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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 28 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 28 de noviembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 28-11-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/29/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/29/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2019  

Fiscal

Lagarde alerta del riesgo de crear impuestos a la banca para sufragar su rescate
Christine Lagarde ha estrenado la presidencia del Banco Central Europeo alertando de los riesgos que puede suponer para la estabilidad del sistema financiero, la concesión de crédito y la economía, la creación de impuestos específicos a la banca concebidos para sufragar los posibles costes de su rescate. Así lo recoge una reciente valoración, de las primeras firmadas por Lagarde, en torno al efecto que podría tener la subida de un tributo eslovaco de este tipo, muy similar en espíritu al que Unidas Podemos planteaba en su programa electoral y que podría tratar de impulsar si sale adelante el Gobierno de coalición que ha pactado con el PSOE.

El impuesto eslovaco, cuyo propósito declarado es cubrir los costes derivados de resoluciones de entidades del sector, imponía a los bancos del país y a las filiales extranjeras que allí operan un gravamen especial del 0,2% sobre su pasivo en balance entre los años 2017 y 2020, que se rebajaría al 0% en 2021. De la base imponible, eso sí, debían deducirse los fondos propios de la entidad, su deuda subordinada y el valor de los recursos financieros proporcionados a largo plazo a sucursales de bancos extranjeros.

A comienzos de noviembre, sin embargo, el ministro de Finanzas eslovaco remitió al BCE un proyecto de ley que suponía incrementar la tasa al 0,4%, sin fijar límite temporal alguno, para que la medida fuera valorada por el supervisor. El Gobierno del país aspira a ingresar 130 millones de euros en 2020 con la medida.

En su análisis, el BCE establece en primer lugar que los impuestos a la banca deben cumplir un doble objetivo: hacer más equitativo el reparto de la factura de las crisis financieras entre el contribuyente y el sector, de un lado; y contener los riesgos que plantean, de otro. A partir de ahí, el escrito de Lagarde pide a Eslovaquia “una separación más clara entre la cuenta extraordinaria creada para la recaudación de esta tasa y los recursos presupuestarios” del país. “El uso de los ingresos de cualquier tributo ad hoc impuesto a los bancos para fines presupuestarios generales sería indeseable”, pues podría establecer cargas indebidas sobre el sector “obstaculizando la provisión de crédito, con un efecto negativo en el crecimiento de la economía real”, alerta, instando también a “evitar su uso” para reducir el déficit sufragando la consolidación fiscal

Más allá, el BCE reclama mayor transparencia en la aplicación práctica de los recursos obtenidos con el impuesto a los bancos a fin de “evitar duplicidades”, dado que estos ya costean un fondo de resolución y el Fondo de Garantía de Depósitos. Finalmente, el supervisor subraya que, pese a que el proyecto de ley mantiene que el objetivo de la tasa es velar por la fortaleza del sector, un incremento “podría tener consecuencias adversas involuntarias y materiales sobre la estabilidad financiera”. “Los ingresos por recaudación ya constituyen una parte significativa de las ganancias bancarias”, argumenta, por lo que un alza de la tasa “podría afectar desproporcionadamente a la rentabilidad del sistema bancario”, sometido ya a fuertes tensiones por los bajos tipos de interés.

Bajo esta premisa, el BCE teme “consecuencias negativas para la generación interna de capital” y la concesión de préstamos. El supervisor subraya además que eliminar el límite temporal de vida de este impuesto es especialmente delicado porque supondría dejar a los bancos sujetos al gravamen incluso en periodos de crisis.

Salvando las distancias, es de prever que un dictamen del BCE sobre la propuesta tributaria de Podemos no se alejase demasiado de esta valoración. El partido que lidera Pablo Iglesias incluía en su programa electoral del 10N la creación de un gravamen a la banca para “recuperar los 60.000 millones del rescate bancario”. Proponía, para ello, establecer un incremento de 10 puntos porcentuales sobre el gravamen del impuesto de sociedades aplicado a la banca, que pasaría del 30% actual al 40%. Al contrario del caso eslovaco, eso sí, Podemos limita la duración de la medida a una década, periodo en el que considera –de forma optimista– que podría recuperarse el monto público del rescate a la banca.
(Expansión, 29-11-2019)

La Agencia Tributaria lanzará en las próximas semanas su nuevo Plan Estratégico
La Agencia Tributaria (AEAT) lanzará en "las próximas semanas" su nuevo Plan Estratégico 2019-2022, según ha anunciado este jueves el director general del organismo, Jesús Gascón. Este plan pretende impulsar la "transparencia, gobernabilidad y rendición de cuentas" del organismo y se propone ir hacia un "modelo preventivo" que fomente los cumplimientos voluntarios y se apoye en indicadores plurianuales que analicen las actuaciones de la Agencia y sus efectos. En este sentido, Gascón explicó que los contribuyentes que fueron inspeccionados en 2015 tuvieron un mejor comportamiento fiscal en los tres años posteriores en comparación con el trienio anterior: declararon un 26% más.

Mientras tanto, la eficiencia de la AEAT, es decir, la diferencia entre gastos e ingresos, está por encima de la media de los países de la OCDE: por cada 100 euros gestionados por el organismo el coste administrativo es de 0,7 euros. "Se declara cada vez mejor", ha asegurado Gascón este jueves en una intervención en las Jornadas Tributarias organizadas por la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET) y la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (AEAFT).

Según los datos proporcionados por el director general de la AEAT, las magnitudes fiscales están creciendo más que las económicas: los impuestos devengados avanzaron un 5%, un porcentaje superior al crecimiento nominal del PIB, del 3%, y de la demanda, del 4%. Resultados que, según el director general de la Agencia, se explican tanto por el crecimiento sostenido de la economía como por un mejor cumplimiento fiscal. Y esto pese a los recortes sufridos durante la crisis por el organismo, que perdió 3.000 efectivos en los últimos años.

En cuanto al comportamiento de los contribuyentes, que la Agencia quiere convertir en un indicador clave para modular su actuación, los barómetros fiscales apuntan a que solo un 8% de ellos muestra propensión al fraude. El 75%, por otra parte, no se plantea incumplir con las normas tributarias y un 15% considera el fraude como una opción posible solo en determinadas circunstancias. "Estos datos tienen que orientar la Agencia, es fundamental el cumplimiento voluntario y la prevención", ha afirmado Gascón.

En este momento, la AEAT tiene 41.000 millones de euros pendientes de cobro, una parte de ellos no gestionables por estar sujetos a recursos o reclamaciones. "Los indicadores tienen que medir la conflictividad de nuestras actuaciones y el número de reclamaciones sobre el total de los actos administrativos [...]. Hay que mirar los procedimientos internos y ver cómo desahogar las reclamaciones antes de que lleguen a los tribunales", ha dicho Gascón. En cuanto a los intereses de demora que la administración abona a los contribuyentes, Gascón ha señalado que la mayoría de ellos se explican por las anulaciones en los tribunales y los retrasos en la gestión de las devoluciones.

El nuevo Plan Estratégico de la AEAT prevé la puesta en marcha de un proyecto piloto de borrador para la liquidación trimestral del IVA, similar al del IRPF para los ciudadanos. Gascón ha detallado que este plan piloto se pondrá a disposición de casi 60.000 empresas con "perfil sencillo" que estén acogidas al sistema de Suministro Inmediato de Información. Por otro lado, ha confirmado que el organismo proporcionará a los contribuyentes en 2020 datos fiscales relativos al impuesto de sociedades, como los créditos fiscales pendientes y tal y como adelantó hace unas semanas la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

Gascón ha añadido que la AEAT está muy atenta a las conversaciones que se están produciendo acerca de este tributo a nivel internacional, en referencia al debate que se está produciendo en el seno de la OCDE para reducir las lagunas fiscales que permiten a las grandes empresas reducir su factura fiscal deslocalizando de manera ficticia sus beneficios.
(El País, 29-11-2019)

Las multinacionales no tendrán que publicar sus impuestos país por país
La contabilidad de las multinacionales continuará siendo opaca. Ayer, la directiva que las habría obligado a publicar los beneficios que obtienen y los impuestos que pagan en cada uno de los estados miembros fue derrotada por la mínima. Doce países, con el irreductible Luxemburgo al frente, consiguieron bloquear la propuesta en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Fue decisiva la abstención de Alemania que, con una coalición de gobierno dividida entre unos conservadores contrarios a la transparencia y unos socialistas favorables, acabó absteniéndose y con ello, impidiendo la aprobación.

El apoyo de la mayoría de países, entre los cuales grandes economías como Francia, Italia, España y Holanda no fueron suficientes para aprobar una legislación que se arrastra desde hace tres años y que Finlandia, la presidencia de turno de la UE, supo rescatar y poner encima de la mesa, pero sin llegar a conseguir la luz verde final.

Esta transparencia fiscal de las multinacionales fue una de las medidas que se plantearon en el 2016, a raíz de los escándalos provocados por los papeles de Panamá o los Luxleaks, que revelaron los procedimientos que utilizan las multinacionales para minimizar su tributación en Europa, aprovechando los agujeros legales y escogiendo el país que mejores condiciones fiscales les ofrece.

Lo que plantea esta norma es que las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros anuales estén obligadas a hacer públicos algunos datos básicos entre los cuales se incluyen sus beneficios y los impuestos que pagan, detallados país por país. Son datos que actualmente ya tienen que facilitar a las administraciones tributarias, pero bajo condición de confidencialidad, con lo cual no llegan a la opinión pública. La medida afectaría tanto a las empresas con sede en la UE como las situadas fuera, pero con filiales en territorio comunitario. Para intentar sumar apoyos, se introdujeron algunas concesiones en la propuesta, como una salvaguarda para que las empresas que justificasen que quedarían perjudicadas por la publicación de los datos, pudieran retrasar la publicación durante un cierto tiempo.

“Los gobiernos que la bloquean tendrán que explicar a los contribuyentes por qué ellos pagan impuestos y en cambio multinacionales como Amazon o Starbucks pueden seguir operando sin pagar nada”, declaró el eurodiputado socialista Ibán García del Blanco al conocerse el veto. También el diputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, calificó de “vergonzoso” el rol jugado por Luxemburgo, y añadió que “esperamos que Alemania clarifique su posición, ya que su apoyo contribuiría a desbloquear el texto”.

En el debate de ayer, además de Luxemburgo, también se manifestaron en contra países como Irlanda o Malta, que forman parte de los sospechosos habituales cuando se trata de política fiscal, dada su tradicional reserva a ceder competencias o aplicar transparencia en este terreno. El argumento principal que plantearon es que la norma parte de una base legal equivocada, y que la que en realidad le correspondería es la normativa tributaria. La clave del asunto es que si se acepta la base legal tributaria entraría en juego la unanimidad, y con lo cual, mayor facilidad para bloquear la norma. Otro argumento también utilizado es que el tema ya se está tratando a nivel más global, concretamente en la OCDE.
(La Vanguardia, 29-11-2019)

El déficit del Estado baja a 6.303 millones y se sitúa en el 0,5% del PIB
El Estado acumuló en los diez primeros meses del año un déficit de 6.303 millones de euros, una cifra un 20,7% inferior a la del mismo periodo de 2018 y que equivale al 0,5% del PIB, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda. Esta reducción del déficit se obtiene después de que los ingresos hayan crecido más que los gastos, un 2,5% y un 1,4%, respectivamente.

En términos primarios -es decir, sin tener en cuenta el coste de los intereses de la deuda- el Estado cerró octubre con un superávit de 14.374 millones, un 5,5% superior al de estas mismas fechas de 2018 y equivalente al 1,15% del PIB.

Los ingresos por impuestos y cotizaciones ascienden a 151.742 millones de euros, de los cuales, 83.678 millones corresponden a impuestos sobre la producción y las importaciones. El IVA aumenta un 2,4% interanual, asegura Hacienda en un comunicado.

El Ministerio de Hacienda también ha difundido el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social registrado hasta septiembre, que asciende al 1,68% del PIB, excluida ayuda financiera.

Así, fue de 20.957 millones de euros hasta el tercer trimestre del año, lo que supone un 14,4% más respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra excluye el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras, de 30 millones hasta septiembre. En términos de PIB, el déficit equivale al 1,68%, por encima del 1,52% del mismo periodo de 2018.

La Administración Central registró un déficit del 0,5% del PIB, excluyendo la ayuda financiera, y se ha reducido en un 24,4% respecto al mismo periodo de 2018, por el alza de ingresos (+3,4%), superior al de gastos (+1,1%).

Asimismo, las comunidades autónomas registraron un déficit de 3.684 millones en los primeros nueve meses del año, lo que equivale al 0,29% del PIB, frente al superávit del 0,13% del PIB del mismo periodo del ejercicio pasado. Cuatro comunidades autónomas presentaron superávit (Baleares, Canarias, Navarra y País Vasco).

De su lado, los fondos de la Seguridad Social presentaron un déficit de 6.690 millones de euros, con un aumento del 5,8% de los recursos (alza del 8% de cotizaciones), frente al 6,2% de los gastos. El sistema de la Seguridad Social registró un déficit de 8.548 millones (0,68% del PIB).
(El Mundo, 29-11-2019)

Laboral

El TS declara improcedente un despido tras 242 contratos de interinidad
La sala de lo social del Tribunal Supremo ha declarado improcedente el despido de una trabajadora que, en ocho años, firmó 242 contratos de interinidad por sustitución, como limpiadora en el Hospital Clínic de Barcelona, para cubrir vacaciones, descansos y permisos de otros empleados de la empresa.

El tribunal ha condenado a que readmita a la empleada, con abono de los salarios de tramitación, o a que le pague una indemnización de 11.088 euros, al considerar que, en este caso, ni era válida la causa consignada en el contrato ni concurren las circunstancias que habrían permitido validar una modalidad contractual distinta, como la del contrato eventual.

La sala ha estimado el recurso de casación interpuesto por la trabajadora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que sostuvo que era ajustada a Derecho la utilización del contrato de interinidad para cubrir supuestos de vacaciones, descansos o permisos. La sentencia de instancia, dictada por el juzgado de lo social nº 11 de Barcelona, también desestimó la demanda de la empleada y concluyó que, pese al gran número de contratos, todos estaban justificados debidamente, por lo que no había fraude de ley en la contratación.

La trabajadora firmó contratos de interinidad por sustitución como limpiadora del Hospital Clínic de Barcelona desde diciembre de 2007 hasta enero de 2011, momento en el que empezó a cobrar el desempleo. En marzo de ese mismo año volvió a trabajar para la misma empresa con la misma modalidad contractual. En total firmó 242 contratos, siempre con la misma categoría de limpiadora, en los que se indicaba el nombre de la persona a la que sustituía y la causa: asuntos propios, días de convenio, recuperación horaria, incapacidad temporal vacaciones, fiesta optativa de convenio, ausencia, permiso sindical, enfermedad familiar o boda familiar. El 8 de mayo de 2015, la empresa le notificó la extinción del contrato, explica una nota de prensa del tribunal.

De acuerdo con su jurisprudencia, la sala rechaza que la cobertura de las vacaciones pueda realizarse por la vía del contrato de interinidad por sustitución. Ese contrato -explica el tribunal- se define como aquel contrato de duración determinada que tiene por objeto sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, dependiendo su duración de la reincorporación del sustituido por finalizar el periodo de ejercicio de dicho derecho.

La sala afirma además que dicha definición "no permite la inclusión de otras circunstancias en las que no exista obligación de prestar servicios que difieran de aquellas en las que se produce el denominado derecho de reserva del puesto de trabajo". Añade que "la ausencia por vacaciones no es una situación de suspensión del contrato de trabajo con derecho a reserva de plaza, sino una mera interrupción ordinaria de la prestación de servicios que no genera vacante reservada propiamente dicha".

El tribunal indica por otro lado que la empresa es "plenamente conocedora de que la plantilla con la que cuenta disfruta de vacaciones y descansos con la regularidad propia de tales situaciones y, por consiguiente, la respuesta al volumen de actividad habitual debe contemplar las horas de efectiva prestación".

El fallo, por último, agrega que no puede olvidarse que en nuestro ordenamiento jurídico "el contrato indefinido constituye la regla general de la que se apartan los supuestos tasados y específicamente diseñados por el legislador, caracterizados todos ellos por la nota de causalidad".

En este punto, según el escrito, "el contrato de interinidad obedece a la circunstancia extraordinaria en que pueda incurrir la plantilla de la empresa al no concurrir una causa de suspensión del contrato. Nada de extraordinario resulta el disfrute de los periodos de descanso y vacaciones, a los que tienen derecho todos los trabajadores de la empresa".
(Cinco Días, 29-11-2019)

La gran distribución creará 25.000 empleos en Navidad
Las empresas de la gran distribución, entre las que figuran El Corte Inglés, Carrefour, Eroski, Ikea o Media Markt, crearán 25.000 empleos para reforzar sus plantillas de cara a la campaña de Navidad. En concreto, la llegada de la campaña navideña ha vuelto a adelantarse a noviembre coincidiendo con el 'Black Friday' y con el adelanto de las compras durante el 'puente de la Constitución' del mes de diciembre.

De esta forma, la gran distribución creará 25.000 nuevos empleos, según ha avanzado el director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Javier Millán-Astray, que ha precisado, que esta previsión se "mantiene en línea" con los datos del pasado año.

Adecco ha estimado que durante la campaña de Navidad se crearán este año 1,14 millones de contratos, lo que supone un 7,3% más respecto a 2018, a pesar de la incertidumbre política y económica, siendo los sectores más beneficiados los relacionados con el gran consumo (belleza, sector del lujo, dispositivos electrónicos, juguetería, perfumería y cosmética), los perfiles centrados en la atención al cliente, así como los de distribución, 'retail' y logística, entre otros.

De esta forma, El Corte Inglés anunció que incorporará en este periodo a más de 9.000 personas para la campaña de Navidad, que cubrirán puestos relacionados con la venta y atención al cliente, mientras que Toys 'R' Us, otro de los asociados de Anged, reforzará su plantilla con 1.500 personas para atender la demanda de juguetes durante los próximos meses.

Por su parte, Auchan Retail España estimaba incorporar a 1.185 personas en estas fechas para reforzar puestos de reposición, venta y cajas durante la campaña de Navidad en sus hipermercados y supermercados Alcampo.
(Expansión, 29-11-2019)

El Gobierno no subirá el sueldo a los funcionarios mientras esté en funciones
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Luis Planas, ha asegurado hoy que el Gobierno mantiene su compromiso de subir el salario a los empleados públicos un 2% en 2020, si bien ha explicado que la subida no podrá realizarse mientras el Ejecutivo esté en funciones. Por ello, todo apunta a que este incremento no se producirá en enero, pero sí después, cuando el Gobierno deje de estar en funciones, y se hará "de forma retroactiva" con efectos para todo el ejercicio.

En declaraciones a los medios antes de inaugurar una jornada de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), el ministro ha indicado que "desde el punto de vista legal, un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo ese aumento, que en todo
caso será devengado con fecha 1 de enero", aunque tenga que ser "con efecto retroactivo", precisó.

"Nos encontramos en un periodo de Gobierno en funciones", ha recordado Planas, quien ha confiado en que "tengamos pronto" un Ejecutivo investido que tenga "plena capacidad", ya que el alza salarial requiere de un decreto Ley, una figura normativa que plantea dificultades para su aprobación
en la actualidad.

No obstante, no ha descartado la posibilidad de que haya un Ejecutivo en 2019. De haberlo "antes de fin de año", se podría adoptar la subida salarial para los funcionarios, ha dicho. "Pero hay que tener muy en cuenta las circunstancias en las que no encontramos", ya que, aunque el Presupuesto prorrogado "no plantea problemas, sí lo relativo al Gobierno en funciones, según nos han informado los servicios jurídicos", ha insistido.

Asimismo, el ministro ha asegurado que durante el mes de diciembre se convocarán las comisiones de Igualdad y de Seguimiento de los acuerdos de empleo público, tal y como se comprometió ayer con los sindicatos.

Precisamente hoy, el sindicato de funcionarios CSIF está protagonizando movilizaciones de empleados públicos frente a las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno en toda España para "exigir" al Gobierno que garantice la subida salarial pactada de un 2% para los más de 2,5 millones de empleados públicos a partir del 1 de enero de 2020.
(El País, 29-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Gobierno ve consenso político para las reformas económicas
Desde Economía ven preciso aprovechar las actuales tasas de PIB para emprender reformas económicas que prolonguen el ciclo alcista sin descuidar la cohesión social y mientras se trabaja en la reducción del déficit y la deuda pública.

Para ello, el actual Ejecutivo en funciones aspira a poner en valor el trabajo realizado durante este año y medio y utilizar las iniciativas ya avanzadas en su hoja de ruta a seguir en política económica, la denominada Agenda del Cambio.

Economía ha realizado así un primer seguimiento de los avances obtenidos en este tiempo en materia de la Agenda del Cambio, vertebrados en varios ejes: la reformulación del sistema fiscal para adecuarlo al siglo XXI, la mejora de la educación, la transición ecológica, la reforma del mercado laboral en busca de mayor eficiencia, la reducción de las desigualdades y la protección del Estado del bienestar, la búsqueda de una Administración más eficiente y el impulso a la ciencia y las nuevas tecnologías.

En este primer análisis, presentado el pasado mes de septiembre en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ya con el Gobierno en funciones, se constata que el Ejecutivo ha puesto en marcha casi un centenar de medidas (97), que se concretan en proyectos y anteproyectos de ley, planes estratégicos, planes nacionales, etc. Un análisis que prevé realizar cada seis meses.

Algunas de ellas, como las nuevas figuras fiscales planteadas por el Ejecutivo –tasa Tobin y tasa a las tecnológicas– decayeron con la convocatoria de comicios del pasado 28 de abril, así como la subida del tipo marginal del IRPF para las rentas altas y las modificaciones en Sociedades incluidas dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos que fue tumbado en el Congreso.

Otras de las iniciativas formaron parte de los denominados viernes sociales, como la ampliación progresiva del permiso de paternidad; la rebaja de 55 a 52 años para el acceso a la prestación para mayores desempleados; la reforma que regula los contratos de alquiler, o el plan de lucha contra el fraude en la contratación, a las que se suma la trasposición de 14 directivas europeas a la legislación española, sobre las que pesaba la amenaza de sanción, como es el caso de la hipotecaria. Previamente se aplicaron otras iniciativas como la subida del salario mínimo interprofesional o el incremento de las pensiones para este año.

Más allá, fuentes de Economía ponen en el punto de mira reformas que quedaron pendientes en este año y medio, como la de las pensiones, la modificación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, la ley para hacer frente al cambio climático o la reforma educativa. En materia laboral, el documento insiste en la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que responda al elevado desempleo estructural y a la persistente segmentación y precariedad, si bien no hace ninguna referencia a elementos que destacó con la puesta en marcha de la Agenda del Cambio como la aplicación de la mochila austriaca desde 2020 –que el Gobierno aspira a aplicar– o la limitación del número de contratos a solo tres tipos, que figuraban entre las aspiraciones iniciales presentadas en febrero.

Además, prevén adoptar medidas concretas en línea con las recomendaciones realizadas esta primavera por la Airef sobre diversas como las políticas de empleo o las ayudas a la industria.
(Cinco Días, 29-11-2019)

España lidera la mejora de la confianza económica de la eurozona
La confianza económica de la zona euro ha aumentado medio punto en noviembre, hasta los 101,3 puntos, desde los 100,8 puntos registrados en octubre, según el Indicador de Sentimiento Económico (ESI) elaborado por la Comisión Europea, que sitúa a España y Francia como las grandes economías donde el dato subió con mayor intensidad.

El incremento de la confianza de la zona euro responde a la leve mejoría registrada entre los consumidores y el comercio minorista ante el comienzo de la campaña navideña, mientras que el dato se mantuvo prácticamente sin cambios en la industria y los servicios. Por contra, registró un sensible deterioro en el sector de la construcción.

Entre las principales economías de la eurozona, España y Francia mostraron el mayor incremento del optimismo económico, con avances de 0,7 puntos, mientras que en Alemania la confianza mejoró en cuatro décimas y se mantuvo casi sin cambios en Italia, con un retroceso de 0,1 puntos, mientras que cayó un punto en Países Bajos.

En concreto, el indicador de confianza económica de España ha subido a 101,9 puntos desde los 101,2 del mes anterior, con subidas en la industria y los servicios. Por su parte, en el conjunto de la UE la mejora de la confianza en noviembre ha sido incluso más acusada que en la zona euro, hasta los 100 puntos desde los 99,1 de octubre, gracias al mayor optimismo observado en Reino Unido (+1,1 puntos) y Polonia (+0,7 puntos).

En cuanto al clima de negocios en la zona euro, el indicador elaborado por la Comisión Europea se ha mantenido prácticamente estable en noviembre en -0,23 puntos, lo que implica una bajada mensual de apenas 0,03 puntos.
(Expansión, 29-11-2019)

El IPC aumenta a una tasa del 0,4% en noviembre por los carburantes y los alimentos
Los pecios aceleran su crecimiento y el IPC ha marcado una tasa del 0,4% en noviembre, tres décimas más del nivel que registró en octubre. Así lo ha hecho hoy público el Instituto Nacional de Estadística, en su indicador adelantado. El organismo ha destacado la estabilidad de los carburantes y los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a los descensos registrados en 2018.

En cuanto a la evolución intermensual, los precios de consumo se han incrementado un 0,2% en noviembre respecto a octubre. En los últimos meses la moderación de los precios ha sido la tónica habitual. En abril, el IPC interanual se situó en el 1,5% y desde entonces, salvo en julio, no ha parado de menguar hasta septiembre, cuando registró un 0,1%, un nivel que se mantuvo estable el mes pasado. Era el punto más bajo de la inflación desde agosto de 2016.

Por su parte, la variación anual del indicador adelantado del IPCA (que se utiliza para comparar los precios con otros países de Europa) se ha situado en noviembre en el 0,5%. Si este dato se confirma, la tasa anual del IPCA aumentaría tres décimas respecto al mes anterior. El INE dará a conocer los datos revisados el próximo 13 de diciembre.
(La Vanguardia, 29-11-2019)

 
 
 
 
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