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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 11 DE DESEMBRE DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Adaptación del procedimiento de operación 14.8 "Sujeto de liquidación de las instalaciones de producción y de las instalaciones de autoconsumo" y del procedimiento de operación 14.4 "Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema"
Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se aprueba la adaptación del procedimiento de operación 14.8 "Sujeto de liquidación de las instalaciones de producción y de las instalaciones de autoconsumo" y del procedimiento de operación 14.4 "Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema" al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.
(BOE, 11-12-2019)

Euro
Resolución de 10 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 10 de diciembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 11-12-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/11/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/11/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 11 DE DESEMBRE DE 2019

Fiscal

La automoción reclama un IVA reducido para impulsar el coche eléctrico
Los grandes grupos de la automoción en España hicieron ayer frente común a pocas semanas de empezar a sufrir en sus cuentas un auténtico shock regulatorio. La UE empezará a aplicar en 2020 el nuevo régimen de sanciones a las marcas por exceder los límites de emisión de CO2 a pesar de que, según las corporaciones, España ni siquiera dispone de infraestructuras suficientes de recarga de coches eléctricos.

Los cambios en la regulación son rápidos y para afrontarlos se necesita a juicio de las empresas ayudas del Gobierno, entre ellas una rebaja del IVA del vehículo eléctrico. La medida la defendieron ayer Volkswagen, Daimler, Nissan, Hyundai y Porsche en la jornada Electromovilidad y Cambio Climático, celebrada con motivo de la COP25 y a la que acudió la ministra de Industria, Reyes Maroto.

La versión más agresiva de la propuesta la planteó ayer el presidente de Volkswagen Group España Distribución, Francisco Pérez Botello, que abogó por suprimir por completo el IVA de los eléctricos para animar a los compradores. También propuso declarar los puntos de carga bienes de interés público para desplegar las infraestructuras. "Es necesario llegar a economías de escala para que los precios sean competitivos", afirmó.

Para Daimler, la clave está en el consumidor. "Por mucho márketing que hagamos, me temo que no vamos a cumplir los objetivos porque los clientes prefieren otras cosas", dijo su máximo directivo en España, José Luis López-Schümmer. La rebaja del IVA puede abaratar un producto fuera del alcance de buena parte de los consumidores. "En Estados Unidos, el propietario medio de un eléctrico tiene una renta anual de 300.000 dólares", señaló.

La empresa que más ha echado cuentas es Nissan. Su director general en España, Marco Toro, defiende rebajar del 21% al 10% el IVA de los coches eléctricos, lo que, para un vehículo medio de 30.000 euros, supondrá un ahorro de 3.000 euros, equiparable a las ayudas que, entre las marcas y el Gobierno, se concedieron como parte del Plan Pive. "La intención de compra de un coche eléctrico es amplia, del 28%, pero solo el 1% lo adquiere. Eso es porque todavía es caro", afirmó.

El Gobierno, según aseguran las empresas, ve con buenos ojos esta medida y ya la ha elevado a la Comisión Europea para sondear su ajuste a la normativa comunitaria. Bruselas no pone pegas, de modo que la iniciativa queda pendiente de la voluntad política del Gobierno que se forme.

A partir del año que viene, las emisiones medias de los vehículos que venda cada marca no podrán superar los 95 gramos de CO2 por kilómetro. La cifra es muy inferior a los 116 gramos de media anual registrados en 2018 en España.

Las multas son de 95 euros por gramo de más por vehículo, lo que en España arroja una media de 1.995 euros por coche y, en conjunto, de cerca de 2.000 millones de euros. La demonización del diésel -emite menos CO2 que la gasolina- y el auge de los SUV están alejando al sector del objetivo de los 95 gramos. En el conjunto de Europa, las sanciones pueden oscilar entre los 11.000 millones pronosticados por Moody's y los 14.000 millones citados por la consultora Jato.

Para rebajar las emisiones, los coches eléctricos parten con ventaja. Computan como cero emisiones -no se tienen en cuenta las emisiones de origen fruto de la producción eléctrica-. Además, en un estadio inicial, cada uno de ellos recién matriculado contará por dos. Por eso, las marcas ya preparan una ofensiva comercial de eléctricos a partir de enero mientras los concesionarios se afanan estos días en automatricular vehículos de combustión a los que irán dando salida en 2020 como kilómetro cero.

Otras voces a favor del IVA reducido fueron las de Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai España -"puede ser una solución razonable", aseguró- y el director general de Porsche Ibérica, Tomás Villén, quien defendió la movilidad eléctrica en todas sus variedades, sin planteamientos "excluyentes".

Rebajas del IVA al margen, las empresas insisten en las necesidades de afrontar con cautela el cambio tecnológico. "Aquí no hay emoción, sino rentabilidad. Si no somos rentables, no habrá empresas", avisó Jaime Revilla, presidente de Iveco España. "Es necesario ser realistas, ir poco a poco y de forma planificada", señaló el director general de la asociación de componentes Sernauto, José Portilla. "Cuando los precios sean comparables y haya puntos de recarga, habrá un despegue real del coche eléctrico", dijo el presidente de Bosch España, Javier González Pareja. "Necesitamos precios asequibles", indicó Christophe Mandon, de PSA.
(Expansión, 11-12-2019)

Alemania propone un impuesto europeo sobre transacciones financieras
El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, ha presentado a sus homólogos europeos un proyecto de ley para tasar las transacciones financieras que contempla la introducción, de momento en diez países comunitarios, entre ellos España, de un impuesto sobre la adquisición de acciones. "Por primera vez desde 2011 estamos en un punto en el que podemos alcanzar un acuerdo", escribió Scholz el lunes a los ministros de Finanzas europeos, según informa hoy el diario Süddeutsche Zeitung, que tuvo acceso al proyecto de ley.

La propuesta de Scholz contempla que las personas que adquieran acciones de grandes empresas abonen en un futuro al fisco un impuesto del 0,2% del valor de la transacción. El impuesto sólo es aplicable a títulos de empresas con un valor superior a los mil millones de euros: éste es el caso de 145 compañías en Alemania. Esta cifra asciende a más de 500 empresas en el conjunto de los diez estados, que incluyen, además de Alemania, a Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia.

Al mismo tiempo habrá excepciones, por ejemplo, para las ofertas públicas de empresas para la obtención de capital nuevo y, además, cada país podrá decidir individualmente si quiere tasar fondos de renta variable y productos similares destinados a planes de pensiones privados. Con el impuesto sobre las acciones, Scholz pretende generar ingresos adicionales de alrededor de 1.500 millones de euros anuales, que quiere destinar en su mayor parte a financiar la mejora de las pensiones mínimas.

Tras la gran crisis financiera de 2008/2009, los gobiernos europeos prometieron a los ciudadanos en 2011 tomar medidas pertinentes para que no fuera necesario nunca más un rescate de bancos millonario; sólo en Alemania, los contribuyentes perdieron más de 70.000 millones. La idea es que especuladores financieros paguen en un futuro impuestos cuando negocien con productos financieros de gran riesgo. El objetivo del impuesto sobre transacciones financieras busca que los bancos y las bolsas contribuyan a la financiación de la deuda y a una mayor justicia.

En su escrito, Scholz pide a los ministros que den su aprobación al proyecto de ley, para que el impuesto pueda entrar en vigor a partir de 2021.
(El País, 11-12-2019)

Laboral

El coste por hora trabajada modera su crecimiento en el tercer trimestre
El coste por hora trabajada repuntó un 2,5% en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2018, frente al incremento interanual del 6,3% que experimentó en el segundo trimestre. Con el repunte del tercer trimestre, el coste por hora trabajada encadena cinco trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Por componentes, el coste salarial subió un 2,1% en relación al tercer trimestre de 2018, en tanto que los otros costes avanzaron un 3,5%, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, creció un 2,8% interanual en el tercer trimestre de 2019.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral por hora trabajada avanzó un 2,5% en el tercer trimestre en relación al mismo periodo de 2018, frente al 3,3% del trimestre anterior. Con este incremento, se encadenan once trimestres de tasas positivas en la serie corregida y desestacionalizada. En este caso, el coste salarial subió un 2,2%, los otros costes se incrementaron un 3,5% y el coste laboral sin pagos extraordinarios y atrasos creció un 3%.

En tasa trimestral (tercer trimestre de 2019 sobre segundo trimestre), el coste laboral por hora trabajada aumentó un 0,3% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, siete décimas menos que en el segundo trimestre. Este resultado fue consecuencia de que tanto el coste salarial como los otros costes crecieron un 0,3%.

Sin tener en cuenta los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral creció un 4,2% entre julio y septiembre de este año por el menor número de horas trabajadas a causa de las vacaciones de verano. Este avance trimestral se debe a la subida en un 2,3% del coste salarial, al aumento en un 9,8% de los otros costes y al alza del 9,3% del coste laboral excluyendo pagos extraordinarios y atrasos.
(Expansión, 11-12-2019)

La economía verde creará hasta 500.000 empleos en España, predice la OIT
La transición energética por la emergencia climática ha cobrado mucha importancia, lo que está desplazando grandes flujos de capital hacia la economía verde, comenta a Cinco Días Joaquín Nieto Sainz, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España durante la COP25.

“Hay gran interés de los fondos de capital riesgo, al tiempo que se disparan las emisiones de bonos verdes, préstamos verdes y recibe el empujón de la Comisión Europea. Todo ello, actúa como una palanca de crecimiento para el empleo verde”, añade.

El New Green Deal europeo, conjunto de propuestas políticas para ayudar a abordar el calentamiento global y la crisis financiera, se pone en marcha de la mano de su actual presidenta Von der Leyen. La clave estará en el importe de inversión que finalmente Europa destine a esta materia, que cuenta con el apoyo de importantes socios como Alemania o España. De momento, se baraja aportar 580.000 millones de euros, de aquí al 2030.

La entrada del capital público y privada para favorecer la transición energética podría generar entre 300.000 y 500.000 empleos en nuestro país, según las estimaciones de Nieto. Esta cuantía es sensiblemente superior a los 230.000 puestos de trabajo que pronosticaba el Plan de Energía y Clima, presentado a Bruselas por el Ejecutivo en funciones, que se crearía en España.

El informe de la OIT predice que la transformación hacia una economía baja en carbono generará 24 millones de puestos en total. En el camino se destruirán seis millones (minería, hidrocarburos, gas, automoción). Por lo que el empleo neto rondará los 18 millones, de los cuales dos millones de trabajos se producirán en Europa.

El cambio hacia una economía más limpia tendrá impacto negativo en el mercado laboral actual. La automoción será uno de las actividades más afectadas en nuestro país, ya que tiene que hacer una transformación desde el modelo de combustión hacia el eléctrico. También el transporte colectivo tiene que recortar emisiones y trabajar por una movilidad urbana menos contaminante, lo que abre camino a nuevas competencias profesionales.

La generación de energía renovable, la nueva tecnología que favorezca la industria limpia y el ahorro energético, la eficiencia y la rehabilitación de vivienda son algunos de los sectores generadores de nuevo empleo, predice la OIT. “Falta ver cuál es la ambición final europea, no es lo mismo que se aporten a la economía verde 100.000 millones de euros que 580.000 euros”, concluye Nieto.
(El País, 11-12-2019)

UGT pide ampliar el complemento de pensiones por maternidad
La brecha que hay en las pensiones de hombres y mujeres se fragua durante la vida laboral. Y en ella tiene mucha importancia los hijos y quien los cuida, normalmente las mujeres. Para reducir su impacto, UGT propone que cuando uno de los miembros de la pareja reduce su jornada laboral —y, por tanto, su sueldo y su base de cotización— para hacerse cargo de la crianza (ahora lo hacen las mujeres en el 92,3% de las ocasiones) se reparta la cotización entre ambos para amortiguar el impacto, según ha explicado la vicesecretaria general del sindicato, Cristina Antoñanzas. De esta forma, se iguala el impacto en la pensión futura de ambos miembros de la pareja.

Esta es una de las medidas que ha puesto sobre la mesa el sindicato que dirige Pepe Álvarez en la presentación de un informe sobre la brecha de pensiones: las mujeres cobran un 34,6% menos que los hombres, una pensión media de 1.211,17 euros al mes frente 791,68. La brecha, con más o menos distancia, se repite en todos los tipos de pensiones (jubilación, incapacidad, orfandad), excepto en la de viudedad. Esto se explica porque, en este caso, quien genera el derecho a la prestación es el cónyuge.

En un sistema contributivo de pensiones, como el español, lo cotizado (tanto en tiempo como en cantidad, a través del salario y su base de cotización correspondiente) durante la vida laboral determina la pensión posterior. Esto explica que las mujeres, que tienen peores carreras de cotización, tengan pensiones más bajas.

Para remediarlo, UGT ha puesto sobre la mesa varias propuestas. Algunas tienen incidencia directa en el sistema de pensiones, como el aumento de un 5% de la pensión en las nuevas jubilaciones a partir del primer hijo en las familias monoparentales. Esto supone un paso más en una iniciativa del Ejecutivo del PP que reconoce un 5% más de pensión las mujeres que han tenido dos hijos; un 10% con tres; y un 15% a partir del cuarto.

Otras, en cambio, buscan corregir la situación de las mujeres en el mercado laboral para cambiar la situación por una vía indirecta. Una es la promulgación de una ley de igualdad salarial. Antoñanzas también reclamó que se dote de presupuesto la ley de dependencia para que no sean las mujeres quienes se tengan que hacer cargo de familiares dependientes o el desarrollo de una red gratuita de escuelas infantiles de 0 a 3 años.
(La Vanguardia, 11-12-2019)

El desempleo se mantiene estable en el 5,2% en octubre en la OCDE
La tasa de desempleo en el conjunto de la OCDE se mantuvo en octubre en el 5,2% de la población activa, porcentaje que no ha variado desde la pasada primavera y con muy leves cambios en la mayor parte de los países miembros.

Una muestra de esa estabilidad es la situación de España, que en octubre repitió con el 14,3% el mismo porcentaje de desempleados que el mes precedente, indicó este viernes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

España, que durante muchos años ha sido el segundo país con el mayor nivel de desempleo sólo por detrás de Grecia (16,7% en agosto, último dato disponible), podría pasar a la tercera posición superada por Turquía, que en agosto (también la última estadística publicada) estaba con un 14,2% y una tendencia ascendente.

En cifras absolutas, Estados Unidos era el miembro de la organización con más personas que buscaban un puesto de trabajo (5,855 millones), seguido de Turquía (4,648 millones en agosto), España (3,283 millones), Francia (2,518 millones), Italia (2,514 millones) y México (2,054 millones).
(El Mundo, 11-12-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La banca pedirá liquidez al BCE para dar crédito
Las peticiones de la anterior subasta fueron mínimas, de apenas 3.400 millones de euros, una exigua demanda que estuvo determinada en gran parte por el hecho de que la banca prefería esperar a la siguiente, ya cuando la despenalización a parte del exceso de liquidez de la banca entrara en vigor, el pasado 30 de octubre.

En esta nueva subasta, para la que los bancos deberán hacer hoy sus peticiones como muy tarde, se espera en cambio una demanda muy superior. Los bancos que acudan a esta colocación, cuyo resultado se publicará el jueves, sí recibirán una bonificación del 0,5% si al cabo de tres años han destinado al crédito la liquidez captada. En Citi calculan que las peticiones de la banca de la zona euro alcanzarán los 153.440 millones de euros, en la que será la subasta con más acogida de las que se celebrarán hasta marzo de 2021, muy por encima del consenso de mercado, que apunta a los 122.500 millones.

La banca europea ya ha dado una primera señal de la buena acogida que tendrá la subasta de hoy. El BCE comunicó el viernes que había recibido la solicitud de 112 entidades para devolver de forma anticipada liquidez obtenida en la anterior edición de este tipo de subastas –el programa TLTRO II en 2016 y 2017– por un volumen de 146.800 millones de euros. Estas devoluciones por anticipado tendrían como objetivo ganar margen de maniobra para poder optar a mayor cantidad de liquidez en la subasta TLTRO de hoy.

Los bancos españoles no acudieron a la colocación de septiembre, su posición de liquidez es desahogada, aunque sí han mostrado más interés en hacerlo en esta nueva convocatoria. Santander, BBVA y CaixaBank han lanzado de hecho estos días titulizaciones que servirán de colateral con el que realizar peticiones de liquidez.

De la reunión de mañana del BCE no se esperan grandes novedades. La previsión es que Lagarde, en su puesta de largo, mantenga sin cambios la hoja de ruta marcada por Mario Draghi. Las novedades vendrán de las previsiones económicas para la zona euro, que por primera vez incluirá el año 2022, y del anuncio de la revisión de la estrategia de la institución, anticipado ya por Lagarde. El mandato permanece inmutable desde 2003, cuando se estableció que el propósito de la política monetaria del BCE es alcanzar para la zona euro una inflación cercana, aunque por debajo del 2%.
(Cinco Días, 11-12-2019)

Solo el 14% de los afectados confía en que el banco le devolverá voluntariamente todo lo cobrado de más en su hipoteca
Así se desprende de una reciente encuesta realizada a unos 1.700 clientes de Reclamador.es. Sin embargo, el 80% de los afectados que se encuentran en un proceso de reclamación cree que la justicia europea se posicionará de su parte, como ya ocurrió con las cláusulas suelo en 2017. En ese momento, según explican desde la plataforma legal online, el TJUE fue “más duro” que el Tribunal Supremo y optó por aplicar la retroactividad total.

Este índice, el segundo más utilizado en nuestro país para constituir una hipoteca después del euríbor, se empezó a extender con el boom inmobiliario bajo la premisa de que era mucho menos volátil que el euríbor. No hay que olvidar, apunta Reclamador.es, que los afectados justifican que apostaron por hipotecas referenciadas a este índice porque las entidades bancarias les convencieron de que era un valor más estable y seguro que el euríbor.

De estar del lado del consumidor y considerar el IRPH abusivo, la sentencia del TJUE provocaría un coste para la banca de entre 7.000 y 44.000 millones de euros, según un informe de Goldman Sachs. Al respecto de los resultados, Almudena Velázquez abogada en Reclamador.es y experta en derecho bancario, asegura que la confianza de los consumidores en relación a los bancos “está bajo mínimos tras muchos años de malas prácticas y abusos que solo han podido repararse por la vía judicial”.

Pese a esto, cuenta, se han creado ciertos “inventos” que han servido para retrasar la devolución de las cantidades correspondientes a los afectados, como el real decreto ley sobre las cláusulas suelo. Por otro lado, Velázquez lamenta que la justicia europea sea “la última instancia en defensa de los consumidores”, algo que, “por desgracia” no ha ocurrido, en ocasiones, con el Tribunal Supremo.
(Cinco Días, 11-12-2019)

Calviño anuncia que el Tesoro emitirá bonos verdes en 2020
La transición ecológica hacia una economía descarbonizada requerirá inversiones multimillonarias en la próxima década, para lo que será esencial movilizar tanto fondos públicos como privados. Para seguir avanzando hacia una economía más sostenible y dotarla de instrumentos con los que captar financiación, la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha informado este martes que el Tesoro español se prepara para emitir bonos verdes a partir del año que viene.

Así lo ha anunciado en un evento sobre finanzas sostenibles organizado el Ministerio, la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que ha tenido lugar en el Pabellón de España en Ifema en el marco de la COP25.

En la próxima década, España necesitará 236.000 millones de euros en inversiones para enfrentar los desafíos climáticos, ha estimado Calviño. Una ingente cantidad de dinero que deberá venir de una mayor inversión de los poderes públicos --sobre todo en lo que respecta a las infraestructuras y en "asegurar una transición justa para todos"--, pero muy especialmente del sector privado, que tendrá que jugar "un papel fundamental", ha precisado.

“Para ello, tendremos que desarrollar un mercado de bonos verdes. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ya empezó a emitir este año bonos por valor de 500 millones de euros y planteamos hacerlo con el Tesoro el que viene”, ha destacado la responsable de la cartera económica. Los bonos verdes como activo financiero tienen las mismas características que un bono tradicional. Es decir, se trata de un préstamo que el comprador concede a su emisor. La diferencia está en que los recursos captados por el Gobierno tienen que ir destinados a proyectos relacionados con la mejora medioambiental y no a la financiación de la deuda soberana.

Junto a ello, ha proseguido Calviño, será imprescindible definir una "taxonomía" que establezca claramente qué se entiende y qué no por “inversiones verdes” o ecológicamente sostenibles para evitar el llamado “green-washing”, esto es, el lavado de imagen que algunas empresas llevan a cabo para aparentar ser más respetuosas con el medioambiente.

“Los inversores tienen que tener la seguridad de que cuando inviertan en bonos verdes, lo están haciendo en un producto adecuado y la UE es un pilar fundamental para definir este concepto”, ha asegurado, tras reconocer que existe todavía un desafío importante, porque para invertir en iniciativas sostenibles, tendrá que ver que eso “da retornos y beneficios”, algo todavía complejo.
(El País, 11-12-2019)

Sector

Un Brexit duro pondría en riesgo a los abogados británicos en España
A día de hoy, tres directivas europeas regulan y permiten que un letrado titulado en un Estado miembro de la UE pueda ejercer de manera permanente en otro país comunitario. Para ello, deben registrarse en el organismo competente (el colegio de abogados del territorio donde vayan a ejercer). En España, este proceso pasa por presentar una serie de documentos y superar una prueba de aptitud. Además, puede exigirse al solicitante un plazo máximo de tres años de práctica.

De pasar este trámite, el interesado recibe el título de abogado español y puede asesorar sobre la ley de su país de origen, la normativa internacional y europea y la del Estado anfitrión, aunque con ciertas restricciones.

Sin embargo, de darse un Brexit sin acuerdo, el Reino Unido abandonaría inmediatamente todas las estructuras institucionales de la UE y todas estas normas quedarían sin efecto. Los abogados británicos quedarían al mismo nivel que los provenientes de terceros países, como Argentina o Japón y, en consecuencia, estarían sujetos a otros trámites, mucho más complejos y tediosos.

Con la intención de dar una respuesta a sus profesionales jurídicos, tanto el Gobierno británico como la Law Society (el Colegio de Abogados de Reino Unido) publicaron en agosto de este año una guía en la que incluyen una serie de medidas y recomendaciones para que los abogados presentes en países miembros de la Unión “puedan asegurarse de poder continuar ejerciendo después de un Brexit sin acuerdo”.

En ella, indican que el derecho de practicar “es­tará determinado por la existencia de un marco regulatorio” en el país de destino, y les insta a registrarse ante la autoridad competente “tan pronto como sea posible”. Asimismo, recuerdan que, de no haber consenso en la salida, los abogados ingleses no podrán litigar ante tribunales de la UE, “a menos que tengan una calificación alternativa de un país miembro”.

Esto afecta en mayor medida a los letrados ingleses calificados como barrister, es decir, aquellos abogados cuyo trabajo implica litigar ante los tribunales. Los solicitors (que asesoran sin pleitear), en cambio, no encontrarán tantas trabas a la hora de ejercer fuera de las fronteras inglesas.

Por otro lado, el Colegio británico advierte de que las comunicaciones entre abogados titulados en el Reino Unido y sus clientes “perderán la protección del privilegio profesional legal” frente a los tribunales y las instituciones de la UE. Por tanto, la guía recomienda a los letrados “considerar involucrar a compañeros con titulaciones comunitarias” para asegurar la aplicación del secreto profesional cuando corresponda.
(Cinco Días, 11-12-2019)

 

 

 
 
 
 
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