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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 19 DE FEBRER DE 2020

Laboral

Derogación del despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
(BOE, 19-02-2020)

Acuerdo por el que se incorpora un Anexo III (Plan de Igualdad sectorial) al texto del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares
Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo por el que se incorpora un Anexo III (Plan de Igualdad sectorial) al texto del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares.
(BOE, 19-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 17 de enero de 2020
Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 17 de enero de 2020.
(BOE, 19-02-2020)

Euro
Resolución de 18 de febrero de 2020, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 18 de febrero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 19-02-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 19 DE FEBRER DE 2020

Fiscal

Luz verde a las tasas Google y Tobin, pero reduce a 1.818 millones la recaudación prevista
El Gobierno aprobó ayer y remitió a las Cortes para su tramitación los proyectos de ley que crean las tasas Google y Tobin, cuya previsión de recaudación rebajó de 2.050 millones a 1.818 millones. Se trata de una proyección anual que este año se verá además reducida en el mejor de los casos a la mitad, ya que es difícil que sendos impuestos puedan estar en vigor mucho más de seis meses.

Con estas tasas, que el Consejo de Ministros validó ayer por segunda vez tras haberlo hecho y enviado al Congreso en enero de 2019, comienza la subida de impuestos del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, que también prevé incrementos en el IRPF y en las rentas del ahorro, en el Impuesto sobre Sociedades, en el diésel, Patrimonio y a las Socimis, además de una batería de medidas de lucha contra el fraude que se aprobarán en breve. A esto se suman más subidas de Sociedades, IRPF e IVA y la creación de nuevas figuras que el Gobierno estudia.

Según explicó ayer María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz, en la rueda de prensa posterior al cónclave ministerial, los anteproyectos a los que se dio ayer luz verde recuperan los textos que decayeron con la pasada legislatura, con la novedad de que la tasa Google, de liquidación trimestral, este año se pagará únicamente al final del ejercicio, medida con la que el Ejecutivo pretende esquivar las represalias de Donald Trump.

Patronales como la Ceca, el Círculo de Empresarios o Digitales alertaron ayer de que estos impuestos afectarán a la competitividad y al empleo y generarán deslocalizaciones. "De ninguna manera tendría que repercutir a los usuarios", dijo Montero sobre la tasa Google. El PP auguró ayer subidas en IVA, IRPF o Sociedades al bajar la recaudación prevista de las tasas Tobin y Google y acusó al Gobierno de ser "el campeón" del alza fiscal.

Rebaja la recaudación. La recaudación estimada ahora para la Tasa Google es de 968 millones de los 1.200 que preveía el Gobierno, lo que achacó a "la ralentización de la economía" y al ejemplo de lo ingresado en otros países. Su liquidación será trimestral, pero este año el pago se efectuará alrededor del 20 de diciembre para dar mayor margen a la tasa a multinacionales que prepara la OCDE y ver el resultado electoral en EEUU. Cuando ésta entre en vigor, decaerá la tasa de Sánchez. El impuesto afecta a empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere los 750 millones a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales superen los tres millones en España. El tipo de gravamen del impuesto es del 3% y se aplica a la publicidad e intermediación online y la venta de datos. Quedan excluidos los servicios financieros y las ventas online de retail o textil.

Deducible en Sociedades. Montero confirmó ayer que el resto de previsiones de la Tasa Google se mantienen: será deducible en Sociedades y las prestaciones digitales realizadas entre entidades de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100%, quedarán exentas. El Gobierno sostiene que es un impuesto indirecto, lo que Julio César García, socio responsable de Fiscalidad Corporativa de KPMG Abogados, cuestiona y augura litigios por su colisión con Sociedades.

Liquidación mensual. El Gobierno sí mantiene la liquidación prevista de la tasa Tobin, que será mensual, en la que los contribuyentes deberán presentar una declaración anual. La estimación de ingresos de este gravamen, de 850 millones anuales, tampoco cambia, lo que fuentes de Hacienda atribuyeron ayer al "buen funcionamiento de la Bolsa". Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones.

El impuesto no afecta al mercado primario, por lo que no tendrá impacto en las empresas que salieran por primera vez a Bolsa. El contribuyente es el adquirente de valores y, el sujeto pasivo, el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición. Si éste actúa por cuenta propia será también contribuyente.

Operaciones intradía. Montero ratificó ayer que la tasa Tobin sigue afectando a las operaciones intradía. Esto es, se aplicará sobre la compra y posterior venta de acciones que se realice en un mismo día, si bien la base imponible se establecerá a partir del saldo neto de los valores adquiridos. Entre las adquisiciones que estarán exentas de la Tasa Tobin, destacan, además de las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.
(Cinco Días, 19-02-2020)

Hacienda propone a Cristina Herrero como presidenta de la Airef
El Ministerio de Hacienda propondrá como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a Cristina Herrero, actual presidenta interina desde el nombramiento como ministro de su antecesor, José Luis Escrivá.

Así lo anunció este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Herrero forma parte del equipo directivo de la Airef desde su fundación en el año 2014, cuando Escrivá fue nombrado también presidente del organismo por el ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.

El mandato de seis años de Escrivá concluía precisamente esta semana, sin posibilidad de prórroga, por lo que Hacienda tenía que nombrar a un sucesor que ahora deberá ser ratificado por el Congreso de los Diputados. La propuesta deberá recibir el visto bueno de la Cámara Baja por mayoría absoluta y, en caso de no alcanzar dicho apoyo en los quince días posteriores a la comparecencia, será suficiente con obtener la mayoría simple de la Comisión competente del Senado.

Cristina Herrero es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid en 1989, interventora y auditora del Estado e Inspectora de Hacienda, ámbitos en los que ha desarrollado su trayectoria profesional.

Entre 1993 y 2000 fue jefa de área en la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector público dentro de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), momento en el que pasó a ejercer de vocal asesor en la IGAE como coordinadora de la elaboración de las cuentas nacionales del sector de las administraciones públicas.

En noviembre de 2005 fue nombrada subdirectora General de Análisis Presupuestario y Organización Institucional del Sector Público Autonómico de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Bajo dicha división realizó funciones de supervisión y seguimiento de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de los procesos de reordenación del sector público autonómico y mecanismos de financiación habilitados por el Estado para el pago a proveedores.

Posteriormente, ya en 2014, la Airef la incorporó entre el equipo conformado para su puesta en marcha situándola al frente de la división de Análisis Presupuestario y convirtiéndola en la responsable de una de las principales funciones de la institución como garante de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El nombramiento del encargado de dirigir la Airef llega en un momento clave, debido a la proximidad de la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el techo de gasto y la senda de estabilidad sobre los que elaborar las cuentas de 2020, que se espera que presenten en el Congreso próximamente para que queden aprobadas a lo largo del verano.

Así, entre las funciones de la Airef se encuentra, precisamente, la que es competencia de la división liderada por Cristina Herrero estos años: evaluar si las estimaciones y medidas que el Gobierno incluya en el proyecto de Presupuestos son realistas o no, cuestión para la que el presidente de la autoridad independiente comparece en la Comisión de Presupuestos del Congreso y el Senado.

Además, el presidente de la Airef tiene obligación de comparecer al menos una vez al año en las comisiones correspondientes del Congreso de los Diputados y el Senado, y asiste como miembro con voz, pero sin voto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la Comisión Nacional de la Administración Local y a la Comisión Financiera de la Seguridad Social.

La Ley de creación de la Airef establece que el presidente de la autoridad independiente será designado "entre personas de reconocido prestigio y experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio".
(Expansión, 19-02-2020)

Laboral

El Gobierno deroga el despido justificado de trabajadores con bajas médicas
El Gobierno ha empezado a desmontar la reforma laboral. Ha derogado totalmente el despido justiciado con bajas médicas, que se endureció en 2012. “A partir de hoy a nadie se la va a despedir teniendo una causa justificada de baja por enfermedad”, ha apuntado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para acabar con esta medida, el Ministerio de Trabajo ha eliminado del Estatuto de los Trabajadores el artículo completo que regulaba este despido, el 52.d. Esto no supone una vuelta a la regulación anterior a 2012 sino ir más allá, puesto que el despido con bajas médicas está vigente en España desde hace décadas. Pero entonces se individualizó al eliminar la vinculación de la medida (despido por faltar al trabajo ocho días o más en un periodo de dos meses siempre que durante los 12 meses precedentes haya acumulado un 5% de bajas en días hábiles, o por faltar el 25% en cuatro meses) con el índice del absentismo del centro de trabajo.

La ministra de Trabajo, que había anunciado la medida diciendo que se trabaja “de un tema de derechos humanos”, ha argumentado este martes que con la decisión el Ejecutivo lo que hace es “reparar derechos de los trabajadores y subsanar una anomalía”. Además, ha defendido Díaz, que buscaban dar “seguridad jurídica” a los trabajadores y se cumple con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“A partir de ahora impedimos que las personas, cuando se sienten más vulnerable, sean despedidas”, ha continuado la ministra, defendiendo la medida que se toma por Decreto-Ley y, por tanto, entrará en vigor a partir de su publicación de que se publique en el Boletín Oficial de Estado. Esto supone que no tendrá carácter retroactivo.

Sobre cuando continuará con el desmontaje de la reforma laboral que ha anunciado, Díaz ha señalado que lo hará "sin prisa, pero sin pausa" y no ha querido poner plazos. "Prefiero ser prudente y no plantearme excesivos horizontes", ha zanjado.
(Cinco Días, 19-02-2020)

Los empresarios piden una solución al absentismo laboral
La medida del Gobierno provocó la reacción inmediata de las organizaciones empresariales, que lanzaron sus propuestas y temores al Ejecutivo. Así, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclamó que, entonces, la Seguridad Social se haga cargo del salario del trabajador durante los siete primeros días de baja. Lo mismo dijo el presidente de la organización de los autónomos ATA, Lorenzo Amor, integrada en la CEOE. Los empresarios quieren recortar a la mitad el coste de las empresas por esta situación. Las compañías pagan los quince primeros días de salario.

El último informe que Adecco, multinacional de recursos humanos, elabora anualmente con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social arroja los siguientes datos: las horas perdidas por absentismo laboral en las empresas equivale a que 753.000 asalariados no van a trabajar durante un año. O, dicho de otra manera, el coste directo para las empresas equivale a 6.900 millones de euros al año.

Por todas estas razones, Garamendi se sorprendió de "la urgencia de suprimir un artículo que lleva 40 años en el Estatuto de los Trabajadores y advirtió al Gobierno de que lo que tiene que hacer es profundizar en las causas de la reiterada ausencia al trabajo, porque el absentismo profesional es una realidad en España". Fue el PP, en la reforma laboral de 2012, el que endureció esta figura del despido. Únicamente, calculó las faltas del trabajador despedido, sin tener en cuenta el nivel de absentismo de la plantilla para despedir al empleado.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, expresó su malestar porque el Gobierno "no ha negociado esta medida en el diálogo social". Por esta razón, independientemente de esta reforma, Cuerva pidió al Ejecutivo que "antes de tomar una decisión" que afecta a las empresas y trabajadores "estudie bien las causas económicas y sociales de la misma, para no tener que rectificar a última hora".

En esta línea, el secretario general del Círculo de Empresarios, Alfredo Bonet, dijo que "la reformulación del artículo [52/d del Estatuto de los Trabajadores] habría permitido aquilatar más la aplicación de esta medida a los casos para los que fue contemplada hace ya décadas". "Su eliminación -añadió Bonet- corre el riesgo de incitar al abuso y a mayores niveles de fraude por absentismo".

El Real Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, ni tiene efectos retroactivos ni afecta a los trabajadores cuya demanda a la empresa por este motivo esté en tramitación en los tribunales. Así lo explicó ayer la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Una consecuencia de esta medida es un posible encarecimiento del despido por esta razón.

Hasta ahora, el despido por faltar de forma reiterada a la empresa era una de las causas objetivas para la rescisión del contrato. Tiene una indemnización para el trabajador de veinte días de salario por año en la empresa, hasta una cuantía máxima de un año de retribución. Con la supresión de esta causa objetiva para el despido, el Ejecutivo la convierte en un motivo de rescisión disciplinaria del contrato, contemplada en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

Al no ser tan precisa la constatación de la causa, si la empresa pierde el juicio en los tribunales, sólo tendrá dos salidas. Admitir la improcedencia del despido y pagar al empleado 33 días de salario por año de trabajo hasta un tope de dos años de retribución, o readmitirle.
(Expansión, 19-02-2020)

El Pacto de Toledo acuerda iniciar sus trabajos desde lo pactado en 2019
La comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo recibirá al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el próximo 5 de marzo, y comenzará sus negociaciones a partir del trabajo realizado por los grupos en la comisión antes de la convocatoria de las elecciones generales del pasado mes de abril.

Así lo han acordado los grupos en la reunión celebrada este martes en el Congreso, la primera convocatoria una vez constituida la comisión esta legislatura, en la que, tal y como han señalado a la salida, no ha habido voces disconformes con lo planteado por la presidenta de este órgano, la exministra de Trabajo Magdalena Valerio.

A la entrada de la reunión, Valerio se mostraba confiada en poder lograr un acuerdo y anticipaba que la comisión trabajará "sin prisa, pero sin pausa" para alcanzarlo, si bien ha descartado elucubrar un plazo para ello. "Prefiero ser prudente y no plantearme excesivos horizontes", ha dicho. Entre los principales retos que debe abordar la comisión en sus nuevas recomendaciones está la de pactar una nueva forma para revalorizar las pensiones y la de orientar una hoja de ruta para hacer frente al déficit financiero de la Seguridad Social.

El propio presidente Pedro Sánchez, pero también su predecesor Mariano Rajoy, solicitaron a la comisión un plan con recomendaciones dirigidas a 'limpiar' los 'números rojos' de las cuentas del sistema de pensiones. En palabras de la exministra y hoy presidenta de la comisión, Magdalena Valerio, el objetivo es llegar a los años 2023-2024 con el sistema "lo más saneado posible".

Eso pasa, previsiblemente, por un aumento de los ingresos, a través de más y mejores cotizaciones, pero también por una reordenación de los gastos, ya que en las recomendaciones en las que trabajaba la comisión figuraba descargar a la Seguridad Social de gastos "impropios", como los de gestión o prestaciones y complementos que en estos años ha venido asumiendo esta caja y no la Administración central vía Presupuestos.

Asimismo, en la comisión también se habían asumido muchas de las recomendaciones emitidas por la AIReF --cuyo entonces presidente, José Luis Escrivá, es precisamente hoy ministro de Seguridad Social--, dirigidas a que las cotizaciones se dedicaran fundamentalmente al pago de las pensiones, y no tanto a otras prestaciones o gastos.

Los grupos también deberán determinar qué hacen con la revalorización de las pensiones ya que, si bien desde 2018 han venido actualizándose conforme al IPC --primero en virtud de los últimos Presupuestos de Rajoy, pactados con el PNV, y después por decreto ley del Gobierno de Sánchez--, la conocida como 'fórmula del 0,25%' aún sigue vigente.

Así lo ha recordado recientemente Valerio, que ha prometido la derogación de esta reforma junto al factor de sostenibilidad aún no aplicado, y sobre el cual los grupos parlamentarios deberán decidir si acaban con él o recomiendan al Gobierno la modificación del mismo para actuar sobre la cuantía de las pensiones futuras teniendo en cuenta otros parámetros.
(El País, 19-02-2020)

UGT cifra que las empleadas en España cobran casi 5.800 euros menos al año de media
Las 7,5 millones de mujeres asalariadas que hay en España cobran un 21,9% menos que los hombres. El salario medio de ellos asciende a 26.391 euros al año; ellas 20.607. UGT ha calculado lo que supondría en salarios que esa brecha se cerrara subiendo el sueldo de las trabajadoras: en total sumarían 43.454,5 millones, el equivalente a un 4% del PIB.

Para hacer este cálculo, el sindicato que dirige Pepe Álvarez utiliza los datos de la encuesta de estructura salarial del INE cuyos últimos datos son de 2017. En ella se ve cómo esa brecha del 21,92% es el porcentaje más bajo desde 2008, entonces la diferencia era del 21,87%. Durante los años más duros de la crisis, la distancia aumentó y llegó casi al 24% en 2013, pero después ha ido minorándose.

No obstante, esa reducción sigue en esos casi 6.000 euros al año que suman esos 43.500 millones. UGT hace otra extrapolación al multiplicar por 35 años, “los de una vida laboral”, y el resultado es de 1,52 billones de euros: “Una cantidad superior al producto interior bruto de España”.

Entre los datos del informe está la diferencia entre lo que cobra una mujer a la hora, 13,93 euros, y un hombre, 16,1 euros. En este caso la diferencia es del 15,1%. La distancia entre este porcentaje y el de la remuneración anual es uno de los que explica la brecha salarial: los hombres trabajan más horas y las mujeres son quienes más tienen un empleo de media jornada.

También se ve que, como norma general, la brecha es más reducida antes de que las familias tengan hijos. Así de los 25 a los 29 años y de los 30 a los 39, se encuentran los porcentajes más bajos: el 14,1% y el 17,5%, respectivamente. La distancia más grande se encuentra entre los mayores de 65 años (52,38%) y los menores de 20 (31,23%), ambas franjas de edad son las que tienen menos trabajadores.

UGT ha difundido el informe este lunes, cinco días antes del día internacional de la igualdad salarial. También su federación de servicios públicos ha publicado otro, este centrado en la administración pública. En él señalan, “en base a datos” obtenidos de administraciones autonómicas y locales, que la brecha en el sector público llega al 14%.

Los números de la central de funcionarios, CSI-F, la dejan en algo más del 10%. “Las ganancias medias anuales de las mujeres también son casi 3.200 euros inferiores a las de sus compañeros (27.391,38 euros frente a 30.581,96 euros)”, apunta en un comunicado difundido este lunes en el que recoge el lema del día de la igualdad salarial.
(La Vanguardia, 19-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

España prevé que el 'sandbox' empiece a funcionar este año
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital prevé que el banco de pruebas para productos y servicios financieros, conocido como Sandbox, empiece a funcionar en 2020 y esté abierto tanto a productos nacionales como internacionales.

Así lo señalaron fuentes del ministerio después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el anteproyecto de ley que crea este espacio controlado de pruebas que, según señalan, sería al ámbito financiero lo que los ensayos clínicos al ámbito sanitario, y que permitirá probar proyectos financieros que aporten innovación tecnológica y valor añadido (fintech) de una forma segura para los clientes y los mercados, informa Servimedia.

Este espacio, que dependerá directamente de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, será coordinado por este departamento, pero en la supervisión también participarán otros organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a quienes el Tesoro derivará la supervisión de los distintos proyectos dependiendo del tipo de producto al que afecten.

Para la labor coordinada entre supervisores, el proyecto de ley también establece la creación de un canal de comunicación interinstitucional, por lo que desde Asuntos Económicos destacan que el Sandbox es un proyecto transversal que promoverá la colaboración entre instituciones.

Según las fuentes del ministerio consultadas, el objetivo de este espacio es acompañar al sistema financiero en la transformación digital, supervisando y facilitando de forma segura la eliminación de obstáculos regulatorios, por lo que destacan que el Sandbox será beneficioso para todas las partes, ya que permitirá al Gobierno diseñar e implementar mejor el sistema financiero, facilitará el proceso innovador y dará seguridad y garantías a los consumidores y entidades.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros de hoy, el proyecto irá al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria, que el Gobierno espera que sea rápida al tratarse de una cuestión técnica que, en su opinión, no debería generar polémicas o conflictos entre los grupos parlamentarios. Por ello, desde el Ejecutivo confían en que, una vez aprobada la ley, el Sandbox tarde un mes o menos en estar en funcionamiento y que esto ocurra durante 2020.

Además, cuando el proyecto de ley quede aprobado definitivamente, deberá ir seguido de la aprobación de protocolos flexibles que fijen las condiciones de las pruebas de los proyectos, adaptándose a sus características.

El Sandbox contará con tres fases en su funcionamiento. En primer lugar, el régimen de acceso, en el que los proyectos serán presentados en una ventanilla única gestionada por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, que valorará a qué supervisor corresponde cada proyecto. En este periodo, habrá un plazo para presentar los proyectos y, posteriormente, un mes, ampliable a otro, para evaluar el proyecto y verificar que aporta innovación tecnológica y valor añadido. Según señalaron desde el ministerio de Asuntos Económicos, habrá dos cohortes al año para la presentación de proyectos, sin que por el momento haya un objetivo de proyectos mínimo ni máximo, y con la posibilidad de que participen proyectos de otros países tanto de dentro como de fuera de la UE.

En segundo lugar, el régimen de realización de las pruebas, con un periodo de tres meses para que el supervisor y el promotor del proyecto aprueben el protocolo. En esta fase, se protegerá al consumidor y se le facilitará un documento en el que se explique el proyecto del que va a formar parte, al tiempo que se garantizará la responsabilidad del promotor.

Por último, tendrá lugar el régimen de salida, en el que se examinarán los resultados del proyecto y el promotor deberá realizar una memoria al supervisor. Una vez evaluado el proyecto, en caso de determinar que existe alguna barrera regulatoria que se opone al mismo, los supervisores deberán determinar si dicho proyecto ofrece el valor añadido y la seguridad suficientes como para recomendar la eliminación de dicha barrera.
(Expansión, 19-02-2020)

La deuda pública cerró 2019 en el 95,5% del PIB, por debajo de los objetivos
La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró 2019 en 1,188 billones de euros, por lo que aumentó en términos absolutos un 1,3% respecto a diciembre de 2018, con 15.545 millones de euros más, si bien se situó en el 95,5% del PIB, quedando cuatro décimas por debajo del objetivo del Gobierno (95,9%) y registrando la cifra más baja desde 2012, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

De esta forma, la ratio de deuda pública según el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) cumplió el objetivo que había trasladado el Gobierno a Bruselas en octubre, tal y como adelantó la semana pasada la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en su comparecencia en el Congreso.

En concreto, la deuda pública se redujo un 0,25% respecto al mes de noviembre, al bajar 2.950 millones de euros, si bien en tasa interanual registró un repunte del 1,3% respecto a los 1,173 billones de euros que registró a cierre de 2018, sumando 15.545 millones de euros más de deuda. El Ministerio de Asuntos Económicos ha destacado que la bajada de la ratio de deuda pública al 95,5% supone una reducción de 2,1 puntos sobre el cierre de 2018 y la cifra más baja desde 2012. Esto se suma al punto de reducción del año 2018, por lo que resalta que los 3,1 puntos porcentuales de bajada en los dos últimos años supera a la del periodo 2014-2017, cuando la ratio bajó 2,1 puntos.

Asimismo, la disminución ha sido posible gracias al importante descenso de la emisión neta del Tesoro, que el año pasado se situó por debajo de los 20.000 millones de euros, la menor cifra desde 2007, así como a la “confianza de los inversores en la economía española”, que se está traduciendo en una reducción “sostenida” de la prima de riesgo, y a la gestión “más eficiente” de la tesorería de las administraciones.

Desde Asuntos Económicos han indicado que el dato demuestra el “compromiso” del Gobierno con la consolidación fiscal y la reducción de la deuda pública lo más rápido posible, y ese continuará siendo el camino a seguir, con un objetivo del 94,6% del PIB para este año. Por administraciones, a nivel interanual la deuda solo bajó en términos absolutos en las corporaciones locales, mientras que se incrementó en el Estado, las comunidades autónomas y especialmente en la Seguridad Social. A nivel mensual bajó en las regiones y los ayuntamientos.

Así, la deuda del Estado subió en diciembre del año pasado en 4.310 millones respecto al mes de noviembre, hasta los 1,055 billones de euros, un 0,4% más, y respecto al año anterior repuntó un 2%, sumando 20.367 millones en un año. Por el contrario, la deuda de las comunidades autónomas se redujo en diciembre un 0,8%, hasta los 294.883 millones de euros, aunque en tasa interanual registró un alza del 0,5%. Mientras, las corporaciones locales redujeron un 5,2% su deuda en el último mes del año 2019, hasta los 23.345 millones de euros, al tiempo que bajó un 9,5 a nivel interanual.
(El País, 19-02-2020)

 
 
 
 
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