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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 31 DE GENER DE 2020

Fiscal

Organización y funcionamiento de la Comisión de Seguridad y Control y se crean comisiones sectoriales de seguridad y control de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Resolución de 16 de enero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de enero de 1998, por la que se regula la organización y funcionamiento de la Comisión de Seguridad y Control y se crean comisiones sectoriales de seguridad y control de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
(BOE, 31-01-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 24 de enero de 2020
Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 24 de enero de 2020.
(BOE, 31-01-2020)

Euro
Resolución de 30 de enero de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 30 de enero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 31-01-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/31/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/31/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 31 DE GENER DE 2020

Fiscal

Para el año 2020, España tendrá un déficit total del 2,4% del PIB
La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) lamenta los "escasos avances" en consolidación fiscal en España tras el previsible incumplimiento de nuevo en 2019 de los objetivos de déficit, que habría cerrado en torno al 2,5% del PIB, y avisa de que "no hay expectativa de mejora", ya podría permanecer en un 2,4% este año.

Así lo señala en el último número de 'Cuadernos de Información Económica', publicación editada por Funcas, en la que Santiago Lago advierte en un artículo del "permanente aplazamiento" de la meta del equilibrio fiscal sin que se hayan aprovechado los años de crecimiento para reducir el déficit estructural y apenas se haya conseguido estabilizar la ratio de deuda pública en torno al 100% del PIB.

El autor apunta que España habrá incumplido de nuevo en 2019 los objetivos de estabilidad presupuestaria, fijado en el 1,3% del PIB conforme a la última senda y en el 2% según la previsión del Programa de Estabilidad.

En este sentido, explica que los aumentos de gasto en salarios públicos, pensiones, subsidios de desempleo y otros no han tenido su correspondiente crecimiento de ingresos ante la imposibilidad de aprobar cambios legislativos que modifiquen la política fiscal, en un contexto de prórroga presupuestaria.

Asimismo, recuerda que las cifras de liquidación mensual disponibles hasta octubre muestran un "peor comportamiento" acumulado que en 2018. Banco de España calculó un déficit del 2,5% del PIB. Para el año 2020, Funcas augura un déficit total del 2,4% del PIB, mientras que el Banco de España calcula un 2,1% y la Comisión Europa un 2,2%. La previsión oficial del Gobierno en cambio es de rebajarlo al 1,8%.

No obstante, matiza que la coyuntura fiscal es "más incierta que nunca", al no haber ni siquiera proyecto de Presupuestos para 2020, si bien considera que "parece inevitable" que la implementación de las medidas de gasto incorporadas en el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos "pase por recortes en otros programas de gasto o actuaciones adicionales por el lado de los ingresos, preferiblemente al abrigo de una reforma global y en profundidad del sistema fiscal español".
(Expansión, 31-01-2020)

Laboral

Los empresarios están dispuestos a trabajar con los sindicatos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado su primer gran acuerdo social cuando aún no se ha cumplido ni un mes desde su investidura. Escoltado por sus vicepresidentes económico, Nadia Calviño, y social, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, el líder del Ejecutivo ha sellado una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,5% hasta los 950 euros mensuales (13.300 anuales).

Antonio Garamendi ha lanzado una advertencia ante la próxima negociación del Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) que debe abordar la patronal con los sindicatos para acordar las recomendaciones que dan a sus bases para negociar más de 5.000 convenios colectivos en sectores, territorios y empresas y que afectan a más de once millones de trabajadores.

Según el líder patronal, “los empresarios estamos dispuestos a trabajar (con los sindicatos) y añadió que lo harán “en silencio” y que espera que haya acuerdo, “pero si hay una reforma que es excesiva –en referencia a los cambios de los aspectos más lesivos de la reforma laboral cuya negociación se inicia mañana-- no sé qué vamos a ceder más en el ANC”.

Asimismo, condicionó el próximo pacto con los sindicatos en materia de convenios a cómo subirá el próximo año el salario mínimo, ya que sugirió que si el Gobierno decide una nueva subida “que presione mucho los salarios de los convenios” la firma de un nuevo ANC tampoco tendría sentido.

De esta forma, el líder patronal, que ha vuelto a defender la reforma laboral del PP de 2012, ha condicionado explícitamente la paz social que suelen garantizar los acuerdos de negociación colectiva a que haya también un acuerdo previo o, al menos así se derive de las primeras negociaciones, para hacer una contrarreforma laboral que agrade a los empresarios.

Los líderes sindicales, que intervinieron a continuación de los empresariales no quisieron entablar una polémica ante esta advertencia de Garamendi, pero resaltaron la importancia de este acuerdo. “Aún no hemos abierto el marco de negociación del ANC, ya tendremos tiempo de discutirlo y hablarlo”, dijo Pepe Álvarez, para quien el hecho de que los empresarios vayan a tener en cuenta la contrarreforma laboral “no tiene porqué ser una perspectiva negativa. Este acuerdo aporta mucho también a las empresas, porque evitan conflictividad y es bueno para unos y para otros”.

En esta misma línea, Sordo consideró que la negociación de un nuevo ANC es de suma importancia por lo que, “no debería dejarse ningún resquicio a aparcar una negociación que va mucho más allá de la negociación salarial en las empresas”. Es más, ha lanzado un dardo a los empresarios, al decir que los sindicatos sí se sentaron con la patronal a negociar el ANC “después de reformas laborales que se habían llevado por delante lo pactado en anteriores ANC”.

Pero más allá de esta diatriba, los representantes empresariales y sindicales han coincidido en iniciar mañana las negociaciones para cambiar “lo más urgente” en palabras de la ministra, que según sugirió la propia Díaz consistirá en recuperar la ultraactividad de los convenios (que estén vigentes de forma indefinida hasta que se pacte uno nuevo); hacer que los convenios sectoriales vuelvan a mandar sobre los de empresa; y limitar las subcontrataciones.

Antes, Díaz ha dicho que en las próximas semanas –probablemente en el Consejo de Ministros del 11 de febrero—el Gobierno derogará el conocido como ‘despido por absentismo’, regulado en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores y lo hará por decreto “y sin diálogo porque existe una vulneración de derechos fundamentales y esta ministra no dialoga si hay vulneración de derechos”, ha insistido. Al ser un decreto, su convalidación parlamentaria exigirá una mayoría de fuerzas, que según ha confirmado, el Gobierno ya tiene.
(Expansión, 31-01-2020)

La tasa de paro de la Eurozona cae a su nivel más bajo desde mayo de 2008
La tasa de paro de la zona euro se situó el pasado mes de diciembre en el 7,4%, una décima por debajo del nivel del mes anterior y su mínimo desde mayo de 2008, mientras que en el conjunto de la UE cayó al 6,2%, una décima por debajo del dato de noviembre, registrando así su mejor lectura desde que en el año 2000 comenzara a elaborar sus registros Eurostat, que mantiene a España como el segundo país de la UE con peores cifras de paro, con un 13,7%, solo por detrás del 16,6% de Grecia, que solamente dispone de datos hasta octubre.

La oficina de estadística comunitaria calcula que 15,475 millones de personas carecían de empleo en la UE en el último mes de 2019, de los que 12,251 millones se encontraban en la zona euro, lo que supone un descenso con respecto a noviembre de 80.000 personas entre los Veintiocho y de 34.000 en la eurozona. En comparación con diciembre de 2018, la cifra de desempleados en la UE descendió en 747.000 personas, al tiempo que en la zona euro lo hizo en 592.000 parados.

En diciembre de 2019, la tasa de paro de Estados Unidos fue del 3,5%, en línea con el dato del mes anterior, con un total de 5,75 millones de desempleados, 64.000 menos que el mes anterior. Entre los países de la UE cuyos datos estaban disponibles, las menores tasas de paro en diciembre se observaron en la República Checa (2%) y Alemania y Países Bajos (ambos 3,2%), mientras que las más altas fueron las de Grecia (16,6% en octubre) y España (13,7%). En términos interanuales, los mayores descensos del paro correspondieron a Grecia (del 18,5% al 16,6%), Bulgaria (del 4,7% al 3,7%) y Croacia (del 7,3% al 6,4%).

La tasa de paro masculina de la zona euro se mantuvo en diciembre en el 7,2%, en línea con los meses anteriores, mientras que el desempleo femenino bajó al 7,7%, una décima menos que en noviembre. En España, la tasa de paro entre los hombres repitió en el 12,2%, al tiempo que el desempleo entre las mujeres disminuyó al 15,4%, frente al 15,6% del mes anterior.

Asimismo, Eurostat ha informado de que en diciembre de 2019 había 3,15 millones de menores de 25 años desempleados en el conjunto de la UE, de los que 2,21 millones estaban en la zona euro, lo que supone un descenso de 143.000 y 129.000 respectivamente en un año. La tasa de desempleo juvenil entre los Veintiocho retrocedió una décima en diciembre del año pasado al 14,1%, mientras que en el club de países que comparten la moneda comunitaria se situó en el 15,3%, frente al 15,4% del mes anterior.

Por su parte, España registró la segunda tasa de paro juvenil más elevada de la UE, con un 30%, solo por detrás del 35,6% de Grecia en octubre y por delante de Italia, con un 28,9%. En términos absolutos, la cifra de desempleados menores de 25 años en España en diciembre de 2019 fue de 463.000 personas, lo que implica un descenso de 4.000 jóvenes con respecto a noviembre y de 48.000 en un año.
(Expansión, 31-01-2020)

La OCDE pide al Gobierno que retome las reformas para garantizar las pensiones
Para los expertos de este organismo internacional, se hace cada vez más difícil mantener la edad de jubilación en España en 65 años, dado el ritmo de envejecimiento de la población. A su juicio, habría que vincular la edad de retiro a la esperanza de vida para ir retrasando la edad real de jubilación de forma progresiva.

El economista jefe de pensiones de la OCDE, Hervé Boulhol, ha señalado que los 65 años es una cifra "algo baja" para un país que envejece rápido y ha añadido que puede no ser viable, por ejemplo, jubilarse a esa edad dentro de unos años con la pensión completa.

Hervé ha realizado estas consideraciones en la presentación en Madrid del informe bienal de pensiones, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Boulhol ha recordado que pese a que la edad de jubilación va ir aumentando en España en los próximos años, así como el periodo de cotización necesario, seguirá siendo "sustancialmente más baja" que la de países como Dinamarca (74), Estonia, Italia u Holanda (71).

Boulhol ha recordado además que tras la decisión de suspender las medidas de 2013 -el índice de revalorización de pensiones (IRP) y el factor de sostenibilidad- España debe plantear otros mecanismos que aborden la situación de las pensiones "desde todos sus elementos" y "con medidas a largo plazo".

Desde la OCDE, que aboga por la existencia de mecanismos automáticos de ajustes, sí que reconocen, no obstante, que vincular a largo plazo la evolución de las pensiones a un indicador inferior a los precios puede resultar "injusto". España, insisten, debe abordar el debate de vincular la edad de jubilación a la expectativa de vida y califican el factor de sostenibilidad como una buena herramienta para afrontar el impacto del envejecimiento en las pensiones.

Sin este factor, ha explicado el responsable de la OCDE, la tasa de sustitución, porcentaje del salario que se percibe en la pensión, puede subir diez puntos, desde el 80% actual al 90% con el consiguiente coste. Para abordar esta situación, además de retrasar la edad real de jubilación, la OCDE también pide que se tenga en cuenta toda la vida laboral para el cálculo de la misma.

Sobre la opción de elevar impuestos o diseñar una tasa específica para las pensiones, Boulhol ha señalado que puede ser una "solución pasajera" pero que no arregla los problemas a largo plazo. En posteriores declaraciones a los medios, el jefe de la unidad de pensiones privadas de la OCDE, Pablo Antolin, ha subrayado que la edad efectiva de jubilación en España es "baja" en comparativa y que, aunque elevar la edad oficial puede contribuir a subirla, también hay que analizar el impacto de los mecanismos con los que se rebaja en la práctica.

Antolin ha insistido en los "problemas" que afronta el sistema español de pensiones y ha urgido a tomar medidas en todos los ámbitos.
(El País, 31-01-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Supremo resolverá si las empresas pueden deducirse los intereses de demora
El Tribunal Supremo resolverá si los intereses de demora son un gasto que las empresas pueden deducirse en el impuesto de sociedades. En un auto dictado el 16 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido el recurso de casación presentado por una compañía a quien le fue denegada esta opción por la Administración tributaria y, posteriormente, por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia.

En el caso estudiado, una empresa trató de deducirse los intereses generados como consecuencia de la regularización de su situación tributaria en el ejercicio 2014. Los órganos administrativos justificaron su negativa en que, si tales cantidades derivaban del retraso en el pago de una deuda, aceptar que resultaran deducibles haría desaparecer su carácter resarcible.

Tras confirmar el TSJ gallego tal criterio, la compañía acudió al Supremo presentando varias sentencias de los tribunales autonómicos de Aragón y de Castilla y León defendiendo la posición contraria. El debate que se plantea es si permitiendo la deducibilidad se autoriza a que el contribuyente se beneficie de un acto contrario al ordenamiento jurídico, dado que estos se generan tras un incumplimiento de la normativa fiscal y tributaria, o si, por el contrario, son un gasto financiero que tienen por finalidad indemnizar un daño o perjuicio y no sancionar al interesado.

El Supremo, sin avanzar el contenido de su decisión final, sí avanza que "es incontrovertible que ni los intereses de demora tienen carácter punitivo o sancionador, ni son, como sostiene la sentencia, en sí mismos y al margen de toda otra consideración, 'un acto contrario al ordenamiento jurídico".
(Cinco Días, 31-01-2020)

El Abogado del TUE avala renegociar cláusulas suelo si el cliente está informado
El Abogado General de la UE ha considerado que los acuerdos firmados entre bancos y clientes que modificaban o eliminaban cláusulas suelo de los contratos a cambio de la renuncia a cualquier acción legal futura y a reclamar cantidades pasadas es legal siempre que el consumidor "comprendiera sus consecuencias económicas". El abogado apunta que esos pactos ante notario no son contrarios a la ley comunitaria siempre que el consumidor dé su “consentimiento libre e informado”. Sin embargo, sí indica que los acuerdos deben estar sujetos al control de un juez, que deberá comprobar si han sido negociados "individualmente" o bien "impuestos por el profesional".

La justicia europea sigue abordando todas las aristas de la sentencia que declaró la ilegalidad de las cláusulas suelo. Esta estipulación, que fijaba en los contratos hipotecarios un suelo a su cuota en caso de que los tipos de interés bajaran, fue declarada abusiva por el Tribunal Supremo el 9 de mayo de 2013. El gran varapalo a la banca llegó en diciembre de 2016. El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que las entidades debían devolver todo cuanto habían cobrado de más por esa cláusula desde el inicio de los contratos firmados con sus clientes, y no solo desde que se publicara la sentencia del Supremo.

Tras conocerse esa sentencia, los particulares exigieron su dinero. Y el Supremo avaló esas demandas, salvo en el caso de novaciones firmadas por las partes ante notario. Antes de que el TJUE dictara sentencia, varios bancos sellaron con clientes pactos por los que se eliminaba o reducía la cláusula a cambio de que el usuario renunciara a emprender acciones legales o a pedir cantidades atrasadas. Alcanzaban, pues, un nuevo contrato. Los juzgados de primera instancia número 1 de Teruel y número 7 de Ourense decidieron llevarlo a la justicia europea. Y mientras tanto, el Supremo decidió suspender todos los recursos pendientes.

El caso examinado por el Abogado General Henrik Saugmandgaard, cuya opinión no es vinculante que, pero sí seguida por los jueces en un 80% de las ocasiones, corresponde a un cliente de Ibercaja. Saugmandgaard explica que, tras la sentencia del Supremo, la entidad buscó esos acuerdos con usuarios para rebajar el suelo de la hipoteca a cambio de su renuncia a acudir a la justicia o reclamar cantidades anteriores. A pesar de que el abogado señala que en este caso podría haber habido un "incumplimiento de la exigencia de buena fe por parte de Ibercaja", su escrito es muy matizado en cuanto al fondo.

El Abogado General considera que esas cláusulas son legales de acuerdo con el criterio de transparencia. Y al respecto, una estipulación lo es cuando "un consumidor medio está en condiciones de comprender las consecuencias económicas que se derivan para él de dicha cláusula". Es decir, el consumidor puede "renunciar a invocar el carácter abusivo de una cláusula" siempre ello sea fruto de un "consentimiento libre e informado".

Ello no significa que el consumidor pierda la tutela judicial. Al contrario: el juez deberá comprobar, incluso de oficio, si esa renuncia ha sido negociada individualmente o bien con condiciones impuestas. Y en este último caso, si se cumplen los "imperativos de transparencia, equilibrio y buena fe" que se derivan de la legislación europea.

La presidenta de la entidad de usuarios Asufin, Patricia Suárez, afirmó que el escrito del Abogado General sigue dejando "la puerta abierta a la litigiosidad" porque la banca tendrá que "demostrar, caso por caso que se trató realmente de un acuerdo negociado y no de un abuso de posición por parte del banco”.
(La Vanguardia, 31-01-2020)

La OMS declara emergencia sanitaria internacional por el coronavirus
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la epidemia con origen del denominado corona virus es ya una emergencia sanitaria mundial, debido a la facilidad con la que el virus se puede propagar en países con sistemas sanitarios deficientes.

La alerta mundial "no significa que desconfiemos de China: al contrario, creemos en la plena capacidad de ese país para combatir esta emergencia", aseguró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien esta semana viajó a Pekín y se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, para analizar el avance de la epidemia.

No obstante, a pesar de la gravedad de la situación la OMS ha subrayado que se oponen a las medidas que apoyan la restricción de viajes y comercio internacional. En este sentido, ha mencionado que el cierre de fronteras, la cancelación de la concesión de visas o la puesta en cuarentena de ciertos ciudadanos "debería ser reconsiderada". Asimismo, ha recordado que las aerolíneas han tomado la decisión de cancelar los vuelos con destino y salida desde China por una caída de la demanda de pasajeros, no por la gravedad de la situación.

La declaración, subrayó el director general de la OMS, busca un mayor apoyo a los países menos desarrollados y con sistemas de salud insuficientes para detener posibles casos, y también una llamada a que la comunidad internacional acelere la investigación en tratamientos y vacunas. También se busca con la alerta "combatir los rumores y la desinformación", indicó Tedros, quien aseguró que "es el momento de la solidaridad, no del estigma" hacia China.

Durante la rueda de prensa que han dado tras la reunión mantenido por un comité de emergencia de 15 expertos, convocado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el organismo ha felicitado a China por la rapidez con la que ha tratado la crisis y ha subrayado que su eficacia ha permitido que el virus no se haya extendido aún más de lo que ya lo ha hecho. Por el momento, hay 7.818 infectados confirmados y 170 muertos (todos ellos dentro de China).

Es la sexta ocasión en que la OMS declara este tipo de emergencia global, tras las que activó ante el brote de gripe H1N1 (2009), los de ébola en Africa Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de polio en 2014 y el de virus Zika en 2016.
(El Mundo, 31-01-2020)

Sector

El CGPJ aprueba un plan para cumplir la ley de igualdad en la judicatura
El Poder Judicial ha detectado que "las mujeres de la carrera judicial continúan teniendo problemas para compatibilizar su formación profesional con el desempeño de sus tareas profesionales y de las de atención y cuidado de la familia, problemas que deberían ser atajados en el futuro próximo".

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad su segundo plan de igualdad en la judicatura, en el que reconoce que "seguimos muy lejos de alcanzar los porcentajes mínimos de presencia equilibrada de mujeres y hombres exigidos por la ley de igualdad".

El plan aboga por garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los distintos niveles de la carrera y trata además de asegurar que toda la judicatura tenga una formación adecuada en materia de igualdad, enjuiciamiento con perspectiva de género y violencia sobre la mujer, informa el CGPJ.

El nuevo texto, que evalúa el grado de implementación de las medidas previstas en el anterior, de 2013, también busca fomentar la utilización de un lenguaje no sexista tanto en el ámbito administrativo, en los documentos de toda clase emanados del CGPJ y demás órganos de gobierno del poder judicial, como del judicial, en toda clase de resoluciones dictadas por los órganos judiciales.

En el apartado dedicado al acceso a la carrera judicial por el turno de libre oposición el texto señala que el 71,2% de los 188 nuevos jueces que ingresaron en 2018 eran mujeres, confirmándose así la tendencia registrada en años anteriores, el 53,2% en 2017 y el 64,1% en 2016.

Sin embargo, el análisis de la presencia de mujeres en puestos de nombramiento discrecional revela según el plan que "los avances en este punto, aun siendo perceptibles, son todavía insuficientes". Así señala que solo dos de las diecisiete presidencias de tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas están ocupadas por mujeres, que sin embargo sí suponen ya el 45,2% de las presidencias de sala en estos órganos judiciales.

Además, hay diez presidentas de audiencias provinciales frente a cuarenta presidentes varones cuando las mujeres destinadas en estos órganos son el 38,3%. En cuanto al Tribunal Supremo, hay 16 mujeres, nueve de ellas nombradas en el presente mandato del CGPJ, y 61 hombres.

El plan reconoce avances "como la entrada de mujeres en todas las salas del Supremo por primera vez en la historia, en particular en su sala de lo penal, que ha pasado de no contar con ninguna mujer en doscientos años a tener tres, y el haberse alcanzado también por primera vez la paridad entre mujeres y hombres en una de las salas de este tribunal, la de lo social".
(Expansión, 31-01-2020)

 
 
 
 
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