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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 29 DE GENER DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
(BOE, 29-01-2020)

Euro
Resolución de 28 de enero de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 28 de enero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 29-01-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/29/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/29/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 29 DE GENER DE 2020

Fiscal

Hacienda examinará 19.000 millones en deducciones de las pérdidas empresariales
La Agencia Tributaria va a poner foco especial este año sobre las compañías que declaran en el impuesto sobre sociedades "reiteradamente" bases imponibles negativas pendientes de compensar en ejercicios futuros, los negocios altamente digitalizados y estrechará el control de los grandes patrimonios con especial atención en los que ofrezcan "importantes rasgos de opacidad o deslocalización".

A cierre de 2017, último ejercicio del que hay datos disponibles, las empresas del país acumulaban bases imponibles negativas pendientes de compensar por valor de casi 19.000 millones de euros. Una cuantía sobre la que la Agencia Tributaria ha decidido poner el foco en su plan de supervisión de 2020, a fin de comprobar la legitimidad de semejantes derechos de reducción del pago de impuestos.

Así consta en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2020 que la Agencia Tributaria publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde el fisco detalla las líneas maestras de su actuación para este año y en el que anticipa parte del plan estratégico plurianual que ultima.

Según los últimos datos oficiales, 1,5 millones de compañías registradas en España acumulaban concretamente 18.693 millones de euros en bases imponibles negativas pendientes de compensación. Dado que el tipo nominal de Sociedades es del 25% (30% en el caos de banca y petroleras), el monto equivalía a un ahorro fiscal de 4.673 millones para el ejercicio. Hay que tener en cuenta, no obstante, que solo 512.250 firmas registraron beneficios aquel año. Siendo este grupo el único que efectivamente acaba pagando impuestos sobre sus ganancias, la reducción fiscal que logran con estos créditos fiscales se limita a 2.327 millones. Una cuantía que podría verse reducida en el futuro por la nueva política de inspección del fisco.

El sector que más bases negativas arrastra de periodos anteriores es el de la construcción, con el 31% del total y capacidad para ahorrarse 1.449 millones en el pago de Sociedades de 2017; seguida por la industria, con el 20,6% y 960 millones; el comercio, con el 19,5% y 911 millones; el sector financiero, con el 19,3% y 902 millones; mientras que las actividades sociales, con el 9,6% y 449 millones, queda en última posición.

Dada la complejidad y duración de este tipo de exámenes, la Agencia Tributaria indica que centrará la revisión en las empresas de mediano y gran tamaño, aunque no obviara a algunas menores, a fin de cribar también del monto el correspondiente a firmas desaparecidas.

Las actuaciones en este campo se intensificarán en 2020, incluyendo “visitas domiciliarias”, particularmente en los casos de información opaca y cuando los datos fiscales de las compañías se desvíen con fuerza de la media de su sector.

Más allá, la Agencia Tributaria avanza que pondrá el foco en los nuevos modelos de negocio altamente digitalizados, abordando especialmente las plataformas de venta de bienes y servicios por internet. La vigilancia también será especialmente intensa sobre los grandes patrimonios, detalla el documento.

En paralelo, el fisco seguirá aprovechando la información fiscal internacional que viene recibiendo para analizar a los contribuyentes con cuentas en el extranjero; vigilar la planificación fiscal agresiva o las operaciones vinculadas intragrupo de las compañías y reforzará el control de la economía sumergida.
(Cinco Días, 29-01-2020)

La Agencia Tributaria pone el foco en grandes fortunas y venta por internet
La Agencia Tributaria pondrá el foco en los nuevos modelos de negocio altamente digitalizados, lanzará el borrador del IVA y la asistencia virtual, inspeccionará a un mayor número de grandes patrimonios, las visitas y personaciones e incorporará a más colectivos en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, al tiempo que prestará atención al posible acceso a la información cruzada disponible en las plataformas de venta por internet de bienes y servicios.

El plan incluye la tradicional comprobación de bases imponibles negativas ya aplicadas, pero muy especialmente la revisión de aquellas que están pendientes de compensación en años siguientes. El objetivo es verificar la existencia, exactitud y origen de los saldos negativos, teniendo en cuenta que estos saldos pueden en el futuro ser compensados por las empresas que los generaron o por otras que continúen su actividad.

Asimismo, este año se acometerán las habituales tareas de control sobre las multinacionales, grandes empresas y grupos fiscales, con especial atención a los nuevos modelos de negocio altamente digitalizados, al tiempo que se llevará a cabo la puesta en práctica de un nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en el ámbito de la fiscalidad internacional basado en todo el conjunto de información disponible sobre operaciones vinculadas (intragrupo) con el que actualmente cuenta la Agencia.

Esto se deriva del proyecto BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE -intercambios automáticos de ciertas rentas y la información derivada del Informe País por País-. La herramienta permitirá un mejor análisis de riesgos a través de la elaboración de indicadores, índices y modelos, así como la identificación de pautas de comportamiento de alto riesgo fiscal cuyo examen se deberá beneficiar también de la información que reciba la AEAT sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva, o 'DAC 6'.

Además, la Agencia Tributaria tiene previstas otras medidas de mejora de la información censal como la realización de un control temprano a través de un" mapa de riesgos" de carácter preventivo que permita detectar situaciones de riesgo censal a la entrada en el censo de nuevos contribuyentes. En particular, tratará de detectar posibles incursiones de entidades controladas de manera efectiva por contribuyentes con "conductas tributarias reprochables en el pasado", sobre los que se pretende realizar un seguimiento para prevenir posibles incumplimientos tributarios futuros.

En relación con el control de los grandes patrimonios, se volverá a ampliar el número de contribuyentes propuestos para inspección, enfocando nuevamente la selección a supuestos que presenten importantes rasgos de opacidad o deslocalización, en coordinación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, que también realizará actuaciones de investigación directa.

También se potenciará una estrategia "coordinada, continua e intensa" de lucha contra la ocultación de ingresos, con personaciones apoyadas por personal de auditoría informática de la AEAT en las sedes donde se realiza la actividad económica y líneas de actuación contra los sistemas informáticos que permiten ocultar las ventas reales.

De igual forma, prestará atención específica al posible acceso a la información cruzada disponible en las plataformas de venta por internet de bienes y servicios, en relación con el proveedor inicial de los mismos.

La AEAT ha definido igualmente una línea específica de control en relación con supuestos de elusión del recargo de equivalencia en el IVA, ante el contraste entre los datos declarados por los contribuyentes y la información recibida en la AEAT a través del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII). Así, verificará que los minoristas estén correctamente censados.

En el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, también se incorporarán nuevos colectivos con actividad económica, empresarial o profesional, como receptores de las cartas informativas con comparativas de ratios de actividad propios y de cada sector.

De igual forma, el control de las tramas de fraude en el IVA se verá reforzado con la puesta en disposición en 2020 de una nueva herramienta diseñada a nivel europeo para la detección temprana de redes sospechosas.

Por otra parte, está prevista una potenciación del control de los contribuyentes no declarantes, tanto en lo referente al IRPF, anticipando los controles gracias a las fuentes de información interna e internacional, como en Sociedades e IVA gracias a la depuración censal.
(Expansión, 29-01-2020)

El agujero fiscal culminó el año pasado en el -2,4%
Así lo consideran el grueso de casas de análisis que componen el Panel de Funcas (la fundación de las cajas de ahorro), quienes estiman que el agujero fiscal culminó el año pasado en el -2,4%, apenas por debajo del -2,5% de cierre de 2018, y que, si no se toman medidas, este año apenas se reducirá al -2,2%. Las cifras suponen una desviación relevante frente al objetivo del -2% para cierre de 2019 y el -1,7% para este año que el Gobierno comunicó a la Comisión Europea el pasado octubre.

Así, 16 de los 19 miembros del Panel de Funcas (que engloba a Analistas Financieros Internacionales, la Cámara de comercio, Banco Santander o BBVA Research) consideran que la política fiscal está siendo expansiva, mientras que todos, salvo uno, recomiendan que esta sea restrictiva, o al menos neutra, para reducir el tamaño del agujero fiscal.

Y eso, que algunos de los miembros del panel aún no han incorporado a sus análisis los 4.700 millones de euros que el nuevo Ejecutivo ya ha comprometido este año para subir las pensiones un 0,9% y los sueldos públicos un 2%.

En todo caso, el panel advierte que el entorno exterior será desfavorable en los próximos meses, por lo que restan dos décimas a la estimación del peso de la demanda externa de 2020, solo compensadas por el alza de otra en la demanda interna. A su vez, consideran que el ritmo de creación de empleo pasará del 2,2% de 2019 al 1,4% este año, limitando la rebaja de la tasa de paro del 14,1% al 13,5%, lo que empeora en dos décimas su previsión anterior. De esta forma, el consenso de expertos apunta a que la economía española agravará su ralentización, creciendo un 1,6% este año frente al 1,9% de cierre de 2019.

“Todo apunta a que hemos terminado el año creciendo en el entorno del 2%”, repuso por su parte ayer la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, apuntando a que la cifra oficial será dada a conocer por el INE esta semana. “Todos los indicadores dan la sensación de que el año pasado hubo una ralentización económica durante el verano, posiblemente relacionada con la incertidumbre por el Brexit, que en el aquel momento se veía inminente y no se sabía la resolución, y que luego en otoño e invierno hubo cierta estabilización e incluso una moderada aceleración del crecimiento”, sostuvo en una entrevista en TVE.

“Vengo de las reuniones de Bruselas y Davos y ahí hay más optimismo, ven menos riesgos a la baja y, sin ver un cambio de tendencia, ven una estabilización de esa ralentización que ha marcado los dos últimos años”, agregó. Calviño, que estos días negocia con la UE para tratar de suavizar la senda de reducción del déficit, aseveró que los planes del nuevo Gobierno de coalición han recibido una “acogida muy positiva” en la Comisión Europea, que ha demostrado “comprensión de nuestras prioridades de política económica”, que pasan por conjugar “responsabilidad fiscal con sensibilidad social”.

“Arrastramos problemas de la crisis: un alto desempleo que hay que seguir reduciendo; y el déficit y la deuda pública, que también hay que seguir reduciendo al ritmo más rápido posible, pero sin poner en riesgo el crecimiento, sin olvidar la reducción de las desigualdades, que es el cuarto desequilibrio que todavía permanece”, defendió, asegurando que Hacienda trabaja en el diseño de unos nuevos Presupuestos Generales para 2020 a fin de impulsar “cuanto antes” esas prioridades de actuación.
(El País, 29-01-2020)

Montero adelanta que el Estado se queda con el IVA de diciembre de 2017
La ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, dejó este martes muy claro que el Estado no tiene por qué pagar a estas alturas los 2.500 millones de euros que adeuda a las comunidades autónomas en concepto de los ingresos por IVA correspondientes al mes de diciembre de 2017.

Ante la intermitente solicitud de este efectivo por parte de regiones gobernadas por el Partido Popular, el Partido Socialista e, incluso los soberanistas catalanes, que han llevado el recurso, como Madrid, hasta los tribunales, la ministra argumenta que el Ministerio que dirige no tiene por qué sufragar una cantidad, que en puridad y siguiendo a pies juntillas la ley, se debería haber pagado, a más tardar, en 2019.

Como mucho, señala Montero, se podría haber pagado dos años más tarde de esa recaudación, en este caso, la de 2017, que fue cuando -a petición de las empresas- Cristóbal Montoro decide que la devolución de esos ingresos, que deposita el Estado y luego transfiere a las regiones, se hace teniendo en cuenta los 11 primeros meses, de manera que los ingresos por IVA del mes de diciembre pasan al año siguiente.

Montero puntualizó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "el ajuste en términos de contabilidad nacional de ese dinero se hizo en el año 2017" y, por tanto, esos ingresos se quedaron ahí. A su modo de ver, "no hay dinero sobrante", y el Estado no está reteniendo nada, ni se está quedando con dinero, criticando así las manifestaciones de diferentes presidentes autonómicos.

Repitiendo argumentos, Montero subrayó la "humildad" con la que el Gobierno de Pedro Sánchez intentó "revertir" esta situación, a través de los Presupuestos Generales de 2019, y que según la ministra no llegaron a aprobarse por culpa del Partido Popular, como si las CCAA votaran en el Congreso y en el Senado las Cuentas Públicas, olvidando, además, que también las regiones gobernadas por el Partido Socialista se están viendo perjudicadas por la ausencia de unos ingresos, con los que las autonomías contaban para el pago de sus servicios sociales, o para reducir su deuda.

Preguntada por las quejas de las diferentes comunidades, la ministra -que este martes anunció la convocatoria en las próximas semanas de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera- afirmó al respecto que "no tiene nada más que decir", si bien volvió a señalar al PP como responsable del bloqueo del IVA de 2017, lo que en opinión de Montero "parece un chiste, aunque no tiene gracia". Montero remataba su discurso afirmando que esos 2.500 millones no existen. "Eso es falso", concluyó.
(El Mundo, 29-01-2020)

Laboral

El Supremo unifica doctrina y ve cesión ilegal de trabajadores cuando la principal conserva el dominio sobre la organización de la actividad
La subcontratación de trabajadores será fraudulenta cuando la empresa principal conserve "en todo momento la mayor parte de la organización y gestión de la actividad contratada". Así lo determina el Tribunal Supremo en una reciente sentencia en la que unifica doctrina en relación con la siempre compleja materia de la cesión ilegal de trabajadores.

El alto tribunal examina el recurso interpuesto por tres trabajadores contra la compañía contratante y la subcontrata (o contratista) que les empleaba, a la que se le habían requerido servicios para la gestión de diversos almacenes. Según expone la resolución, si bien ambas organizaciones tenían una entidad diferente, esta "resultaba irrelevante, puesto que la empresa contratista únicamente aportó la mano de obra para la realización del servicio convenido". Es decir, "la verdadera gestión y dirección empresarial" se llevaba a cabo desde la principal "desde el momento en que era esta la que realmente y en sus propias instalaciones organizaba el servicio".

¿Qué indicios tuvo en cuenta el Supremo para llegar a tal conclusión? La resolución resalta que la compañía principal había impartido un curso de formación conjunto para su plantilla y para los empleados subcontratados, y que era ella quien fijaba diariamente los aspectos organizativos de forma conjunta para los trabajadores de ambas empresas; también la que realizaba el control de presencia. Asimismo, se apunta el hecho de que todos empleaban claves de acceso y contraseñas proporcionados por la contratante, además de los mismos uniformes. Por último, la sentencia también entiende relevante que "los medios imprescindibles para llevar a cabo las funciones convenidas" eran propiedad de la empresa principal, "que los alquilaba a la contratista y que facturaba por tanto su utilización".

De este modo, el Supremo tumba la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, que no había apreciado cesión ilegal de trabajadores. Según la sentencia impugnada, se trataba de una externalización lícita puesto que la subcontrata no solo aportaba mano de obra, sino también "un valor añadido" como su experiencia y organización en la actividad ejercida, y la coordinación y la gestión del trabajo. Y ello a pesar de que no ponía ningún elemento físico, ni maquinaria, ni herramientas.

Determinar la existencia o no de una cesión ilegal de trabajadores es una tarea que requiere un estudio pormenorizado de las circunstancias de cada caso. En todo caso, el Tribunal Supremo ha ido ofreciendo pautas para interpretar el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, precepto que regula esta cuestión. Tal y como apunta la sentencia, la contratación externa es una práctica permitida por la legislación laboral.

Para apreciar que esta se ha realizado de forma legal, no basta la existencia de un empresario real (la ETT), pues existirá cesión ilícita de trabajadores cuando la aportación se limite a "suministrar mano de obra sin poner a contribución los elementos personales y materiales que conforman su estructura empresarial". O, dicho de otro modo, se apreciará fraude cuando formalmente aparezca como empresario alguien que en realidad no tiene esa posición porque hay otro que "se apropia de los frutos del trabajo, dirige este y lo retribuye", pero cuyo lugar está ocupado por un "titular ficticio".
(Cinco Días, 29-01-2020)

El gasto en pensiones contributivas alcanzó los 9.769 millones en enero
La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 9.768,9 millones de euros el pasado 1 de enero, un 2,45% más que hace un año, y volvió a registrar récord. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes, la nómina correspondiente a jubilación supone la mayor parte del gasto, 6.975,56 millones de euros, con un crecimiento de un 2,91% en el último año.

La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se sitúa en 996,73 euros mensuales, con un aumento interanual del 1,35%. En concreto, la pensión media de jubilación asciende a 1.441,61 euros mensuales y la de viudedad se sitúa en 715,44 euros. En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (diciembre) es de 1.334,09 euros en el conjunto del sistema.

El Sistema de Seguridad Social abona 9.801.016 pensiones contributivas, un 1,08% más que en enero del año pasado. El 62,18% son prestaciones por jubilación, 6.094.290 concretamente; 2.363.223 corresponden a prestaciones de viudedad; 960.706 a incapacidad permanente; 339.620 a orfandad y 43.177 a favor de familiares.
(Expansión, 29-01-2020)

Fernández Vara pide reunirse con la ministra de Trabajo para analizar el "impacto" del SMI en el empleo agrario
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que pedirá mantener un encuentro con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar el "impacto" y las "consecuencias" que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) puede estar teniendo en los datos de empleo en el sector agrario en regiones como la extremeña, teniendo en cuenta que el "impacto" de dicha medida "no es el mismo en todos los sitios".

Así, tras incidir en que él defiende y va a seguir defendiendo esta medida, toda vez que "no puede ser malo que la gente tenga un salario digno para poder vivir", ha añadido que quizás "ahora se puede dar la circunstancia de que en una coyuntura de precios bajos para el sector le cueste mucho poder estar sufragando una subida de los costes salariales, de la masa salarial vinculada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional", ha espetado.

En este punto, ha señalado que ante dicha situación el Gobierno central desde su punto de vista podría "establecer o considerar" unas "cotizaciones especiales" para las zonas "donde esto está ocurriendo" que "algo que es intrínsecamente bueno como exista un mayor SMI hay en algunos lugares como aquí que eso ha provocado" destrucción de empleo agrario.

"Yo creo que esto no es un problema sólo de medias verdades, todo el mundo tiene su razón, y cuando el Gobierno de España decide subir el SMI nos tenemos que sentar a hablar para que eso sea posible. No puede haber trabajadores de primera y de segunda, pero el impacto que está teniendo no es el mismo en todos los sitios", ha señalado Vara, quien ha añadido que "curiosamente" dos de las regiones con uno de los "mayores pesos" en el sector agrario como Murcia y Extremadura son las "más" castigadas, ha dicho.

De este modo lo ha señalado Vara en rueda de prensa este martes en Mérida en la que ha hecho una valoración de unos datos de la EPA en Extremadura "rematadamente malos", que están vinculados a su juicio "de manera clara" al campo, ante los que según ha incidido "si sirve para algo es para redoblar los esfuerzos", y sobre los que en todo caso ha recalcado que él no elude "ninguna responsabilidad" porque la tiene "toda".

En este punto, ha incidido en que los datos de paro acumulados en Extremadura según la EPA conocida este martes no es algo "normal", sino que "tiene que haber unas causas especiales" que según ha subrayado hay que analizar y afrontar, "entre otras razones porque nunca se había producido que con la reforma laboral en estos momentos en vigor y con crecimiento" que se va a tener "por encima del 1,5 por ciento" se "destruya" empleo en la región.

En este sentido, y sin eludir su "responsabilidad" en los datos, ha avanzado que este mismo jueves ha convocado a la patronal y los sindicatos en la región para abordar en una reunión "monográfica" las cifras de la EPA conocidas este martes.

Además, ha anunciado que la próxima semana la Junta firmará con patronal y sindicatos la "concertación" de todos los asuntos que tenían planteados, entre ellos el empleo; así como que la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, pedirá comparecer en la Asamblea para hablar sobre las propuestas relativas al nuevo Plan de Empleo que se pondrá en marcha en la comunidad.
(El País, 29-01-2020)

La tasa de paro cierra 2019 en el 13,78% y toca el nivel más bajo desde 2008
El mercado laboral español muestra una vez más sus luces y sus sombras. La tasa de desempleo ha cerrado 2019 en el 13,78%, el nivel más bajo desde 2008. Sin embargo, la creación de empleo se ha frenado en el pasado ejercicio al registrar 402.300 ocupados más -lo que supone la menor cifra anual desde el inicio de la recuperación económica en 2014- y eso que el cuarto trimestre fue muy bueno con 92.600 trabajadores más -el mejor último trimestre desde 2006-.

El número de parados ha retrocedido en el último trimestre de 2019 en 22.500 personas y se ha situado en 3.191.900, lo que deja la tasa de desempleo en el 13,78%, una décima menos que en el tercer trimestre. Así lo refleja la Encuesta de la Población Activa que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. En términos intermensuales, el retroceso del número de parados ha sido del 0,7%, mientras que en términos desestacionalizados (descontando el efecto de los festivos) la caída ha sido del 2,76%. En los 12 últimos meses el paro ha menguado en 112.400 personas, lo que supone un ritmo del 3,4%.

¿En qué sectores sube y baja el paro? Por sectores, el desempleo se ha incrementado este trimestre en servicios (22.700 parados más), industria (11.600) y construcción (7.800). En cambio, en agricultura ha bajado (-19.300). En el último año el desempleo ha disminuido en la industria (-9.900) y prácticamente no ha variado en servicios (-900). Por el contrario, ha aumentado en Construcción (16.400) y Agricultura (10.900). Por su parte, el número de parados que ha perdido su empleo hace más de un año ha bajado en 108.000 y el de parados que buscan su primer empleo se ha reducido en 20.900.

Por comunidades, las mayores bajadas trimestrales del paro se han dado en Andalucía (-41.900), Canarias (-22.100) y Cataluña (-16.300). Y los mayores incrementos se han producido en Extremadura (18.700 parados más), Murcia (15.200) y Baleares (7.500). En términos anuales, las mayores reducciones del número de parados se han registrado en Cataluña (45.600 menos), Comunidad de Madrid (-43.800) y Canarias (-10.800).

Por su parte, el empleo ha aumentado 92.600 personas en el cuarto trimestre de 2019 respecto al trimestre anterior (un 0,47%). El INE ha destacado que la buena evolución de la ocupación en los últimos tres meses del ejercicio y, he hecho, ha resaltado que "es la mejor evolución trimestral en un cuarto trimestre desde 2006" (entonces el empleo mejoró en 104.400 personas).

Sin embargo, en el conjunto del año la creación de empleo se ha frenado. Concretamente, se han generado 402.300 puestos de trabajo, lo que supone la menor cifra anual desde el inicio de la recuperación económica en 2014. No obstante, este incremento lleva el total de ocupados en España a 19,96 millones, el mayor nivel en once años. El aumento de ocupados en el cuarto trimestre se ha repartido en 67.900 personas en el sector privado y en 24.700 en el público. Además, si se analizan los 12 últimos meses el empleo se ha incrementado en 360.000 personas en el sector privado y en 42.300 en el público.

Otra cifra llamativa de esta EPA es que en la recta final del año el empleo generado fue femenino. Concretamente, el número de trabajadores ha disminuido en 15.900 hombres mientras que ha aumentado en 108.500 mujeres. En 2019 también ha crecido el trabajo más entre las mujeres que entre los hombres. De esta forma, el empleo ha subido en 402.300 personas (155.500 hombres y 246.800 mujeres). Por nacionalidad, la ocupación ha subido en 52.100 personas entre los españoles y en 40.400 entre los extranjeros.
(El Mundo, 29-01-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Tribunal Constitucional anula parte del real decreto del alquiler del Gobierno
El Tribunal Constitucional (TC) acaba de votar en el Pleno el recurso que presentó el PP contra el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. El fallo, al que ha tenido acceso Expansión.com, declara inconstitucionales y anula la disposición adicional primera y la disposición adicional tercera y desestima el recurso en todo lo demás. La Disposición adicional primera que se anula trata las "medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler".

De esta forma, el TC veta las medidas que el entonces Ministerio de Fomento proyectaba para dinamizar la oferta de vivienda en alquiler: "Movilización de suelo público perteneciente a la Administración General del Estado y los organismos de ella dependientes, para la promoción de vivienda en alquiler social o asequible, mediante fórmulas de colaboración público-privadas; modulación de los instrumentos financieros del Plan Estatal de Vivienda con el fin de promover los mecanismos público-privados para atender las necesidades de alquiler social y asequible, particularmente mediante la cesión de derecho de superficie sobre suelo público; reorientación del Plan Estatal de Vivienda, que deberá apoyar exclusivamente el disfrute de vivienda en régimen de alquiler, y acuerdos con las administraciones sectorialmente competentes para la agilización de las licencias urbanísticas, priorizando en las ayudas del Plan Estatal de Vivienda a aquellas que hayan alcanzado acuerdos de este tipo".

Asimismo, se establecía que, en el plazo de dos meses, el Ministerio presentaría un informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, detallando las vías de cumplimiento del mandato contenido en esta Disposición adicional y plazos que se prevén a esos efectos. A partir de ese momento, en el mes de diciembre de cada año se establecía que se deberá presentar un informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con los progresos obtenidos en términos de vivienda adicional puesta en el mercado en régimen de alquiler.

La disposición adicional tercera que también se anula regula Convenios en materia de infraestructuras. Entre otras medidas que no se ven afectadas por este fallo, el Decreto de alquileres amplía a cinco y siete años la duración de los contratos, en función de si el propietario es una persona física o jurídica, respectivamente, y limita las subidas de precios durante la vigencia del contrato al IPC. Además, establecía un sistema de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda que tampoco se ve cuestionado.

En su recurso, el PP alegaba que la norma impugnada no respeta el presupuesto habilitante establecido en el artículo 86.1 de la Constitución Española, que exige la extraordinaria y urgente necesidad ni las materias vedadas a los decretos leyes, por afectar al deber de contribuir. Los populares cuestionaban la utilización de "porcentajes descontextualizados" y la ausencia de una "verdadera estadística" en las justificaciones del Gobierno sobre la urgencia para aprobar este decreto. "La exposición de motivos ha usado fórmulas huecas y vacías, cuando no enteramente falsas, que no pueden sustentar la concurrencia del presupuesto habilitante para la aprobación conforme a Derecho de un Real Decreto-Ley para abordar el tema de fondo del mismo", esgrimía el recurso.
(Cinco Días, 29-01-2020)

La Comunidad de Madrid liderará el aumento del PIB tanto este año como el próximo
Lo hará con más distancia que en el pasado respecto al resto, de acuerdo con las previsiones que publicó ayer el servicio de estudios de BBVA. Y, con ello, Madrid no sólo ganará peso en el conjunto de la economía nacional, sino que también ampliará su distancia respecto a Cataluña, después de haberla desbancado como la primera región económica española a lo largo del año pasado.

En concreto, el PIB madrileño crecerá un 2,3% este ejercicio, según los pronósticos de BBVA Research, siete décimas por encima de la media española. Y, además, toma distancia con el resto de las regiones, convirtiéndose ahora en motor de la economía española prácticamente en solitario. Así, si el año pasado Madrid compartía podio con Murcia, a sólo dos décimas de distancia, y quedaba muy cerca de Castilla-La Mancha y Navarra, este año amplía su ventaja con la segunda (Castilla-La Mancha) a cuatro décimas, mientras que la siguiente (Aragón) queda a medio punto de distancia.

Estas cifras, además, parecen reforzadas por la fuerte creación de empleo en la región el año pasado, que habría permitido intensificar la atracción de población. Así, Madrid fue la responsable de la creación de más del 40% de los puestos de trabajo generados entre octubre y diciembre del año pasado entre todas las regiones en positivo, lo que a su vez ha intensificado el saldo migratorio hacia la comunidad, con la recepción de 7.300 personas de otras regiones en 2018, la mayor cifra entre todas las comunidades, lo que a su vez ha mantenido la pujanza de la demanda de vivienda y dado alas a la rentabilidad del alquiler.

A su vez, hay varios motivos que explican esta vitalidad económica. Por un lado, está la política de impuestos bajos y regulación flexible, que había permitido a Madrid crecer más rápidamente que la media en los últimos años y crear más empleo, como pone de manifiesto el caso de éxito de la liberalización de los horarios comerciales y el empleo generado en el sector a raíz de ella. Y en los últimos dos años el proceso catalán ha dado un empujón añadido a la región, al provocar la salida de 5.600 empresas, de las que la mayor parte se instalaron en Madrid, lo que no sólo atrajo empleo sino también nuevas inversiones a la región.

Y a esto se suma también el efecto capitalidad, que ha elevado el crecimiento de Madrid, aunque no tanto por la acumulación de instituciones y funcionarios en la capital como por el hecho de que muchas de las nuevas actividades tienden a concentrarse en grandes núcleos de población, donde es posible la especialización. Y, en un momento en el que el motor catalán se apaga y en el que otros no tienen la fuerza suficiente, Madrid se ha quedado como única referencia. De hecho, no es un fenómeno en absoluto extraño a otros países, donde una o dos zonas tienden a crecer muy por encima de la media y, en muchos casos, no se trata de las capitales, como sucede en Alemania, Estados Unidos o Italia.
(Expansión, 29-01-2020)

Sector

El Ministerio de Justicia renueva su estructura
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales que introduce cambios en la organización del Ministerio de Justicia. Entre ellos, el que afecta a la Dirección General de los Registros que pasa a depender de la Secretaría de Estado de Justicia -antes dependía de la Subsecretaría -, bajo la denominación de Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

De acuerdo con este Real Decreto, el Ministerio de Justicia se estructura en tres órganos: la Secretaría de Estado de Justicia; la Subsecretaría de Justicia, de la que depende la Secretaría General Técnica, y la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con rango de subsecretaría.

De la Secretaría de Estado dependen los siguientes órganos directivos: la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, con rango de subsecretaría, y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos. Por su parte, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público dependen la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Quedan suprimidas la Secretaría General de la Administración de Justicia, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, la Dirección General de los Registros y del Notariado, la Dirección General para la Memoria Histórica y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos.

Además, el Gobierno ha aprobado los nombramientos de Pablo Zapatero como secretario de Estado de Justicia, en sustitución de Manuel Jesús Dolz; de Paula Novo, quien será secretaria general técnica en lugar de José Amérigo, y de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente.

Pablo Zapatero es profesor doctor en Derecho Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2016 y hasta su nombramiento como secretario de Estado de Justicia, ha desempeñado el puesto de secretario general técnico del Consejo General de la Abogacía Española. Previamente, entre 2009 y 2011, ejerció como director de gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia y responsable de la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Ministerio de Justicia.

Asimismo, fue director técnico de los informes de las Comisiones de Demarcación y Planta y Modernización del Lenguaje Jurídico, encargados por el Consejo de Ministros. Ha sido también responsable de estudios jurídicos del Laboratorio de Ideas de la Fundación Alternativas y observador de largo plazo en Nepal con el Centro Carter.

Además, es autor de numerosos artículos en materia de políticas públicas, derecho e innovación regulatoria en diversas revistas científicas y, en el ámbito académico, ha sido investigador en la Universidad de Columbia, el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, la Organización Mundial del Comercio y las Universidades de Lancaster o Arizona, entre otras. En 2003 recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III y el Premio a la Excelencia para investigadores menores de 45 años de su Consejo Económico y Social

Paula Novo es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y abogada del Estado. Hasta su nombramiento como secretaria general técnica, desempeñaba el puesto de abogada del Estado adjunta en la Secretaría de Estado de Hacienda. Ha ejercido en el Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en distintas unidades de la Abogacía General del Estado-Servicio Jurídico del Estado, así como en el Departamento de Penal y en el Ministerio del Interior.
(Expansión, 29-01-2020)

 
 
 
 
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