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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 14 DE FEBRER DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears
Real Decreto 232/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears.
(BOE, 14-02-2020)

Euro
Resolución de 13 de febrero de 2020, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de febrero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 14-02-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/14/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/14/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 14 DE FEBRER DE 2020

Fiscal

La OCDE quiere gravar a las empresas donde operan y evitar que trasladen sus beneficios
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que la puesta en marcha de un acuerdo fiscal global para gravar los negocios digitales arrojaría una recaudación anual de 100.000 millones de dólares anuales (unos 921.130 millones de euros). Así lo manifestó este jueves el organismo que dirige Ángel Gurría en un análisis que estima que los ingresos obtenidos con el acuerdo permitirían obtener el equivalente al 4% de toda la recaudación mundial de los impuestos sobre sociedades.

El análisis de la OCDE llega semanas después de que la comunidad internacional reafirmara su compromiso por lograr una solución de consenso a largo plazo para afrontar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía mundial, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a finales de 2020. La negociación impulsada desde la OCDE y el G20 incluye a 137 países y jurisdicciones internacionales comprometidos con la lucha contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (Beps) que durante una cita celebrada el 29 y 30 de enero de este año pactaron trabajar en el diseño de dos pilares de actuación tributaria en este sentido.

El primer pilar se centra en garantizar que las empresas multinacionales que realizan actividades comerciales significativas en países donde no tienen una presencia física puedan ser gravadas en estos territorios por el beneficio que logran en ellos. El segundo pilar de actuación se centra en endurecer la normativa fiscal para evitar que dichas firmas desplacen beneficios de unos estados a otros sin rendir cuentas al fisco local, asegurando que las compañías internacionales pagan un nivel mínimo de impuestos.

El análisis publicado este jueves por la OCDE ha tenido en consideración a 27.000 grupos multinacionales que operan en más de 200 jurisdicciones de todo el planeta y su resultado indica que la recaudación que aportaría este acuerdo fiscal global beneficie al conjunto de economías, si bien aportaría relativamente más ingresos a los países con ingresos medios y bajos que a los estados más desarrollados. Más allá, la organización estima que más de la mitad de los beneficios gravados corresponderían a solo un centenar de grandes grupos multinacionales.

La OCDE defiende que un pacto fiscal global sobre el gravamen de los negocios digitales sería positivo y asume que, de no alcanzarse, “es probable” que se acaben implantando medidas unilaterales en cada país, aumentando la incertidumbre. Así, si bien Francia acaba de congelar su tasa Google ante las amenazas arancelarias de EE UU, el Gobierno español ha anunciado que acelerará la aprobación de la suya.
(Cinco Días, 14-02-2020)

España liderará el crecimiento en la zona euro
Bruselas ha justificado esta revisión al alza explicando que "la desaceleración esperada de la economía española en la segunda mitad de 2019 fue más leve de lo previsto, debido a una pequeña recuperación del consumo privado". Así, el crecimiento trimestral del PIB de España fue del 0,4% en el tercer trimestre y del 0,5% en el último, una y dos décimas más sobre lo proyectado en las previsiones de otoño, respectivamente.

Además, tras la mejora en la recta final de 2019, el organismo espera que el crecimiento se estabilice en una tasa trimestral de aproximadamente el 0,4%. Como consecuencia, ha revisado al alza una décima sus pronósticos respecto a octubre también para 2020 y 2021. Concretamente, la Comisión ha elevado sus proyecciones hasta el 1,6% y el 1,5%, respectivamente.

Bruselas ha explicado que el consumo privado debería ser sostenido por aumentos en la renta real disponible y una subida más moderada en la tasa de ahorro de los hogares. La Comisión espera "que la inversión recupere el horizonte de pronóstico después de un final débil de 2019, en línea con la demanda final". Al mismo tiempo, prevé que la contribución de las exportaciones netas al crecimiento disminuya en 2020 y sea neutral en 2021, debido a que el crecimiento de las exportaciones sigue siendo moderado y las importaciones se aceleran.

Estas previsiones van en línea con las cifras presentadas esta misma semana por el Gobierno de Pedro Sánchez, que apuntaban igualmente un crecimiento del 1,6% para este año y un 1,5% para el siguiente. Por su parte, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntaban un alza del 1,6% para ambos ejercicios.

Además, hay que destacar que entre las principales economías de la eurozona, España liderará el crecimiento los dos próximos años (1,6% en 2020 y 1,5% en 2021), seguida de Holanda (1,3% en ambos ejercicios), Francia (1,1% en 2020 y 1,2% en 2021), Alemania (1,1% y 1,1%) e Italia (0,3% y 0,6%).

Eso sí, en la zona euro hay otros países con menos peso que crecerán con fuerza. Concretamente, Malta será el país de la moneda única que más crezca en 2020, con una tasa del 4%, seguido de Irlanda (3,6%), Chipre (2,8%), Eslovenia y Luxemburgo (2,7%), Lituania (2,6%), Grecia (2,4%), Letonia (2,3%) y Estonia y Eslovaquia (2,2%). Ya con previsiones por debajo del 2% se encuentran Eslovenia (1,7%), Finlandia (1,5%), Austria (1,4%) y Bélgica (1,2%).

Entre el resto de países de la UE, que no tienen el euro como moneda, Rumanía registrará un crecimiento del 3,8%, por delante de Polonia (3,3%), Bulgaria (3,2%), Hungría (2,8%), Croacia (2,6%), República Checa (2,1%), Dinamarca (1,5%) y Suecia (1,2%).

Por otra parte, Bruselas ha explicado que la inflación alcanzó el 0,8% en 2019, una décima menos de lo proyectado en otoño y ha pronosticado que aumentará al 1,2% en 2020 y al 1,3% en 2021, "ya que el impacto de la evolución del precio del petróleo se compensa con un aumento gradual de la inflación subyacente", ha apuntado.
(El País, 14-02-2020)

Laboral

'Jornada a la carta' a una mujer con un hijo de 12 años
Un juzgado de Valladolid ha concedido la adaptación horaria (la mal llamada jornada a la carta) a una trabajadora con un hijo a cargo, después de que la empresa rechazara su solicitud por tener el menor más de 12 años. La sentencia establece que, a pesar de que la normativa hace referencia a esa edad, no puede ser aplicada como un límite al derecho de conciliar la vida laboral y familiar, que debe ser interpretado, afirma el texto, en “un sentido amplio”.

El juez conjuga la reforma del Estatuto de los Trabajadores (ET) de 2019, para favorecer la conciliación, con el derecho constitucional a la igualdad y la protección de la infancia. Asimismo, hace referencia a la doctrina del Tribunal Supremo que aboga por compensar las desventajas laborales que suelen soportar las mujeres frente a los hombres.

En este sentido, el fallo explica que dar la razón a la empresa resultaría contrario a la interpretación literal de la reforma, sus antecedentes legislativos y jurisprudenciales. Argumenta además que sería ilógico “restringir el derecho solo a las personas trabajadoras que tengan hijos menores de 12 años” y concederlo en los demás casos.

En el caso enjuiciado, la trabajadora venía disfrutando, desde 2016, de una reducción de jornada de cinco horas semanales por la guarda legal de uno de sus dos hijos, menor de 12 años. Cuando el niño alcanzó esa edad, la mujer solicitó modificar su jornada debido a que su marido trabajaba como representante y tenía que pernoctar casi todas las noches fuera de casa. Una “circunstancia familiar sobrevenida” que le dificultaba cumplir el horario laboral previo a la reducción. La empresa, sin embargo, rechazó la solicitud de la empleada alegando que la ley no contempla tal opción con hijos mayores de 12 años.

El juez, finalmente, ha estimado la demanda al entender que el derecho a la reducción de jornada (artículo 37.6 del ET) y a la adaptación de la misma (artículo 34.8) “son complementarios”, y en todo caso “su dimensión constitucional ha de prevalecer y servir de orientación para la resolución de cualquier duda interpretativa”.

Por último, señala que la compañía demandada no inició ningún proceso de negociación, a pesar de que la empleada lo pidió por escrito, y tampoco dio ninguna razón objetiva para denegar la solicitud. La resolución, en todo caso, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.
(Cinco Días, 14-02-2020)

La reforma laboral creó empleo, pero eleva la precariedad
La reforma laboral que hizo el Gobierno del PP en 2012 y que ahora el actual Gobierno quiere desmontar sirvió para crear empleo y, con el tiempo, para mejorar algo el índice de desigualdad. Pero hasta aquí las buenas noticias, porque esta reforma empeoró el mercado laboral, con un empleo de peor calidad, con menos horas, menos productivo y más trabajadores pobres.

Este es, en resumen, el análisis elaborado en uno de los informes que hacen expertos economistas para el Fondo Monetario Internacional (FMI) titulado Implicaciones distributivas de las reformas del mercado laboral: Aprendiendo de la experiencia de España y que se ha hecho hoy público.

Este trabajo afirma que "las reformas de 2012 mejoraron los resultados en materia de empleo, incluso para los jóvenes". Asimismo, el documento elaborado por Ara Stepanyan y Jorge Salas, asegura en sus conclusiones que "la fuerte creación de empleo, ayudada por las reformas, ha mejorado la distribución de los ingresos después de 2012". Es más, añaden que, "cinco años después de esta reforma, hay evidencias de que la reforma laboral contribuyó a una reducción significativa del coeficiente de Gini", que es uno de los principales indicadores que miden la desigualdad en una sociedad.

En concreto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que es el encargado de elaborar el índice Gini para España, este ha caído de 34 puntos en 2011, antes de la reforma, a 33,2 puntos en 2018, último año con datos disponibles.

Sin embargo, sus investigaciones no arrojan resultados concluyentes sobre el impacto de esta reforma del 20% de la población que más gana y del 20% que menos gana. Tampoco encuentran ningún impacto sistemático de la reforma laboral en la tasa general de la población en riesgo de pobreza. Pero, por el contrario, sí han encontrado evidencias de un aumento de la tasa de trabajadores pobres, tras los cambios en la normativa laboral operados en 2012.

Este aumento de la pobreza entre las personas que tienen un empleo está podría ser consecuencia, según este estudio, de otros dos efectos de la reforma que han contribuido a empeorar el mercado de trabajo español. Concretamente, hallan un impacto negativo en la productividad del empleo en general. Concretamente, las conclusiones de estos expertos apuntan a que las modificaciones legales "contribuyeron a una reducción del promedio de horas trabajadas y a un aumento del tiempo parcial involuntario". Aunque en este último punto admiten "conclusiones estadísticas insignificantes" y creen que la mayor flexibilidad en la contratación a tiempo parcial es la causante de este deterioro.

Pero este informe no culpa solo a la reforma laboral del empeoramiento de la calidad del mercado de trabajo desde el punto de vista de menos horas trabajadas. También apuntan a un "cambio estructural de la economía, que pasa de la construcción, que emplea en mayor medida a trabajadores a tiempo completo, a los servicios, en los que alrededor del 18% de los empleados tienen contratos a tiempo parcial". Este porcentaje es casi cuatro puntos superiores a la media de parcialidad entre los asalariados en general.

Dicho todo esto, los autores del estudio hacen otras dos salvedades. Por un lado, advierten que sus conclusiones no arrojan luz sobre el papel de las reformas específicas de todos estos cambios, sobre cuestiones como, por ejemplo, los salarios, "sin embargo los resultados de otros estudios sobre el impacto de la reforma laboral de 2012 sí sugieren que probablemente las medidas destinadas a mejorar la flexibilidad salarial hayan tenido efectos".

Y, en segundo lugar, recomiendan "ser cauteloso" al interpretar todo este análisis, porque los impactos detectados en este estudio "podrían estar también influenciados por otras cuestiones que se produjeron al tiempo de estas reformas, incluyendo otros cambios estructurales en las políticas económicas.
(Expansión, 14-02-2020)

Iglesias promete un ingreso vital mínimo para todas las familias
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha avanzado este jueves la voluntad del Ejecutivo de convertir en realidad "lo antes posible" un ingreso mínimo estatal para todos los hogares, para lo que ha reclamado el apoyo de todos los grupos a los presupuestos.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, a petición propia y también de los partidos PP, Cs, ERC y Vox, Iglesias ha establecido las prioridades de su departamento, entre las que ha citado también un plan de choque para impulsar la dependencia y una ley de los Servicios Sociales.

"Será una prioridad absoluta del Gobierno implementar la prestación pública estatal que garantice un ingreso mínimo vital para todos los hogares", ha dicho Iglesias, ya que el sistema actual, gestionado por las comunidades autónomas, cuenta con bajos niveles de cobertura y funciona de manera "descoordinada y generando desequilibrios".

En este sentido, el vicepresidente ha abogado por "la puesta en marcha de una prestación estatal de la Seguridad Social que mejore sustancialmente la implantación de una garantía de ingresos, como un derecho ciudadano para toda la población", en coordinación con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Iglesias ha asumido el compromiso de hacerse "cargo de la grave situación social" que atraviesa España, tal y como visibilizó el relator del ONU, para que en el futuro no volvamos a "sentir vergüenza" siendo la cuarta economía de la UE. Para ello, ha pedido la colaboración y el respeto de todos los grupos para "lograr que haya un poco de menos injusticia". "Tienen el deber de presionar a sus formaciones políticas" para que los asuntos sociales sean centrales en la negociación de las cuentas, ha resaltado.

Unas de las primeras medidas será la ley de protección de los menores frente a la violencia, "análoga a la Ley de Violencia de Género", junto a un plan de choque para "reimpulsar" el sistema público de atención a la dependencia, "que no ha sido capaz de atender a la población por la falta de financiación" tras los recortes de 2012, con la intención de reducir la lista espera de los dependientes un 75 por ciento.

Iglesias ha anunciado el impulso de los servicios sociales a través de una ley marco y otra ley de diversidad familiar "para reconocer las diferentes estructuras familiares", con medidas para familias acogedoras, monoparentales o de apoyo a la adopción de personas LGTBI, entre otras. Ha apostado por consolidar y reforzar el cuarto pilar del Estado de bienestar y ha destacado que "la educación pública -desde etapa infantil- es imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades".
(El País, 14-02-2020)

El Gobierno espera que se creen más de 1,2 millones de empleos entre 2019 y 2023
La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este jueves que el Gobierno prevé la creación de más de 1,2 millones de puestos de trabajo entre el año pasado y el ejercicio 2023, hasta situar la tasa de paro en el 12,3% al final de la legislatura.

Así lo ha señalado Calviño durante su primera intervención en la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento, en la que ha destacado que se mantendrá una senda de crecimiento del PIB este año y ha defendido que las nuevas previsiones son "prudentes, realistas, responsables y coherentes" con el contexto global, además de estar "totalmente alineadas" con el consenso nacional e internacional.

Calviño ha destacado que la previsión de un avance del PIB del 1,6% publicada por la Comisión Europea, una décima más que en otoño, es la misma que la del FMI, una décima menos que lo estimado por el Banco de España y está alineada con la previsión del Ejecutivo.

Asimismo, ha asegurado que los efectos positivos de las reformas y medidas implementadas por el Gobierno de coalición se percibirán al final del periodo de previsión mediante el impulso de la inversión especialmente en 2022 y 2023.

Además, ha desvelado que el pronóstico de crecimiento irá acompañado de la creación de más de 1,2 millones de puestos de trabajo entre 2019 y 2023, de forma que la tasa de paro pasará del 13,6% este año al 13% en 2021 y acabará en el 12,3% en 2023, la tasa que el Ejecutivo esperaba lograr ya este mismo año.

El nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno rebaja en dos décimas la previsión de crecimiento para este año, hasta el 1,8% y prevé un avance del 1,5% en 2021, que se elevará al 1,6% en 2022 y al 1,7% en 2023, al tiempo que la nueva senda de estabilidad recoge unos objetivos más flexibles, al elevar la previsión de déficit público al 1,8% del PIB este año y estimar un 1,5% en 2021, un 1,2% en 2020 y un 0,9% en 2023.

La vicepresidenta ha explicado que el Ministerio trabajará en cinco ámbitos: impulso del capital humano mediante educación y formación a lo largo de la vida laboral; protección del capital natural con políticas de transición ecológica; aumento de la productividad; refuerzo de la eficiencia del mercado laboral y refuerzo de la calidad institucional.

También ha indicado que se trabajará para eliminar obstáculos al crecimiento empresarial y fomentar el buen clima de los negocios, así como luchar contra la morosidad, sobre todo en el pago de facturas a pymes. Respecto a las cuentas públicas, Calviño ha avanzado que la deuda cerró 2019 en el 96% del PIB y ha dicho que uno de sus grandes retos será reducirla por debajo del 90% en 2023, ya que está en niveles "muy elevados".
(El Mundo, 14-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Calviño anuncia para mayo la subasta de la banda para el 5G
La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado para mayo la licitación de la banda de los 700 megahercios (MHz), con el fin de redistribuir estas frecuencias entre los operadores que las usarán para el despliegue del 5G.

En la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido este jueves a petición propia, Calviño ha asegurado que el objetivo es que "el proceso esté completado a finales de junio", tal como establece la UE.

Para subastar esta banda, que está siendo utilizada por los canales de Televisión Digital Terrestre (TDT), primero ha de quedar libre, en virtud de un proceso que comenzó el pasado verano y cuyo objetivo es trasladar la emisión de estos canales a otras frecuencias.

La liberación de la banda de 700 Mhz, que, por ejemplo, ofrece una mejor cobertura 5G en interiores de edificios, procede de una decisión de la UE que quiere que se usen las frecuencias de una forma armonizada. No es la única banda que se utilizará para el 5G. De hecho, Vodafone está usando la de 3,5 Ghz para comercializar su 5G en España.
(Expansión, 14-02-2020)

La UE no prohibirá el reconocimiento facial en espacios públicos
Bruselas ha dado marcha atrás a sus planes de pedir una moratoria de cinco años sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial en los espacios públicos y ha dejado la decisión de imponer o no la prohibición de su empleo en manos de los estados miembros, a pesar de las preocupaciones de los grupos que defienden la privacidad que aseguran que dicha tecnología puede infringir las libertades civiles.

En un documento sobre inteligencia artificial que se publicará la próxima semana, la Comisión Europea considera que el reconocimiento facial es bastante posible que sea inexacto, puede utilizarse para infringir las leyes de privacidad y puede facilitar el fraude de identidad.

Sin embargo, a diferencia del documento anterior sobre el tema publicado en diciembre, el actual ya no incluye la sugerencia de aplicar una moratoria general de cinco años (período durante el cual los estados miembros podrían estudiar los posibles efectos de la tecnología antes de usarla en los espacios públicos), sino que hace recaer en cada estado miembro la responsabilidad de evaluar cómo y cuándo desea permitir el uso del reconocimiento facial en su territorio. El cambio de opinión se ha producido en un momento en que autoridades reguladoras y empresas de todo el mundo están pidiendo que se aclare el uso del reconocimiento facial.

San Francisco ha impuesto prohibiciones por tiempo limitado al uso de esta herramienta por parte de la policía. Tribunales británicos han dictado en contra de su empleo, aunque la Policía Metropolitana de Londres la aprobó para su uso en eventos públicos el mes pasado. Y la autoridad de protección de datos de Suecia impuso en agosto su primera multa en virtud de la nueva Ley General de Protección de Datos a un instituto que utilizaba el reconocimiento facial para controlar la asistencia de los estudiantes a las clases.

Margrethe Vestager, comisaria de política digital de la UE, declaró en enero que era necesario destinar más dinero para ejecutar adecuadamente el ambicioso plan de la UE en materia de inteligencia artificial: "Es necesaria más financiación porque los estados miembros no están invirtiendo mucho en inteligencia artificial", señaló. Según el nuevo documento, la UE quiere destinar más de 20.000 millones de euros al año para desarrollar la inteligencia artificial durante la próxima década.

En el documento publicado en diciembre, la UE advirtió que la prohibición del uso del reconocimiento facial podría socavar la innovación en el sector y el desarrollo y el uso de esta tecnología. Personas conocedoras del tema en Bruselas han advertido que la regulación sobre el reconocimiento facial se ha convertido en un "debate divisorio". Una de ellas ha declarado que los diferentes departamentos de la Comisión nunca han discutido seriamente el asunto. Y otra ha señalado que los defensores de los derechos civiles están a favor de la prohibición total, pero los responsables de los servicios de seguridad están en contra de prohibir el uso del reconocimiento facial porque piensan que es una herramienta útil para su trabajo.

Por otra parte, personas que han seguido las deliberaciones opinan que lo más probable es que la Comisión se decante por una prohibición caso por caso y evalúe en más profundidad las tecnologías de reconocimiento facial, pero advierten que el debate sigue en curso y que pueden producirse cambios.

A pesar del cambio de opinión de Bruselas, se espera que cada estado miembro continúe aplicando sus propias leyes sobre el tema a nivel nacional. Por ejemplo, la autoridad francesa de protección de datos declaró en octubre que el uso de la tecnología en las escuelas infringe la ley de privacidad, mientras que las autoridades alemanas también se han opuesto recientemente a que la policía la utilice.
(Expansión, 14-02-2020)

Sector

Los abogados de familia critican retrasos de “hasta un año” en los informes para casos de custodia
Los equipos psicosociales de los juzgados funcionan de forma "deficiente o muy deficiente" y sus informes pueden demorarse incluso "más de un año". Este es uno de los resultados de la encuesta que ha publicado este jueves la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), que han contestado unos 350 letrados. María Dolores Lozano, presidenta de esta organización que aglutina a 2.200 abogados especializados en estos casos, ha criticado la falta de recursos y la saturación de estos equipos, integrados por psicólogos y trabajadores sociales, y ha tildado de "demoledores" los resultados del sondeo.

Los equipos psicosociales brindan un apoyo técnico a la labor de los jueces, al evaluar las capacidades parentales de los padres que recurren a los tribunales para determinar el modelo de guarda sobre los hijos, el régimen de visitas o la comunicación de los progenitores con los menores. El 60% de los encuestados considera que la demora para expedir un informe supera los seis meses. En tres de cada 10 peritajes se supera el año.

"Esta demora es insoportable y provoca extraordinarias y gravísimas consecuencias prácticas", sostiene la Aeafa en un comunicado. Los procedimientos se ralentizan, "mientras se mantiene en la indeterminación" a las familias durante ese tiempo. La única que opción que tienen durante ese periodo, mientras se dirime, por ejemplo, qué tipo de custodia se otorga, es llegar a un acuerdo temporal, hasta que el juzgado decida. "Los retrasos ahondan en el sufrimiento de las familias", recalca Lozano.

Tanto el Defensor del Pueblo como el Defensor del Pueblo andaluz han criticado los retrasos de los procesos judiciales y en la emisión de los informes psicosociales. Los abogados encuestados realizan una valoración muy negativa del funcionamiento de estos equipos. Casi la mitad califica su actividad de "deficiente o muy deficiente" y el 40%, de regular. Solo un 15% dice estar satisfecho con su labor.

Lozano reclama una regulación del sector. Más de la mitad de los encuestados coincide en señalar que estos equipos actúan "sin protocolos específicos e instrumentos de evaluación apropiados para examinar a los integrantes de una familia". Estos equipos "dependen de las comunidades autónomas, en aquellas en las que las transferencias en justicia están transferidas, y del Ministerio de Justicia, en los casos en los que no lo están", apunta Lozano. Entre las recomendaciones del Defensor se especifica que los protocolos incluyan el número mínimo de personas que deben integrar cada equipo, su formación y la metodología que deben seguir durante la evaluación, según destaca la Aeafa. "Cada equipo usa su metodología, pero no se especifica qué cuestionarios deben usarse o cuánto tiempo debe dedicarse a cada familia", prosigue Lozano.
(El País, 14-02-2020)

 
 
 
 
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