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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 21 AL 23 DE DESEMBRE DE 2019  

Mercantil, Civil i Administratiu

Metodología y condiciones de acceso y asignación de capacidad en el sistema de gas natural
Circular 8/2019, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones de acceso y asignación de capacidad en el sistema de gas natural.
(BOE, 23-12-2019)

Metodología para determinar la retribución de las instalaciones de transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado
Circular 9/2019, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para determinar la retribución de las instalaciones de transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado.
(BOE, 23-12-2019)

Euro
Resolución de 20 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de diciembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 20-12-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/21/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/21/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 21 AL 23 DE DESEMBRE DE 2019  

Fiscal

La Hacienda catalana analiza prácticamente todos los casos de traslados de domicilios fiscal de grandes contribuyentes
En el periodo 2015-2018, la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) abrió 46 expedientes por traslados fraudulentos de Cataluña a otra comunidad o a otro país, con lo que recaudó 24 millones de euros. El domicilio fiscal de un contribuyente es aquel en el que reside la mitad de los días del año más uno. En los últimos años de la crisis Madrid ha mantenido una política de bajada de impuestos en el caso del IRPF, por un lado, y hasta su práctica eliminación en Patrimonio o Sucesiones, por el otro. Esa política que gobiernos como el catalán califican de “dumping fiscal” lleva a que algunos contribuyentes opten por cambiar su residencia fiscal de Cataluña a Madrid, por ejemplo.

“Tenemos un grupo específico de la plantilla de inspectores que cuando recibe un cambio de domicilio fiscal analiza información sobre suministros, mudanzas, dónde tiene el contribuyente el gimnasio y hacemos un informe”, explican desde la ATC. En caso de que se detecten indicios que apunten a una residencia fiscal fraudulenta se pasa a la siguiente fase de requerimiento de información. La última fase es abrir un expediente si la información aportada no valida el traslado.

Fuentes de uno de los principales despachos de abogados fiscalistas que opera en Cataluña confirman que la actuación de la ATC es casi sistemática en el caso de los cambios de domicilio en los grandes contribuyentes.

Desde la agencia catalana señalan que existe una buena colaboración con la Agencia Tributaria española desde hace años. En el caso de la ATC, sus expedientes hacen referencia a aquellos impuestos que tienen cedidos, como los de patrimonio y sucesiones. En el caso de que se detecte un fraude en la residencia se comunica a la agencia estatal para que reclame al contribuyente la parte correspondiente al impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), cuyo control es responsabilidad del fisco español.

La Comunidad Valenciana ha ido un paso más allá y ha creado un grupo de trabajo en el que están presentes los técnicos de las dos agencias: la autonómica y la valenciana. Fuentes de la Agencia Tributaria Valenciana explican que desde que comenzó la colaboración han abierto 10 expedientes y tienen otros 10 en análisis. Los mismos informantes añaden que ya ha recuperado 10 millones de euros en un solo caso en relación con el impuesto de patrimonio y de sucesiones de los herederos de un fallecido.

El pasado martes en el Consejo Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, los responsables de la Agencia Tributaria Valenciana explicaron su experiencia con ese grupo de trabajo conjunto al resto de comunidades. Fuentes del organismo público valenciano dijeron que analizan la mayoría de los casos de traslado de domicilio fiscal siempre que tenga un efecto en los tributos que le son cedidos como patrimonio y sucesiones.

Por lo tanto, deben ser contribuyentes con ingresos o patrimonio alto. Desde la agencia valenciana explicaron que analizan también que no hayan prescrito las correspondientes declaraciones para poder recuperar ingresos no comunicados. Según las estimaciones del Consejo General de Economistas-REAF, en Valencia los contribuyentes con ingresos de más de 110.000 euros anuales son los que más pagan de toda España. Como muestra, un contribuyente que gane 600.000 euros pagará 24.000 euros más si vive en Valencia que si lo hace en Madrid.
(La Vanguardia, 22-12-2019)

Italia aprueba sus Presupuestos con impuestos al plástico y al azúcar
Italia aprobará este lunes la ley de Presupuestos Generales, que introduce algunos impuestos sobre el uso del plástico, bebidas azucaradas y ganancias derivadas del juego, después de que se supere el voto de confianza, una estrategia empleada para acelerar la aprobación y evitar las enmiendas. El Gobierno formado por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y algunas formaciones progresistas han conseguido evitar la votación de las enmiendas, al imponer un voto de confianza que se votará mañana en la Cámara de los Diputados para la aprobación final de los Presupuestos.

Una estrategia que ha sido muy criticada por la oposición, que ha acusado al Gobierno de violar la democracia al evitar el debate parlamentario. Con estos presupuestos, Italia prevé conseguir 32.000 millones de euros para el próximo año y calcula que el crecimiento será del 0,6% para 2020, un déficit del 2,2 % del producto interior bruto (PIB) y una deuda del 135,2 %.

Entre las medidas, algunas de las más polémicas y criticadas por la oposición, ya que penaliza a las industrias, es la que establece un impuesto al plástico, 45 céntimos por cada kilo y que también incluye el tetrapak y del que se espera se puedan conseguir mil millones en tres años. También se ha introducido el controvertido llamado "impuesto al azúcar", que supone 10 céntimos por cada kilo de bebida azucarada, y que entrará en vigor a partir del próximo octubre de 2020.

Y un nuevo impuesto para las empresas digitales con el objetivo de llegar a los 708 millones de euros por año. Además, se espera recaudar más de 300 millones de euros en las ganancias de las loterías y juegos de azar, al aumentar al 20 % el impuesto sobre las ganancias que superen los 500 euros. Mientras que se han asignado cerca de 3.000 millones para reducir impuestos en el trabajo, la llamada cuña fiscal, a los cerca de 4,5 millones de trabajadores con ingresos de entre 26.600 euros y 35.000 euros, que recibirán uno 500 euros más en 2020 y 1.000 euros más en 2021.

También prevé la abolición de un parte del copago sanitario y se prevén inversiones por un valor de 2.500 millones entre 2020 y 2022 destinadas a proyectos eco-sostenibles. Se destinarán 2.500 millones de euros para rebajar el coste de las guarderías en el país, como medida para incentivar los nacimientos. Así como prevé incentivos para fomentar el uso de tarjetas de crédito y débito para combatir la evasión fiscal, por valor de 3.000 millones de euros en 2021.
(El Mundo, 22-12-2019)

Condena al Estado a indemnizar a un contribuyente por la plusvalía municipal
La batalla judicial por el impuesto de plusvalía municipal no ha tocado a su fin. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo condena por primera vez al Estado a indemnizar con algo más de 2.500 euros a un contribuyente por los daños derivados de la liquidación del tributo.

La resolución, fechada en el mes de noviembre, abre así una nueva vía a los ciudadanos para recuperar el dinero indebidamente pagado por la venta a pérdida de sus propiedades. También cuando el importe liquidado hubiera sido superior a la ganancia obtenida. En ambos casos, la aplicación del impuesto ha sido declarada nula por el Tribunal Constitucional.

La vía abierta permite exigir la responsabilidad patrimonial del legislador cuando se demuestre, entre otros requisitos formales, que la aplicación de la ley declarada inconstitucional produjo un daño económico en el contribuyente que no estaba obligado a soportar.

El Supremo concluye que, en el caso enjuiciado, el recurrente (abogado de profesión) ha logrado probar que no hubo un incremento de valor en la venta de su vivienda que justificase el pago del tributo. Por ello obliga a la Administración a reparar el daño causado con una indemnización equivalente al importe girado en su momento por el Ayuntamiento de Jaca (2.570,42 euros), y condena al Estado al pago de las costas del proceso (4.000 euros). De esta forma, el letrado ha podido ganar un asunto que había sido desestimado.

Paula Gámez, socia de Ceca Magán, subraya “es una sentencia muy positiva” porque “refuerza la posición del contribuyente cuya prueba no haya sido valorada conforme a las reglas de la sana crítica”. La resolución es relevante no solo porque es la primera condena al Estado por los daños ocasionados como consecuencia del cobro indebido de la plusvalía, sino porque respalda la eficacia de las escrituras de compra y venta del terreno para probar la disminución del precio, aunque haya subido su valor catastral.
(Cinco Días, 21-12-2019)

Laboral

El porcentaje de adscritos a organizaciones de trabajadores cae en la OCDE
La negociación colectiva no vive su mejor momento y los sindicatos tienen dificultades para atraer a nuevos afiliados. Según un reciente informe de la OCDE, el nivel de afiliación sindical en España alcanza al 13,7% de los asalariados, el nivel más bajo desde 1990. La proporción de trabajadores que forman parte de organizaciones sindicales no ha dejado de caer con suavidad, pero de forma continua, desde principios de la década. En todo caso, desde los primeros años de la democracia, se ha mantenido en niveles relativamente bajos, ya que el punto álgido se registró a mediados de los noventa, cuando se acercó al 20%.

Las dificultades para los representantes tradicionales de los intereses de los trabajadores también se detectan en otras economías del planeta. En el 2018, alrededor de 82 millones de trabajadores pertenecían a un sindicato. Así, la media del club de 36 países industrializados se sitúa en el 16% y refleja una erosión significativa en el porcentaje de trabajadores que pertenecen a una organización sindical (es la mitad de lo registrado en 1975). El propio informe señala la gran diversidad de la implantación de los sindicatos entre los países miembros de la OCDE. La denominada “densidad sindical” oscila entre el 4,7% de Estonia y el 91% de Islandia.

El citado informe vincula este declive en la afiliación de las organizaciones sindicales a múltiples causas, en función del país y de su evolución a lo largo del tiempo. Pero también reseña que, en contra de las opiniones más habituales, “es pequeña” la contribución de los cambios demográficos en la composición de la fuerza laboral (la entrada de cohortes de jóvenes trabajadores menos propensos a sindicarse) y en las variaciones de la demanda del empleo como, por ejemplo, por la reducción del sector industrial.

El estudio de la OCDE refleja además la caída de la cobertura de trabajadores con convenio colectivo. Entre los países del organismo que dirige el mexicano José Ángel Gurría, unos 160 millones de asalariados están cubiertos por la negociación colectiva, ya sea por acuerdos estatales, autonómicos, regionales, sectoriales o de cada empresa. Aproximadamente representa un tercio de los asalariados (un 32%, en el 2017), mientras que en 1985 la media de los países de la OCDE se situaba en el 46%. En general, la reducción más fuerte de los asalariados protegidos por un convenio se ha producido en la Europa del Este y Centroeuropa, así como en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y, más recientemente, Grecia, concluye en el informe.

La estabilidad, en cambio, ha marcado el devenir de las asociaciones empresariales. Así, los últimos datos disponibles señalan que casi seis de cada diez empleados están trabajando en una empresa que forma parte de una organización empresarial.

El organismo internacional insiste en la importancia para el mercado laboral en muchas economías de la negociación colectiva y la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas. El entendimiento entre empresarios y representantes de los trabajadores tiene ventajas para ambas partes, destaca, aunque los interlocutores y la cobertura de trabajadores por convenios vaya en retroceso.
(Cinco Días, 22-12-2019)

UGT asegura que la ralentización del crecimiento económico ha aumentado los despidos
UGT ha afirmado que la ralentización del crecimiento y la debilidad de la demanda de los hogares ha empujado a un aumento de los despidos, aunque no ve motivo de alarma, según se desprende de un informe sobre la evolución del despido en España realizado por el sindicato.

De hecho, la organización sindical que lidera Pepe Álvarez ha señalado que 2019 se compara con 2018, "un año muy favorable en términos de ajustes de empleo colectivos" y, además, la evolución de los despidos tiene que ver con el comportamiento específico de algunos sectores y actividades productivas, como es el sector del automóvil o el de las telecomunicaciones, más que con la situación general de la economía.

El sindicato ha precisado que el sector del automóvil mantiene una dinámica productiva y de empleo propia con marcados auges y caídas, "porque el ajuste periódico de su demanda se traslada de manera bastante rápida al empleo por la vía de la aplicación de expedientes de regulación de empleo de distinto tipo, y en especial de los expedientes temporales de regulación de empleo de modificación de contratos de trabajo (ERTE)".

Hasta septiembre de este año, se registraron 188 procedimientos de ajuste de empleo colectivos menos que en el mismo periodo de 2018, aunque han afectado a 8 empresas y a 13.185 personas más. Así, UGT ha explicado que, aunque se registran menos procesos de ajuste de empleo totales y el número de empresas afectadas es prácticamente el mismo, las compañías son más grandes y el número de personas trabajadoras afectadas es mayor (+32,1%).

Por regiones, un total de doce comunidades autónomas son las que registran más trabajadores afectados por EREs de enero a septiembre de 2019 que en el mismo periodo del año anterior y en cinco comunidades descienden, siendo la mejor Navarra, con un 79,8%.

La Comunidad Valenciana es la que ha tenido un mayor número de trabajadores afectados por ajustes de empleo hasta septiembre, con 16.700 personas, sobre todo por el impacto de los sucesivos ERTE que ha llevado a cabo Ford en Almussafes, que han afectado a 14.652 personas. En esta Comunidad, los EREs registrados son un 334,2% superiores a los registrados en el mismo periodo de 2018.

Madrid, por su parte, ha sido la Comunidad con más despidos vía ERE. En total se han despedido a 4.575 personas, aunque la cifra es un 31,4% inferior a la registrada hasta septiembre de 2018. En Cataluña es donde se han registrado más personas afectadas por EREs de reducción de jornada (286 trabajadores).
(Expansión, 21-12-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

China rebajará los aranceles a más de 850 productos desde el 1 de enero
China rebajará los aranceles a más de 850 productos a partir del próximo 1 de enero con el objetivo de "ampliar las importaciones y promover el desarrollo coordinado del comercio", informó este lunes la agencia estatal de noticias Xinhua. Entre los productos que se verán afectados por la rebaja están la carne de cerdo congelada, componentes de alta tecnología como equipos de prueba de semiconductores y chips de memoria, y medicinas para tratar la diabetes y el asma.

"Los ajustes se harán para ampliar las importaciones, promover el desarrollo coordinado del comercio y avanzar en el desarrollo de alta calidad de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta (el macroproyecto internacional chino de construcción de infraestructuras)", explica la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado de China en un documento recogido este lunes por Xinhua.

La fuente indicó que esta reducción arancelaria se aplicará también al aguacate congelado y al zumo de naranja no congelado, además de a otros productos, "en un esfuerzo por incrementar de manera moderada la importación de bienes de consumo cotidiano que son relativamente escasos en el país o que tienen características extranjeras".

"China aplicará una tasa cero de importación a productos farmacéuticos que contengan alcaloides para el tratamiento del asma, así como a materias primas para la producción de nuevas medicinas para la diabetes", agrega el texto. En el caso de otros productos, no se precisa el nuevo gravamen, aunque el documento apunta que será menor al que se aplica a los productos de sus socios comerciales con estatus de "nación más favorecida".

Este anuncio llega diez días después de que Washington y Pekín alcanzaran una primera fase de acuerdo en la larga senda hacia la resolución de la guerra comercial que enfrenta a ambas potencias. En cualquier caso, no aparece ninguna referencia a Estados Unidos en el texto.

La reducción del precio a la importación del cerdo, uno de los productos básicos en la dieta de los chinos, se produce en un momento en el que la piara nacional de gorrinos se ha visto diezmada por una epidemia de peste porcina africana detectada en agosto de 2018.

El diario hongkonés South China Morning Post interpreta que el gesto de las autoridades chinas busca "abrir la economía a un mercado internacional más libre" y afirma que los términos utilizados evocan aquellos de la rueda de prensa en la que China anunció la citada primera fase del acuerdo comercial hace diez días.

Asimismo, dice el texto, durante 2020 "China seguirá aplicando tasas arancelarias favorables a los bienes procedentes de los países menos desarrollados que han establecido relaciones diplomáticas" con el país asiático.

Se trata de un guiño a los pequeños países centroamericanos y del Pacífico que recientemente han cambiado los lazos diplomáticos que tenían con Taiwán por otros nuevos con China, en una maniobra que busca aislar internacionalmente a Taipéi, considerada por Pekín una provincia rebelde que ha de volver a su soberanía.

Además, la fuente indicó que se producirán más rebajas en el futuro a productos de Chile, Perú, Costa Rica, Islandia, Pakistán o Australia, entre otros países, en virtud de los acuerdos de libre comercio firmados de manera bilateral.
(Expansión, 23-12-2019)

Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía son las autonomías que más vencimientos acumulan
Las comunidades necesitarán 37.000 millones de euros para financiarse en 2020, casi un 20% más con respecto a 2019, según las estimaciones de Afi. Este repunte se explica por la acumulación de deuda que se les vence, un pesado fardo frente al cual casi todas las regiones han solicitado acceso a los préstamos baratos que concede el Tesoro. Las regiones que más dinero requieren para sus compromisos son, un año más, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, con la diferencia que esta última ya no podrá financiarse en los mercados si a la vez quiere beber del grifo del Estado central.

La manguera de liquidez del Estado no se cierra. La mayoría de las comunidades seguirán alimentándose de la línea de préstamos al 0% que concede el Tesoro a través de los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA) y de Facilidad Financiera (FFF) para hacer frente a sus necesidades de financiación. Estas exigencias supondrán una factura de 37.000 millones de euros en 2020, según las estimaciones de Afi (Analistas Financieros Internacionales). Una cifra superior en casi un 20% a los 31.000 millones que las regiones precisaron en 2019 y que se justifica por los vencimientos de la deuda que se van solapando, mucha de ella contraída con el Estado.

Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, que acumulan los números rojos más abultados, vuelven a ser las autonomías que más dinero necesitarán el año que viene: 9.800, 6.000 y 5.300 millones de euros, respectivamente. La Rioja, Navarra y Cantabria son, por otra parte, las regiones que menos fondos precisarán para hacer frente a sus necesidades.

Las autonomías, responsables de proporcionar servicios públicos como la sanidad o la educación, deben cubrir su voluminosa deuda a medida que se vencen los préstamos y buscar nuevos créditos para sufragar sus déficits. Un cometido que se les complicó durante la crisis. Fue así que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha los mecanismos extraordinarios de liquidez. Un salvavidas para las regiones más asfixiadas por la deuda que ya no tenían manera de captar fondos por sí solas al no cumplir con las exigencias de los mercados financieros para pedir prestado.

Este engranaje de emergencia arrancó de forma extraordinaria y ha permitido a las comunidades ahorrarse 16.000 millones de euros en intereses desde 2012, según Fedea. Aunque el Estado aprobara en 2018 un plan para acabar gradualmente con estos préstamos —en línea con la recomendación de los organismos supervisores tanto nacionales como internacionales—, la recuperación aún no ha sido lo suficientemente vigorosa como para prescindir de ellos. En 2019, solo cinco autonomías se financiaron exclusivamente a través de bancos e inversores: Madrid, País Vasco, Navarra, Asturias y Castilla y León.

En 2020 la situación no sufrirá grandes cambios. Madrid, País Vasco y Navarra seguirán acudiendo a los mercados —y puede que también Asturias—, informan fuentes de Hacienda. Galicia y Baleares compaginarán el dinero del FFF con lo que capten de bancos e inversores para conseguir los 1.400 millones de euros que cada una necesita para 2020. Canarias también podría acogerse a esta opción, mientras que Andalucía, que se estaba beneficiando de esta financiación a doble banda, ya no podrá hacerlo en 2020.

La opción de combinar las dos vías de financiación —mercado y préstamos estatales al 0%— solo está abierta a las comunidades que cumplan los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. Estas regiones acceden al compartimento de Facilidad Financiera si solicitan dinero de los mecanismos extraordinarios de liquidez, pero pueden pedir autorización para captar de manera simultánea en el mercado parte de los fondos que necesitan. Las comunidades que no respeten las reglas presupuestarias y quieran beber del grifo del Estado, por otra parte, solo podrán acogerse al FLA. La diferencia no es baladí.

Si el FFF permite ir a la vez a los mercados, el FLA no solo cierra esta opción. También supone un control más férreo del Estado central sobre las cuentas de los Gobiernos regionales, que están obligados a diseñar un plan de ajuste para cumplir con los objetivos presupuestarios que se le fijen para el ejercicio.
(El País, 23-12-2019)

El plazo de pago a proveedores baja en todas las administraciones en octubre
El período medio de pago a proveedores (PMP) disminuyó en octubre en todas las comunidades, al bajar 5,8 días en la Administración Central, hasta los 25,6 días, y descender otros 1,2 días en las comunidades autónomas, hasta 40,7 días, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, el PMP se redujo 3,2 días en las entidades locales, hasta 67,34 días, si bien el 74% de dichas entidades presentan unos plazos iguales o inferiores a 30 días, mientras que el plazo registrado en los fondos de la Seguridad Social se situó en 11,2 días, 4,56 días menos en relación con septiembre.

La ratio de operaciones pagadas en la Administración Central se situó en 30,06 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago alcanzó los 20,55 días. En el caso de las comunidades autónomas, la primera ratio fue de 35,52 días (4,35 días más) y la segunda de 45,5 días (4,62 días más).

Por comunidades autónomas, Cantabria adelantó a Murcia en la demora del pago a proveedores, al situar su PMP en 82,49 días, frente a los 82,05 días de la región murciana. También se demoraron Baleares (61,72 días), Castilla-La Mancha (68,03 días), Cataluña (39,56 días), Extremadura (37,09 días), Madrid (45,36 días), La Rioja (39,19 días) y Comunidad Valenciana (43,12 días).

Por debajo del límite de 30 días quedaron Andalucía (24,22 días), Aragón (29,62 días), Asturias (23,50 días), Canarias (24,46 días), Castilla y León (29,8 días), Galicia (18,57 días), Navarra (25,89 días) y País Vasco (19,35 días).

Asimismo, el importe de la deuda comercial de las comunidades autónomas asciende a 4.704,5 millones de euros, equivalente al 0,38% del PIB nacional. En relación con la deuda comercial del mes anterior, se ha registrado un descenso del 1,4%, equivalente a 65,84 millones de euros.

En cuanto a las entidades locales, Hacienda constata una recuperación en la ratio de operaciones pendientes de pago que mejora el dato conjunto, y matiza que hay que tener en cuenta que el dato de media del subsector está calculado conforme al a misma metodología establecida para cada corporación local a nivel individual. Si no se utilizara este método, la media simple de los PMP individuales muestra un dato de 34,25 días, muy alejado de los 67,34 días resultantes de aplicar la metodología como si el subsector fuera una sola entidad.

Además, de las 146 entidades que han presentado información, 108 cumplen con el Período Medio de Pago en octubre, de forma que el 73,96% presentan en dicho mes un PMP igual o inferior a 30 días. Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días), y que representan un 8,22% de las entidades que presentan información del subsector, el PMP se sitúa en los 24,04 días, mejorando el dato de septiembre.
(El País, 22-12-2019)

Madrid logra dar el 'sorpasso' económico a Cataluña
La Comunidad de Madrid creció en 2018 más que Cataluña, logrando así dar el sorpasso económico que se esperaba desde hace un tiempo. Según la revisión estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los datos de Contabilidad Nacional entre 2000 y 2018, el PIB de Madrid a precios corrientes se elevó hasta los 230.795 millones de euros, frente a los 228.682 del catalán.

La incertidumbre provocada por el proceso en la actividad económica, que motivó el cambio de domicilio fiscal de no pocas empresas, agravada este otoño por los actos vandálicos registrados en las calles de Barcelona este otoño, han logrado que ya el año pasado la economía madrileña superara por volumen a la catalana. Una circunstancia que ya avanzó hace algunas semanas BBVA Research, al apuntar que este hecho era "inminente".

El peso de ambas autonomías alcanza el 38,1% del total de la economía española, si bien Cataluña se mantiene tras el cambio metodológico en el 19,1%, frente al 19% de Madrid, pese a que en este caso sí mejora en una décima.

En 2018, de acuerdo con la revisión del PIB practicada por el INE, el PIB madrileño creció un 3,1%, frente a la media nacional del 2,4%, y lideró el crecimiento registrado por todas las comunidades autónomas, seguido por Aragón (3%), Cantabria (2,8%), Navarra (2,6%) y Castilla-La Mancha (2,5%). Cataluña se situó por debajo de la media nacional, al avanzar un 2,2% junto con Galicia y Andalucía, mientras que Murcia se situó en última posición al elevar su PIB un 1%.

El cambio metodológico de Estadística ha provocado que el PIB de Madrid avanzara seis décimas menos que lo anunciado anteriormente, del 3,7% pasa al 3,1%, y es la autonomía junto con Cantabria por la revisión, mientras que el de Cataluña se reduce en tan solo una décima, del 2,3% al 2,2%. Solo dos comunidades mantienen su evolución del PIB sin cambios: Canarias (2,4%) y la ciudad autónoma de Melilla (1,6%).
(Expansión, 21-12-2019)

 
 
 
 
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