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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 30 DE NOVEMBRE AL 2 DE DESEMBRE DE 2019 Fiscal Método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para 2020 Mercantil, Civil i Administratiu Normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros Metodologías que regulan el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad y la gestión de la operación del sistema Euro Contable Normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/02/ https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/
Fiscal Ocho de cada diez están en contra de bajar los impuestos si a la vez se reducen los servicios públicos Atendiendo al nivel de estudios, el porcentaje de los que están en contra se incrementa a medida que lo hace el nivel de estudios, mientras que la proporción de los partidarios de que bajen se eleva a medida que desciende ese nivel. Así, entre quienes tienen estudios primarios, el 80,4% se manifiestan a favor de la bajada de impuestos, frente a un 66% de quienes tienen estudios universitarios. Según el nivel económico, entre los miembros de hogares con ingresos más bajos (de hasta 750 euros mensuales), los partidarios de la bajada de impuestos representan el 89,2%, mientras que en hogares con ingresos superiores (por encima de los 2.000 euros), quienes están a favor de rebajar los tributos son el 67,2%. Con carácter general, ocho de cada diez (el 82,5%) se manifiestan en contra de la bajada de impuestos si a la vez se recortan los servicios públicos o se implantan otros, siendo este porcentaje superior más de 12 puntos al que se registraba hace cinco años. En cambio, el 13,3% se manifiestan de acuerdo con esta premisa. En este caso y de acuerdo con el nivel de estudios, entre los que tienen estudios primarios el 17,3% están de acuerdo con bajar impuestos, aunque se recorten servicios públicos, porcentaje que se reduce hasta el 12,7% cuando los consultados poseen estudios universitarios. En cuanto al nivel de ingresos, el 17,7% de los hogares con ingresos mensuales de entre 750 y 1.250 euros está a favor de rebajar impuestos aun sacrificando servicios sociales, mientras que sólo el 12,9% de las familias con rentas superiores a 2.000 euros mensuales está de acuerdo. En la tesitura de tener que elegir entre bajada de impuestos o la eliminación de recortes en los servicios públicos, más de la mitad de los ciudadanos españoles (58,2%) se inclinan por acabar con los recortes, 12 puntos más que hace cinco años, en tanto que uno de cada tres (33,9%) prefieren la rebaja fiscal. También son evidentes en este punto las diferencias según el nivel de estudios. Así, mientras que el 38,5% de los que tienen estudios primarios optan por la bajada de impuestos, solo el 28% de los que tienen formación universitaria eligen esta opción frente a no recortar los servicios públicos. Asimismo, también aquí hay diferencias respecto a la situación económica. Los hogares con ingresos superiores a los 2.000 euros mensuales prefieren mayoritariamente la eliminación de los recortes (el 68%), porcentaje significativamente superior al de quienes opinan esto (42,8%) en las familias con rentas de hasta 750 euros mensuales. Simple Lógica precisa que la muestra de la encuesta, realizada en España a ciudadanos mayores de 18 años, alcanza las 1.907 personas, y la selección de los hogares se ha realizado de manera aleatoria y según cuotas de sexo y edad. El trabajo de campo se realizó entre los días 4 y 15 de noviembre de este año. Gestha propone gravar las emisiones contaminantes para recaudar más de 10.000 millones al año Con esta propuesta el sindicato estima que se compensaría un déficit superior a los 6.000 millones de euros que sufre en la imposición medioambiental respecto a la media europea. En concreto, los técnicos sugieren una batería de medidas en la fiscalidad medioambiental europea para lograr emisiones netas cero de dióxido de carbono para 2050, tal y como se han comprometido hasta el momento 65 países, entre ellos España, con el objetivo de activar planes dentro de una Alianza por la Acción Climática. El impuesto que plantea Gestha gravaría las actividades económicas y productos que en su proceso o uso emitan dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), clorofluorocarbonos (CFC) y ozono troposférico (O3). Los técnicos aclaran que otros gases de efecto invernadero como el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC) están gravados en España por el Impuesto sobre gases fluorados, que apenas recaudó 91 millones de euros en España el pasado año, por lo que los recomiendan unificarlos en el nuevo tributo. Sin embargo, el impuesto no afectaría a las empresas incluidas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE) para evitar la doble imposición, ni a los fabricantes de los turismos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos. Por ello, señala que las personas y las entidades jurídicas que exploten las instalaciones en las que se desarrollen las restantes actividades quedarán gravadas con el nuevo impuesto a través de dos factores de imposición sobre los carburantes y los combustibles. Uno estaría ligado a la emisión de gases de efecto invernadero para reducir la contaminación (en kilogramos o tonelada de cada uno de los gases), y otro ligado al contenido energético (en gigajulios) para reducir el consumo energético con independencia del producto energético utilizado. Asimismo, explican que este impuesto sería de naturaleza estatal, aunque podría negociarse con las comunidades autónomas la cesión de parte de su recaudación, mientras que a nivel de la Unión Europea proyectan una reformulación de los impuestos especiales. En el Impuesto especial sobre Hidrocarburos proponen modificar la directiva comunitaria por la que se reestructura el régimen de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. También defiende Gestha una equiparación de la tributación que soportan el diésel y la gasolina, en línea con el informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español de 2014. A pesar de que el diésel es un combustible "mucho más contaminante", Gestha denuncia que su gravamen es entre un 23 y un 29% inferior al de la gasolina. En este sentido, recuerda que en los fallidos Presupuestos para 2019, el Gobierno calculaba que reduciendo la bonificación del impuesto especial sobre el gasóleo podrían ingresarse 670 millones de euros. Por otra parte, los técnicos suprimirían el Impuesto Especial sobre el carbón para integrarlo en el nuevo tributo, puesto que España solo recaudó 255 millones en 2018 debido a las amplias exenciones, y sobre el Impuesto Especial sobre la Electricidad calcularían la base imponible con el número de kilovatios-hora consumidos para incentivar la eficiencia y el ahorro energético. La Airef insta al Gobierno a reformar la financiación autonómica Antes de participar en las jornadas de S’Agaró, que organizan la Fundació Internacional Olof Palme, la Cámara de Comercio de España y La Vanguardia, la ministra señaló la modernización de la industria del automóvil como uno de los retos de la agenda del futuro gobierno. Y preguntada sobre el futuro de la planta Nissan de Zona Franca, señaló que el Gobierno de España trabaja junto con la dirección de la planta de Nissan y los sindicatos en un proyecto industrial para que la fábrica pueda albergar un nuevo modelo que dé continuidad a la factoría para que siga siendo un foco “de riqueza y empleo”. Cuestionada sobre si teme la venta de la planta, Maroto indicó que no se está trabajando en ese escenario. “Nissan es una marca que confía en España y lo ha demostrado”, explicó. En una mesa redonda moderada por el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, el consejero ejecutivo de BBVA José Manuel González-Páramo explicó que la economía mundial se está desacelerando “más rápido de lo esperado”, ya que se ha pasado de unas previsiones de crecimiento para este año del 3,8%, al 3,3% hace sólo tres meses y al 3,2% en la actualidad. Sin embargo, González-Páramo dijo que esta desaceleración “se está estabilizando” y el concepto recesión aún “no está en un escenario central a nivel global”. Una desaceleración que atribuyó entre otras causas a la guerra comercial entre Estados Unidos y China que “genera incertidumbre porque no sabemos cuándo se estabilizará la situación” y que repercute en una pérdida de dinamismo en las exportaciones del sector industrial y se filtra también al sector servicios. A esa guerra comercial se refirió también el economista Alfredo Pastor, que instó a las empresas a “adaptarse” y “buscar oportunidades” que surjan en ese escenario. “Habrá una retracción en la globalización que puede ser transitoria, la consigna es la adaptación a la guerra comercial”. Pastor también puso énfasis en la revolución digital, muy avanzada en el campo de la industria y menos en el sector servicios. Pastor instó a no “hacer una revolución digital a lo bruto” ya que de ser así dijo que “hay muchas opciones de dejar gente en la cuneta”. Otro reto, en este caso para la banca, es el que planteó ayer la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, quien aseguró que se enfrenta al objetivo de “recuperar la reputación y su imagen frente a la sociedad”. Delgado recordó los “excesos” de la banca de hace una década que llevaron a la reducción de un 30% en la cifra de oficinas, un 40% en el número de empleados y un descenso de 90.000 empleados y pidió no rebajar los estándares de concesión de crédito. En este sentido pidió que no deben repetirse algunos comportamientos del pasado como la relajación en las condiciones de concesión del crédito. Laboral El informe de la vida laboral incluye ahora el convenio de referencia La Tesorería General de la Seguridad Social ha enviado hasta la fecha más de dos millones de cartas y cerca de seis millones de SMS con información sobre las relaciones laborales del trabajador actualizadas a la fecha de extracción del informe. Además, este año, como novedad, la notificación informará sobre el convenio colectivo de referencia del trabajador. Los distintos Gobiernos han facilitado esta información anualmente entre 2011 y 2017, pero el pasado año no envió las notificaciones por lo que en la que recibirán los afiliados ahora están los datos de los dos últimos ejercicios, según ha precisado hoy el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Entre los datos que también recibirán están las situaciones de pluriempleo y pluriactividad, coeficiente a tiempo parcial. Mientras que A los trabajadores con 60 o más años se les ha ampliado la información de las bases de cotización a los últimos 21 años, ya que en la actualidad son los años que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de la pensión pública y ésta estará ligada a lo cotizado durante ese periodo. Otra novedad es que junto al informe con datos de la situación actual del trabajador se incorpora un segundo informe, con el título "Información de interés de su cotización en el año 2018". Lo recibirán todos los trabajadores que hayan estado dados de alta en el año 2018 por empresas que hayan efectuado las liquidaciones de cuotas mediante el Sistema de Liquidación Directa. En este segundo informe se detallará la base de cotización por contingencias comunes acumulada anual y gráfico evolutivo de las bases mensuales decotización de 2018; el importe calculado acumulado de las cuotas de 2018; las relaciones laborales mantenidas en 2018 como empleador de hogar; situaciones de incapacidad temporal y de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia en 2018; altas anuladas si las hubiera, y situación sobre el ingreso de cuotas de la Seguridad Social en los casos en que el trabajador es el responsable del ingreso. Los informes se enviarán en papel al domicilio del trabajador si no consta en la base de datos de la Seguridad Social su teléfono móvil, situación en la que se encuentran 6,5 millones de trabajadores, en torno al 30% del total. Aquellos que sí han aportado su número de teléfono, 16,1 millones, recibirán un mensaje por SMS informándoles de que lo tienen disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social dentro del servicio "Comunicación de Vida Laboral y Bases de Cotización a los trabajadores", del apartado Ciudadanos/Informes. Desde la Seguridad Social recomiendan que los trabajadores comprueben si los datos de su vida laboral responden efectivamente con lo cotizado en sus carreras laborales, porque de ello dependerá la cuantía de las prestaciones que reciban en un futuro, y no solo la pensión de jubilación sino otras como maternidad o paternidad. El Tribunal Superior de Madrid zanja que los repartidores son asalariados La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por 17 magistrados, ha condenado a GlovoAPP23, S.A., tras declarar "la naturaleza laboral ordinaria o común" de un `rider que supuestamente trabajaba como autónomo para la empresa siendo en realidad un trabajador "económicamente dependiente de la firma. La Sección Primera de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid estima parcialmente el recurso de un repartidor y revoca la resolución del juzgado de lo Social que estableció que la relación que mantenía con la empresa Glovo era la de trabajador autónomo. El fallo establece que el nexo contractual que vinculó a los litigantes tiene naturaleza jurídica laboral ordinaria o común. Establecida que la relación laboral no es de autónomo, los magistrados declaran improcedente el despido del repartidor y condenan a Glovo a readmitir inmediatamente al demandante en su puesto de trabajo en las condiciones que regían antes del despido, más con sujeción a contrato de trabajo ordinario, o bien a despedirle con una indemnización de 2.416,70 euros. Glovo despidió al repartidor en marzo de 2018 acogiéndose a la cláusula séptima del contrato, por no estar disponible para la prestación de servicios de mensajero. En esa fecha, el trabajador estaba de baja por las lesiones sufridas en un accidente de circulación de su moto ocurrido en noviembre de 2017 cuando hacía un recorrido por Madrid atendiendo un pedido. Su situación de baja se mantuvo hasta el 4 de abril de 2018. La empresa se limitó a mandarle un mensaje a su móvil cuando estaba internado en el Hospital La Paz de Madrid anunciándole el fin del contrato. El TSJ de Madrid revisa y revoca la sentencia del Juzgado Social número 17 de Madrid que declaró que la naturaleza jurídica de la relación entre los mensajeros y Glovo era de trabajador autónomo económicamente dependiente, es decir, aquel que factura al menos el 75% a un solo cliente, y estableció la indemnización de un día de retribución por la extinción de su contrato. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó convocar el pleno de la Sala Social ante la perspectiva de tener que decidir sobre varios recursos más sobre la relación laboral de Glovo y sus repartidores y llegar así a "un criterio uniforme" del tribunal en aras a la necesaria seguridad jurídica". La sentencia se notificó a las partes. Mercantil, Civil i Administratiu El Supremo decidirá sobre la independencia de las auditoras Esta decisión del Supremo está incluida en un auto, en el que el alto tribunal ha admitido un recurso de casación interpuesto por Deloitte en relación con una multa recibida por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en 2017 por la auditoría de las cuentas de Santander. La Ley de Auditoría contempla dos mecanismos para garantizar esa independencia. Por un lado, las prohibiciones (trabajos que quedan vetados) y que aparecen claramente especificados en la normativa. Por otro lado, están las amenazas (riesgos que las auditoras deben identificar y documentar para eliminar o mitigar, como los procedentes de conflictos de intereses, ya sean laborales, comerciales o familiares). Según fuentes jurídicas, no existen criterios específicos para definir estas amenazas, por lo que muchas veces están ligadas a apreciaciones subjetivas. En el caso que revisa el Supremo, el ICAC, organismo dependiente del Ministerio de Economía, achacaba dos infracciones graves a Deloitte en las auditorías realizadas sobre las cuentas anuales del grupo Banco Santander y de Banco Santander relativas al ejercicio 2011. La primera de ellas se refería, precisamente, a la “desproporción” en los honorarios percibidos por Deloitte en concepto de trabajos no relacionados con los servicios de auditoría respecto de los de auditoría, lo que según el ICAC podría afectar a la independencia de la firma en la realización de su trabajo estrictamente auditor. La imputación que hacía el ICAC consistía en no haber recogido en los papeles de trabajo “las salvaguardas necesarias para detectar y evaluar las amenazas a la independencia que procedían”. La segunda infracción hacía referencia a determinados trabajos de consultoría prestados a Santander “que podrían suponer una autorrevisión en la posterior labor de auditoría” y por la participación en ellos de la socia Carmen Barrasa Ruiz, que posteriormente también participó en las labores de auditoría. La multa fue recurrida por Deloitte a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que confirmó la sanción. No obstante, en la sentencia se reflejó un voto particular que correspondía al ponente del tribunal (el magistrado que analiza las pruebas presentadas). El voto particular señalaba que “en las fechas de autos no existía una prevención normativa que contemplara la proporción entre honorarios como amenaza a la independencia”. Igualmente, añadía que “el carácter limitado de los servicios de consultoría de referencia y de la actividad de Carmen Barrasa Ruiz invita a pensar que las salvaguardas en los papeles de trabajo son suficientes”, por lo que, en su opinión “debió estimarse el recurso contencioso y anularse las sanciones litigiosas”. La apertura de la cumbre del clima reúne en Madrid a 50 jefes de Estado Asisten también hoy a la inauguración de la cumbre los responsables de las principales instituciones europeas (Comisión, Consejo Europeo y Parlamento) y los presidentes o primeros ministros de numerosos países africanos y asiáticos. Antes de la apertura oficial, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y con el secretario general de la ONU, António Guterres, y por la tarde lo hará con los responsables de los Gobiernos de América Latina. Sánchez ofrecerá además un almuerzo "ecológico" a los jefes de Estado y de Gobierno -elaborado por los propietarios del restaurante "El Celler de Can Roca"- y la agenda oficial se completará por la tarde con la recepción que ofrecen los Reyes en el Palacio Real. Las financieras piden a Economía un mayor control de las firmas de créditos 'rápidos' La patronal de las financieras teme que la futura normativa "empuje" al consumidor hacia firmas no reguladas, con el consiguiente menoscabo para su protección, salvo que se cambie el redactado del borrador de la norma, y por eso ha reclamado al Tesoro que se exija la "reserva de actividad" a las compañías que ejercen la financiación de manera profesional. En la práctica, se trataría de importar a España una regulación ya vigente en los grandes países europeos como Alemania, Francia, Portugal, Italia, Bélgica o Reino Unido. "España es la única excepción entre las grandes economías que no la tienen", explican fuentes de la patronal. Esa regulación podría a las firmas de micropréstamos, que a menudo aplican TAEs superiores al 1.000%, bajo la vigilancia del Banco de España, ya que tendrían que solicitar su permiso para operar. Actualmente se rigen por la ley de Consumo y su supervisión descansa en las Comunidades Autónomas, algo que les obliga a cumplir con requisitos de transparencia, pero sin ser tan garantista como la protección regulada para clientes de entidades de crédito y financieras. Se trata de una vieja demanda de las financieras aglutinadas en Asnef, que representa tanto a las filiales financieras de los bancos, como las de los grandes comercios de distribución como El Corte Inglés, Carrefour o DIA o de fabricantes de automóviles, así como a especialistas de crédito al consumo como Cetelem. La han vuelto a exigir ante la "limitación" que augura que traerá la normativa sobre el crédito 'revolving' para las entidades financieras, con el riesgo de abocar a los clientes a buscar a proveedores no regulados. Como también han alertado los bancos a Economía, la preocupación la ha creado el Proyecto de Orden Ministerial sobre 'transparencia y protección del cliente de servicios bancarios' porque establecer que "el importe máximo anual de las cuotas a pagar por el endeudamiento total del cliente -hipotecas, préstamos para el coche, la tarjeta, etc.- tomará como referencia el (40%) de los ingresos netos anuales del cliente". "Se va a restringir el crédito 'revolving' si sale la normativa tal y como está, y lo que va a hacer es empujar a quien quiera financiación a dirigirse a entidades que no están reguladas ni supervisadas" como las entidades financieras, insisten desde Asnef. La patronal de los establecimientos financieros de crédito, al igual que los bancos consultados, comparten el fin buscado por el regulador de promover un crédito responsable y evitar el sobreendeudamiento de las familias. Ambos han solicitado al Tesoro que permita a las entidades aplicar sus sistemas de control de riesgo sin fijar esas limitaciones como realizan con otros créditos, recordando que no se han fijado umbrales así ni siquiera en la reciente reforma hipotecaria. En la industria advierten que los umbrales fijados pasarán factura no solo a la financiación, si no que pueden acabar perjudicando también las ventas de artículos que suelen adquirirse a plazos con financiación como son los electrodomésticos o la venta y reparación de vehículos. "No se está produciendo una desaceleración clara de la economía" en el último trimestre El organismo anticipó que el PIB "podría crecer al 0,4%" en el cuarto trimestre del año, repitiendo la progresión contabilizada en el anterior, e infirió que podría ser ese su desempeño. En conjunto, los indicadores de la economía española están "posiblemente creciendo a ritmos no muy distintos a los del tercer trimestre", concedió, aunque pidió prudencia porque aún no ha concluido el trimestre y faltan indicadores por conocer. En materia de empleo los datos de la Central de Balances reflejan que la creación de nuevos puestos de trabajo por parte de las compañías se ha desacelerado, pero aún avanza en positivo. Al ser cuestionado sobre si su evolución preocupa al Banco de España, Arce apuntó que, pese a que los datos de agosto reflejaron una "clara desaceleración" porque se redujo a la mitad la progresión, el conjunto del primer semestre fue "relativamente bueno" y los datos de afiliación en octubre "nos sorprendió al alza". "Con lo cual, ese deterioro que se había evidenciado durante el verano parece que se había suavizado, sobre todo, con los datos de octubre", resumió. Sector La justicia flexibiliza la obligación del contribuyente de recurrir por vía digital La ley 39/2015 reforzó la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración a las personas jurídicas; entidades sin personalidad jurídica; los profesionales liberales, incluyendo a notarios y registradores de la propiedad; los representantes de cualquiera de estos grupos; los empleados públicos; y ciertas personas físicas o colectivos a los que se les exija específicamente. A partir de ahí, el artículo 68.4 de la norma establece que, si alguno de ellos “presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica”. Acto seguido la regulación advierte de que “se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación” por vía electrónica, no aquella en la que se realizó el trámite presencial en un primer momento. Este ha sido el motivo del litigio analizado por el alto tribunal castellanoleonés. Sus magistrados abordaron concretamente el pulso entre la Junta de dicha región y una empresa privada a cuenta del deslinde de los terrenos de un monte en el que la Administración incluyó “indebidamente”, sostiene la compañía, una finca rústica de su propiedad, como demostraría la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Ante su desacuerdo con la decisión oficial, la empresa presentó un recurso presencial el 9 de noviembre de 2017, el último día en que podía hacerlo. El día 23 de aquel mes, la Junta le advirtió de que su escrito debía presentarse telemáticamente, para lo que tenía 10 días de plazo. Aunque la empresa así lo hizo, el 1 de diciembre, la Administración concluyó que al ser esa última fecha la que se debe tomar como referencia de presentación del recurso este llegaba 21 días fuera del plazo legal para interponerlo. La empresa decidió entonces recurrir judicialmente la decisión y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le ha acabado dando la razón. |
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