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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 27 DE NOVEMBRE DE 2019  

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 15 de noviembre de 2019
Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 15 de noviembre de 2019.
(BOE, 27-11-2019)

Euro
Resolución de 26 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 26 de noviembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 27-11-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 27 DE NOVEMBRE DE 2019 

Fiscal

Hacienda, obligada a devolver impuestos a fondos americanos
El Tribunal Supremo (TS) ha igualado a los fondos de inversión no residentes en la Unión Europea con el beneficioso régimen fiscal del que disfrutan los fondos españoles y de la UE. Así lo ha establecido en una sentencia pionera que abre la puerta a devoluciones multimillonarias de Hacienda a estas firmas y que hará más atractivo el mercado español de capitales e inversión. El fallo favorece al fondo Delaware Pooled Trust, residente en los Estados Unidos -US RIC-, que reclamaba la devolución de las retenciones practicadas en concepto del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) sobre dividendos derivados de sus inversiones en España, pero su doctrina es aplicable al resto de fondos de terceros países, es decir, de fuera de la UE, con la probable excepción de los que estén domiciliados en paraísos fiscales. Estas retenciones fueron de hasta un 21%, frente al 1% que se practica a los fondos españoles y de la UE.

El Alto Tribunal ha resuelto así el primer caso en el que un fondo de inversión no residente en la UE reclamaba la devolución de las retenciones practicadas en concepto de IRNR. El procedimiento lo ha llevado a cabo un equipo de EY Abogados liderado por Araceli Sáenz de Navarrete y Maximino Linares. El último varapalo a Hacienda hasta la fecha ha tenido lugar en varias sentencias del TS de 2018 y 2019 en las que los demandantes eran fondos de la UE, discriminados por la legislación española hasta 2010.

A aquellas devoluciones a fondos de la UE, que la Abogacía del Estado calculó que afectan a 18.383 expedientes con un alcance económico total de 1.053,7 millones de euros, se suman ahora con esta sentencia las que habrá que practicar a fondos de EEUU, Canadá, Suiza, China, etc. Fuentes conocedoras de estos procedimientos apuntan que son mucho más numerosos que los generados por fondos de la UE y que las cuantías que Hacienda deberá devolver podrían superar los 10.000 millones, por encima de los casos más onerosos de infracción del Derecho de la UE como el del céntimo sanitario. Tienen derecho a devolución los fondos que hayan iniciado recursos, lo que interrumpe la prescripción e, incluso, podrían tenerlo aquéllos que quedaron zanjados en vía administrativa.

Algunos de estos fondos tienen filiales residentes en España, pero lo que aquí se dirime es la tributación de las retenciones de las inversiones que ordenan divisiones de inversión de EEUU y otros países de fuera de la UE que encargan a bancos custodios que inviertan en entidades del Ibex y que figuran como no residentes. Éste sería el caso de fondos como BlackRock, establecidos en España, pero que se verá favorecido por esta sentencia en las retenciones de sus inversiones en España como no residente.

Y es que a la devolución de lo ingresado de más por parte de Hacienda y de los intereses de demora, se suma la doctrina del propio Supremo aplicada al fondo de Luxemburgo Henderson Gartmore, en la que dio la razón a la pretensión del fondo de que el devengo de intereses de demora a su favor empieza con la retención injustamente soportada, y no cuando éste, posteriormente, optó por reclamar su devolución a Hacienda, lo que supone cuantías muy elevadas.

Delaware alegó que el artículo 14.1.h) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR) vulneraba la libre circulación de capitales consagrada en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE, lo que el Alto Tribunal ha avalado. En concreto, tal vulneración se producía por la diferencia de tratamiento en la tributación de dichos dividendos respecto a las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) residentes en España, pues mientras los fondos no residentes quedaban sujetos a una retención de entre el 15% y el 21%, los fondos de inversión y otras IIC residentes tributaban al 1% conforme a la normativa del Impuesto sobre Sociedades.
(Expansión, 27-11-2019)

Las multinacionales españolas pagan en impuesto de sociedades un 12,6% de su beneficio a nivel mundial
Las 134 multinacionales españolas que cuentan con una facturación anual de más de 750 millones de euros pagaron en 2016 en todo el mundo 11.594 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, un 12,6% de su beneficio global, que alcanzó los 91.849 millones, según los datos publicados este martes por la Agencia Tributaria de acuerdo con el modelo 231 de declaración 'País por País' (CBC por sus siglas en inglés).

Tomando el criterio de devengo, y no de caja, el importe que pagaron estas empresas por el Impuesto sobre Sociedades en 2016 asciende a 14.260 millones, en este caso el 15,5% del beneficio. El ejercicio 2016 es el primer año en el que estaba vigente la obligación de información que tiene por objeto recopilar datos agregados del colectivo de multinacionales para el intercambio de información entre administraciones tributarias establecido en los acuerdos 'BEPS' ('Erosión de Bases y Traslado de Beneficios') de la OCDE.

Así, la Agencia Tributaria destaca que se trata de un análisis "pionero a nivel mundial" y ofrece de forma agregada la información de los 134 grupos españoles y sus 16.160 filiales, de ellas 5.193 con domicilio fiscal en España y 10.967 extranjeras, para mantener la exigencia de confidencialidad establecida en los propios acuerdos 'BEPS'.

El análisis elaborado afecta a grupos de matriz española que globalmente sumaron 934.408 millones de euros de facturación mundial en 2016, con unos beneficios netos globales que totalizaron 91.849 millones de euros. El impuesto pagado por estos 134 grupos sumó 11.594 millones en términos de caja (combinación de los pagos fraccionados de 2016 y la cuota diferencial de 2015). 43

Los resultados muestran, según la Agencia Tributaria, una "gran dispersión" de tipos efectivos sobre beneficios, ya que la estadística refleja que solo 43 multinacionales sumaron el 49,1% del beneficio de todo el colectivo y, sin embargo, solo representaron el 10,5% de la cuota total pagada por el conjunto de las mismas.

En detalle, entre las empresas con mayor beneficio, 27 empresas con un beneficio de 25.325 millones pagaron un tipo del 0,3% sobre beneficio y 16 con un beneficio de 19.724 millones un tipo del 5,8%, mientras que otras 22 con un beneficio de 14.045 millones abonaron un tipo del 13,1%.

Entre las empresas que abonaron un tipo superior al 25%, un total de 37 con un beneficio de 18.083 millones de euros, abonaron un tipo del 31,6% sobre el beneficio, al tiempo que otras con menor beneficio pagaron tipos más altos en proporción a las que registraron un mayor beneficio. Así, 21 empresas con un beneficio de 10.216 millones pagaron un tipo del 17,9% sobre beneficio y otras 11 con un beneficio de 4.457 millones un tipo del 22,3%.

En términos de devengo (el impuesto es la cuota líquida del ejercicio fiscal 2016, formada por la suma de los pagos fraccionados y la cuota diferencial del mismo año fiscal 2016), el Impuesto de Sociedades que pagaron estos grupos alcanzó los 14.260 millones de euros. Hacienda explica que la diferencia entre caja y devengo hace que, por ejemplo, los créditos fiscales aplicados en uno u otro concepto sean diferentes.

Teniendo en cuenta la limitación de disponer de resultados netos y no brutos, el tipo efectivo mundial de estas empresas en 2016 fue el 15,5%. No obstante, la distribución de carga fiscal entre el colectivo no es homogénea: el 36,6% de las empresas (49) acumulan el 31,4% del beneficio neto, pero solo aportan el 6,4% del impuesto mundial, con un tipo efectivo medio es del 3,1%), mientras que en el 29,9% de las empresas (40) se concentra el 54,1% del impuesto global.

Hasta ahora, la Agencia Tributaria venía publicando estadísticas basadas en los datos declarados en el Impuesto sobre Sociedades en España, que presentan los tipos efectivos a los que tributan las empresas y grupos en el país, calculando dichos tipos tanto sobre las bases imponibles del impuesto como sobre los resultados contables declarados, incluyendo estos últimos también las rentas obtenidas en el exterior y susceptibles de haber tributado en otros países.
(El País, 27-11-2019)

Laboral

Freno en los nuevos jubilados
Entre enero y noviembre de este año se han dado de alta 256.037 nuevos pensionistas de jubilación, lo que supone un descenso del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior. A falta de diciembre, en términos anuales, este descenso es el mayor de los últimos 13 años, ya que hay que remontarse a 2006 para encontrar una caída mayor en las altas de jubilación (-11,4%).

Este freno en los nuevos jubilados está ralentizando el ritmo de crecimiento del número total de pensiones. De esta forma, el 1 de noviembre pasado la Seguridad Social abonó un total de 9.784.262 pensiones a 8,6 millones de pensionistas (cerca de un millón de beneficiarios reciben dos prestaciones). Esto supuso el 1,13% más que hace un año, lo que representó el menor incremento interanual del último ejercicio, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

¿Por qué este año se han jubilado menos trabajadores? Desde el departamento que dirige Magdalena Valerio explicaban ayer que existen tres causas fundamentales. La primera de ellas es que en diciembre pasado muchos trabajadores que tenían la intención de jubilarse anticipadamente o de forma parcial en los próximos años adelantaron su retiro a finales de 2018. Esto ocurrió porque el Gobierno no decidió hasta el 28 de diciembre que prorrogaba las excepciones que permitían a algunos trabajadores jubilarse en las mejores condiciones de acceso y prestación existentes antes de la entrada en vigencia Ley 27/2011.

En principio, la ley decía que estas mejores condiciones terminaban el 1 de enero de 2019 y muchos de los jubilados que se querían acoger a ellas esperaron hasta el último minuto por ver si se prorrogaban hasta 2020 y jubilarse un año después para que los coeficientes penalizadores que recortan las pensiones de la jubilación anticipada fueran menores. Sin embargo, al ver que esta prórroga no llegaba –se aprobó tres días antes de terminar el año– decidieron jubilarse. De hecho, según los datos de Trabajo, solo en diciembre solicitaron la jubilación casi 50.000 personas el 15% del total. Este adelanto de los retiros hizo que en los primeros meses de 2019 descendieran las decisiones de jubilación respecto a los mismos periodos de años anteriores.

A esto se unió que los beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años ya no están obligados a jubilarse en el momento que cumplen la edad de jubilación anticipada. Por este motivo, una buena parte de ellos ha decidido este año seguir cobrando esta ayuda, por la que el Estado también cotiza por el desempleado a la Seguridad Social y no jubilarse. Este retraso de la jubilación en estos casos hace que el recorte de la pensión futura sea menor.

Finalmente, desde Trabajo añadieron que la estabilidad económica también ha contribuido a que haya menos jubilaciones, que aumentan en periodos de crisis o en momentos de mayor convulsión de la economía.
(Cinco Días, 27-11-2019)

El gasto en pensiones se eleva en noviembre hasta la cifra récord de 9.735 millones
La Seguridad Social destinó en el presente mes de noviembre la cifra récord de 9.735,5 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 4,8% más que en el mismo mes de 2018, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que ha destacado que el crecimiento del gasto "se ha ido moderando" desde el inicio del año. El estirón del gasto, no obstante, es menor al ritmo que se marcaba al inicio del año, con tasas superiores al 7%.

El número de pensiones avanzó en noviembre un 1,13% respecto al mismo mes de 2018, hasta 9.784.262 pensiones, nuevo récord del sistema. El Ministerio ha resaltado, no obstante, que este incremento interanual es el menor desde noviembre del año pasado. Aunque la tasa de crecimiento interanual del número de pensiones no es de las más altas dentro en la serie histórica de la última década, con ella ya se acumulan 46 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%.

La pensión media de jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.142,67 euros mensuales, un 3,3% más que en igual mes de 2018. Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) se situó en noviembre en 995,02 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,6%.

La pensión media de viudedad, por su parte, ha registrado el mayor avance interanual en valores relativos, un 5%, hasta los 714,53 euros mensuales, tras la subida de la base reguladora sobre la que se calcula esta prestación desde el 56% al 60%. El desequilibrio de la pensión media entre hombres y mujeres resulta muy patente: de 1.212,06 euros frente a 792,92, mientras que el de jubilación es de 1.317,5, frente a 865.

La brecha de la pensión media de jubilación por comunidades es muy grande (ver gráfico): mientras que en el País Vasco supera los 1.400 euros al mes, en Extremadura es menor de 947 euros. En Asturias es de 1.379 euros y en Madrid, de 1.338. En la parte baja también destacan Galicia (96 euros) Murcia (1.015 euros) y Andalucía (1.030 euros). Trabajo ha destacado que el número de afiliados por cada pensionista se situó en octubre (último dato publicado) en una proporción media de 2,3.
(Cinco Días, 27-11-2019)

El Supremo equipara a los empleados de ETT en derechos de igualdad a los de la empresa usuaria
Los trabajadores contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) tienen derecho a beneficiarse de las medidas incluidas en los planes de igualdad de las compañías usuarias. Así lo establece una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocida este martes.

Fechada el 13 de noviembre, la sentencia rechaza un recurso presentado por varias ETT -Randstad, Adecco y Crit- y Qualytel Teleservices contra un fallo de la Audiencia Nacional, que reconocía a los empleados que prestaban servicios a ésta última a través de las tres compañías de trabajo temporal su derecho a beneficiarse del plan de igualdad.

Para Qualytel, empresa con unos 6.500 trabajadores repartidos en cinco comunidades autónomas, los contratos a través de ETT representan en torno al 25 % del total, pero estos trabajadores estaban excluidos del pan de igualdad que la empresa puso en marcha en 2012.

No se puede excluir a los trabajadores contratados a través de ETT del disfrute de las medidas laborales contenidas en el plan de igualdad de la empresa usuaria que, en cambio, sí se aplicarían a los trabajadores propios de dicha empresa, aclara el Supremo.

El alto tribunal recuerda, además, que su interpretación está de acuerdo con el derecho de la Unión Europea (UE) en el que la igualdad entre mujeres y hombres constituye un principio fundamental.
(El País, 27-11-2019)

El número de trabajadores afectados por ERE se dispara un 32% hasta septiembre
El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas subió un 32% en los nueve primeros meses en comparación con el mismo periodo de 2018, hasta sumar 54.201 afectados, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En estos primeros nueve meses del año destacan los EREs de extinción puestos en marcha por Banco Santander, Caixabank y Vodafone, que en conjunto han afectado a más de 6.000 empleados, y las suspensiones de contrato en la factoría de Ford en la localidad valenciana de Almussafes.

Según Trabajo, las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo aumentaron un 0,5% entre enero y septiembre, hasta un total de 1.517, en tanto que los expedientes se redujeron un 8,3%, hasta 2.084 procedimientos.

Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos se disparó un 40,4% en tasa interanual, hasta sumar 20.403 trabajadores. Las suspensiones de contrato afectaron a 32.159 trabajadores, un 35,4% más, mientras que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 40%, hasta los 1.639 trabajadores. Del total de procedimientos registrados hasta septiembre, el 87,8% contaban con acuerdo entre las partes, según los datos del Ministerio de Trabajo.

Por sectores, industria y servicios concentraron el mayor número de afectados por ERE en los nueve primeros meses, con 31.321 y 20.690 trabajadores, respectivamente, con un repunte del 42,5% en el primer caso y del 20,2% en el caso de los servicios. La construcción, por su parte, registró 1.643 trabajadores afectados por regulaciones de empleo, un 41% más, en tanto que en la agricultura se vieron inmersos en un ERE un total de 547 trabajadores, un 17,7% menos que hasta septiembre del año pasado.

Por comunidades autónomas, la que registró un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo en el periodo enero-septiembre fue la Comunidad Valenciana, con 16.700 trabajadores implicados, cifra que multiplica por más de cuatro la del mismo periodo de 2018. Casi todos los trabajadores afectados en esta región se vieron inmersos en un ERE de suspensión de contrato (14.652). En ello han tenido mucho que ver los EREs temporales de suspensión de contratos que se han aplicado a lo largo de este año en la factoría de Ford en Almussafes.

Tras Comunidad Valenciana destacan Madrid, con 7.549 afectados (-23,4%); Cataluña, con 7.083 (+37,9%), y Galicia, con 3.619 afectados (+90,9%). El número de trabajadores afectados por ERE bajó hasta septiembre en cinco comunidades y subió en doce y en Ceuta y Melilla. Los mayores descensos se los anotaron Navarra (-79,8%) y La Rioja (-31,4%), mientras que los mayores ascensos correspondieron a Comunidad Valenciana (+334%), Cantabria (+110,3%) y Galicia (+90,9%).
(El Mundo, 27-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El BCE urge a Europa a crear su propio sistema de pagos
Tras los esfuerzos que las autoridades comunitarias han realizado en los últimos años con el fin de lograr una mayor unión bancaria y un mercado financiero más cohesionado en Europa, el Banco Central Europeo (BCE) considera que ha llegado la hora de centrarse en un área que hasta ahora ha pasado más desapercibida: el de la forma en la que se paga en la Unión. Benoît Cœuré, miembro del Consejo Ejecutivo del BCE, ha urgido hoy a la creación de un sistema de pagos paneuropeo con el fin de evitar riesgos asociados a la dependencia de sistemas creados en otros países y de mejorar la experiencia de los compradores y vendedores.

En general los europeos pueden pagar en comercios tradicionales e internet con una única tarjeta en toda Europa, pero su aceptación en los diferentes países depende de que las hayan emitido un sistema internacional, en particular Visa o Mastercard, las empresas estadounidenses que dominan en los pagos con tarjeta en Europa.

En este sentido, Cœuré reconoce que, aunque se han logrado avances a la hora de crear unos cimientos estables para este nuevo sistema de pagos, no se han traducido en resultados notables a nivel comunitario. "El sistema de pago único europeo (SEPA por sus siglas en inglés) permite que los mismos sean procesados entre diferentes países con el mismo coste, eficiencia y seguridad que las transacciones realizadas a nivel nacional", describe el miembro del Consejo.

"Sin embargo estos progresos no se han visto reflejados en los servicios de pagos para los ciudadanos ya que permanecen fragmentados sin una solución a nivel europeo para los puntos de venta físicos o en línea", remarca. En concreto, el consejero lamenta que 20 años después de la introducción del euro, todavía no haya surgido una tarjeta de pago a nivel europeo y que en 10 de los países de la Unión no se acepten las tarjetas del resto de países miembros

En su opinión, esto ha provocado un auge en el uso de tarjetas y formas de pago creadas por empresas de países no pertenecientes a la Unión Europea y con ello, la aparición de una serie de riesgos. El documento pone como ejemplo las amenazas que representan iniciativas que no han sido testadas previamente como libra, la criptomoneda impulsada por Facebook. "Las iniciativas globales de stablecoins implican riesgos relacionados con diferentes campos como la certidumbre legal, la protección a los consumidores, la estabilidad financiera y las medidas anti lavado de dinero", sentencia.

Por otro lado, la dependencia de sistemas de pagos no europeos supone estar más expuesto a ciberamenazas y a que los proveedores del servicio global no actúen necesariamente en el mejor interés de los ciudadanos europeos según Cœuré.

La respuesta tiene que venir del sector con la colaboración de distintos actores para proporcionar una solución paneuropea para los pagos minoristas, según el BCE. Cœuré ha expresado su apoyo a la iniciativa puesta en marcha por varios grandes bancos europeos para poner en marcha un sistema de este tipo.

Para llegar a buen puerto, esta iniciativa tendría que cumplir cinco requisitos fundamentales a los ojos del Consejo de Gobierno del BCE. El nuevo sistema deberá ser una forma de pago aceptada en toda Europa, que responda a las necesidades de los consumidores, que cumpla con todas las exigencias legales y de seguridad y que cuente con una estructura de gobierno europea además de vocación de expandirse globalmente.

"Lo que ahora se necesita es un fuerte compromiso de los impulsores de la nueva iniciativa y una hoja de ruta bien definida para cumplir con los objetivos fijados de tal forma que pronto podamos ver resultados tangibles", ha aseverado Cœuré.
(Expansión, 27-11-2019)

La actividad inversora de las empresas españolas ha mejorado este año
Aunque todavía permanece alrededor del 10% por debajo de los niveles previos al estallido de la crisis, según revela el informe de inversiones correspondiente a 2019 que elabora el Banco Europeo de Inversiones (BEI), a partir de la consulta a más de 12.500 firmas europeas.

El 80% de las empresas españolas realizó inversiones durante este año, un porcentaje similar al del ejercicio pasado y en línea con la media de la UE. El grado de incertidumbre que manifiestan las empresas del país sí es sin embargo superior al de la media europea y casi ocho de cada diez compañías reconocen que la inquietud sobre el futuro es un obstáculo para invertir.

Este elevado porcentaje, que coincide con un momento de bloqueo político en un año con dos elecciones generales, es en cualquier caso similar al de 2018 y se eleva al 88% en el caso de las compañías industriales. La regulación es otro de los frenos a la inversión, que cita el 74% de las compañías, seguida por el coste de la energía, que menciona el 68%.

A nivel europeo, el informe muestra que las compañías de la UE prevén un descenso de la inversión el próximo año. La actividad inversora de la UE se ha recuperado desde la última recesión, con una tasa actual cercana al 21,5% del PIB de la UE y está 0,5 puntos porcentuales por encima de la media a largo plazo.

Sin embargo, según muestra el informe, la inversión en infraestructuras se mantiene en el 1,6% del PIB de la UE, la más baja en 15 años y “las empresas se han vuelto más pesimistas con respecto al entorno político y regulatorio y prevén que el clima macroeconómico empeore”, explica el BEI. Así, por primera vez en cuatro años ha aumentado el número de empresas de la UE que tienen previsto reducir sus inversiones. “Las empresas de la UE son también más pesimistas que sus homólogas estadounidenses, lo que indica un entorno de inversión bastante frágil en el futuro”, añade el BEI.

El informe muestra además que la inversión de las empresas europeas para mitigar el cambio climático es incluso inferior a la de EE UU y China. En 2018, invirtieron 158.000 millones de euros, el 1,2% del PIB de la UE, frente al 1,3% de Estados Unidos y el 3,3% de China.
(Expansión, 27-11-2019)

Sector

Los notarios no pueden constituir una empresa para ejercer su labor
Los notarios no pueden ejercer a través de sociedades profesionales; o, dicho de otro modo, no les está permitido desempeñar la profesión en común. Así lo ha determinado una reciente resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), cuyo texto puede consultar aquí, que rechaza el recurso interpuesto por dos notarios de Leganés que pretendían inscribir la escritura de la empresa que habían constituido, Trillo & Valiente, Notarios SCP, en el Registro Mercantil.

El órgano directivo señala que es “de todo punto imposible” que la función pública que llevan a cabo los fedatarios pueda ser ejercitada bajo el paraguas de una sociedad profesional, sin perjuicio de que puedan firmar convenios o acuerdos de colaboración uniendo sus despachos “al margen de las repercusiones fiscales derivadas”.

El funcionario rechazó registrar la sociedad por ser “imposible” que desarrollase una actividad notarial. Como argumentó en su escrito, los notarios ejercen, además de una labor de asesoramiento, una función pública (dando fe de la veracidad de los hechos que reflejan), que solo pueden desarrollar de forma individual y bajo su propia responsabilidad. Esta actividad es incompatible con estas sociedades, que firman y actúan bajo su nombre. Los notarios, por su parte, rebatieron estos argumentos, criticando la actuación del registrador del que, dijeron, quizá se encontraba “abrumado por el peso de las tradicionales estructuras corporativas” y “presionado por el inmovilismo”. En su opinión, sí es posible ejercer la profesión conjuntamente porque la Ley de Sociedades Profesionales permite distinguir entre la actividad profesional (individual) y la imputación de sus resultados.

Sin embargo, la DGRN rechaza este razonamiento y confirma la calificación registral. La exigencia legal de que la sociedad sea la titular de la actividad hace incompatible que los notarios, dada su doble condición de profesionales del Derecho y funcionarios públicos, puedan ejercer a través de ellas. Como puntualiza, no se trata de una unión de despachos ni de comunicación de ganancias, fórmulas ajenas a la de la sociedad profesional.
(Cinco Días, 27-11-2019)

 
 
 
 
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