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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 14 DE GENER DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 13 de enero de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de enero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 14-01-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 14 DE GENER DE 2020

Fiscal

El Gobierno negociará con Bruselas flexibilizar el objetivo de déficit
Fuentes de Hacienda avanzan que el Ejecutivo pedirá a Bruselas que flexibilice los objetivos de déficit para ganar margen de gasto. Con todo, el Gobierno quiso poner este lunes el énfasis en la prudencia. En su toma de posesión como vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Calviño, trató de trasladar a los empresarios españoles, las autoridades comunitarias y los mercados internacionales un mensaje de tranquilidad, comprometiéndose a fijar para el Ejecutivo de coalición una política económica marcada por la mesura.

El propio ascenso de Calviño de ministra a vicepresidenta económica trata de ser un aviso a navegantes de que Sánchez afronta la desaceleración del crecimiento del PIB como uno de los retos de la legislatura y lo hace renovando al frente a una persona que, curtida en el diseño de las cuentas públicas europeas, es contemplada como garante de la responsabilidad fiscal y la sensatez económica. Para acentuar este discurso implícito, Calviño destacó este lunes que su Ministerio cuenta con “una hoja de ruta clara, moderada y progresista”.

Sus palabras trataron de ser un bálsamo para las patronales empresariales, especialmente inquietas después de que, apenas unas horas antes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, defendiera en su primera intervención en el cargo la derogación de la reforma laboral del PP, una medida incluida en el acuerdo sellado entre PSOE y Podemos.

Calviño insistió en que la política económica prudente del Gobierno seguirá estando basada en la disciplina fiscal, la sensibilidad social y las reformas estructurales. Tres ejes enfocados a lograr un crecimiento más sostenible e inclusivo y que han conseguido, además, reforzar la confianza de los inversores sobre España a pesar de “un contexto internacional muy complejo”, defendió, subrayando que el país ha podido “capear mejor que otros la desaceleración global”. Con este discurso, el Gobierno prevé dirigirse a Bruselas en las próximas semanas para solicitar un colchón fiscal adicional que le permita un cierto margen extra a la hora de acometer el programa de gasto social de la coalición.

Y es que su capacidad de inversión dependerá en buena medida de la senda de déficit que la UE permita recorrer a España. Conviene recordar que, oficialmente, en la actualidad siguen vigentes los objetivos aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que establecían un déficit del -1,3% en 2019, del -0,5% en 2020 y recuperar el superávit, del 0,1%, en 2021. Aunque no pudo aprobar una nueva senda debido al control del PP en el Senado, con derecho a veto sobre la misma, Sánchez anunció tras acceder al poder, en junio de 2018, que su objetivo sería lograr un déficit del -1,8% en 2019, el -1,1% en 2020 y el -0,4% en 2021.

Finalmente, en la actualización del plan presupuestario de 2020 que el Ejecutivo remitió a Bruselas el pasado otoño se hablaba ya de un déficit del -1,7% en 2020. Después de todo, aunque el Gobierno en funciones mantenía una previsión oficial de cerrar 2019 con un agujero fiscal del entorno al -2%, lo cierto es que expertos como los del Banco de España asumen que el pasado ejercicio fue un año perdido en este campo, en el que se habría acabado repitiendo un déficit del -2,5%, el mismo con el que finalizó 2018.

“No va a ser una legislatura fácil, aunque desde que hemos llegado ninguna la ha sido”, resumió este lunes en su toma de posesión María Jesús Montero, que repite como ministra de Hacienda del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos con el reto añadido de ser además su portavoz. “Una vez superada la fase de bloqueo del Congreso, llegamos con las pilas cargadas para que en el menor plazo que podamos, presentemos unos nuevos Presupuestos que puedan garantizar la legislatura y ayudar a las personas”, sostuvo.

Montero avanzó que su intención es impulsar con ellos una reforma tributaria ecológica, moderna y redistributiva que permita implantar en España “una fiscalidad del siglo XXI”. El plan que ya presentó en 2019 suponía una recaudación de unos 5.600 millones de euros extra al año. Sin embargo, el Ejecutivo ya ha comprometido 4.700 millones de gasto en 2020 solo para actualizar las pensiones con el IPC y elevar el salario de los funcionarios, medidas que prevé tomar esta misma semana como carta de presentación.

Será clave, por tanto, la negociación que Calviño mantenga antes con Bruselas para tratar de suavizar los objetivos de déficit. Este diálogo amenaza, sin embargo, con restar inmediatez a la tramitación de esas nuevas cuentas, llamadas a sustituir a la segunda prórroga consecutiva de los Presupuestos de 2018 que legó Rajoy.
(Expansión, 14-01-2020)

Foment del Treball pide a la Generalitat que corrija su “planteamiento fiscal confiscatorio”
La patronal asume que con el nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos va a haber cambios en materia económica y en las reglas de negociación con los sindicatos. Aunque ello no quita que los empresarios vayan a querer influir en toda reforma y plantar batalla en aquellos puntos que consideran más perjudiciales para sus intereses. Así lo ha manifestado el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en la Asamblea General de la patronal catalana celebrada este lunes.

Foment pide no aplicar la subida del IRPF a las rentas superiores a 90.000 euros anuales porque "provoca un aumento de la carga impositiva sobre la clase media".

Sánchez Llibre ha querido mandar un mensaje claro en este sentido al nuevo Ejecutivo: "Esta legislatura debería ser la del consenso, del diálogo y de la concertación social". Es decir, los empresarios esperan que toda modificación cuente con su marca y aprobación para "encontrar el tono en los cambios", según ha precisado el presidente de la organización empresarial. "Hay que buscar puntos de encuentro y alejarnos de las posturas extremas", ha añadido.

El presidente de Foment ha declarado que, para seguir en la senda de la creación de ocupación, el nuevo Ejecutivo no debe tocar elementos como la reforma laboral del PP, "que tan buenos resultados ha dado para superar la reciente crisis", según ha opinado; sino abordar reformas estructurales en materias como la digitalización o la transición energética.

Citando al ‘premier’ británico Winston Churchill, Sánchez Llibre ha pedido que tanto Gobierno como Govern miren al empresariado no como "una vaca que hay que ordeñar", sino como "un caballo que tira del carro". Es decir, "basta de subir los impuestos a las empresas y a los autónomos de Catalunya", según ha clamado también en su discurso. Sánchez Llibre ha criticado especialmente y con dureza las diferencias fiscales entre los tributos aplicados en Catalunya y los que rigen en la Comunidad de Madrid, donde el gobierno autonómico aplica un menor IRPF y bonifica impuestos como el de patrimonio.

El presidente de Foment ha cargado contra compromisos del nuevo Ejecutivo de coalición, como el de subir el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros. También contra las medidas incorporadas en el proyecto de Presupuestos elaborado por el ‘vicepresidente’ Pere Aragonès, que ha sido aprobado este lunes por el CTESC con el voto particular de Foment y otro de Pimec. Si el Govern quiere más recursos que los busque ejerciendo la “tolerancia cero” con el fraude fiscal, le ha espetado Sánchez Llibre al Ejecutivo catalán. Foment pide no aplicar la subida del IRPF a las rentas superiores a 90.000 euros anuales porque "provoca un aumento de la carga impositiva sobre la clase media".

El presidente de Foment no solo ha cargado contra la Administración por la vía de los ingresos, sino también por la del gasto. "A los empresarios, autónomos y ciudadanos, se les pide un esfuerzo considerable mientras que no se ve una contención del gasto público", ha declarado.

De la misma manera que Sánchez Llibre ha clamado porque toda reforma pase por el diálogo y el consenso con la patronal, también ha pedido diálogo a Gobierno y Govern para buscar una solución a la cuestión catalana. El presidente de Foment ve “positiva” la mesa de diálogo anunciada entre ambas administraciones para “rebajar las tensiones existentes” y volver a la “normalidad”. Y ha pedido a los representantes que se sienten a ella que, posteriormente, lleven sus acuerdos al Congreso de los Diputados y al Parlament de Catalunya para aprobarlos “con la máxima amplitud política posible”, según ha afirmado.
(La Vanguardia, 14-01-2020)

Laboral

Escrivá avanza que cerrará el déficit de la Seguridad Social de forma “rápida” y subirá pensiones al IPC
El nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no ha esperado lo más mínimo para avanzar públicamente las prioridades de su gestión. En materia de pensiones ha sido muy claro: el nuevo Gobierno garantizará la revalorización de las pensiones con el IPC, “pero también reduciendo el déficit de la Seguridad Social de forma rápida y efectiva”. El sistema terminará este año con un déficit acumulado de casi 80.000 millones por lo que su reducción exigirá, sin duda, algún tipo de ajuste. De momento, Escrivá podría estrenarse mañana en el primer Consejo de Ministros, aprobando la revalorización de las pensiones un 0,9%, conforme al IPC previsto.

Asimismo, avanzó que la Seguridad Social asumirá las pensiones de las clases pasivas, que cobran unos 600.000 empleados públicos, que se jubilaron antes de 2011, y que supone unos 14.000 millones de euros que se pagan con impuestos. Igualmente, citó entre sus prioridades una “reflexión del sistema de previsión social complementaria” que engloba a los planes de pensiones colectivos de las empresas y a los privados individuales. Si bien, todos los cambios que se promuevan en materia de pensiones estarán orientados, según ha dicho, a ofrecer “certidumbre” entre los pensionistas y los trabajadores “en el corto, medio y largo plazo”.

En cualquier caso, citó en varias ocasiones su disposición a la negociación para “buscar soluciones justas y equitativas” para el sistema de pensiones. Para ello, perseguirá “el consenso entre fuerzas políticas y agentes sociales” para llevar a cabo una reforma “equilibrada, creíble y sostenible social y económicamente”. Es más, ha precisado que las recomendaciones pactadas en el Pacto de Toledo -que finalmente no se aprobaron por el rechazo de los responsables de Unidas Podemos, entre ellos la hoy ministra de trabajo, Yolanda Díaz, presente en el acto- serían “un excelente punto de partida.

Escrivá, que recibió la cartera de manos de la ex ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, dio a su discurso un tono más social de lo esperado y dijo que situar la “Inclusión” como primera denominación de su ministerio no es algo casual, sino que una de sus prioridades será implantar un “ingreso mínimo vital”, sobre el que “ha reflexionado en los últimos tiempos”. De hecho, desde la Airef, que presidía hasta ahora, diseñó un sistema de renta mínima, que ahora podría impulsar desde su nueva responsabilidad.

En concreto, este sistema pretende, según explicó que los más afectados por la crisis, que aún no se han recuperado, tengan una transición justa a la sociedad, el trabajo, la educación o la vivienda, “superando el carácter subsidiario” con el que se aborda ahora a los colectivos más desfavorecidos. “Se trata de conseguir un crecimiento inclusivo que debe acompañarse de objetivos y metas tangibles”, ha dicho.
(Cinco Días, 14-01-2020)

Derogación de la reforma laboral como prioridad
“Vamos a derogar la reforma laboral para retomar los derechos de los trabajadores”, ha dicho hoy la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en su primera intervención pública, tras recibir su cartera de manos de la ex ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. Así, ha dicho que su prioridad “desde el Ministerio de las personas”, como le gustaba llamarlo a su predecesora, será acabar con “la precariedad que lo invade todo”.

Díaz hizo, que hizo pocas referencias a la negociación con patronales y sindicatos, hizo pública esta prioridad de su mandato delante de los máximos líderes empresariales de CEOE, Antonio Garamendi, y otras grandes patronales y también ante los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. Solo una referencia en este sentido al diálogo social, del que dijo será “la base de su acción”

Díaz hizo mucho hincapié en que cuando se habla del mercado laboral, de temporalidad, parcialidad o paro “detrás de las cifras hay personas, personas con sus mentes, corazones y manos”. Y por eso dijo que la derogación de la normativa laboral que reformó el PP en 2012 es “el principal reto del país”. También ha abogado por fijar “frente a los bajos salarios, sueldos que permitan vivir dignamente”. Si bien en este punto no se refirió a la subida del salario mínimo interprofesional, que estará entre sus primeras negociaciones con patronal y sindicatos. En este caso, los empresarios ya han advertido que harán casus belli porque esta renta no llegue por ley a los 1.000 euros mensuales.

Dicho esto, agradeció a sus colaboradores hasta el momento y a sus profesores y profesoras todo lo que le han enseñado dejó para el final lo que aseguró ser “lo más importante”, el papel de la función pública y de los funcionarios de los que hizo una encendida defensa, porque sin ellos la marcha de España no sería posible, concluyó.
(Expansión, 14-01-2020)

Bruselas busca un salario mínimo europeo
La Comisión Europea tiene previsto iniciar esta semana la andadura hacia un salario mínimo europeo, una de las propuestas más destacadas de su nueva agenda social. El mecanismo, que aspira a que en todos los países se fije una remuneración mínima equivalente al 60% del salario medio nacional, forma parte de una batería de medidas que también incluirá la creación de un seguro europeo de desempleo. Objetivo: potenciar la convergencia económica entre los socios de la UE, reducir el riesgo de dumping salarial en un mercado laboral sin fronteras y rescatar a una parte de los 110 millones de europeos en riesgo de pobreza.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometió con el Parlamento Europeo a poner en marcha en menos de 100 días una ambiciosa agenda social y medioambiental. Nada más asumir el cargo el 1 de diciembre, la alemana empezó a cumplir las promesas que le permitieron salvar la votación de su nombramiento por solo nueve votos de diferencia.

El 10 de diciembre, la Comisión ya aprobó el Pacto Verde, que fija el objetivo de convertir a Europa en el primer continente que logra la neutralidad en emisiones de CO2. Tras ese avance en la agenda medioambiental, Von der Leyen prevé iniciar esta semana la andadura de su agenda social, más susceptible aún de provocar grandes divisiones y enfrentamientos entre los socios de la Unión.

La presidenta de la Comisión ha asignado la cartera de Empleo al socialista luxemburgués Nicolas Schmit, firme partidario de establecer tanto un salario mínimo como un mecanismo de seguro o reaseguro de desempleo. Schmit también defiende la introducción de una renta mínima que garantice a todos los ciudadanos en situación vulnerable unas condiciones de vida dignas. El equipo de Schmit se propone avanzar en todas estas propuestas con la mayor celeridad posible, sin esperar a que se consuma un mandato que abarca hasta 2024.

La batalla para aprobar cualquiera de estas medidas se anuncia virulenta. La propuesta del salario mínimo inquieta en varios países. Los de Europa central y del Este, con costes laborales por debajo de la media, temen que el marco europeo reduzca su competitividad.

El salario mínimo anual neto en países como Polonia, Hungría, República Checa o Eslovaquia no llega a 5.000 euros al año mientras que en Bulgaria o Rumanía ronda los 3.000, según Eurofound, la agencia europea encargada de mejorar las condiciones de vida. Los datos muestran que el salario mínimo en Alemania, Francia o Italia supera los 13.000 euros y en España, los 11.000 euros (12.600 euros brutos anuales o 900 euros en 14 pagas al año).

La diferencia es explotada en sectores con posibilidad de desplazamiento de trabajadores, como el transporte. Los socios veteranos de la UE presionan a Bruselas para que combata ese dumping salarial, con el endurecimiento de las normas sobre trabajadores desplazados, mientras que los Gobiernos de los países del este abogan por mantener una relajación que les es favorable.

El salario mínimo europeo también inquieta a los socios comunitarios donde no existe a nivel nacional (como Italia o Chipre) o en los que se fija a través de una negociación colectiva sin intervención de las autoridades (en los países nórdicos). Unos temen verse obligados a adoptar un mecanismo ajeno a su tradición laboral y otros temen que el marco europeo desbarate un sistema que funciona con buenos resultados.

“El objetivo no es fijar un salario mínimo común para toda la UE”, tranquilizan fuentes de la Comisión en vísperas de publicar el documento de consulta sobre el futuro mecanismo europeo. “Cualquier propuesta permitirá que los salarios mínimos se fijen de acuerdo con las prácticas tradicionales que tenga cada país, bien sea mediante negociación colectiva o a través de normas legales”. Bruselas reconoce que la fórmula de algunos países nórdicos, donde las tasas de afiliación sindical son mucho más altas que en el resto de Europa, ha dado “resultados excelentes”. Pero cree que aun así existe margen de mejora en ciertos socios y que el objetivo es que los Estados “tomen nota de las mejores prácticas aplicadas en cada lugar”.

A pesar de las señales de calma que emite Bruselas, el proyecto legislativo que se espera concretar dentro de unos meses resulta ambiciosa para muchos países, incluido España. El objetivo de la Comisión es que el salario mínimo alcance en cada país al menos el 60% del salario medio. Un objetivo que el nuevo Gobierno español espera cumplir, como pronto, al final de la legislatura que acaba de arrancar (es decir, en 2024), según el compromiso anunciado por Pedro Sánchez en la sesión de investidura.

Más polémico si cabe será el siguiente paso de la agenda social de Von der Leyen, que apunta a la creación de una cobertura europea del seguro de desempleo. El comisario Schmit es el encargado de diseñar un Mecanismo de reaseguro que permitiría mutualizar en parte la factura del paro en momentos de crisis profundas.
(El País, 14-01-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Estados Unidos dejará de considerar a China como manipulador de su divisa
Estados Unidos ha dejado este lunes de considerar oficialmente a China como un manipulador de su divisa, según ha informado el Departamento del Tesoro en un informe. La decisión despeja un obstáculo para alcanzar un acuerdo que detenga la guerra comercial que ambas potencias llevan casi dos años librando. El anuncio se produce en una jornada en la que los negociadores chinos han llegado a Washington, donde este miércoles está previsto que se firme la primera fase de dicho acuerdo comercial, cerrada en diciembre entre ambos equipos negociadores.

La medida revoca la controvertida decisión, tomada en agosto del año pasado por la Administración Trump, en medio de una escalada de las tensiones comerciales entre las dos potencias, de incluir a China en la lista estadounidense de países que manipulan su moneda para obtener una ventaja competitiva. Aquel verano, el presidente Trump acusó a Pekín de devaluar el yuan para mitigar el impacto de los aranceles que había impuesto a las importaciones chinas.

En un largamente esperado informe, publicado este lunes por la tarde, el Tesoro ofrece su primer análisis público de las prácticas monetarias de Pekín, y explica os compromisos adquiridos por China para mejorar la transparencia en su manejo del yuan. El compromiso, por parte de ambos países, de evitar devaluaciones que favorezcan sus exportaciones forma parte del acuerdo que Trump y los líderes chinos planean firmar el miércoles. "China ha adquirido compromisos ejecutables de abstenerse de la devaluación competitiva, promoviendo transparencia y rendición de cuentas", ha dicho el secretario del tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Durante buena parte del conflicto comercial entre los dos países, iniciado cuando Trump anunció la imposición aranceles a productos chinos en marzo de 2018, el yuan ha venido depreciándose respecto al dólar, reduciendo el impacto de los gravámenes y causando frustración en la Administración estadounidense. La designación oficial de China como manipuladora de divisas fue una medida de alto valor simbólico, que no había sucedido desde 1994. Mnuchin se había mostrado reacio inicialmente porque China no reunía todos los requisitos que exige su Departamento para engrosar la lista. Pero al final, el 6 de agosto del año pasado, menos de una semana después de anunciar que los aranceles abarcarían a todos los bienes importados del gigante asiático, Mnuchin cedió a las presiones de Trump y tomó la decisión apelando a una ley de 1988 que contenía una definición más laxa de manipulación de divisas.

La medida fue criticada por numerosos economistas, y el Fondo Monetario Internacional señaló en septiembre que no había evidencia de manipulación. El debilitamiento del yuan podía ser atribuido, advertían, a una desaceleración en el crecimiento de la economía del país. La decisión de agosto, además, fue anunciada en un comunicado de prensa, y no en el seno del más detallado informe del Tesoro, lo que privó a los analistas de una explicación pormenorizada de la decisión.
(Cinco Días, 14-01-2020)

La CNMV restringe más las operaciones de autocartera para evitar abusos de mercado
El supervisor de la bolsa española lleva varios años revisando la regulación que rodea a las operaciones que pueden hacer las empresas con acciones propias, a raíz de la nueva Ley de Abuso de Mercado que entró en vigor en la UE en 2016. Este estudio ha derivado ya en una decisión por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El mercado español dejará de tener sus propios criterios y las operaciones con autocartera deberán ceñirse a la normativa europea.

En la práctica, esto supone que las cotizadas españolas solo podrán operar con títulos de la propia empresa en dos supuestos "para gozar de algún tipo de protección por posible manipulación": bajo programas de recompras y estabilización y si existe un contrato de liquidez.

Las empresas que no se ciñan a esos dos casos se exponen, por tanto, a que se les investigue por abuso de mercado. El resto de operaciones estarán sujetas "a cualesquiera actuaciones que pueda realizar la CNMV para comprobar el cumplimiento de la prohibición de manipulación de mercado o de uso de información privilegiada", señala el organismo.

La CNMV recuerda que la finalidad de un programa de recompra de acciones "sólo puede ser la amortización de las acciones o reducción del capital del emisor, el cumplimiento de obligaciones inherentes a los instrumentos financieros de deuda convertibles en acciones o el cumplimiento de obligaciones derivadas de planes de opciones sobre acciones de empleados".

El organismo supervisor publicó en julio de 2013 unos criterios dirigidos a los emisores que operaban de forma discrecional con autocartera en el mercado español. Eran recomendaciones que amparaban a algunas compras y ventas de acciones propias no contempladas en la regulación europea. Estos criterios son los que ahora elimina el supervisor. Las compañías ya no estarán protegidas por este paraguas.

Se aconsejaba, por ejemplo, que las operaciones no superasen el 15% de la media diaria de contratación en los últimos 30 días; que el precio en las órdenes de compra formuladas no superase al de las últimas transacciones hechas por terceros y en las de venta no bajase del menor; que no se hicieran operaciones en las subastas de apertura o cierre; o que no se realizaran durante los 15 días previos a la publicación de información financiera (ver todos los criterios).

La premisa era que España permitía prácticas distintas a la de la mayoría de países europeos. Sebastián Albella, presidente de la CNMV, ha explicado en varias ocasiones que se estaba revisando la regulación. "Tengo la sensación de que son distintas [las prácticas] a la de otros países, que son más restrictivos", adelantó Albella durante la presentación de su plan de actividades de 2017.

Desde el supervisor argumentan su decisión en que no es habitual que en otros países haya supuestos propios. "La operativa de gestión discrecional de autocartera, si bien no está prohibida en otros mercados de la Unión Europea, en general tampoco está reconocida o regulada, de lo que se desprende que los demás legisladores y autoridades competentes europeos consideran suficiente el marco del Reglamento de abuso de mercado", aseguran.
(Expansión, 14-01-2020)

Sector

Pedro Sánchez propondrá a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado en sustitución de María José Segarra. El jefe del Ejecutivo informó el pasado viernes a Delgado que no continuaría al frente de la cartera de Justicia que había asumido en junio de 2018. Este mismo lunes, Juan Carlos Campo tomará su relevo al frente del Ministerio. Tocada por el 'caso Villarejo', Delgado se definió en su toma de posesión en julio de 2018 como una "fiscal de trinchera" y prometió ser una "ministra de trinchera". Durante el año y medio de mandato apostó por la cooperación internacional y por el avance de la digitalización de la justicia.

Nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP.

Durante los últimos meses, el Ministerio que ha dirigido ha realizado numerosos actos para "sacar de la fosa de la desmemoria", como la propia Delgado explicó, al exilio republicano, con motivo de su 80 aniversario. También se ha centrado en la recuperación y reparación de la dignidad de las víctimas del franquismo.

Todo ello en el marco de la Dirección General de la Memoria Histórica, que ha dependido de su departamento y que ahora pasa a estar en manos de la Vicepresidencia de Carmen Calvo bajo el nombre de Memoria Democrática. Con su creación se ha dado impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que marcaba como principal reto exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Ello finalmente se logró el pasado 24 de octubre, tras ganar la batalla en los tribunales. Delgado tuvo un papel esencial en el momento en el traslado de los restos del dictador desde Cuelgamuros hasta el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, pues como ministra de Justicia ha ostentando el cargo de notaria mayor del Reino.
(El Mundo, 14-01-2020)

 
 
 
 
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