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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 22 AL 24 DE FEBRER DE 2020  

Mercantil, Civil i Administratiu

Características que deben reunir los documentos de control administrativo en soporte electrónico exigidos en los transportes por carretera
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que establecen las características que deben reunir los documentos de control administrativo en soporte electrónico exigidos en los transportes por carretera.
(BOE, 22-02-2020)

Euro
Resolución de 21 de febrero de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 21 de febrero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 22-02-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/24/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/24/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/22/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/22/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 22 AL 24 DE FEBRER DE 2020  

Fiscal

El TEAC complica a Hacienda perseguir bienes donados por morosos
Para evitar que terceros acaben siendo considerados por error responsables solidarios de la deuda del moroso fiscal, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha dictaminado recientemente que, si va a cargar contra un tercero, el fisco debe probar primero que este está implicado en un intento de ocultación de los fondos para evitar el pago de tributos.

El asunto abordado por el TEAC se origina en abril de 2011, cuando una sociedad vendió dos inmuebles urbanos por el valor de la deuda hipotecaria que mantenía, 5,2 millones de euros, a la filial del banco que le había concedido el crédito. Un acuerdo de dación en pago que, sin embargo, quedó sujeto al pago de un 18% de IVA, lo que obligaba a la firma vendedora abonar al fisco 736.855 euros por el primer inmueble y 198.741 euros por el segundo.

Los montos fueron emitidos en forma de cheques por la entidad financiera, que entregó al vendedor el primero, pero cargó contra el segundo las deudas que la firma mantenía pendientes en concepto de intereses ordinarios, de demora y comisiones. Dada la maltrecha situación financiera de la sociedad vendedora de los inmuebles, el recobro de la deuda por parte del banco le impidió hacer frente a su deuda con el fisco.

La Agencia Tributaria de Valencia consideró entonces responsable solidario de la deuda al banco, al que pasó a reclamar el dinero en 2014. La entidad recurrió la decisión ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Valencia que, en 2016, falló a su favor. El fisco elevó entonces el asunto ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, cuyo criterio, fijado recientemente, vuelve a dar la razón al banco.

En su dictamen, el TEAC recuerda que para que el fisco aplique a un tercero la responsabilidad solidaria por la deuda tributaria de otro, en virtud del artículo 42.2.a) de la Ley General Tributaria, debe darse la “ocultación de bienes y derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir” el cobro, la colaboración del supuesto colaborador y el hecho de “que quede acreditado por la Administración que la participación del responsable en la ocultación responde a la mala fe, buscando el engaño para eludir la deuda”.

“En este caso la carga de la prueba”, remacha el TEAC, “recae en la Administración Tributaria”, que “no demuestra que los cargos realizados tuviesen la finalidad de vaciar, cuando menos parcialmente, el patrimonio del obligado al pago en perjuicio de la Hacienda pública”. Aunque el fisco argumentó que para aceptar una dación en pago la entidad debía estar al corriente de la deteriorada situación financiera de su cliente y su incapacidad para cumplir con Hacienda, el tribunal asume que para probarlo la Agencia Tributaria “debía haber demostrado” que el banco “contaba con toda la información patrimonial y financiera” del deudor.
“Es frecuente que la Agencia Tributaria meta en el mismo saco todo tipo de transmisiones a la hora de derivar la responsabilidad. Sin embargo, en muchos casos la finalidad de la transmisión fue otra. Es habitual, por ejemplo, donar bienes a familiares ante un hipotético cambio de Gobierno (estatal o autonómico), por temor a la subida de impuestos. O con la finalidad de prestar ayuda ante una situación de necesidad económica”, ilustra Salvador Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico, quien considera que el fallo del TEAC deja claro que es el fisco el que deberá demostrar que el objetivo de la operación es evitar que el Estado cobre.

“Por tanto, en la medida en que las justificaciones de Hacienda no sean muy convincentes, y además el contribuyente pueda demostrar que la transmisión de bienes tuvo otra finalidad, podría anularse la derivación de responsabilidad”, expone Salcedo, instando a los afectados a pelear en los tribunales estas actuaciones.
(Cinco Días, 24-02-2020)

La caída del beneficio empresarial lastra el impuesto de sociedades
Las grandes compañías españolas que cotizan en el Ibex 35 cerraron 2019 con malos resultados contables. Los seis grandes bancos ganaron de media casi un 20% menos que el ejercicio anterior. Telefónica también empeoró su cuenta de pérdidas y ganancias y Repsol registró pérdidas millonarias. La consecuencia inmediata de estas cifras más sombrías es la caída en el pago de impuestos. La recaudación del impuesto de sociedades, la tercera figura que más aporta a las arcas públicas, cerró 2019 con el primer retroceso desde el inicio de la recuperación económica, en 2014.

Los grandes valores del índice selectivo español, Ibex 35, empeoraron sus resultados contables durante el año pasado. Son apenas 10 empresas, pero con un tamaño tan grande que un mal ejercicio hace perder la recaudación en el impuesto de sociedades. Los grandes bancos, energéticas y operadoras telefónicas redujeron sus beneficios o, incluso, registraron abultadas pérdidas.

La multinacional energética española Repsol cerró con unas pérdidas de 3.800 millones de euros por operaciones extraordinarias. La compañía presidida por Antonio Brufau aprovechó 2019 para sanear su balance de los activos más contaminantes y lanzar su estrategia contra el cambio climático. Telefónica, otro de los pesos pesados del Ibex, redujo sus beneficios un 65% por el impacto de su plan de bajas incentivadas. BBVA (ganó un 35% menos), Santander (17% menos), Caixabank (14%) y Bankia (23%) también cosecharon peores cifras que en 2018. En general, la gran banca redujo de media sus beneficios casi un 20%.

El gran peso de estas compañías sobre la economía española arrastró a la recaudación del impuesto sobre sociedades, que sufrió el año pasado un traspié. Los ingresos por este impuesto sobre los beneficios empresariales retrocedieron por primera vez desde el inicio de la recuperación económica, no superaron la mágica barrera de los 25.000 millones de euros de ingresos, como esperaban los responsables del Ministerio de Hacienda. Y siguen lejos del máximo histórico alcanzado en 2007, en plena burbuja inmobiliaria, cuando llegaron a más de 44.000 millones de euros.

El mal comportamiento de este impuesto a final de año no ha supuesto una sorpresa para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque desde principios de año las grandes compañías cotizadas ya fueron recortando los pagos fraccionados del impuesto —unos anticipos a cuenta de sus resultados futuros que las empresas tienen que hacer en abril, octubre y diciembre—.

“El segundo pago fraccionado disminuyó en cerca de 1.900 millones (un 13,7%) con respecto al mismo pago del año pasado”, avisaba la Agencia Tributaria en el informe de recaudación correspondiente al pasado noviembre. “Para entender esta fuerte caída hay que recordar que el año pasado los pagos tuvieron una evolución peculiar, influida decisivamente por el comportamiento de cinco grandes grupos que tributan de acuerdo al pago mínimo.

Estos grupos declararon pocos beneficios en el primer pago y una cantidad anormalmente alta en el segundo. Eso dio lugar a un nivel de ingresos muy elevado en octubre de 2018 que compensaba sobradamente los malos resultados del primer pago. Este año, al realizar la comparación con ese período, se produce una disminución significativa de los ingresos en esos cinco grandes grupos, explica la Agencia Tributaria.
(El País, 24-02-2020)

El Gobierno podría subir el IVA al 23% para cumplir el objetivo de déficit
EAE Business School advierte de que el déficit público corre "serio peligro" de no cumplir el objetivo del 1,8% del PIB este año, por lo que cree que deberá corregirse con más ingresos, como las tasas 'Google' y 'Tobin' aprobadas o la "más que probable" subida del IVA al 23%, al menos para algunas actividades.

Así lo señala el profesor de EAE Business School, Juan Carlos Higueras, quien ha elaborado un informe sobre la deuda pública en 2019 en el que señala que se produjo un endeudamiento de 43 millones diarios, hasta alcanzar los casi 1,19 billones de euros a cierre del ejercicio. De este modo, la deuda per cápita se sitúa en 25.350 euros, lo que equivale a unos 64.750 euros por hogar.

Higueras avisa del "fuerte aumento" de la deuda en las distintas administraciones públicas y vaticina que el stock de deuda seguirá aumentando y, con ello, los intereses que se abonan. De acuerdo con las nuevas previsiones presentadas por el Gobierno, la deuda pública se situará en el 94,6% del PIB en 2020 sobre la hipótesis de crecimiento de la economía del 1,6%.

En cuanto al déficit público, cree que no se cumplirá el objetivo inicial del 1,8% del PIB previsto por el Gobierno para 2019 y "ni siquiera" el nuevo objetivo del 2%. De hecho, dada la política fiscal "expansiva" anunciada por el Gobierno y la desaceleración de la economía española, a su parecer el déficit público corre "serio riesgo" de no cumplir con su objetivo este año, lo que "necesariamente deberá ser corregido mediante mayores ingresos fiscales".

Además de las tasas 'Google' y 'Tobin', cree que se pondrán en marcha nuevos impuestos de la llamada fiscalidad verde, la eliminación de muchas deducciones en Sociedades y es "más que probable" que haya que subir el IVA al 23%, al menos para algunas actividades, pues "es la forma más viable de aumentar la recaudación de forma significativa y poder cuadrar las cuentas públicas".

De hacerse dicha revisión del IVA, apunta que no sería hasta el segundo semestre de este año por la dificultad que conlleva la revisión y porque se esperará a la aprobación de los Presupuestos, a menos que se prorroguen los actuales. En cualquier caso, sostiene Higueras, subir la imposición indirecta "choca frontalmente con el discurso del actual Gobierno, que ha proclamado que no subiría los impuestos a las clases medias y bajas".
(Expansión, 23-02-2020)

España continúa siendo uno de los países de la UE que menos recauda por impuestos medioambientales
Estos abarcaron un 5,3% de los ingresos fiscales procedentes de tasas y contribuciones sociales en 2018, lo que supone el quinto porcentaje más bajo de la Europa comunitaria, según los últimos datos de Eurostat. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció esta semana en el Congreso de los Diputados que la fiscalidad ambiental es "una asignatura pendiente" para impulsar la transición energética, por lo que dejó entrever que habrá nuevos impuestos de este tipo que se sumarán a la tasa Google y al impuesto a las transacciones financieras. "Quedan pendientes actualizaciones similares en el ámbito ambiental", afirmó.

Ribera señaló que organismos como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea coinciden en que la fiscalidad es una herramienta imprescindible ante la crisis medioambiental, que no ha encontrado todavía en España una respuesta fiscal adecuada. Además, lamentó que los tributos que se han puesto en marcha bajo la etiqueta medioambiental han sido impuestos imperfectos que no definen ni se vinculan de manera directa a las externalidades ambientales negativas, que no tienen el alcance espacial adecuado, o que no lanzan las señales correctoras necesarias.

Dado el desigual peso económico de los países de la UE, la mejor evaluación del peso de los impuestos ambientales se evalúa en términos relativos, es decir, con el porcentaje de fiscalidad verde respecto al total de la recaudación por tasas y contribuciones sociales. España se sitúa en la 23ª posición en 2018 -último año con datos disponibles-, con un 5,28% de recaudación ambiental, sólo por delante de Francia (5,12%), Suecia (4,76%), Alemania (4,45%) y Luxemburgo (4,36%). En lo más alto de la clasificación se sitúan Letonia (10,88%), Bulgaria (9,82%) y Grecia (9,49%).

La serie histórica de Eurostat comienza en 1995 y señala que España estaba entonces en la duodécima plaza, la mejor de siempre. Posteriormente, el peso de los impuestos ambientales en el Estado español fue descendiendo hasta que cayó al penúltimo lugar entre 2004 y 2012. Desde 2016 se mantiene en la 23ª plaza. Un repaso del registro temporal indica que Malta fue el país donde más proporción tenían los impuestos ambientales entre 1995 y 2001, y recuperó el trono en 2007. Dinamarca hizo lo propio en 2002 y 2006, Chipre entre 2003 y 2005, Bulgaria desde 2008 hasta 2011 y Letonia se consolida en lo más alto del ranking desde 2012.

En el otro extremo de la clasificación, Francia ocupó la última posición de forma ininterrumpida desde 2000 hasta 2015 y Luxemburgo tiene ese dudoso honor entre 2016 y 2018. En términos absolutos, los ingresos gubernamentales por impuestos medioambientales en los 27 países de la UE ascendieron a 324.636,7 millones de euros en 2018 (último año con datos disponibles), lo que supone un récord histórico de los Veintisiete. De ese total, 22.066 millones de euros corresponden a España, que también suponen un nuevo máximo de siempre.

En el conjunto de la UE, los impuestos de la energía representaron la mayor parte (77,7%) de la fiscalidad verde en 2018, seguidos de los del transporte (19,1%) y los impuestos a la contaminación y los recursos (3,3%).
(El País, 23-02-2020)

España, Francia, Italia y Alemania piden una fiscalidad digital internacional
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se muestra decidida, junto con los ministros de Economía de Italia, Francia y Alemania, a pactar un impuesto digital común en el seno de la OCDE en 2020, así como un Impuesto global mínimo de Sociedades, y dice que "ahora es el momento". Los ministros de Economía de España, Francia, Italia y Alemania publicaron este sábado en el vespertino "Le Monde" una tribuna en la que piden una fiscalidad digital antes de que acabe el año.

"Crear una nueva fiscalidad internacional, adaptada a las realidades del siglo XXI, es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Tenemos la responsabilidad colectiva de buscar un acuerdo internacional sobre este asunto antes de finales de 2020", indican Nadia Calviño, Bruno Le Maire, Roberto Gualtieri y Olaf Scholz.

Los firmantes aseguran que la situación actual no permite tasar en su justa medida a las grandes empresas digitales, "sean estadounidenses, europeas o chinas", que "obtienen beneficios importantes en territorios donde solo tienen una presencia física limitada".

"Son poco o nada tasados allí donde crean valor, a partir de los datos de millones de usuarios", lo que provoca que "las empresas con más beneficios no contribuyen de forma eficaz a la financiación de los servicios públicos", lo cual es "inaceptable e ineficaz", indican.

Una nueva fiscalidad internacional daría a esas empresas "una mayor previsibilidad", tal y como algunos de sus dirigentes han asegurado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Además, permitiría combatir el "dumping social", ya que muchas de esas empresas se instalan en territorios con bajo nivel impositivo, lo que genera "distorsiones de la competencia" y "cólera social".

"El impuesto mínimo es la única solución eficaz contra la optimización fiscal agresiva ejercida por un puñado de grandes multinacionales", agregan. Esta nueva fiscalidad permitiría a los países recaudar "decenas de miles de euros" para "la construcción de escuelas, hospitales y la inversión en la transición ecológica".
(Expansión, 22-02-2020)

Laboral

Trabajo usará 'Big Data' en su ofensiva contra falsos autónomos
El Ministerio de Trabajo usará la tecnología de análisis masivo de datos -conocida como Big Data- para detectar casos de fraude laboral en materia de contratación. Sobre todo, Trabajo pondrá el foco en los falsos autónomos y la sucesión de contratos temporales.

De esta forma, una herramienta informática analizará millones de contratos y los datos de los trabajadores para crear alertas sobre posibles asuntos de fraude laboral. Además, el Ministerio reforzará la Inspección y los controles a las empresas. Trabajo lanzará así una ofensiva legal contra aquellas empresas que cometan irregularidades en la contratación de sus trabajadores

La ministra, Yolanda Díaz, ha puesto el foco de las actuaciones en las nuevas plataformas digitales. De hecho, la ministra ha anunciado el Plan Director por un Trabajo Digno con acciones específicas en los sectores y trabajos más problemáticos, como la temporalidad fraudulenta, el contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas o falsos autónomos. "Los esfuerzos se centrarán en el uso de la contratación temporal concatenada", señala Yolanda Díaz

"Un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo", ha asegurado la ministra durante su intervención. Desde el Ministerio de Trabajo añaden que para abordar esta situación se tomarán medidas legislativas. Para conseguir el objetivo, la ministra ha resaltado que el Gobierno va a reforzar los efectivos de la Inspección de Trabajo para afrontar con garantías la lucha contra el fraude en diferentes planos y para garantizar, en definitiva, la legalidad en el ámbito laboral.

"Los esfuerzos se centrarán en el uso de la contratación temporal concatenada por un mismo trabajador o puesto, el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y la identificación de relaciones extralaborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo, como por ejemplo los falsos autónomos o falsos cooperativistas", ha dejado claro.

Por ello, ha explicado que es "importante" reforzar el papel de la Inspección para atender a las nuevas fórmulas de trabajo "atípico, que emergen en contextos digitales". "Debemos impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y el derecho al trabajo", ha dejado claro, tras afirmar que el Ministerio hará que la Inspección de Trabajo sea "efectiva y pueda intervenir en los periodos de consulta de manera activa".

Con la anterior titular del Ministerio, Magdalena Valero, al frente de Trabajo, la Inspección recibió ya órdenes para centrar sus actuaciones en las nuevas modalidades de trabajo surgidas tras la irrupción en el mercado laboral de las plataformas digitales. "Esto es un movimiento global que ha llegado para quedarse", señaló Irene Marín Luego, la entonces subdirectora general para la coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo. "Sin embargo, nos hemos encontrado con que estas plataformas han supuesto en muchos casos una merma en los derechos de los trabajadores", subrayó.

De este modo, destacó que las actuaciones de la Inspección de Trabajo se centrarán en los próximos meses en estas nuevas modalidades de trabajo. "Ya ha habido un incremento del empleo aflorado de un 500% en relación con el año 2018", manifestó respecto al Plan de Choque puesto en marcha por el Ministerio de Trabajo.

La subdirectora reconoció el impacto de las nuevas plataformas digitales. "Debemos adaptarnos a estos cambios sociales sin que supongan una merma en los derechos de los trabajadores, y ese es uno de los objetivos clave del Ministerio", añadió.
(La Vanguardia, 24-02-2020)

Los parados que llevan dos o más años sin trabajar bajan del millón
El número de parados en España que llevaban dos o más años buscando empleo se situó en 991.400 personas en 2019, la cifra más baja desde hace casi una década, y la primera que baja del millón desde 2010. Los últimos datos de la EPA -publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)-, que recogen la media de los cuatro trimestres del año 2019, reflejan un descenso de más del 18% en el número de desempleados en búsqueda activa de empleo por dos o más años, al pasar de los 1,21 millones de personas en media anual en 2018 a las 991.400 el año pasado. La cifra, siempre dentro de este rango temporal, es la más baja desde 2010. Entonces, el número de parados de larga duración se quedaba en los 787.700 desempleados.

Lejos quedan los números de los peores años de la crisis económica. En concreto, los de 2014, cuando se registró el pico más alto de la serie histórica, con un total de 2,38 millones de personas que llevaban en búsqueda activa de empleo desde hace más de dos años. En 2015, eran más de 2,23 millones los parados de larga duración, y en 2013, 2,18 millones. No fue hasta 2016 cuando la cifra bajó de los dos millones (1,9 millones de desempleados), para pasar al millón y medio en 2017 y a los 1,2 millones un ejercicio después.

De estos 991.400 desempleados, el 55% eran mujeres (546.200), mientras que el 45% restante eran hombres (445.200), una constante de los últimos tres años. Por su parte, al analizar los tramos de edades, los más perjudicados fueron los que se movían entre los 50 y los 54 años (159.800 de 991.000 desempleados). Les siguieron los que oscilaban entre los 55 y los 59 años (151.500 personas) y los que tenían entre 40 y 44 años (124.800). Los menores de 39 años, sumando todos los tramos de edad disponibles hasta los 16 años, sumaron algo más de 318.000 miembros al registro.

La estadística también muestra que en 2019 un total de 448.300 parados llevaban entre uno y dos años buscando empleo, mientras que 420.600 entre 6 meses y un año, otros 390.800 de tres meses a menos de seis meses, alrededor de 463.30 de un mes a menos de tres meses y 200.700 menos de un mes. De su lado, 332.700 parados encontraron empleo el año pasado.

Asimismo, la tasa media de paro en el año 2019 bajó 1,15 puntos respecto al año anterior, hasta el 14,1%, lo que supone la menor tasa en once años, ya que la tasa media de paro de 2008 fue del 11,25%. En estos años la tasa más alta se registró el año 2013 (26,09%), seguido por 2012 (24,79%) y 2014 (24,44%).

En cuanto a los ocupados, el año 2019 cerró con 19,77 millones de afiliados a la Seguridad Social, por encima de los 19,32 millones del año anterior. Con ese dato, el número de ocupados regresa a los niveles de hace más de una década, ya que en 2008 la cifra era de 20,46 millones y en 2019 bajó a los 19,1 millones. El nivel más bajo se produjo, en línea con los datos de paro, el año 2013, cuando solo se registraron 17,13 millones de ocupados.
(Expansión, 22-02-2020)

Trabajo afloró 122.608 empleos en 2019
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social hizo aflorar en 2019 un total de 122.608 empleos, de los que 55.471 correspondían a mujeres, en el marco de las campañas relativas al control del empleo sumergido en distintos sectores de actividad económica. Estos datos los facilita el Gobierno en la respuesta que ha dado por escrito al grupo parlamentario de Ciudadanos, que le interpelaba por el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en las empleadas del hogar y por la economía sumergida.

En el escrito del Gobierno se detallan las principales medidas del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, entre las que está la lucha contra la economía irregular en el sector de las empleadas domésticas. El Ejecutivo destaca la realización por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de visitas de inspección en horarios especiales, como el nocturno o los fines de semana y días festivo, "para evitar que en esas franjas horarias prolifere el trabajo no declarado".

Ciudadanos pedía conocer las medidas que el Gobierno va a poner en marcha para cumplir con la directiva europea relativa al principio de igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y para asegurar la plena adopción del Convenio sobre trabajo digno para los trabajadores domésticos de la OIT.

En la contestación del Ejecutivo se remarca que la actuación inspectora en el sector de las empleadas del hogar está sometida a unos límites, ya que, si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, la Inspección debe obtener el expreso consentimiento de aquel o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

No obstante, el Gobierno incide en que una de las medidas del Plan Director es la creación del Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para luchar contra el fraude laboral o contra la discriminación o acoso sexual por razón de sexo. También recuerda que se harán cruces de bases de datos, para detectar posibles situaciones de discriminación salarial entre empresas, tanto directas como indirectas.
(El Mundo, 22-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

La CNMV envía aclaraciones a las empresas cotizadas para que clasifiquen bien la información
Las empresas que cotizan en la Bolsa española sufren desde el pasado 8 de febrero para clasificar la información que envían al mercado. La CNMV les exige discriminar entre la que puede mover los precios, denominada en la nueva nomenclatura información privilegiada, y el resto. El supervisor que preside Sebastián Albella envió hace unos días a las empresas aclaraciones sobre dos temas que habían levantado dudas, según fuentes de varios emisores.

En el documento del supervisor, que no se puede considerar una norma, se explica qué hacer con los resultados y con los ceses de consejeros. La conclusión: por defecto, ninguna de estas informaciones entra en el cajón de información privilegiada. Un portavoz de la CNMV señala que en general no ha habido problemas, solo incidencias lógicas de las primeras semanas de rodaje. No se ha dejado de publicar nada, pese a que ahora las empresas deciden cómo se clasifica la información y se arriesgan a sanciones.

En plena temporada de resultados anuales, que terminará el próximo viernes, los comunicados de las compañías se amontonan en dos apartados de la web. Antes, todo iba al mismo buzón, el de “hechos relevantes”. Las cuentas de Map­fre, Lar y Enagás se enviaron al de “otra información relevante”, mientras que las de Airbus, ACS, Repsol y Telefónica sí llevaban el sello de “información sensible”.

La piedra de bóveda de la confusión que ha provocado el nuevo sistema entre los emisores es la propia definición de información privilegiada. El reglamento europeo de abuso de mercado, que la define, señala que es toda aquella “de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios emisores o a uno o varios instrumentos financieros o sus derivados y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los precios de dichos instrumentos”. En ese cajón entra de todo: es una decisión con ciertas dosis de arbitrariedad.

Al final, en las compañías consultadas se ha optado por considerar información sensible aquella que requiera la ampliación de una nueva lista con nuevos iniciados. Estos son todas aquellas personas que tienen acceso a información con impacto en el precio. Una de las grandes dudas está en la información de resultados. Pero la CNMV aclara que, por defecto, esta no es información privilegiada, salvo que incluya datos muy singulares, imprevistos por el mercado. Si mejoran o empeoran de forma significativa las previsiones de las casas de análisis o si implican un cambio de tendencia.

No quiere que la nueva ventanilla se sature. Aquí hay dudas, porque Mapfre, que comunicó sus cuentas de 2019 como “otra información relevante”, ganó 609,2 millones, por encima de los 555 del consenso recopilado por Bloomberg, la agencia a la que los inversores de todo el planeta miran para saber si alguna compañía decepciona o embelesa con sus beneficios. Tampoco se rotularon como información sensible las cuentas de Enagás, pese a que ganó menos de previsto y a que anunció que su dividendo subirá un 5% este año.

Sí optaron por incluir los resultados como información privilegiada, además de como otra información –en este caso regulada, debido a la obligación de publicación de las cuentas–, Airbus, ACS, Repsol y Telefónica. El fabricante de aviones lanzó un comunicado en el que afirmaba que cumplió sus previsiones de 2019. Sin embargo, sus acciones cerraron con una caída del 2,78%. ACS también despuntó en Bolsa el día en que presentó sus cuentas de 2019 y anticipó objetivos para este año. El grupo constructor que preside Florentino Pérez subió un 2,37% después de dar a conocer la información sensible.
(Cinco Días, 24-02-2020)

El Gobierno salva del veto al juego online al fútbol y al 'streaming'
Los partidos de máxima audiencia serán los únicos que puedan emitir publicidad de casas de apuestas. En concreto, sólo aquellos que empiecen a partir de las 20:00 horas y terminen antes de las 05:00. Esta limitación horaria, que forma parte del real decreto que presenta hoy el gobierno, afectará tanto a las radios como a las televisiones públicas y privadas y, sobre todo, a las televisiones de pago (como Movistar u Orange) que tienen la mayoría de los derechos del fútbol.

Además de en el horario, la nueva norma, que podría entrar en vigor la próxima temporada, pondrá la lupa en los contenidos de los spots. Los Apuesta, Juega, Entra ya ...pasarán a la historia. Y en este caso la restricción se amplía al resto de medios tradicionales: radios, televisiones, periódicos, medios online, así como a la publicidad en la calle.

Los anuncios no podrán tener a un futbolista ni personaje público como protagonista, tampoco podrán ofrecer bonos de captación o de fidelización de más de 100 euros ni apelar al juego de manera directa y agresiva. Todo mensaje que sugiera que el juego soluciona problemas personales, que otorga una superioridad moral o que vincule el juego al éxito quedará prohibido.

La prensa escrita, tanto la generalista como la deportiva, podrá seguir publicando anuncios de casas de apuestas, siempre y cuando el contenido respete las nuevas limitaciones. Esto es, un anuncio aséptico y pasivo. Igualmente ocurrirá en los medios online, para quienes no se plantea discriminación horaria, aunque sí se prohíben los anuncios que se superpongan al contenido de la página de manera intrusiva.

Las vallas publicitarias y soportes similares tendrán que respetar la misma norma de contenido para favorecer la protección al menor, de igual forma que otros recintos, como espacios deportivos para niños o cines. No será el caso de los estadios deportivos que, a partir de las 20:00 horas, podrán incluir publicidad de apuestas en las pantallas y marcadores, las vallas a pie de campo y en las camisetas de los futbolistas.

Esta norma también tendrá aplicación para los operadores públicos, como la Lotería Nacional o la Once. Para estos, la restricción de horario será más laxa por ser considerados por la norma juegos menos potencialmente adictivos. El contenido sí se limitará igual que en el resto de medios. Ya no se podrá relacionar directamente, por ejemplo, la Lotería de Navidad con la idea de hacerse rico.

En caso de incumplimiento, el régimen sancionador seguirá la Ley del Juego. Las empresas de casas de apuestas deberán asumir multas de entre 100.000 euros y 50 millones de euros en caso de infracciones leves o medias y, en último caso, perder la licencia.
(El Mundo, 22-02-2020)

 
 
 
 
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