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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 21 DE FEBRER DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 20 de febrero de 2020, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de febrero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 21-02-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/21/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/21/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 21 DE FEBRER DE 2020

Fiscal

Montero propone "armonizar" Sucesiones y Patrimonio "contra el 'dumping' fiscal"
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, centra ahora sus esfuerzos en agilizar la tramitación de unos nuevos Presupuestos que, anunció, tendrán como novedad la incorporación de informes de evaluación de su impacto sobre género, jóvenes y familias, o avances en la agenda 2030. Además, desde 2021 incluirán las conclusiones de revisión del gasto público (spending reviews) de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Finalmente, la ministra anticipó que impulsará una herramienta de consulta “accesible” para facilitar al ciudadano conocer el detalle de las cuentas y sus gastos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que el Gobierno propondrá "armonizar" los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, es decir, Sucesiones y Patrimonio, en el marco de la reforma de la financiación autonómica que quiere impulsar, reforma sobre la que quiere tener un borrador en noviembre.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, Montero ha subrayado que esta propuesta tiene por objetivo evitar la "competencia desleal" entre regiones para "atenuar el dumping fiscal", en alusión a la Comunidad de Madrid, lo que ha asegurado que se hará sin afectar a la autonomía fiscal. En principio esto implica que se obligaría a Madrid y a otras comunidades a subir impuestos, aunque habría una horquilla que les permitiría tener los tipos más bajos del conjunto de las autonomías.

Hasta ahora, Montero se había ceñido al anuncio que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el objetivo era que los Presupuestos estuvieran aprobados "antes de que acabe el verano", un plazo que implicaba que se tratarían con toda probabilidad de unas Cuentas para medio año. Pues bien, ahora Hacienda pone el foco en el mes de junio. De momento, la nueva senda se votará en la Cámara Baja el jueves que viene.

Los Presupuestos, ha explicado Montero, tendrán una memoria de impacto de género y contendrán políticas sociales y medioambientales, que se acompañarán de una catarata de subidas de impuestos que el PSOE pactó con Podemos. Se trata de alzas en el IRPF, rentas del ahorro, Impuesto sobre Sociedades, diésel y Socimi. En cambio, las deducciones en Sociedades, IVA e IRPF que Hacienda proyectan eliminar se posponen a 2021. El informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se tomará como guía, pero el Fisco se reserva el derecho a recortar en otras deducciones que la Autoridad no señale. Montero había planteado que intentaría aprobarlas este año.
(Cinco Días, 21-02-2020)

15.700 millones recuperados con la lucha contra el fraude
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió plantar una “batalla sin descanso contra el fraude fiscal”, celebrando que los datos provisionales apuntan a la recuperación de 15.700 millones de euros en 2019 con este tipo de medidas, lo que supone un 4,1% más que en el ejercicio anterior.

En este campo, Montero detalló que ultima una ley –similar a la ya impulsada en 2019 que decayó con la convocatoria electoral del 28A– para limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales; ampliar la lista de morosos con Hacienda rebajando el umbral para aparecer en ella de un millón a 600.000 euros e incluyendo a los responsables solidarios de las compañías; o prohibiendo las amnistías fiscales.
(El País, 21-02-2020)

Laboral

Trabajo estudia una ley para que el trabajador flexibilice y organice su jornada
Así lo ha explicado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey tras la presentación de un estudio académico sobre La regulación legal y convencional del tiempo de trabajo elaborado por el Observatorio de la Negociación Colectiva de la Fundación Primero de Mayo y CC OO.

Pérez Rey, que participó en este Observatorio desde su anterior cargo de profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla- La Mancha, avanzó que la filosofía de este mecanismo legal sería que la flexibilidad horaria y la organización del tiempo de trabajo no se den solo desde la unilateralidad de la empresa y sus necesidades organizativas y productivas, sino que pudiera hacerse también desde la iniciativa del trabajador.

Aunque el proyecto aún está en un estadio muy inicial –y se planea su aprobación “en el medio plazo”, después de terminar con la primera fase del diálogo social–, el secretario de Estado de Empleo incidió en que se trataría de “dar una perspectiva más amplia” al decreto sobre medidas urgentes de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo que aprobó en marzo pasado el anterior Gobierno socialista.

En aquella norma se reforzó “el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral”.

Tras esto, la nueva ley iría algo más allá en este derecho y, según citó el secretario de Estado, también regularía, por ejemplo, las “bolsas de horas” e incorporaría el tiempo de trabajo en los empleos con jornada parcial y “ciertas modalidades contractuales que puedan irse alterando en función de las necesidades que van evolucionando de trabajadores y empresa”.

El estudio sobre esta materia presentado ayer en el Consejo Económico y Social (CES) ha analizado detalladamente 400 convenios colectivos (la mitad sectoriales y la otra mitad de empresa), que afectan a 7,6 millones de asalariados. Sus conclusiones respaldan la intención del Gobierno de regular un uso del tiempo de trabajo corresponsable, al constatar que ni la ley ni la negociación colectiva dan la iniciativa a los trabajadores en materia de jornada.
(Cinco Días, 21-02-2020)

Trabajo plantea una regulación de la subcontratación
La reforma de la subcontratación que pretende el Gobierno y que está negociando con la patronal y los sindicatos ha caído como una bomba entre los empresarios. Fundamentalmente, porque puede suponer un incremento considerable de los costes laborales. Y, en segundo lugar, porque, en consecuencia, pone en peligro el proceso de descentralización de la actividad con el que trabajan la inmensa mayoría de las empresas españolas. Puede poner en riesgo el proceso de subcontratación y miles de empleos.

El Ejecutivo ha planteado, entre otras cosas, a la patronal y los sindicatos tres cambios significativos en este modelo de actividad que está regulado en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.

En primer lugar, la posibilidad de que la empresa principal, o más grande, pueda verse obligada a integrar en la plantilla y en la nómina a autónomos con los que colabora. A los llamados autónomos dependientes de una sola empresa principal o a empleados de otras empresas subcontratadas. A todos aquéllos que puedan considerarse dentro de la actividad central, o de la "propia actividad" de la compañía principal o del contrato.

Por ejemplo, un gran almacén podría verse obligado a asumir a los empleados de una marca de perfumes, maquillaje o gafas que tenga dentro de una de sus tiendas. Siempre que la empresa principal influya en sus relaciones laborales. Un hospital podría ser obligado a integrar como asalariados a médicos que ahora son autónomos o, específicamente, a los anestesistas, que son una auténtica especialidad. La construcción es el paradigma más claro de la subcontratación, aunque hay cientos de ejemplos sobre el riesgo de que, en una cadena de contratación, la empresa principal pueda verse obligada a absorber a los trabajadores de las empresas subcontratista o a los autónomos.

En definitiva, la posibilidad de aumentar los costes laborales por esta vía es también enorme en los sectores de mano de obra intensiva: las empresas que trabajan como auxiliares de otras compañías más grandes. Limpieza, seguridad, correos y mantenimiento de todo tipo.

La segunda razón por la que la reforma de la subcontratación puede encarecer los costes laborales de las empresas es obligar a que los trabajadores de la pyme que desarrolla una segunda actividad tengan las mismas condiciones laborales que los de la principal. Que tengan las mismas condiciones salariales y de derechos que los empleados de la empresa más grande. Salvo que su propio convenio tenga condiciones más ventajosas que los dos anteriores. En ese caso, primarían las condiciones laborales de la empresa subcontratista, aunque éste suele ser un caso muy raro.
(Expansión, 21-02-2020)

Madrid y Vitoria abrirán en junio de 2021 la negociación de la Seguridad Social
Los Gobiernos de Madrid y Vitoria han comunicado el calendario de negociaciones para el traspaso a Euskadi de las 32 competencias que están recogidas en el Estatuto de Gernika. Ambos ejecutivos han marcado junio de 2021 como el inicio de las negociaciones para la transferencia de la gestión de la Seguridad Social. El proceso, según la citada agenda, concluirá en diciembre del próximo año.

Tanto Carolina Dacias, ministra de Política Territorial y Función Pública, como Josu Erkoreka, portavoz y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, han insistido en que "en ningún caso" se quebrará ni la caja única ni el principio de solidaridad que suponen el puntal del sistema de pensiones.

En una comparecencia en la sede del Gobierno vasco en Vitoria, ambos no quisieron adelantar aspectos como el de en qué administración acabarán los funcionarios del Estado que ahora realizan los trámites de la Seguridad Social en Euskadi. En el anterior caso de Justicia, estos empleados públicos se integraron en la administración vasca.

La transferencia de la gestión de las prisiones se adelantará a la de la Seguridad Social. En base al "cronograma" anunciado, las conversaciones entre Madrid y Vitoria comenzarán en junio de este año y pudieran estar culminadas para el final del ejercicio. Su inicio está programado tras la celebración de las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril. PP y Ciudadanos han anunciado que acudirán en coalición a estos comicios.

Sobre los ataques del PP a la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, Erkoreka pidió a este partido que aclare si está a favor del cumplimiento de la ley, puesto que este traspaso está incluido en el Estatuto de Gernika.
(El País, 21-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

CEOE revisa a la baja sus previsiones de crecimiento y es más pesimista que el Gobierno
Las previsiones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de la economía española apuntan a un crecimiento del 1,5% en 2020 y del 1,4% en 2021. Estas tasas son las más bajas desde 2014, año en el que se inició la recuperación tras la crisis. Las perspectivas de crecimiento para este año, por tanto, apuntan a una continuidad del proceso de desaceleración, según CEOE. Aun así, señala que "tampoco se aprecia riesgo de recesión en el corto plazo".

El Gobierno también recoge esta prolongación en la senda de la moderación en su nuevo cuadro macroeconómico, según anuncio la semana pasada, pero es algo más optimista, situando el aumento del PIB en el 1,6% en 2020 y en el 1,5% en 2021, en línea con las previsiones de la Comisión Europea. Para los años siguientes, 2022 y 2023, apunta hacia un cambio de tendencia, con un crecimiento moderado del 1,6% y 1,7%.

Las organizaciones empresariales aseguran que el menor empuje de actividad se focaliza en la demanda interna, concretamente en la inversión en bienes de equipo. Se debe, según su informe, a "la incertidumbre existente, el aumento de los costes fiscales y laborales, y el anuncio de una regulación más restrictiva que no está favoreciendo a la inversión empresarial".

El consumo privado, en cambio, mantendrá su ritmo de crecimiento en torno al 1%, las tasas más bajas en seis años. "A pesar de la ganancia de poder adquisitivo de las familias y de la creación de empleo, la desaceleración prevista en el mercado laboral ha frenado la intensidad del gasto, recuperándose la tasa de ahorro", explican.

El componente más dinámico será el consumo público y la patronal estima que se sitúe alrededor del 2%. Asimismo, prevé que las exportaciones se mantengan a un ritmo de avance moderado debido al lento crecimiento de la Eurozona, que según la Comisión Europea se mantiene prácticamente estable en 2020 y 2021.

Todo este escenario influirá en la creación de empleo, que seguirá creciendo, pero a tasas menos positivas que el año pasado. El informe apunta a un aumento de los ocupados por debajo de los 300.000, con 285.000 en 2020 y 55.000 menos en 2021. Además, afirma que la tasa de paro no se reducirá por debajo del 13% en este periodo.

En cuanto al déficit público, CEOE prevé que será superior al 2%. "El menor compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal en un escenario de pérdida de dinamismo económico nos ha llevado a aumentar la previsión", explica.
(Expansión, 21-02-2020)

La propuesta del presupuesto de la UE, “altamente decepcionante” para Sánchez
Pedro Sánchez ha viajado con la intención de mantener el mismo nivel presupuestario que el marco anterior, con un saldo positivo que supera los 2.000 millones de euros por ejercicio, según datos de la Comisión Europea. Los principales frentes se encuentran en los fondos de cohesión comunitarios y en la Política Agrícola Común (PAC), de la que España es el segundo mayor beneficiado, solo por detrás de Francia.

Se prevé que las negociaciones sean más duras y tensas de lo normal, sobre todo después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que ha dejado un agujero en el presupuesto comunitario que oscila entre los 60.000 y los 75.000 millones de euros para los próximos seis años.

No será fácil conseguir el objetivo, y Sánchez, antes de comenzar un encuentro que se prevé que dure días, aseguró, ya en suelo belga, que el borrador que ha puesto sobre la mesa Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, es “muy decepcionante”, por lo que las negociaciones “probablemente sean largas y complejas”, tal y como recogen las agencias. Michel ha pedido a los líderes europeos que reserven en sus agendas este fin de semana para conseguir cerrar el acuerdo cuanto antes. El tiempo apremia, y son varias las voces que advierten que el proceso ya empieza tarde, por lo que peligran los plazos pensados para 2021, e incluso las partidas para 2022.

El documento preliminar de Michel plantea un recorte del 12% y el 14% en los fondos de cohesión y en las partidas de la PAC, respectivamente. El plan fija el gasto en 1.094.800 millones de euros, el equivalente al 1,074% de la renta nacional bruta (RNB) conjunta. La cifra supone una caída respecto al 1,16% que representó el marco anterior (2014-2020), así como al 1,11% que pide el Ejecutivo comunitario y al 1,3% que reclama la Eurocámara.

Este jueves, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en plena guerra por los precios del campo, alertó en un comunicado que en caso de que se cumpla el borrador planteado por Michel, la agricultura española perderá 925 millones de euros anuales, con “un fuerte descenso del gasto agrario en términos reales (-14,1%)”, que será “más drástico en el desarrollo rural (-24%) que en el capítulo de ayudas directas de la PAC (-10,1%)”. Este último punto, el que sufre una caída menos acusada, es el que más preocupa al Ejecutivo. En cifras, el actual MFP fija para la PAC algo más de 410.300 millones de euros a nivel comunitario, un número que caería a los 329.300 millones de euros en caso de que el plan de Michel tuviera luz verde.
(El País, 21-02-2020)

La reforma de la Ley de la cadena alimentaria, antes de que termine febrero
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este jueves que su intención es presentar la reforma de la ley de la cadena alimentaria en el Consejo de Ministros antes de que termine este mes, es decir la semana que viene, si bien ha reconocido las dificultades existentes.

"Estamos trabajando a contrarreloj, me gustaría hacerlo antes de que concluya este mes", ha asegurado en una entrevista a Onda Cero en la que ha subrayado que su Departamento está trabajando en la reforma de dicha norma, que data de 2013, con el fin de solucionar el problema de agricultores y ganaderos. "Las cosas no son de un día para otro, ni son fáciles, si dijese lo contrario estaría mintiendo, esto no es sencillo, tenemos problemas", ha reconocido.

Dentro de la reforma de la Ley de la cadena alimentaria, el titular de Agricultura se ha referido al aumento de poder de negociación de los agricultores y ganaderos frente a los intermediarios, la industria y la distribución, así como a la introducción de una referencia sobre los costes de producción en los contratos escritos. "El Gobierno es sensible y llevaremos los puntos más sensibles al Consejo de Ministros, ha afirmado Planas.

Por otro lado, ha respaldado a los agricultores y ganaderos, que se están movilizando en distintas partes de la geografía española, porque han hecho que "en el debate público todo el mundo esté hablando de agricultura y ganadería". "Eso es muy importante y me da mucho optimismo", ha afirmado.

Asimismo, ha afirmado ser el interlocutor con el sector, ya que el 80% de sus reivindicaciones son competencia de su Ministerio, si bien ha subrayado la coordinación con otros departamentos. "El objetivo fundamental es poner todos los medios para que agricultores y ganaderos perciban un precio justo", ha señalado.

En cuanto al Consejo Europeo que se va a celebrar en Bruselas, donde España tendrá que pelear contra el recorte de las ayudas de la PAC, el ministro se ha mostrado optimista con la negociación de estas ayudas y ha afirmado que España "intentará sacar lo máximo posible en un consejo que será difícil, pero en el que está bien situada".

Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha subrayado que el Gobierno "está empeñado en dar salidas al campo", porque las reivindicaciones de agricultores y ganadores son "de justicia". "Vamos a actuar con carácter inmediato", ha señalado la ministra, que ha salido así al paso de las críticas de Asaja sobre que el Gobierno tiene muy buenas palabras, pero de momento hace poco.
(La Vanguardia, 21-02-2020)

El déficit comercial cae un 5,5% en 2019 hasta los 31.979 millones
El déficit comercial de España alcanzó en 2019 los 33.979,6 millones, lo que supone un 5,5% menos que un año antes, con nuevo récord en exportaciones (+1,8%), aunque el ritmo de crecimiento de las exportaciones fue el menor desde, al menos, 2010.

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha estacado durante la presentación del balance de comercio exterior de 2019 los buenos datos de 2019, la "potencia" del sector exportador y su diversificación en sectores y destinos, pese al entorno internacional "complejo" y ante las medidas proteccionistas como el Brexit -aunque "se ha despejado el peor escenario"- o ahora el coronavirus.

La reducción del déficit comercial el año pasado se produjo como consecuencia del nuevo récord de las exportaciones, que alcanzaron los 290.089 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior, aunque es el menor aumento desde al menos el año 2010. A su vez, las importaciones también registraron su mayor cifra, al situarse en 322.068,7 millones de euros, un 1% más, aunque por debajo de los incrementos del año 2017 (+5,7%) y 2016 (10,5%).

La tasa de cobertura se situó en el 90,1%, 0,7 puntos porcentuales más que la de 2018 (89,4%). El saldo no energético arrojó un déficit de 8.737,2 millones de euros, unos 30 millones menos que en el ejercicio previo, mientras que el déficit energético disminuyó un 7,5%.

En concreto, las exportaciones dirigidas a la UE (65,7% del total) aumentaron un 2% respecto al año anterior, mientras que las ventas a la zona euro (51,5%) crecieron un 1,7% y las destinadas al resto de la UE (14,3%) subieron un 3,2%. Por países, destacó el aumento acumulado de las exportaciones a Portugal (+3,9%), Reino Unido (+3,6%), Francia (+2,1%), Italia (+2,1%) y Alemania (+1), frente a la bajada de ventas a Turquía (-9,5%).

A su vez, las exportaciones a terceros destinos subieron un 1,3% y representan ya el 34,3% del total, destacando el alza de ventas a América del Norte (+9,2%), Asia excluido Oriente Medio (+7,4%) y África (+0,5%), frente a los retrocesos a Oriente Medio (-8,5%), por medidas en esos países, Oceanía (-2,7%) y América Latina (-1,1%).

Por países, resaltaron Nigeria (+3,9%), Sudáfrica (+26%), Emiratos Árabes Unidos (19,3%), Canadá (+13,6%), Indonesia (+12,2%), Corea del Sur (+12,2%), Taiwán (+11,8%), China (+8,4%), Estados Unidos (+7,4%) y Marruecos (+3,6%). Por el lado negativo se situaron Argentina (-28,8%), Arabia Saudí (-21,4%), Argelia (-13,9%), Egipto (-7,1%) o México (-5,8%).
(El Mundo, 21-02-2020)

 
 
 
 
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