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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 25 AL 27 DE DESEMBRE DE 2019  

Fiscal

Tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del año 2020, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros
Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del año 2020, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros.
(BOE, 26-12-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE, 27-12-2019)

Euro
Resolución de 24 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 24 de diciembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 27-12-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/26/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/26/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/25/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/25/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 25 AL 27 DE DESEMBRE DE 2019  

Fiscal

El Gobierno mantendrá la exención fiscal máxima del régimen de módulos de los autónomos en 2020
El Gobierno prevé aprobar este viernes en Consejo de Ministros un decreto para prorrogar por quinta vez consecutiva los límites actuales del régimen de módulos de los autónomos, según han confirmado fuentes de organizaciones de autónomos. Este grupo de trabajadores cuenta con el “compromiso” del Ejecutivo en funciones de trabajar para buscar una fórmula progresiva en los próximos años que permita acotar los módulos a las actividades en las que trabajan con consumidores finales, al tratarse de los casos en los que resulta más difícil al fisco poder comprobar las operaciones reales.

En lo que respecta a los autónomos, en el régimen de estimación objetiva o módulos, Hacienda calcula lo que tienen que pagar en el IRPF por unos criterios concretos y no por el resultado del negocio; por ejemplo, en un bar, los metros de la barra. Ahora se benefician de este modelo más sencillo cuando el conjunto de sus actividades no supera los 250.000 euros o cuando la facturación a otros empresarios o profesionales no sobrepasa los 125.000 euros. Con la reforma aprobada en 2016 (que se sigue aplazando), los límites anteriores, que afectan principalmente al colectivo de autónomos transportistas, se rebajarían a 150.000 euros y 75.000 euros, respectivamente. De los 400.000 autónomos que tributan por módulos, las patronales estiman que este ajuste sacaría del modelo a 200.000.

Así se lleva prorrogando desde 2015, una vez que el propio ministro de Hacienda de entonces, Cristóbal Montoro, redujo sus planes iniciales de la casi desaparición del régimen en la reforma fiscal, por los que pretendía bajar el umbral de 600.000 euros a 150.000. Este sistema ha sido acusado de sufrir elevadas tasas de fraude.

Esta prórroga se produce cuando patronales de autónomos están negociando con Hacienda cambios en el sistema de tributación de módulos, con lo que fuentes conocedoras consideran que 2020 será el último año del régimen actual. Inicialmente se negociaba un endurecimiento mayor que la rebaja de los límites a 150.000 y 75.000 euros, de forma que sólo quedaran en módulos los autónomos que trabajan con el consumidor final para 2023, pero ahora se busca llegar a los citados límites con un periodo transitorio de cuatro años cuando haya un gobierno ejecutivo.

Hacienda ha ido preparando el terreno y ha publicado estadísticas nuevas que muestran que el tipo medio efectivo de los autónomos en módulos ronda el 7%, cuando los declarantes totales del IRPF pagaron una media del 18%. A su vez, la Agencia Tributaria (AEAT) ha lanzado una campaña de envío masivo de cartas para avisar a pymes y autónomos de que conoce todos sus datos y les insta a declarar correctamente.

En las misivas, la AEAT advierte de que sus declaraciones de ingresos despiertan sus sospechas por no ajustarse, a su juicio, a los estándares medios del sector. Les traslada que vigila los importes acumulados de las entradas en sus cuentas bancarias y los cobros en tarjeta. Se trata de una carta informativa en la que avisa de que, si las inconsistencias persisten, el riesgo fiscal podría dar lugar a los procedimientos tributarios que sean necesarios. También se prorrogan para 2020 los límites del régimen simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA.
(Expansión, 27-12-2019)

La litigiosidad entre contribuyentes y administraciones tributarias se ha disparado en los últimos años
Los Tribunales Económico-Administrativos, paso previo obligado a la vía contenciosa de lo judicial, han registrado un incremento del 59% en el número de demandas de ciudadanos contra el fisco frente a los niveles precrisis, pasando de 135.878 casos resueltos en 2007 a 216.139 en 2018, según el último dato que se acaba de publicar.

Esta evolución, unida al hecho de que cada vez más pronunciamientos son favorables el contribuyente, han llevado a la Agencia Tributaria a marcarse la reducción de la litigiosidad como uno de los objetivos del nuevo plan estratégico que ultima.

Así lo avanzó hace unas semanas el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, anunciando que el organismo creará un indicador que fiscalice los casos judicializados para tratar de rebajar su incidencia. Después de todo, expuso, de los 40.000 millones de euros de deuda pendiente de cobro por el fisco, unos 12.000 están en suspenso pendientes de resolución judicial.

Además de eso, los datos arrojan un amplio porcentaje de victoria del contribuyente cuando litiga contra la administración tributaria. Los Tribunales Económico-Administrativos estiman, al menos parcialmente, el 40,7% de sus demandas frente al 48,9% de veces que dan la razón al fisco, mientras que otro 10,3% de casos se cierran por desistimiento, o archivo, entre otros. Pese a que el dato supone el primer retroceso en ocho años en el éxito de los contribuyentes, que ganaron el 45,3% de casos en 2017 superando el 44,8% de las haciendas, la cifra ha avanzado mucho desde el 35,9% de 2007.

Es más, “en los litigios contra haciendas autonómicas el porcentaje a favor del contribuyente llega al 84% en algunos casos”, detalla Javier Gómez Taboada, vocal de estudios e investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que explica que buena parte del problema regional radica en el fallido método de cálculo de los procesos de valoración que afectan a Sucesiones o Transmisiones Patrimoniales.

Aunque el Gobierno trató de corregir este punto con una nueva metodología de valoración a precio de mercado en el anteproyecto de ley de medidas antifraude que impulsó hace un año, este decayó con la convocatoria electoral del 28A. A falta de ver si la medida se retoma y logra poner coto a este foco de demandas, lo que Gómez Taboada ve poco probable al considerar que no es posible fijar un método de cálculo “estandarizado” para todos los casos, el vocal de Aedaf aduce que Hacienda acaba perdiendo otro 30%de casos cuando llegan a la vía judicial ordinaria, y eso que menos del 30% pasan de la económico-administrativa.
(Cinco Días, 25-12-2019)

Laboral

Prórroga para las jubilaciones pactadas antes de 2011
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en plena negociación de una investidura con apoyo de Podemos y abstención de ERC, no tiene previsto hacer hoy, tras el último Consejo de Ministros, el tradicional balance del año. Hace 15 años que no ocurría algo así. Sin embargo, está previsto que se aprueben numerosas normas.

El Gobierno prorrogará las condiciones de los acuerdos de jubilación anteriores a la reforma de 2011, lo que afecta a unos 15.000 trabajadores. Se prorroga el Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2020, trámite obligado para que no decaiga un tributo cuya recaudación rebasa los 1.100 millones y que un gobierno de PSOE y Podemos armonizará al alza, lo que acabará con la bonificación del 100% que disfruta la Comunidad de Madrid.

El Decreto recoge la actualización -al alza o a la baja- de los valores catastrales. Concretará los municipios que han solicitado actualizarlos para poder subir, la mayoría, o bajar, el IBI, que suelen rondar los 1.000. Los requisitos son que hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del último procedimiento de valoración y que existan diferencias en el municipio entre los valores del mercado y los catastrales vigentes.

El Consejo de Ministros prevé además acordar los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los Presupuestos del Estado de 2018.
(Expansión, 27-12-2019)

El Ejecutivo en funciones decide aplazar la subida de las pensiones y el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta que se constituya un nuevo Gobierno
Esperará a que se celebre una investidura para dejar la decisión al próximo Gabinete, según apuntan varias fuentes del Ejecutivo. “Confiamos en que esto no vaya más allá de enero”, apuntan esas mismas fuentes. Los planes, no obstante, siguen siendo subir las pensiones un 0,9%, revalorizar el sueldo de los funcionarios un 2% y revisar al alza el SMI.

El bloqueo político ha acabado por afectar a las pensiones, al salario mínimo y a la remuneración de los funcionarios. Ya hace semanas que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, había expresado en público sus dudas sobre la posibilidad de que un Gobierno en funciones pudiera subir las pensiones el 0,9% anunciado a la Comisión Europea en el plan presupuestario para 2020. El criterio habitual de la Abogacía del Estado es que un Ejecutivo que no tiene funciones plenas no puede tomar decisiones presupuestarias que comprometan al siguiente. Y, finalmente, eso ha pesado en las decisiones que tradicionalmente se han adoptado en los últimos años cuando se ha dado esta circunstancia.

En esta ocasión, además, se añaden otros motivos de índole política. La decisión supone una presión añadida para los partidos que dudan si apoyar un Gobierno presidido por Sánchez. La voluntad de aplazar estas subidas es política porque el Ejecutivo sí que encontró el pasado otoño un resquicio legal para desbloquear los fondos del sistema de financiación a las autonomías a pesar de estar en funciones.

Los planes del Ejecutivo para las pensiones pasan por retrasar la revalorización pese a que podía haberlas subido un 0,25%, como establece la actual ley de Seguridad Social, tal y como está redactada desde 2013. Esta norma estuvo suspendida en 2018 y 2019, pero el año que viene, como no se aprobó la reforma que iba a vincular la mejora anual de las pensiones a la subida del IPC real, volvería a estar en vigor. Para evitar esa subida del 0,25%, el Ejecutivo ha decidido aprobar un decreto ley para suspender la norma a la espera de que en pocas semanas haya una investidura. Cuando haya un Gobierno formado podrá subirlas ese 0,9%, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 enero.

Fuentes de Trabajo explican que subir ahora el 0,25% para después aumentar el 0,65% restante es un gasto de recursos innecesario. No obstante, tampoco se escapa que ese aumento anual del 0,25% fue muy criticado por el PSOE cuando estaba en la oposición. Entonces se comprometió reiteradamente a derogar la norma de cuya aplicación impone ese incremento cuando hay un déficit en la Seguridad Social, como ocurre desde 2011. El Ejecutivo socialista renovó ese compromiso cuando volvió al Gobierno. Así que aplicar ahora esa subida sería un mal trago político que Sánchez no parece dispuesto a asumir. Siguiendo el mismo criterio, el Ejecutivo tampoco va a tocar ahora las bases de cotización: ni las mínimas (siempre ligadas al salario mínimo) ni las máximas.

Lo mismo ocurre con el sueldo de los funcionarios. El Gobierno solo aprobará la subida pactada del 2% a los empleados públicos cuando se constituya un Ejecutivo con garantías. De esta forma, la mejora salarial tampoco verá la luz con la entrada del nuevo año, sino que tendrán que transcurrir unos días o unas semanas hasta que salga adelante una investidura. El ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis Planas, ya explicó hace semanas que, legalmente, un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo dicho aumento. Pero aclaró que éste será devengado con fecha 1 de enero.

Por el lado del SMI no había tantas dudas jurídicas para aprobarla. Aunque sí hay prestaciones y ayudas que están vinculadas a su evolución, parece que la Abogacía del Estado no ve obstáculos. No obstante, aquí los problemas se derivan de las negociaciones para formar un nuevo Gobierno y de las exigencias de los agentes sociales. El PSOE y Unidas Podemos están conversando para fijar un objetivo de SMI para esta legislatura: el 60% del salario medio. Sin embargo, por otra parte, sindicatos y empresarios exigen que se cuente con ellos y no se haga como el año pasado, cuando Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pactaron un incremento del suelo salarial y no dieron margen alguno al diálogo social.
(El País, 27-12-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El activismo del Banco Central Europeo ha aliviado la situación tanto de las familias como de las empresas
En el caso de las familias, el alivio de su factura financiera ha sido sorprendentemente intenso en los diez últimos años. En el tercer trimestre de 2008, con los niveles de endeudamiento de los hogares en máximos y con los tipos nominales elevados, la factura financiera ascendió a 11.295 millones de euros; en los cuatro trimestres del año natural 2008 la factura financiera fue de 40.124 millones de euros, según la Contabilidad Nacional.

Solo dos años más tarde el descenso de la factura financiera de los hogares había descendido al entorno de los 16.000 millones de euros (4.000 millones al trimestre), fundamentalmente por la caída de los tipos activos, que siguieron al recorte de los tipos directores de la autoridad monetaria. A partir de ese momento es el desapalancamiento continuo de las familias lo que reduce la factura financiera, que desciende hasta los 4.454 millones de euros anuales (los últimos cuatro trimestres contabilizados, con 1.010 millones en el segundo trimestre de este ejercicio).

Esta reducción de los costes financieros ha ensanchado la renta disponible de los hogares, que a su vez han recuperado niveles crecientes de esta misma variable como consecuencia combinada del avance del empleo y de las rentas salariales desde 2013. El resultado de tales avances es el tirón sostenido del consumo y la recomposición de los niveles de inversión, que ya superan en términos de PIB a los del ahorro: 5,5% de la renta disponible como formación bruta de capital, y 5,1% de la renta disponible como ahorro. La recomposición de la inversión en parte se refleja también por la toma de nuevo crédito. La última caída de la renta bruta disponible de los hogares y, como consecuencia, del consumo, se registró en 2013.
(Cinco Días, 27-12-2019)

El Fondo de Garantía de Depósitos, en mínimos tras el desbloqueo de ayudas pendientes a la banca
La hucha que protege a los ciudadanos de quiebras bancarias flaquea hasta niveles mínimos y queda muy mermada ante una eventual nueva crisis. El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) se quedará con un patrimonio testimonial y tendrá difícil equilibrar ingresos y gastos en las próximas semanas tras autorizar el Ministerio de Economía el pago de ayudas aún comprometidas a la banca. El mayor receptor será Banco Sabadell, que podrá embolsarse unos 1.500 millones euros en febrero de 2020 y otro tanto al año siguiente por el llamado Esquema de Protección de Activos (EPA) que obtuvo en 2011 al comprar la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por un euro.

Sólo esta cifra supera los hasta 1.300 millones de ingresos que recibe cada año el FGD del sector financiero en concepto de cuotas e imposibilita reforzar su patrimonio para intentar cumplir el objetivo para que el que fue creado. El FGD es una institución pública crucial para la confianza del sistema al estar encargado de garantizar que todo cliente bancario recupere hasta 100.000 euros de su depósito en caso de que su entidad quiebre.

El FGD apenas se ha reforzado desde el rescate bancario y alcanza un patrimonio que apenas supera los 2.000 millones, cuatro veces menos de los niveles precrisis y una cantidad irrisoria para responder en caso de quiebra de una entidad no ya grande, sino ni siquiera mediana. En 2011 y 2012 su patrimonio fue incluso negativo y necesitó un refuerzo de las aportaciones de los bancos, que son los que nutren los recursos del fondo con la garantía última del Estado.

El Tesoro responde en última instancia de los agujeros que se generen y ésa es la razón por la que la Comisión Europea considere público el FGD y lo tenga en cuenta a la hora de calcular el déficit público español.

Fuentes del FGD restan importancia a este serio adelgazamiento de su caja de resistencia, precisamente por el motivo de que siempre hay garantía del Estado, que aportaría el dinero suficiente para afrontar una eventual catástrofe. «Se han periodificado los pagos al Sabadell y si hay escasez de recursos, ya se repondrán», relativizan en la institución.
(El Mundo, 27-12-2019)

La deuda exterior española sube y marca un nuevo récord
La deuda externa bruta de los distintos agentes que operan en la economía española volvió a aumentar en el tercer trimestre del año, renovando así su máximo histórico con una cifra de 2,125 billones de euros, equivalentes al 172,1% del PIB. Estos datos suponen un ligero aumento respecto al segundo trimestre (2,105 billones de euros, equivalentes al 172% del PIB).

Los datos sobre posición de inversión internacional y balanza de pagos publicados este jueves por el Banco de España vienen a confirmar la vulnerabilidad que sufre la economía española por su dependencia de la financiación exterior. Por sectores, excluyendo Banco de España, se observa un aumento en la deuda exterior de las administraciones públicas que alcanzó en el tercer trimestre los 696.000 millones frente a los 672.000 del trimestre anterior. La deuda de las instituciones financieras monetarias y la de los otros sectores residentes (empresas y familias) también aumentó en el mismo periodo.

De los 2,125 billones de deuda exterior bruta, el 32% corresponde a las administraciones públicas. El 20% se debe a las entidades financieras y el 22% al propio Banco de España, en su relación con el Banco Central Europeo (BCE). También, existe un saldo de 293.766 millones de deuda con el exterior (el 13,8% del total) que corresponde a empresas españolas y familias. Además, computan como deuda externa bruta los 228.514 millones (10,7% del total) de inversión directa de extranjeros en empresas españolas.

Si se ponen en relación los activos en el extranjero en manos de residentes españoles (inversiones directas y en cartera, sobre todo), en comparación con los pasivos españoles en manos de inversores extranjeros, la llamada 'posición de inversión financiera neta' de España da como resultado un saldo deudor (negativo) de 982.000 millones de euros equivalentes al 79,5% del PIB que, aunque es algo inferior a la del mismo periodo del año anterior, denota, de nuevo, la fuerte dependencia del exterior de la economía española.

"Nuestro país ha mantenido una posición neta deudora desde 1992, aunque ha venido reduciéndose desde el 98% del PIB alcanzado en 2014 hasta el 77% de 2018. Esta mejora se debe a la generación de capacidad de financiación de la economía en estos años. No obstante, la dependencia financiera frente al exterior continúa siendo muy elevada si la comparamos con los de otras grandes economías europeas", subraya el Banco de España en su nota explicativa sobre esta estadística.
(El País, 26-12-2019)

Sector

El Ministerio de Justicia convoca 25 plazas de abogados del Estado
El Ministerio de Justicia ha convocado un proceso selectivo para cubrir 25 plazas del cuerpo de abogados del Estado, tal y como se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Del total de estas plazas se reservará una plaza para quienes tengan la condición legal de persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33%. La plaza reservada para personas con discapacidad que quede desierta no se podrá acumular al turno libre.

La duración máxima prevista para el proceso selectivo es de doce meses. El primer ejercicio tendría que celebrarse en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que pueda acordarse la ampliación del plazo.

Conforme a la excepción prevista en el citado artículo, como consecuencia de la publicación del «Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público» el 2 de abril del 2019, el primer ejercicio del proceso selectivo objeto de la presente convocatoria se iniciará en el mes de diciembre de 2020. "De este modo se evita el solapamiento de la finalización del proceso selectivo que se está desarrollando actualmente (Oferta de Empleo Público de 2018) con el derivado con la Oferta de Empleo Público de 2019", recoge el anuncio en el BOE.

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo, o realizar algún ejercicio del mismo, a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse estas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Para poder optar a estas oposiciones, es necesario estar en posesión del título de Licenciado en Derecho o Graduado en Derecho. Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia.
(Cinco Días, 26-12-2019)

 
 
 
 
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