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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 20 DE DESEMBRE DE 2019  

Laboral

Acuerdo sobre control horario y registro de la jornada del XII Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre control horario y registro de la jornada del XII Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil.
(BOE, 20-12-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte.
(BOE, 20-12-2019)

Euro
Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 19 de diciembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 20-12-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 20 DE DESEMBRE DE 2019  

Fiscal

Las empresas aceleran las operaciones corporativas por miedo a subidas de impuestos
La recomendación de los bancos de inversión es clara: si hay operaciones de compraventa sobre la mesa, hay que acelerarlas para que el cierre se produzca en 2019 porque la situación fiscal en 2020 puede ser muy distinta a la actual. La diferencia entre vender una compañía el 31 de diciembre o dejarlo para el 1 de enero puede implicar una sustancial merma de ganancias, alertan fuentes de varias entidades.

Los empresarios han recogido el guante. «Hay negociaciones en las que se ha puesto como condición que la venta tiene que producirse en 2019 o que las conversaciones se rompen», aseguran estas fuentes. Otras han pisado el acelerador en la toma de decisiones y en el papeleo para que todo esté listo antes de que suenen las campanadas de Nochevieja, añaden.

La diferencia entre las prisas actuales y la situación de hace unos meses es más notable porque las operaciones corporativas se habían ralentizado este año en España, sobre todo a la hora de tomar la decisión final de compra y negociar el precio. Los propietarios están urgiendo ahora a que esos plazos se reduzcan.

Todo ello, por el temor a subidas de impuestos el año que viene. «Si hay un nuevo Gobierno liderado por el PSOE y Unidas Podemos, va a cambiar la fiscalidad», explican fuentes del sector financiero. «Aunque no haya modificaciones en marcha en este momento, hay un año entero de plazo en el que las variaciones afectarán a las ganancias que consigan los vendedores». El foco de incertidumbre se centra en dos figuras impositivas: las plusvalías o impuestos sobre las rentas de capital en el IRPF y el régimen de tributación de las sociedades holding.

El primero afecta a las compañías que están en manos de particulares. La venta de una participación genera una ganancia que ahora tributa a un máximo del 23%. Cuando es un holding el dueño de la empresa, la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece exenciones de pago en caso de que se cumplan una serie de condiciones.

Ambas figuras cambiarán si el acuerdo del PSOE con Podemos sale adelante y retoman las ideas que plasmaron en su fallido proyecto de presupuestos para 2019. El documento acordado entre ambas formaciones establecía una subida del impuesto sobre las plusvalías de cuatro puntos porcentuales a partir de 140.000 euros de ganancias. Eso significa que la tributación se elevará al 27%. También aprobaron limitar las exenciones que permiten a las sociedades no tributar por los dividendos y las plusvalías generadas por sus filiales.
(Expansión, 20-12-2019)

Laboral

La Seguridad Social pierde 26.317 afiliados extranjeros en noviembre
La Seguridad Social perdió una media de 26.317 cotizantes extranjeros en noviembre (-1,2%), hasta situarse el total de inmigrantes ocupados en 2.123.454 personas, según ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Con este descenso, la afiliación de extranjeros regresa a tasas negativas después de dos meses consecutivos de ascensos, en los que ganó de manera conjunta casi 17.000 cotizantes.

Del total de afiliados extranjeros inscritos a cierre de noviembre en la Seguridad Social, 1.773.130 cotizan en el Régimen General; 345.792 en el de Autónomos; 4.491 en el Régimen del Mar, y 41 en el del Carbón. En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció en 142.374 cotizantes en noviembre, un 7,2% más. Al finalizar el penúltimo mes del año, un total de 1.268.384 cotizantes extranjeros procedían de países extracomunitarios y el resto (855.070) de países de la Unión Europea.

Del total de trabajadores inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (342.839 afiliados), Marruecos (265.029), Italia (126.473) y China (108.598). Les siguen los trabajadores de Colombia (75.084), Ecuador (73.543), Reino Unido (69.508), Venezuela (64.735) y Bulgaria (60.152).

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid siguieron concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre de noviembre, al sumar entre ambas el 45% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 514.931 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 442.528. Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar noviembre fueron Cantabria, con 12.852 cotizantes, Extremadura (13.911 extranjeros) y Asturias (14.874).

En valores relativos, las mayores subidas mensuales de la afiliación de extranjeros se producen en Comunidad Valenciana (+2,9%), Murcia (+2,2%) y Andalucía (+1,8%). Por contra, los mayores descensos se registraron en Baleares (-24,3%), Extremadura (-12,1%) y Castilla y León (-9,1%).

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros sube en todas las comunidades autónomas. Galicia y País Vasco lideran los aumentos, con subidas del 10,3% y del 9,9%, seguidas de Castilla y León, Cantabria y Aragón con alzas de más del 8% respecto a un año antes.
(Cinco Días, 20-12-2019)

Se dispara el número de trabajadores que se jubilan de forma anticipada perdiendo dinero
Cada vez hay más trabajadores que eligen jubilarse de forma anticipada, aunque eso suponga sufrir una reducción en el cálculo de su pensión. Durante toda la fase de recuperación de la economía, ha crecido el número de bajas voluntarias, en una tendencia que sigue aumentando año a año. Así lo recogen los datos de la Seguridad Social, a los que ha tenido acceso este periódico a través de una solicitud de información mediante la Ley de Transparencia.

En los nueve primeros meses de 2019, se han producido 62.000 jubilaciones anticipadas con coeficiente reductor, de las cuales, más de 36.100 fueron voluntarias. Esta cifra es un 71% superior a la que se produjo en el mismo periodo de 2014, primer año de la serie. Estos datos muestran que se ha producido una gran salida voluntaria de trabajadores hacia la jubilación antes de alcanzar la edad legal.

La Seguridad Social les aplica un coeficiente reductor como desincentivo para evitar la salida temprana de trabajadores hacia la jubilación. Tanto la penalización como la edad legal de jubilación se endurecieron en 2011 con la reforma de las pensiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, normativa que todavía está en fase de aplicación. Sin embargo, esta penalización no ha conseguido reducir el número de jubilaciones anticipadas.

En el año 2014, el número de jubilaciones anticipadas voluntarias hasta el tercer trimestre fue de 21.172 personas, y en 2019, esta cifra alcanzó las 31.136 bajas. Tal incremento, del 71%, puede tener diferentes causas detrás empujando en la misma dirección. La primera es la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones. Y no solo es incertidumbre sobre el futuro financiero del sistema, también es normativa. Por ejemplo, está pendiente de aplicación o de derogación definitiva el factor de sostenibilidad, que recortaría la cuantía inicial de las pensiones a medida que aumente la esperanza de vida, lo que supone un incentivo para acelerar la salida del mercado laboral y así evitar su aplicación.

Otro factor importante es el aumento progresivo de la edad legal de jubilación derivado de la reforma de 2011. En 2019 alcanzó los 65 años y ocho meses, y en 2020 serán 65 años y 10 meses. Esto hace que cada vez los trabajadores tengan que esperar más para llegar a la edad ordinaria de jubilación y aumenta las probabilidades de que alguno decida salirse antes de tiempo. Además, la mejora de la situación económica ha elevado los niveles de optimismo de los españoles, lo que siempre genera un incentivo extra para tomar decisiones más arriesgadas como es esta.
(El País, 20-12-2019)

El Gobierno no garantiza ahora subir las pensiones en diciembre como prometió para el 10-N
El Gobierno duda ahora de si podrá cumplir su promesa de subir las pensiones con el IPC en diciembre. Con la agenda política cruzándose en el camino, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha admitido que está por decidir cómo y cuándo aplicar la medida

La recta final del año y las dificultades para garantizarse apoyos están obligando al Gobierno a dejar para el último momento una lista cada vez más larga de decisiones de gran calado. Algunas de ellas prometidas incluso, como es el caso de la actualización de las pensiones con el IPC antes de que termine el año.

El número 1 de los compromisos sociales con que el PSOE se presentó a las elecciones del pasado 10 de noviembre se titulaba, "Pensiones protegidas cada año y para siempre". Tras adelantar que las prestaciones quedarán blindadas en la Constitución, el PSOE se comprometía a actualizar las pensiones de 2020 de acuerdo con el IPC real "el próximo mes de diciembre". Fue el propio Pedro Sánchez quien presentó este compromiso el pasado 7 de octubre en Madrid.

En este mismo punto, el presidente en funciones y líder socialista propuso "pensiones justas significa blindar en la Constitución el sistema público de pensiones, abordando las reformas que garanticen su sostenibilidad y su suficiencia, actualizándolas de acuerdo con el IPC real y aumentando las pensiones mínimas y no contributivas, en atención al diálogo social y en el marco del Pacto de Toledo".

Sánchez mantuvo este compromiso durante la campaña electoral, y sus promesas incluso provocaron las quejas por parte de los sindicatos de los funcionarios. El motivo es que mientras que el presidente en funciones sí garantizó el incremento de las prestaciones, no hizo lo mismo, o al menos de manera tan tajante, con el sueldo de los trabajadores públicos.

Ahora, la agenda política producto de esas mismas elecciones en las que Sánchez consideraba el de Cataluña un problema de convivencia más que político, parece estar interfiriendo en este compromiso, en el que el Gobierno trabaja desde septiembre. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha afirmado hoy que todavía está por decidir si se suspende la subida de las pensiones del 0,25% y se suben un 0,9% en 2020, como se comprometió el Gobierno, antes de que acabe el año.
(El Mundo, 20-12-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El precio de la gasolina se anota la mayor subida en una década
El precio del combustible ha perjudicado a los ahorros de los españoles a lo largo de este 2019. Afectado por los vaivenes del valor del barril de Brent, el petróleo de referencia en Europa, el precio de la gasolina comercializada en España terminó el año pasado en mínimos de casi dos años, en los 1,21 euros por litro, mientras que cierra 2019 en los 1,30 euros de media, lo que supone una subida del 7,5%, la más elevada de la última década.

Por tanto, aquellos que cojan el coche este fin de semana para poner rumbo a su destino navideño tendrán que abonar cerca de 72 euros para llenar un depósito medio –alrededor de 55 litros– con gasolina 95, es decir, cinco euros más que hace 12 meses. Si el combustible empleado por el vehículo es diésel, el gasto se incrementará en casi seis euros, hasta los 67 euros. Con todo, el desembolso final depende siempre de la gasolinera donde se reposte, dado que la diferencia entre aquellas con precios más elevados y más baratos es considerable.

La subida del precio del diésel comercializado en España ha sido mayor en el último año (un 9,4%), aunque en vez de suponer la mayor alza en 10 años, es el incremento más elevado desde 2015, cuando sumó un 9,9%.

No obstante, a diferencia de en otras ocasiones, la cercanía de las Navidades y el aumento de trayectos en coche, y por tanto del gasto en combustible, no ha llevado a que su precio haya aumentado. De hecho, según los datos publicados por el Boletín Petrolero de la UE, en diciembre, el precio de la gasolina 95 en España ha descendido un 0,25%, lo que resultaría en un ahorro de menos de 20 céntimos por depósito, pero rompe la tendencia de otras épocas estivales. El pasado mes de julio, los precios subieron un 2,3%.
(Cinco Días, 20-12-2019)

La CNMC dispara las multas impuestas en 2019
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha disparado un 112% el volumen de multas impuestas a las empresas en el último año hasta alcanzar 471 millones de euros. Así se desprende de los comunicados que ha ido realizando a lo largo del año Competencia para informar sobre las compañías sancionadas.

De esta forma, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha más que duplicado el montante de las multas impuestas en 2018 (222 millones) y ha cerrado 2019 como el segundo año con mayor volumen en el último lustro, solo superado en 2015 cuando las multas sumaron 607 millones. A partir de entonces, la CNMC aflojó en la cantidad de multas impuestas (en 2016 cayó a 240 millones y en 2017 bajó de nuevo hasta los 155 millones).

Estas cifras relativas al volumen de sanciones anuales se han calculado a partir de los comunicados realizados a lo largo de cada año por la CNMC, y no coinciden con la cifra que figura en su memoria anual. Fuentes del organismo supervisor señalaron que algunas de las multas que se comunicaron en las notas de prensa no corresponden exclusivamente a conductas que violan la Ley de Defensa de la Competencia, ya que “la CNMC también impone multas en aplicación de la ley de telecomunicaciones, de la ley de energía y de la ley del servicio postal”. Además, algunas sanciones que corresponden a colegios profesionales o a un ámbito regional y local, “son impuestas desde la CNMC, pero la instrucción se lleva a cabo desde la autoridad regional”.

En 2019, la multa más alta (118 millones) correspondió a 15 empresas por formar un cártel para repartirse los concursos de Adif. Según detalla la CNMC estas empresas (Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc, y Eym) concertaron acuerdos durante ocho años (entre 2008 y 2016) y se repartieron 24 licitaciones para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE. Los contratos adjudicados al cártel ascendieron a 837 millones.

Igualmente destaca la sanción de 80,6 millones de euros a ocho empresas de la industria láctea (Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, Calidad Pascual, Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada y Schreiber Food España) por “intercambiar información que permitía coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos, a los que impedían fijar sus precios.

A pesar de las altas cantidades impuestas cada año la CNMC no llega a cobrar el total del importe de las multas ya que las empresas sancionadas pueden presentar alegaciones, primero ante la Audiencia Nacional y después ante el Tribunal Supremo para recurrir la multa. De esta forma, da comienzo un proceso judicial que se puede dilatar entre ocho y diez años hasta que el pago de la multa se hace efectivo.
(Expansión, 20-12-2019)

La renta de las familias en 2016 es aún inferior a los niveles precrisis
La Encuesta Financiera de las Familias de 2017, que elabora el Banco de España cada tres años, refleja que los más castigados son los jóvenes, que no han notado la recuperación porque están todavía un 43% por debajo de la riqueza de 2014 y, en términos de renta, un 76,7% por debajo de 2010.

La encuesta usa datos de 2017 y los compara con los de 2014 y 2011, pero en renta los datos corresponden a los ejercicios anteriores. Se usa la mediana (que desprecia los valores extremos) porque es más representativa que la media, muy distorsionada por los valores más altos.

Constata una caída de la riqueza neta de las familias (valor total de los activos menos las deudas) desde el arranque de la crisis, aunque se ven también los efectos de la recuperación que se inicia a finales de 2013, pero no así entre los hogares más jóvenes.

Por ello, y para que el crecimiento sea socialmente sostenible, fuentes de la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España apelan al buen funcionamiento de mercados como el de alquiler o el de trabajo y a considerar cuestiones como la equidad intergeneracional en el debate sobre el futuro de las pensiones.

Las fuentes del Banco de España señalan que entre 2014 y 2017 se ha producido una leve reducción de la desigualdad en términos de rentas laborales, pero no así en riqueza, porque el aumento de las rentas de los activos beneficia a los más acomodados.

La riqueza neta de las familias a cierre de 2017 se situó en una mediana de 115.100 euros, un 27% inferior a los 157.400 euros de 2011, resultado sobre todo de la caída de la vivienda, que representa el 71,7% de los activos totales de las familias, con un valor mediano de 120.200 euros.

La renta aumenta con el nivel de educación del cabeza de familia, especialmente entre los que tienen estudios universitarios, y si se trata de trabajadores por cuenta propia y crece con la edad hasta alcanzar su máximo en el último tramo de la vida laboral (entre 55 y 64 años).

El estudio refleja igualmente que, aunque a cierre de 2017 había más hogares endeudados que en 2014 (53,2% frente a 49%) el importe mediano de la deuda era de 35.000 euros, un 24,2% menos que en 2014. La riqueza de las familias se concentra en activos reales (vivienda, otras propiedades inmobiliarias, terrenos y edificios de los negocios, joyas y obra de arte) que acaparan el 80%, ocho puntos menos que antes de la crisis, reflejo de la caída del valor de la vivienda, en tanto que el 20% restante está en activos financieros.

La vivienda representa el 43,3% de los activos totales y es el activo más importante en todos los niveles de renta, aunque ha perdido peso, concretamente 3 puntos porcentuales más en 2014. Entre 2014 y 2017 el porcentaje de hogares propietarios de su vivienda bajó desde el 80,4% al 75,9%, caída especialmente acusada entre los más jóvenes, que viven más de alquiler o en casas cedidas (estas dos partidas crecen casi 30 puntos porcentuales). Además, un 31,9% dispone de una segunda vivienda.

Entre los activos financieros, las cuentas bancarias constituyen casi el 34% -con un saldo de 4.500 euros frente a los 3.100 anteriores- seguidas de los planes de pensiones (16,2%), acciones no cotizadas y participaciones (13,8%) acciones cotizadas (13%), fondos de inversión (9,4%) y renta fija (0,3%).
(Expansión, 20-12-2019)

La crisis sigue golpeando a los jóvenes y les aleja de la vivienda y del ahorro
Algo está pasando con los jóvenes en España. En concreto con su renta y su riqueza. Son el grupo más castigado y el que más sigue sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Así, el nivel medio de ingresos en los hogares cuyo cabeza de familia es menor de 35 años estaba en 2016 un 18% por debajo del nivel medio de 2010. En concreto, han pasado de 27.700 a 22.800 euros. En cuanto a la riqueza, están aún un 56% por debajo de la que tenían en 2011.

Son algunos de los datos que refleja la Encuesta Financiera de las Familias de 2017 que publicó ayer el Banco de España y que realiza cada tres años. En ella se ofrece una radiografía de la renta, riqueza, activos y el endeudamiento de las familias españolas en comparación con las previas.
La encuesta ofrece más signos que reflejan esta realidad: una caída del 8,3% en el porcentaje de menores de 35 años propietarios de su vivienda (4,5% en el resto de grupos); un descenso en el peso relativo de los hogares jóvenes; un aumento del porcentaje de estos que viven con sus padres y una pérdida de peso de los hogares unipersonales de este colectivo.

La encuesta señala por contra un grupo que ha sorteado la crisis con mejores resultados que la media. Son los hogares donde el cabeza de familia tiene estudios universitarios, trabaja por cuenta propia y alcanza su máximo de ingresos en el grupo que tiene entre 55 y 64 años.

Así, las familias con mayor renta y riqueza destinan cada vez una mayor parte de su deuda a invertir en inmuebles que no son su vivienda principal, pasando del 31,3% en 2014 al 37,6% en 2017, frente a la media nacional del 21,7%, lo que provoca un aumento sustancial de hogares con altos niveles de ingresos que son propietarios de casas en las que no residen (pasando del 38,1% al 44% en este periodo).

Estos datos dejan intuir algunas conclusiones: los jóvenes tienen más dificultades para ahorrar y financiar la compra de una casa, por lo que acuden al mercado del alquiler, donde las rentas más altas están invirtiendo para cubrir una demanda que está aumentando.

Fuentes del Banco de España no hacen interpretaciones de estos datos, pero destacan la necesidad de contar con un buen funcionamiento de mercados como el del alquiler, el laboral, o la educación y la formación, etc., para lograr un crecimiento más estable y socialmente sostenible. Sin olvidar la importancia de las pensiones, en unos momentos en los que se están produciendo grandes cambios demográficos.

El objetivo es reducir la desigualdad, que en los resultados de la encuesta arroja una de cal y otra de arena. De un lado, el crecimiento del empleo contribuyó a reducir moderadamente las tasas de desigualdad en las rentas laborales. Sin embargo, en cuanto a la riqueza, la desigualdad no se redujo en el periodo 2014-17: la razón es que hubo una recuperación de las rentas procedentes de activos, cuya distribución se concentra en hogares con riqueza media-alta.
(El País, 20-12-2019)

 
 
 
 
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