Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 26 DE FEBRER DE 2020  

Mercantil, Civil i Administratiu

Medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación
Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.
(BOE, 26-02-2020)

Euro
Resolución de 25 de febrero de 2020, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 25 de febrero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 26-02-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 26 DE FEBRER DE 2020

Fiscal

La AEAT lanza un nuevo canal digital de ayuda a un mes para el inicio de la Campaña de Renta 2019
La Agencia Tributaria ha lanzado un nuevo canal de ayuda para aclarar dudas fiscales que permitirá a los contribuyentes con un solo 'clic' llamar al servicio de Información Tributaria Básica desde el portal del organismo tributario en Internet. Esta nueva herramienta, a poco más de un mes para que se inicie la Campaña de la Renta 2019 el próximo 1 de abril, permitirá a los ciudadanos llamar a este servicio de ayuda desde el icono del portal de Internet de la Agencia Tributaria '¿Dudas? Clic aquí Información Tributaria Básica'.

El organismo precisa que el contribuyente podrá acceder a este nuevo servicio desde su navegador, compatible con Google, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, y que la llamada se incluirá en la tarifa de datos de Internet contratada. Asimismo, indica que sólo requiere conectar micrófono y altavoz al equipo informático para una comunicación correcta y añade que, según las estadísticas reales de uso de navegadores en España, esta herramienta cuenta con un 98% de compatibilidad.

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2019 comenzará el próximo miércoles 1 de abril de 2020 para la presentación de declaraciones, y se prolongará hasta el día martes 30 de junio de ese año, según el calendario del contribuyente elaborado por la Agencia Tributaria para el próximo.

En concreto, el 1 de abril arranca la campaña para la presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2019, así como para aquellos contribuyentes que deseen realizar por teléfono la declaración de Renta. Los contribuyentes que opten por la presentación presencial en comunidades autónomas y oficinas de la AEAT de la declaración anual de Renta 2019 está prevista que se pueda realizar a partir del miércoles 13 de mayo.

El plazo de la campaña de 2017 finaliza el 30 de junio en general, si bien concluirá con anterioridad, el 25 de junio, en los casos de declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta. Además, aquellos que elijan el fraccionamiento del pago de la declaración tendrán que realizar el segundo abono antes del 5 de noviembre.
(Expansión, 26-02-2020)

El Congreso aprueba por unanimidad el nombramiento de Cristina Herrero como presidenta de la Airef
La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados dio este martes, de forma unánime, su visto bueno al nombramiento de Cristina Herrero como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) por un mandato de seis años no renovable. Herrero, actual presidenta interina de la autoridad fiscal desde el nombramiento como ministro de su antecesor, José Luis Escrivá, forma parte del equipo de la Airef desde su creación en 2014, cuando se incorporó al frente de la división de Análisis Presupuestario.

Herrero es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid en 1989, interventora y auditora del Estado e Inspectora de Hacienda, ámbitos en los que ha desarrollado su trayectoria profesional. Entre 1993 y 2000 fue jefa de área en la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público dentro de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), momento en el que pasó a ejercer de vocal asesor en la IGAE como coordinadora de la elaboración de las cuentas nacionales del sector de las administraciones públicas.

En noviembre de 2005 fue nombrada subdirectora General de Análisis Presupuestario y Organización Institucional del Sector Público Autonómico de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Bajo dicha división realizó funciones de supervisión y seguimiento de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de los procesos de reordenación del sector público autonómico y mecanismos de financiación habilitados por el Estado para el pago a proveedores.

Posteriormente, ya en 2014, se incorporó a la Airef entre el equipo conformado para su puesta en marcha y se situó al frente de la división de Análisis Presupuestario, convirtiéndose en responsable de una de las principales funciones de la institución como garante de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
(El País, 26-02-2020)

Laboral

Los empresarios piden mayor flexibilidad
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, dio el pistoletazo de salida a la jornada glosando las virtudes de una reforma laboral que dio más margen de maniobra a los empresarios a la hora de contratar y despedir: “Veníamos de una profunda crisis. El nuevo marco fue clave para que muchas empresas arrancaran. Esa es la realidad, mal que pese a la gente”. Ahora, en opinión del representante de los empresarios, el horizonte de los empleadores se nubla y el futuro no está claro.

Y no es su única preocupación: “La formación continua en España es un desastre que ha supuesto para las empresas un gasto de 2.300 millones de euros. Si quiero traer a mi compañía a un japonés que nos enseñe a manejar un dron, el permiso para hacerlo puede tardar dos o tres años. Para entonces, ya ha surgido una tecnología mejor”.

La contrarreforma laboral que plantea el Gobierno, como la definió Garamendi, no llegará en los términos actuales con el apoyo de CEOE: “No consentiremos constreñir la libertad de las empresas. Y recuerdo que el empleo, en España lo crea sobre todo la empresa privada”. Y de libertad habló también Francisco Loscos, profesor de Esade, que resumió las posibilidades que ofrece el nuevo mercado laboral con un dato: “Hay un estudio de McKinsey que dice que solo el 2% de los empleados de una empresa son clave. ¿Por qué retener al 98% restante?”.

Las plantillas tal y como se entienden hoy, opinó el docente, son un concepto sólido derivado del que, bajo su análisis, fue el pecado mortal original de los directores de recursos humanos y de los encargados la gestión de personal: la antigüedad. Pero el modelo está cambiando: “Si nuestros padres tuvieron el mismo empleo toda la vida y ahora tenemos siete, nuestros hijos nos dirán que ellos son nómadas de talento y que, como mucho, quieren dedicar 10 horas a nuestra empresa.

O que solo nos ayudan con un proyecto específico. Habrá quien quiera un contrato y un salario y habrá quien ni quiera oír hablar de eso. Cierren los ojos y sueñen conmigo: ¡se acabaron las plantillas!”. Con esa idea, la de romper con las categorías estancas, trabajan ya los departamentos legales de las empresas.
(Cinco Días, 26-02-2020)

30.871 personas perdieron su trabajo en un despido colectivo el pasado año
El ministerio de Trabajo y Economía Social hizo ayer públicos nuevos datos que respaldan este empeoramiento del mercado de trabajo. Por tercer año consecutivo, en 2019 volvió a incrementarse el número de trabajadores que se vieron afectados por alguno de los tres tipos de expedientes de regulación de empleo (ERE) que existen.

Estos ajustes pueden ser de extinción (despidos colectivos en una empresa), de suspensión temporal de empleo (los trabajadores llegan a un acuerdo con la empresa para trabajar menos días con recorte proporcional de sueldo y cobro parcial del desempleo), o de reducción de la jornada diaria de trabajo y salario.

Concretamente, hubo 88.927 empleados afectados por alguno de estos ERE, un 22% más que en 2019. Pero el dato más preocupante de los incluidos ayer en esta estadística es el fuerte aumento del número de trabajadores que fueron despedidos en un ERE de extinción y que, por tanto, perdieron su empleo definitivamente. Este grupo sumo 30.871 trabajadores, los que supuso un incremento del 55% respecto a los despedidos por este método en 2018. Se trata del primer incremento de estas extinciones colectivas desde 2012.

Junto a ellos, casi 60.000 trabajadores experimentaron una suspensión temporal de su empleo, un 12% más que el año anterior. Y solo el mecanismo de reducir las jornadas registró un descenso del 23%, con apenas 2.771 trabajadores afectados.

Esta evolución indica que, a pesar de que las empresas han optado mayoritariamente por suspensiones temporales de empleo, los ajustes que más se incrementaron el pasado año fueron claramente los despidos. Si bien, la inmensa mayoría de estos ERE se produjeron con el acuerdo entre la empresa y los trabajadores. En el caso de los despidos, el 88% fueron pactados y en el de las suspensiones de contrato y reducciones de jornada, el 90% y 89%, respectivamente.

Otro dato preocupante de esta estadística lo arroja el hecho de que la industria manufacturera sea la que más despidos ha ejecutado, casi uno de cada tres (8.719 despedidos). A este sector le siguió el comercio y la reparación de vehículos, con 5.713 afectados por despidos colectivos y, en tercer lugar, las actividades financieras y de seguros (4.844 despedidos). Dentro de las bajas del sector industrial destacaron los casi 2.000 despedidos en la fabricación de otro material de transporte.

Aunque fue el sector de la construcción donde más se incrementaron estas extinciones colectivas, pasando de 689 despidos en 2018 a 1.387 en 2019, lo que significa haberse multiplicado por dos. Más de un tercio de los despedidos trabajaba para empresas de 1.000 empleados o mayores. En estas grandes compañías los ERE de extinción afectaron a 12.452 personas, un 41% más que en el año anterior. Solo en las empresas de entre 250 y 400 trabajadores hubo menos despidos en 2019 (1.470) que en 2018 (2.006).

Entre los grandes ERE acometidos el pasado año en la economía española destacan en el sector financiero los de Santander, tras su compra del Banco Popular, y CaixaBank, que suman recortes de más 4.000 empleos. En el área de las telecomunicaciones, Vodafone despidió a algo más de 900 trabajadores, en su tercer ERE desde 2013. Asimismo, la tercera cadena de supermercados del país en cuota de mercado, Dia, aplicó un despido colectivo a 1.604 trabajadores y otro en las tiendas MaxDescuento a otros 186 empleados. Mientras que las automovilísticas como la Ford de Almussafes llevó a cabo un nuevo ERTE (expediente de suspensión temporal) para más de 6.000 empleados mientras que Nissan acordó la salida de 600 trabajadores.
(Expansión, 26-02-2020)

La pensión media supera por primera vez los 1.000 euros al mes
La Seguridad Social destinó en febrero 9.872,3 millones de euros al pago de 9,8 millones de pensiones contributivas (cerca de un millón de pensionistas cobran dos prestaciones). Se trata de un nuevo récord de gasto en pensiones, algo que se produce todos los meses, pero también representa cierta desaceleración del avance de este gasto que creció un 3,2% respecto al mismo mes de 2019, frente a un incremento gasto mucho mayor, del 7%, anual que se registraba hace un año.

Así lo ha indicado hoy el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que también ha facilitado otro dato significativo: la pensión media del sistema (que incluye las de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares) ascendió en febrero 1.006,85 euros al mes, superando por primera vez en la historia los 1.000 euros mensuales.

El crecimiento de la nómina de las pensiones este mes incluye la revalorización del 0,9% aprobada para 2020 y aplicada por primera vez en febrero. Si bien el avance del gasto en pensiones es menor este año porque en 2019 la subida aplicada a todas las prestaciones fue del 1,7% y del 3,1% a las mínimas (incluida en ambos casos la paguita para compensar la inflación).

No obstante, cuando el Gobierno anunció la revalorización del 0,9% para este año, según la inflación prevista para el ejercicio, también se comprometió a acometer un mayor incremento de las prestaciones en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, si bien se desconoce si este punto es compartido por el nuevo equipo de la Seguridad Social, que todavía no ha hecho públicas sus líneas de actuación, algo que hará su ministro, José Luis Escrivá este próximo jueves en el Congreso de los Diputados.

Siete de cada diez euros de la nómina mensual que desembolsa la Seguridad Social para el pago de prestaciones lo destina a pagar pensiones de jubilación (7.056 millones) y, en segundo lugar, se sitúa lo destinado a las de viudedad, que, con 2,36 millones de beneficiarios, requiere el pago de 1.706 millones de euros. Si bien, este colectivo está totalmente estancado y el número de perceptores ni crece ni disminuye, tras diez años de incrementos muy bajos.

Según esta misma estadística, la pensión media de jubilación asciende a 1.156,26 euros al mes tras incrementarse un 2,16% anual, por efecto de la revalorización y de las mejores carreras de cotización de los jubilados que entran en el sistema. La cuantía media de las prestaciones de incapacidad temporal se eleva un 1,6% hasta los 986,30 euros al mes; la pensión media de viudedad queda fijada en 722,65 euros anuales (un 2% más que hace un año); y las de orfandad y en favor de familiares, en un promedio de 409 y 586 euros, respectivamente.
(La Vanguardia, 26-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Gobierno prohíbe la 'venta a pérdidas' en el campo y reduce a 20 el número de peonadas
El Gobierno ya ha dado forma a la batería de medidas con las que pretende calmar las protestas que, desde hace semanas, llevan a cabo los trabajadores del campo de toda España ante su precaria situación económica. Medidas que forman parte de la reforma de la ley de la cadena alimentaria, aprobada en 2013 y que será actualizada a través del real decreto ley aprobado este martes en Consejo de Ministros y que ahora deberá pasar por el Congreso de los Diputados.

El responsable de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señaló que gran parte de las reivindicaciones del campo “son legítimas, tienen razón de ser y deben ser atendidas”, y se felicitó de haber dado forma al real decreto en un “tiempo récord”. Las novedades que introduce el Gobierno, que aprovecha para incluir la directiva europea de prácticas comerciales desleales que estaba pendiente de transponer, pueden resumirse en cuatro puntos principales.

El principal, una demanda histórica del campo, es la prohibición de la venta a pérdidas. Es decir, los operadores de cualquiera de los eslabones de la cadena deberán pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción de ese bien. Si un supermercado lo vende por debajo de ese valor deberá repercutirlo en su propia estructura de costes Si, en cambio, adquiere el producto por debajo de coste ese operador será sancionado con hasta 100.001 euros al ser una falta grave.

Si hay reiteración será muy grave, pudiendo llegar a ser sancionadas con un millón. “De esta forma prohibimos la destrucción de valor en cada elemento de la cadena”, analizó Planas. Esta medida cuenta con la excepción de ciertos productos perecederos que, por su caducidad, podrán ser vendidos a un precio inferior para evitar el despilfarro alimentario. “Nunca se podrá imputar al vendedor aquel precio por el que el siguiente eslabón de la cadena comercializa un producto”, recalcó Planas.

Medidas que fuentes de FIAB, la patronal de la industria de la alimentación y bebidas, valoraron positivamente al “impedir la destrucción del valor en la cadena” e incorporar “obligaciones respecto a las promociones comerciales”.

Estas, anunciadas ayer por Planas, pasan sobre todo por la prohibición de lo que llamó “ofertas engañosas” que “banalizan” los productos o “llevan a error sobre su precio”. Este puso dos ejemplos concretos: “La venta del litro de leche por debajo de los 60 céntimos o promociones que regalan una botella de aceite por la compra de dos botellas de detergente. Eso es una devaluación del producto y del trabajo que no se puede permitir.

Estas prácticas quedarán prohibidas”, remarcó Planas, que no cree que esto implique una subida de los precios al cliente final: “Es compatible que los precios no suban y que, al mismo tiempo, pueda existir una mejor retribución por su trabajo a agricultores y ganaderos”, afirmó. Las principales patronales de los supermercados, Asedas y ACES, prefirieron no valorar el real decreto hasta conocer todo su contenido.

Desde la industria sí se cuestiona una de las medidas principales del real decreto: la obligatoriedad de incluir en los contratos que firmen agricultores y ganaderos con los primeros compradores que el precio pactado cubre los costes de producción. Para determinar estos se deberá tener en cuenta elementos como el coste de semillas, fertilizantes, pesticidas, energía o maquinaria, e índices de precios como los que publica Agricultura. Desde FIAB expresaron sus “dudas” sobre la “efectividad de la aplicación” de estas cláusulas y “la compatibilidad con las normas de Competencia”.

La cuarta de las medidas principales de la reforma también tiene que ver con los contratos. La inexistencia de estos pasa a ser una infracción grave (antes era leve), y estas serán públicas. Otras claves del nuevo real decreto afectan directamente a las condiciones laborales de los trabajadores del campo. En concreto, reduce a 20 las peonadas o jornadas de trabajo en el campo mínimas para acceder a los subsidios de desempleo y a la renta agraria a los trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura.

También incluye bonificaciones para la conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos o fijos discontinuos. Además, permitirá que la tributación del IRPF de los jóvenes agricultores que se incorporen a la actividad productiva pueda ser pagadas en cuatro ejercicios y no solo en uno.
(El País, 26-02-2020)

La UE adopta el mandato para negociar su relación con el Reino Unido
Los equipos de la Comisión Europea (CE) y del Gobierno británico comenzarán el próximo lunes la primera ronda de negociaciones para definir su relación tras el Brexit, informó hoy el jefe negociador comunitario, Michel Barnier. En una rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Generales en el que se han aprobado las directrices negociadoras de este proceso, Michel confirmó que esta primera ronda, que se celebrará en Bruselas, comenzará el próximo 2 de marzo y se prolongará hasta el jueves 5.

Será la primera ocasión de Barnier y su equipo para reencontrarse con los negociadores británicos, liderados por David Frost, desde que se produjo el Brexit, ya que ambas partes habían cerrado el acuerdo de retirada el pasado mes de octubre, antes de que los respectivos parlamentos concluyeran su ratificación en enero.

El primer encuentro tendrá lugar en Bruselas y la siguiente ronda, también en marzo, pero sin fecha específica, en Londres. Esta alternancia se mantendrá durante todas las negociaciones. Barnier subrayó que la UE está "preparada" para empezar esta nueva etapa, pero avisó de que el acuerdo final no llegará "a cualquier precio", un aviso muy similar al que ha planteado Francia al pedir "no ceder a la presión del calendario".

"El próximo 31 de diciembre, el Reino Unido dejará la unión aduanera y el mercado único. Los plazos son ajustados, pero esto es una decisión británica y no de la UE. Cada una de las partes debe asumir la responsabilidad que le corresponde", recordó. El negociador europeo mantuvo que en el "poco tiempo" del que disponen "no se va a poder lograr absolutamente todo", pero afirmó que se hará "lo que se pueda" y pidió un "clima de confianza en el seno de la UE". "Es el Gobierno británico, y no la UE, el que ha exigido unos plazos tan ajustados", insistió.

El mandato aprobado sigue apostando por establecer una asociación económica con el Reino Unido "ambiciosa, equilibrada y que cubra múltiples áreas, siempre que haya garantías suficientes para la igualdad de condiciones", de forma que se garantice la competencia abierta y justa. En ese sentido, el texto menciona que la UE debería tener la posibilidad de aplicar medidas "autónomas, incluidas las interinas, para reaccionar con rapidez a disrupciones de las condiciones de competencia igualitarias en áreas relevantes, con los estándares de la Unión como punto de referencia".
(La Vanguardia, 26-02-2020)

Sector

No es posible presentarse al examen para ejercer la profesión de abogado o procurador sin haber obtenido el título de licenciado o graduado en Derecho
Los aspirantes que ingresen al curso sin tener convalidado el título obtenido en otro país no pueden, por tanto, realizar la prueba. Así lo avala la Audiencia Nacional en una reciente sentencia, en la que rechaza el recurso interpuesto por la Universidad Antonio de Nebrija contra la convocatoria de la segunda prueba de evaluación de 2017, en la que, por primera vez se incluía esta exigencia.

La universidad entiende que este requisito temporal "restrictivo" es nulo de pleno derecho por ser un añadido que no está contemplado expresamente en la ley. Por otra parte, razona, perjudica a los alumnos que han ingresado en el máster antes de convalidar la titulación obtenida en el extranjero. Según denuncia, las memorias "verificadas" de los planes de estudio de muchos de estos cursos admiten expresamente esta posibilidad, "conforme a la legislación vigente". Esta nueva orden, señalan, obliga a "incumplir" lo dispuesto en dichas memorias.

La condición vulnera, en su opinión, varios principios constitucionales, entre ellos el de "confianza legítima", provocando con ello una "absoluta inseguridad jurídica". Además, lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de todos los estudiantes. La Sala niega, en cambio, que se trate de un nuevo requisito, sino más bien, la aclaración de una condición implícita en la normativa que regula la profesión (ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y reglamento de 2011).

El proceso para conseguir las competencias específicas para ejercer la abogacía o procuraduría se divide en tres fases, ordenadas como una secuencia "lógica". "El itinerario comienza con la acreditación del primer ciclo de estudios", afirma el abogado del Estado, que se ciñe al literal de la exposición de motivos del reglamento que habla de "requisito previo". Así, los alumnos que no hayan obtenido el título de licenciado o graduado en Derecho, o su homologación, no pueden inscribirse en el máster para cursar los estudios preparatorios y realizar las prácticas concertadas. En consecuencia, tampoco podrán presentarse a la prueba de evaluación estipulada para iniciar el ejercicio de la profesión.

La Sala interpreta que dicha puntualización se produce en 2017 "a la vista de las irregularidades detectadas en anteriores ocasiones", al comprobar el "gran número de candidatos, principalmente procedentes de sistemas educativos extranjeros", que accedían a la formación especializada sin estar en posesión de los títulos o su correspondiente credencial de homologación.

Rechaza, así mismo, que se haya cambiado de criterio y recuerda que ya rechazó el recurso interpuesto por una universidad de La Rioja por la misma cuestión. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la que se acogen los recurrentes, aclara, dio la razón a un alumno que había participado en una prueba de aptitud anterior, en la que no se aplicaba el requisito de titulación previa establecido en la convocatoria de 2017.

La Audiencia Nacional considera, por tanto, que los motivos alegados "carecen de justificación" y concluye que el requisito temporal es “plenamente conforme” con la legislación sectorial y la "secuencia lógica" en la formación de los aspirantes a abogados. Por otro lado, resulta totalmente compatible con que algunas universidades permitan el acceso directo al máster de alumnos que aún están en proceso de convalidación del título correspondiente.
(Cinco Días, 26-02-2020)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).