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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 18 DE DESEMBRE DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 17 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 17 de diciembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 18-12-2019)

 

 https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 18 DE DESEMBRE DE 2019

Fiscal

El BCE incide en los riesgos de crear impuestos a la banca
La etapa de Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo promete ser un periodo de estrecha vigilancia sobre los impuestos específicos que distintos países comunitarios han impulsado, o prevén crear, sobre la banca. Tras advertir de sus riesgos a Eslovaquia hace unas semanas, el supervisor acaba de hacer lo propio ahora con Lituania.

Pese a no haber sido consultado formalmente por las autoridades lituanas, el Banco Central Europeo ha decidido realizar por su cuenta un análisis de dos proyectos de ley que han llegado al Parlamento del país, recogiendo su valoración en un informe recién publicado y sellado por la propia Lagarde.

La lupa el supervisor se centra, de un lado, en una propuesta que busca gravar los activos de los actores que operan en el sistema financiero lituano (bancos, sucursales de entidades extranjeras, cooperativas de crédito y prestamistas), con un tributo mensual del 0,03% sobre el valor de mercado de sus activos financieros (excluidos fondos propios, activos tangibles e intangibles o préstamos al Estado), una vez aplicadas determinadas exenciones (el primer año; en caso de moratoria; quiebra o reestructuración) y deducciones, a partir de los 300 millones de euros. El objetivo es que contribuyan a financiar servicios públicos.

En paralelo, el BCE estudia una medida que eleva en cinco puntos porcentuales el gravamen sobre el beneficio de estas entidades (tras las deducciones habituales e impuestos diferidos) a partir de los dos millones de euros, durante tres años, al considerar que su tratamiento fiscal es más favorable que el de otros sectores.

Ante estas medidas, que recuerdan a algunas planteadas por Podemos en España, Lagarde alerta, en el primer caso, del riesgo de que un impuesto ad hoc a la banca para cubrir costes presupuestarios afecte a la estabilidad del sector financiero, dificulte la concesión de crédito y acabe afectando a la economía real, por lo que pide cautela y atención a la situación individual de cada banco. En cuanto al recargo sobre el beneficio, el BCE se limita a pedir a Lituania que efectúe una evaluación integral de su impacto.
(Expansión, 18-12-2019)

El 52,9% de los españoles considera que paga muchos impuestos
El 52,9% de los españoles considera que en España se pagan muchos impuestos, según el último estudio 'Opinión pública y política fiscal' publicado este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que el 36% de los encuestados considera que lo que los españoles pagan en impuestos es "regular", y el 5,4% cree que es "poco". En cuanto a si el sistema es justo, el 83,1% no cree que paguen más impuestos quienes más tienen, mientras que el 10,4% sí piensa que el sistema es justo.

Por otra parte, el 42% de los encuestados consideran muy importante no evadir impuestos para ser buen ciudadano, mientras que sólo un 0,6% lo consideran nada importante. En total, siendo 0 nada importante y 10 muy importante, los encuestados le dan un 8,58 de importancia a no evadir impuestos para ser un buen ciudadano.

En este sentido, es mayoritaria la opinión de que en España existe "mucho" fraude fiscal (49,5% de los encuestados), mientras que un 41,7% cree que hay "bastante" fraude y tan sólo un 4,4% y un 0,4% piensan que hay "poco" o "muy poco" fraude, respectivamente. Además, el 45,5% de los entrevistados opina que la Administración hace "pocos" esfuerzos para luchar contra el fraude y el 14,1% piensa que los esfuerzos son "muy pocos". Por el contrario, el 24,8% opina que se hacen "bastantes" esfuerzos y el 4,9% que son "muchos".

El 57,5% de los encuestados considera que los impuestos "son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos", mientras que un 26,3% considera que son "algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué" y un 13,8% lo ven como "un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad".

En cuanto a la financiación de los servicios públicos y prestaciones con esos impuestos, el 31,1% de los encuestados piensan que se destinan demasiados recursos a Defensa, mientras que el siguiente servicio público considerado sobrefinanciado son las obras públicas (9,5% de los encuestados). Por el contrario, la ayuda a las personas dependientes (63,8% de los encuestados), la Seguridad Social y las pensiones (62,3%) y la investigación en ciencia y tecnología (62,1%), son los ámbitos que los encuestados consideran que reciben "muy pocos" recursos. Se sitúan cerca también la sanidad (60,5%), la protección del medio ambiente (60,1%) y la vivienda (56%).

Respecto a la pregunta de si prefieren que se mejoren los servicios públicos, aunque esto implique pagar más impuestos o si, por el contrario, prefieren pagar más impuestos, aunque haya que reducir los servicios públicos, una mayoría de encuestados prefiere pagar más impuestos y mejorar los servicios. En concreto, de 0 (pagar más) a 10 (pagar menos), justo en el medio (5) se sitúan un 31,2% de los encuestados, mientras que entre el 0 y el 4 se sitúan un 47,2%, por lo que prefieren pagar más para tener mejores servicios, y entre el 6 y el 10 se posicionan el 17,3% de los encuestados.

Asimismo, el 57,4% de los encuestados cree que la sociedad se beneficia "poco" de lo que los ciudadanos pagan a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones, mientras que el 27,8% considera que la sociedad se beneficia "bastante", el 6,1% piensa que "nada" y el 4,4% que lo hace mucho.

Por otra parte, el 58,4% de los encuestados considera que las administraciones públicas le dan menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones, el 30,9% considera que recibe "más o menos" lo que paga, y el 5,5% considera que recibe más de lo que paga.

En comparación con otros países "más avanzados" de Europa, el 33,6% de los encuestados no se atreve a valorar si en España se pagan más o menos impuestos, pero un 28,9% piensa que en España se paga más, el 24% cree que se paga menos, y el 12,1% opina que la tributación es similar.
(Expansión, 18-12-2019)

El Banco de España pide un mecanismo fiscal europeo para invertir
La política fiscal en la zona euro es el mundo al revés. Los que tienen que bajar deuda no lo hacen y los que disponen de margen no lo emplean, denuncia el Banco de España en un documento publicado este martes. Y eso hace que la política fiscal agregada no sea la “adecuada”. Tener la combinación correcta “resultaría especialmente importante en un contexto en el que, a pesar de que el tono acomodaticio de la política monetaria se ha intensificado, siguen apreciándose síntomas de debilidad en la actividad y se mantienen notables riesgos”, sostiene.

Según la Comisión Europea, ocho países, entre ellos España, presentan un elevado riesgo de incumplir sus obligaciones de reducir el déficit. Sin embargo, Alemania, Holanda o Austria podrían emprender una política fiscal más expansiva y mantener sus cuentas saneadas. Además, según destaca el Banco de España, la inversión pública se encuentra en unos “niveles reducidos” tras la crisis.

En definitiva, “el logro de una mejor combinación de las políticas económicas a escala europea resulta extraordinariamente complejo. [...] No existen mecanismos que ayuden a internalizar la importancia de alcanzar una política fiscal adecuada”, afirma el supervisor español.

De ahí que pida un instrumento fiscal centralizado para lograr “la orientación adecuada de la política fiscal en la zona euro”. Y da cifras al respecto: si empleasen todo su margen los países que pueden, el PIB del conjunto del euro aumentaría hasta en 0,5 puntos en el primer año para luego ir diluyéndose su efecto lentamente. Eso sí, siempre que se dedique a inversión. Si se hiciese con gasto corriente el impacto sería bastante menor, subraya.
(El País, 18-12-2019)

Laboral

El Supremo avala bajar el sueldo a los funcionarios poco productivos
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acaba de avalar que la Administración Pública pueda rebajar el sueldo a una funcionaria, a través de un recorte del complemento de productividad llevado a cabo por disminuir su rendimiento. Según la sentencia, en la normativa “queda claro que lo asignado en un determinado período de tiempo no significa idéntica asignación en otro”, es decir, que el plus de productividad no se consolida.

Además, los jueces reconocen un “margen de discrecionalidad de la administración” para recortar ese plus si cae la productividad. En este caso, la jefe de la funcionaria dijo que no atendía el teléfono, que no obedecía las instrucciones y que trabajaba menos de lo que le correspondía.

La sentencia conocida ayer afecta a una funcionaria del Tribunal de Cuentas que reclamó al Supremo que declarara no conforme a derecho la resolución dictada por este organismo estatal en diciembre de 2017 en la que se inadmitía el recurso impuesto por esta empleada pública contra la disminución del complemento que cobraba por productividad. La trabajadora pedía que se le devolvieran 214,35 euros, más los intereses de demora oportunos.

Esta funcionaria conoció la rebaja de su complemento de productividad cuando se publicaron las cantidades aprobadas para el segundo semestre de 2016, de acuerdo con las propuestas formuladas por los titulares de los diferentes departamentos del Tribunal de Cuentas, que son los encargados de repartir dicho plus.

Supo entonces que la productividad asignada para ella “tuvo un severo descuento, ya que de los 1.313,32 euros correspondientes a su nivel administrativo solo se le asignaron 737,55 euros. Dicha cantidad se obtuvo del descuento de los 15 días de baja habidos en el semestre, más un descuento adicional de 414,35 euros en concepto de penalización”, explica la sentencia.

En enero de 2017, la Dirección Técnica del departamento para el que trabajaba esta funcionaria le comunicó que el motivo de la rebaja del complemento de productividad era “no atender llamadas telefónicas, no seguir las instrucciones y realizar menor volumen de trabajo, fundamentándolo todo ello en correos electrónicos no aportados de su superiora directa (actualmente cesada en dicho puesto), y en la aplicación informática utilizada en las actividades de fiscalización, información igualmente no aportada”, según consta en la sentencia recién notificada.

Ante esto, la funcionaria demandante presentó un escrito al Tribunal de Cuentas el 1 de febrero de 2017 solicitando el abono de las cantidades indebidamente descontadas, “por entender que tal descuento se basaba en acusaciones sin acreditación fehaciente alguna”.

Posteriormente, el 24 de mayo de 2017, el organismo publicó el reparto de la productividad del siguiente semestre (primero de 2017) y en esta ocasión la productividad asignada contenía un incremento sobre los 1.313,32 euros correspondientes a su nivel administrativo, de 200 euros. De esta forma, recuperaba esa cantidad de los 414,35 euros penalizados, pero aún reclama a la Administración los 214,35 antes citados.

Ante estos hechos, el Supremo ha decidido estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la funcionaria, y obliga al Tribunal de Cuentas a admitir el recurso de alzada de la demandante. Pero, a la vez, el Supremo “desestima la pretensión de abono de 214,35 euros” a esta empleada pública.

Con ello, la funcionaria mantiene parte de la rebaja de su complemento de productividad decidida por sus superiores y, por ende, su sueldo queda aminorado.
(Cinco Días, 18-12-2019)

Casi la mitad de los trabajadores se siente desmotivado en su empresa
Según el informe Guía del mercado laboral 2019 elaborado por la consultora Hays. La cuestión guarda una fuerte relación con el salario que percibe cada empleado por las tareas que realiza para la compañía: quienes perciben una renta mayor también están más estimulados en su puesto. La desmotivación ha crecido cinco puntos respecto al año pasado, cuando esta alcanzaba al 42% de los trabajadores.

El director general de Hays España, Christopher Dottie, achacó esta subida a la falta de perspectivas de encontrar un empleo mejor. “Hay menos gente que se atreve a cambiar de empresa por la inestabilidad del mercado laboral; se agarran a su puesto actual, aunque estén descontentos”, apuntó el ejecutivo durante la presentación de la guía. Aunque de media el 53% de los encuestados asegura estar motivado en su puesto de trabajo, esta proporción baja al 40% entre quienes cobran menos de 18.000 euros brutos al año. El porcentaje sube a medida que el salario se incrementa: llega al 61% para quienes ingresan entre 51.000 y 80.000 euros brutos al año, y a un 72% entre los que superan los 80.000 euros anuales brutos.

En línea con estos resultados, el 54% asegura que un aumento salarial sería una de las medidas que podría llevar a cabo la compañía para aumentar su nivel de satisfacción. Una disposición a la que son especialmente sensibles las mujeres (59%), las personas que cobran menos de 18.000 euros (77%) o quienes trabajan en una startup (60%). Por su parte, entre los perfiles más sénior, un mayor reconocimiento por parte de la empresa sería su principal aliciente para recuperar el ánimo. El 44% de quienes demandan esta gratitud cobra más de 80.000 euros al año. La promoción interna (27%) y la mejora del horario (24%) son otros de los incentivos que ayudan a mejorar el bienestar de los empleados.

La importancia que se le concede a los ingresos varía en las diferentes generaciones. Los mileniales (generación Y) son quienes más peso dan a esta variable: el 76% de ellos estaría dispuesto a cambiar de empresa por un sueldo mayor. Pero destaca el caso de los baby boomers, que hasta ahora estaban menos tentados a moverse de puesto por este motivo. El informe revela que el 59% de ellos –37 puntos porcentuales más que en 2018– haría esta mutación solo por el salario. Dottie achaca este incremento a la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones.

Estos datos contrastan con la realidad del mercado laboral, pues los salarios solo subieron, de media, un 0,7%, según la consultora. La logística, el retail y las tecnologías de la información fueron los sectores más afortunados, donde llegaron a alcanzar un crecimiento del 2%. Además, la retribución solo sale a coalición en un 57% de las entrevistas de trabajo, mientras que el 79% se centra en comentar las oportunidades de progreso. Para el responsable de Hays, este dato refleja que en los primeros encuentros no se tratan los asuntos que realmente interesan a los candidatos, lo que se traduce en una pérdida de tiempo para ambas partes.

No obstante, de cara al próximo curso, el 68% de las empresas –dos puntos más que en 2018– asegura que mejorará los ingresos de su plantilla, aunque solo el 51% lo aplicará a toda la plantilla. Las compañías industriales registrarán un aumento de manera más generalizada, que se dará especialmente en el sector de fabricación (78%), químico (65%) y automoción (65%).
(Cinco Días, 18-12-2019)

Las pensiones subirán en enero un mínimo del 0,25% o un máximo del 0,9%
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado hoy que el Gobierno en funciones está aún estudiando si los más de 9,5 millones de pensiones que existen en España subirán el próximo año un 0,25%, como marca la ley, o aumentarán un máximo del 0,9% acorde con la inflación prevista, como es compromiso del Ejecutivo. No obstante, si antes del 31 de diciembre decidieran subirlo solo un 0,25%, el Gobierno mantiene su compromiso de elevará un 0,9% de forma retroactiva desde enero en cuanto deje de estar en funciones.

Según las fuentes consultadas esta decisión no se tomará aún el próximo viernes y quedará, en todo caso para el último Consejo de Ministros del año, que se celebrará el 27 de diciembre. No obstante, si la decisión final del Ejecutivo fuera aplicar la Ley de Seguridad Social --que marca un incremento del 0,25% mientras la Seguridad Social incurra en déficit (y este año volverá a superar los 18.000 millones de números rojos)— esta decisión podría incluso no necesitar la aprobación del Consejo de Ministros.

Este punto de la ley quedó en suspenso en 2018 y 2019 debido a un pacto presupuestario entre el anterior Gobierno del PP y el PNV, gracias al cual todas las pensiones subieron un 1,6% y las mínimas un 3% el pasado año y el actual. Por tanto, ahora, la normativa solo dejaría de estar en suspenso y podría no requerir aprobaciones adicionales si las pensiones solo subieran un 0,25%.

Según Valerio, que las prestaciones suban un 0,25% o un 0,9% "depende de si se decide mantener en vigor el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social donde se recoge este índice o suspender la aplicación del mismo y subirlas un 0,9%. Esto está todavía por decidir, igual que si se hace antes de que se acabe el año", ha apostillado la titular del Ministerio de Trabajo.

Valerio también ha recordado que el único punto sobre el que se cerró un acuerdo en el Pacto de Toledo fue acerca de revalorizar las pensiones lo mismo que la inflación, y ha añadido que el alza del 0,9% estaría en línea con lo que se prevé que avancen los precios.
(El País, 18-12-2019)

El Supremo obliga a pagar las horas extra también en guardias
El Tribunal Supremo obliga a las empresas a pagar las horas extras también en las guardias cuando se produce un exceso de jornada. De esta forma, el tiempo de presencia será considerado como tiempo efectivo de trabajo y afectará a diversos sectores como transporte, bomberos, servicios sanitarios o trabajadores de mantenimiento.

El auto, de 10 de diciembre de 2019, aplica por primera vez el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "El tiempo de guardia de un trabajador que pasa en el marco de las actividades que realiza para un empresario debe calificarse como tiempo de trabajo", subraya el fallo europeo. El Supremo recoge este fallo y crea un nuevo criterio sobre la retribución de las guardias de trabajo.

El Supremo aplica la normativa europea sobre el convenio colectivo de aplicación, por lo que anula y rechaza "la posibilidad de descontar la retribución de las guardias de presencia física de atención continuada con un complemento salarial" pactadas en convenios.

El Tribunal Supremo rechaza un recurso de casación y ratifica un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). El TSJ subraya que "o se trabaja o se descansa, no admitiéndose graduaciones, de modo que los tiempos de espera, de disponibilidad, de localización, o son tiempo de trabajo o son tiempos de descanso, no pudiéndose admitir una categoría intermedia".

La demanda parte de los trabajadores de la empresa Ambuibérica, que exigían que se reconozcan a 250 empleados del transporte sanitario de Cantabria, adscritos al 061, la consideración de horas extraordinarias el exceso de jornada de los años 2017 y 2018, ocasionado por el llamado tiempo de guardia en espera y que estaba remunerado como plus de emergencia. Esta retribución estaba por debajo de la hora normal de trabajo. La demanda estaba dirigida por el letrado de USO Eduardo Porcelli.

El auto, cuyo ponente ha sido el magistrado de la sala de Lo Social, Antonio Sempere, exige que Ambuibérica compense a cada trabajador afectado por un exceso de jornada de 210 horas desde enero de 2017. En total 105.000 horas extraordinarias. Según los sindicatos, este exceso de jornada supondría la contratación de 30 trabajadores cada año.
(El Mundo, 18-12-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Bruselas da un toque de atención a España por la deuda, el paro y el estancamiento de la productividad
Abultados superávits por cuenta corriente en el norte y elevadas deudas públicas en el sur. Son algunos de los desequilibrios macroeconómicos que obligaron a Bruselas a mantener en su radar a 13 países. Entre ello, España por su elevado nivel de endeudamiento, el “débil crecimiento de la productividad” y el “alto desempleo”. Pero la Comisión reprende también a Alemania y los Países Bajos por sus prominentes saldos exteriores o a Irlanda por una “posición volátil” a causa de la actividad fiscal de las grandes multinacionales en ese Estado.

A solo cuatro días del estreno del invierno, Bruselas aprobó el llamado Paquete de Otoño, formado por varios documentos e informes que examinan la situación macroeconómica y laboral de los países de la UE, marcan su estrategia para 2020 y proponen una política fiscal al Consejo. En línea con las recomendaciones del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen llama a la prudencia a los países con elevadas deudas y a “acelerar inversiones de alta calidad” a los que cuentan con generosos colchones fiscales.

A la vez, Bruselas mantiene en el punto de mira a 13 países por sus desequilibrios macroeconómicos, que considera que en tres casos (Grecia, Chipre e Italia) son “excesivos”. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, recordó que una de las prioridades de la Comisión es la "estabilidad" económica de Europa, que esas "vulnerabilidades" pueden poner en riesgo. España vuelve a estar bajo la lupa. La Comisión advierte de nuevo sobre un nivel de deuda que baja a pasos muy pequeños, la segunda mayor tasa de paro de la UE o en una competitividad prácticamente estancada. Por ello, la Comisión decidió “seguir examinando la persistencia” o bien la solución de esos desequilibrios.

El informe de la Comisión Europea advierte de que el “fuerte crecimiento económico” ha sido el principal motor para la reducción del déficit público, que en 2018 se situó en el 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB). No obstante, advierte de que esos desfases “persistentes” en las cuentas del sector público español suponen que el nivel de endeudamiento “solo baja de forma lenta”. De igual modo, pide más esfuerzo para rebajar la deuda del sector privado, que empieza a aumentar hacia números verdes por una mayor disponibilidad de crédito.

La Comisión Europea también avisa a España de que los costes laborales nominales han crecido “de forma marginal” en un contexto en el que el crecimiento de la productividad es “cercano a cero”, cuando desde la crisis la competitividad ha mejorado gracias a las mejoras en los costes. Además, recuerda que el desempleo ha ido decreciendo rápidamente, pero todavía es “muy alto” y está por encima de los niveles anteriores a la recesión, “en especial entre los jóvenes y los trabajadores no cualificados”.

También la posición exterior de España merece la atención de Bruselas. En este caso, su balanza por cuenta corriente ha sido positiva en los últimos años, pero su posición inversora neta internacional sigue siendo muy negativa. Por último, la Comisión señala que el precio de la vivienda siguió incrementándose en 2018, lo cual sugiere que la época en la que las casas están por debajo de su valor está llegando a su fin.
(Expansión, 18-12-2019)

El Gobierno prorrogará en enero los peajes de electricidad y gas de 2019
El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido a la CNMC para su informe sendas propuestas de órdenes ministeriales por las que se prorrogan para 2020 los actuales peajes y cargos de la electricidad y los peajes y cánones de gas natural y del almacenamiento de gas, respectivamente. Se trata de la primera vez en la historia que se aprueba una prórroga de las tarifas de acceso que pagan todos los consumidores y representan una parte importante de sus facturas del gas y de la luz (aproximadamente la mitad en este caso).

Se trata de un régimen transitorio, según el cual, los consumidores pagarán desde el 1 de enero las tarifas que han estado vigentes en 2019. No se trata exactamente una congelación de los peajes, sino “una mera prórroga”, que, según distintas fuentes, podría prolongarse casi todo el año que viene. De hecho, el texto no incluye previsiones de ingresos y costes.

La decisión de la prórroga responde al trasvase de competencias del ministerio a la CNMC, que entró en vigor el pasado enero con el Real Decreto Ley 1/2019 y que, por la premura de tiempo, aún no ha podido tomar forma legal. Según dicha norma, el organismo supervisor debe establecer las metodologías y valores de las retribuciones y peajes de las redes de transporte y distribución de electricidad y, una vez aprobadas esas fórmulas, será también el encargado de fijar los peajes de acceso a las redes, que se revisan cada mes de enero. Otro tanto ocurre en lo referente a las retribuciones de los peajes del transporte (gasoductos de la red troncal) y la distribución de gas natural (red secundaria) y las plantas regasificadoras.

Por su parte, Transición Ecológica tiene pendiente la elaboración de las metodologías de los llamados cargos de la electricidad y del gas. Los cargos son los costes ajenos a los estrictamente regulados (redes) que, hasta ahora, figuraban como peajes y que la normativa europea obliga a distinguir y separar. Se trata, por ejemplo, de los incentivos a las energías renovables, la amortización de la deuda eléctrica o las subvenciones a los sistemas extrapeninsulares que se confundían hasta ahora con los verdaderos peajes. Estos financian las redes y los cargos, el resto.

Al no tratarse de costes regulados (estos dependen de la CNMC) los cargos son competencia del Gobierno. Sin embargo, España tiene aún pendiente de aprobar una metodología para la asignación adecuada de estos costes a los consumidores.
(El País, 18-12-2019)

Sector

El Colegio de Abogados de Madrid aprueba los presupuestos para 2020 con un 83% de apoyo
La Junta General del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha aprobado, con un 83% de apoyo, los presupuestos de la corporación para 2020. Con 1.148 votos a favor, 232 en contra y 7 abstenciones, la Abogacía madrileña ha dado luz verde a una cifra de gastos e ingresos prevista de 29,8 millones, lo que supone un incremento del 1% respecto al año anterior.

Según ha explicado el decano José María Alonso, la Junta de Gobierno del ICAM afronta “con la máxima ilusión y con un compromiso de servicio absoluto” un ejercicio en el que la institución contará con mayores recursos para seguir aportando valor añadido a los más de 76.000 abogados y abogadas que forman parte del mayor colegio profesional de Europa.

“La legislatura no puede sino seguir avanzando desde una profunda convicción transformadora, con un plan nítido que pasa por destinar y asignar de la forma más certera los recursos personales, materiales, tecnológicos y económicos a quienes más lo necesitan”, ha afirmado Alonso.

Manteniendo una gestión “basada en criterios de máxima excelencia, ética, y eficacia”, el objetivo de la Junta de Gobierno para el próximo curso pasa nuevamente por “situar a los colegiados y colegiadas de Madrid en el centro de una institución útil y de referencia que refuerce el papel de la abogacía en la sociedad civil y ante las instituciones”. Todo ello, según ha recordado el decano, sin incrementar las cuotas colegiales, que se mantienen congeladas un año más.

De acuerdo a las líneas de trabajo desglosadas por José María Alonso, el ICAM potenciará de forma prioritaria el área de Defensa de la Abogacía. En este ámbito, uno de los proyectos más novedosos será la publicación en el primer trimestre del año de un Barómetro sobre el funcionamiento de la Justicia, con el objetivo de obtener un diagnóstico del funcionamiento de los distintos órganos judiciales, determinar y concretar los problemas que afectan a la Abogacía madrileña y proponer soluciones o medidas correctoras a los mismos.
(Cinco Días, 18-12-2019)

 
 
 
 
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