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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 6 DE FEBRER DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 23 de enero de 2020
Resolución de 27 de enero de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 23 de enero de 2020.
(BOE, 06-02-2020)

Euro
Resolución de 5 de febrero de 2020, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 5 de febrero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 06-02-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/06/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/06/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 6 DE FEBRER DE 2020

Fiscal

CC OO estima que la reforma fiscal del Gobierno solo recaudará la mitad de lo previsto
La propuesta de PSOE y Podemos es vista desde el sindicato como "claramente insuficiente" porque solo logrará recaudar "el chocolate del loro". CC OO ha detallado que los ingresos tributarios de España se sitúan en el 35,2% del PIB, 6,3 puntos por debajo de la media de la UE, un diferencial de "75.400 millones al año" que genera un déficit anual de unos "30.500 millones".

Frente a esos umbrales, los técnicos de CC OO estiman que la reforma tributaria del Gobierno apenas arrojará 2.791 millones de euros de recaudación adicional, mientras que comporta un incremento del gasto público de 5.729 millones.

La estimación del sindicato supone rebajar a la mitad la previsión de recaudación del Gobierno que ronda los 5.600 millones de euros, debido a que restan del monto el "incierto" ingreso de 828 millones previsto por medidas antifraude y rebajan con fuerza el potencial de recaudación de los nuevos impuestos sobre las operaciones financieras y las actividades digitales (tasas Google y Tobin).

Teniendo en cuenta que la cifra a recaudar no cubriría si quiera la factura social de las medidas del Ejecutivo, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, Carlos Bravo, ha considerado que "no es posible" cuadrar dichas cuentas con la necesaria reducción del déficit.

Para solventar la situación, el sindicato ha presentado este miércoles una propuesta de reforma tributaria abierta que presentarán al Ejecutivo y el resto de partidos políticos aspirando a que parte de sus ideas acaben plasmadas en los Presupuestos Generales de 2020 y las medidas de reforma tributaria que acompañen a dichas cuentas.

En primer lugar, CC OO estima que el pacto de PSOE y Podemos para subir en dos puntos el gravamen sobre las rentas de más de 140.000 euros, en cuatro las de más de 300.000, y en otras dos las del ahorro superior a 130.000 euros apenas arrojará 700 millones de euros.

Para reforzar su impacto, el sindicato insta además a estudiar un incremento de dos puntos en el gravamen del IRPF desde los 60.000 euros y estudiar aplicar los mismos tipos de la renta sobre el trabajo a las rentas del ahorro, abriendo la puerta incluso a que tributen en una misma base imponible. El paquete arrojaría unos ingresos totales de 5.450 millones, frente a los 10.000 millones de recaudación de la reforma fiscal del PP que aprobó en 2012 y revirtió dos años después.

A esa cifra se le sumarían otros 9.000 millones de recaudación adicional si el Gobierno impone un tipo mínimo de Sociedades del 15% sobre el beneficio, en lugar de hacerlo sobre la base imponible como ha propuesto el Ejecutivo. Recuerdan en CC OO que hay grandes empresas que pagan menos de un 3% de tipo efectivo gracias fundamentalmente a los beneficios fiscales de los que gozan. El sindicato también propone limitar a cuatro años el plazo de las empresas para reducir el pago de impuestos con las bases imponibles negativas generadas en el pasado.

Finalmente, el sindicato insta a establecer una armonización fiscal entre Comunidades Autónomas para evitar competencias desleales entre territorios en impuestos como Patrimonio. Desde el sindicato recuerdan que el IRPF recauda unos 80.000 millones; el IVA unos 70.000; Sociedades algo más de 20.000 y los Impuestos Especiales por debajo de esa cifra y señalan que los impuestos directos son los que más han reducido su aportación porque el PP no revirtió el alza del IVA de 2012 pero sí rebajó tributos como el IRPF y Sociedades pese a que los recursos públicos que aportan son clave para mantener los servicios públicos y abordar la necesaria reforma de la financiación autónoma.

Más allá, CC OO reclama luchar contra el fraude fiscal, ampliar la lista de paraísos fiscales, revisar 15.000 millones de deducciones fiscales nacionales y autonómicas. A partir de ahí, proponen aprovechar las mejoras de ingresos que se logren para rebajar el IVA de los productos de primera necesidad.
(Expansión, 06-02-2020)

La Agencia Tributaria tendrá entrada directa a la información de la Base de Datos de Titularidad Real del Notariado
La Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado han suscrito un convenio en virtud del cual la Agencia podrá acceder a la información contenida en la base de datos de Titularidad Real del Notariado, información que para Hacienda será de "gran utilidad" para la lucha contra el fraude fiscal en relación con la creación de entramados societarios opacos con fines fraudulentos.

De igual forma, la Agencia Tributaria podrá contar también con un suministro periódico de información de determinadas operaciones o grupos de operaciones contenidas en el Índice Único Informatizado Notarial, así como con un acceso telemático directo e individualizado al Índice Único, y se regula igualmente la posibilidad de efectuar requerimientos específicos de información al Notariado.

Según la Agencia Tributaria, el acuerdo entre ambas partes supone un reforzamiento de la colaboración que venían manteniendo en base a convenios anteriores, así como una "sensible mejora" en la obtención de información para la lucha contra el fraude, ofreciendo, por tanto, unos "beneficios que redundarán en la sociedad en su conjunto".

El acceso sistemático de la Agencia Tributaria a la información de los notarios sobre titularidades reales de personas jurídicas, que comenzará dentro de un par de meses y tendrá una actualización mensual, permitirá reforzar el control de los entramados societarios de entidades supuestamente independientes.

Hacienda indica que la aparente falta de conexión entre este tipo de sociedades facilita a quienes las controlan la creación de redes de facturación falsa u operativas fraudulentas como la facturación recíproca para eliminar beneficios del grupo, el desplazamiento ilícito de rentas hacia entidades sin tributación efectiva, la obtención de devoluciones improcedentes o el alzamiento de bienes.

El convenio contempla, igualmente, que ambas partes acordarán la forma en que la Agencia Tributaria podrá obtener, hasta donde alcance la información de la base de datos, la secuencia de entidades a través de las cuales una persona física es el titular jurídico de unas acciones o participaciones, así como el porcentaje real de su participación (en función de los sucesivos porcentajes de participaciones indirectas). El mecanismo de suministro de la información deberá prever tanto consultas 'ascendentes' (a partir de una sociedad, conocer sus propietarios personas físicas), como a la inversa (consultas 'descendentes').

Paralelamente, el convenio contempla el suministro a la Agencia Tributaria de actos y operaciones contenidas en el Índice Único Informatizado Notarial, suministro que se realizará por medios informáticos o telemáticos, con una actualización quincenal de la información.

En este caso, resulta de especial importancia para la Agencia la información que obtendrá sobre actos y operaciones en las que participe una persona jurídica o un 'trust', dada la asiduidad con que se realizan operaciones societarias con la única finalidad de crear redes de opacidad que permiten la realización de actividades defraudatorias.

El análisis de la información contenida en el índice facilitará a la Agencia Tributaria el estudio de los entramados societarios complejos a través de tecnología 'Big Data'. Además, a través del Índice Único, la Agencia contará con un suministro periódico de los datos identificativos de poderdantes (las personas que otorgan un poder a un tercero para que actúe en su nombre), apoderados y administradores de sociedades, así como las fechas de nombramiento y revocación de esos poderes.

De igual forma, el acceso al índice permitirá a la Agencia obtener información de interés para el control tributario sobre operaciones de financiación, inmobiliarias, con activos financieros y con otros valores mobiliarios, y también de operaciones en las cuales los intervinientes ante el notario se hayan negado a identificar los medios de pago utilizados, o no los hayan acreditado completamente, o bien los casos en que hayan incumplido la obligación de aportar al notario el Número de Identificación Fiscal, o el documento 'S1' de movimientos de efectivo cuando es pertinente.
(Expansión, 06-02-2020)

Bruselas abre el debate de la reforma de las reglas fiscales
La Comisión Europea trata de afianzar el paso antes de recorrer el finísimo alambre que la separa de una reforma de las reglas fiscales. Ante el carácter explosivo del debate, Bruselas ha decidido abrir el melón lanzando una gran consulta a todas las instituciones comunitarias, las capitales y los agentes sociales. A finales de año, el Ejecutivo comunitario espera poder formular una propuesta asumible para halcones y palomas que permita simplificar las normas y asegurar su cumplimiento sin castigar la inversión pública.

Bruselas ha decidido poner sobre la mesa la reforma de las normas que apuntalan los dos grandes principios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: los países deben tener un déficit inferior al 3% de su Producto Interior Bruto (PIB) y su deuda debe ser inferior al 60% de la riqueza nacional. El Ejecutivo de Jean-Claude Juncker dejó al nuevo gabinete un informe del Consejo Fiscal Europeo en el que pedía una simplificación de las normas. Estas deberían basarse en una regla de gasto de la que podría deducirse el gasto a inversiones estratégicas.

A ese documento se añadirá ahora otro elaborado por la Comisión Europea. "Las políticas económicas en Europa deben abordar los desafíos que afrontamos hoy, que claramente no son los mismos que hace una década", sostuvo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. El informe resalta el éxito del mecanismo para meter a los países en vereda. Y prueba de ello es que los 24 países que llegaron a estar en el procedimiento de déficit excesivo ya han reducido sus desfases presupuestarios por debajo del 3% del PIB. También se ha reducido la deuda y se han mejorado algunos desequilibrios. Aun así, un grupo de países sigue con elevados lastres que amenazan con cronificarse.

Uno de los Estados a los que se ha referido la Comisión Europea es España. El vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis enfrió las expectativas del gobierno de Pedro Sánchez de volver a suavizar la senda fiscal para los próximos años. "La deuda de España desciende de forma muy lenta y el déficit también lo hace así hacia su objetivo a medio plazo", advirtió el político conservador, quien negó que la Comisión haya cerrado cualquier pacto con el Ejecutivo de Sánchez. España trata de hallar más flexibilidad para cumplir con el programa del gobierno de coalición. Dombrovskis ha sido hasta ahora más reacio a esas pretensiones, mientras que Gentiloni ha mostrado mayor predisposición a abrir la mano.

La predisposición de ambos políticos ante el debate que se avecina también refleja esa disparidad. Dombrovkis hizo gala de una mayor cautela, mientras que Gentiloni llamó a adaptar las reglas a los nuevos retos: a preservar la estabilidad, pero también a favorecer el crecimiento y la transición ecológica. Y ahí están los elementos que más interesan a los países del sur. El documento indica, por ejemplo, que las inversiones en infraestructuras o innovación no solo fueron grandes víctimas de la Recesión, sino que todavía no se han recuperado. "La estabilidad sigue siendo un objetivo clave, pero hay una necesidad igualmente acuciante de apoyar el crecimiento y, en particular, de movilizar recursos para abordar el cambio climático", afirmó Gentiloni.

Sin embargo, Dombrovskis pudo constatar el pasado mes de septiembre, en el Ecofin informal de Helsinki, cómo ese debate genera una gran coincidencia y grandes discrepancias. A nadie le gustan las reglas actuales. A todos les resultan complejas, poco transparentes e incumplibles. "Se perciben actualmente como demasiado complejas y difíciles de comunicar", insistió este miércoles el vicepresidente.
(La Vanguardia, 06-02-2020)

Laboral

La universidad española tiene mejor empleabilidad que la media europea
La universidad tiene un mayor impacto en la empleabilidad de los estudiantes en España que en la media de la OCDE y la Unión Europea. Es lo que se desprende del informe La universidad española en cifras. Año 2017 y curso académico 2017/2018, elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y presentado este miércoles en el auditorio de la Fundación Ramón Areces de Madrid.

En 2018, la tasa de empleo del mercado laboral español incluyendo todos los niveles educativos era del 69,5%, pero este porcentaje ascendía al 81,6% para la población con estudios superiores. En el caso de la media de la Unión Europea 23 y la OCDE, estos índices se situaban en 76,7% para la población activa general y en el 86,1% y el 85,4%, respectivamente, para quienes contaban con formación universitaria. Las cifras reflejan que la brecha existente entre la población que contaba con formación universitaria y la que no era mayor en España que en el resto de regiones analizadas.

Si bien para el conjunto de la población activa la tasa de empleo en España era 7,2 puntos porcentuales inferior a la de ambas zonas económicas, esta diferencia se reducía a 3,8 con la OCDE y 4,5 con la UE-23 en el caso de los trabajadores con estudios superiores. Es decir, que mientras que los trabajadores con formación universitaria mejoraban su empleabilidad un 11,3% en la OCDE y un 12,4% en la UE-23, este porcentaje llegaba al 17,4% en el supuesto de España.

“Una radiografía que ilustra cómo la universidad no es una fábrica de parados como se empeñan en señalar algunas voces, sino el principal motor de empleabilidad”, recogió el vicepresidente adjunto de CRUE, Juan Julià, durante la presentación del informe. No son palabras vacías. Los datos le dan la razón. Durante la crisis y los años de recuperación económica, la universidad ha sido el principal vector de creación de empleo en España: se han generado un total de 1.135.000 puestos que requerían esta formación, lo que representa un 56% de las nuevas plazas totales.

Sin embargo, esta perspectiva de la universidad como puerta al empleo no se traduce necesariamente en una herramienta para corregir la desigualdad. Existe una universidad pública por cada 24.000 estudiantes y cualquier joven español tiene una universidad a no más de 50 kilómetros de su lugar de residencia. Pero esto no refleja una accesibilidad real, según manifestó el presidente de CRUE y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, durante su intervención. España sigue manteniendo unas tasas universitarias elevadas en comparación al resto del panorama europeo, una problemática que se acompaña de un sistema de becas que el responsable de la institución consideró insuficiente.

El estudio denuncia que unos 45.000 alumnos –que representaban el 13,3% de los estudiantes de nuevo ingreso del curso 2017/2018– fueron excluidos de las ayudas por no cumplir el requisito académico que les exigía contar, como mínimo, con un 6,5 como nota media de acceso. Una condición que se rebajó hasta el 5,5 actual en sucesivos cursos.

No obstante, los rectores consideran que la Administración pública hace un esfuerzo económico insuficiente también con los alumnos becados. Estas contribuciones rondaban los 2.550 y 2.624 euros para los estudiantes de grado y máster, respectivamente, menos favorecidos (que una familia de cuatro miembros tenga una renta anual de 13.909 euros). “Por desgracia, es un sistema demasiado exigente y excluyente que está llevando al colapso al ascensor social que siempre ha sido el sistema universitario”, afirmó Gómez Villamandos.
(Cinco Días, 06-02-2020)

El gobernador del Banco de España pide mantener la reforma laboral
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido, en una entrevista con el Financial Times, que el Gobierno español mantenga la reforma laboral dado que los economistas la consideran vital para la recuperación del país. "La economía española aún necesita mantener la competitividad a alto nivel", dijo el gobernador al periódico económico.

En su opinión, una reforma del mercado laboral apoyada en 2012 por el anterior Gobierno de centro derecha dio a las compañías mayor flexibilidad para recortar costes después de la crisis financiera. "Dado que es tan difícil desde un análisis empírico desenredar todos estos cambios (puestos por la reforma laboral), si tocas uno, no sabes cuáles serán las consecuencias", afirmó.

El plan para rechazar la reforma es una pieza central del acuerdo de colación entre los socialistas del PSOE y la formación de izquierdas Unidas Podemos formado el mes pasado, recuerda el rotativo. El actual Gobierno quiere prohibir los despidos por absentismo por enfermedad y limitar el uso de la subcontratación.

Hernández de Cos argumentó que, según él, sería mejor centrarse en asuntos como la reducción de la alta proporción de personas que están con contratos temporales y reducir el desempleo, que actualmente se sitúa en torno al 14%.
(El Mundo, 06-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Gobierno pretende limitar la publicidad del juego entre la 1:00 y las 5:00 horas
El Ministerio de Consumo prepara un real decreto que plantea limitar la publicidad del juego 'online' para que las radios y televisiones sólo puedan emitirla en un periodo de cuatro horas, en concreto, en la franja que abarca de una a cinco de la madrugada, para proteger a colectivos vulnerables, como los menores.

Y así se lo trasladará el ministro del ramo, Alberto Garzón, a los agentes económicos y sociales que forman parte del Consejo Asesor del Juego Responsable (CAJR) con los que empezará una ronda de contactos a partir de mañana jueves.

Lo han asegurado fuentes del departamento que dirige Garzón, que han explicado que no se trata de imponer esta medida, sino que es la que se baraja ahora mismo y sobre la que tendrán que dialogar con los agentes implicados.

Se incluiría dentro de un real decreto "muy amplio" que ha comenzado a elaborar Consumo para regular la publicidad del juego que contendrá otras muchas medidas que las fuentes, de momento, no han especificado. El limitar la publicidad del juego 'online' de una a cinco de la mañana afectaría a radios y televisiones, según las fuentes, que han insistido en que "no es una imposición sino el punto de arranque".

Consumo tiene claro que es necesaria una regulación con el objetivo final de atajar un problema que considera se está generando a nivel social en relación al juego y de proteger a los colectivos, especialmente vulnerables, como los menores.

El real decreto en el que trabaja el Ministerio desarrolla la Ley 13/2011 de regulación del juego, una norma que abarca desde la publicidad, patrocinio y promoción de las actividades del juego hasta aspectos relativos a la protección de las personas consumidoras y políticas de juego responsable.
(Cinco Días, 06-02-2020)

La CNMV plantea que el abono de toda la retribución variable se aplace para comprobar mejor el cumplimiento de objetivos
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere que las compañías cotizadas retrasen más el pago de la remuneración variable a sus cúpulas directivas. El supervisor del mercado considera que esta medida permitiría una mejor comprobación del cumplimiento de los objetivos a los que se liga el bonus y, por tanto, contribuiría a "la percepción legítima de la retribución variable".

La recomendación de la CNMV está incluida en la versión revisada del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas que el organismo presentó a mediados de enero. La propuesta está actualmente en fase de consulta pública. Se pueden presentar alegaciones hasta el 14 de febrero. Las recomendaciones del código tienen carácter voluntario, pero las compañías deben rendir cuentas ante el mercado y explicar si las cumplen o no.

Frente a la redacción actual del código, que exige aplazar "una parte relevante" del bonus, la nueva versión establece "que el pago de los componentes variables de la remuneración se difiera por un periodo de tiempo mínimo suficiente para comprobar de modo efectivo que se han cumplido las condiciones de rendimiento previamente establecidas".

La CNMV, no obstante, deja en el aire el horizonte temporal aconsejable para el abono de la retribución. Éste queda, en principio, a discreción de las compañías. "Las entidades incluirán en el informe anual de remuneraciones de los consejeros los criterios en cuanto al periodo mínimo y métodos de comprobación que apliquen a estos efectos, en función de la naturaleza y características de cada uno de los componentes variables", señala la versión revisada de la recomendación 59 del código.

Con la modificación propuesta, la institución pretende impulsar una reflexión entre las cotizadas sobre los criterios de comprobación de la retribución variable y su transparencia, según fuentes de la CNMV. En opinión del supervisor, es necesario que las empresas den más detalle sobre los factores que analizan para calcular las remuneraciones que pagan a sus ejecutivos y los métodos de validación. Por ejemplo, si el beneficio logrado se verifica con las cuentas semestrales o una vez revisadas por el auditor.
(Expansión, 06-02-2020)

Pedro Sánchez señala a la distribución en la crisis agraria y defiende ante la UE incluir fondos agrícolas y de cohesión en los presupuestos
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este miércoles en Bruselas las partidas dedicadas a los fondos de cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC) en el próximo presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, que tiene que estar acordado antes de final de año.

"Hay dos cuestiones fundamentales para España. La primera tiene que ver con los fondos de cohesión. Y la segunda tiene que ver con la PAC y, dentro de ella, el pilar primero, que es lógicamente el de los pagos directos a nuestros pequeños y medianos agricultores", indicó Sánchez a la prensa antes de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Las protestas que ganaderos y agricultores han iniciado por toda España por los bajos precios que perciben en origen por sus productos, y que ha sumido al sector en una grave crisis, ha salpicado de lleno a las principales compañías de distribución alimentaria del país. Lo que en un primer momento fue un conflicto entre el campo y Gobierno se ha trasladado también el ámbito privado, poniendo en el foco el papel que las principales cadenas de supermercados e hipermercados pueden estar jugando en la crisis del sector agrícola.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló de forma directa a estas compañías y a su política de precios con los proveedores de productos frescos, rompiendo en parte el tono conciliador con el que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha abordado la crisis.

Desde Bruselas, donde se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Sánchez afirmó que “es evidente” que las grandes distribuidoras “tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos lógicamente que introducir mucha más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo están viendo desgraciadamente cómo los precios bajan y bajan”, según declaraciones. El jefe del Ejecutivo añadió que esta situación “es inaceptable”, y pidió al propio Charles Michel garantizar a España las partidas de los fondos de cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC) en el próximo presupuesto comunitario para 2021-2017.

Por la mañana, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, había asegurado que hay que poner “un cierto freno al abuso que sufren los precios agrícolas y abordar muchos otros componentes que afectan a la renta agraria”, aunque sin señalar de forma directa al sector de la distribución organizada.

Desde esta rechazan ser el chivo expiatorio de la crisis abierta en el campo. “Hay una situación grave en el campo que comprendemos, y estamos dispuestos a ayudar para que se solucione. No somos el problema de esta crisis, pero podemos ser parte de su solución”, afirmó ayer a este periódico Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, la asociación que aglutina a cerca del 70% de la superficie comercial de la distribución alimentaria en España, con empresas como Mercadona o Dia.
(El País, 06-02-2020)

 
 
 
 
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