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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 5 DE DESEMBRE DE 2019

Laboral

VIII Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VIII Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas.
(BOE, 05-12-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 21 de noviembre de 2019
Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 21 de noviembre de 2019.
(BOE, 05-12-2019)

Euro
Resolución de 4 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 4 de diciembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 05-12-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/05/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/05/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 5 DE DESEMBRE DE 2019

Fiscal

El Tribunal de Cuentas Europeo pide endurecer la disciplina fiscal
El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), el órgano fiscalizador de las cuentas comunitarias, pide a la Comisión Europea que endurezca la disciplina fiscal en los países del euro y que trabaje más estrechamente con los organismos independientes de autoridad fiscal de cada Estado miembro que el propio Ejecutivo comunitario mandó poner en marcha en los peores años de la crisis. Así lo recoge un informe publicado este miércoles por el TCE, en el que constata que el endurecimiento de las reglas de gasto y de déficit establecidas a partir de 2011 han contribuido a mejorar los marcos presupuestarios nacionales, si bien observa que todavía existe margen de mejora.

“La acción legislativa de la UE impulsó el fortalecimiento de la política fiscal en los Estados miembros”, sostiene el responsable del informe Mihails Kozlovs, si bien considera que el marco regulador de la UE que rige los marcos presupuestarios nacionales está fragmentado y debe no solo mejorarse, sino también supervisar más exhaustivamente su aplicación.

Los informes del TCE, que no son vinculantes, sí sirven para que el Parlamento Europeo ejerza presión sobre la Comisión y, de hecho, sus recomendaciones suelen ser tenidas en cuenta por el Ejecutivo comunitario en el 90% de los casos, detallaba ayer su presidente, Klaus-Heiner Lehne, en un encuentro con periodistas europeos en Luxemburgo.

Para tratar de remediar los peores efectos de la crisis económica y mejorar la gobernanza fiscal, especialmente en los países del euro, la Comisión Europea consideró necesario establecer límites vinculantes a las reglas presupuestarias nacionales de los Estados miembros, prosigue el informe.

Así, entre 2011 y 2013 se aprobaron varios paquetes legislativos para supervisar las políticas económicas de los Veintiocho y poder detectar a tiempo problemas, establecer programas de ajuste en los planes presupuestarios, e impulsar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), con disposiciones más estrictas, entre ellas, limitar el déficit por debajo del 3% del PIB y la deuda pública por debajo del 60% del PIB. Los países que incumplían ese umbral entraron en el brazo correctivo de la UE, el llamado procedimiento de déficit excesivo, del que España fue la última de 24 países en salir este año, tras una década de fuertes recortes.

A pesar de estas mayores exigencias, el organismo auditor de la UE critica que varios Estados miembros, entre los que figuran España e Italia, no hayan registrado mejoras en sus resultados presupuestarios conforme a los requisitos del PEC. Si bien España ha conseguido reducir en la último el déficit del 11% al 2,5%, todavía presenta una deuda muy elevada que se prevé que cierre este 2019 en el 95,8% del PIB.

El informe sostiene, además, que los requisitos establecidos en los planes presupuestarios son más “suaves” que los recomendados en los códigos de buenas prácticas de organismos como el FMI y la OCDE, por lo que recomienda su endurecimiento, especialmente en el marco de los planes presupuestarios multianuales.

Por otra parte, el TCE considera necesaria una mayor cooperación entre la Comisión Europea y los organismos independientes de autoridad fiscal de cada Estado miembro que esa misma institución mandó crear para el mayor control de las cuentas públicas, y que en España se materializó en 2013 con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), dirigida por José Luis Escrivá.

Según el Tribunal de Cuentas, advierte del "riesgo de incoherencias" entre ambos organismos por llama a minimizar las diferencias de criterio que en ocasiones se dan a la hora de evaluar el efectivo cumplimiento de las reglas fiscales en cada país. Algo que ocurre, dice el TCE, por el “poder discrecional” del que ha venido haciendo uso la Comisión aceptando una serie de “circunstancias excepcionales” como justificación para suavizar el cumplimiento de los requisitos fiscales y objetivos presupuestarios a medio plazo.
(Expansión, 05-12-2019)

Establecer la 'tasa Google' en España antes que en Europa deslocalizaría empresas
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, advirtió este miércoles de que adoptar una decisión sobre la 'tasa Google' en España y no abordarlo como una cuestión europea deslocalizaría empresas españolas hacia otras zonas de Europa. Así lo dijo Garamendi en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un encuentro empresarial con el presidente de Iberia, Luis Gallego.

Garamendi incidió en que la 'tasa Google', en caso de imponerse, "tiene que ser un tema europeo" porque si España adopta una decisión al margen del resto, deslocalizaría empresas de España hacia otras zonas de Europa. "No tiene mucho sentido que en España estemos hablando individualmente lo que vamos a hacer cuando lo que tiene sentido es estar en Bruselas, estar en Europa, que Europa decida", afirmó. En esta línea, apostó por buscar la armonización fiscal, la unión bancaria y "consolidar una Europa mucho más potente", en lugar de poner "parches".

El máximo responsable de la organización de empresas fue preguntado sobre la subida del SMI aplicada este año, después de que el Gobierno haya reconocido que algunos trabajadores del empleo en el hogar han pasado a la economía sumergida por este aumento y algunos agrarios están declarando menos horas trabajadas.

"Son los resultados que empezamos a ver", según Garamendi, que consideró que la subida "no es solo un error, sino que es algo que habría que resolver" en referencia a la economía sumergida. Además, apuntó que la presión fiscal en España es menor que en otros países europeos precisamente por esa economía en fraude. "Eso significa que los que sí pagamos impuestos, pagamos más", consideró.

Garamendi señaló que "el gran problema de España es la economía sumergida" y la cifró en torno al 24%, frente al 13% en Europa. "Cuando se toman decisiones pasan cosas y pensamos que la gente tiene que estar trabajando en el sistema", concluyó.
(El País, 05-12-2019)

EEUU urge al resto de los países a que suspendan la 'tasa Google'
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, ha instado a todos los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a "suspender" cualquier intento de gravar los servicios digitales, lo que popularmente se conoce como 'tasa Google'.

En una carta remitida al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, Mnuchin ha subrayado que Estados Unidos se opone a los impuestos sobre servicios digitales porque tienen un "impacto discriminatorio" en las empresas estadounidenses.

"Estados Unidos se opone firmemente a los impuestos sobre servicios digitales porque tienen un impacto discriminatorio en empresas estadounidenses y son inconsistentes con la arquitectura de las reglas fiscales internacionales, que buscan gravar el beneficio neto y no los ingresos brutos", ha argumentado Mnuchin en la carta.

De esta forma, el secretario del Tesoro ha puntualizado que el país norteamericano "apoya" el debate que está teniendo lugar en la OCDE para solucionar "los problemas del sistema fiscal internacional". No obstante, para llegar a un "acuerdo multilateral exitoso", es necesario, en opinión de Washington, que los países suspendan sus 'tasas Google'.

La carta remitida a Gurría coincide con el anuncio de Estados Unidos de que aplicará un arancel del 100% sobre determinados productos importados de Francia como represalia al impuesto con el que París prevé gravar la actividad en su territorio de gigantes digitales como Google y Amazon.

De su lado, el Gobierno de España mantiene su propuesta, según se desprende del programa electoral del PSOE, de aprobar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, pese a la represalia de Estados Unidos a París.

La Comisión Europea ha asegurado que estudiará "todas las opciones" si dichos gravámenes se materializan, después de que Bruselas asegurara el día anterior que los Veintiocho "actuarán y reaccionarán unidos".

De su lado, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen ha asegurado que es partidaria de potenciar la vía del diálogo con Estados Unidos para buscar una solución a las tensiones por los aranceles de Washington, si bien ha advertido de que la Unión Europea está dispuesta a tomar medidas si no hay acuerdo.

"Prefiero ir primero a una reunión bien preparada para abordar las diferencias que tenemos y ver cómo podemos llegar a una situación en la que todos ganemos", ha declarado Von der Leyen en una rueda de prensa en Bruselas, para después subrayar que no siempre será posible el acuerdo y que si el resultado de la negociación es "negativo" entonces la Unión Europea "estamos dispuestos a actuar".
(El Mundo, 05-12-2019)

Laboral

Madrid acuerda con los sindicatos convocar 1.687 plazas de empleo público
El objetivo es el de dar calidad al empleo público del Ayuntamiento, reforzar a los distritos e impulsar la promoción interna del personal municipal. Esta es la principal novedad del acuerdo firmado hoy por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y CITAM (Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid) y que presentará mañana jueves a la Junta de Gobierno para su aprobación.

El acuerdo ha sido rubricado por el secretario general local de UGT, Juan Ignacio Herrero; el secretario general de CCOO, Juan Carlos Nicolás; el responsable de negociación de CSIF, Ildefonso Moreno; y el secretario general de CITAM, Manuel Álvarez. Todos los firmantes lo han calificado como un "hito de colaboración y trabajo conjunto que persigue mejorar el sistema de empleo público municipal y por extensión, la calidad de los servicios que presta el Ayuntamiento de Madrid".

La Oferta de Empleo Público es una de las líneas de actuación que incluye la Estrategia de transformación de la gestión de recursos humanos en la que está trabajando el Área de Gobierno de Hacienda y Personal y cuya finalidad es planificar, simplificar y digitalizar la política de personal en el Ayuntamiento.
(Expansión, 05-12-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La eurozona vuelve a encallar en los planes para la reforma del euro
Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, no lograron este miércoles llegar a un acuerdo sobre todo el paquete de medidas para reforzar la eurozona que han negociado durante el último año y que debía llegar cerrado a la cumbre europea de la próxima semana.

Los socios comunitarios no fueron capaces de finalizar la reforma del tratado del fondo de rescate de la eurozona, ni de consensuar un programa para poner en marcha el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, según varias fuentes europeas. La reunión, que se ha prolongado durante más de siete horas, terminó a media noche y el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, informará de los resultados en una rueda de prensa el jueves a las 9.30 horas.

En diciembre de 2018, la Unión Europea acordó trabajar en una serie de iniciativas para mejorar la capacidad de respuesta del área de la moneda única ante futuras crisis, de modo que cuando la próxima azote no sea necesario legislar a marchas forzadas como ocurrió con la crisis financiera.

El paquete debía contar con tres pilares: un embrionario presupuesto de la eurozona para mejorar la convergencia y competitividad, una hoja de ruta para negociar a nivel político el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos y una reforma del fondo de rescate europeo que le dé más competencias y mejore sus herramientas de financiación preventiva cuando los países atraviesen dificultades.

La reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) se pactó en junio y desde entonces se han ido haciendo las modificaciones necesarias en el tratado que regula este fondo de rescate, de modo que solo quedan algunos flecos por cerrar.

Sin embargo, la polémica surgida en los últimos días en Italia a cuenta del MEDE ha impedido finalizar la que, a priori, era la medida menos problemática. Tanto La Liga como el Movimiento Cinco Estrellas, partidos que conformaban el Gobierno italiano cuando se aprobó la reforma, han pasado a criticarla por considerar que perjudicará a Italia, mientras que el ahora gobernante Partido Democrático la defiende.

Detrás de la polémica está la introducción en las reglas del MEDE de las cláusulas de acción colectiva (CAC, en jerga financiera) de agregación simple, que en la práctica facilitan aún más que los acreedores tengan que asumir quitas si hay una reestructuración de la deuda soberana.
(Cinco Días, 05-12-2019)

Economía ultima una ley para agilizar al bloqueo de cuentas sospechosas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alabó ayer los avances de España en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva. Su sistema de prevención ha resultado uno de los mejores de la evaluación internacional en marcha desde 2014 y aún inconclusa en varios países.

GAFI, sin embargo, insta a España a mejorar sus sistemas de control sobre entidades sin ánimo de lucro, así como la inmediatez en el bloqueo de cuentas sospechosas identificadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Un aspecto, este último, en el que el equipo en funciones del Ministerio de Economía ya trabaja, diseñando una ley que acelere los trámites.

El problema radica en que cuando el Consejo de Seguridad de la ONU emite una resolución identificando a un presunto terrorista, por ejemplo, el bloqueo de las cuentas bancarias de este en España se demora “entre tres y cuatro días” hasta que la orden es tramitada por la Unión Europea. “Es un sistema garantista. Las entidades financieras están pendientes y revisan las listas de la ONU, el problema es que no hay obligación jurídica para aplicar” el bloqueo de la cuenta, hasta que la Unión Europea la recoge en un reglamento propio que sí es de aplicación directa, explican fuentes del Ministerio de Economía.

“Queremos poner en marcha que esa obligatoriedad sea inmediata de manera transitoria” desde el momento en que la ONU emite sus resoluciones hasta que se hace efectiva en la UE por mandato de Bruselas, avanzan desde el Ministerio. El problema, reconocen en Economía, radica en que este tipo de norma tiene que tener rango de ley. Eso ha complicado el proceso porque requiere de un Parlamento constituido, con el que no se contaba hasta esta semana, que gestione un proyecto de ley del Gobierno, que de momento sigue operando en funciones.

Más allá, GAFI demanda a España “una mayor cooperación y coordinación entre las más relevantes autoridades investigadoras y las autoridades responsables de la supervisión y monitorización de las organizaciones sin ánimo de lucro”, recoge el informe de GAFI.
(Expansión, 05-12-2019)

Las ejecuciones hipotecarias bajaron en el tercer trimestre del año
Las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito en viviendas habituales se redujeron un 21,3% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2018, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otra parte, según los datos provisionales del organismo público, entre julio y septiembre se registró un total de 12.369 certificaciones por ejecución hipotecaria, lo que representa un número 28,2% más que en el mismo período del año anterior.

El número total de viviendas de personas físicas, tanto habituales como de otro tipo, objeto de una ejecución hipotecaria ascendió a 1.292, un 34,9% menos que en el trimestre anterior y un 23% menos que hace un año.

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 46,8% del total de ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre de 2019, y un 7,7% del total de ejecuciones hipotecarias lo fueron sobre viviendas habituales de personas físicas.

Un 36,3% correspondió a viviendas de personas jurídicas (un 38% más que en el tercer trimestre de 2018, y un 2,8% a otras viviendas de personas físicas, un 27,3% menos que en el mismo trimestre del año anterior. En cuanto a las ejecuciones hipotecarias de otras fincas urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos), eran el 43,9% del total.

Por lo que respecta al estado de la vivienda, el 24,2% de las ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre se hicieron sobre viviendas nuevas, que creció un 26,2%, y el 75,8% sobre usadas, que lo hizo un 14,6%. Si se tiene en cuenta el año de inscripción de la hipoteca, el 22,1% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el tercer trimestre correspondió a hipotecas constituidas en 2007, el 18,2% a hipotecas constituidas en 2008, y el 15,8% a hipotecas de 2006.

De este modo, el periodo 2005-2008 concentra el 62,1% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas este trimestre.
(El País, 05-12-2019)

El Gobierno congela la parte fija del recibo de la luz durante 2020
El Gobierno ha decidido prorrogar durante 2020 los peajes y cargos eléctricos aplicados en 2019, hasta que esté culminada la revisión normativa que acometen la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), según se recoge en el borrador de la orden ministerial.

El Miteco señala que no es previsible que los peajes diseñados por la CNMC -plantea una reducción del 5,6% de media, que reducirán el recibo final en un 2%- estén aprobados antes de que acabe el año. Igualmente, tampoco prevé que esté lista la metodología de los cargos -costes políticos en el recibo de la luz, como las ayudas a las renovables-, puesto que únicamente se hizo una consulta pública, previa a la elaboración de un decreto, allá por el mes de mayo.

El borrador de la orden señala que no se puede saber cuándo estarán listas esas dos nuevas normas, razón por la que no es posible elaborar el cálculo de ingresos y costes del sistema eléctrico que se incluye en la memoria de impacto de la orden. No obstante, señala que en 2020 espera una reducción de ambos, aunque sólo aventura que, considerando una reducción de la demanda del 1 por ciento, los ingresos serán 65 millones de euros más bajos.

Eso sí, la orden prevé el desembolso de 2.721 millones para cumplir con el pago de la deuda acumulada del sistema eléctrico, así como los valores unitarios para la fijación de los pagos por capacidad y la remuneración del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad, que establece en 13 millones, ampliables en un máximo de 3 millones más.

En 2019 los peajes y cargos del sistema eléctrico ascenderán a unos 17.500 millones; la CNMC ahora decide sobre los 7.200 que corresponden a las redes.
(El Mundo, 05-12-2019)

 
 
 
 
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