Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 8 AL 10 DE FEBRER DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Reforma del Reglamento del Senado
Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.2 y 3.
(BOE, 08-02-2020)

Euro
Resolución de 7 de febrero de 2020, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 7 de febrero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 08-02-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/08/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/08/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/10/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/10/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 8 AL 10 DE FEBRER DE 2020

Fiscal

El Gobierno prevé aprobar la nueva senda de déficit con más margen
El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, que recoge unos objetivos de déficit y deuda pública más flexibles, con más margen para las comunidades autónomas, según han confirmado fuentes gubernamentales.

También está pendiente la aprobación del límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', que tendrá que ser aprobado por el Congreso y el Senado y que constituyen los pasos iniciales para la elaboración y presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.

La senda de estabilidad presupuestaria actual y oficial, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas prácticamente inalcanzables, ya que las últimas previsiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez apuntaban a un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.

Aunque por ahora se desconoce la distribución de los nuevos objetivos de déficit por administraciones, es previsible que se otorgue un mayor margen, tal y como ha sucedido ya con las comunidades autónomas. En concreto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el pasado viernes la relajación de los objetivos de déficit para las regiones, estableciendo un déficit del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022.

Con esta senda el Gobierno da más flexibilidad para el cumplimiento, puesto que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.

En el caso de las entidades locales, Montero, junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, presidirá este lunes la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) en la que se trasladarán las metas para las entidades locales, de previsible equilibrio presupuestario ante el superávit del conjunto del subsector, que ronda el 0,4% del PIB.

La nueva meta para el Estado y la Seguridad Social no se conocen aún, si bien Montero avanzó el viernes que se les requerirá un esfuerzo mayor que a las regiones, de en torno a "tres y cuatro escalones". Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública podría haber concluido 2019 en el 95,9% del PIB, y se marcó la meta de rebajarla al 94,6% este año, si bien estas cifras podrían relajarse también en la nueva senda.

El Gobierno está en constante diálogo con Bruselas respecto a las previsiones y la nueva senda, a la espera del plan presupuestario sobre el que se pronunciará en su momento la Comisión Europea. Tras sacar a España del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas reclamaba al país un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 8.000 millones de euros, para el año pasado y el actual. Las cuentas españolas están actualmente controladas en el llamado brazo 'preventivo', en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.
(Expansión, 09-02-2020)

Los empresarios piden a Sánchez menos impuestos y más infraestructuras
En concreto, se reclama la supresión del impuesto de patrimonio y una armonización de la fiscalidad de las autonomías para “evitar paraísos fiscales dentro del estado español”, en palabras de Sánchez Lllibre, presidente de Foment del Treball. Para Sánchez Llibre, la visita del presidente del Gobierno marca el inicio de una “hoja de ruta que puede ser positiva para los intereses económicos de Catalunya y del Estado, y supone el “primer paso hacia la estabilidad política y económica”.

“Ayer se dio un primer paso para que la estabilidad política y económica vaya por la senda de la recuperación y para poner fin al conflicto entre Catalunya y el resto del Estado”. A su juicio, el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat “abre el camino para alcanzar la calma, la tranquilidad y la estabilidad que quieren los empresarios”. Y, en esta línea de petición de estabilidad ha reclamado que se presenten cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado.

Foment ha trasladado a Sánchez una lista con siete grandes objetivos, entre los que destaca la petición de que los próximos presupuestos corrijan el déficit de infraestructuras que padece Catalunya, con especial atención al corredor mediterráneo. También la creación de consorcios Estado-Generalitat para gestionar las Cercanías, el puerto y el aeropuerto. Ante estas peticiones, Pedro Sánchez se ha mostrado receptivo, según el presidente de Foment.

Menos claro se ha mostrado con los planteamientos sobre fiscalidad y reforma laboral. “Hay que hablarlo”, ha dicho Sánchez Llibre. Respecto a la reforma laboral, los empresarios se han mostrado contrarios a una derogación total. “Si se aborda una modernización del texto debe hacerse a través de la mesa de diálogo con los agentes sociales y no por la vía del decreto ley”, ha advertido el líder de la patronal catalana.

Medidas para rebajar los costes de la energía -”no son competitivos”, según Sánchez Llibre-, reformas estructurales y más eficiencia en el gasto público son otras de las peticiones que se han trasladado al presidente del Ejecutivo.

Y también un llamamiento a “la colaboración ente el los gobiernos del estado, de Catalunya y de Aragón” para impulsar la candidatura de Barcelona- Pirineos para los Juegos Olímpicos de invierno del 2030. Otra de las propuestas bien acogidas por Pedro Sánchez.
(La Vanguardia, 08-02-2020)

Hacienda da mayor margen de déficit a las CCAA tras negar los fondos del IVA
El Ministerio de Hacienda ofreció ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne al Gobierno y a las quince comunidades de régimen común, relajar el objetivo del déficit de este año hasta el 0,2% del PIB, lo que supone cerca de 2.500 millones de euros. El Gobierno trataba así de sofocar la rebelión de las autonomías por la recaudación pendiente de IVA que reclaman, incluso, en sede judicial. Se trata precisamente de unos 2.500 millones que el Fisco les adeuda por la liquidación del IVA recaudado en diciembre de 2017 y que Hacienda no va a pagar.

Este portazo a una demanda generalizada en las comunidades autónomas se produce un día después de que el Ejecutivo se comprometiera a tener en cuenta las necesidades específicas de Cataluña en materia de financiación. De esta forma, las comunidades del PP, soliviantadas por la reunión bilateral que mantuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el inhabilitado presidente de la Generalitat Quim Torra, se niegan a aceptar esta fórmula y siguen reclamando el IVA de 2017.

Entre las del PSOE, destaca Castilla-La Mancha, que ha rechazado la propuesta y exige que se pague la partida, aunque sea a plazos. A la salida de la reunión, el consejero de Hacienda manchego, Juan Alfonso Ruiz-Molina, declaró estar "satisfecho" con la nueva senda, pero mostró "decepción" con una solución del IVA "un poco absurda". Preguntado por si acudirán a los tribunales, como había anunciado, dijo que deberá decidirlo el Consejo de Gobierno.

El resto de comunidades del PSOE también han reclamado el pago, el caso de Baleares y Aragón, aunque con un tono más bajo en el seno del CPFF, donde declararon que agradecen el "esfuerzo" de Hacienda. Asturias dijo estar "satisfecha".

Así las seis autonomías gobernadas por el PP votaron en contra de la senda que propone el Gobierno, y las 11 del PSOE, más Hacienda, a favor. Las autonomías populares también criticaron la nueva senda, ya que consideran que no es una buena solución arreglar el problema del IVA con más déficit. La representante de Cataluña, Natàlia Más, acusó al Gobierno de "centrifugar" la deuda hacia las comunidades y guardar más recursos para el Estado, en un "desequilibrio vertical" entre administraciones.

El argumentario de Hacienda, que sigue culpando al PP del problema, es que las comunidades no han realizado recortes del gasto en 2019 por el efecto de la falta de la liquidación del IVA, sino que han gastado ese dinero, lo que se ha traducido en un mayor déficit en 2019 y en un incremento del período medio de pago a proveedores.

Hacienda no tendrá en cuenta la parte de déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017. Es decir, se descontará ese importe a la hora de evaluar si una comunidad ha cumplido el déficit. Así, si tras restar el efecto del IVA, las comunidades registran un déficit del 0,1% o inferior, se entenderá que cumplieron. Esto significa que si una comunidad sin el efecto del IVA cumple con el déficit no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF).

Además, si se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera y no al FLA, y podrán compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados.
(El Mundo, 08-02-2020)

Laboral

Los jóvenes no quieren emprender
El perfil de los emprendedores españoles se aleja del tópico de un joven que se arriesga a montar un negocio, aunque fracase. La segunda parte puede ser más o menos ajustada, pero la primera no. Los emprendedores son cada vez mayores. De media, mayores de 45 años. Emprender es un verbo que cada vez utilizan menos los jóvenes. Entre 2009 y 2019 el número de trabajadores autónomos dados de alta en el Régimen especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con menos de 35 años ha caído en un 26,5%, al pasar de 625.594 en diciembre de 2009 a los 459.624 con los que concluyó en el mismo mes del año pasado.

El envejecimiento de la población de trabajadores autónomos se produce en un contexto en el que el conjunto de personas registradas en esta actividad como cotizantes ha crecido un 3,5% y ni la actividad económica ni las políticas de empleo consiguen rebajar el paro juvenil, donde España es junto a Grecia el mayor exponente en Europa, según un estudio de la Federación nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

De hecho, con 200.000 altas, los mayores de 55 años son el prototipo del nuevo autónomo, una persona que viene del mercado laboral por cuenta ajena y que, en lugar de quedarse en el paro, decide crear su actividad. La crisis desatada en 2009 ha sido un gran motor de generación de nuevos autónomos procedentes de sectores como la banca, que en la última década ha acometido una reestructuración radical por la que han salido de sus plantillas más de 100.000 personas. "El nuevo emprendedor no es una persona joven, sino que cuenta con más de 55 años", dice el presidente de ATA, Lorenzo Amor. "Son personas que están preparadas y ven el autoempleo como la fórmula más efectiva para reincorporarse al mercado laboral".

De hecho, el mayor crecimiento entre los emprendedores se produce entre las personas que ya están en edad de jubilación y que pasan a tener una jubilación activa. A día de hoy son 126.727, el doble del número que eran hace una década y el doble de los menores de 25 años que ejercen como autónomos. De hecho, hay una clara brecha generacional entre los autónomos: si por debajo de 45 años el número de personas que opta por el autoempleo es cada vez menor, por encima de esa franja crece hasta el punto de compensarlo y ser un motor de crecimiento del colectivo.

Junto a los profesionales de esta franja de edad, el protagonismo en el crecimiento del número de emprendedores ha llegado de la mano de las mujeres, que en esta década han aumentado en 116.447 frente a un retroceso de 6.065 personas en el número de autónomos hombres. Aunque la proporción de emprendedores frente al de emprendedoras es de dos a uno, el dinamismo femenino es más amplio por franjas de edad. En los últimos 10 años el número de mujeres registradas crece desde los 35 años en adelante, mientras que en el caso de los hombres esa tendencia no se refleja hasta pasados los 45 años.
(Cinco Días, 09-02-2020)

El Gobierno consultará a las empresas para la reforma laboral
La vicepresidenta y ministra de Economía tranquiliza a empresarios e inversores internacionales con que "cualquier reforma será equilibrada y no comprometerá la creación de empleo". El Gobierno ha vuelto a salir al paso para tranquilizar a empresarios e inversores internacionales ante las intenciones de la coalición PSOE-Unidas Podemos en una de las cuestiones que más preocupan: la legislación laboral.

La vicepresidenta y ministra de Asuntos económicos y Transformación digital, Nadia Calviño, aprovechó una entrevista publicada este fin de semana por Financial Times para prometer que negociará con empresarios y sindicatos los cambios más relevantes de la legislación laboral. También subrayó el compromiso del Ejecutivo para reducir el déficit, pese a que este mismo martes el Consejo de Ministros prevé aprobar una nueva senda con más margen, después de haber comprometido ya el objetivo de 2020.

Calviño se comprometió a un enfoque consensuado y gradual de la reforma laboral. Aunque subrayó que cuenta con un amplio apoyo para prohibir los despidos por bajas prolongadas por enfermedad, aclaró que "el resto de cambios estarán sujetos al diálogo social" para "asegurar que cualquier reforma es equilibrada y no compromete la creación de empleo". Una postura que, sin embargo, choca con la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que al poco de arrancar el gobierno anunció su voluntad de derogar completamente la reforma laboral de 2012.

"No veo ninguna razón por la cual los inversores debieran estar preocupados cuando saben lo que hemos estado haciendo durante los últimos 20 meses", explicó Calviño en la entrevista, al hacer referencia al periodo en funciones, durante el cual, sin embargo, la falta de apoyos en el Congreso le ha impedido la aprobación de reformas de calado. Ni siquiera pudo sacar adelante los presupuestos, que llevan prorrogados desde 2018. Al Ejecutivo ahora le urge aprobar las cuentas de 2020, para lo que ha empezado a negociar cesiones a partidos nacionalistas, como PNV, e independentistas, como ERC.

El presidente Pedro Sánchez, de hecho, planea aprobar mañana los pasos previos para sacar adelante los presupuestos. El Consejo de Ministros dará luz verde al techo de gasto y a la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, que recoge unos objetivos de déficit y deuda pública más flexibles, con una meta de déficit del 0,2% del PIB para las comunidades, dos décimas más que la anterior y que se traducen en 2.500 millones de euros más.

La relajación en la meta para las comunidades y la mayor flexibilidad que el gobierno intenta negociar con Bruselas también contrastan con la promesa de la ministra en la entrevista, de cumplir con las normas presupuestarias de la Unión Europea.
(El País, 09-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Agotamiento del ciclo alcista inmobiliario
En 2019, la inversión residencial prácticamente se estancó, mientras que la aportación al PIB del sector constructor se redujo a la mitad con respecto a 2018. Los proyectos de nueva edificación han caído con fuerza varios meses y, a falta de los datos de cierre de año, parece que apenas repuntarán un 5% respecto a 2018, frente a las alzas de más del 25% de los últimos tres años. Los empleos en el sector también se resintieron y cerraron el año con caídas.

Todo ello en un contexto de marcada ralentización, en el que la economía ha pasado de crecer al 2,6% en 2018 al 2% en 2019, y en el que las ventas de casas han caído un 3,6% en el acumulado hasta noviembre, tras cuatro años consecutivos de fuertes alzas de precios que han erosionado la capacidad de colocar producto y agotado muy rápido el ciclo.

Según los datos de Contabilidad Nacional publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inversión en vivienda en España se frenó en seco en 2019, ya que apenas subió un 0,8%, tras el fuerte incremento del 6,6% registrado en 2018. El último trimestre acabó en números rojos, con una caída de la inversión en el sector residencial del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior. La disminución de la inversión se profundizó conforme avanzaba 2019: dejó de crecer en el segundo trimestre respecto al anterior, se redujo en el tercero (-0,3%) y se contrajo aún más en el cuarto (-3,5%).

Ello también ha provocado que la aportación de la construcción al PIB se haya reducido prácticamente a la mitad, del 5,7% de 2018 al 2,9% registrado en 2019, según los datos de Contabilidad Nacional. Si bien en el primer trimestre de 2019 esta rama de actividad crecía al 6%, su vigor se redujo progresivamente a lo largo del año hasta contraerse en el último trimestre un 0,7%.

La moderación que atraviesa el sector también se evidencia en el número de nuevos proyectos de viviendas. Los datos recientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana muestran que los visados de obra nueva se desplomaron un 25,5% en noviembre respecto al mismo mes 2018, el mayor descenso en cinco años, y el quinto mes no consecutivos de caídas interanuales en 2019.

A falta de los datos de cierre de año, todo parece indicar que en 2019 se habrán iniciado de cerca de 105.000 casas, muy lejos de las 150.000 que los promotores estimaban como cifra de “velocidad de crucero” y a cierta distancia también de las previsiones hechas por Servihabitat a finales de año, que preveía alcanzar las 125.000. El número de proyectos se quedaría así muy cerca de los registrados en 2018 (100.733), lo que supondría un aumento anual inferior al 5%, frente a los fuertes repuntes cercanos al 25% entre 2016 y 2018, si bien es cierto que en esos casos se partía de cifras absolutas mucho más bajas.

La contradicción de la edificación también ha hecho mella en la mano de obra. Así lo muestran los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que revelan que en el último trimestre de 2019 la construcción –excluida la de ingeniería civil– dio empleo a 1,174 millones de ocupados, un 0,4% menos que el mismo periodo de 2018.
(Cinco Días, 10-02-2020)

La obra pública, en máximos
La obra pública licitada por las distintas administraciones sumó un monto inversor de 18.545,34 millones de euros durante el pasado año, un 11,8% más que en el ejercicio precedente, según datos de la patronal de constructoras y concesionarias Seopan. La promoción de proyectos públicos encadena así tres ejercicios consecutivos de crecimiento y alcanza su importe máximo de la última década, en concreto, desde 2010, cuando ya en plena crisis, pero aún en vísperas de los recortes de 2011, se lanzaron obras por 26.209 millones.

La licitación logra estas cotas a pesar de la situación de interinidad que tuvo durante gran parte del año el Gobierno central, que además tampoco contó con Presupuestos para 2019, y de los procesos electorales autonómicas y locales celebrados en mayo. Precisamente, las comunidades autónomas son las que más impulsaron la obra pública durante el pasado año, dado que pusieron en marcha proyectos por 6.158,7 millones de euros, un 47,7% más y la tercera parte (33,2%) del total estatal.

En el caso de las corporaciones locales, esto es, los ayuntamientos, los cabildos y las diputaciones provinciales, saldaron el año con un descenso del 13,8%, si bien lanzaron trabajos por 6.043,6 millones, el 32,6% del total estatal. Respecto al Ministerio de Fomento, principal órgano inversor de la Administración central, moderó hasta el 6,7% los crecimientos en la licitación de obra que fue registrando durante el pasado año.

En el conjunto del ejercicio sacó a concurso proyectos por un importe total de 5.121,83 millones de euros, gracias a que el impulso dado a los trabajos de carreteras amortiguó el descenso en promoción de obras ferroviarias. En concreto, Fomento promovió contratos de carreteras por 1.439 millones de euros, un 52% más que un año antes, mientras que la promoción de nuevos proyectos ferroviarios, en su mayor parte de Alta Velocidad, se contrajo un 32,7%, hasta suponer 1.924 millones de euros.

Por su parte, Aena disparó un 89,4% su licitación de obras, hasta los 898 millones, y Puertos del Estado las elevó un 9,7%, de forma que sumaron 497 millones, si bien en ambos casos se trata de órganos que financian sus proyectos, que no corren así a cargo del erario público.
(Expansión, 09-02-2020)

Madrid lucha por superar a Barcelona en las preferencias de los viajeros de negocios
Durante la celebración del 40º aniversario de Ifema, a mediados de enero pasado, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, animó al operador ferial a superar a sus competidores de París y Viena en número de eventos, un deseo que minutos antes había insinuado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. El reto es mayúsculo y conseguirlo no va a ser nada fácil.

Según el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), Madrid ya es el tercer destino mundial de congresos por número de encuentros, con 165 reuniones en 2018, por delante de Barcelona (163) y Berlín (162), y solo por detrás de París (212) y Viena (172). La capital española entró en ese top 5 por primera vez desde 2015.

La clasificación de ICCA recoge solo una parte muy concreta del sector del turismo de reuniones: los congresos internacionales de asociaciones sectoriales que se organizan de manera anual, rotan al menos entre tres países sedes y cuentan con más de 50 asistentes. Se trata, claramente, de un perfil de viajes de negocios.

El ranking coincide con otro estudio de American Express Meeting & Events, según el cual, España encabezará este año el crecimiento en gasto en reuniones y eventos, con Madrid y Barcelona en la lista de las 10 ciudades más solicitadas por los organizadores de estos encuentros.

“España tiene una ventaja competitiva respecto a otros países: clima, infraestructuras y empresas especializadas solventes”, comentan desde Deusto Formación, centro de formación continua del grupo Planeta que imparte un curso superior en Gestión y Organización de Eventos. Sobre la capital, sostienen que Madrid cuenta con unas "condiciones inmejorables" para atraer eventos y reuniones de todo tipo, tanto a nivel nacional como internacional.

"La capital española cuenta con buenas infraestructuras y recursos que hacen posible la llegada de visitantes desde cualquier punto. Además, el clima favorece a que se puedan llevar a cabo eventos al aire libre sin que las inclemencias meteorológicas impidan su desarrollo, hecho que en París y Viena resulta más complicado. Cuenta con un atractivo turístico y cultural relevante para los visitantes de la ciudad y su entorno", argumentan.

La capacidad de respuesta que demostró Ifema al organizar en menos de un mes la última cumbre del clima de la ONU parece haber envalentonado a las autoridades madrileñas (la institución pertenece a un consorcio integrado por el ayuntamiento, la comunidad, la Cámara de Comercio y la Fundación Montemadrid). Recientemente, Díaz Ayuso causó revuelo al hacer público el interés de su Administración por arrebatar a Barcelona el Mobile World Congress.

Pero los estudios más recientes todavía no recogen el impacto de la COP25 en los viajeros de negocios, que a la larga son los que pueden influir sobre la elección de los organizadores de congresos. De acuerdo con un informe de Carlson Wagonlit Travel (CWT) publicado en septiembre, Barcelona es la única ciudad española en el ranking 2020 de los 10 destinos más populares de Europa para celebrar reuniones y eventos.
(El País, 09-02-2020)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).