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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 26 DE NOVEMBRE DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 25 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 25 de noviembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 26-11-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 26 DE NOVEMBRE DE 2019

Fiscal

El Supremo fijará criterio con qué deducciones por gasto puede vetar Hacienda a las empresas
El asunto acaba de llegar a manos del Tribunal Supremo que, según un reciente auto al que ha tenido acceso este diario, ha aceptado pronunciarse para fijar criterio y arrojar luz sobre esta pugna. El caso sobre el que dictará sentencia el Supremo es el del holding orensano de pizarreras Cupire Padesa, S. L, al que la Inspección Tributaria de la Administración Tributaria de Galicia impidió deducirse una serie de gastos del pago de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007. El fisco argumentó que dichos costes no podían ser desgravados al considerar que eran lo que la ley califica de “liberalidades”, apuntes no deducibles.

Se trata de un concepto contemplado en el artículo 14.1 e) de la Ley del Impuesto de Sociedades de 2004, que, aunque ya fue derogada será objeto del pronunciamiento del Supremo, y que replicó luego el artículo 15. e) de la vigente Ley 27/2014. Ambas estipulan que “no tendrán consideración de gastos fiscalmente deducibles” los “donativos y liberalidades”, excluyendo de este listado los “gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores”; los que “con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal”; los destinados a “promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios”, “ni los que se hallen correlacionados con los ingresos”.

Este último matiz ha convertido el artículo legal en un “comodín” mediante el que la Agencia Tributaria tiene “fácil negar la deducción de bastantes de los gastos soportados habitualmente por las empresas”, asegura José María Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico. “La correlación de un gasto con los ingresos de la actividad no siempre es clara y directa”, admite Salcedo, que avanza que el Supremo tendrá que decidir ahora si para permitir la deducción “la correlación del gasto con los ingresos de la actividad debe ser directa” de forma que vayan “cosidos al flujo de ingresos” y tengan un efecto “inmediato” en el neto, o si el veto afecta básicamente a donaciones pero permite que una firma se desgrave aquellos otros costes que tengan “un reflejo demorado en la base imponible”.

El debate, plantea la defensa de Cupire Padesa en su recurso, “afecta a un gran número de situaciones”, pues “una de las principales fuentes de litigiosidad en el ámbito tributario tiene que ver con el régimen de deducibilidad de gastos en el Impuesto de Sociedades”. A partir de ahí, la firma instó al Supremo a sentar jurisprudencia en la materia revisando el fallo en su contra que dictó en febrero la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

La Agencia Tributaria, por su parte, contestó que “se trata de una controversia de naturaleza puramente fáctica” y con interés exclusivo para esta compañía, y no ve debate posible dado que “los gastos financieros en litigio no eran deducibles, puesto que no estaban relacionados con los ingresos”. En concreto, el fisco detalla que los gastos que la compañía trató de deducirse eran “los intereses de un préstamo obtenido por la sociedad para la compra de participaciones propias para su amortización y consiguiente reducción del capital social, en el marco de una operación realizada con la finalidad de proporcionar una restitución de aportaciones a los socios”, concepto que ve desligado de la consecución de ingresos.

El Supremo, sin embargo, ha determinado que hay “interés casacional” en aclarar el asunto, que será analizado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso.
(Cinco Días, 26-11-2019)

El Supremo tumba 100 recursos de la distribución por el impuesto catalán a las grandes superficies
El Tribunal Supremo ha dictado en cascada un centenar de sentencias en las que rechaza los recursos de casación presentados por cinco de los principales operadores del retail en España: El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Ikea y Leroy Merlin, por las liquidaciones de este impuesto. El número de sentencias es tan numeroso dado que, en muchos casos, cada una se refiere a un operador, un centro y un año en concreto.

Este centenar de resoluciones ha llegado en apenas un periodo de dos meses, entre septiembre y noviembre, y la doctrina aplicada por el Alto Tribunal para rechazar en bloque los recursos de las empresas reclamantes es similar: el IGEC es un impuesto perfectamente legal, que fue respaldado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el propio Tribunal Supremo ya dictó sentencias similares en el caso de Asturias antes del verano, por lo que la doctrina aplicada allí es de aplicación.

La pelea de estos operadores tiene tres frentes: el asturiano y el catalán, sobre los que el Supremo ya se ha pronunciado, y el aragonés. Allí, el Tribunal Superior de Justicia ya ha empezado a rechazar los primeros recursos contencioso-administrativos interpuestos por los mismos operadores y por los mismos motivos.

El IGEC catalán cobraba 18 euros por metro cuadrado a las grandes superficies hasta 2017. Entonces cambió la base imponible para obtenerla a través número del número de vehículos que acceden al aparcamiento de cada una de ellas al cabo de año, con un mínimo exento de 27.000. Según los datos de la Generalitat, en 2018 recaudó 10 millones por el IGEC. Sobre su legalidad llegó a pronunciarse el Tribunal Constitucional en 2012, aunque los operadores siguieron con la pelea judicial en las distintas instancias.

Entre las liquidaciones más cuantiosas de las que el Supremo ha confirmado su legalidad en Cataluña con sus últimas sentencias están tres de entre 3,5 y 4 millones a Carrefour, o dos a El Corte Inglés de entorno a dos millones. Esta es la compañía más expuesta a las resoluciones sobre los impuestos a las grandes superficies. Del centenar de resoluciones del Supremo del os dos últimos meses, la mitad corresponden al gigante de la distribución, entre ellos varios autos rechazando incidentes de nulidad sobre sentencias en Asturias.

En sus cuentas de 2018, El Corte Inglés refleja una provisión de 119 millones por “cuotas por el impuesto sobre grandes superficies de los centros comerciales situados en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Asturias y Aragón”. El resto de operadores no reflejan provisión a este efecto. Fuentes del sector hablan de un impacto económico “relevante”.
(Cinco Días, 26-11-2019)

Laboral

Los sindicatos critican que la banca intente sortear el registro horario
Los sindicatos se reúnen mañana, 26 de noviembre, con la Asociación Española de Banca (AEB) en una nueva mesa negociadora sobre el convenio colectivo del sector bancario, en la que se prevén pocos cambios de postura por parte de la patronal. La AEB podría estar intentando sortear la ley del registro horario mediante la firma por parte de los trabajadores de un documento "no obligacional y lleno de condiciones", según fuentes.

Así, además de la "reticencias habituales", la patronal bancaria estaría planteando un modelo de registro en soporte papel que no cumpliría la ley y que, además, se ha detectado en otros sectores que es inadecuado. "El registro horario tiene que ser verificable y no manipulable, y el soporte papel no lo es", han subrayado las mismas fuentes, al tiempo que han criticado que el de la banca es un sector en el que se han hecho "millones de horas gratuitas, que no son extraordinarias porque no han sido pagadas".

De este modo, teniendo en cuenta que este documento tendría que haber estado firmado el pasado mes de mayo, los sindicatos han advertido de que quizá van a tener que proceder a presentar "una batida" de delitos ante los tribunales de Justicia o denunciar a la Inspección de Trabajo como ya hicieron cuando no existía una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados.

Fuentes de la AEB consultadas han remarcado que el calendario de aplicación de la ley queda en suspenso en caso de que la negociación se mantenga abierta, como es el caso. "El objetivo final es llegar a un escenario de consenso lo antes posible", han apostillado.

El sector de ahorro ya llegó a un acuerdo con la banca, que fue ratificado hace ya unos meses, pero aún no se ha plasmado en acuerdos individuales. El único banco que ha llegado a un acuerdo ha sido BBVA, que firmó a finales de septiembre su acuerdo con los sindicatos, y que comenzó a funcionar el pasado lunes 18 de noviembre.
(Expansión, 26-11-2019)

Las empresas pueden ampliar la jornada por el registro horario
La Audiencia Nacional avala que las empresas amplíen la jornada de sus trabajadores en aplicación de la nueva obligación del registro horario. Así lo establece en una sentencia, que afecta a la aseguradora Zurich en el conflicto que planteó UGT contra el acuerdo que alcanzó la empresa con CCOO por el que se consensuó la ampliación de la jornada diaria de los trabajadores en media hora. El incremento se planteó en el marco del acuerdo sobre el registro horario, con lo que no pasó el trámite del convenio, necesario a juicio del sindicato recurrente. Se trata de uno de los primeros conflictos colectivos que ha suscitado el registro horario, que entró en vigor el 12 de mayo.

El fallo no juzga si el sistema concreto de registro utilizado es o no ajustado a la norma, sino si el acuerdo alcanzado para su aplicación entre Zurich y CCOO (sindicato con más del 70% de representatividad) implica una modificación general de horarios del convenio colectivo y por tanto se debería haber acudido a un proceso de descuelgue y/o acuerdo de la comisión negociadora del convenio.

Pues bien, la conclusión de la sentencia es que este acuerdo es lícito y no supone una modificación general de las condiciones de trabajo y del horario porque dentro del acuerdo se conviene que "la empresa se compromete a no utilizar este registro horario como medida disciplinaria cuando dé como resultado una jornada inferior a lo concertado con el empleado, mediante la deducción de salario, amonestaciones, sanciones o incluso el despido".

¿Qué gana entonces la empresa con este acuerdo? Al consignar media hora más de jornada diaria de sus trabajadores, la aseguradora se blinda ante las horas extra y evita tener que pagar estos 30 minutos de más cada día como hora extra, que pueden ascender a dos horas y media a la semana. En concreto, el punto tercero del acuerdo establece que las partes fijan un "factor corrector de 2 horas al día para el personal de jornada partida y 30 minutos para el personal a jornada continuada que pretende contemplar descansos, pausa para la comida y/o desayuno, permisos no retribuidos, cualquier clase de pausa o descanso, etcétera".

La empresa tenía establecido que los trabajadores con jornada partida tenían hora y media para comer, con lo que el incremento a dos horas implica que aumenta la jornada en media hora. Para algunos laboralistas consultados, podría plantearse la duda de que en realidad sea más. La compañía argumentó que la ampliación de jornada no afectaba al tiempo de la comida.

El sindicato firmante del acuerdo consigue, a cambio de esta media hora más, que la empresa no fiscalice las paradas y descansos que realizan los trabajadores, que quedarían cubiertos, concepto por el que además no se podría sancionar ni despedir.

UGT consideró que el acuerdo suponía una modificación del régimen de jornada y horario previsto en el convenio colectivo, sin que se hubieran seguido los trámites y el procedimiento previsto en el Estatuto de los Trabajadores. En cambio, Zurich y CCOO defendieron que el acuerdo no afecta a los horarios del convenio, y que con él "pretendieron armonizar la flexibilidad laboral con la obligación de cumplir con un registro de jornada, de forma que el resultado de la aplicación del mismo en ningún caso tendrá carácter sancionador".

Así, concluye el fallo, "no cuestionándose por las demandadas que toda modificación del Convenio debe ser acordada por la Comisión negociadora" y que el Acuerdo de registro horario es un mero acuerdo al amparo de la nueva obligación, "la única cuestión que debe analizarse es si el punto tercero impugnado altera el régimen de horarios establecido en el Convenio".
(Expansión, 26-11-2019)

La estiba evita la huelga y se abre a la adaptación de sus convenios a la Ley de Puertos
La patronal de las empresas estibadoras, Anesco, y el sindicato Coordinadora han asentado las bases para que pueda tramitarse la adaptación de los convenios colectivos de la estiba, en cada uno de los puertos, a La Ley de Puertos. Ambas partes han consensuado un documento, en el marco de la negociación del V Acuerdo Marco de la Estiba, que ha permitido levantar las huelgas previstas por los trabajadores para toda esta semana.

El coordinador general de Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, ha valorado esta tarde positivamente este entendimiento, pero recordó que este es solo “un paso más” para poder culminar el proceso de negociación de los citados convenios colectivos locales.

Goya ha hecho un llamamiento a las empresas locales para iniciar los contactos lo antes posible, para conseguir renovar los convenios a tiempo. “Entre todos debemos dar cumplimiento a la ley, pues según dicta el RDL 9/2019 el 31 de diciembre de 2019, estos convenios habrán de estar adecuados a las normas legales que modifican el sistema portuario español, los Reales Decretos-leyes 8/2017, de 12 de mayo y 9/2019, de 29 de marzo. El objetivo irrenunciable es conseguir la estabilidad y productividad del sector”, ha señalado el líder sindical.

Desde Anesco, por su parte, se recuerda que este paso sirve para iniciar la fase de consultas ante la Dirección General de Trabajo y la CNMC, antes de adoptar los acuerdos que procedan para la aprobación del convenio. La patronal insiste en la necesidad de mejorar "la productividad, eficiencia y eficacia en la gestión de los trabajadores para el asegurar el buen futuro del sistema portuario español que compite en un mercado marítimo internacional muy competitivo".

La comisión negociadora reunida hoy ha estado presidida por sus presidentes, Francisco González de Lena, abogado perteneciente al cuerpo de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y Julio Costas Comesaña, catedrático de Derecho Mercantil por la Universidad de Vigo. El encuentro ha sido auspiciado por el presidente de Puertos de Estado, Salvador de la Encina.
(El País, 26-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La guerra comercial y el Brexit elevan la probabilidad de recesión en el área euro
El Banco de España constata un "debilitamiento notable" de la actividad en "numerosas" economías del área del euro en 2019, así como aumentos de la probabilidad de recesión debido a la intensificación gradual de fuentes de incertidumbre, como la tensión comercial entre Estados Unidos y China o el Brexit.

Así lo señala el organismo supervisor en un artículo analítico sobre el modelo de alerta temprana de crisis para los países del área del euro, en el que constata aumentos de la probabilidad de recesión a través de los modelos que predicen el crecimiento del PIB en función de un conjunto de indicadores coyunturales de frecuencia mensual.

El modelo de alerta temprana se basa en cinco variables cuya evolución puede denotar el surgimiento de desequilibrios macrofinancieros, como son el saldo por cuenta corriente, los costes laborales unitarios relativos frente al resto del área, el endeudamiento de los hogares y de las empresas y la prima de riesgo soberano.

El organismo explica que el deterioro de las perspectivas de evolución de la actividad en el corto plazo ha venido determinado por la "intensificación gradual" de diversas fuentes de incertidumbre que afectan a la economía global, como las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China o las vicisitudes en torno al proceso del brexit.

Sin embargo, apunta que el modelo utilizado no mostraba, con la información disponible hasta 2018, un aumento de la probabilidad de recesión en 2019, lo que se explica porque esos factores de incertidumbre no tuvieron en ese año una incidencia apreciable en las variables que capturan el riesgo de caída del PIB en el modelo.

En concreto, el modelo de alerta temprana de crisis apunta a un incremento generalizado por países de la probabilidad de retroceso de la actividad hacia mediados de la pasada década, justo antes del inicio de la Gran Recesión.

En comparación con las economías del núcleo del área del euro, ese aumento de la probabilidad de crisis fue mucho más acusado en los países de la periferia, donde se vio impulsado por un deterioro del saldo por cuenta corriente, un aumento del endeudamiento del sector privado y un deterioro de la competitividad.

En varias de estas economías, la probabilidad de recesión predicha por el modelo se agudizó en 2011-2012, coincidiendo con los sucesivos episodios de crisis de deuda soberana. En todo caso, las probabilidades de recesión se han moderado sustancialmente con posterioridad, hasta situarse en valores reducidos en la mayoría de los países, aunque todavía superiores en algunos de ellos a los observados al inicio del siglo.
(Expansión, 26-11-2019)

La CNMV exige a las empresas que informen de los casos de corrupción
La Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) ha difundido este lunes una carta en la que advierte a los consejos de administración de las sociedades de que deben informar sobre las irregularidades que les afecten. "Los casos de presuntas prácticas irregulares en algunas sociedades cotizadas que se han conocido en los últimos meses, algunos de los cuales han dado lugar a actuaciones de la jurisdicción penal, son motivo de preocupación para la CNMV como entidad supervisora del mercado de valores español", señala el supervisor en un sorprendente comunicado.

"Aunque estos casos solo afecten a algunas empresas o sean imputables a un número reducido de personas, este tipo de situaciones puede comprometer la imagen y reputación de nuestro mercado de valores, a cuya integridad y transparencia sirve la CNMV", abunda el supervisor.

Después de que algunas grandes compañías cotizadas se hayan visto envueltas en procesos judiciales tras destaparse irregularidades, la CNMV anuncia que analiza la posibilidad de reforzar las recomendaciones sobre estos aspectos en el contexto de la revisión parcial del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas.

Ante esta situación, el organismo lanza una serie de advertencias generales a las empresas. La primera es que las sociedades cotizadas impidan o reduzcan al máximo "la probabilidad de que se produzcan prácticas de carácter irregular". También deben asegurar el cese de estas actividades en cuanto se detecten, abunda el supervisor.

Para ello, los órganos de gobierno de las empresas deben establecer "políticas y controles adecuados para prevenir la corrupción y demás prácticas irregulares". En esta función deben intervenir, además del consejo de administración, la comisión de auditoría, "a la que la normativa vigente atribuye la función de supervisar la eficacia del control interno". La CNMV también destaca el papel en este ámbito de los consejeros independientes y otros consejeros externos.

Además de reducir el riesgo, hay que aumentar la transparencia. Y aquí vuelve a ser clave el papel de los consejos de auditoría, señalan en la CNMV, "sin perjuicio de la responsabilidad del consejo de administración".
(El Mundo, 26-11-2019)

Sector

Los abogados del turno de oficio exigen que se les reconozca como autoridad
Los abogados del turno de oficio han ganado una batalla más de su humilde pero contundente guerra. José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) anunció ayer en el acto de inauguración del I Congreso de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) que instará al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y su presidenta, Victoria Ortega, a que realice las actuaciones necesarias ante Justicia y las autoridades para que cualquier amenaza, agresión o vulneración que sufran un abogado en su ejercicio sea considerado en el Código Penal como un delito contra la autoridad, como ya ocurre con profesores o médicos.

“He comprobado que el nivel de calidad del turno de oficio está a la misma altura que en cualquier firma con nombre importante, pero el nivel de sacrificio es muy superior, así como la entrega y dificultad de su actuación”, reconoció Alonso en su intervención.

Por el contrario, lamentó que su nivel de retribución sea muy inferior, una situación “profundamente injusta”. Así, el decano avanzó que su intención y la de los miembros de su Junta de Gobierno es que se vaya solucionando “más pronto que tarde” con el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, quien tiene, aseguró, “una disposición muy buena y será fácil”.

Sin embargo, Alonso ha lamentado que no sea tan fácil con el Ministerio de Justicia, con quien “hay serios problemas” como ha ocurrido con los abogados de la trama Gürtel. “Vamos a ir hasta el final defendiendo la posición del turno de oficio y la de los abogados que trabajan en un servicio público absolutamente trascendental. Tenemos que pelearnos con las administraciones y que Justicia nos trate con la dignidad que exigimos y nos merecemos”, afirmó.

Además, el decano se refirió a la cuestión en torno al Servicio de Orientación Jurídica de la Comunidad de Madrid (SOJ), a cuya privatización se ha opuesto el Colegio en la vía contenciosa, confiando en que pueda "encontrarse una solución". “Podéis tener la seguridad que para eso se produzca tienen que pasar por encima de mi cadáver”, aseveró, tras asegurar que el ICAM “jamás permitirá que eso se produzca”.
(Cinco Días, 26-11-2019)

2018 acabó con los tribunales un 2,7% más congestionados
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 2018 acabó con los tribunales un 2,7% más congestionados que el año anterior. Los asuntos resueltos bajaron un 1,4%, mientras que entraron en el sistema un 1,7% más. Los casos pendientes de resolver ascendieron más de un 9%.

A la clásica cita “la justicia tardía no es justicia”, hay que añadir una segunda derivada: el impacto negativo que esta lentitud tiene en la economía. Juan S. Mora-Sanguinetti, economista, abogado e investigador del Banco de España, ha constatado en numerosos informes el efecto económico del funcionamiento de la justicia.

Una de las conclusiones de su último estudio (Quality of enforcement and investment decisions. Firm-level evidence from Spain) fue que la congestión judicial tiene un impacto negativo en la tasa de inversión de las empresas. En concreto, explica, junto a Daniel Dejuán, coautor del texto, que “una disminución de 10 puntos porcentuales en la congestión aumentaría, en promedio, las decisiones de inversión en aproximadamente un 0,1%”. Y esto no es todo. Los expertos aseguran que una mayor eficacia del sistema judicial ampliaría el crecimiento y el tamaño de las empresas españolas y favorecería la llegada de nuevas sociedades.

Por ejemplo, según explica Mora-Sanguinetti en el estudio Assessing the impact of the institucional framework on the efficiency of the spanish economy, “el tamaño medio de las empresas en España podría ser entre un 0,6% y un 2,8% mayor si los sistemas judiciales de cada provincia convergieran con la mejor práctica”. Como consecuencia, también su crecimiento anual aumentaría entre 1,1 y 2,8 puntos porcentuales y llegarían entre un 8,8% y 9,5% más de entidades a la región. En esta línea, la eficiencia judicial impulsaría el emprendimiento entre un 5% y un 7%.

Otro resultado es que un sistema más rápido y práctico elevaría la disponibilidad de crédito en relación al PIB local. “Si mejorara un punto la tasa de liquidación judicial, se incrementaría un 0,32% la tasa de crédito/PIB en España”, afirma Mora-Sanguinetti en su estudio. Precisamente, uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema judicial está en la fase de ejecución de las sentencias (cuando el juez obliga al responsable el pago forzoso de la deuda). El 62,6% no se ejecutaron en 2018, según el Observatorio de la Actividad Judicial.

Según el último estudio de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia ­(Cepej), el Estado español invirtió 79 euros por habitante para el sistema judicial, cifra superior al promedio europeo de 64 euros, pero lejos de países como Alemania, con 122, o Suecia, con 118. Este grado de inversión (que algunos insisten en que es muy bajo) no impide tener que hacer frente a otros sobrecostes que genera el mal funcionamiento de la Administración.

Solo en 2018, el Ministerio de Justicia tuvo que abonar a los afectados que le demandaron por el colapso de la justicia casi dos millones de euros en concepto de indemnizaciones por el “anormal funcionamiento” de juzgados y tribunales. Por dilaciones indebidas de los procedimientos pagó 425.700 euros en 25 expedientes abiertos, un 22% del total de las compensaciones. Asimismo, de los escritos de reclamaciones y denuncias a Justicia el pasado año, los relativos al funcionamiento de los juzgados y tribunales fueron más de 8.000, casi el 70% del total de las quejas.
(El País, 26-11-2019)

 
 
 
 
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