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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 22 DE GENER DE 2020

Laboral

Medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público
Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
(BOE, 22-01-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 9 de enero de 2020
Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 9 de enero de 2020.
(BOE, 22-01-2020)

Euro
Resolución de 21 de enero de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 21 de enero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 22-01-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 22 DE GENER DE 2020

Fiscal

Hacienda aprueba las entregas a cuenta y desbloquea los presupuestos regionales de 2020
El Consejo de Ministros de hoy, el primero de carácter ordinario, ha llegado a un acuerdo para proceder a la comunicación y el abono de las entregas a cuenta a las comunidades. La cifra asciende a 103.000 millones de euros, así como otros 10.955 millones de euros correspondientes al cierre del ejercicio de 2018.

Así lo ha anunciado la titular de Hacienda y ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. Según ha indicado, se va a comunicar a cada gobierno autonómico el ingreso que le corresponde para que conozcan las cantidades mensuales con las que van a contar. Y se empezarán a abonar las primeras cantidades esta semana.

Montero ha indicado que se trata de datos provisionales, "en el momento que se hagan los Presupuestos Generales se actualizarán una vez que esté proyectada la recaudación". La cifra asciende a 103.000 millones de euros, frente a los 102.800 del año pasado. Además, ha explicado la titular de Hacienda que las comunidades autónomas van a recibir ahora 10.955 millones de la liquidación de 2018, lo que supone 4.833 millones adicionales de lo que recibieron el año anterior.

Estas entregas permiten a las comunidades desbloquear sus presupuestos autonómicos. La ministra ha declarado que esta medida contribuye "al fortalecimiento del modelo territorial y el Estado Social" y que refleja "el compromiso mantenido por el Gobierno con la financiación de los entes territoriales".

La cifra anunciada supone un incremento del 5% respecto al monto inicialmente repartido en 2019, si bien apenas eleva en 200 millones (un 0,2%) la cuantía finalmente entregada tras la actualización aprobada el pasado otoño. Un pago adicional que se vio demorado por la ausencia de cuentas públicas y el hecho del que el Gobierno seguía en funciones. Las regiones que mayor cuantía reciben son Cataluña (19.164,19 millones, el 19,62% del total), Andalucía (19.143,24, el 18,6%) y Madrid (14.529.4, el 14,11%).

Adicionalmente, Hacienda avanzó que las regiones recibirán otros 10.934 millones de la liquidación tributaria del ejercicio 2018, que se abona a los dos años. El monto duplica el de 2017, que se liquidó el pasado ejercicio, gracias a la mejora de los ingresos tributarios.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aclaró que la inyección definitiva dependerá de la tramitación de los Presupuestos Generales, pero detalló que las inyecciones comenzarán a efectuarse esta misma semana para permitir que las comunidades puedan hacer frente al pago a proveedores y a las amortizaciones de deuda que tengan previstas.

El anuncio también abre la puerta a que las regiones que aún no lo han hecho comiencen a diseñar sus presupuestos para 2020, si bien desde algunas comunidades denuncian que las cuentas no se podrán afinar hasta conocer la cifra definitiva que Montero condiciona a las cuentas del Estado.

De hecho, la aprobación de las entregas a cuenta llega solo un día después de que los consejeros autonómicos de Hacienda de Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y Ceuta, regiones gestionadas por el PP, remitieran una carta a Montero exigiéndole la actualización de estos pagos.

La misiva también requería a la ministra que les convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lleva sin reunirse desde agosto de 2018 aunque tiene la obligación de ser convocado al menos dos veces al año, para abordar una reforma de la financiación autonómica. Más allá, estos consejeros reclaman los 2.500 millones de euros del IVA de 2017 no contabilizados por el nuevo sistema de información inmediata (SII) del impuesto, que deberían haber sido liquidados el año pasado.

Montero recordó, sin embargo, que el PP, entre otros grupos, tumbó el plan presupuestario de 2019 que recogía ese abono, con lo que dio por perdida la oportunidad de abonarlos. En cuanto a los 120 millones de 2019 que echan en falta, Montero aseveró que se deben a las variaciones de población.
(Cinco Días, 22-01-2020)

El TJUE no admite las cuestiones del TEAC en el caso de la amortización del fondo de comercio
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha rechazado una cuestión prejudicial remitida por el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) español sobre el litigio europeo por la amortización del fondo de comercio en compras de empresas extranjeras. El TJUE considera que el TEAC, por su dependencia orgánica del Ministerio de Hacienda, no es un órgano jurisdiccional independiente y, por tanto, no puede derivar al TJUE cuestiones prejudiciales.

La decisión allana el camino de las autoridades europeas en su pugna con España por dicha amortización de los fondos de comercio. En el año 2014 la Comisión Europea ordenó a España recuperar los impuestos no cobrados por la deducción fiscal del fondo de comercio (diferencia entre el valor contable de la empresa comprada y el precio pagado) en operaciones internacionales, un régimen fiscal que Bruselas consideraba una ayuda de Estado.

El caso sobre el que se ha pronunciado el TJUE afecta a Banco Santander, Autogrill España y Santusa Holding, y el tribunal se ha pronunciado en línea con las conclusiones del Abogado General de la UE. Tanto el tribunal como el Abogado General destacan el hecho de que los vocales del TEAC son nombrados por el Consejo de Ministros, así como el hecho de que corresponda en exclusiva al director general de Tributos interponer recursos extraordinarios para la unificación de doctrina cuando este mismo cargo forma parte de la sala que conoce dichos recursos.

El caso de las amortizaciones del fondo de comercio tiene una larga y farragosa historia administrativa. Según una medida fiscal introducida en 2001 en España, si una empresa sujeta a este impuesto adquiere una participación de al menos un 5 % en una compañía que no tenga su domicilio fiscal en España ininterrumpidamente durante al menos un año, el fondo de comercio financiero resultante puede deducirse, como amortización, de la base imponible del impuesto sobre sociedades

La Comisión Europea dictaminó en 2014 que dichas ayudas son incompatibles con la normativa, por lo que tocaba a España reclamar los impuestos ahorrados a las empresas correspondientes. Las empresas consiguieron que el TJUE de la UE anulara la decisión de la Comisión al no haberse demostrado el carácter selectivo de la controvertida medida. Posteriormente, ya en 2018 el Tribunal General, máxima instancia judicial en la Unión, volvió a respaldar la ilegalidad de dichas ayudas al establecer diferencia entre las compras de empresas en España y en el extranjero. Dado que aún hay recursos pendientes de resolución, el TEAC consultó al TJUE sobre la incidencia de la anulación de una de las decisiones afecta a la validez de decisiones posteriores.

En la actualidad, la interpretación del TEAC permite la amortización fiscal del fondo de comercio financiero en los supuestos de adquisición indirecta de participaciones en sociedades no residentes realizadas mediante la compra de una sociedad holding no residente, aunque sí modificó su interpretación cuando las inversiones son directas.
(Cinco Días, 22-01-2020)

Francia da marcha atrás y congela su tasa digital para eludir las sanciones de Trump
Francia ha dado temporalmente marcha atrás en la aplicación de su tasa digital para evitar una escalada comercial con Estados Unidos. En el marco de las negociaciones entabladas con Washington para llegar a un acuerdo sobre el impuesto a los gigantes de internet, también conocido como tasa Google, París propuso este martes congelar hasta diciembre el pago de su tasa correspondiente a 2020.

La noticia fue aplaudida por el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, quien aprovechó para advertir a Reino Unido e Italia de que, si deciden imponer una tasa digital, también se enfrentarán a los aranceles de la Administración Trump. El jefe de la Casa Blanca ha venido amenazando con imponer aranceles de hasta el 100% a la importación de productos franceses por valor de 2.160 millones de euros en represalia a esta tasa, por considerar que perjudica a las empresas estadounidenses.

Fuentes del Ministerio francés de Economía indicaron este martes que esta propuesta será discutida mañana miércoles en la reunión que mantendrán en el Foro de Davos el ministro galo Bruno Le Maire con el equipo negociador dirigido por Mnuchin.

El planteamiento francés supone aplazar hasta diciembre los pagos correspondientes a abril y noviembre. En caso de no llegar a un acuerdo en el seno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se procedería a su recaudación en diciembre, y de alcanzar un pacto internacional pasaría a aplicarse la nueva normativa. El objetivo de las autoridades francesas es facilitar una solución en el marco de la OCDE y renunciar a su impuesto en cuanto se ponga en marcha una alternativa internacional.

La denominada tasa GAFA (acrónimo de Google, Apple, Facebook y Amazon) es un impuesto a los gigantes de internet que afecta no solo a las compañías tecnológicas estadounidenses, sino a las multinacionales cuyos ingresos anuales superen los 750 millones de euros en todo el mundo y los 25 millones en territorio galo.

La normativa francesa, promulgada en julio pasado, recoge que las grandes compañías tecnológicas tributen por el 3% de su facturación en los países donde operan y no sólo en los que eligen como sede social porque las condiciones fiscales les resultan más favorables.
(Expansión, 22-01-2020)

El impuesto de matriculación amplía su contribución a las arcas públicas
Este gravamen, que se abona al comprar un vehículo, permitió recaudar 616 millones de euros en 2019, según los datos de la Agencia Tributaria. Esta cifra es un 20% superior a la del año anterior y la más elevada desde 2010. Lo más llamativo de la estadística no es sin embargo el repunte, sino las circunstancias en las que se produce: por primera vez en más de una década los ingresos por el impuesto crecieron pese a caer las ventas de coches más de un 4%.

La correlación negativa entre el número de coches vendidos y la cuantía recaudada por el tributo no es efecto de una prestidigitación estadística. La principal razón del desfase se encuentra en el tirón que está teniendo la gasolina frente al diésel. Al emitir más CO2, variable fundamental para calcular el impuesto de matriculación, hay más automóviles obligados a abonar el gravamen, y en mayores cantidades. Fuentes de la industria señalan otra razón complementaria: el aumento de vehículos con más peso, que consumen más y por ende tienen un nivel más elevado de emisiones.

Ya en 2018 las ventas de coches de gasolina marcaron un hito, al superar por primera vez en más de dos décadas las de gasóleo. El estallido del dieselgate en 2015, que destapó el sistema de trucaje que empleaba Volkswagen para rebajar las emisiones contaminantes de sus modelos, y la incertidumbre jurídica que se ha instalado en torno al futuro de los vehículos diésel —desde los anuncios sobre la limitación a su circulación a los planes de subidas fiscales— contribuyeron en los últimos años a demonizar este carburante e impulsar los automóviles de gasolina.

Los datos publicados este martes por la Agencia Tributaria confirman esta tendencia: de los 1.301.986 coches vendidos —frente a los 1.362.387 del año anterior—, el 64,4% fue de gasolina y el 35,6% de gasóleo. En 2018 la brecha fue inferior: del total de vehículos matriculados, el 58,3% era de gasolina y el 41,7% de gasóleo.

También la emisión media por vehículo refleja este cambio en el tablero. En 2019 ascendió a 121 gramos de CO2 por kilómetro, frente a los 119 de 2018. Asimismo, se redujo el número de coches exentos de abonar la tasa, un privilegio destinado a los automóviles que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro. En 2018 el 68,4% de los vehículos se libró del impuesto; el año pasado este porcentaje fue del 59%.

Y ello pese a que la industria ha tenido que interiorizar a marchas forzadas la máxima de que quien contamina paga y sumergirse en una profunda transformación ante el desafío climático y la creciente presión regulatoria. Para el futuro, los objetivos son ambiciosos: Bruselas exige que los fabricantes reduzcan el límite máximo de emisiones de sus vehículos a 80 gramos de CO2 por kilómetro en 2025 y a 60 en 2030.

Anfac, la patronal española de fabricantes de automóviles, lleva tiempo pidiendo que se grave el uso de los vehículos en lugar de su compra, que ya está sujeta a IVA. En otras palabras, pide que se suprima el impuesto de matriculación y que en su lugar se introduzcan criterios medioambientales en el impuesto de circulación —que se paga todos los años en función de los caballos fiscales del automóvil—.
(El País, 22-01-2020)

El Gobierno seguirá adelante con la ‘tasa Google’ si no hay acuerdo europeo
La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró este martes que España "no excluye" la posibilidad de crear su propio impuesto nacional a las empresas digitales, si bien reconoció que en ese ámbito se debe trabajar en los niveles global, europeo y español.

"El Gobierno español no excluye que propongamos la creación de ese impuesto digital a nivel nacional", declaró la política tras participar en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho que se celebró hoy en Bruselas.

Calviño añadió que la iniciativa figura "dentro de nuestros planes y del plan presupuestario que habíamos enviado a la Comisión Europea" y recalcó que ese impuesto nacional se alinearía "con los marcos que se puedan aprobar en un nivel más alto, a nivel global o a nivel comunitario".

En cualquier caso, destacó la importancia de trabajar en tres niveles, entre los que citó el global, donde la OCDE prepara una propuesta, y el de la Unión Europea, que el año pasado decidió aparcar sus planes sobre una tasa digital comunitaria a la espera de la solución mundial.

"Tenemos que actuar claramente a tres niveles: uno es el nivel global, que nosotros impulsamos decididamente. Espero que cuanto antes tengamos una propuesta de la OCDE, a final de mes, que pueda servir de base para que en el curso del año haya un acuerdo global", comentó.

Calviño consideró que "si no se produce" el acuerdo global, se tiene que actuar a nivel comunitario y afirmó que la UE tiene que dar "una respuesta, clara, coherente y unida en este contexto". También dijo creer que entre los ministros económicos de la Unión "hay bastante determinación" para que la Comisión Europa "actúe si no se avanza adecuadamente en el contexto de la OCDE". "Pero todos esperamos que haya buenas noticias y podamos avanzar en el contexto de la OCDE. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y las próximas semanas", apuntó.

La OCDE celebrará una reunión el 29 de enero de la que podría salir un primer acuerdo sobre el denominado Pilar I, es decir, sobre el modo de asignar los beneficios de las empresas digitales a una jurisdicción en particular para que paguen impuestos en ella.
(El Mundo, 22-01-2020)

Laboral

La afiliación de extranjeros aumenta en 132.133 cotizantes en 2019
La Seguridad Social ganó una media de 132.133 cotizantes extranjeros en 2019, un 6,6% en relación a 2018, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en máximos históricos, con 2.124.982 ocupados, informó este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Es el sexto año consecutivo en el que aumenta la afiliación media de extranjeros. En 2018 y 2017, los afiliados extranjeros subieron en 154.948 y 126.043 cotizantes, respectivamente, mientras que en 2016 la ganancia de cotizantes extranjeros fue de 84.020 afiliados y en 2015, de 75.199 ocupados. Por su parte, en 2014 ingresaron en el sistema 9.333 nuevos inmigrantes.

Uno de cada tres nuevos afiliados de 2019 era extranjero. Del total de inmigrantes en alta al finalizar el año pasado, 1.774.759 cotizaban en el Régimen General; 346.375 en Autónomos; 3.806 en el Régimen del Mar, y 41 en el del Carbón. En términos intermensuales, la afiliación de extranjeros aumentó el pasado mes de diciembre en 1.527 personas (+0,07%).

Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el sistema de la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (341.530), Marruecos (268.239), Italia (126.151) y China (108.945). Les siguen los trabajadores nacionales de Colombia (75.427), Ecuador (72.908), Reino Unido (68.472), Venezuela (66.901) y Bulgaria (59.970).
(Expansión, 22-01-2020)

Trabajo abordará hoy la subida del SMI con patronal y sindicatos
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunirá este miércoles con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, y con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, en la que será la primera reunión con agentes sociales tras la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

En esta primera toma de contacto, que tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo, se abordará la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020 y es probable que se hable también de forma preliminar de los aspectos más lesivos de la reforma laboral susceptibles de ser derogados.

Sobre el SMI, en el acuerdo programático, tanto el PSOE como Unidas Podemos, se comprometieron a subirlo hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como se recoge en la Carta Social Europea, y por lo que previsiblemente se elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura.

El presidente del Gobierno emplazó a acordar en el marco del diálogo social el incremento del SMI en 2020 y también anunció que crearía una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo, compuesta por expertos, sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI. Para esta subida se tendrá en cuenta el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.

Por otro lado, la intención declarada del Ejecutivo es la de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 para recuperar los derechos "arrebatados", como la posibilidad de eliminar el despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

Otro punto de la reforma laboral que está previsto derogar es la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
(El País, 22-01-2020)

El nuevo Estatuto de los Trabajadores, también a debate
Las mesas de trabajo que se formarán de los agentes sociales en el marco del diálogo tripartito también tendrán que abordar la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, aunque las principales organizaciones sindicales han dejado claro que previa a esta modificación se deben derogar las reformas laborales y volver a la situación anterior.

En materia de contratación, el acuerdo programático recogía limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

Igualmente, el PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a impulsar las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y se revisarán las causas del despido. Estas medidas se acometerán el paralelo a un impulso de la lucha contra el fraude laboral y a la mejora de la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo y la simplificación del sistema de protección por desempleo.
(El País, 22-01-2020)

El Gobierno aprueba la subida salarial de los funcionarios
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la subida del 2% del salario de los funcionarios, a la que podría sumarse un 0,3% de fondos adicionales, según anunció anoche el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una entrevista en TVE. Esta alza, ya incluida en el proyecto presupuestario, se sacará adelante mediante real decreto y se aplica a 2,6 millones de funcionarios y empleados públicos.

De acuerdo con el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de enero de 2019, en España hay 2.578.388 empleados públicos, de los que más de la mitad, 1,3 millones, corresponden a la administración de las comunidades autónomas, la mayoría circunscritos a la educación (553.014) y la sanidad (510.224). El resto se reparte entre la administración del Estado (507.830), la administración local (575.405) y las universidades (156.042). "Cumplimos nuestro compromiso con los empleados públicos, una prioridad porque son la base de nuestro Estado del bienestar", ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete de Pedro Sánchez.

La subida salarial de los funcionarios contempla una subida del 2% más un 0,3% de fondos adicionales ajustada a la evolución del PIB con aplicación y tiene a efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020 y se actualizará la nómina de inmediato, aunque la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha explicado que el decreto ley aprobado hoy solo recoge el incremento fijo del 2% previsto en dicho acuerdo para 2020, recordando que el pacto incluye también una subida variable vinculada al crecimiento económico, cuya cuantía exacta se conocerá el próximo mes de mayo.

La subida, que ya estaba incluida en el Plan Presupuestario que el Ejecutivo en funciones envió el pasado mes de octubre a la Comisión Europea, establecía una subida del 0,20% adicional si la economía crece el 2,1% en 2019, que puede llegar hasta el 1% si el PIB avanza el 2,5%. La previsión de crecimiento del Gobierno para 2019 es del 2,1%, aunque algunos organismos y servicios de estudios calculan que ha quedado entre el 1,9 y el 2%. Contemplaba, asimismo, un alza adicional del 0,30% condicionada a productividad y otros aspectos, así como un 0,55% sujeto al cumplimiento del objetivo de déficit público.

Esta subida salarial se deriva del II Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de función pública (CSIF, CC.OO. Y UGT) en 2018, que contemplaba un nivel mínimo de alza del 2,3% (incremento del 2% más un 0,3% de fondos adicionales). Junto a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la medida tendrá un coste de 3.264 millones de euros.

A este porcentaje del 2,3%, según el acuerdo pactado por el último Ejecutivo del PP y los sindicatos, se le suma otro incremento adicional si la economía creciese por encima del 2%, si bien el Ejecutivo estima un aumento del PIB del 1,8% para este ejercicio.

El Plan Presupuestario señala que, en el escenario más optimista, en el que se recoge una subida del 3,3% por la suma de un 1% adicional por el incremento del PIB igual o superior al 2,5%, el coste ascenderá hasta los 4.575 millones de euros. En 2019 la subida fue finalmente del 2,5% tras sumar al incremento fijo del 2% un 0,25% de fondos adicionales y otro 0,25% derivado de la evolución del PIB de 2018.
(El Mundo, 22-01-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El BCE urge a los bancos a ser prudentes con el reparto de los dividendos
El Banco Central Europeo (BCE) ha informado a los bancos de las directrices que deben seguir en cuanto al reparto de bonus y dividendos y ha pedido a los mismos que sean prudentes con estos pagos. "Si bien las entidades de crédito tienen que financiar la economía, la política de reparto de dividendos conservadora es uno de los elementos necesarios para lograr una gestión adecuada del riesgo y un sistema bancario sólido", explica el BCE.

El supervisor europeo ha remitido sendas cartas sobre dividendos y sobre retribución variable a las entidades en las que repite literalmente los mismos mensajes de hace un año. En el caso de la carta sobre dividendos, el texto suscrito por Christine Lagarde, la presidenta del BCE, es prácticamente idéntico al enviado por su antecesor, Mario Draghi, hace un año. La carta sobre los bonus ha sido enviada por Andrea Enria, que repite el texto de 2019.

Las entidades de crédito deben establecer las políticas de dividendos sobre la base de presunciones prudentes y conservadoras de manera que, después de repartir dividendos, cumplan los requisitos de capital aplicables y lo establecido conforme al proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES).

Las entidades de crédito deben cumplir en todo momento los requisitos mínimos de capital aplicables (los «requisitos del Pilar 1»), que comprenden un ratio de capital de nivel 1 ordinario del 4,5%, un ratio de capital de nivel 1 del 6% y un ratio total de capital del 8%, explica el BCE. Además, las entidades de crédito deben cumplir en todo momento los requisitos de capital establecidos por la decisión del PRES, y que van más allá de los requisitos del Pilar 1 (los requisitos del Pilar 2).

Al igual que hizo hace un año, la autoridad monetaria presidida por Christine Lagarde, clasifica como de costumbre a las entidades en tres grupos. A las más saneadas, las que cubren todos los requisitos de capital, les dice que "deben repartir sus beneficios netos como dividendos de manera conservadora, a fin de poder seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos conforme al PRES incluso en caso de deterioro de las condiciones económicas y financieras".

A las entidades que estén en una segunda categoría, que cumplen los requisitos actuales, pero no del todo los que están por venir, les pide eso mismo, que sean conservadores y estén preparados para un deterioro económico, pero además que solo podrán dar dividendos si se encaminan también a cumplir los requisitos de capital fully loaded "de una forma lineal".
(Expansión, 22-01-2020)

Trump impondrá aranceles a la importación de coches europeos si no hay acuerdo comercial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir en la posible imposición de aranceles a la importación de vehículos europeos si finalmente el país norteamericano y el 'Viejo Continente' no llegan a un acuerdo comercial. "Esperamos poder llegar a un acuerdo con Europa. Y si no llegamos, sin duda es una consideración muy fuerte", dijo Trump durante el Foro Económico Mundial de Davos, refiriéndose a los aranceles.

Hace tan solo unos días, el Washington Post informó de que la administración Trump había amenazado a Europa con imponer un arancel del 25% a las importaciones de automóviles si no se le apoyaba en su conflicto contra Irán. Reclamaba que Reino Unido, Francia y Alemania acusen formalmente a Irá de romper el acuerdo nuclear de 2015.

A mediados de mayo del año pasado, Trump retrasó seis meses la posible aplicación de aranceles sobre los automóviles y componentes importados por Estados Unidos desde la Unión Europea y Japón.
(Expansión, 22-01-2020)

Declaración de emergencia climática
El Consejo de Ministros aprobó una “declaración de emergencia climática” para subrayar la urgencia de las medidas de lucha contra el cambio climático y se comprometió a impulsar tres decenas de iniciativas en esta materia, incluyendo cinco en sus primeros 100 días de gobierno.

La declaración, que busca convertir en transversal para todos los Ministerios el cuidado del medioambiente, es un primer paso hacia la presentación de un proyecto de ley contra el cambio climático que se enviará al Congreso antes de mayo, o de la definición de una senda de descarbonización.

A partir de ahí, la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Digital, Teresa Ribera, avanzó que ya “no habrá” nuevos subsidios a combustibles fósiles, como el diésel, la gasolina o el gas, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incidió en que su reforma tributaria tendrá también un espíritu verde.

Ribera matizó, eso sí, que el horizonte para que no circulen coches que emiten CO2 se fijará en 2050, como pide la UE, en lugar de en 2040 como se había barajado. Eso sí, anunció que los municipios de más de 50.000 habitantes estarán obligados a crear zonas de bajas emisiones.
(La Vanguardia, 22-01-2020)

 
 
 
 
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