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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 24 DE FEBRER DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica.
(BOE, 24-01-2020)

Sello electrónico cualificado del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Presidencia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se crea el sello electrónico cualificado de la entidad.
(BOE, 24-01-2020)

Sede electrónica y el registro electrónico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Presidencia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se crea y regula la sede electrónica y el registro electrónico de la entidad.
(BOE, 24-01-2020)

Metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad
Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.
(BOE, 24-01-2020)

Euro
Resolución de 23 de enero de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de enero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 24-01-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 24 DE FEBRER DE 2020

Fiscal

Montero exige a los ministros planes semestrales de inversión sujetos a su aprobación
El Gobierno ha decidido echar el cerrojo a la caja pública, y dejar la llave en manos de Hacienda, a fin de contener el déficit y reservar recursos para cuando se impulsen los Presupuestos Generales de 2020 que formalmente no podrán comenzar a tramitarse al menos hasta el mes de marzo.

Así lo recoge una disposición del Ministerio de Hacienda, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se anuncian “medidas de gestión del gasto público para garantizar que, en el escenario de prórroga de los Presupuestos del Estado vigentes en el año 2019 para 2020, se continúa con el proceso de reducción del déficit público, garantizando así el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto vigentes”.

Aunque esto ya se ha hecho otros años, la orden ministerial establece además “determinados controles en la ejecución del gasto” público “con el fin de evitar una elevada ejecución de los créditos presupuestarios antes de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020”.

Las medidas anunciadas ayer, que desarrollan la decisión de prórroga presupuestaria adoptada por el Consejo de Ministros del pasado 27 de diciembre, incluyen “la obligación de los Departamentos ministeriales de remitir al Ministerio de Hacienda un calendario semestral en el que se recogerán todas las actuaciones que tengan previsto iniciar en 2020”, debiendo presentar el plan de los primeros seis meses “antes del 10 de febrero” y “el relativo al segundo semestre del año antes del 30 de junio de 2020, salvo aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2020 con fecha anterior”.

“El calendario deberá ser aprobado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, dependiente del Ministerio de Hacienda”, no pudiendo los Ministerios impulsar medidas no contempladas en estos planes. A partir de ahí, el departamento que dirige María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, establece un límite general de gasto en el 50% de los fondos asignados, umbral que los ministros solo podrán superar con su autorización expresa.
(Cinco Días, 24-01-2020)

España pospone la tasa digital hasta que decida la OCDE
El Gobierno esperará a que se produzca un gran acuerdo internacional en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para gravar a las multinacionales tecnológicas antes que crear por su cuenta la llamada tasa Google. Según la vicepresidenta para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, “nosotros no renunciamos a la tasa, que forma parte de nuestro programa electoral, pero esperaremos a un acuerdo internacional en el marco de la OCDE para el 2020”.

La vicepresidenta cree que la tasa sigue teniendo todo el sentido del mundo y que lo que busca es “adaptar el sistema fiscal a la realidad del siglo XXI, en el que hay empresas con una estructura tributaria que no se adapta a esa realidad y no pagan impuestos allí donde logran el negocio y el valor añadido”.

La voluntad de poner coto a estas prácticas sigue vigente, pero con otros plazos y caminos. La posición del Gobierno descarta, en principio, que se apruebe de forma inmediata el nuevo impuesto para las grandes firmas de internet que logran beneficios importantísimos en muchos países del mundo sin tributar nada o apenas nada en la mayoría de ellos. El impuesto es también cuestión de equidad, ya que las pymes pagan más impuestos que las multinacionales

Francia, que ya tenía aprobado el impuesto, ha tomado la decisión de congelar su aplicación hasta finales de año para dotar de más fuerza a la negociación que se está produciendo en el marco de la ­OCDE y abogar por la seguridad jurídica, por un lado, y la armonización fiscal, por el otro. La coordinación internacional tiene que evitar la doble imposición y también que la misma realidad tenga tratamientos fiscales divergentes en unos países u otros.

Por eso –y para evitar enfrentarse a Estados Unidos–, Francia ha decidido esperar. Este retraso no supone una renuncia del Estado francés a ingresar impuestos de las compañías digitales este año. Al haber creado y congelado el impuesto, Francia se reserva el derecho de exigir su pago a las empresas a finales de año con carácter retroactivo. Pero su prioridad es el acuerdo internacional. “Si nosotros podemos encontrar una solución creíble en el marco de la ­OCDE, entonces no habría ninguna necesidad de adoptar decisiones nacionales”, asegura Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia.

Todo queda a expensas de la negociación en el marco de la OCDE, que tiene la enorme ventaja de que puede servir para evitar represalias de Estados Unidos, el país donde están la mayoría de las empresas a las que afectará esta tasa. Si el impuesto es global en vez de francés o español, parece más difícil su utilización como desencadenante de una nueva guerra comercial que no interesa a nadie en un momento en el que la obsesión es reactivar la economía.

La OCDE, formada por 137 países, tiene ahora la palabra. El organismo cuyo secretario general es Ángel Gurría lleva más de dos años trabajando en este asunto y, como explicó el dirigente mexicano ayer en el Foro Económico Mundial de Davos, “esto está en la mesa desde hace mucho tiempo y no es una cuestión solo de empresas digitales, sino del proceso de digitalización de las empresas: la economía digital requiere nuevas reglas”. Gurría explicó ayer que hay ya más de 40 países que participan en este asunto y que no sería bueno que se diera una competición entre unos y otros para regular las actividades digitales. “Debemos poner a un lado las diferencias para encontrar una solución común”.

El dirigente se mostró confiado en tener un borrador con una propuesta de tributación digital en junio para poder avanzar en los meses siguientes y tomar una decisión antes de finales de año. “No soy optimista ni pesimista, soy activista”, dijo ayer Gurría entre risas al ser preguntado por las posibilidades de sacar adelante la propuesta.

No será fácil que se consiga, ni aplicarlo después, como advirtió ayer Delia Ferreira, presidenta de Transparency International. “Necesitamos que se apruebe el impuesto, sí, pero también que las reglas sean absolutamente claras”. Ferreira defendió en el foro que el impuesto global a las firmas digitales sería especialmente importante para los países en vías de desarrollo al dotarles de ingresos extra que necesitan para progresar.

Pero hay otro aspecto también importante en el futuro nuevo impuesto: la equidad. Como explicó ayer Gurría, tanto los ciudadanos de clase media o baja como las pymes “están cautivos a la hora de pagar impuestos”. “¿Quiénes pagan menos o no pagan? Las grandes fortunas y las corporaciones. Es un gran asunto”, concluyó.
(La Vanguardia, 24-01-2020)

Previsión de crecimiento del PIB español para 2020 en el 1,5%
Funcas ha mantenido la previsión de crecimiento del PIB español para 2020 en el 1,5%, cuatro décimas menos que el registrado el año pasado, y augura que se situará en el 1,7% en 2021. Funcas ha asegurado que la desaceleración de la economía española se explica por el peor comportamiento de la inversión, en especial en construcción, y al menor impulso del consumo público. El leve repunte esperado del consumo privado no compensa la moderación del resto de componentes de la demanda interna.

Por su parte, "el sector exterior dejará de aportar crecimiento este año por el débil comportamiento de las exportaciones en tanto que las importaciones crecerán a un ritmo superior a la demanda", ha apuntado en un comunicado el organismo.

Las previsiones de Funcas, que a falta de más concreción de la política económica del Gobierno se basan en un presupuesto prorrogado, pero con algunas actualizaciones (revalorización de las pensiones y aumento de los salarios públicos), contemplan que la desaceleración toque fondo en tasas intertrimestrales a mediados de año y que comience una recuperación progresiva por la mejoría del entorno externo. Por ello, sus pronósticos apuntan a una leve mejoría para 2021 con un crecimiento del 1,7% (una décima menos de lo previsto en octubre).

Hay que decir que las cifras que maneja Funcas distan ligeramente de las publicadas por el Fondo Monetario Internacional esta misma semana, que apuntaba un 1,6% (una décima más) este año y el siguiente (una décima menos). Para 2022 espera una evolución similar a la de 2021, de forma que el crecimiento se acercaría a su potencial.

Funcas ha asegurado que el menor crecimiento se dejará notar en el mercado laboral. "Todavía se generarán cerca de 800.000 empleos netos durante los próximos tres años, un 40% menos que en el anterior trienio", ha explicado. De esta forma, la tasa de paro bajaría hasta el 11,1% en 2022, año en el que el número de ocupados llegaría a los 19,1 millones (estimación en equivalente a tiempo completo), en torno a medio millón menos que el máximo precrisis.
(El Mundo, 24-01-2020)

Laboral

Caerse de un patinete de camino al trabajo es accidente 'in itinere'
Los tribunales han tenido que aclarar las condiciones que debe cumplir todo percance para que sea considerado 'in itinere', como el tiempo que se tarda en llegar al domicilio o el tipo de vehículo utilizado. Una vez terminada la jornada laboral, Carmelo decidió, como hacía habitualmente, acercar a dos compañeros de trabajo a sus casas.

Cuando ya regresaba a la suya, sufrió un accidente que le costó la vida. Su viuda y huérfana decidieron reclamarlo como in itinere y su caso llegó al Tribunal Supremo, que finalmente dio la razón a la familia al determinar que el caso tiene "claro tinte laboral" y, además, lo califica de "razonable, tanto por razones de solidaridad entre compañeros cuanto por economizar costes y por la protección del medio ambiente".

El hecho de que tardara más de una hora en realizar el viaje tampoco preocupa al Alto Tribunal, que insiste en que "ese periodo de tiempo siempre ha estado dedicado a volver a casa desde el trabajo".

Esta sentencia es un buen ejemplo de las consideraciones que hacen los tribunales para determinar si un accidente es in itinere o no. Para ello, precisamente el elemento principal es que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo. Sin embargo, no es el único elemento que analizan los jueces, ya que el desplazamiento ha de producirse en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa. Este elemento geográfico ha causado mucha polémica porque hay una interpretación muy amplia de lo que se considera domicilio.

También ha provocado diferentes disputas judiciales un elemento más que debe tener todo accidente in itinere: el cronológico. Y es que el percance debe producirse dentro del tiempo prudencial que se invierte de manera habitual en el desplazamiento. Por último, es necesario que el viaje se realice en un medio normal e idóneo de transporte. Los avances tecnológicos han hecho ampliar este criterio y ahora, por ejemplo, también se aceptan los patinetes eléctricos.

"Los hábitos sociales están cambiando". Ésta es la frase que resume el sentido de la sentencia de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que echó por tierra los argumentos de una mutua para no considerar accidente 'in itinere' la caída de una persona que se rompió un brazo yendo a trabajar en un patinete eléctrico.

La aseguradora sostuvo que la ley es clara y dice que el empleado debe ir a trabajar en un vehículo normal. Sin embargo, los jueces señalan que, aunque comparten que el medio debe ser idóneo, "este concepto es evolutivo". Por eso, el fallo apoya la creciente acción social que apuesta por el uso de elementos de transporte no contaminantes.
(Expansión, 24-01-2020)

El Círculo de Empresarios advierte de que la subida del SMI "dificulta" la reducción del paro
El presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, valoró este jueves que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros este año se haya pactado entre el Gobierno y los agentes sociales, pero advirtió de que "dificulta" la reducción del paro y afecta a los jóvenes sin formación.

Así lo dijo De Zulueta en una rueda de prensa en la que se presentó un informe sobre transición energética elaborado por el Círculo de Empresarios. El máximo responsable de esta organización valoró que "este año se ha hecho mejor" con la definición del SMI porque se ha negociado, "comparado con el 22,3% del año pasado, que fue impuesto por el Gobierno es una mejora cualitativa importante".

De Zulueta incidió en que la postura del Círculo es favorable a una subida de salarios y particularmente, de los más bajos, pero ligados a la evolución de la productividad. Destacó que el aumento beneficia a unos dos millones de personas, pero que también existe el "problema" de que la economía sumergida "crece", más particularmente entre las trabajadoras del hogar y los trabajadores del campo.

Además, apuntó que hay "muchos jóvenes sin formación que están esperando aprendizaje en algún sitio y cuanto más sube el salario mínimo menos oportunidades hay para ellos" y agregó que "cualquier aumento de salarios dificulta" la reducción de la tasa de paro. Por ello, dijo que la subida del SMI "tiene un lado positivo y un lado negativo".

En cualquier caso, De Zulueta manifestó que en el Círculo "nos alegramos de que, por lo menos, la CEOE ha entrado en una negociación este año y no fue una cifra impuesta por el Gobierno sin consultar con los agentes sociales". Por otra parte, el presidente de la organización afirmó que el nuevo Gobierno "socialista comunista" tiene "algunas iniciativas que nos preocupan mucho, pero vamos a esperar a ver los hechos".

Relató que el parlamento está "muy fragmentado" y con esa situación "va a ser muy difícil hacer las reformas fiscales, laborales, educativas, planes de pensiones, incluso en cuanto a la reforma laboral, parece más bien que vamos a ir a un tipo de contrarreforma" de la de 2012. En su opinión, se abre una legislatura "novedosa" y un "panorama incierto".
(Expansión, 24-01-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El BCE sitúa la estabilidad de precios como el eje de la revisión integral de su estrategia
El Banco Central Europeo (BCE) dio este jueves el pistoletazo de salida al proceso llamado a definir su política monetaria en los próximos años: la revisión integral de su estrategia y la primera que lleva a cabo en más de 16 años. "No quedará ni un cimiento sin remover", anticipó la presidenta de la institución, Christine Lagarde, que afrontaba su segunda cumbre como cabeza visible de la autoridad monetaria.

Desde ahora hasta que anuncie el resultado, entre noviembre y diciembre, el BCE realizará una profunda reflexión sobre su misión de mantener la estabilidad de precios y las herramientas con las que trata de llevarla a término. Para ello, escuchará las opiniones y estudios de su plantilla y los académicos, pero también las recomendaciones de otras instituciones y de la sociedad civil.

"El Consejo de Gobierno seguirá dos principios: análisis exhaustivo y apertura de miras", explicó Lagarde, que prefirió no dar detalles sobre las conversaciones que ya han comenzado. Lo que sí ha revelado el BCE es que el eje de la revisión estratégica será "la formulación cuantitativa de la estabilidad de precios, junto con los enfoques e instrumentos para lograrla". El objetivo de inflación, entendido desde 2003 como una inflación cercana, pero por debajo del 2%, parece tener los días contados.

Las opciones que abre la institución monetaria son bastas, desde fijar un número concreto por arriba o por debajo de la cota actual, hasta implantar una banda de fluctuación para el crecimiento de los precios. Todas las opciones están sobre la mesa y la elección final tendrá descomunales sobre las políticas que desarrolla el organismo. "No podemos seguir trabajando como lo hacíamos en 2003. Eso no quiere decir que debamos cambiar las cosas, pero sí que debemos analizar nuestra política para ver si sigue siendo efectiva", indicó Lagarde.

Rebajar el objetivo de inflación reduciría la obligación del organismo de poner sobre la mesa los estímulos tan expansivos que llevan años en los mercados, mientras que elevarla llevaría al BCE a echar el resto con la poca munición que le queda. La revisión del objetivo de inflación, además, se llevará a cabo junto con una valoración de la eficacia de todas las herramientas disponibles.

Pese a todo, los expertos ven que la clave de todo el proceso estará en los detalles. La autoridad monetaria anunció que también revisará cómo calcula la inflación, barajando incluso tomar en consideración el precio de las viviendas, lo que provocaría una significativa alza en las mediciones.

Pese a ello, expertos consultados sostienen que es poco probable que el BCE termine incluyendo este elemento, pues un estudio realizado por el personal de la institución lo desaconsejaba alegando que "deterioraría la frecuencia con la que se genera la información sobre la inflación y sería distorsionadora al suponer la primera inclusión de un activo, cuando habitualmente se utilizan bienes de consumo".
(Cinco Días, 24-01-2020)

Las ciudades que están limitando el precio del alquiler no están teniendo "mucho éxito"
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que las ciudades que están regulando el precio del alquiler de vivienda no están teniendo "mucho éxito", y ha abogado en su lugar por concentrarse en aumentar la oferta a través del Plan de Vivienda que prepara el Ministerio de Fomento.

Así lo ha señalado Calviño en una entrevista en Cadena Ser, en la que ha asegurado que "hay distintas ciudades que están experimentando en esa línea, estableciendo límites, no con mucho éxito", por lo que ha explicado que el Ejecutivo se concentrará en aumentar la oferta de vivienda este año.

Precisamente el Banco de España ha publicado un documento en el que constata que la regulación de los precios de la vivienda de alquiler es "efectiva" a corto plazo al mejorar la accesibilidad y la sobrecarga del coste, si bien advierte de que presenta "efectos adversos potencialmente significativos" a medio y largo plazo, como un aumento del precio en segmentos no regulados.

Además, avisa de que la oferta reacciona con una disminución de los gastos de mantenimiento, modificando la composición de la vivienda ofertada y provoca una segmentación de mercado, concentrándose en determinadas zonas. A pesar de la afirmación de Calviño, Banco de España ve "efectivo" regular el precio del alquiler a corto plazo, pero señala que genera "efectos adversos".

El Gobierno de coalición formado entre el PSOE y Unidas Podemos se comprometió en su acuerdo programático a frenar las "subidas abusivas del alquiler" y, para ello, en las zonas más tensionadas, se habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que, a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento, puedan poner "techo" a las subidas mediante un índice de precios de acuerdo a una metodología "objetiva".

Calviño ha señalado que en el real decreto sobre vivienda aprobado el año pasado se incluían "algunos elementos para moderar el precio del alquiler", que al final contó también con el respaldo de Unidas Podemos en su "segunda versión".

A este respecto, ha avanzado que el Ministerio de Fomento lleva un tiempo trabajando en un nuevo Plan de Vivienda para movilizar suelo y vivienda, ya que en los últimos años "se ha desmontado el parque de vivienda social" que permitía a los jóvenes disponer de un alquiler "relativamente barato".

Por ello, tras las medidas de protección de los inquilinos aprobadas en la ley inmobiliaria del año pasado, el Gobierno acometerá medidas de oferta.

La vicepresidenta ha admitido que la vivienda es uno de los "grandes problemas" de la sociedad española, ya que los jóvenes "no pueden emanciparse y hacer su proyecto vital ni tener hijos", ya que "no pueden abordar el coste del alquiler", aunque ha matizado que dicho problema está "muy concentrado" en Madrid, Barcelona y barrios de grandes ciudades.

Por otra parte, Calviño ha dicho que no se puede poner coto al comercio electrónico porque significaría "poner puertas al cambio" y la evolución es "imparable", aunque ha abogado por un sistema impositivo "justo".

De nuevo ha explicado que el Gobierno trabajará a nivel nacional en la configuración de un nuevo impuesto a determinados servicios digitales, para no renunciar al tributo en el caso de que la solución que previsiblemente propondrá la OCDE o más adelante la G-20 no llegue en el transcurso de 2020.
(El País, 24-01-2020)

El Banco de España alerta contra los topes al alquiler
El Banco de España considera que los controles de precios en el mercado del alquiler atacan de forma directa el problema de las subidas de rentas a corto plazo. No suponen unas enormes cantidades de recursos como crear un parque público. Y ayudan a las familias jóvenes a planificar y tomar decisiones sabiendo que el coste de la vivienda no se disparará.

Sin embargo, en un informe en el que hace el esfuerzo de recopilar toda la evidencia existente a la hora de intentar atajar el encarecimiento del alquiler, señala que este mecanismo también ha provocado “efectos adversos significativos”, sobre todo cuando se ha aplicado de forma prolongada y parcial. El organismo constata que se ha elevado el precio en las zonas aledañas, creando una división entre los que se benefician y los que se quedan fuera.

A medio plazo, se ha terminado reduciendo la oferta de manera que el problema de fondo no se erradica. Se dejan de hacer inversiones en las viviendas, lo que supone un deterioro de la calidad y del distrito. Además, al redirigirse las inversiones hacia otras áreas puede acabar provocando procesos de gentrificación, esto es: barrios en deterioro que se rehabilitan y se vuelven caros expulsando a los que allí residían. Incluso, según advierte el banco, puede causar “una segmentación de la población según sus condiciones económicas”. O sea: también propicia guetos. Hasta puede desincentivar la movilidad laboral al no quererse perder un arrendamiento a precio bajo.

El supervisor español subraya que los alquileres se están disparando en los lugares donde tiende a concentrarse la actividad económica, creando un problema de accesibilidad a la vivienda y limitando el consumo de los hogares jóvenes y con menores recursos. Ante este creciente problema de todas las grandes urbes, ha vuelto el debate sobre qué medidas tomar.

Y el banco hace una exhaustiva recopilación de todas las políticas desarrolladas y los trabajos académicos realizados sobre estas. No da recetas. Simplemente enumera los pros y contras que se han encontrado en la literatura en torno a tres tipos de medidas: controles de precios; oferta pública de alquiler y otras iniciativas fiscales, regulatorias y de urbanismo.

Los controles de precios han existido desde siempre. Con la inflación rampante de los setenta, tomaron de nuevo fuerza congelando las rentas. Pero “sus problemas asociados explican el retroceso de esta política”, apunta el informe. Hasta ahora, que vuelven a estar sobre la mesa. Si bien ya no consisten en congelar precios. Más bien se trata de limitar temporalmente el ritmo de aumento de los alquileres. En Estados Unidos se están fijando por lo general límites superiores a la inflación que permitan al arrendador obtener una rentabilidad.

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos contempla que se ponga techo a las subidas abusivas del alquiler en zonas tensionadas. Y Alemania parece ahora el caso más cercano —Francia ha intentado ampliar su esquema de controles, pero se lo tumbó la justicia por discriminatorio—. “A pesar de este mecanismo diseñado para limitar el crecimiento de los precios, los problemas de acceso a la vivienda de alquiler persisten en algunas de las ciudades más dinámicas de Alemania”, afirma el documento del supervisor. Por eso, Berlín ha reforzado el sistema recurriendo incluso a la congelación de rentas durante cinco años y endureciendo el control y las sanciones. “Esto contrasta con el menor control efectivo de la regulación aplicada en el conjunto de Alemania, cuyo cumplimiento descansa en el derecho civil y no se encuentra sujeto a un proceso administrativo de cumplimiento y sanción como introduce Berlín”.

O lo que es lo mismo, como destaca el Banco de España, este modelo se enfrenta a serios retos a la hora de ponerlo en marcha, sobre todo de control. Lo cual implica que hay que desarrollar un aparato administrativo para asegurarse de que funciona. En Alemania se ha dado un aumento de la litigiosidad entre inquilinos y arrendadores. “Se requieren sistemas judiciales o de arbitraje eficaces para un correcto funcionamiento del mercado”, concluye la institución que dirige Pablo Hernández de Cos.
(La Vanguardia, 24-01-2020)

 
 
 
 
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