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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 27 DE FEBRER DE 2020

Laboral

III Convenio colectivo de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles y su personal auxiliar
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles y su personal auxiliar.
(BOE, 27-02-2020)

VI Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales.
(BOE, 27-02-2020)

Revisión salarial y la correspondiente tabla para el año 2020 del Convenio colectivo del sector de grandes almacenes
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican la revisión salarial y la correspondiente tabla para el año 2020 del Convenio colectivo del sector de grandes almacenes.
(BOE, 27-02-2020)

Tablas salariales para el año 2020 del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2020 del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares.
(BOE, 27-02-2020)

Tablas salariales para el año 2020 del Convenio colectivo de la industria del calzado
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2020 del Convenio colectivo de la industria del calzado.
(BOE, 27-02-2020)

Acuerdo referente a las tablas salariales del año 2020 del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España
Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo referente a las tablas salariales del año 2020 del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España.
(BOE, 27-02-2020)

Revisiones salariales para los años 2019 y 2020 del XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales
Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las revisiones salariales para los años 2019 y 2020 del XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales.
(BOE, 27-02-2020)


Mercantil, Civil i Administratiu

Fijado el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil del primer y segundo semestre de 2018 a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil del primer y segundo semestre de 2018 a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio.
(BOE, 27-02-2020)

Euro
Resolución de 26 de febrero de 2020, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 26 de febrero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 27-02-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 27 DE FEBRER DE 2020

Fiscal

El Gobierno lleva hoy al Congreso su senda fiscal y techo de gasto
El Gobierno de Pedro Sánchez afronta este jueves un hito fundamental en su objetivo primordial de impulsar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2020 al someter al voto del Congreso de los Diputados su propuesta de senda fiscal y techo de gasto.

Lo hace solo unas horas después de poner en marcha este miércoles la mesa de diálogo con la Generalitat sobre el conflicto secesionista catalán. Un “primer paso” que confía en que le aporte este jueves los avales necesarios para apuntalar el gasto y el déficit previstos de cara a unas cuentas cuyo éxito dependerá también en buena medida de la negociación que acaba de arrancar.

En el caso del déficit, el Gobierno propone suavizar los objetivos legados por Mariano Rajoy para rebajar el agujero fiscal al 1,8% este año, al 1,5% el próximo ejercicio, el 1,2% en 2022 y al 0,9% en 2023, renunciando a lograr el superávit durante la legislatura. A su vez, apuesta por elevar el techo de gasto un 3,8% este año, de 122.899 a 127.609 millones de euros.

Aunque el Gobierno parece tener los apoyos para sacar ambas propuestas adelante, la débil mayoría que llevó a Sánchez a la presidencia hace necesaria la abstención de ERC, que pondrá nota con su voto al resultado de la cita de este miércoles. Una victoria del Ejecutivo abrirá la puerta a la presentación de unos nuevos Presupuestos para 2020.
(Expansión, 27-02-2020)

Laboral

Bruselas reprocha a España la falta de avances en pensiones e impuestos
La Comisión Europea ha instado al Gobierno a evaluar de forma "cuidadosa" el impacto potencial que tendría cualquier modificación de la reforma laboral llevada a cabo en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y a "preservar" los aspectos más positivos de la misma, que "apoyó una sólida creación de empleo" durante la fase de recuperación.

Así consta en el informe sobre la economía española que el Ejecutivo comunitario ha publicado este miércoles. "Será importante que sólo se adopten nuevas medidas tras una cuidada evaluación de su potencial impacto y manteniendo los logros de pasadas reformas", dice el texto.

La Comisión Europea dio este miércoles varios tirones de orejas a España en materia económica. El primer y reiterado reproche tiene que ver con el elevado nivel de deuda pública que equivale actualmente al 96% del PIB, lo que otorga a la economía española un alto grado de “vulnerabilidad”. Pero, el Ejecutivo comunitario también ha criticado la total ausencia de avances en materia de pensiones y tributaria, que la Comisión recomendó hacer a España en mayo pasado.

Así lo recoge el último informe emitido este miércoles por Bruselas para evaluar los desajustes de las economías comunitarias y los avances realizados en las reformas encomendadas a los Estados miembros de la Unión Europea. En concreto, respecto a este último punto resaltan que “no ha habido ningún progreso” en la adopción de medidas para fortalecer el sistema fiscal”, ni para hacer sostenible el sistema de pensiones. De hecho, Bruselas critica que el Gobierno haya acabado con el factor de revalorización y haya suspendido el de sostenibilidad, al tiempo que ha actualizado las prestaciones con el IPC, “acelerando el crecimiento del gasto en pensiones”.

La actual situación del mercado laboral español, “con una tasa de paro aún muy elevada y gran dependencia del empleo temporal, con contratos de muy corta duración, incluso en sectores poco estacionales como la industria, la educación o la sanidad” es uno de los principales puntos negros de su economía, según este informe. Si bien, en Bruselas reconocen que la tasa de conversión de contratos temporales en fijos al cabo de un año en el empleo ha mejorado, pasando del 14,6% en 2017 al 17,4% en 2018. En materia laboral, consideran que “el empleo a tiempo parcial involuntario y los falsos autónomos que trabajan en las plataformas digitales son otros elementos de preocupación”.

Si bien dicho esto, y ante los anuncios del Gobierno de desmontar la reforma laboral de 2012, abordar la contratación y el coste del despido y hacer que los autónomos coticen por sus ingresos reales, la Comisión aconseja a Pedro Sánchez que “será importante que toda nueva medida sólo se adopte tras una cuidadosa evaluación de su posible impacto y que se preserven los logros de las reformas anteriores”. Es más, la Comisión defiende que la reforma laboral de 2012 “ha desempeñado un papel importante en la promoción de la recuperación económica basada en una elevada creación de empleo”.

Este documento también es escéptico respecto a la reciente subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros al mes, al señalar que “todavía no hay pruebas suficientes para evaluar qué parte de esa desaceleración del empleo iniciada en 2019 se debe al aumento del salario mínimo”. Añaden que los datos de la Seguridad Social “sugieren algún impacto en grupos, regiones o sectores específicos, pero aún se necesitan más datos para realizar una evaluación en profundidad”. Y añade que solo tres Estados miembros tienen salarios mínimos mayores que el español, “pero tienen tasas de paro mucho más bajas”.

Precisamente este miércoles un informe de la multinacional Adecco recordaba que en el cuarto trimestre de 2019 el salario medio en España se situó en 1.695 euros, tras crecer un 2,2% interanual. Este es el mayor incremento desde marzo de 2010 y marca un nuevo máximo histórico, informa Ixone Arana.

En cuanto a la recaudación tributaria, Bruselas también echa de menos mayores avances. El informe pone de manifiesto que la presión fiscal en España asciende al 34,7% del PIB, con datos de 2018. Se trata de un porcentaje inferior a los promedios de la UE y de la zona del euro, que son del 39,2% y el 40,6%, respectivamente.

Concretamente, en la Comisión ven margen para una mayor recaudación por IVA, sacando artículos gravados con tipos reducidos y superreducidos al tipo general. Asimismo, apuntan que también ha recorrido para aumentar los impuestos verdes, cuya recaudación era del 1,8% del PIB en 2018, comparado con el promedio de la UE de cerca del 2,4%. Y ponen de manifiesto que el presupuesto en I+D, “aunque es generoso, está produciendo resultados relativamente limitados”.
(Cinco Días, 27-02-2020)

El salario medio se sitúa en los 1.695 euros, con un incremento del 2,2%
La tendencia al alza del salario medio en España, que empezó en la segunda mitad de 2017, se mantiene. Los últimos datos de Adecco revelan que en el cuarto trimestre de 2019 se situó en los 1.695 euros, con un crecimiento interanual del 2,2%. Este es el mayor incremento desde marzo de 2010 y convierte la cifra en un nuevo máximo histórico.

Lo mismo ocurre en 13 autonomías, menos en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Aun así, todas presentaron incrementos en sus respectivos salarios medios por tercer trimestre consecutivo, algo que no sucede desde hace diez años.

El País Vasco y Madrid comparten la primera posición con una remuneración media de 1.990 euros mensuales, lo que implica un crecimiento interanual del 1,5% en el caso de Madrid y del 1,4% en el vasco. Les siguen Navarra (+2% y 1.848 euros), Cataluña (+2,4% y 1.811 euros) y Asturias (+2,6% y 1.704 euros). Extremadura se mantiene en último lugar con 1.375 euros mensuales y una subida interanual del 2,3%. Murcia y las Islas Canarias permanecen como segunda y tercera por la cola, con 1.450 euros (+1,4%) y 1.477 euros (+2,2%) respectivamente.

Por tanto, sigue existiendo una importante brecha regional, que oscila entre los casi 2.000 euros de media de País Vasco y Madrid y los menos de 1.400 euros mensuales de Extremadura. Así, la distancia entre estas comunidades se situó al finalizar el año pasado en 615 euros, frente a los 619 euros de un año antes.

Al descontar la inflación de la evolución del salario medio, Adecco concluye que todas las regiones ganaron poder adquisitivo en el último año. De hecho, algunas de las que hace un año mostraban un deterioro en el poder de compra del salario medio, ahora presentan un aumento del mismo, como Galicia, que ha registrado un incremento del 2,9%, el mayor a nivel autonómico.

El movimiento ascendente de la siniestralidad laboral también continúa en marcha. En el cuarto trimestre de 2019 se han registrado 70,2 accidentes con baja por cada 10.000 ocupados, lo que supone la mayor proporción de accidentes desde junio de 2011. Además, el incremento interanual (+4,4%) es el más alto en tres años.

La proporción de accidentes crece en 15 autonomías, con Baleares, Navarra y El País Vasco encabezando la lista. En la situación opuesta están Cantabria, Madrid y la Comunidad Valenciana, que pese al aumento interanual son las que menor siniestralidad presentan. Asimismo, las únicas que muestran un descenso son Madrid y Canarias.

Por otro lado, el informe de Adecco refleja un aumento de los perceptores de prestaciones por desempleo. Al final de 2019 cobraban esa prestación en toda España 1,9 millones de personas, 123.000 más que un año antes. Según el centro de estudios, la reducción del total de parados y la subida en la cantidad de quienes cobran la prestación deriva en el incremento de la proporción de parados alcanzados por la misma. Así, un 68,8% de los desempleados la percibe, la mayor proporción desde junio de 2011 y un 7,6% más que hace un año.
(Expansión, 27-02-2020)

"No ha tomado ni tomará decisión alguna" que pueda afectar a la unidad de la Seguridad Social
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, defendió este miércoles que el Gobierno "ni ha tomado ni tomará decisión alguna que pueda afectar a la unidad del Sistema de la Seguridad Social", en referencia al traspaso de competencias en esta materia al País Vasco. Así lo dijo la ministra durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta a la pregunta del diputado del PP Víctor Valentín Píriz, sobre si afectará el traspaso a la caja única de las pensiones.

Darias destacó que se han acordado transferir, por una parte, tres competencias, en el marco del Estatuto de Gernika, que estaban "bien avanzadas", en referencia a los productos farmacéuticos, los seguros escolares y las ayudas previas a trabajadores que hayan sido objeto de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que serán efectivas a partir del próximo mes de marzo.

Señaló que, por otra parte, se acordó un "cronograma orientativo de traspaso de competencias pendientes entre el año 2020 y 2021", entre las que se encuentra "el inicio de los estudios para el examen de las materias relacionadas con la Seguridad Social en la gestión económica" en la segunda mitad de 2021.

"Éste es el acuerdo y no otro", dijo la ministra, y agregó que, "dada la complejidad" se abordará en el marco del Pacto de Toledo. Además, dijo al diputado del PP que "tendrían que hacerse mirar lo que ustedes voten" porque "hay otros estatutos de autonomía que contemplan la misma competencia y su bancada la ha apoyado". "Lo que vale para unos, vale para otros", aseveró Darias, quien defendió que para el Ejecutivo de Pedro Sánchez "vale el consenso, la sostenibilidad y el Pacto de Toledo, ahí es donde nos tenemos que encontrar".
(El País, 27-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Gobierno presentará antes de verano la ley para limitar el precio del alquiler
El compromiso que adquirió el PSOE con Unidas Podemos en el acuerdo de gobernabilidad, y que prometía establecer un control en el precio del alquiler de la vivienda, empieza a coger forma. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, llevará al Congreso antes del verano la iniciativa legislativa que permitirá a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar de manera coyuntural y temporal los precios del alquiler en las "zonas tensionadas", aquellas que hayan sufrido "subidas desorbitadas" en los últimos años.

Ábalos, que ha anunciado esta medida en su comparecencia en el Congreso para avanzar las líneas generales de su departamento en esta legislatura, ha defendido que esta es una medida "oportuna, ponderada, tasada y proporcional". La política de la vivienda, ha defendido, es una asignatura pendiente con más de una década perdida. "Ante una situación tan complicada hacen falta medidas excepcionales. No vamos a mirar hacia otro lado, no vamos a estar ausentes".

De momento no se conoce si esta iniciativa se incluirá en la nueva ley de vivienda estatal en la que trabaja el Gobierno. Así, por ahora, Ábalos no ha aclarado si el proyecto se articulará en la nueva normativa o si se hará a través de una modificación de la ley de arrendamientos urbanos. Lo que sí ha confirmado el Ministerio es que las "subidas desorbitadas" podrán detectarse gracias al Índice Oficial de precios de alquiler que se publicará a partir del mes de marzo.

La futura Ley de Vivienda Estatal en la que "estamos trabajando desde hace unos meses" tiene el objetivo de garantizar la igualdad de todos los españoles para acceder a una vivienda digna y adecuada. "El derecho a una vivienda digna es un derecho nuclear del que se derivan otros derechos básicos. Lo grave es que algo así se haya gestionado como un bien mercantil, trastocando los planes de miles de jóvenes que no pueden ni independizarse ni crear una familia".

Hace menos de un año, el anterior Gobierno anunció las primeras medidas para atajar la problemática de la vivienda, entre las que se encontraban la ampliación de contratos de tres a cinco años (o siete si el arrendador es una empresa) y el impedimento a subidas de renta dentro del contrato por encima del IPC. Sin embargo, el índice de precios quedó en suspenso hasta la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo.

La limitación de precios cuenta con el amplio rechazo de la gran mayoría del sector inmobiliario, entre socimis, fondos, portales y diversos agentes. Los expertos ven con buenos ojos un índice que aporte información y transparencia al mercado, para así tener una visión más amplia que permita tomar mejores decisiones. Sin embargo, no apoyan un control por parte de la Administración. El pasado mes, el propio Banco de España advirtió de que este tipo de medidas "no solucionan de manera duradera los problemas de fondo, y pueden causar aumentos de precios en las zonas no afectadas por la regulación".
(El País, 27-02-2020)

Sector

Teletrabajo y restricción de viajes, primeras medidas de los bufetes ante el coronavirus
Como el resto de empresas, los despachos de abogados han comenzado a adoptar protocolos y medidas de precaución ante la expansión del coronavirus. En Madrid son varias las oficinas que ya han dado instrucciones a sus trabajadores en este sentido. Es el caso de Clifford Chance, que a comienzos de semana notificó a sus empleados que, aquellos que hubieran estado en el norte de Italia en los últimos 14 días, debían trabajar en remoto hasta que transcurriera ese lapso de tiempo. En todo caso, desde el despacho explican que siguen muy de cerca la evolución de la enfermedad y las recomendaciones de las autoridades sanitarias para actualizar estas medidas.

En la misma línea, han actuado Allen & Overy o Linklaters. Esta última ha solicitado al personal que haya estado, "ya sea por trabajo o por placer" en la parte norte de Italia, en la China continental o en otras áreas afectadas "que trabajen desde casa" durante dos semanas. "Seguimos monitorizando de cerca la situación y ajustando las recomendaciones y el apoyo a nuestros profesionales a medida que la situación evoluciona", explican desde el bufete.

Desde EY Abogados aseveran que han adoptado el mismo protocolo y han restringido los viajes a las zonas más afectadas. PWC, por su parte, remitió a comienzos de semana un correo a su plantilla en el que recomendaba que, "en la medida de lo posible", se evitara viajar "a cualquier territorio que suponga un foco de infección". Desde Baker McKenzie, por su parte, remarcan que han implantado en sus oficinas "protocolos de trabajo remoto y limitando los viajes que no sean esenciales o urgentes".

Las firmas internacionales llevan la iniciativa en la implantación de medidas contra el coronavirus, según explican, por la alta movilidad internacional de sus trabajadores. Las nacionales consultadas, si bien aseguran estar muy atentas a las recomendaciones sanitarias, aún no han adoptado normas y criterios en esta materia.

Estas últimas medidas se suman a las restricciones de hace ya unas semanas en relación a los viajes a China. De hecho, algunos despachos no solo han establecido criterios sobre su propia plantilla, sino también sobre el personal externo y las visitas que pudieran recibir sus abogados en sus sedes de gente que hubiera estado en ciudades o regiones con especial incidencia del virus.

En el entorno de las firmas reina la cautela, pero sin restar un ápice de importancia a las medidas para evitar la expansión del covid-19. De hecho, de cara al Pre-Moot, competición de arbitraje que se celebra mañana en Madrid, la mayoría de bufetes patrocinadores han solicitado a sus equipos de Italia que no viajen a España o que lleven a cabo su participación a través de Skype.

A la espera de la incidencia que finalmente tenga el coronavirus en España, muchos bufetes se fijan en lo sucedido en Italia, en donde un buen número de organizaciones han cerrado sus oficinas durante unos días y han impuesto a sus plantillas el teletrabajar. Las firmas mencionadas y otras de gran tamaño subrayan que, desde hace tiempo, tienen unos equipos y unos servidores que permiten a los abogados trabajar perfectamente en remoto.

No obstante, fuentes del sector apuntan que un posible cierre de las oficinas puede dejar en evidencia a algunos bufetes de la zona media-alta que, o bien no cuentan con auténticos sistemas de trabajo a distancia (la documentación que manejan los despachos requiere importantes barreras de seguridad ante el acceso externo), o bien carecen de servidores con la potencia suficiente para soportar que toda la plantilla de la firma trabaje desde el exterior.
(Cinco Días, 27-02-2020)

Campo presenta su Plan de Justicia a los letrados de la Administración
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se reunió este miércoles con los representantes de las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia dentro de su ronda de contactos con los operadores jurídicos para explicarles el Plan Justicia 2030. El ministro les ha pedido colaboración y compromiso en el diseño de la hoja de ruta de este programa que abordará la reforma de la Justicia en los próximos años.

Campo les ha trasladado, también, otras líneas de trabajo que emprenderá su departamento en esta legislatura y su voluntad firme de impulsar el diálogo con el sector para avanzar, desde el consenso, en el conjunto de medidas legislativas, organizativas y tecnológicas que necesita la Justicia para la mejora del servicio público. El Ministerio de Justicia tendrá en cuenta las aportaciones que en esta materia realicen las asociaciones de letrados a las que se remitirá un cuestionario en el que plasmar sus propuestas para el Plan Justicia 2030.

Sobre la mesa han estado también las principales demandas del colectivo para mejorar su ejercicio profesional y actuaciones pendientes de desarrollar en materia legislativa. Además, el ministro les anunció que la Secretaría General de la Administración de Justicia, que constituye el puesto superior jerárquico del Cuerpo, la va a ocupar Borja Vargues, en el ejercicio del cargo de secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.

El ministro ha trasladado asuntos que afectan al funcionamiento de la Administración de Justicia como la implantación de la Oficina Judicial, la interoperabilidad entre sistemas de gestión procesal y proyectos legislativos que se requieren para avanzar.
(El Mundo, 27-02-2020)

 
 
 
 
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