Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 10 DE DESEMBRE DE 2019  

Mercantil, Civil i Administratiu

Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre los contratos de liquidez
Circular 2/2019, de 27 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 1/2017, de 26 de abril, sobre los contratos de liquidez.
(BOE, 10-12-2019)

Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios
Resolución de 2 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 10-12-2019) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/10/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/10/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 10 DE DESEMBRE DE 2019 

Fiscal

España carece de incentivos fiscales verdes
La Federación Bancaria Europea (EBF, en sus siglas en inglés) presentó este lunes en la cumbre del clima COP25 un informe con recomendaciones para incentivar que el sector apoye la transición ecológica hacia una economía neutra en carbono.

Entre muchas recomendaciones, cita, en primer lugar, que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) introduzca un factor de financiación sostenible de tal forma que se reduzcan los requisitos de capital para aquellos activos sostenibles mantenidos en balance que muestren un menor riesgo financiero. Además, propone crear un Fondo de Garantía Financiera Sostenible a nivel europeo dentro del programa Invest EU (heredero del Plan Juncker) para que las instituciones financieras se vean respaldadas a la hora conceder crédito a proyectos sostenibles.

También defiende la necesidad de otorgar mayores incentivos para promover los bonos verdes, mejorar el sistema de comercio de emisiones de carbono para fijar un “precio efectivo”, o inspirarse en los incentivos fiscales que han desarrollado algunos países. Entre ellos, destacan países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia –que tiene en marcha 36 medidas con impacto medioambiental, ya sea vía incentivos o sanciones–. También cita las rebajas fiscales a los coches eléctricos en Alemania, o los ecobonus en Italia para la construcción de edificios sostenibles, entre muchos otros. No obstante, respecto a España, advierte de que en la actualidad “no existen incentivos fiscales en materia medioambiental o de inversiones sostenibles en el Derecho Tributario español”.

La Federación Bancaria Europea considera que los mercados financieros deben reflejar el desarrollo sostenible de la economía real y “financiar ese desarrollo sin demasiadas limitaciones”. Por ello, pide mayores medidas legislativas ante la necesidad de incentivos que aceleren el cambio hacia un modelo de crecimiento sostenible.
(Cinco Días, 10-12-2019)

Europa planea ampliar los casos en los que las pymes podrán eximirse del IVA
El Consejo Europeo ha alcanzado un acuerdo provisional para una propuesta de directiva que trata de simplificar las normas del IVA aplicables a las pequeñas empresas, en el marco de las operaciones dentro de los diferentes Estados de la Unión Europea. El objetivo de este acuerdo es el de reducir la carga administrativa y el coste de cumplimiento de la normativa para las pequeñas empresas y contribuir a crear un marco fiscal que ayude a las pymes a crecer y a que puedan establecer vías comerciales en otros países de un modo más eficiente.

En ese sentido, la propuesta plantea la posibilidad de que las pequeñas corporaciones puedan eximir el IVA, no sólo en el Estado miembro en el que están implantadas (como ocurre en la actualidad), sino también a empresas ubicadas en países diferentes al que se devenga el IVA.

Según la propuesta del Consejo Europeo, se pueden acoger a la normativa las pequeñas empresas siempre y cuando su volumen de negocios anual sea inferior al umbral establecido por el Estado miembro interesado, esto es, con un máximo de 85.000 euros.

También se contempla que se puedan acoger a la norma simplificada las pequeñas empresas de otros Estados miembros que no superen ese umbral siempre, que su volumen de negocios anual total en el conjunto de la UE no exceda de 100.000 euros.

La normativa supone una modificación de la Directiva sobre el IVA, cuyo objetivo es revisar y simplificar las normas sobre la franquicia del IVA para las pequeñas empresas, de modo que estas puedan acogerse a la exención en toda la UE y también modificaría el Reglamento relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del IVA para permitir mejorar la cooperación administrativa a la hora de aplicar las nuevas normas del IVA.
(Expansión, 10-12-2019)

Barcelona crea una nueva tasa sobre la recogida de residuos
Barcelona contará en 2020 con una nueva tasa si mañana así lo facilitan los grupos de la oposición. El gobierno municipal, que forman los socialistas y comunes y que está en minoría, explicó ayer su objetivo de crear un recargo sobre la factura del agua para financiar el coste del servicio de recogida de las basuras.

El equipo de gobierno que lidera la alcaldesa, Ada Colau (BComú), pretende extender a los hogares la tasa que, en la actualidad, abonan los comercios, y que se sumará a la de tratamiento de residuos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Con la nueva tasa, cada hogar pagará entre 2,25 y 4,25 euros al mes, aunque habrá bonificaciones para varios colectivos en riesgo de exclusión. En una primera fase, los vecinos que vayan a la red de puntos verdes podrán bonificarse hasta un 14%del total. Más adelante, Colau y su equipo quieren que la tasa sea más baja en aquellos barrios "donde se recicla más", según explicó el concejal de emergencia climática, Eloi Badia (BComú).

De aprobarse esta tasa, entrará en vigor en mayo, y en 2020 se prevé una recaudación de 20,5 millones de euros. En 2021, el primer ejercicio en el que estará totalmente en vigor, se estiman unos ingresos de 41 millones de euros. El contrato de recogida de basuras es el más importante que tiene el consistorio y supone aproximadamente un coste anual de 300 millones de euros.

Para aprobar este recargo, los comunes y el PSC necesitan que ERC o dos partidos de la oposición -Barcelona pel Canvi, Cs y JxCat- faciliten su aprobación. Los populares ya expresaron ayer su oposición frontal a la nueva tasa, y acusaron a la alcaldesa de "freír a impuestos" a los barceloneses.

Ante las críticas, el gobierno municipal recuerda que las autoridades europeas han exigido a las ciudades una mejora de la gestión de los residuos. El objetivo de la UE es que en 2025 la recogida selectiva represente el 55%, y a día de hoy este porcentaje es del 37%. Además, un 45% de barceloneses no recicla.
(La Vanguardia, 10-12-2019)

Laboral

Los empleados de la subcontrata tienen derecho al salario de la principal
Los trabajadores de una subcontrata tienen derecho a percibir el mismo salario que los de la empresa principal. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en una reciente sentencia en la que avala extender el convenio colectivo de una compañía y las condiciones laborales fijadas en él (salario base, complementos y jornada anual) a las organizaciones externas, ya sean contratistas o subcontratas.

Con esta decisión, explican los magistrados, pretenden impedir que las empresas recurran a la contratación de servicios externos “para burlar las exigencias legales tuitivas previstas a favor de sus trabajadores cuando interviene una empresa de trabajo temporal (ETT)”, que sí tiene la obligación de aplicar las condiciones de trabajo de la principal a empleados de igual categoría.

Además, recalca el tribunal, este párrafo “no es más que el reflejo de la aplicación del artículo 14 de la Constitución española”, que recoge el principio de igualdad. Se evita así, por ­tanto, que para desempeñar la misma actividad “haya en la empresa trabajadores con retribuciones diferentes”.

En el caso analizado, la sala atiende la demanda interpuesta por dos asociaciones catalanas dedicadas a la limpieza, contra el artículo 60 del convenio colectivo del sector de hostelería y turismo de la región. Este precepto establece que los trabajadores que presten servicios de forma externa “tendrán derecho a percibir la cuantía del salario base y los complementos” fijados en su convenio, así como a realizar la misma jornada anual.

Las compañías de limpieza exigieron la eliminación de dicho artículo porque afectaba a un ámbito diferente del hostelero y porque, además, les suponía un perjuicio económico (les ocasionaba un incremento de los costes salariales). No obstante, los magistrados rechazan este argumento al considerar que el apartado no incluye de por sí a compañías de otro sector, sino que se limita a marcar unas pautas y condiciones que las empresas externas deben aplicar “durante el periodo de prestación de los servicios”. Asimismo, descartan que los demandantes tengan legitimidad para poder impugnar un convenio colectivo “que no es aplicable a su sector”.

Por último, el TSJ recuerda que la empresa de limpieza “concurre libre y voluntariamente a la contrata”. Esto implica que debe calcular el coste económico que le suponga la participación y ajustarse a él, “sin que sea invocable perjuicio alguno”, concluyen los magistrados.
(Cinco Días, 10-12-2019)

La base de cotización de un millón de funcionarios supera los 2.300 euros
Una nueva estadística del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social analiza el detalle de las bases medias de cotización del Régimen General de asalariados en el que están inscritos más de 15 millones de trabajadores por cuenta ajena. Esta nueva estadística no tiene en cuenta las cotizaciones de los sistemas especiales agrario y de empleados del hogar y también excluye las cotizaciones por contingencias profesionales.

Se centra así en las cotizaciones por contingencias comunes, que son con las que se financian las pensiones y las prestaciones de incapacidad temporal y permanente. Asimismo, estas bases son las que se usan para establecer la base reguladora que servirá para fijar la cuantía de las pensiones y resto de prestaciones.

Por tanto, determinan la base de cotización con la “remuneración total” del trabajador, para lo que tiene en cuenta “todas sus percepciones económicas, sean en dinero o en especie”. Después, hallan la base media dividiendo el importe total de las bases de cotización por contingencias comunes entre el número de cotizantes (personas físicas). Sobre estas bases medias de contingencias comunes se aplica un porcentaje del 28,3% (4,7% a cargo del trabajador y 23,60% aportado por la empresa) y la cuantía resultante es la que se aporta al sistema. Así, cuanto mayor sea la base de cotización mayor es la aportación del trabajador y mayores prestaciones devenga.

El último dato que muestra esta estadística es de junio de 2019, cuando la base media de cotización era de 1.823 euros mensuales. Esta cantidad es un 4,28% mayor que un año antes, lo que refleja un avance de las percepciones salariales equivalente a este porcentaje. Esto significa que, de esta base media, 516 euros al mes van a parar a la Seguridad Social.

Estas cifras indican también que las bases medias de cotización más altas y, por tanto, los mayores sueldos los cobran los trabajadores de suministro de energía, con una base media de cotización de 3.441 euros al mes; los de actividades financieras y seguros (3.156 euros); los de información y comunicaciones (2.516 euros mensuales) y los de las industrias extractivas (2.437). Si bien, sumando todos estos sectores, no llegan ni a los 900.000 cotizantes. Por ello, esta estadística analiza también en un apartado específico cuáles son las aportaciones de los asalariados que trabajan en los diez sectores de la economía que más empleo generan.

Según esto, las mayores bases medias de las principales ramas de actividad las tienen los 1,1 millones de empleados públicos de gestión y regulación de todas las administraciones (estatal, autonómica y local), así como los profesionales públicos de la justicia y seguridad y Defensa (policías y militares), que cotizan una media de 2.307 euros mensuales. Este grupo no recoge a los empleados públicos de la sanidad y la educación, que están incluidos junto a sus colegas del sector privado.
(Expansión, 10-12-2019)

Gobierno y sindicatos ya negocian la subida del salario mínimo para 2020
Gobierno y sindicatos ya están estableciendo los primeros contactos para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) por encima de los 900 euros en 2020. Así lo indican fuentes cercanas a la negociación, que matizan que todavía no hay ninguna cifra sobre la mesa para subir el SMI. En cualquier caso, afirman que no esperan que se acerque al alza que se aprobó para 2019, que fue de un 22,3%.

El deseo de las partes es que en esta ocasión la subida se pacte en la Mesa Social, que los sindicatos comparten con la patronales. Cabe recordar que, hace un año, el Gobierno abordó la subida sin que se hubiera acordado allí, generando malestar en los agentes sociales, aunque mucho menos en el caso de los sindicatos, claro, que dan el visto bueno a la subida salarial. Los contactos entre sindicatos y Gobierno son bien recientes. Como ya contó este medio, hace unas semanas la medida no estaba sobre la mesa del Ejecutivo, aunque no había descartado abordarla.

La subida progresiva del SMI forma parte tanto del programa electoral del PSOE como del de Unidas Podemos. Ambas formaciones apuestan por que el salario mínimo llegue a suponer al menos el 60% del salario medio para el final de legislatura, que sería en 2024, si se cumpliera un ciclo político normal. En este marco y escenario, la previsión es que el SMI se ponga en los 1.200 euros.

Y para hacerlo no es necesario que el Gobierno esté en plenas facultades. Es decir, que un Ejecutivo en funciones como el actual ya puede aprobar el alza del SMI por su cuenta y riesgo. La clave está en la herramienta legislativa que se emplea para ello: el real decreto. Moncloa puede usarlo sin estar atado a condicionantes. Muy diferente es el caso del real decreto-ley (RDL), una herramienta que los juristas (y la Abogacía del Estado) desaconsejan usar, salvo en caso de extrema necesidad y excepción.

De ahí que sea posible subir el SMI en pleno periodo de interinidad y, en cambio, el Gobierno se resista a confirmar las subidas de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios, a las que Sánchez se ha comprometido no solo en campaña electoral sino también en el documento de previsiones presupuestarias para 2020 que La Moncloa envió en octubre a la Comisión Europea, puesto que para su tramitación es imprescindible el RDL.

Sin embargo, según explican fuentes del Ejecutivo, aunque no haya Gobierno a tiempo y estas alzas no se puedan aprobar hasta después de empezar el año, las subidas se aplicarán de manera retroactiva. La subida del SMI en el último año, dado lo elevada que fue, ha estado revestida de no poca polémica. Los empresarios, como ya indicó la semana pasada Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, temen una nueva alza por el impacto que puede tener, sobre todo en el coste de las cotizaciones, en plena desaceleración económica.

A esto se suma el impacto que tendría en el mercado laboral. En su momento, el Banco de España previó un importante descenso del empleo -contabilizó la destrucción de 125.000 trabajos- por el alza salarial. Sin embargo, el Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social aseguró la semana pasada que no se está percibiendo efecto negativo alguno del alza del SMI excepto en los casos del empleo doméstico y el agrícola.
(El Mundo, 10-12-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Gobierno deja el control del precio del alquiler fuera del Plan Estadístico 2020
El Ministerio de Economía ultima estos días un real decreto con el Plan Estadístico Nacional de 2020 en el que se aprecia una relevante ausencia: no incluye la creación de un análisis del precio del alquiler de vivienda. Una herramienta que se viene anunciando y que sería clave para poner en marcha políticas de control del precio de los arrendamientos como las que propone Podemos.

El proyecto de real decreto, que Economía ha sometido a audiencia pública hasta el 12 de diciembre, sirve para establecer las actuaciones en materia estadística que se pondrán en marcha el próximo año en el conjunto de ministerios y el Instituto Nacional de Estadística (INE) dentro del plan plurianual 2017-2020 y fija la dotación presupuestaria necesaria para ello. En concreto, 210 millones de euros, un 6,4% más que el año anterior, de los que 159 financian las estadísticas y 51 las inversiones necesarias para realizarlas. Seis de cada 10 euros van a parar al INE.

Concluido el plazo para recabar aportaciones, el decreto será tramitado por vía urgente como viene siendo habitual, detallan desde Economía. De momento, en todo caso, el texto solo incluye una docena de nuevas operaciones estadísticas y ninguna está relacionada con el mercado del alquiler: las hay sobre el comercio de la madera, la vida laboral de los discapacitados, la contabilidad de los residuos, las pensiones, la economía social, la violencia contra la mujer, las características de la población y sus viviendas, la sanidad o el inventario de fuentes administrativas.

Aunque a comienzos de año el Ministerio de Fomento estableció la necesidad de arrojar luz sobre la evolución de los precios de arrendamiento encargando una estadística específica al INE, desde este último organismo confirman que finalmente el proyecto no recayó en ellos y fue asumido por el departamento que dirige José Luis Ábalos. Fomento, sin embargo, no ha incluido esta estadística entre las previstas para 2020. Desde el INE asumen que el Ministerio podría impulsarla a lo largo del año, pero advierten de que se trata de un estudio “complejo y que requiere tiempo”.
(Cinco Días, 10-12-2019)

El crecimiento de la economía española seguirá debilitándose según la OCDE
La OCDE confirma la expectativa de empeoramiento del ritmo de crecimiento de la economía española, mientras que empieza a ver signos de estabilización en la evolución negativa que llevaba constatando desde hace meses en países como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido.

El indicador compuesto avanzado para España baja 18 centésimas en octubre hasta 98,58 puntos, y se queda netamente por debajo del nivel 100 que marca la media de largo plazo, indicó este lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Es el mayor descenso mensual desde que empezó a deteriorarse hace ya más de un año este indicador, que anticipa inflexiones en el ciclo económico con entre seis y nueve meses de antelación. Además, en octubre la baja en España supone el tercer mayor retroceso de los países de la OCDE, solo superado por Estonia (44 centésimas a 97,80 puntos) y Eslovenia (21 centésimas a 97,61 puntos).

En términos generales, los indicadores anticipan un crecimiento estable en la OCDE, pero a un ritmo interior al de la tendencia en los principales países y también en la mayor parte de las grandes economías emergentes. Lo más notable son los "signos de estabilización" que emergen en Estados Unidos (+4 centésimas a 98,86 puntos), Alemania (+5 centésimas a 98,77 puntos) y en el Reino Unido (sin cambios con 98,93 puntos), donde los indicadores han dejado de bajar en octubre.

No obstante, la organización puntualizó que en el caso del Reino Unido hay importantes márgenes de error por la incertidumbre en torno al 'brexit'. En cuanto a los principales países emergentes, persiste la perspectiva de un crecimiento estable para Brasil (+7 centésimas a 102,24 puntos), Rusia (sin cambios con 99,49 puntos) y China (+9 centésimas a 99,19 puntos.
(El País, 10-12-2019)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).