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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 10 DE GENER DE 2020 Mercantil, Civil i Administratiu Obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses Principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales Euro Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/
Laboral Sánchez prepara un Ministerio de Seguridad Social y Migraciones En cualquier caso, quien dirija este nuevo Ministerio será alguien de la esfera del PSOE, y tendrá en sus manos el departamento ministerial que mueve más dinero, ya que solo la Seguridad Social cuenta con unos ingresos y unos gastos superiores a los 140.000 millones de euros, para el pago de 9,5 millones de pensiones cada mes. Cabría la posibilidad de que la actual ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, siguiera al frente de la nueva cartera, que tendrán como principal tarea impulsar un acuerdo para reformar las pensiones en el seno del Pacto de Toledo, en el diálogo social y, finalmente, ejecutar legalmente los cambios que se acuerden para el sistema. Otras fuentes no descartaban ayer que este nuevo Ministerio de las pensiones estuviera dirigido por el actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, o por Magdalena Valerio. En principio, el Ministerio de Trabajo se quedará con el Servicio Público de Empleo, cuya labor principal es el reconocimiento de las prestaciones por desempleo, que llevan a cabo funcionarios estatales. Si bien la recaudación de las cotizaciones por paro y el pago de prestaciones y subsidios a los parados lo lleva a cabo la Seguridad Social. Las fuentes consultadas consideran que la separación de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social no conllevará problemas técnicos ya que el pago de las prestaciones por desempleo se podría subsanar, por ejemplo, con una encomienda de gestión de Trabajo a la Seguridad Social. Si bien distintas fuentes consultadas del entorno del PSOE y del propio Gobierno creen que la separación de estas dos áreas “no es el mejor mensaje”. Además, existe una tercera área del sistema de Seguridad Social, la que gestiona las pensiones no contributivas, que está por ver en quien recae, pues hoy depende del Imserso, que a su vez pasará situarse bajo la vicepresidencia segunda de lo social de Pablo Iglesias. El paro en la eurozona cae a niveles mínimos de 2008 En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de desempleo marcó un 6,3%, el nivel más bajo desde que se creó la serie estadística en el año 2000. Por números absolutos, Eurostat estima que en noviembre de 2019 había en total 15,58 millones de parados en los 28 países que conforman por el momento la Unión Europea. En la eurozona, la cifra era de en torno a 12,31 millones de personas sin empleo y en España, de 3,25 millones de personas. Esto significa que, de cada cuatro desempleados de la eurozona, uno estaba en España. En comparación con el mes de octubre de 2019, la tasa de paro ha permanecido inmóvil en el caso de la eurozona y del conjunto de la Unión, cuando la española ha caído una décima desde el 14,2%. En noviembre de 2018, la tasa de desempleo era del 7,9% en la zona euro, del 6,6% en los 28 países que componen la Unión y del 14,5% en España. Entre los países miembros, las tasas de paro más bajas se han registrado en la República Checa (2,2%), Alemania (3,1%) y Polonia (3,2%). La tres más altas fueron las de Grecia (16,8%), España (14,1%) e Italia (9,7%). Los sueldos de directivos y empleados crecen a diferentes velocidades Tras Madrid, Cataluña (86.700 euros), Asturias (83.500 euros) y País Vasco (83.400 euros) son las regiones en las que mejores remuneraciones obtienen los principales cargos. En la cola, antes de Extremadura, se sitúan en orden descendente Canarias y Castilla y León (con 76.000 euros respectivamente) y La Rioja (72.500 euros). La remuneración media de la alta dirección se queda en España en los 84.773 euros, debido a que la mayoría de estos perfiles trabajan en Madrid y Cataluña, los centros financieros y empresariales del país junto al País Vasco. Por su parte, los mandos intermedios perciben una media de 42.929 euros, mientras que los empleados se llevan 23.250 al año. La de los directivos es, además, atendiendo a los datos del informe, la categoría profesional que más ve crecer sus ingresos en un año. En 2018, su remuneración media ascendía a los 81.059 euros, por lo que el crecimiento actual supera el 4,5%. En cuanto a incrementos, algo por debajo se quedan los mandos intermedios, que pasan de percibir 41.507 euros en 2018 a 42.929 euros en 2019 (un aumento del 3,43%). Muy lejos se sitúan los empleados rasos, con una subida que no llega al 2%, al pasar de los 22.819 euros a los 23.250 euros. Esta brecha entre directivos y trabajadores no ha hecho más que aumentar desde 2007, cuando se publicó la primera edición del barómetro. Entonces, los ejecutivos percibían una media de 68.705 euros, por lo que sus ingresos han aumentado en casi 15.000 euros anuales en más de una década. En el mismo periodo, los trabajadores solo han visto crecer su sueldo en 3.600 euros. “A la inadecuada correlación entre el crecimiento económico de los últimos cinco años, cuantificado a través del PIB y su asignación a las rentas salariales, se une la desigualdad entre dichas rentas y, por consiguiente, la brecha salarial en la retribución de dichos colectivos se cronifica”, explica Ernest Poveda, presidente de ICSA. Por eso, prosigue, las prácticas actuales evidencian que no se está avanzando en la dirección correcta. Y en este sentido “es necesario que realicemos un ejercicio de imaginación e inteligencia para replantear nuevos modelos retributivos que equilibren esta situación”. Estos cambios, en opinión de Jordi Costa, profesor de EADA especializado en tributación y asesoría fiscal, deben llegar tanto por parte de la Administración como del propio tejido productivo. En su opinión, por ejemplo, habría que revisar el coste de la seguridad social a cargo de las empresas, “que supone un freno al incremento de los salarios y a la creación de empleo en las pymes, que generan más del 60% del trabajo”, desarrolla. También sería necesario desarrollar nuevos métodos retributivos que se adapten a la realidad actual del mercado: “Sería deseable que las nuevas formas de empleo conciliaran la flexibilidad de la empresa con la sostenibilidad para el trabajador. Sus salarios deberían reflejar el valor añadido que aportan estos trabajadores para las compañías, que disponen de ellos cuando los necesitan”. Dentro de la categoría directiva, las regionales no son las únicas diferencias. Otra de las más importantes hace referencia al tamaño de la propia organización en la que se trabaja, que hace que la retribución media llegue a oscilar entre los 67.700 euros en el caso de las pequeñas empresas y los 108.300 euros en el caso de las más grandes: algo más de 40.000 euros al año de diferencia. También son determinantes las posiciones profesionales dentro de esta categoría. Así, los directores generales de una gran compañía perciben 140.700 euros anuales, por encima de los 100.500 que recibe un director financiero en una organización similar, o los más de 88.000 euros que cobra un director de recursos humanos. Cuatro de cada diez autónomos creen que su situación empeorará en 2020 En cuanto a las expectativas que tienen estos respecto a 2020, destaca que cuatro de cada diez autónomos, concretamente el 42,73 %, su situación irá a peor durante este año. Solo un 11,38 % de los encuestados piensa que su situación mejorará, mientras que el 40,2 % opinan que se mantendrá igual. Los autónomos rechazan también el aumento del Salario Mínimo Profesional (SMI) que se está planteando para este año. Siete de cada diez de estos trabajadores lo rechazan. El 22,26 % asegura que les afectaría bastante, al 31,89 % mucho y el 14,95 % algo. Por lo que se refiere a la contratación que tienen previsto abordar en este nuevo ejercicio, la previsión no es nada optimista. Solo el 11,61 % de los autónomos, 1 de cada 10, aseguran que van a hacer nuevos contratos este año, frente al 79,76 % que afirman lo contrario. Además, uno de cada tres (32,81 %) afirma que posiblemente tendrá que despedir a algún trabajador. Más datos poco alentadores. El l 85,55% están de acuerdo con que este año la economía seguirá un ritmo descendente. Si miramos a lo que piensan de cómo va la actividad de su propio negocio en la actualidad, casi el 50 %, concretamente un 49,26 % asegura que va peor que en años anteriores, uno de cada tres (el 37,76 %) igual y solo un 12,68 % asegura que mejor. Para la mayoría de los autónomos cuyas actividades han empeorado (el 81,2 %) señalan como causa principal la disminución del volumen del negocio. La semana laboral de cuatro días llega a España Esta medida, explicó Mallenco, es "un paso más" en la política de la empresa a favor de los trabajadores, una parte de los cuales tienen un periodo laboral fijo de lunes a jueves, mientras que el resto lo hace por rotación de forma que trabajan los cuatro días, en jornadas de ocho horas, sin que se vea resentido su sueldo. Además, añadió, el nuevo sistema no ha incidido en el rendimiento de la compañía que sigue funcionando "al mismo ritmo de siempre". Esta semana trascendieron varios tuits publicados el pasado mes de agosto por la actual primera ministra finlandesa, Sanna Marin, cuando aún no ocupaba ningún cargo en el gobierno. En ellos, la política ponía en valor los experimentos que muchas empresas están haciendo en este sentido, al reducir la semana laboral tanto en días como en horas de trabajo. Aunque actualmente el ejecutivo del país nórdico no está trabajando en ninguna medida del estilo, el debate sobre la semana laboral cobra fuerza entre todos los expertos que disertan sobre el futuro del trabajo. Sin ir más lejos, el pasado noviembre, la filial japonesa de Microsoft publicó los resultados de un experimento realizado en verano: durante un mes, la semana laboral de cuatro días fue implementada en la tecnológica, y la productividad aumentó casi un 40%. Mercantil, Civil i Administratiu La CNMV pide al Supremo que declare confidenciales todas sus investigaciones El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno fue el que abrió la caja de los truenos en abril de 2017. Este organismo determinó que el vigilante de los mercados debía dar acceso a la información sobre un expediente sancionador a Popular que concluyó con una multa de un millón de euros por la comercialización a clientes de determinados productos entre enero de 2009 y noviembre de 2011 por una infracción muy grave impuesta a la entidad por la venta de bonos obligatoriamente convertibles. Cierto que el CTBG matizó que el supervisor podía “excluir los datos que (...) la CNMV considere que deben ser preservados”. El caso se resolvió en primera instancia a favor, en lo esencial, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El supervisor que preside Sebastián Albella recurrió a la Audiencia, pero esta le quitó la razón y determinó que solo es información confidencial la que cumple con tres premisas de manera simultánea. Primera, obviamente, que no sea pública; segunda, que su divulgación pueda perjudicar a quienes la hayan facilitado o dañar el correcto funcionamiento del sistema de control de las empresas de servicios de inversión; y, tercera, señala que el transcurso del tiempo determina la pérdida del carácter confidencial de la información. “Para llegar a la conclusión de la CNMV, [que defiende la confidencialidad total de sus pesquisas de supervisión e inspección] hubiera sido necesario que la ley clasificara como confidencial toda la información en poder de la autoridad supervisora, cosa que no puede extraerse de los preceptos legales”, señala la Audiencia Nacional. En el auto del Supremo, la CNMV redobla sus quejas. “Argumenta que existe una total incompatibilidad entre el sistema contenido en la ley de transparencia con el secreto profesional contenido en la Ley del Mercado de Valores, debiendo prevalecer el sistema contenido en la ley especial”, recoge el documento. Esta especifica que “ninguna información confidencial que [la CNMV] pueda recibir en el ejercicio de sus funciones podrá ser divulgada a persona o autoridad alguna, salvo de forma genérica o colectiva que impida la identificación concreta de las empresas de servicios y actividades de inversión”. La Ley del Brexit logra el visto bueno del Parlamento británico La ley pasará ahora a los Lores, que deberán también aprobarla la próxima semana. Si la Cámara Alta decide hacer cambios, la ley deberá volver a los Comunes, aunque no se esperan grandes sorpresas de última hora. La nueva legislación cubre todos los aspectos que tienen que ver con el divorcio entre Reino Unido y Bruselas, entre ellos los pagos que los británicos deberán hacer a sus socios comunitarios y los derechos de los trabajadores europeos. La ley que ayer fue aprobada fue rechazada en varias ocasiones por el Parlamento durante el gobierno de Theresa May, lo que obligó a dimitir a la primera ministra. Sin embargo, la trascendencia del momento logró ser eclipsada por el tema que copa la actualidad en Reino Unido: la "dimisión" del príncipe Harry y Meghan Markel de sus labores como miembros de la casa real británica, un escándalo que ha dividido al país y ha dejado en un segundo plano la actualidad política. La ley del Brexit permitirá al Gobierno de Johnson negociar durante los próximos 11 meses las condiciones de salida de la Unión Europea, incluido un acuerdo comercial de gran envergadura. El primer ministro ha asegurado en varias ocasiones que descarta ampliar este plazo, lo que se denomina el periodo de transición, a pesar de que desde Bruselas se considera que es muy difícil alcanzar un acuerdo en este plazo de tiempo. La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó el martes en visita oficial a Londres que es "imposible" alcanzar un acuerdo comercial completo con Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020, el plazo marcado por Johnson para finalizar el proceso del Brexit. El ICO financió con 4.780 millones a 63.500 pymes y autónomos en el 2019 Su presidente, José Carlos García de Quevedo –que ha evitado este jueves hacer declaraciones respecto a la posición del partido morado aliado del PSOE en esta nueva legislatura respecto a la banca pública– ha defendido que la estrategia de financiar liquidez e inversiones a las pymes españolas está dando sus frutos: cerró 63.500 operaciones el año pasado. De la financiación concedida en el 2019, 3.290 millones se destinó a promover proyectos en España, mientras que 1.525 millones fueron a parar a la actividad exportadora, lo que supone un incremento del 47% respecto a las cifras del 2018. El 65% de los préstamos concedidos por el ICO han sido suscritos por pymes de menos de 10 trabajadores y el 90% por empresas de hasta 50 empleados. Es decir, sobre todo, autónomos y pymes. De ahí, que García de Quevedo ha señalado que se quiere potenciar la financiación de empresas de mediano tamaño, entre 250 y 3.000 empleados, para llegar a todo el tejido empresarial. Por comunidades autónomas, Catalunya ha registrado la que mayor actividad (19%), seguida de Madrid (13%), la Comunidad Valenciana (12,33%) y Andalucía (12,02%). “Vamos a seguir financiando tanto inversión, como liquidez a plazos comprendidos entre uno y veinte años” ha asegurado García de Quevedo. Es decir, el ICO pretende entrar en tramos largos donde la banca no llega. Entre las entidades financieras que más activas tuvieron el año pasado con préstamos ICO destacan: Santander, Bankia, Bankinter, Sabadell, Abanca, BBVA, Caja Mar, Unicaja, Ibercaja y Caixabank. La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, fue la que defendió “los 26 años de colaboración público-privada del ICO, con independencia del partido político que haya estado en el poder”. Ese organismo –ha asegurado– “ha financiado más de 3 millones de proyectos en su historia”. De sus palabras se deduce que el ICO va a seguir operando como hasta ahora. CEOE cree que el Gobierno aumentará el déficit hasta rozar el 3% del PIB en 2020 Las medidas de gastos que recoge el acuerdo programático (entre ellas, relativas a sanidad, educación o pensiones) supondrán un incremento sólo en el primer año de gobierno del 1,5% del PIB, unos 18.000 millones de euros. Por otro lado, los ingresos derivados de medidas impositivas y otras apenas supondrán un aumento del 0,5 % del PIB, unos 6.000 millones, calcula Izquierdo, siempre en el escenario más prudente "que es el que creemos que se va a aplicar". De llevar el Gobierno a los Presupuestos Generales del Estado para 2020 las medidas que recoge el acuerdo de gobierno en un contexto de desaceleración económica, el déficit público aumentará un 1% y se elevará "pero se frenará cerca del 3% sin superarlo". Por esta razón, la patronal descarta que España vuelva a entrar en el "brazo correctivo" de Bruselas, dado que sus previsiones no pasan por superar el 3% del PIB que activaría de nuevo la apertura del procedimiento por déficit excesivo. Sin embargo, Izquierdo sí considera que el Gobierno no cumplirá con el objetivo de déficit del 1,7% del PIB incluido en el proyecto presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas el pasado 15 de octubre. Asimismo, cree que se vulnerará el artículo 135 de la Constitución, que entra en vigor en 2020 y que prohíbe al Estado y comunidades autónomas incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. |
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