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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 25 AL 27 DE GENER DE 2020

Fiscal

Corrección de errores de la Orden HAC/1273/2019 por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
Corrección de errores de la Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
(BOE, 27-01-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 24 de enero de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 24 de enero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 25-01-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/25/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/25/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 25 AL 27 DE GENER DE 2020

Fiscal

Hacienda asegura que intentó devolver la mensualidad del IVA autonómico de 2017
El Ministerio de Hacienda recuerda que el Gobierno de Pedro Sánchez intentó resolver el pago pendiente de la mensualidad del IVA de 2017 a las comunidades autónomas el año pasado, cuando se liquidó dicho ejercicio, si bien no fue posible por el rechazo al proyecto de Presupuestos de 2019 en el que se encuadraba la solución.

Así lo han señalado fuentes del departamento de María Jesús Montero, después de que varios presidentes autonómicos de regiones gobernadas por el PP y algunos de CCAA del PSOE, como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hayan reclamado el pago pendiente y hayan amenazado con recurrir a los tribunales si no se resuelve el asunto.

A este respecto, Montero recordó la semana pasada que el Gobierno propuso en el proyecto de PGE del año pasado resarcir a las regiones el "daño" ocasionado en 2017, cuando solo se abonaron once meses del IVA. Por ello, dijo llamarle la "atención" que quienes criticaron y votaron en contra del proyecto que recogía el abono del mes pendiente de IVA, una vez que ha trascendido el ejercicio presupuestario, sigan reclamando el resarcimiento de recursos del IVA.

Además, recalcó que el Gobierno socialista planteó la flexibilización de los objetivos de déficit de las CAA que habría permitido a las regiones un gasto de más de 2.000 millones adicionales. "Correspondía al año 2019 porque el sistema de financiación tiene la liquidación dos años más tarde del ejercicio en el que se produce. El daño de 2017 se tenía que haber reparado en 2019, al no tener el proyecto de PGE y la rechazar las fuerzas parlamentarias y rechazar, decayó esta medida y no la pudimos atender", se limitó a apuntar Montero, sin precisar si se trabajará para encontrar una nueva solución.

No obstante, más tarde la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, deslizó en Davos la posibilidad de que se estudiará cómo abordar la cuestión en el contexto de preparación de las nuevas cuentas públicas.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció el jueves que denunciará al Gobierno si no acuerda con las autonomías el pago del IVA de 2017, asunto sobre el que espera una solución dialogada que evite un recurso.

"Estamos en una época en la que estamos inaugurando un ciclo en el que parece que se quiere ir menos a los tribunales y hablar más, aunque a veces de lo que se hable realmente sea veneno. Ya me gustaría que se arregle hablando porque si no es así vamos a tener que ir a los tribunales cuando otros, que ya lo están incluso, van a poder opinar sobre el Código Penal que les afecta, algo que no deja de ser increíble y paradójico", afeó el socialista.

El asunto del IVA autonómico se remite al año 2017, cuando el por entonces ministro de Hacienda del Gobierno del PP, Cristóbal Montoro, llevó a cabo un cambio normativo con el que se obligó a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real y permitió que el tributo se pagara el día 30 de cada mes en vez del 20 como se venía haciendo.
(Expansión, 26-01-2020)

Gestha no prevé una 'tasa Google' unilateral en España
El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cree que España no establecerá y aplicará unilateralmente una tasa a determinados servicios digitales, conocida como 'tasa Google', sino que esperará a que se consensúe una solución a nivel europeo y global, al tiempo que avisa de que fijarla de forma independiente podría acarrear la imposición de nuevos aranceles de Estados Unidos a productos españoles.

Así lo ha señalado el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, después de que la vicepresidenta tercera para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, haya afirmado estos días que España no renuncia a implantar el impuesto, a la espera de que la OCDE defina una "buena" propuesta en el ámbito internacional.

Mollinedo cree "posible" que la ministra empiece a trabajar en el proyecto legislativo, pero opina que su entrada en vigor se demorará hasta que se consensúe definitivamente una solución en el marco de la OCDE y en el G-20. Si el proyecto de Presupuestos entrase en vigor tras el verano, el proceso legislativo de la tasa entraría en funcionamiento el próximo 1 de enero "en el mejor de los casos", ha indicado Mollinedo, quien cree que podría coincidir con la culminación de la propuesta de la OCDE.

"No creo que España la aplique unilateralmente si no va respaldada de otros apoyos de la UE. Si va en coordinación con otros Estados miembros serán más fuertes y sólidos para poder abordarlo", ha dicho. "En el hipotético caso de que el Gobierno de coalición decida finalmente aprobar la tasa de forma unilateral, podría suponer la imposición de nuevos aranceles a productos españoles por parte de la Administración norteamericana", ha avisado.

A su juicio, el año 2021 podría ser la fecha en la que se acompasase la iniciativa nacional con el avance del proyecto internacional, ya que los servicios técnicos de la OCDE tienen voluntad de cumplir el programa de trabajo previsto, pero "falta impulso político". Las palabras de Calviño desde Davos son, a su parecer, una "advertencia" a los países que puedan ser más reacios a tomar decisiones políticas al respecto de la fijación de un impuesto a determinados servicios digitales.

La ministra de Economía ha dicho esperar que pueda haber una propuesta más específica en el ámbito de la OCDE, conforme a los dos pilares. El primero busca normas sobre la reubicación de los beneficios de gigantes digitales que establezcan dónde deben pagarse los impuestos, mientras que el segundo, que está generando más debate, explora el diseño de un sistema fiscal internacional que asegure que las multinacionales digitales pagan un nivel mínimo de impuestos, con el objetivo de evitar la erosión de las bases fiscales y la transferencia de beneficios.

La idea del Gobierno de coalición es recuperar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que aprobó ya en enero de 2019 y cuya tramitación quedó paralizada por la convocatoria de elecciones generales. El tributo que proyectó entonces gravaba aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
(El País, 26-01-2020)

La Asociación Española de Asesores Fiscales recibe una avalancha de consultas para trasladar patrimonios a Portugal y Reino Unido
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) está recibiendo una avalancha de consultas de contribuyentes para trasladar su patrimonio a Portugal y Reino Unido ante el plan de subidas de impuestos del nuevo Gobierno y la incertidumbre económica que ven que están provocando los anuncios constantes de cambios en las normas fiscales y laborales y los mensajes contradictorios en el seno del Ejecutivo de PSOE y Podemos. Así lo señaló ayer la nueva presidenta de Aedaf, Stella Raventós, en un encuentro con medios tras la renovación de la directiva de la asociación para presentar sus objetivos.

Raventós defendió que "no se puede legislar al golpe del momento" y reivindicó que sea un "imperativo legal" la seguridad jurídica, ya que, en España, a pesar de la "calma" por el impasse político de los dos últimos años, se produce un "continuo cambio de normas", algo que perjudica a las empresas a la hora de realizar inversiones.

Ante la catarata de subidas de impuestos que incluye el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos, entre ellas, alzas a las rentas altas del IRPF, un gravamen del 5% a los dividendos y un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades del 15%, del 18% para la banca y petroleras, mayor control sobre las Sicav, la creación de las tasas Google y Tobin, a lo que se suman nuevas figuras y más ajuste en Sociedades según está avanzando Hacienda, Raventós destacó que "no se puede decir que las empresas pagan un 5% en Sociedades, no es cierto", ya que en ese cómputo se contemplan las compensaciones por pérdidas y no se tiene en cuenta lo que la empresa paga por dicho impuesto en el exterior a través de las filiales, por lo que el tipo que se contabiliza "no es real".

Raventós reconoció que la asociación venía recibiendo numerosas consultas de empresas y, sobre todo, inversores y patrimonios interesándose por las posibilidades de localizarse en Portugal y en Reino Unido. Pues bien, desde que se formó gobierno, estas consultas se han multiplicado, indicó.

"Si un Estado sube mucho los impuestos, la gente se traslada a otro", advirtieron Raventós y Eduardo Gracia, vicesecretario de Aedaf, que recordó que los impuestos entre los Estados miembros de la UE se convierten en un elemento de competencia. Además, destacó que la competencia fiscal también se produce entre comunidades autónomas, como en el caso de Madrid, que presenta una menor imposición, algo que para los asesores fiscales es "absolutamente legítimo" al hacer uso la región de autonomía fiscal. Eso sí, matizaron que los traslados a otros países o a otras comunidades autónomas deben producirse ordenadamente, de forma que se pague el impuesto donde se crea el valor.

También reclamaron una Ley de Garantías y Derechos del Contribuyente y que los tribunales económico-administrativos no dependan orgánicamente de Hacienda. La presidenta de Aedaf reivindicó que la inspección se limite a comprobar si ha cobrado bien, ya que "no es su misión recaudar". En este sentido, criticó el plan de bonus de la AEAT, por el que sus funcionarios son premiados por la cantidad de expedientes que abran sin que se compruebe la corrección de sus actuaciones ni su eficacia a medio y largo plazo.

La no adhesión de Aedaf al Código de Buenas Prácticas de la AEAT, al que tampoco se ha sumado la Abogacía, se debe al "desequilibrio". Los asesores se comprometen a informar a la Administración de todo, "más allá de lo legalmente establecido", y la AEAT, a "cumplir la ley".
(Expansión, 25-01-2020)

Laboral

Los países nórdicos consideran que el establecimiento de un salario mínimo en la UE amenaza su modelo laboral
En Dinamarca, Suecia y Finlandia -tres de los seis países de la Unión Europea (UE) sin salario mínimo-, Gobierno, sindicatos y patronal se oponen a un sistema que choca con su tradición de fijar los salarios a través de convenios colectivos sectoriales, bajo los que se rigen alrededor del 90 % de los trabajadores. Aunque la CE no plantea una cifra, se estudia un modelo en el que el salario mínimo sea al menos el 60 % del sueldo medio del país, lo que perjudicaría a los trabajadores nórdicos.

Según un estudio del Instituto de Mediación Nacional de Suecia, solo un 1 % de los trabajadores en este país escandinavo tienen un sueldo base por debajo del 60 % del salario medio, que equivaldría a 17.700 coronas (1.679 euros) mensuales.

"Establecer un sueldo mínimo es una ruptura esencial con la forma en que fijamos salarios y condiciones laborales en Dinamarca. Que las partes del mercado laboral fijen salarios mediante acuerdos colectivos es el fundamento de nuestro Estado de bienestar", dice Peter Kaae Holm, responsable en temas de la UE del sindicato 3F.

Según SAK, la mayor confederación sindical de Finlandia, esta nación nórdica tiene uno de los índices más bajos de pobreza salarial de Europa, que afecta a poco más del 3 % de los trabajadores, lo que en su opinión demuestra que el sistema de negociación colectiva funciona perfectamente.

"La propuesta de la CE debe respetar los modelos nacionales y promover la afiliación sindical y la negociación colectiva. Sólo así será posible mejorar realmente la posición y las condiciones laborales de los trabajadores en los distintos países europeos", afirma el líder sindical Jarkko Eloranta en la web de SAK.

El presidente de LO (principal sindicato sueco), Karl-Petter Thorwaldsson, ha calificado públicamente la idea de "estupidez", y aunque defiende como el resto la necesidad de mejorar los sueldos de los trabajadores del Este, critica que esto se quiera hacer poniendo en riesgo "el único modelo salarial que funciona en Europa".

Las patronales son reacias a una idea que ven "problemática", al igual que los gobiernos, aunque la finlandesa Alianza de Izquierdas, uno de los cinco socios de la coalición gubernamental, es favorable a fijar por ley un salario mínimo para garantizar un nivel digno de ingresos al 10 % de trabajadores no incluidos en convenios.
(Expansión, 26-01-2020)

España, a la cola de la OCDE en porcentaje de trabajadores mayores de 65 años
España es el país de la OCDE con menor porcentaje de trabajadores mayores de 65 años aún en activo, con una cuota de apenas el 2,1% a finales de 2018 frente al 11% que contabilizaban de media el conjunto de sus países, según detalla Crédit Suisse en un estudio donde urge reformas en el sistema de pensiones a escala global para garantizar su viabilidad.

La segunda menor participación en el mercado laboral de personas en edad avanzada corresponde a Bélgica, con el 2,6% de los ciudadanos mayores de 65 años entre la mano de obra; por encima del 3% existente en Francia y el 4% en Italia, y mientras en Alemania llegaba al 7,2% y superaba en mucho el 10% en Reino Unido o Portugal.

Al otro lado de la clasificación se sitúan países como Indonesia, con alrededor del 40% de las personas mayores de 65 años todavía entre en la fuerza laboral, el 31,4% en Corea del Sur y en Singapur, India y Chile rozaba o superaba el 25%. En Canadá se aproximaba al 15% y casi al 20% en Estados Unidos.

La alta participación de la población de mayor edad entre la mano de obra en ciertos países contrasta con edades de retiro legales relativamente bajas como ocurre, por ejemplo, en Indonesia, donde la edad de jubilación se encuentra establecida en los 56 años, en Corea del Sur alcanza los 61, en China es de 60 años y en la India el retiro está fijado a los 58 años. Entre los países con las edades de retiro más altas figuran a su vez Islandia o Noruega donde el retiro legal se alcanza a los 67, y allí el 23 y 11%, respectivamente, de sus mayores de 65 años continuaban en activo.

Según el estudio del Servicio de Estudios Crédit Suisse, la tardanza en abandonar el mercado laboral en países en vías de desarrollo como Indonesia e India obedece a que sus sistemas de pensiones están subdesarrollados o aún en fase de maduración, de forma que apenas cobran por la prestación y no tiene más remedio que seguir trabajando para sostenerse a sí mismos y a sus familias.

En otro grupo de países más avanzados como Japón o Corea del Sur refiere que muchas personas siguen trabajando porque, a menudo, sus prestaciones para la jubilación son bajas, pero, a veces, lo hacen también porque posponer la salida se encuentra incentivado con aumentos en sus percepciones por jubilación. Por ejemplo, retrasar en un año la jubilación en Japón supone cobrar un 11,3% más y el 11% adicional si se pospone en Corea del Sur.

En un tercer grupo sitúa a países como Francia, España o Alemania, donde no es necesario prolongar la vida laboral, aunque advierte que con las crecientes presiones demográficas y económicas sobre los sistemas de pensiones también se está aumentando la necesidad de trabajar más tiempo.

La realidad final es que, en los países de la OCDE, los hombres se retiran a una edad promedio de 65.4 años y las mujeres en 63.7, con datos de cierre de 2018. Pero hay diferencias notables entre países y regiones: en la UE, las edades promedio de salida del mercado laboral se sitúan en 64 años para hombres y 62.3 para mujeres; mientras que en otros como Corea del Sur el promedio es de 72.3 años para ambos, el valor más alto entre los países de la OCDE, y en Japón y Chile, Indonesia e India, los hombres trabajan en promedio hasta alrededor de 70 o más.
(El Mundo, 26-01-2020)

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá de manera progresiva
Así lo ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Carmen Calvo. A su juicio, el crecimiento debe ser progresivo, por lo que se descarta que para este 2020 suba a los 1.000 euros de golpe. De momento, se queda en los 950.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional afectará, principalmente, a los trabajadores autónomos. Y es que, si se incrementa el SMI, muchos de ellos tendrán más dificultades a la hora de contratar trabajadores. Así se desprende de una encuesta elaborada por la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) uno de cada tres autónomos, esto es, el 32,81% considera que posiblemente tendrá que despedir a algún trabajador.

De hecho, solo uno de cada diez autónomos prevé contratar trabajadores. El 80% de ellos no lo hará, esgrimiendo como principales motivos la situación socioeconómica actual y problemas económicos de su negocio. Carmen Calvo ha asegurado que la intención del Gobierno nacional es incrementar el salario, “pero será de manera progresiva y asumible para no poner en riesgo a las medianas y pequeñas empresas".

En unas declaraciones a la Cadena Ser, la vicepresidenta primera del Gobierno ha manifestado que la subida salarial debe tener un “crecimiento progresivo y asumible por el campo empresarial y que no provoque problemas en las pymes”. En ese sentido ha afirmado que son conscientes de que esto genera un efecto “no deseado” en el mundo rural “que es donde hay que sostener las iniciativas empresariales y a los autónomos”.

La socialista ha puesto como ejemplo la subida a 900 euros mensuales que se llevó a cabo en el año 2019 y ha señalado que el año pasado se constató que la subida salarial “no destrozó empleo”, así como que la mejora del salario mínimo interprofesional favorece el funcionamiento económico del país y al consumo.
(El País, 25-01-2020)

Una empresa no puede obligar a un empleado a trabajar en su día libre
Así, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León del pasado mes de octubre ha determinado que el derecho a descansar prevalece sobre la necesidad de una empresa de prestar los servicios municipales comprometidos.

Lo que parece una gran noticia para los trabajadores que afecta directamente a la conciliación de su vida personal con la profesional tiene, sin embargo, límites. El fallo no da este derecho a todo el mundo, sino que insiste en que es una materia reservada para los calendarios laborales, que deben ser pactados y recogidos en los convenios colectivos. Por tanto, la posibilidad de que una empresa llame o no a un empleado en su día libre tiene que reflejarse y detallarse en ellos.

"En materia de calendario laboral o días de trabajo, los convenios colectivos juegan un papel fundamental", explica Carmen Galán, socia directora del departamento laboral de Lener, que recuerda el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores, que indica que "anualmente se elaborará por la empresa el calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro".

Precisamente, este documento es el que había realizado la empresa de autobuses urbanos de Valladolid, en el que se indicaban qué días eran laborables y cuáles no. Además, añadía que "se respetarán los turnos de trabajo que cada trabajador tenga adjudicados de acuerdo con el calendario de servicio establecido, por lo que para proceder al cambio del mismo será preceptivo el acuerdo entre empresa y trabajador".

Sin embargo, la compañía cuando no encontraba conductores voluntarios imponía cambios ante problemas de última hora, como bajas médicas. Aunque respetaba el turno y posteriormente otorgaba otro día de descanso, no aceptaba la negativa de los chóferes. Para ello, se apoyaba en el artículo 18 del convenio que habla de que se garantizará la cobertura de los servicios, incluidos los especiales.

Eso sí, el mismo artículo precisaba que la prestación de servicios se dará "siempre y cuando no se menoscaben los derechos de los trabajadores". Y precisamente ahí está el quid de la cuestión, ya que la propia sentencia explica que "la cobertura tiene como límites los derechos de los trabajadores y, si uno de ellos consiste en que el trabajador puede negarse a la modificación unilateral de su calendario anual, ese derecho lo ha situado el propio texto del convenio colectivo por encima de la cobertura de los servicios, para la cual la empresa habrá de acudir a otras vías (coberturas voluntarias, bolsas de trabajo y contrataciones, etcétera)".

Por tanto, el TSJ de Castilla y León concluye que "la práctica empresarial de imponer unilateralmente a los trabajadores sin su consentimiento un cambio en los días de prestación de servicios fijados en el calendario laboral es contraria a las previsiones del convenio colectivo vigente". Tanto es así, que determina que es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que, por lo tanto, no es posible llevarla a cabo.
(Expansión, 24-01-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El arrendamiento se come gran parte de los ingresos
España es el tercer país de toda la Unión Europea donde las rentas bajas tienen más difícil hacer frente al pago de la renta, y el séptimo de los 37 estados que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según los datos actualizados recientemente por el organismo que dirige Ángel Gurría.

La entidad analiza cuáles son los países donde los ciudadanos hacen un sobreesfuerzo para pagar su vivienda, entendido como aquel que supone un desembolso superior al 40% de sus ingresos disponibles. Y desvela que casi la mitad (46%) de las personas con pocos recursos en España –las que concentran el 20% de los ingresos más bajos– superan ese nivel de gasto recomendado para hacer frente al pago del alquiler.

Una proporción solo rebasada en la UE por Reino Unido (el 50,7% de los inquilinos con pocos ingresos supera el umbral de gasto aconsejado) y Finlandia (48,4%) –ver gráfico–. Las cifras que se dan en España se sitúan así a mucha distancia de otros países de nuestro entorno como Portugal (33,5%), Italia (32,1%) o Francia (17,2%). Sobre el conjunto de la OCDE, apenas Nueva Zelanda, (56%), Israel (54,1%), Chile (53,8%) y Estados Unidos (48,3%) registran peores resultados que España.

Los datos de la OCDE arrojan, además, que el nivel de esfuerzo de los hogares con menos recursos es notablemente superior en el alquiler que en la compra. El 46% de inquilinos con ingresos bajos que pagan una renta excesiva contrasta con el 33,8% de los propietarios con bajas rentas que tienen que hacer un sobreesfuerzo para hacer frente a la cuota hipotecaria, 12 puntos menos que en el caso del alquiler. No obstante, en comparativa internacional, se trata también de la tercera tasa más alta de la UE, únicamente superada por Italia (42,1%) y Grecia (39,7%), y la séptima de toda la OCDE, por detrás de México, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá.

La diferencia en cuanto a nivel de esfuerzo económico es especialmente importante en función del nivel de renta. Mientras que cerca de la mitad de los españoles situados en el quintil más bajo –es decir, el 20% con menos recursos– destina casi la mitad de sus ingresos disponibles a pagar al alquiler, esa proporción prácticamente desaparece en el quintil más alto –el 20% más rico– donde menos de uno de cada diez individuos destina un nivel de renta superior al umbral recomendado. Si bien esa brecha también se observa en el caso del pago de la vivienda en propiedad, la diferencia es menor.
(Cinco Días, 27-01-2020)

La UE impulsa un acuerdo para sortear el bloqueo de Trump de la OMC
La Unión Europea y 16 países, entre ellos China, Brasil, Canadá y Australia, han acordado establecer un sistema temporal para resolver las disputas comerciales que puedan surgir entre ellos, siguiendo el modelo que actualmente rige en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en un intento de superar el bloqueo impuesto por Estados Unidos. El acuerdo, adoptado este viernes en el marco de la reunión del Foro de Davos, supone una importante victoria para Bruselas, que ha defendido la reforma del actual modelo pero que rechaza los intentos de Washington de dinamitar el foro multilateral.

Los ministros de Comercio reunidos en Davos han ratificado su compromiso con los trabajos que se llevan a cabo en el seno de la OMC para encontrar una solución duradera al órgano de apelación. El director de la OMC, Roberto Azevedo, insistió después, en rueda de prensa, que los países estuvieron de acuerdo en la necesidad de "resolver este tema" y que para ello están dispuestos a actuar con "flexibilidad y determinación".

Hasta el pasado 10 de diciembre, la OMC contaba con un modelo de resolución de disputas que constaba de dos fases. En la primera instancia el panel designado por la organización escucha a las partes y dicta una resolución. Esa decisión puede ser recurrida por los países afectados ante el órgano de apelación, cuya decisión ya es obligatoria e inapelable. Una cuestión fundamental tanto para asegurar el cumplimiento de las reglas y los acuerdos comerciales, como para asegurar que haya un árbitro imparcial en la resolución de los conflictos internacionales.

Desde 2017 Washington ha bloqueado la renovación de los jueces que componen ese órgano de apelación, inicialmente de compuesto por siete miembros y que actúa en la práctica como una corte suprema para disputas comerciales internacionales. EE UU sostiene que ese órgano no ha sido ni justo ni imparcial en sus casos, una crítica respaldada por anteriores Administraciones pero que los datos desmienten. En diciembre concluía el mandato de dos de los tres jueces que aún componían el órgano de apelación y al bloquear su renovación, Washington acababa en la práctica con el sistema para resolver disputas, que tendrían que abordarse entonces de forma bilateral, y amenazaba el futuro de la organización. En esas circunstancias, con una economía detrás de más de 20 billones de dólares, EE UU tendría todas las de ganar. Ese ha sido el modelo, por ejemplo, que Washington ha impuesto en la fase 1 del acuerdo comercial que acaba de firmar con China.

En una nota, el comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, ha asegurado que el acuerdo "muestra la elevada importancia que tanto la UE como los demás miembros participantes otorgan al proceso de doble fase de resolución de disputas". Un modelo que a su juicio garantiza "el acceso a un sistema obligatorio, imparcial y de gran calidad entre ellos".

Nic Lockhart, socio de Sidley Austin, destacaba en Davos la importancia del acuerdo porque "incluye a dos de las economías más grandes del mundo y alcanza una masa crítica suficiente como para permitir que otros países se sumen al acuerdo". A su juicio, "el acuerdo es positivo para que buena parte de los flujos comerciales mundiales sigan respetando las reglas de la OMC", apuntaba Lockhart, abogado de la firma suiza especializada en comercio internacional.

Los países comprometidos con este sistema temporal incluyen también a Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Corea del Sur, México, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Singapur, Suiza y Uruguay. Los ministros subrayan, además, que el acuerdo está abierto a quienes quieran sumarse a este modelo.

El pacto alcanzado, que se basa en el artículo 25 de del Acuerdo de Entendimiento de Disputas de la OMC pero que aún debe concretarse, es una medida de contingencia ante el bloqueo del modelo actual y los ministros aseguran que solo se mantendrá en vigor hasta que el órgano de apelación de la organización vuelva a estar operativo.
(La Vanguardia, 25-01-2020)

 
 
 
 
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