Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 20 DE FEBRER DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 6 de febrero de 2020
Resolución de 10 de febrero de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 6 de febrero de 2020.
(BOE, 20-02-2020)

Euro
Resolución de 19 de febrero de 2020, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 19 de febrero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 20-02-2020)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 19 de febrero de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 20-02-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/20/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 20 DE FEBRER DE 2020

Fiscal

La tasa Tobin gravaría hoy la compra de acciones de 60 cotizadas españolas
El Impuesto a las Transacciones Financieras afecta a 61 empresas españolas, cuyas acciones se someterán a gravamen. Tributarán compraventas de 425.000 millones de euros, el 90,5% del total contratado en las bolsas españolas.

La Tasa Tobin que el Gobierno remitió el martes a las Cortes para su tramitación afecta a 61 empresas, esto es, sociedades españolas con una capitalización bursátil de más de 1.000 millones de euros (ver cuadro adjunto), cuyas acciones se someterán a gravamen. Estos son los datos de capitalización del mercado continuo a diciembre de 2019. El volumen de transacciones de estas empresas arroja que tributarán las compraventas de acciones de 425.000 millones de euros, el 90,5% del total contratado en las bolsas españolas.

La norma especifica que se medirá el valor de capitalización bursátil de la sociedad a 1 de diciembre del año anterior a la adquisición. En el primer año, sin embargo, las afectadas serán las sociedades españolas cuyo valor de capitalización bursátil un mes antes de la fecha de entrada en vigor de la ley sea superior a 1.000 millones de euros. La relación de sociedades se publicará antes de la entrada en vigor en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. La norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, lo que puede ser en otoño.

A esto se suma que hay otras seis sociedades que están cercanas a ese límite de capitalización, el caso de Elecnor (952,65 millones), Audax Renovables (942,22), Ence Energía y Celulosa (903,82), Neinor Homes (869,05), Solaria Energía (849,66) y Talgo (831,66).

La compraventa de acciones de estas empresas se encarecerá, en desventaja frente a los valores extranjeros. La capitalización de todas las compañías cotizadas en la Bolsa española al cierre de 2019 fue de 1,1 billones de euros, un 11,5% más que en 2018. El Gobierno transmitió el martes que la estimación de recaudación anual de la Tasa Tobin no se ha reducido de los 850 millones anuales previstos -a diferencia de la de la Tasa Google- "por el buen funcionamiento de la Bolsa".

Sin embargo, en 2019 se contabilizaron 37,2 millones de operaciones para contratar acciones en la Bolsa española, un 16% menos que el año anterior, por importe de 469.635 millones de euros, un 20,1% menos que el año anterior, en 37,2 millones de operaciones. Este dato levanta las alarmas del sector, que alerta de que la Bolsa española lleva varios años sufriendo una caída vertiginosa de los volúmenes de negociación.

Si se aplica el tipo del 0,2% del impuesto a los 442.991,37 euros del volumen de transacciones de las empresas afectadas, se obtiene una recaudación de 885,98 millones. A esto habría que restarle las exenciones, con lo que los ingresos pueden situarse en la esfera de los 850 millones previstos, que se corresponden con compraventas de 425.000 millones, señala José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

La base imponible estará constituida por el importe de la contraprestación de las operaciones sujetas al impuesto, sin incluir los costes de transacción derivados de los precios de las infraestructuras de mercado, ni las comisiones por la intermediación, ni ningún otro gasto asociado a la operación. Entre éstas, se incluyen las operaciones intradías: se aplicará sobre la compra y posterior venta de acciones que se realice en un mismo día, si bien la base imponible se establecerá a partir del saldo neto de los valores adquiridos.

En cambio, el impuesto no afecta al mercado primario, por lo que no tendrá impacto en las empresas que salgan por primera vez a Bolsa. También están exentas las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. No están afectados los derivados, divisas ni productos complejos apalancados.

En este sentido, Mollinedo considera que la tasa viene a suponer una especie de IVA al sector financiero, que se beneficia de la exención en el IVA de depósitos, créditos y préstamos, transferencias, cheques, letras de cambio y los servicios sobre divisas, acciones y participaciones.

El contribuyente de la Tasa Tobin es el adquirente de valores y, el sujeto pasivo, el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones. Si éste actúa por cuenta propia, será también contribuyente.

Un ejemplo de cómo operará el impuesto sería una compra con un valor de 100, a la que hasta ahora se le sumaba una comisión de 0,1. Pues bien, al 100,1 con que el intermediario ahora opera, habrá que sumar 0,2 que ingresará en Hacienda, con lo que el cliente pagará 100,3. Luis del Amo, secretario técnico del Consejo de Economistas-Asesores Fiscales (Reaf), concluye: "Habrá menos transacciones y el intermediario cobrará menos. La inclusión del intradía llevará, además, a concentrarlas y que sean menos frecuentes".
(Cinco Días, 20-02-2020)

Ribera apunta a la creación de nuevos tributos ambientales
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que la fiscalidad ambiental es “una asignatura pendiente” para impulsar la transición energética por lo que dejó entrever que habrá nuevos impuestos de este tipo que se sumarán a la tasa Google y al impuesto a las transacciones financieras. “Quedan pendientes actualizaciones similares en el área ambiental”, ha afirmado.

Así se ha expresado Ribera en su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, donde ha presentado las líneas maestras de su ministerio en la nueva legislatura. A este respecto, ha señalado que, en 2017, España logró recaudar 21.382 millones de euros en concepto de impuestos medioambientales y que, a pesar de ello, permanece por debajo del promedio de la OCDE. Respecto al PIB esta cifra supone un 1,83%, lo que sitúa a España por debajo de la media de la UE (2,4%). Ribera ha lamentado que muchos tributos medioambientales no definen ni se vinculan a las externalidades ambientales negativas, que no tienen el alcance espacial adecuado o no lanzan las señales correctoras.

Ha citado también otras prioridades, como el fomento del uso de renovables y su integración en redes inteligentes para la sustitución de la generación eléctrica convencional o el impulso de la electrificación de la economía, especialmente en el sector del transporte. Una prioridad será la defensa de los intereses del ciudadano-consumidor, haciendo hincapié en la reducción de la pobreza energética, el impulso a precios de consumo eléctrico más competitivos (para ciudadanos y empresas) y el estímulo del autoconsumo.

Para ello, Ribera quiere desplegar cuanto antes un marco regulatorio más propicio que permita clarificar y dotar de transparencia el acceso y conexión a las redes de electricidad, agilizar la tramitación de plantas generadoras con energía renovable, eliminar barreras al despliegue del vehículo eléctrico y aplicar la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. En este sentido, ha apostado por “ordenar el aluvión de solicitudes” recibidas, y también por facilitar la “hibridación” de plantas, renovables para así aumentar su capacidad de generación.
(Expansión, 20-02-2020)

La Airef presentará este verano su informe sobre revisión del gasto público
La presidenta interina de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha adelantado este miércoles que prevé presentar los estudios de revisión del gasto público que actualmente elabora el organismo en el verano. Durante la presentación de la herramienta Fichas socioeconómicas del Consejo General de Economistas (CGE), Herrero ha recordado que el organismo tiene de plazo hasta octubre para entregar estos estudios al Gobierno, que abordan beneficios fiscales, bonificaciones a la contratación, infraestructuras de transporte, gasto en farmacia hospitalaria o bienes de equipo.

Herrero, que ocupa la presidencia de manera provisional y que ha sido propuesta este martes por el Gobierno para liderar la Airef los próximos seis años, ha añadido que este mes de febrero entregará al Gobierno un "estado de situación" de estos proyectos con el grado de avance, aunque todavía sin conclusiones ni recomendaciones.

Con respecto a la senda de déficit establecida por el Ejecutivo, que suaviza para este año el objetivo al fijarlo al 1,8%, Herrero ha insistido en que es más importante que se cumpla lo pactado que el hecho de ser un ajuste más o menos estricto, y ha reiterado la preferencia de la Airef por metas asimétricas para las comunidades autónomas, de manera que el ajuste exigido sea realista.

Herrero ha eludido pronunciarse sobre las previsiones de recaudación del impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como tasa Google, aprobado el martes por el Gobierno, y ha remitido al análisis que se realizará del proyecto presupuestario cuando se presente. Ha añadido sin embargo que "por supuesto" los ingresos se verán influidos por la fecha en que finalmente entren en vigor los tributos.

Herrero ha explicado que actualmente la Airef trabaja en la mejora del observatorio de información económico-financiera de las corporaciones locales, tanto en materia de calidad de los datos de coste de prestación de los servicios como en la elaboración de indicadores de alerta temprana de la sostenibilidad fiscal. Con respecto a la revisión del gasto público que está llevando a cabo la institución, su presidenta ha lamentado que en ocasiones es "difícil" acceder a los datos, lo que complica hacer análisis rigurosos y comparables. Por ello, el organismo prevé publicar una "opinión" en la que planteará la necesidad de trabajar en un sistema de acceso a los datos para favorecer la evaluación e investigación de las políticas públicas, así como para que sea más comprensible para las personas interesadas no expertas.

Las fichas socioeconómicas presentadas este miércoles están conformadas por una base de datos elaborada por el Consejo General de Economistas con información sobre territorio, demografía, mercado de trabajo o equipamiento social de más de 8.000 municipios. La presidenta interina de la Airef resaltó la "gran utilidad" de estas fichas socioeconómicas para conocer la situación de las corporaciones locales, enmarcando la colaboración de ambas entidades en el "esfuerzo continuo" de la Airef por avanzar en la transparencia, la publicación de metodologías y el debate sobre las mismas "en beneficio de todos".

Por su parte, el presidente del CGE, Valentín Pich, agradeció la colaboración de la Airef en el desarrollo de las fichas socioeconómicas, destacando que esta herramienta facilitará el análisis territorializado de la realidad socioeconómica del país y que "cuando se pone en marcha una iniciativa de carácter económico, resulta de mucha utilidad disponer de datos fiables que nos pongan en situación".
(El País, 20-02-2020)

Laboral

El régimen económico de la Seguridad Social se traspasará al País Vasco
El régimen económico de la Seguridad Social también se incluirá en el calendario de las transferencias del Gobierno central al País Vasco. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, cerrarán este jueves en Vitoria el traspaso de esta competencia, tras un primer intento fallido hace dos semanas. “Las pensiones las va a seguir pagando y garantizando el Gobierno de España, pero la gestión de los fondos, los medios materiales y edificios dependerán del Gobierno vasco”, confirmó Idoia Mendia, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi.

Los Gobiernos central y vasco acordaron el 5 de febrero acelerar el traspaso a Euskadi de una treintena de competencias que las dos Administraciones ya habían perfilado el año pasado. Tres de ellas —seguro escolar, productos farmacéuticos y ayudas previas a jubilaciones— se entregarán al País Vasco el mes que viene. Pero el traspaso de la gestión de la Seguridad Social, una de las principales reivindicaciones del Gobierno de Urkullu, se había quedado en el aire debido a su complejidad. Hasta este miércoles.

La secretaria general del PSE-EE, socio del PNV en el Ejecutivo autónomo, disipó las dudas incluso antes de la reunión que mantuvo por la tarde con Darias, en la que abordaron la marcha y el ritmo del proceso de transferencias. Mendia, también candidata del PSE-EE en las elecciones vascas del próximo 5 de abril, anunció que el régimen económico de la Seguridad Social estará en el paquete final. Esta transferencia es una de las que más controversia genera, y siempre ha sido uno de los mayores puntos de fricción entre las dos Administraciones. También lo fue en la reunión que Darias y Erkoreka mantuvieron el pasado 5 de febrero para preparar la cita de este jueves.

El Gobierno y el Parlamento vascos se han pronunciado en repetidas ocasiones y de forma unánime para reclamar una de las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika. Si no hay dudas sobre la cobertura legal de la transferencia, también es cierto que resulta la más compleja. El Gobierno vasco asumirá la gestión de las prestaciones, por las que el Estado gasta en Euskadi más de 9.500 millones de euros al año. Además, se responsabilizará de la gestión y control de las cotizaciones, la recaudación de cuotas, la organización de los ingresos y las sanciones. “La caja única no se toca”, aclaró este miércoles Mendia en Radio Euskadi.

La de prisiones es otra transferencia pendiente que suscita cierta polémica y que se encontraba más avanzada en la negociación con el Gobierno central. Si en el caso de la Seguridad Social se trata de traspasar medios económicos, materiales y personales, pero sin alterar el concepto de caja única que compete a la Administración central, la competencia sobre prisiones guarda ciertas similitudes. Se traspasaría la gestión de las prisiones, pero la política penitenciaria seguiría dependiendo del Ejecutivo central.

La gestión de las cárceles es otra de las demandas históricas de las instituciones vascas, y de forma especial del PNV. “Llevamos 40 años pendientes de la transferencia de medios humanos y materiales para poder ejercer la competencia de prisiones, que está en una ley orgánica, pero en ocasiones parece que la única ley que no se dice que hay que cumplir son los Estatutos de Autonomía”, reprochó el diputado del PNV Mikel Legarda el pasado lunes a Fernando Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados.

Erkoreka insistió este miércoles en que espera que la competencia de prisiones sea transferida de forma inmediata y precisó que, lejos de polémicas, su traspaso nada tiene que ver con la política penitenciaria: “Las políticas que se vayan a desarrollar es otro factor que ya se debatirá y discutirá cuando tenga que discutirse, pero una cosa no debe mezclarse con la otra”.
(Cinco Días, 20-02-2020)

Los empresarios no negociarán los cambios que propone Trabajo para las subcontratas
Los empresarios se han plantado, anunciando que no van a aceptar los cambios que propone Trabajo para reformar la normativa sobre subcontratación de empresas. Así lo manifestaron las principales patronales CEOE y Cepyme tras la reunión de su Junta Directiva en la que, por unanimidad, acordaron rechazar la propuesta de Trabajo para reformar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que regula las condiciones con las que una empresa puede subcontratar obras o servicios a otra, “pese a que este punto no fue objeto de la reforma laboral”, se quejaban ayer los empresarios.

Esta propuesta planteada por el equipo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en los últimos encuentros del diálogo social, consiste, según los empresarios, en que toda la cadena de subcontratación –esto es la empresa contratista y las subcontratadas– adopten las condiciones laborales de la empresa principal.

Esto implicaría, según el comunicado enviado ayer por CEOE-Cepyme, que, de mantenerse en los términos actuales, la propuesta del Gobierno “podría aparejar graves consecuencias para el tejido empresarial y el empleo”, haciendo “prácticamente inviable la supervivencia de muchas empresas”. Y aseguraron “ver claramente que la solución planteada por el ministerio de Trabajo podría generar riesgos no medidos”.

Fuentes empresariales han criticado que la regulación propuesta por Trabajo “es ideológica y no económica”. De hecho, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi ha dicho, en declaraciones a los medios de comunicación, que en la mesa del diálogo social “no se está hablando de cambios laborales (del artículo 42) si no de un cambio del modelo económico”. Y añadió: “Estamos en la Unión Europea, creemos en el libre mercado, las empresas contratan a empresas y creemos que modificar el artículo 42 sobre la subcontratación es una barrera imposible de aceptar por el bien de la economía española”.

No obstante, pese al plante de los empresarios, desde CEOE han dicho que no se cierran en banda a negociar cambios en la subcontratación, pero no por la vía de reformar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, sino introduciendo cambios en la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa, algo que sí fue fruto de la reforma laboral de 2012.

Así, los dirigentes patronales han admitido que “existen unos efectos no deseados de la reforma laboral de 2012” que se produjeron por la posibilidad de regular por convenio de empresa los salarios de los trabajadores. “Esto ha dado lugar –continúan los empresarios– a que un reducido número de estos convenios establezca salarios por debajo del convenio sectorial, que ni amparamos ni compartimos”.
(La Vanguardia, 20-02-2020)

CEOE asegura que en 2019 se hicieron sólo 30 despidos por bajas acumuladas
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado este miércoles que el año pasado se hicieron sólo 30 despidos por acumulación de faltas de asistencia justificadas, por lo que ha considerado "exagerado" e "injusto" que el planteamiento que se ha hecho haya sido el de culpar a los empresarios de esta situación.

Garamendi, en declaraciones a los medios de comunicación, respondía así al ser preguntado por la aprobación en el Consejo de Ministros de la derogación del artículo del Estatuto de los Trabajadores, el 52.d, que sitúa la acumulación de faltas de asistencia justificadas como causa objetiva de despido.

"Lo que no es justo es que se haya puesto en el punto de mira a los empresarios, especialmente a los pequeños, diciendo que no tenemos ninguna sensibilidad", ha criticado Garamendi, que ha añadido que esta "misma sensibilidad" es la que han demostrado los sindicatos al no plantear eliminar esta causa durante los 40 años que lleva vigente.

"Este artículo llevaba 40 años (...) y como consecuencia de una sentencia todo el mundo ha cogido el banderín de decir que era un problema. Nosotros no decimos que no hubiera que mirarlo (...) pero los sindicatos tendrán alguna responsabilidad cuando llevan 40 años sin decir nada", ha apuntado el presidente de la CEOE.

Garamendi ha recordado que la supresión de este artículo, que entrará en vigor mañana, no ha sido un tema de diálogo social, sino una decisión que ha tomado el Gobierno, al tiempo que considera que no tendrá mucho impacto, pues apenas se ha utilizado el '52.d' para despedir trabajadores.

Con independencia de ello, para el presidente de la CEOE es necesario vigilar el absentismo laboral porque hay medios para poder mejorar esta situación. "Nosotros queremos hablar claramente del absentismo profesional, porque hay sectores donde ha crecido", ha agregado.
(El Mundo, 20-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

La CE movilizará 20.000 millones al año para ser líder en inteligencia artificial y 'big data'
Europa quiere ser un líder mundial en inteligencia artificial (IA) y big data. Así lo aseguró la Comisión Europea durante la presentación de su estrategia digital, donde aseguró que pretenden movilizar más de 20.000 millones de euros anuales en la próxima década, con el apoyo del sector privado y la cofinanciación de los Estados. ¿El objetivo? plantar cara al poder de EE UU y China y a las empresas de ambos países en estas tecnologías, pero sin renunciar a los valores democráticos de Europa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió en rueda de prensa que quieren que “la transformación digital dé poder a nuestra economía” y destacó que “Europa es ya líder en inteligencia artificial; producimos el 25% de los robots industriales y la mayoría de artículos de investigación”. Sin embargo, insistió en que la Comisión quiere que los europeos puedan “confiar” en la inteligencia artificial, un área “compleja”, que puede implicar “riesgos significativos en ciertas áreas”, como la salud o el transporte. Por eso, subrayó, habrá que dotarla de “normas claras” y “más estrictas” en lo que se refiere a la protección de los consumidores para lidiar con prácticas comerciales desleales y proteger los datos personales.

Sobre este punto, la vicepresidenta ejecutiva comunitaria, Margrethe Vestager, aseguró que “hay situaciones específicas que levantarían rápido una bandera roja, situaciones en las que puede haber un daño material o inmaterial o que nos expone a discriminaciones”. De ahí, que en opinión de la CE las autoridades deban poder comprobar y certificar los datos utilizados por los algoritmos. "Es necesario contar con datos imparciales para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, en particular la no discriminación", subrayó.

Vestager recordó, por ejemplo, que el reconocimiento facial a través de reconocimiento biométrico remoto está “generalmente prohibido y solo puede utilizarse en casos excepcionales, debidamente justificados y proporcionados”, sujetos a “salvaguardas basadas en leyes de la UE o nacionales”. Por ello, dijo, quieren recabar opiniones sobre en qué circunstancias, si las hay, podrían justificarse tales excepciones. “La inteligencia artificial debe servir a la gente y debe cumplir siempre sus derechos”, subrayó von der Leyen.

La estrategia digital presentada incluye una consulta pública sobre cómo desarrollar de forma segura la inteligencia artificial y debatir las excepciones en las que podría permitirse el uso del reconocimiento facial, una tecnología que ha desatado fuertes críticas por temas de privacidad. La CE quiere un sistema regulatorio para la inteligencia artificial basada en el riesgo, y donde esta se utilice de forma ética, segura y responsable.

Por lo que se refiere a las aplicaciones de inteligencia artificial “de bajo riesgo”, la CE contempla un esquema de etiquetado voluntario para las que aplicar altos estándares de seguridad. Para el desarrollo de esta tecnología, Bruselas apunta a asociaciones entre el sector público y privado y crear los incentivos adecuados para incluir también a las pymes.
(Cinco Días, 20-02-2020)

La Fed prevé mantener los tipos en EEUU ante las sólidas perspectivas económicas
La Reserva Federal (Fed) de EE.UU. prevé mantener sin cambios los tipos de interés ante la confianza en las buenas perspectivas económicas y las señales de "estabilización global", revelaron las actas de su última reunión de política monetaria de finales de enero y publicadas este miércoles. "El esperado crecimiento económico continúa a un ritmo moderado, apoyada por las condiciones monetarias y financieras expansivas", afirmaron las actas del pasado encuentro, en el que se acordó dejar sin cambios los tipos de interés en su actual rango de entre el 1,75% y el 1,5%.

"Además, algunas incertidumbres comerciales se han reducido recientemente, y hubo señales de estabilización en el crecimiento global", indicó el banco central estadounidense. No obstante, advirtió que se mantienen las dudas acerca de la amenaza que puede implicar el brote del coronavirus. Dejar los tipos en el mismo rango, agregó la Fed, "ofrecería tiempo para evaluar sus actuales efectos sobre la actividad económica del cambio a una política más expansiva del pasado año y también permitiría acumular más información sobre las perspectivas".

El banco central ha sido criticado de manera reiterada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha insistido en que debe bajar el precio del dinero para estimular la actividad económica. La próxima reunión de la Fed está prevista para el 17 y 18 de marzo. El encuentro del pasado mes se produjo antes de que se conociesen más detalles del alcance y magnitud de la expansión del coronavirus, lo que ha ensombrecido las previsiones económicas globales.
(Expansión, 20-02-2020)

El Gobierno publicará el índice de precios del alquiler a finales de marzo
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, presentará a finales de marzo el índice de precios de los alquileres de viviendas que se comprometió a elaborar hace casi un año, cuando se aprobó el decreto del alquiler. Ábalos, en respuesta en la sesión de control del Congreso a una pregunta del diputado de Más País, Iñigo Errejón, ha renovado, además, su compromiso de "facilitar una regulación que limite las subidas en las zonas tensionadas con medidas coyunturales y temporales que puedan hacer los ayuntamientos".

Entre los principales aspectos de la regulación que el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2019, donde se incluía el índice, se encontraba la ampliación de contratos de tres a cinco años (o siete si el arrendador es una empresa) y el impedimento a subidas de renta dentro del contrato por encima del IPC. Sin embargo, el índice de precios quedó en suspenso y no ha sido retomado hasta la entrada de Podemos en el Gobierno.

El ministro ha defendido que la publicación del índice de precios, que se actualizará anualmente, será un "gran avance", porque dará "fiabilidad" y "robustez" a los datos, ya que "permitirá utilizar datos censales y no de encuestas, y eso va a ser un indicador también para los precios". También ha señalado la necesidad de diseñar una estrategia a medio y largo plazo basada en medidas como incrementar la oferta de vivienda, nueva o rehabilitada, a precio asequible; perfeccionar los incentivos y ayudas a propietarios e inquilinos, y facilitar una regulación que limite las subidas de los precios de los alquileres, especialmente en determinadas zonas tensionadas.

Errejón ha dicho que es consciente de que las políticas de limitación de precios de los alquileres (que defiende el Ayuntamiento de Barcelona y que rechaza la práctica totalidad del sector inmobiliario) no son "la solución", pero ha defendido que suponen un "torniquete que frena una sangría para quienes no pueden esperar más". Según sus datos, España es el país de la OCDE donde las familias dedican más porcentaje de sus ingresos a pagar una vivienda y donde los jóvenes destinan de media el 40% de su salario, con lo que solo el 18% de los menores de 30 años se independiza.

Errejón ha recordado que en lugares como Nueva York, California, Berlín, París, Austria y Dinamarca el sector público ha intervenido el mercado del alquiler para garantizar el derecho a la vivienda "con buenos resultados" y ha reprochado a los socialistas que "titubeen en cambiar el modelo inmobiliario español". Berlín, por ejemplo, ha dado luz verde a congelar las rentas para los apartamentos construidos antes de 2014, y París ha establecido límites que no podrán ser superados en más de un 20%, bajo pena de multas de 5.000 euros para personas físicas o 15.000 euros en caso de empresas.

El pasado enero el Banco de España advirtió de que este tipo de medidas "no solucionan de manera duradera los problemas de fondo y pueden causar aumentos de precios en las zonas no afectadas por la regulación de precios". Aun así, aseguró que los controles pueden resultar efectivos si se aplican solo temporalmente. El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha recordado este miércoles que el índice de precios de alquiler tiene que ser una referencia estadística "y no puede servir o ser utilizado como un arma arrojadiza para los propietarios de viviendas en alquiler".

En ese sentido, Ábalos ha asegurado que el Gobierno encara el problema de la vivienda "no como un bien de mercado, sino como un derecho y un pilar básico del Estado del bienestar" y ha indicado que España ha invertido en él en los últimos años en torno al 0,11% del PIB, frente al 0,57% de media europea y el 0,87% de países como Francia. Por tanto, ha comentado que se trata de un "tema de urgencia" recogido en el acuerdo de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y que lo que toca es abrir un proceso de diálogo con los grupos políticos y los sectores profesionales para "acertar en la respuesta".
(Expansión, 20-02-2020)

Sector

Justicia ultima una reforma que garantice todos los pagos del turno de oficio
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado que en dicha revisión legal se va a deslindar lo que corresponde a la justicia gratuita, a la que tienen derecho los ciudadanos sin recursos, y la relativa al servicio que prestan los abogados del turno de oficio.

El Ministerio de Justicia está ultimando una reforma legal para garantizar los pagos en debido plazo por todos los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados por los abogados del turno de oficio. Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Foro de Justicia del Colegio de Abogados de Madrid.

Campo ha señalado que se trata de una reclamación justa de la Abogacía pues los letrados que son designados por los jueces para ejercer el turno de oficio en defensa de un ciudadano que no designa letrado tienen también derecho a cobrar, aunque posteriormente no se le reconozca a su defendido la justicia gratuita o se archive la causa.

Para evitar impagos en estos casos producidos en los últimos meses por unos criterios fijados en nuevos informes de la Intervención el ministro ha señalado que se va a llevar a cabo "una reforma normativa para que no vuelva a suceder este problema o al menos poder minimizarlo".

Ha explicado que en dicha reforma legal se va a deslindar lo que corresponde a la justicia gratuita, a la que tienen derecho los ciudadanos sin recursos, y la relativa al servicio que prestan los abogados del turno de oficio.

Al respecto, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, que ha pronunciado una conferencia en el foro, se ha congratulado por el anuncio de esta reforma para evitar la situación actual en la que a mediados de febrero aún están pendientes de ser pagados a la Abogacía servicios de justicia gratuita de noviembre y diciembre. Victoria Ortega ha valorado el compromiso del Ministerio de devolver a la Abogacía 600.000 euros que tuvo depositar para pagos del turno de oficio y ha pedido que todas estas cuestiones se solucionen rápidamente.

Por otra parte, Campo ha considerado que "la Justicia no es el patito feo de los presupuestos. No es un problema de más dinero, que hace falta, ni de más jueces, que hacen falta, el problema es que no tenemos un modelo con el que construir un servicio público como el que queremos porque nunca lo ha habido", ha comentado.
(Expansión, 20-02-2020)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).