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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 15 AL 17 DE FEBRER DE 2020

Laboral

Tablas salariales de 2019 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta en la que se aprueban las tablas salariales de 2019 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
(BOE, 15-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 14 de febrero de 2020, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de febrero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 15-02-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/15/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/15/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 15 AL 17 DE FEBRER DE 2020

Fiscal

La nueva ley contra el fraude se fija en pagos en metálico, morosos y criptomonedas
Como explicó el martes pasado la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, el paquete de medidas y la transposición de directivas sobre tributación –que prepararon para las cuentas fallidas del 2019– ha pasado los trámites preceptivos y ya están listos para entrar en el Congreso de los Diputados. Montero ha reiterado que, en los próximos consejos de ministros, darán el pistoletazo de salida, sin esperar al anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. La ley de lucha contra el fraude fiscal comporta novedades relacionadas con las criptomonedas, la doble contabilidad en los negocios, la lista de morosos con el fisco, el pago en efectivo...

En su momento, Hacienda estimó que estos cambios normativos iban a suponer ingresos adicionales para las arcas públicas de unos 828 millones de euros. Una cifra que la Autoridad Fiscal rebajó a menos de 350 millones. A continuación, se recogen los principales cambios que plantea la nueva ley que, tal y como confirman fuentes del Ministerio de Hacienda, reproduce los ejes básicos del texto presentado a finales del 2018. La mayoría también figuran en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Con la vista puesta en el refuerzo del control tributario, personas y entidades tendrán la obligación de informar a Hacienda de la posesión y uso de criptomonedas. Se deben comunicar todas las operaciones –adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos–, así como los saldos de monedas virtuales. También especifica que las declaraciones informativas de bienes en el extranjero, a través del modelo 720 implantado en el 2012, se extiende también a este nuevo tipo de divisa.

Como resalta Hacienda, ya que “la utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios”, la nueva normativa rebaja de 2.500 a 1.000 euros el límite general de los pagos en efectivo. Sin embargo, se mantiene en 2.500 euros para los pagos realizados por personas que no actúan como empresarios y profesionales.

Quedarán prohibidas la producción y tenencia de software que permita manipular datos contables y gestión empresarial. Las empresas se arriesgan a multas de 150.000 euros. También obligan a que este tipo de programas cumpla con unos estándares de trazabilidad e inviolabilidad. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha realizado importantes actuaciones contra la ocultación de ingresos en actividades comerciales como los mercados de abastos, restaurantes, zapaterías, discotecas...

Modifican la regulación de la lista de deudores a Hacienda ampliando el número de señalados. Así se harán públicos los nombres de las personas o sociedades, además de las cantidades por abonar de aquellos, que deban a partir de 600.000 euros. Hasta el momento, el listón de deudas está situado en el millón de euros. También aclaran que tendrán en cuenta los incumplimientos de ingreso fuera del plazo voluntario, incluida los aplazamientos.

El listado, creado por Cristóbal Montoro, también señalará a los administradores de las empresas que no cumplen con el fisco, retomando la idea del citado ministro del PP. Para fomentar el cobro, el nuevo texto permitirá salir de la lista en cuanto se abone íntegramente las deudas y sanciones contraídas con Hacienda. Hasta ahora, aunque los nombres se publican anualmente en junio, el listado se cierra seis meses antes, cada 31 de diciembre.

El texto veta expresamente “cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique una disminución de la cuantía tributaria”. Además, recuerdan que el Tribunal Constitucional declaró nulo el decreto ley por el que Montoro facilitó un indulto fiscal en el 2012, “alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”.

La ley limita el abuso en la presentación reiterada de solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie. Así mismo, aplica reducciones de las sanciones para favorecer el pago voluntario y reducir la litigiosidad.
(La Vanguardia, 17-02-2020)

La fiscalidad del tabaco en España prácticamente duplica la de las bebidas alcohólicas
La carga fiscal del tabaco (los impuestos especiales más el IVA) supone en España el 80% del precio final del tabaco, frente al 42% de las bebidas alcohólicas o el 51% de los gravámenes que de media se aplican a los carburantes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha adelantado que el Ejecutivo está ya trabajando en una revisión de esa fiscalidad y en una revisión de la ley para que ésta sea más restrictiva.

El tabaco es ya el producto con más impuestos en España, según datos de la principal empresa del sector en el país, Altadis (antigua Tabacalera, privatizada en 1998), y los impuestos especiales que recaen sobre él están regulados por un sofisticado sistema basado en tres componentes: uno "ad valorem"; uno "específico" y otro "mínimo".

El primero es un porcentaje fijo que se aplica en el precio final del producto; el segundo y el tercero son cantidades fijas que se aplican por cada unidad de producto (por cada cigarro o por cada gramo en el caso de la picadura), según los datos recabados en la principal empresa tabacalera.

La carga fiscal sobre el tabaco se sitúa en el 78,8% en España, similar a la de países como Portugal (78,1 del precio final del producto), Francia (80,8%) o Italia (76,7%), pero está muy alejada de la más baja (Luxemburgo, con un 62,3%) y la más alta (Grecia, con el 87,5%) entre los países europeos.

La recaudación fiscal derivada del tabaco se ha mantenido estable durante los últimos años y ronda los 9.000 millones de euros anuales, según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente del Ministerio de Hacienda.

En el año 2018 la facturación total del tabaco en España alcanzó los 11.753 millones de euros, de los que casi el 80 por ciento correspondieron a los impuestos que gravaron las casi 54.000 toneladas de este producto que se vendieron en España en todas sus variantes (cigarros o puros, cigarrillos y tabaco de liar).

Los datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos que se han publicado recientemente han revelado que el pasado año se registró, por vez primera tras las sucesivas caídas de la última década, un aumento (del 0,5 por ciento) de las ventas de cajetillas de tabaco en España.

La revisión de la fiscalidad anunciada por el ministro de Sanidad está en línea con las demandas que ha realizado en ese sentido la Organización Mundial de la Salud, que ha incidido en la importancia de subir los impuestos incrementar las ayudas para los que quieren dejar este hábito.

La OMS ha recordado en varias ocasiones a España que tiene una proporción elevada de impuestos, pero que, al ser esos impuestos proporcionales al precio final del producto, éste es bajo en comparación con otros países con similar carga fiscal, como Alemania o Dinamarca, y el precio final no resulta disuasorio.
(El Mundo, 15-02-2020)

Laboral

El Gobierno valora la rebaja de cotizaciones agrarias por el SMI
La intensificación de las protestas agrarias y los efectos en el empleo agrario han forzado al Gobierno a tener en la recámara la posibilidad de rebajar las cotizaciones sociales a los agricultores, para amortiguar los efectos del Salario Mínimo Interprofesional. El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, fue el primero en hablar en una entrevista en Canal Sur Radio de la posibilidad de bonificar las cotizaciones, tras conocer el fuerte malestar que había generado en el campo el incremento del salario mínimo, el tercero consecutivo, y su impacto en un sector agrario que sufría una grave crisis de precios.
Planas fue desautorizado por el resto del Gobierno, y matizó posteriormente sus declaraciones, rechazando tal posibilidad. Aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negó cualquier repercusión en el empleo de la Subida del Salario Mínimo a 950 euros, los datos del INEM de enero fueron demoledores: el desempleo se elevó a 150.045 personas, con un incremento de 9.085 -un aumento del 6,45%- con respecto a diciembre de 2019, el más alto de los registrados desde 2013.

El departamento de Yolanda Díaz no parece confiar mucho en una mejora en los próximos meses, a tenor de la decisión anunciada el pasado viernes de reducir de 35 a 20 las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario (antiguo PER), cuyos principales beneficiarios son los votantes de partidos de la izquierda. En el Ministerio de Agricultura, sin embargo, conocen la fortaleza y unidad de las organizaciones agrarias en este pulso al Gobierno y ya han advertido que van a continuar e intensificar las movilizaciones en caso necesario.

Una vez descartado, tal y como pidió el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Varas, la territorialización del SMI, las posibilidades de hacer algún gesto que apague un campo "en llamas", son muy limitadas. Una de las medidas es la bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social, que con el aumento del SMI han disparado los costes laborales en el campo. En las dos últimas subidas, el Salario Mínimo se ha incrementado un 34,24%, al pasar de los 825 euros de 2018 (dividiendo las 14 pagas por 12 meses) a los 1.108 euros de 2020. A esto hay que añadir las cotizaciones sociales.

La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, volvió el pasado miércoles a abrir la puerta a lo que parecía una postura inamovible del Gobierno. "Un Salario Mínimo Interprofesional común a todas las Comunidades Autónomas es lo adecuado, sin perjuicio de que haya un tratamiento específico a algunos sectores", matizó. Fuentes de este Ministerio matizaron que se trataba de "un análisis del impacto de la subida en los distintos sectores, sin que necesariamente se tengan que tomar medidas ya que probablemente no hagan falta, porque no será negativa".

Además del incremento del desempleo, la subida del Salario Mínimo amenaza con provocar un segundo efecto: la descapitalización laboral del campo. Muchos agricultores están huyendo de cultivos que precisan mano de obra a otros más mecanizados, lo que forzará el éxodo de jornaleros a otros sectores o territorios, informa Rafael Daniel. A corto plazo, el foco de atención está en los tribunales. La organización agraria Asaja Andalucía está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que presentaron contra la subida del SMI de 2019.
(El País, 17-02-2020)

El permiso por nacimiento del convenio debe sumarse al de paternidad general
La sala de lo Social de la Audiencia Nacional acaba de despejar una de las dudas que surgen en numerosas empresas a la hora de aplicar el permiso de paternidad ampliado. Concretamente, ha determinado que los permisos por nacimiento que recogen los convenios colectivos de las empresas, deben sumarse al permiso legal por paternidad vigente en cada momento.

En una sentencia del pasado 29 de noviembre, que ha difundido ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Audiencia Nacional da la razón en su totalidad a una demanda del sindicato de Cuadros y Profesionales y, en parte, a otras tres de CC OO; UGT y CGT contra la empresa Renault España SA, que pretendía eliminar los cuatro días de permiso por nacimiento de hijo o seis en caso de desplazamiento, que incluye el convenio colectivo interprovincial de esta compañía.

La dirección de Renault entendió que podría eliminar este permiso de hasta seis días debido a que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, que entró en vigor el 1 de abril de 2019, ampliaba de forma progresiva el permiso de paternidad a las 16 semanas para equipararlo al de la mujer, y, al tiempo eliminaba el permiso de dos días que incluía el Estatuto de los Trabajadores para los padres.

De hecho, la norma determina ahora que “el nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto a la madre biológica”. Por estos motivos, la compañía eliminó el permiso incluido en el convenio de la automovilística. Sin embargo, el fallo de la Audiencia Nacional reconoce expresamente “el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto a disfrutar del permiso por nacimiento de hijo de cuatro días laborables ampliables a 6 naturales en caso de desplazamiento contenido en el artículo 30 del Convenio colectivo interprovincial de Renault España para los años comprendidos entre 2017 y 2020”.

El tribunal añade que este permiso o licencia retribuida que estaba en litigio “les asiste a todos los trabajadores cuyo nacimiento o adopción de hijo se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley de 1 de marzo”. De esta forma, la empresa deberá reponer los días a aquellos trabajadores a los que se lo hubiera negado.

Generalmente, estos permisos que ahora se han puesto en cuestión se incluyeron en los convenios para mejorar los dos días que determinaba el Estatuto de los Trabajadores para los padres hasta 2007. Pero desde aquel año, y hasta la fecha, el permiso de paternidad ha ido ampliándose progresivamente hasta las 12 semanas actuales y las 16 previstas a partir del 1 de enero de 2021, cuando este permiso quedará equiparado totalmente al de las madres.

Entre los argumentos del tribunal para dar la razón a los trabajadores está que el convenio es anterior a la eliminación del permiso de dos días que incluía el Estatuto de los Trabajadores. “Esto significa que la situación de concurrencia generada por el convenio colectivo (de Renault) y el Estatuto de los Trabajadores en el ámbito de la regulación de la relación laboral serán de aplicación las reglas de concurrencia”.

Esto es, “se aplicará el principio de norma más favorable para el trabajador y la preferencia aplicativa de los mínimos de Derecho necesario, que representa el Real Decreto-Ley. Por ambas cuestiones, la Audiencia Nacional determina que el permiso por nacimiento de hijo del convenio colectivo no se puede eliminar y debe sumarse al permiso legal de paternidad que costea la Seguridad Social.
(Cinco Días, 16-02-2020)

El despido por absentismo es contrario a derecho
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña considera que el despido por absentismo es contrario a derecho. En su sentencia, con fecha de 17 de enero de 2020, el TSJ rechaza la validez de este supuesto porque choca con varias normativas internacionales. Para la Sala, los convenios y tratados firmados entre países y ratificados por España "deben prevalecer sobre el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores", que recoge el cese por faltas justificadas. Los magistrados se adelantan así al Ministerio de Trabajo, que recientemente anunció que derogaría este precepto el próximo martes.

El despido por absentismo afecta concretamente a tres normas: La Carta Social Europea, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En este sentido, la Sala recuerda que tanto normativas internacioneles (la Convención de Viena, entre otras) como la ley española sobre tratados y otros acuerdos supranacionalies reconocen la "jerarquía normativa superior" de las normas firmadas y ratificadas entre estados, por lo que prevalecen sobre las leyes internas.

Los magistrados consideran que este supuesto afecta a tres derechos reconocidos a nivel global: el de no ser despedido por una causa justa, el derecho a la prevención de riesgos laborales y la prohibición de no discriminación por razón de género. El primero viene previsto en la Carta Social Europea, que rechaza expresamente que las ausencias temporales al trabajo por enfermedad o accidente puedan entrar dentro del paraguas de las "causas justas".

En lo que respecta a la prevención de riesgos laborales, el TSJ cita el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recoge este derecho desde una perspectiva más amplia que nuestra Constitución (que solo protege los riesgos graves e inminentes para la salud o la vida de los trabajadores). En este sentido, los magistrados señalan que el despido por absentismo supone, para empezar, un riesgo para el empleado, "que hará todo lo posible por evitar perder su trabajo". También afecta al resto de la plantilla, porque "se exponen al contagio en aras de una pretendida defensa por la productividad", aclaran. Considerar como válido el despido por ausencias derivadas de enfermedad o accidente constituye, por tanto, una infracción de este Convenio.

Por otro lado, el TSJ considera que el despido en base a ausencias justificadas "supone una discriminación por razón de género", lo que atenta contra la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, firmada en Nueva York en diciembre de 1979 y ratificada por España cinco años después, en 1984. Para explicarlo, el tribunal cita el VII Informe Adecco sobre absentismo, que revela que, durante el año 2017, el 55% de las bajas por incapacidad temporal fueron protagonizadas por mujeres, frente al 45% de hombres. Esta disposición, por tanto, pese a ser aparentemente neutra, "pone a las personas de sexo femenino en una desventaja particular" con respecto a sus compañeros.

El tribunal atiende el caso de una mujer que, después de trabajar 43 años en la misma empresa, fue despedida por ausentarse varios días al trabajo. Concretamente, faltó 13 jornadas completas en el plazo de dos meses, lo que indica una tasa de abstención de casi el 32%. La empleada aportó comprobantes médicos que acreditaban las ausencias por fuertes dolores de espalda y vértigos.

El juzgado de Terrassa que vio el caso en primer lugar dio la razón a la empresa y avaló el cese al cumplirse los límites establecidos en el artículo 52 del ET, que exige una tasa de absentismo superior al 20%. Ahora, el TSJ califica el cese de improcedente y obliga a la compañía a readmitir a la trabajadora y abonarle los salarios de tramitación (128 euros al día); o a indemnizarla con 161.000 euros.
(Cinco Días, 15-02-2020)

CEOE y Cepyme abandonan una reunión sobre la reforma laboral por su malestar con Trabajo
Los representantes de CEOE y Cepyme en la mesa de negociación técnica sobre reforma laboral, Rosa Santos y Pedro Fernández, han abandonado la reunión que estaban celebrando esta mañana con el Ministerio de Trabajo y con CCOO y UGT ante el malestar que les ha generado que los representantes del Ministerio se ausentaran de la sala en varias ocasiones porque estaban también pendientes de la reunión que se estaba manteniendo con los sindicatos agrarios.

Las mismas fuentes han apuntado que no se han marchado de este encuentro por el hecho de que las organizaciones agrarias no fueran finalmente convocadas a la reunión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, con los sindicatos agrarios, aunque reconocen que se sienten molestos por esta exclusión.

Según la versión de las organizaciones empresariales, en la reunión sobre la reforma laboral estaban presentes varios miembros del Gabinete de la ministra, entre ellos el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y la directora general de Trabajo, Verónica Martínez.

En un momento dado y al celebrarse también en el Ministerio al mismo tiempo una reunión con los sindicatos agrarios de Andalucía y Extremadura, los representantes de Trabajo en la mesa sobre reforma laboral han abandonado de manera escalonada la sala para atender cuestiones relacionadas con la otra reunión, lo que ha provocado el malestar de CEOE y Cepyme, según las mismas fuentes, que aseguran que CCOO y UGT también se han sentido molestos por la situación y se han marchado también del encuentro.

Fuentes de UGT, no obstante, niegan malestar con Trabajo y aseguran que al haberse solapado las dos reuniones (la agraria y la de reforma laboral) se ha aplazado el encuentro sobre reforma laboral al próximo viernes "por acuerdo de todos". Desde CCOO ofrecen una versión parecida. Fuentes de este sindicato han señalado que al llevar ya varias horas de reunión y solaparse con la del campo, se ha dado por finalizado el encuentro y se seguirá la próxima semana con el calendario previsto.
(Expansión, 15-02-2020)

El número de empleados públicos se eleva hasta su mayor nivel desde 2012
El número de trabajadores del conjunto de las administraciones públicas españolas creció un 0,67% en el primer semestre de 2019 hasta rozar los 2,6 millones de empleados, el nivel más alto de personal registrado en España desde el ejercicio 2012. En concreto, el número de empleados a cargo de las arcas públicas alcanzó los 2.595.575 en julio del año pasado, según el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas publicado el viernes por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

El incremento semestral frente al arranque del año fue del 0,67%, con 17.187 contratados más, uno de los aumentos más destacados de los últimos tiempos exceptuando la excepcional subida en 42.000 efectivos de 2017. En términos anuales, sin embargo, el aumento frente a julio de 2018 se limitó a 12.081 empleados, un 0,47% más.

En este periodo, la mayor alza de contratos públicos provino de los entes locales, con un aumento de 9.450 empleados. Las cifras contrastan con las de 2018, cuando las comunidades autónomas funcionaron como principal motor de contratación, con casi 13.000 efectivos más en sus filas en los meses previos a la convocatoria electoral autonómica del pasado 26 de mayo. En el primer semestre de 2019 solo aumentaron en 1.254 efectivos, por debajo de los 1.377 de la administración central.

En todo caso, las regiones siguen siendo el principal empleador público del país. Suman el 51,74% de todos los trabajadores del ramo, alcanzando prácticamente el 58% si se les suma personal dependiente de las universidades, que suma otro 6%. A su vez, los trabajadores a sueldo del Estado suponen un 19,8% del total, mientras que las corporaciones locales dan empleo a otro 22,4%.

En cuanto al tipo de contrato con el que cuentan los empleados públicos, 1,45 millones (el 56% del total) son funcionarios de carrera, mientras que otros 581.000 son personal laboral (22%) y 561.000 (otro 22%) están considerados dentro de la categoría denominada “otro personal laboral”. Esta figura es especialmente habitual en las comunidades autónomas, donde suponen cerca de un tercio del total de los 1,5 millones de trabajadores. En el caso del Estado, con unos 513.000 de empleados, el grueso son funcionarios de carrera. Finalmente, en el caso de las corporaciones locales, con una plantilla de 582.000, el colectivo más numeroso es el del personal laboral.

En cuanto al perfil de los empleados públicos, cabe destacar que más de la mitad, 1,46 millones del total (el 56,25%), son mujeres, mientras que el número de hombres es inferior, 1,13 millones (43,75%).
(El País, 15-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

La Bolsa se asoma a los 10.000 puntos en un tranquilo inicio de semana
El Ibex 35 arranca la semana con los 10.000 puntos en el punto de mira. Los futuros de los mercados europeos apuntan a subidas en el entorno del 0,3%, un poco menos del 0,5% que precisa el índice para batir la cota de los cinco dígitos, que no toca desde la primavera de hace dos años. El mercado deja de lado, por el momento, los pésimos datos del PIB japonés (precios a la irrupción del coronavirus) y apuesta por continuar una racha alcista que dura ya tres semanas.

El ministerio chino de Finanzas ha asegurado que pondrá en marcha planes para recortar impuestos y tasas a empresas, mientras el Banco Central rebajó esta madrugada uno de los tipos de interés de referencia. Se prevé también que las autoridades abran la mano con la morosidad de los bancos que aflore a causa del coronavirus, y el Gobierno central ha elevado en más de 100.000 millones de euros la deuda que permite contraer a los gobiernos locales. Medidas todas ellas que han sido suficientes para animar al inversor local.

De este modo, aunque la economía del país aún funcione a medio gas, Pekín haya elevado las restricciones sobre la provincia de Hubei, y la cifra de muertos alcance ya los 1.770, el mercado tira hacia arriba. El índice CSI 300 ha subido hasta recuperar todo lo perdido desde que reabrió al acabar el parón del Año Nuevo (cayó un 8% el primer día), parón que coincidió con la eclosión del brote epidémico.

En Japón, no obstante, el Nikkei ha bajado de forma sensible, hasta un 1,5% en el peor momento de la sesión, tras un mal dato de PIB. La economía se ha desplomado un 6,3% sobre el trimestre anterior, impactada por una subida de los impuestos indirectos. La jornada, en todo caso, estará condicionada en Europa por el cierre de Wall Street, donde se celebra hoy el Día de los Presidentes.

Así, más allá del coronavirus y sus derivadas, la sesión parece, por el momento, tranquila. En el plano empresarial, la posible compra del negocio ferroviario de Bombardier por Alstom, barajada ya la semana pasada y que hoy da por hecha el WSJ, es la noticia de más relevancia. Así, la jornada es relativamente tranquila en el mercado de divisas, con el euro aún en zona de mínimos, en 1,084 dólares por euro. En la deuda pública, el bono estadounidense tampoco registra cambios y cotiza en el 1,585%. El petróleo está también estable, en 57 dólares el barril de Brent.
(Expansión, 17-02-2020)

El FMI calcula que el coronavirus restará hasta 2 décimas al PIB mundial
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, indicó este domingo en la ciudad emirato de Dubái que el crecimiento de la economía mundial, estimado en el 3,3% para 2020, podría verse rebajado entre un 0,1% y 0,2% por el brote de coronavirus, si bien aún es pronto para conocer su impacto. "Nuestra predicción es el 3,3%, pero podría haber un recorte de entre el 0,1% y el 0,2% en el crecimiento mundial para 2020", dijo Georgieva, durante una intervención en el Foro Global de Mujeres 2020 en Dubái.

La jefa del FMI indicó que si el coronavirus de Wuhan (COVID-19) se contiene rápidamente, podría haber una caída brusca en la economía seguida de una "muy rápida recuperación", lo que se conoce como una curva en forma de V. Sin embargo, consideró que todavía es pronto para saber cuál será el impacto exacto del brote. "Debemos reconocer que hay una gran incertidumbre sobre cuál es la naturaleza del virus y cuál será su impacto real en China, y como se irá propagando más allá", ha explicado.

Las muertes por el COVID-19 siguen en aumento y ya suman 1.665 personas en China, tras añadirse este domingo 142 fallecidos al recuento oficial. Fuera de China han fallecido solo 5 personas. En contraste, los nuevos casos confirmados en el país asiático emprenden una tendencia a la baja: la Comisión Nacional de Salud china anunció el viernes 5.090 nuevos casos y el sábado 2.641, en el último recuento de hoy esta cifra baja a 2.009 personas.

Emiratos Árabes Unidos ha contabilizado hasta la fecha ocho casos de coronavirus, entre ellos cuatro miembros de una familia china, si bien, al menos tres de ellos, se han recuperado ya.
(Expansión, 16-02-2020)

El ministerio de Consumo presenta este lunes el fichero Eficaz
Una herramienta para incrementar la seguridad y la protección en los juegos de azar, que denegará el acceso a los "créditos rápidos" a los jugadores que voluntariamente se inscriban en ella. Según el Ministerio, supondrá la creación de un fichero en el que se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas jugadoras que quieran restringir su capacidad de acceso a la financiación alternativa en línea, conocido como créditos rápidos. Tras esta inscripción, se le denegará el acceso a dicha financiación por parte de los proveedores participantes en el proyecto.

En un comunicado, Consumo ha adelantado que la presentación de Eficaz tendrá lugar en un acto celebrado con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, en el que el titular del Departamento, Alberto Garzón, detallará el funcionamiento de esta herramienta, con la que se pretende "proteger" el bienestar económico y financiero de los jugadores y sus familias, entre otros.

Este proyecto, que está aún en fase de desarrollo y se implementará de manera definitiva en unos meses, está desarrollado por la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) y la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI).

Explica Consumo que "si una persona sufre una recaída e intenta solicitar financiación a una de las empresas adheridas al fichero, la compañía recibirá automáticamente una notificación avisando de que está inscrita en el fichero Eficaz", lo que permitirá denegarle el crédito y evitar que se endeude y entre en una espiral de juego y consumo impulsivo.

Según las estimaciones del Gobierno, alrededor de un 0,4% de la población sufre trastorno de juego problemático. Por ello, el Ministerio de Consumo ha calificado como "medida importante" la puesta en marcha de este proyecto para el colectivo de jugadores, ya que "la inclusión fácil, voluntaria y gratuita en este fichero permitirá evitar situaciones de acceso al crédito rápido en situaciones de consumo irreflexivo de juegos de azar".
(El Mundo, 16-02-2020)

 
 
 
 
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