Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 24 DE DESEMBRE DE 2019

 Mercantil, Civil i Administratiu

Servicios de pago. Entidades de crédito
Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago y por el que se modifican el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
(BOE, 24-12-2019)

Euro
Resolución de 23 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de diciembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 24-12-2019)

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/24/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/24/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 24 DE DESEMBRE DE 2019

Fiscal

Madrid aprueba los Presupuestos de 2020 con una rebaja fiscal de 90 millones
La ciudad de Madrid ya tiene Presupuestos para el año 2020. El Gobierno de coalición conformado por PP y Cs han logrado aprobar las cuentas esta mañana, pese a la abstención de Vox, gracias a la ausencia de una edil de Más Madrid. El rechazo a dar su apoyo a las cuentas por parte de Vox, cuyos votos fueron claves para hacer alcalde a José Luis Martínez Almeida, parecían condenar el proyecto presupuestario del Ayuntamiento.

Sin embargo, la renuncia de la concejal de Más Madrid de Inés Sabanés dejó a PP (15 asientos) y Cs (11) en empate con los grupos abiertamente opositores, Más Madrid (18) y PSOE (ocho), lo que les daba ventaja al contar con el voto de calidad del regidor. El rechazo de PP y Cs a aplazar la votación hasta que Sabanés sea sustituida por otro miembro de Más Madrid ha provocado tal malestar en los grupos opositores que han abandonado el Pleno antes de la votación.

El plan presupuestario impulsado por el gobierno local incluía un paquete de rebajas fiscales entre las que se encontraban bajadas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la plusvalía municipal o la tasa de residuos. A las propuestas del texto inicial se le han adjuntado además varias enmiendas que elevan la rebaja de la presión fiscal en el municipio en un total de 90 millones de euros, según avanzan fuentes oficiales.
(Cinco Días, 24-12-2019)

El déficit público avanza un 26% hasta septiembre y alcanza el 1,47% del PIB
Las cuentas públicas españolas presentaban un agujero equivalente al -1,47% del PIB a cierre del tercer trimestre del año, un 26% por encima del déficit público registrado en el mismo periodo del año anterior, según los datos que acaba de publicar Hacienda, que hasta ahora no había ofrecido la cifra oficial a falta de agregar el dato de los ayuntamientos.

Estos presentaron un superávit del 0,2%, mientras que el Estado central también mejoró sus cifras al -0,85% frente al -1,16% de un año antes. Sin embargo, el dato de las comunidades autónomas empeora con fuerza, pasando de superávit a un déficit del 0,29% a cierre de septiembre.

Después de todo, la falta de Presupuestos ha retrasado la actualización de las entregas a cuenta y ha dejado a las regiones sin el cobro de un mes de IVA de 2017, unos 2.500 millones que quedan en manos del Estado.

Así, la diferencia entre gastos e ingresos en el conjunto de las administraciones públicas era de 18.386 millones de euros en negativo a cierre de septiembre, frente a los 14.592 millones en negativo de un año antes. Las cifras prometen complicar el objetivo del Gobierno en funciones de cerrar 2019 con un déficit del -2%, tras el -2,5% registrado en 2018 y que el Banco de España asume que volverá a repetirse este ejercicio.

De momento, el dato avanzado por Hacienda del mes de octubre indica que el déficit de las comunidades autónomas creció al -0,35%, 4.428 millones de euros, debido a que sus ingresos avanzan un 1,4% mientras que sus gastos se elevan un 5,6% impulsados por el incremento de salario a los funcionarios. Solo cuatro comunidades registraban superávit a cierre del tercer trimestre: Canarias, Navarra, La Rioja y País Vasco.

Mejor comportamiento está teniendo el Estado central, cuyo déficit se redujo un 6,2% hasta noviembre hasta situarse en el 0,88% del PIB, gracias a un aumento de la recaudación (del 2,6%) que supera al crecimiento del gasto (del 2%).

Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social reducen su déficit al 0,3% en octubre, gracias al fuerte aumento de las cotizaciones (que supera el 8%) que ha provocado el alza del salario y las bases mínimas de cotización (22%) y las máximas (7%).

Por su parte, la Agencia Tributaria ha remitido los datos de recaudación del mes de noviembre, que indican que en lo que va de año el crecimiento de los ingresos se sitúa en el 1,6%. La cifra sería bastante superior, del 3,7%, de no ser por diversos impactos extraordinarios negativos.

En concreto, una serie de cambios normativos y de gestión han reducido los ingresos públicos en 4.099 millones de euros en lo que va de año pese a que este saldo incluye el alza de 1.061 millones en la recaudación que arrojó el incremento del impuesto de hidrocarburos legado por el PP.

Sin embargo, solo la devolución del IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad ha rebajado ya en 1.701 millones los ingresos públicos de 2019, entre devoluciones del periodo 2014 a 2017 (1.131 millones), las de 2018 (470 millones) y la ausencia de retenciones de este año (100 millones). A la factura final habría que sumarle varios cientos de millones más cargados contra las cuentas de 2018.
(Expansión, 24-12-2019)

Bruselas reprueba la norma que obliga a declarar los bienes en el extranjero
La Comisión considera que es desproporcionada la normativa tributaria que obliga a declarar los bienes y derechos situados en el extranjero, a través un formulario de declaración fiscal Modelo 720, con fuertes sanciones económicas para quien declare fuera de plazo o no lo haga.

Así, lo declara la Comisión Europea en un resolución recurso, que hoy publica el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), remitida a al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que llega a la conclusión que las sanciones que consisten en la calificación de los activos como ganancias patrimoniales, la inaplicación de las reglas normales de prescripción y las multas pecuniarias fijas, constituyen una restricción a las libertades fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del Espacio Económico Europeo (EEE).

La primera sanción impuesta por el pago fuera de plazo de esta declaración fue anulada por el Tribunal Económico Administrativo Central (Teac) al considerar que el sancionado no era merecedor de una sanción del 150%. La recuperación de lo pagado de más, si finalmente el TJUE falla en la misma línea que se ha pronunciado la Comisión Europea, será muy complicado para los sancionados por la declaración de bienes en el extranjero.

El pasado 6 de junio 2019 la Comisión Europea tomó la decisión de interponer recurso contra el Modelo 720 (declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero) ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero en su Comunicado de Prensa parecía que únicamente se cuestionarían las sanciones desproporcionadas. La Comisión alega que, aunque en principio estas medidas puedan ser adecuadas para alcanzar los objetivos perseguidos que son la prevención y la lucha contra la elusión y el fraude fiscal, resultan desproporcionadas.

Bruselas solicita al TJUE que declare que el Reino de España ha incumplido las "obligaciones que le incumben en virtud de lo regulado en el TFUE y el EEE". Este incumplimiento de la legislación comunitaria lo extiende a las consecuencias del incumplimiento de la obligación informativa respecto de los bienes y derechos en el extranjero o de la presentación extemporánea del Modelo 720, que conllevan la calificación de dichos activos como ganancias patrimoniales no justificadas que no prescriben.

También, a imponer automáticamente una multa pecuniaria fija del 150% aplicable en caso de incumplimiento con la obligación informativa respecto de los bienes y derechos en el extranjero o de presentación extemporánea del Modelo 720.
(El País, 24-12-2019)

La Generalitat de Cataluña quiere que la reforma del IRPF tenga vigencia desde el 1 de enero
El Govern pretende que la reforma fiscal en el IRPF tenga vigencia con fecha 1 de enero 2020 aunque se apruebe unos meses más tarde. Según consta en la ley de acompañamiento que el Govern envió ayer al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) para su evaluación se detallan los cambios fiscales pactados con los comunes y una serie de medidas para avanzar en la reestructuración del sector público como la eliminación de las fundaciones y los cambios de varias entidades, incluyendo el ICF (Institut Català de Finances).

El anteproyecto de ley de 226 páginas al que ha tenido acceso La Vanguardia se debatirá en el seno del CTESC –donde están presentes sindicatos, patronales y expertos– a principios de año. Aunque el dictamen es sólo vinculante, es un trámite obligatorio para que los presupuestos puedan ver la luz. Algunos de las medidas más destacadas son:

IRPF. Los contribuyentes no notarán nada en la nómina de enero porque la reforma fiscal sólo tendrá vigencia una vez se apruebe la ley. Ahora bien, cuando el Parlamento la valide sus efectos serán con carácter retroactivo. La primera modificación es una rebaja de tributación a los contribuyentes con bases imponibles de menos de 12.450 euros al elevarles un 10% el mínimo vital. Las otras dos son una subida de dos puntos del marginal del tramo autonómico del IRPF a bases imponibles de 90.000 euros (hasta el 23,5%) y de un punto a los de 120.000 euros (hasta el 24,5%).

El Departamento de Economía avanza en la conversión del ICF (Institut Català de Finances) en un banco. Por eso se contempla la creación de la figura de presidente elegido por el consejo de administración. Actualmente ese cargo lo nombra el Govern y no es ejecutivo. En la ley se prevé también aumentar la independencia presupuestaria del organismo para mejorar su autonomía.

SUCESIONES y ITP/AJD. La ley detalla el cambio en sucesiones al aumentar la cuota que pagar por contribuyentes con más de medio millón de patrimonio y modifica el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP/AJD) para algunos casos. En estos dos tributos, el anteproyecto no fija fecha de entrada en vigor, por lo que comenzaría a aplicarse una vez la ley sea aprobada.

La ley de acompañamiento facilita el proceso de disolución de las fundaciones públicas para avanzar en el proceso de reorganización del sector. Asimismo, se profundiza también en la eliminación de entidades consideradas como medios propios.

La Generalitat además de modificar el importe al alza permite que el Ayuntamiento de Barcelona aplique un recargo de hasta 4 euros por noche y establecimiento. La subida más pronunciada se da en los hoteles de 5 estrellas en Barcelona donde la tasa crece de 2,25 a 3,5 por noche.

IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES. En la exposición de motivos, el Govern justifica el impuesto como una forma de “compensar” a la sociedad por el “coste que soporta y frenar el deterioro del entorno natural” que representa la instalación de equipos y bienes para el transporte de la energía o de telecomunicaciones.
(La Vanguardia, 24-12-2019)

Laboral

La ralentización de los salarios es el factor que más ha contribuido al deterioro de las prestaciones públicas
La fuerte desaceleración del crecimiento de la productividad y, por consiguiente, de los salarios reales registrada desde 1990 es el factor que más ha contribuido al progresivo deterioro de la salud financiera del sistema público de pensiones, según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El trabajo, realizado por Ángel de la Fuente para un libro electrónico sobre las pensiones del futuro, publicado por el Instituto Santa Lucía, señala a la desaceleración de la productividad como el principal factor de deterioro del sistema de pensiones, por delante del rápido envejecimiento de la población española, que ha supuesto una reducción del número de personas en edad de trabajar.

En detalle, en las últimas tres décadas (1985-2016) el saldo financiero del sistema se ha ido deteriorando a un ritmo medio de 0,76 puntos porcentuales anuales. El componente del indicador de la salud financiera del sistema público de pensiones (ISF) con un efecto negativo más fuerte sobre su evolución es el deterioro del componente de evolución salarial (1,36 puntos anuales), que recoge los efectos del desplome del crecimiento de la productividad.

El otro gran efecto negativo es el que refleja la adversa evolución de la situación demográfica, resumida por la tasa de dependencia de mayores, con una contribución negativa a la variación del ISF de 1,10 puntos anuales, según el estudio.

No obstante, Fedea matiza que el impacto negativo de estos factores se ha visto compensado parcialmente por una mejora de la tasa de ocupación que refleja fundamentalmente la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, por una gradual reducción de la generosidad de las normas de cálculo de la pensión y por un incremento de los recursos disponibles que recoge, entre otras cosas, la creciente aportación del Estado a la financiación de los complementos de mínimos de las pensiones.

El análisis argumenta que la productividad es uno de los factores clave para la sostenibilidad y suficiencia de los sistemas públicos de pensiones, ya que en un sistema contributivo y de reparto como el español, la pensión viene a ser una media de los salarios percibidos por el trabajador durante buena parte de su carrera laboral y los ingresos del sistema de pensiones en cada momento dependen de la masa salarial agregada.

Dado que en una economía de mercado los salarios reflejan la productividad del trabajo, el análisis concluye que este factor se convierte en un determinante "crucial" del nivel sostenible de generosidad del sistema de pensiones y de su salud financiera. De esta forma, subraya que una mayor productividad se traduce directamente en una pensión más generosa a nivel individual y hace posible pagar tales pensiones a nivel agregado.

"Cuanto mayor sea el crecimiento de la productividad, más generosas podrán ser las pensiones en relación a lo cotizado, o mejor será la situación financiera del sistema dado su nivel de generosidad", explica. Esto se debe a que los ingresos del sistema de pensiones dependen del salario medio actual, mientras que sus gastos son una función del salario medio durante las últimas décadas y el ratio entre estas dos variables depende de la tasa de crecimiento de la productividad.
(Cinco Días, 24-12-2019)

El Gobierno condiciona la subida de las pensiones a la investidura
El Gobierno ha decidido aprobar la subida de un 0,9% en las pensiones después de la investidura de Pedro Sánchez para un segundo mandato como presidente del Gobierno. Y así lo comunicará en el Consejo de Ministros del viernes dentro de un Real Decreto Ley, con el que terminará el año, según las fuentes gubernamentales.

En la norma, el Ejecutivo adquirirá el compromiso legal de que las pensiones subirán el próximo año un 0,9%. Con ello, pretende transmitir "seguridad jurídica" a los jubilados, para que no teman por el incremento de sus rentas. El nuevo Gobierno tomará la decisión en cuanto tenga plenos poderes para tomar éstas y otras decisiones ejecutivas.

Para ello, el Ejecutivo confía en alcanzar un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en los próximos días para que se abstenga en la segunda votación de la investidura de Sánchez y facilite su renovación como presidente. Al cierre de esta edición se esperaba el pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre el líder de ERC, Oriol Junqueras. La exigencia final de los republicanos para su abstención es que pida que pueda ir al Parlamento Europeo a recoger su acta de diputado. Otra cosa es lo que diga el Tribunal Supremo, porque Junqueras está condenado con sentencia firme a 13 años de prisión por sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos. En todo caso, el Consejo de Ministros que apruebe la subida de las pensiones en un 0,9% lo hará de forma retroactiva, desde el 1 de enero de 2020.

En este contexto, también hay que tener en cuenta que con esta decisión de subir las pensiones después de la investidura, el Ejecutivo también presiona a ERC para que le apoye. Cuanto antes Sánchez pueda renovar como presidente, antes podrá empezar a tomar decisiones de alcance social. No hay que olvidar que el presidente tiene un acuerdo de Gobierno de coalición con Podemos, que está muy interesado en que se note su influencia en el Ejecutivo.

Con todo ello, el Gobierno suspenderá, nuevamente, la vigencia del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). De esta forma, las prestaciones quedarán congeladas momentáneamente hasta que el Ejecutivo apruebe el citado incremento de las pensiones. Hay que tener en cuenta que, si no fuese así, las pensiones deberían subir lo que diga el IRP. Con una Seguridad Social que tienen un déficit atornillado en los 17.000 millones de euros, las rentas de los jubilados tendrían que desvincularse de la previsión de inflación y, por lo tanto, tendrían incrementos mucho más moderados que el 0,9%.

Hay que recordar que ante las protestas de los pensionistas porque sus rentas sólo subían un 0,25%, el Gobierno del PP acordó con el PNV, en abril de 2018, la suspensión del IRP y el retraso hasta 2023 de la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad. Es decir, de la fijación de la cuantía de la primera pensión teniendo en cuenta, entre otros factores, la esperanza de vida de la generación del nuevo jubilado. Precisamente, el Gobierno ha prometido que, cuando esté plenamente ejecutivo, derogará ambas reformas que el Gobierno del PP promulgó en 2013.

Otro tanto ocurre con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Como en el caso de las pensiones, según las mismas fuentes consultadas, el Gobierno ha decidido que subirá esta renta en cuanto haya un Ejecutivo con plenos poderes y, por lo tanto, después de la investidura. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha recordado varias veces que, en los últimos años, la subida del SMI se ha aprobado entre enero y febrero en seis ocasiones.

Además, Sánchez se ha comprometido personalmente con CCOO y UGT y, sobre todo, con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme a negociar la subida del SMI. Sobre todo, con los empresarios, porque fueron éstos los que levantaron la voz la semana pasada ante el acuerdo entre el PSOE y Podemos de subir esta renta desde los 900 a los 1.000 euros mensuales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llegó a decir que un incremento como el previsto en dicho acuerdo "rompería todos los convenios" que utilizan como referencia el pacto salarial cerrado en 2018 con los sindicatos.
(El País, 24-12-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

España duplica en diez años el número de empresas exportadoras
Las consecuencias de la crisis económica de 2008 y su impacto en las empresas españolas ha dejado un importante cambio en su actividad que se ha visto afianzado con el paso de los años. Es el caso de las exportaciones y el camino que iniciaron en esos años las firmas españolas ante la pérdida de beneficios y la caída de la demanda interna. En solo diez años, en el periodo 2009-2018, las exportaciones en España han duplicado casi su peso sobre el PIB de nuestro país, pasando del 3,2% al 6,1%.

Este es uno de los hechos más destacados de un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Junto a este aspecto positivo aparecen otros que no lo son tanto. Pocas empresas concentran un alto porcentaje de las exportaciones, cinco de ellas un 9,9%, o las 500 más grandes, un 58%. Además, hay grandes diferencias entre las distintas comunidades autónomas. En Navarra el peso sobre el PIB alcanza el 44,5% y, por contra, en Baleares es de solo el 6,1%.

Las cifras generales arrojan un balance positivo de las exportaciones y de su peso en la economía española. Así, si miramos el valor de las ventas al exterior de los bienes y servicios en 2009, que fue de un 23,1% y lo comparamos con el de 2018, un 35,1%, ha habido un incremento de 12 puntos porcentuales. Mirando solo a los bienes, estos han crecido también, en este caso un 8,8%, situándose en el 23,6%. El 69% corresponde a bienes y el 31% a servicios. En el primer caso, España está aún un 11,2% por debajo de la media de la UE-28.

Por comunidades autónomas, se observa un crecimiento en todas ellas de las exportaciones de bienes desde 2009, aunque las diferencias entre ellas son bastante grandes, 1,6% en Baleares por abajo y 18,8% en Murcia por arriba. También han aumentado el número de empresas españolas que han salido fuera a buscar mercado para sus productos. En la actualidad hay 203.990 compañías que venden internacionalmente, lo que multiplica por 1,9 las que había en 2009.

Las comunidades que más exportan son Madrid (16,4%), País Vasco (11%) y La Rioja (8,5%). Las que menos Asturias (3,0%), Baleares (3,3%) y Cantabria (3,1%). No obstante, las empresas que exportan aumentaron en todas las regiones.

El hecho de que pocas empresas concentren esta tarea y que otras la hagan con poca regularidad, lo destaca el informe como una debilidad que deja una doble huella en el tejido empresarial. Si esas pocas empresas sufren problemas el sector exportador español es más vulnerable. Un mayor número de firmas dedicadas a esta labor tendría unos importantes beneficios macroeconómicos para la economía de España.
(Expansión, 24-12-2019)

Los precios de la industria frenan su caída y marcan una tasa del -2,3% en noviembre
Así lo ha hecho público el instituto Nacional de Estadística. Con este recorte interanual, los precios industriales encadenan seis meses consecutivos en tasas negativas después de haber estado 32 meses en positivo.

La moderación en el descenso interanual de los precios industriales se ha debido principalmente al repunte en más de un punto de la tasa de energía, hasta el -7%, ya que la bajada de los precios del refino de petróleo fue menor que la registrada un año antes, y al repunte de la tasa de los bienes de consumo no duradero en dos décimas, hasta el 1,1%, por el mayor coste del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.

En tasa mensual (noviembre sobre octubre), los precios industriales cayeron un 0,5%, en contraste con el avance del 0,5% del mes anterior y del descenso del 1,1% que registraron un año antes.
(El Mundo, 24-12-2019)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).