anterior pronóstico, y bajará al 1,8% en 2020, medio punto por encima de la previsión precedente, para caer al 1,4% en 2021. "La incertidumbre política genera ambigüedad sobre la futura posición fiscal", apunta la OCDE, asumiendo que esta será neutral durante los dos próximos ejercicios.

En su análisis de la economía española, la OCDE considera crucial la mejora de la productividad, que recomienda impulsar mediante avances en competitividad e innovación, así como la formación de los trabajadores.

A este respecto, señala que la implementación de políticas activas de empleo específicas podría mejorar las perspectivas laborales de los trabajadores poco cualificados, subrayando la importancia de dotar de habilidades digitales a los ciudadanos más vulnerables, cuyos empleos están en mayor riesgo de automatización, mientras que recomienda agrupar en un único punto de contacto los servicios sociales y de búsqueda de empleo para desempleados para mejorar la coordinación.

"Garantizar la implementación efectiva de reformas estructurales previas que abordan la fragmentación interna de los mercados de productos es clave para crear economías de escala", añade la OCDE, destacando que un incremento adicional de la coordinación y evaluación de las políticas de innovación regionales y nacionales elevaría la
calidad de la innovación.
(Expansión, 22-11-2019)

Laboral

Los expertos auguran que la próxima reforma de pensiones exigirá “cesiones” de trabajadores y jubilados
Así lo ha recordado hoy la profesora de Sociología de la UNED e investigadora de Funcas, Elisa Chuliá, para explicar que Solbes y González se limitaron a hacer públicas las cifras que conocían y es que, a mediados de la presente década, desembarcarán en el sistema de pensiones la generación del baby boom, más numerosa y con mejores carreras de cotización y que vivirán más años, lo que hará tambalear aún más la ya maltrecha sostenibilidad de la Seguridad Social.

Esta experta demógrafa --que ha participado hoy en la V Jornada de Planes de Pensiones en España patrocinada por Ibercaja y Cinco Días titulada Feliz longevidad, un desafío para el ahorro a largo plazo-- ha considerado que los poderes públicos y las instituciones han cometido el error de presentar el envejecimiento de la población como un logro, por el "control de la mortalidad que supone", sino muy al contrario, haberlo presentado asociado a pérdida de calidad de vida. La rectificación de este mensaje, allanaría en su opinión, la mejor aceptación de la sociedad a las reformas que son ahora necesarias para hacer financieramente sostenible el sistema.

Pero ¿qué es lo que hay que hacer para garantizar la viabilidad de la Seguridad Social? Otra de las participantes en esta jornada, Inmaculada Domínguez, profesora de Economía Financiera de la Universidad de Extremadura tiene claro que "o todos cedemos en algo o no habrá una solución". Según su análisis todos los agentes implicados deberán "ceder para poder ganar".

El primero el colectivo de los expertos y académicos que, en su opinión tendrán que admitir que en materia de pensiones "el papel lo aguanta todo, pero quizás la sociedad no esté preparada para sus recetas"; los políticos deberán asumir el coste electoral de las decisiones que tengan que tomar; las entidades financieras deberán adaptar sus productos; los cotizantes aumentar algo su esfuerzo y los pensionistas "tendrán que dejar de pedir y pedir sin pensar en las consecuencias".

En este escenario de mayor longevidad y dificultades financieras del sistema de pensiones, el profesor de CUNEF y exministro de Economía del último Gobierno de Mariano Rajoy, Román Escolano, que también participó en este encuentro, se centró en otro tipo de cesión: la que hace toda la sociedad por una menor inversión pública derivada de esta situación. "Una economía que no invierte porque tiene que pagar sus gastos corrientes (entre ellos las pensiones) y en lugar de destinar dinero del pasado al futuro lo hace al revés y destina dinero del futuro al pasado, se está comiendo su propia capacidad de crecimiento", ha sentenciado.

Ante esto, Escolano sugirió que las reformas más efectivas y probablemente más aceptadas para financiar un incremento del gasto en pensiones de tres puntos hasta 2024, serán, siempre y cuando se mantengan las reformas y mejore la creación de empleo, tener en cuenta toda la vida laboral para calcular la pensión y retrasar la edad de jubilación.

Mientras que el académico en Medicina, Antonio López Farré, se mostró partidario de que no haya una misma edad de jubilación para todos, sino que se debería adaptar al tipo de empleo, edad biológica y enfermedades del trabajador.
(Cinco Días, 22-11-2019)

El Supremo avala la indemnización por despido de los directivos
El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que el alto directivo tiene derecho a indemnización por despido, incluso aunque hubiera pactado con la empresa que no haya indemnización por cese, y que ésta disfrutará de exención fiscal. Así lo ha dictado en una sentencia, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que cierra la discusión que sobre este asunto mantienen desde hace años los tribunales y Hacienda. Este fallo obligará a la Agencia Tributaria (AEAT) a corregir su criterio y permite que los directivos cuyo contrato se haya extinguido en los últimos cuatro años reclamen lo que la AEAT haya ingresado indebidamente.

El caso que ha juzgado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal atañe a una alta directiva cuyo contrato se extinguió por desistimiento del empresario, esto es, un despido para el que no se alega causa. Según el artículo 11 del Real Decreto 1382/1985, que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, tiene derecho a una indemnización mínima de siete días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades, aunque distintas interpretaciones de este precepto no han considerado que se trate de una indemnización mínima obligatoria, cuando además puede haber pacto expreso que excluya toda indemnización por cese.

En el caso de despido improcedente del directivo, la norma estipula indemnización de veinte días por año trabajado con el límite de doce mensualidades. El Tribunal sólo se pronuncia en este sentido en relación con las indemnizaciones por desistimiento empresarial, dado que el recurso de casación se refería a un caso de este tipo; no obstante, "parece que la misma conclusión se debería alcanzar para los casos de despidos declarados improcedentes", apunta Abigail Blanco, socia de Garrigues.

La Sala de lo Contencioso, la especializada en asuntos fiscales, dirime así una cuestión laboral, que atañe a la Sala de lo Social, y se apoya en una sentencia de ésta de 2014 que consideró obligatoria la indemnización del alto directivo. Confirma aquí la sentencia de 8 de marzo de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y corrige sentencias propias que consideraron que no había exención fiscal para estas indemnizaciones, criterio que recalca que cree ahora "superado", con lo que esta primera sentencia tiene un valor jurisprudencial para Blanco.

Es decir, con las nuevas normas de los recursos a lo Contencioso, no es necesario que haya dos sentencias que dicten lo mismo para sentar jurisprudencia. De hecho, es posible que la Sala no admita otro recurso sobre el mismo tema porque ya se ha pronunciado, apunta Blanco.

Al Decreto que regula la alta dirección se añade la Ley del IRPF, que estipula en su artículo 7 que estarán exentas "las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato [...]". Es decir, el Supremo analiza en segundo lugar la norma fiscal sobre indemnizaciones, ya que para ver si éstas están sujetas o no a tributación, debe establecerse primero que sean obligatorias, lo que considera en primer lugar a la luz del Decreto de Alta Dirección.

En el caso de autos, además, se dirime si un alto cargo cuyo contrato se extingue por desistimiento del empresario tiene o no derecho a la indemnización habida cuenta de que en su contrato figuraba una cláusula que permitía la extinción de la relación laboral por decisión unilateral de la empresa sin derecho a indemnización.

El Supremo se adhiere a la interpretación de la Audiencia Nacional y entiende que "no parece lógico interpretar que el legislador permita un pacto cuyo contenido no se limite a fijar una cuantía diferente a esa subsidiaria, sino que consista, lisa y llanamente, en eliminar toda indemnización. Si fuera así, el legislador incurriría en una palmaria contradicción con lo que él mismo establece en primer lugar y de manera terminante: el alto directivo "tendrá derecho". Cabrán, pues, modulaciones varias de ese derecho, pero no su completa ablación".

En la reforma fiscal de Cristóbal Montoro de 2015 se introdujo un gravamen para el despido a partir de 180.000 euros que también afecta a la alta dirección. De esta forma, este fallo puede suponer ahorros de 90.000 euros. En el caso que ocupa al TS, anterior a 2015, no se alcanza dicha cantidad: una "directora de actividades de ocio", contrato calificado de alta dirección, con motivo del cese, fue indemnizada por la empresa con 37.770,01 euros, cantidad sobre la que ésta no practicó retención alguna a cuenta del IRPF al considerarla exenta. La Inspección entendió que las indemnizaciones por cese de personal de alta dirección están en todo caso sujetas a IRPF y a su sistema de retenciones a cuenta. En consecuencia, le practicó la correspondiente regularización.

El Decreto de Alta Dirección considera personal de alta dirección a "aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad".

Es decir, bajo este criterio se considera a quienes sólo reportan al consejero delegado y tienen altos poderes relacionados con los fines últimos de la empresa. Sin embargo, la Inspección de Hacienda ha utilizado criterios mucho más amplios sobre lo que es alta dirección y considera que directivos y mandos intermedios los son con el fin de que sus indemnizaciones estén sujetas a tributación, lo que ahora quedará sin efecto.
(Expansión, 22-11-2019)

CEOE ve "imprescindible" la unión de PSOE y PP en grandes temas de Estado como las pensiones
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves que los empresarios serán muy "respetuosos" con el Gobierno que finalmente se constituya en España, al tiempo que ha señalado, sin mencionar en ningún momento sus siglas, que será "imprescindible" la unión de PSOE y PP en temas "importantísimos" como las pensiones o la inmigración.

"Vamos a ser terriblemente respetuosos con el Gobierno que se forme", ha dicho Garamendi, que ha indicado que, pese a las interpretaciones que se han realizado del comunicado difundido ayer por la organización tras la reunión de su Junta Directiva, la llamada de los empresarios a la moderación, al sentido común y a la responsabilidad va dirigida a todos los partidos políticos.

Así, el presidente de la CEOE, en declaraciones a RNE, ha destacado que se necesitan pactos de Estado en temas de gran relevancia, como las pensiones, y que los dos grandes partidos, PP y PSOE, tienen que estar en ellos.

"Los grandes pactos de Estado pasan de forma imprescindible por los dos grandes partidos (...) En los grandes acuerdos es evidente que van a tener que estar. Los empresarios, lo que estamos diciendo, es que ha acabado el Día de la Marmota y hay que sentarse en las mesas a hablar de los temas que realmente interesan a los españoles. Y los tiempos que corren no son exactamente los mismos que hace un año, por lo que todavía se hace más imprescindible esa unión: uno gobernará y el otro si quiere estar en la oposición, que lo esté, pero con responsabilidad", ha subrayado Garamendi, quien cree que los españoles no entenderían que se celebraran nuevas elecciones.

Preguntado por si la presencia de Nadia Calviño como vicepresidenta económica supone un factor de confianza hacia un Gobierno PSOE-Podemos, el dirigente empresarial ha asegurado que Calviño es una persona "muy preparada", pero ha precisado que "no es tanto quien esté o no en el Gobierno, sino las medidas que se aplicarán".

"Por eso son importantes esos pactos para que el día a día de la economía, del empleo y de las empresas pueda funcionar de forma ordenada y sin sobresaltos, con seguridad jurídica, predictibilidad y estabilidad", ha añadido.

En cuanto a los cambios que el PSOE quiere hacer en la reforma laboral de 2012, Garamendi ha afirmado que, si hay que hacer algo, que se haga dentro del diálogo social. "No estamos diciendo que no a nada, pero sí nos gustaría participar", ha explicado.
(El País, 22-11-2019)

La OCDE advierte a España que el paro se estancará por encima del 14% en 2019 y 2020
Cada vez son más los organismos internacionales que alertan de un frenazo brusco en el mercado laboral español que ralentizará la creación de empleo y la reducción de la tasa de paro. Y ocurrirá justo ahora que España está en el 14% de desempleo, en la zona en la que históricamente se ha situado la tasa de paro del país. Tras siete años ininterrumpidos de recuperación económica, España todavía seguirá estancada con una tasa de desempleo superior al 14%, al menos es lo que prevé la OCDE.

El organismo acaba de revisar su escenario de proyecciones macroeconómicas para el mundo y ha realizado un importante recorte en sus estimaciones para España. La organización ha rebajado en dos décimas su previsión de crecimiento de mayo para España, hasta el 2%, y ha recortado la de 2020 en otras tres décimas, hasta el 1,6%, mismo ritmo que estima para 2021. Esto significa que la OCDE está dibujando un ‘aterrizaje suave’ para la economía española.

Sin embargo, el problema viene por la parte del mercado laboral, ya que la organización estima que el ajuste del paro se va a estancar. Si hasta hace medio año esperaba que la tasa de paro de España cerrara este ejercicio por debajo del 14%, ahora cree que no caerá por debajo de este nivel ni siquiera en 2020 (en media anual).

Esto significa que la reducción del desempleo se frenará casi en seco. España pasará de reducir la tasa de paro a un ritmo de dos puntos anuales a recortar solo uno en 2019 y apenas una décima en 2020. Datos que marcan claramente el pesimismo de la OCDE respecto al mercado laboral español. El país será incapaz de volver a tener una tasa de desempleo como la que existía antes del estallido de la crisis, según las previsiones del organismo, lo que significaría que la mejora estructural del mercado laboral que algunos aseguraron es solo una fantasía.

Esta revisión a la baja de las previsiones de paro responde a la ralentización que ha mostrado el mercado laboral en los últimos meses. Conviene no olvidar que la economía española se está acercando al umbral de crecimiento del 2% que es justo el límite que tradicionalmente ha tenido el empleo para congelarse.

El organismo no ofrece previsiones sobre el número de ocupados, pero si se atiende a la serie histórica y a las estimaciones de otras casas de análisis, es de esperar que el parón en el ajuste del paro se deba a dos factores paralelos. El primero sería la desaceleración del empleo y, el segundo, el aumento de la población activa como consecuencia de la inmigración. En otras palabras, se seguirá creando empleo, pero a un ritmo menor, y en una cuantía similar al aumento de la población activa, por lo que no bajará la tasa de paro.

La OCDE ha realizado un gran recorte a su previsión de crecimiento del consumo de los hogares como consecuencia de la revisión de la serie histórica que ha realizado el INE. El resultado es que ahora estima un avance del consumo del 1,2%, el menor avance desde 2013, cuando España todavía estaba saliendo de la crisis. El organismo achaca esta ralentización del consumo al ahorro precautorio de las familias como consecuencia del aumento de la incertidumbre global. Escenarios en el horizonte como el Brexit o la guerra comercial.
(El Mundo, 22-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La guerra comercial cuesta el 0,8% del PIB global
Organismos globales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) advirtieron hoy de que el mundo se enfrenta a una situación de ralentización económica "sincronizada" derivada de factores como las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y las incertidumbres derivadas.

En una rueda de prensa posterior a la reunión "1+6" celebrada hoy en Pekín, en la que participaron autoridades chinas y diversas instituciones económicas internacionales, la nueva directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, indicó que las pérdidas estimadas para la economía global por la guerra comercial ascenderán a 700.000 millones de dólares (630.000 millones de euros) hasta 2020, el 0,8% del PIB mundial.

"Debemos movernos de una tregua comercial (entre China y Estados Unidos) a una paz comercial", exhortó. La búlgara explicó que el crecimiento global "está previsto en solo un 3% en 2019, el más lento en una década", y recordó que el crecimiento del 90% del PIB mundial se ralentizó en el último año, algo que contrasta con el avance del 75% de las economías hace dos años.

Para Georgieva, la actual coyuntura -que podría agravarse dependiendo del resultado de la salida del Reino Unido de la Unión Europea- aumenta la vulnerabilidad financiera y plantea retos a largo plazo como la desigualdad en los ingresos, los problemas demográficos o las disparidades regionales.

Estos asuntos "seguirán pesando sobre el crecimiento a menos que nos enfrentemos a ellos con rapidez", advirtió. Por su parte, el presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, se pronunció en términos similares y pidió esfuerzos para resolver los problemas comerciales entre Pekín y Washington para "evitar una ralentización todavía más aguda".

En la reunión también participaron el primer ministro chino, Li Keqiang, así como representantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Consejo de Estabilidad Financiera.

El comunicado conjunto emitido por todas estas partes al término del encuentro reitera el apoyo al multilateralismo y la cooperación internacional como único método para resolver los problemas que surjan entre países, y subraya la necesidad de reforzar la resistencia del sistema financiero y de apuntalar los sistemas de comercio tomando las normas como base, entre otros asuntos.
(Cinco Días, 22-11-2019)

El precio de la vivienda sube un 3,1% interanual
El precio medio de la vivienda libre subió un 3,1% interanual en el tercer trimestre del año, hasta 1.638,3 euros por metro cuadrado, el mismo incremento registrado en el segundo trimestre, según datos del Ministerio de Fomento. El precio registrado es el más alto desde el primer trimestre de 2012, cuando alcanzó los 1.649,3 euros por metro cuadrado.

No obstante, el precio está aún un 22% por debajo del máximo marcado en el primer trimestre de 2008 (2.101,4 euros), en plena burbuja inmobiliaria. Si la comparación se hace con el mínimo registrado durante la última crisis -1.455,8 euros, en el tercer trimestre de 2014-, la vivienda libre se ha revalorizado un 12,5%. La vivienda libre subió un 0,1% en el tercer trimestre respecto a los tres meses anteriores.

En el caso de la vivienda protegida, el precio bajó un 0,3% interanual en el tercer trimestre y se situó en 1.123,9 euros por metro cuadrado.
(El Mundo, 22-11-2019)

Sector

El ICAM y la Comunidad de Madrid potenciarán el arbitraje de consumo para agilizar la Justicia
Contribuir a una mayor difusión del arbitraje de consumo y aliviar la carga de trabajo de los tribunales en la Comunidad de Madrid. Este es el objetivo del acuerdo firmado por el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, y los consejeros de Interior, Justicia y Víctimas, Enrique López, y de Economía, Empleo y Competitividad de la comunidad, Manuel Giménez.

Según explica una nota remitida por el ICAM, han acordado la colaboración entre ambas instituciones para reforzar la difusión y extender la utilización de un servicio que permite resolver conflictos entre consumidores y usuarios sin tener que recurrir a los tribunales. Asimismo, el ICAM y la Comunidad de Madrid han acordado impulsar conjuntamente la mediación y el arbitraje en el ámbito laboral en casos de despido, potenciando el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Comunidad de Madrid.

"El propósito es potenciar este sistema, difundir su conocimiento y extender su uso a muchos más casos y empresas, porque significará una justicia más ágil y una mejor respuesta para las empresas y los ciudadanos y menor carga de trabajo para la jurisdicción ordinaria", ha señalado Manuel Giménez. Para ello, "hemos alcanzado el acuerdo de empezar a trabajar en la promoción del arbitraje de consumo a través del Instituto de Arbitraje de Consumo de la Comunidad de Madrid", ha declarado el consejero de Economía.

"Propiciar el arbitraje en materia de consumo va a suponer un extraordinario beneficio para los ciudadanos", ha puntualizado por su parte José María Alonso, agradeciendo a la Comunidad de Madrid que hayan contado con el ICAM para impulsar una iniciativa que también va a ser beneficiosa para la abogacía "en la medida en que pretende descolapsar a los juzgados de una carga enorme de asuntos". Además, este proyecto "va a suponer oportunidades de trabajo para los abogados que pueden intervenir como árbitros en estos procedimientos", según ha añadido el decano.

En ese sentido, el ICAM prestará "el máximo apoyo para conseguir que los abogados se involucren de verdad en esta iniciativa, que recomienden a los clientes que vayan a este sistema de solución de conflictos y que participen también como árbitros en estos procesos", ha anunciado Alonso.
(Expansión, 22-11-2019)

 
 
 
 
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