NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 14 AL 16 DE DESEMBRE DE 2019

Laboral

Ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social
Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social.
(BOE, 14-12-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 13 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de diciembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 14-12-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/16/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/16/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/14/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/14/index.php?s=3

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 14 AL 16 DE DESEMBRE DE 2019

Fiscal

La Lotería de Navidad dejará exentos de tributar los cuartos y quintos premios
El sorteo extraordinario de este año será el primero en siete años en el que los dos cuartos premios, datados precisamente con 20.000 euros al décimo, queden exentos de impuestos. A partir de ahí, todos los premios inferiores quedarán libres de tributar incluyendo los décimos que coincidan con los ocho quintos premios, que recibirán 6.000 euros, las aproximaciones, centenas, terminaciones, reintegros o la pedrea.

El número más esperado de la mañana, el Gordo de Navidad, gozará de un premio de 400.000 euros al décimo de los que solo tributarán 380.000 euros, con lo que Hacienda obtendrá 76.000 euros de cada uno y su propietario 324.000 euros netos. Los ganadores del segundo premio, con un bruto inicial de 125.000 euros por décimo, recibirán 104.000 euros libres de impuestos tras abonar 21.000 euros al fisco. Finalmente, los 50.000 euros por décimo del tercer premio dejarán 6.000 euros en las arcas públicas y 44.000 en manos de su afortunado portador.

En total, el próximo domingo se repartirán 2.380 millones de euros en galardones. Sumando todos los premios exentos, los ganadores de la Lotería de este año ahorrarán un total de 410,32 millones, un 4,5% más que en 2018, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda. Se trata de la cifra más alta desde los 972,52 millones cobrados en 2013. Los ganadores recibirán el importe ya neto de impuestos, puesto que la retención se practica en el momento del cobro. Por su parte, Hacienda recibirá un total de 175 millones, un aguinaldo público que se rebaja un 7,2% (13,6 millones) frente a 2018 al duplicarse el mínimo exento, según los cálculos del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Si la ley no cambia, el mínimo exento se elevará automáticamente hasta los 40.000 euros a partir del próximo 1 de enero, lo que beneficiará ya a los ganadores del sorteo de Lotería de El Niño y a los que escuchen a los niños de San Ildefonso cantar sus números en el Sorteo de Navidad de 2020.
(Cinco Días, 16-12-2019)

Cataluña subirá dos puntos el tipo a las rentas de más de 90.000 euros
El acuerdo entre Govern y los Comuns sobre los ingresos de los presupuestos del 2020 que prevé anunciar mañana el Departamento de Economía modificará el IRPF. Por ahora, sólo ha trascendido que se subirá dos puntos el tipo a las rentas de más de 90.000 euros, hasta el 23,5%, y a los de más de 120.000 euros hasta el 24,5%.

Aunque los negociadores guardan silencio, el vicepresidente Pere Aragonès ha reconocido en alguna ocasión su intención de subir tipos a las rentas altas, pero al mismo tiempo bajárselos a los que menos cobran. Fuentes próximas a los negociadores dijeron que no se prevé rebajar el tipo en 2,5 puntos a las rentas más bajas para equiparar la tributación en Catalunya a la del resto de comunidades.

Y es que Catalunya –según los datos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf)– es, de todas las comunidades autónomas españolas, el lugar donde pagan más IRPF los contribuyentes con rentas de entre 12.000 y 30.000 euros anuales. En cambio, en las rentas superiores a esos 30.000, donde más se tributa es en Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Bajar los tipos a los que tienen menos ingresos no es fácil de cara a la recaudación, porque como el IRPF es un impuesto compuesto, una reducción en la banda alta afecta a todos los contribuyentes, incluidos los que más tienen.

Aragonès es plenamente consciente de ello, como se puso de manifiesto en la primavera pasada durante la negociación fallida de las cuentas del 2019. En el mes de marzo, el Departamento de Economía calculó que el recorte de impuestos en 2,5 puntos a las rentas bajas para equipararlo a otras comunidades significaría un descenso de la recaudación de unos 516 millones de euros.

Las estimaciones de Economía señalan que, sin tener en cuenta la subida prevista ahora para los más ricos, una modificación de la tributación por la banda baja significa un ahorro de unos 17 euros por persona en las rentas más pequeñas y de 259 euros en las altas.
(La Vanguardia, 15-12-2019)

Laboral

La Inspección de Trabajo liquidó 1.146 millones en 2018 por empleo irregular
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social resolvió en 2018 expedientes liquidatorios de cuotas sociales a deber por un importe total de 1.146,53 millones de euros, como resultado de las actuaciones en la lucha contra la economía irregular, cifra que es un 22,5% superior a la de 2017. Así lo refleja el informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente al ejercicio 2018 consultado por Servimedia en el que se reflejan las actuaciones de este organismo en materia de Seguridad Social y economía irregular.

Los 1.146,53 millones resultantes de los expedientes liquidatorios del año pasado se derivan de cuotas debidas a la Seguridad Social. Se trata de la cifra más elevada desde 2003, año a partir del cual se publican registros. Si se desglosa esta cifra, atendiendo a la naturaleza del expediente, las liquidaciones más voluminosas dentro del global correspondieron a actas de liquidación (510,2 millones), derivación de responsabilidad (368,5 millones) y recaudación inducida (216,6 millones).

En el área concreta de la Seguridad Social, el año pasado se realizaron 513.757 actuaciones tras inspeccionar cientos de miles de centros de trabajo, por debajo de las practicadas en 2017, pero con un resultado un 3% superior en infracciones sancionables, totalizando 45.605. El importe global de las sanciones propuestas ascendió a 183,1 millones de euros, un 7,7% más en comparativa anual.

Los trabajadores afectados por las infracciones sumaron 120.923, por debajo de los 138.711 que se vieron involucrados en 2017. Además, se efectuaron 24.335 requerimientos para que las empresas subsanaran los incumplimientos declarados, cifra ligeramente por encima de los registros en 2017.

En cuanto a las materias investigadas en Seguridad Social destaca el control del trabajo no declarado, en el que se detectaron 22.947 infracciones; en falta de cotización obligatoria resultaron 4.252 infracciones, y en el fraude derivado de prestaciones se contabilizaron 8.683 infracciones (3.745 de empresas y 4.938 de trabajadores).

Por sectores económicos, la hostelería fue el más afectado, con 128.059 actuaciones inspectoras con las que se comprobaron la comisión de 14.336 infracciones y se propusieron sanciones por importe de 52,6 millones de euros. Si se compara con el año anterior, aumentan ligeramente las actuaciones y las infracciones, pero desciende el valor de las sanciones en un 11,7%.

En cuanto a empleo sumergido, se produjeron el año pasado 90.872 altas en la Seguridad Social realizadas tanto de oficio como inducidas por la Inspección, un 32% más que en 2017. A esta cifra se suman 23.325 trabajadores a los que se incrementó en más del 50% el tiempo de trabajo en contratos a tiempo parcial y 3.541 extranjeros sin permiso de trabajo, lo que totaliza 117.738 empleos irregulares aflorados, un 35,35% más que en 2017.
(Expansión, 15-12-2019)

PSOE y Unidas Podemos pactan derogar el despido con bajas médicas
El despido por faltas al trabajo justificado médicamente, avalado por el Tribunal Constitucional, tiene los días contados si el Gobierno que preparan el PSOE y Unidas Podemos sale adelante. Este es uno de los puntos que está negociándose y en el que hay acuerdo entre ambas partes, según adelantó ayer El Periódico de Catalunya y han confirmado fuentes conocedoras de las conversaciones.

La medida se incluiría en el paquete de derogación de la reforma laboral de 2012 al que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias se comprometieron en la campaña electoral. Iglesias, de hecho, iba más allá y prometía rectificar también la de 2010. "Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad" era el primer punto del preacuerdo que ambos líderes suscribieron a los dos días de las elecciones.

Despedir a un trabajador que falte —aun con justificante médico— más de un 20% de los días en dos meses consecutivos o, al menos, un 5% en 12 meses es legal desde hace mucho tiempo. Pero hasta 2012, además, el absentismo justificado en la empresa no debía superar el 5%. Este último requisito se eliminó entonces, facilitando el despido por este motivo.

Hace unas semanas el Constitucional avaló ese cambio a raíz del caso de una trabajadora. En su sentencia, el Alto Tribunal defiende la redacción actual de la ley porque “encuentra fundamento en la libertad de empresa y la defensa de la productividad”. El fallo contó con tres votos particulares. “No puedo asumir que la libertad de empresa [...] pueda ser antepuesta al derecho a la integridad física o moral de los trabajadores [...]”, exponía uno de los votos emitidos frente a la posición mayoritaria. La decisión ha provocado en el último mes varias movilizaciones de los sindicatos y la advertencia de estas organizaciones de llevar un recurso ante la justicia europea. Además, han exigido la derogación de ese artículo del Estatuto de los Trabajadores.

Para PSOE y Unidas Podemos, la derogación de lo que suelen llamar “los aspectos más lesivos de la reforma laboral” incluye varios puntos, que atañen especialmente a la negociación colectiva. No obstante, hay otros aspectos a los que se refieren y uno de ellos es el de los despidos por ausencias en el trabajo justificadas con bajas médicas, apunta un conocedor de las negociaciones del pacto de gobierno.
(El País, 15-12-2019)

PSOE y Podemos estudian subir el salario mínimo un 11% hasta los 1.000 euros en 2020
El PSOE y Unidas Podemos estudian "con buena predisposición" subir cerca de un 11% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020, hasta llegar a unos 1.000 euros mensuales, con el fin de cumplir con su compromiso electoral de llegar al 60% del salario medio en 2023. Así lo han confirmado a EFE fuentes de la negociación, que han recordado que es uno de los puntos que está sobre la mesa y que "hay buena predisposición por ambas partes".

El alza del SMI es una reivindicación histórica de Podemos una vez que en 2019 consiguieron subir el salario mínimo a 900 euros mensuales y rebajaron su propuesta inicial de 1.000 euros para aquel año. Las mismas fuentes inciden en que en esta ocasión existe la misma buena sintonía que ya hubo en la negociación de presupuestos que consiguió la anterior subida, cuando el SMI se incrementó el 22,3%.

Tanto PSOE como Unidas Podemos contemplaban en sus programas electorales de abril y de noviembre una subida progresiva en los próximos cuatro años desde los 900 euros actuales, aunque el PSOE planteaba llegar a los 1.200 euros aproximadamente en 2023 y Podemos pedía avanzar ya hasta los 1.000 el próximo año. No obstante, fuentes del entorno negociador han afirmado que el aumento del salario mínimo podría no ser el mismo en todos los años de la legislatura y depender, por lo tanto, del entorno económico anual.

El preacuerdo pactado entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para conformar un Gobierno de coalición contempla como primer punto la necesidad de consolidar el crecimiento y la creación de empleo y combatir la precariedad del mercado laboral para garantizar trabajo digno y estable.

Los socialistas contemplan también aprobar un nuevo Estatuto del Trabajador en el marco del diálogo social, en el que la contratación indefinida sea la normalidad y, además, aprobaría un Estatuto del Becario, así como un plan para reunificar los subsidios y elevar la protección a los colectivos más vulnerables.

Sánchez ha afirmado en varias ocasiones que apuesta por un pacto de rentas para mejorar los niveles salariales que vaya elevando el salario mínimo según la recomendación de la Carta Social Europea, que lo cifra en el 60% del salario medio.
(La Vanguardia, 14-12-2019)

La deuda de la Seguridad Social se dispara
La espiral en la que ha entrado la deuda de la Seguridad Social es cada vez más preocupante. Pese al impacto que ha tenido en la recaudación por las cotizaciones la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del pasado mes de enero y al aumento de la afiliación hasta niveles récord, el endeudamiento de las Administraciones de Seguridad Social se ha disparado en un 50,4% en el último año.

A cierre de septiembre, su deuda alcanzaba ya los 52.445 millones de euros, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. Esto significa que cada afiliado a la Seguridad Social acumula hoy una deuda 922 euros superior a la de hace un año, un dato que vuelve a poner sobre la mesa la falta de sostenibilidad en el largo plazo del sistema de pensiones tal y como está configurado en España.

Con un aumento de 17.882 millones de euros en los últimos 12 meses, el avance de la deuda de la Seguridad Social es el mayor de los experimentados por las Administraciones Públicas. En su conjunto, estas acumulan una deuda equivalente al 97,8% del PIB español a cierre del tercer trimestre de 2019, según el protocolo de déficit excesivo.

De acuerdo con los cálculos del Banco de España, la tasa de crecimiento del saldo de la deuda pública española es del 2,5% interanual. Se trata de un ritmo de crecimiento superior al del PIB en ese periodo, en el que avanzó un 2%.

La decisión del Congreso de volver a ligar las pensiones al IPC y del Gobierno de fijar una subida el pasado año que incluso ha superado la inflación, ha tenido un impacto en ese aumento de deuda de la Seguridad Social que está siendo vigilado por Bruselas. La Comisión Europea ha pedido a España medidas compensatorias para mitigar el efecto de esa mejora del poder adquisitivo de los pensionistas en la deuda pública.

También ha reclamado al Estado central nuevas medidas que permitan reducir el déficit estructural que padece España y que aproveche los bajos tipos de interés para rebajar la deuda y acercarla al objetivo -hoy a todas luces inalcanzable- del 60% del PIB. Sin embargo, con un Ejecutivo en funciones, un Presupuesto prorrogado desde 2018 y sin garantías de que se pueda elaborar uno nuevo para 2020, el déficit sigue provocando un aumento continuado de la deuda.

Como recordó el Instituto de Estudios Económicos (IEE) la pasada semana, desde este lunes, 9 de diciembre, todo el gasto del Estado hasta el cierre de este año se está financiando incurriendo en déficit, esto es, emitiendo nueva deuda.
(El Mundo, 14-12-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

China cancela la subida arancelaria prevista tras el acuerdo con Estados Unidos
El Gobierno chino anunció que cancela una subida arancelaria que tenía previsto imponer a bienes estadounidenses después de que las dos partes llegaran el pasado viernes a un acuerdo parcial para mitigar su disputa comercial. No obstante, otros aranceles ya impuestos a productos estadounidenses siguen vigentes, según un comunicado publicado por el Ministerio de Finanzas.

"China espera, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, trabajar con Estados Unidos para resolver adecuadamente las preocupaciones del otro y promover el desarrollo estable de las relaciones económicas y comerciales", agrega la información.

Tras casi 18 meses de guerra comercial, y la consiguiente escalada de aranceles, el viceministro chino de Comercio, Wang Shouwen, anunció el viernes que los dos países habían llegado a un acuerdo de "primera fase" que aborda temas como la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual, la expansión del comercio y el establecimiento de mecanismos para resolver disputas, entre otros.

De forma prácticamente simultánea, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmaba el acuerdo a través de Twitter y anunciaba que no aplicará una nueva ronda de aranceles a productos chinos previstos para el 15 de diciembre.

La cancelación de esos aranceles es lo que ha provocado que hoy China anuncie que no aplica nuevos aranceles a productos estadounidenses, que hubiesen servido como represalia. Trump señaló que espera que China duplique las compras anuales de productos agrícolas estadounidenses, hasta alcanzar un valor anual de 50.000 millones de dólares.

Sin embargo, EE UU mantiene aranceles del 25% a importaciones chinas valoradas en 250.000 millones de dólares, junto con unos gravámenes reducidos del 7,5 % a importaciones adicionales valoradas en aproximadamente 120.000 millones de dólares, informó Robert Lighthizer, representante de Comercio Exterior de EE UU. En una entrevista en la cadena CBS, el propio Lighthazer ha insistido en que el acuerdo de primera fase con China está "totalmente hecho", y que aumentará las exportaciones estadounidenses.

Por su parte, China aseguró que las dos partes se han comprometido a retirar por fases los gravámenes que ambas partes se han ido imponiendo durante la disputa. Las negociaciones habían sufrido varios sobresaltos, con informaciones contradictorias y críticas veladas, desde que en octubre se anunció un principio de acuerdo.
(Expansión, 15-12-2019)

Guindos anticipa un rebote de la economía de la eurozona a mediados de 2020
La desaceleración de la economía de la zona euro está tocando fondo y se empiezan a observar signos de estabilización, lo que permite albergar esperanzas de que se produzca un rebote de la actividad en la región a partir de mediados de 2020, según ha señalado el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, durante su intervención en un acto de Nueva Economía Fórum.

En este sentido, el exministro español ha apuntado que la desaceleración económica iniciada en 2018 "está tocando fondo" como consecuencia de que algunos de los riesgos e incertidumbres para las expectativas de crecimiento, como un 'Brexit' desordenado' y la guerra comercial, no se han materializado, mejorando la percepción de los mercados.

"Lo positivo es que la estabilización se está produciendo con un crecimiento muy bajo de la economía", ha señalado el vicepresidente del BCE, apuntando que "se espera un rebote a mediados del año próximo", cuando el instituto emisor confía en tasas de crecimiento en torno al 1%.

Por otro lado, Guindos ha asegurado que la política monetaria sigue teniendo margen de actuación, aunque ha subrayado que cada vez es más evidente el impacto de los efectos colaterales de las medidas implementadas. De este modo, el vicepresidente del BCE ha defendido que la política monetaria no puede ser la única actuación en el ámbito de las políticas en Europa.

"El Brexit no puede tratarse con política monetaria; la productividad, la competitividad, la política monetaria puede ayudar, pero son necesarias políticas estructurales", ha apuntado Guindos, refiriéndose particularmente a la política fiscal, que considera "especialmente poderosa". A este respecto, el banquero ha explicado que una política fiscal expansiva con los bajos tipos de interés actuales no va a producir la expulsión de la demanda privada ni a un incremento de los tipos de interés.

Por otro lado, Guindos ha asegurado que las elecciones celebradas en Reino Unido eliminan incertidumbre al confirmar que el país abandonará la Unión Europea el próximo 31 de enero, aunque se abre un nuevo periodo de negociación que "no será fácil".

"Habrá que determinar las relaciones comerciales y financieras entre la Unión Europea y Reino Unido", ha advertido de Guindos, quien además ha apremiado a crear una unión de capitales en Europa, ya que, en su opinión, el "verdadero" mercado de capitales está ahora mismo en Londres.

En este sentido ha advertido de que Reino Unido no querrá perder esta ventaja y será muy competitivo, por lo que la Unión Europea tendrá que hacer lo mismo. De Guindos ha participado este viernes en el Fórum Europa, un día después de que Reino Unido celebrara elecciones generales cuyo resultado ha dado la victoria al líder del Partido Conservador, Boris Johnson, que ejecutará su plan de culminar el "brexit" el próximo 31 de enero.
(El País, 14-12-2019)

El IPC sube un 0,4% en noviembre por los carburantes y la alimentación
El índice de precios de consumo (IPC) se situó en noviembre en el 0,4 % interanual, tres décimas por encima de la subida de precios de octubre, que se quedó en el 0,1 %, según el dato confirmado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El INE señala que tras esta subida de la inflación está la estabilidad de los precios de los carburantes, frente al descenso registrado en noviembre de 2018, y la evolución de los alimentos, con una menor caída del precio de la fruta.

También influyó que los precios del pescado y marisco aumentaran en noviembre más que el año anterior. Por el contrario, bajaron los precios del grupo vivienda por el descenso de la electricidad y, en menor medida, del gasóleo para calefacción. El 0,4% de noviembre supone el primer repunte en la evolución anual de los precios desde julio. La inflación empezó el año en el 1% en enero y la evolución de la tasa anual del IPC se mantuvo al alza hasta abril: 1,1% en febrero, 1,3% en marzo y 1,5% en abril.

A partir de ahí comenzaron a moderarse las subidas: 0,8% en mayo, 0,4% en junio, 0,5% en julio y 0,3% en agosto para bajar al 0,1% en septiembre y octubre, el nivel más bajo en tres años. El INE también ha confirmado que, frente a octubre, los precios subieron un 0,2% por el alza de vestido y calzado mientras que cayeron en hoteles y cafés, vivienda y en ocio y cultura. Por comunidades, y en tasa anual, el IPC subió en noviembre en todas, excepto en Canarias, donde se mantuvo.

El mayor incremento de la evolución de los precios fue en Murcia, con una subida de cinco décimas. En cuanto a la tasa anual de la inflación subyacente, sin alimentos ni energía, se mantuvo en el 1%. Asimismo, el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que permite realizar comparaciones internacionales- se sitúo en noviembre en el 0,5%, tres décimas más que el mes anterior.
(La Vanguardia, 14-12-2019)

Sector

La Abogacía anuncia que demandará al Ministerio de Justicia y exige la dimisión de Dolores Delgado
El pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha decidido en su reunión emprender acciones legales contra el Ministerio de Justicia por el anunciado impago de los servicios que el Turno de Oficio prestó por designación judicial el pasado mes de octubre sin estar reconocidos posteriormente como Justicia Gratuita en la denominada zona Ministerio, que comprende las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Illes Balears, así como al Colegio de Madrid en lo que respecta a los tribunales con jurisdicción estatal, Ceuta y Melilla.

Según explica una nota remitida por el CGAE, los consejeros han respaldado de forma unánime llevar hasta sus últimas consecuencias la reclamación judicial ante una decisión que han calificado como incomprensible, tanto por el momento de interinidad en que se produce como por el carácter unilateral con el que se aplica.

El CGAE también ha solicitado públicamente la dimisión de la ministra Dolores Delgado por su "enfrentamiento con el conjunto de la Abogacía". Los consejeros han puesto de manifiesto la importancia de que el candidato a la investidura a la presidencia del Gobierno sepa que cuenta en su gabinete en funciones con una de las peores ministras de Justicia que se recuerdan.

En el transcurso del debate, los consejeros han considerado oportuno que los servicios jurídicos del consejo estudien si la reclamación al Ministerio de Justicia por lo que considera ajeno al sistema de justicia gratuita debe hacerse atendiendo a ese baremo o si, por el contrario, deben requerirse los honorarios de libre mercado de los abogados que han recibido una designación judicial para intervenir en un proceso. En todo caso, la reclamación exigirá la liquidación de los intereses generados hasta que se resuelva el pleito y abre la puerta a que aquellos colegios de abogados que por cualquier causa no hubieran pasado al cobro este tipo de actuaciones, lo hagan con las correspondientes a los cuatro últimos años.

Esta no es la primera vez que el CGAE se enfrenta al Ministerio de Justicia. En la última ocasión, la Abogacía luchó para tratar de anular las tasas judiciales. Finalmente, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró nulas y contrarias a la Constitución estas tasas, aprobadas el 20 de noviembre de 2012 e impulsadas por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
(Expansión, 14-12-2019)