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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 28 DE FEBRER DE 2020 

Mercantil, Civil i Administratiu

Reglamento de Extracciones Marítimas
Real Decreto 371/2020, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Extracciones Marítimas.
(BOE, 28-02-2020)

Euro
Resolución de 27 de febrero de 2020, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 27 de febrero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 28-02-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 28 DE FEBRER DE 2020  

Fiscal

El Congreso avala la senda fiscal del Gobierno y allana el camino al Presupuesto
El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos vio despejarse este jueves el camino para presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2020 al obtener el apoyo del Congreso de los Diputados a su nueva senda fiscal. La votación quedó engrasada por el arranque de la mesa de diálogo sobre el conflicto secesionista catalán que el Ejecutivo central y la Generalitat arrancaron la noche anterior en La Moncloa. Como resultado, la votación se saldó con 168 votos a favor, 150 en contra y 19 abstenciones, incluyendo las de los 13 diputados de ERC, que dijeron evitar el bloqueo para dar “una oportunidad al diálogo”.

El Parlamento aceptó así la propuesta del Gobierno de suavizar los objetivos de déficit legados por Mariano Rajoy para rebajar el agujero fiscal al 1,8% del PIB este año; al 1,5%, en 2021; al 1,2% en 2022 y al 0,9% en 2023, renunciando a lograr el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos durante la legislatura. El objetivo del Gobierno, defendió este jueves su portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es sustituir la senda anterior por otra “prudente y realista” que permita tanto “unas cuentas equilibradas” como “garantizar la cohesión social, la prestación de servicios públicos, la recuperación de derechos perdidos en la crisis, un crecimiento económico sostenible y la generación de empleo digno”. Montero destacó que mantener la senda anterior restaría 7.500 millones de euros de capacidad de gasto a la Seguridad Social y otros 3.500 a las comunidades.

A su vez, el Ejecutivo elevará el techo de gasto un 3,8% este año, a 127.609 millones de euros, si bien esta cifra no se somete al Pleno. De hecho, al votarse por separado el déficit de 2020 de los del periodo 2021-2023, el Gobierno se vio obligado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria a diseñar también un techo de gasto para el próximo año, con un alza del 3% (131.437 millones). Esto despertó las críticas del PP que ve en ello un intento de amarrar “dos Presupuestos en marcha simultáneamente”, lo que desde Hacienda descartan, alegando que es puro trámite, que ese techo no se vota y que previsiblemente en 2021 sea modificado.

Más allá, Montero se comprometió a reformar la regla de gasto de comunidades y ayuntamientos, que limita su capacidad de inversión, para darles un margen adicional. De momento, el Ejecutivo la ha elevado al 2,9% este año, al 3% en 2021 y al 3,2% en 2022, a la vez que busca ampliar las inversiones sostenibles en las que permite a los municipios reinvertir su superávit. Una demanda habitual de regiones y alcaldes, con la que también se buscaba contentar a grupos como PNV, EH Bildu, Compromís, Más País o ERC.

“No nos gusta su techo de gasto ni su senda de déficit”, dijo Joan Margall, diputado de esa última formación, anticipando eso sí que usarían su voto para “dar margen” de recorrido al Gobierno y al diálogo que ha abierto con Cataluña. “Damos una oportunidad a la mesa de negociación”, dijo, celebrando que “por primera vez” un Ejecutivo central se haya sentado con el de Cataluña para tratar de buscar una “solución política” al reto independentista. Un canal de diálogo que fue precisamente Esquerra quien exigió como contrapartida a hacer presidente a Pedro Sánchez con su abstención, postura que replicó este jueves.

No fue el caso de JxCat, que votó en contra y advirtió que está dispuesto a hacer lo mismo con los Presupuestos si estos no incluyen la restitución de los 2.500 millones de euros (400 para Cataluña) del IVA de 2017 que, por la reforma del sistema inmediato de información (SII) de aquel año, quedaron sin pagar a las regiones. También votaron en contra de la senda PP, Vox, Cs, CUP, UPN y Foro Asturias, mientras que EH Bildu y BNG se sumaron a ERC en la abstención. PSOE, Podemos, PNV, Más País, Nueva Canarias-Coalición Canarias, PRC, Compromís y Teruel Existe apoyaron las bases con las que el Gobierno diseñará las cuentas de 2020.

Aunque la senda fiscal aún debe pasar por el Senado, sus apoyos parecen suficientes. Más allá, Montero recordó que el Congreso ha aceptado tramitar una ley para arrebatar a la Cámara Alta su excepcional capacidad de veto sobre los objetivos de déficit, que ya permitió al PP tumbar la anterior tentativa de flexibilización fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez.
(Expansión, 28-02-2020)

Hacienda no subirá el IVA del tabaco
El Gobierno no va a subir el IVA del tabaco porque ya tributa al tipo máximo del 21%, según han precisado fuentes del Ministerio de Hacienda, que enmarca eventuales subidas de la imposición indirecta a temas medioambientales. El diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro ha indicado este jueves, en el pleno del Congreso, que el Gobierno estaba preparando una subida del IVA del tabaco y de las casas de apuestas, si bien desde el Ministerio de Hacienda han aclarado que se trata de "meras propuestas" de este partido.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado hoy que a lo largo de esta legislatura se va elaborar un Plan Integral de Reducción del Tabaquismo, en el que, entre otras medidas, se contemplará la ampliación de los espacios 'sin humo' a coches o espacios deportivos al aire libre, o la subida de la fiscalidad al tabaco y a los productos relacionados con el mismo como, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos.

En concreto, en este último aspecto, Illa ha recordado que los precios del tabaco en España se encuentran entre los "más bajos" de Europa, con un precio medio de la cajetilla de aproximadamente cinco euros, frente a los 10 euros que tienen en otros países europeos.

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha aprobado ninguna subida en la fiscalidad del tabaco, ya que la última se acometió a finales de 2016, con Cristóbal Montoro, al frente del Ministerio de Hacienda. En ese momento, el Ejecutivo 'popular' decidió subir los impuestos un 2,5% a los cigarrillos y un 6,8% a la picadura de liar para adecuar la legislación española a la que recomendaba la Unión Europea.

El gravamen sobre los cigarrillos representa casi un 80% del precio final de los mismos (sumando los impuestos especiales y el IVA aplicable). Se trata de un porcentaje significativo si se compara con otros productos sujetos también a imposición indirecta. Así, por ejemplo, el gravamen medio sobre la gasolina es de un 51% y el de las bebidas alcohólicas de alta graduación, de un 42%.

La recaudación fiscal derivada del tabaco se mantuvo estable en 2019 por séptimo año consecutivo en el entorno de los 9.000 millones de euros, en un contexto en el que la tendencia a la baja del mercado interno se compensa con la contención del comercio ilícito en Andalucía y el alza de las ventas en la frontera con Francia.

En 2019, la facturación total del tabaco sumó 11.865 millones de euros, un 0,95% más. De éstos, un 86%, es decir 10.201 millones de euros, correspondió a la comercialización de 2.242,9 millones de cajetillas.
(Expansión, 28-02-2020)

El Gobierno prepara una batería de subidas en impuestos 'verdes'
En el marco de las subidas fiscales que prepara la coalición del PSOE y Unidas Podemos, toma ahora el protagonismo la fiscalidad verde, sobre la que Hacienda está diseñando un plan que someterá a la mayor brevedad a consulta pública.

Son varias las figuras tributarias que está estudiando el ministerio que encabeza María Jesús Montero: desde un gravamen a los plásticos en función de su biodegradabilidad, hasta tasas a los billetes de avión, pasando por la fiscalidad de los residuos o impuestos especiales sobre la huella de CO2.

Todas las figuras que está estudiando el Departamento de Hacienda se encuadran dentro de las líneas maestras de fiscalidad medioambiental que marca la Unión Europea, explican fuentes oficiales, aunque también se están estudiando modelos de otros países y valorando estudios e informes al respecto.

En la confección de esta batería de subidas tributarias intervienen distintos Departamentos ministeriales: Transición Ecológica, Fomento y Hacienda. El proyecto no recoge aún un cálculo de los ingresos recaudatorios que podría sumar la fiscalidad verde a las arcas del Estado, si bien a la fiscalidad de los combustibles se le viene atribuyendo una recaudación de 670 millones de euros.

Entre las nuevas figuras tributarias se baraja un gravamen a los plásticos en función de la biodegradabilidad que presenten, en consonancia con la prohibición europea a los de un solo uso (platos cubiertos, pajitas, bastoncillos, etc.) a partir de 2021.

También se prevé un polémico tributo sobre los billetes de avión, voluntad manifestada recientemente por la vicepresidenta Teresa Ribera, una medida muy polémica, en plena afectación de las aerolíneas por la crisis del coronavirus y que, según los expertos, podría derivar en litigios si se configura de forma discriminatoria en relación a otros transportes, como el ferrocarril.

Entre las medidas en las que se está trabajando se prepara también una profunda reforma fiscal de dos de los principales impuestos a los que tienen que hacer frente los conductores: el Impuesto de Tracción Mecánica (el numerito) y el Impuesto de Matriculación. En ambos casos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está preparando cambios que penalizarán los vehículos de combustión para acelerar la transición al coche eléctrico.

El Estado recauda el 82% de los impuestos ambientales, si bien "en algunos casos, los ingresos se reparten a las autonomías", según señalan desde el Consejo General de Economistas, siendo el Impuesto sobre Hidrocarburos el principal, seguido del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y el impuesto sobre la electricidad.
(El Mundo, 28-02-2020)

Laboral

La Seguridad Social fijará un ingreso mínimo vital para los más vulnerables que podrán complementar las comunidades
“La Seguridad Social es sólida y solvente”, ha defendido este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la exposición de las líneas principales de su departamento. En el Congreso de los Diputados, Escrivá ha apostado por incentivar que la edad real se acerque a la legal y apoyarse en la inmigración para hacer frente a las dificultades por las que atravesará especialmente el sistema público a mediados de esta década con el retiro del grueso de la generación del baby boom.

En su opinión, será una situación “manejable” si impulsan los actuales incentivos positivos al retraso de la jubilación, “algunos son desconocidos y otros están mal diseñados”. De media, en la actualidad los trabajadores se jubilan a los 64,5 años, mientras que la edad fijada por ley –que ha de llegar a los 67– ya alcanza para este año los 65 y diez meses.

Escrivá también se ha comprometido a derogar la reforma del 2013, impulsada por el PP, antes de que acabe el 2020, de forma que para el próximo año la revalorización de las pensiones vinculada al IPC forme parte de la normativa vigente. En todo caso, ha matizado que esta medida y el resto de cambios para apuntalar el sistema deben aprobarse, una vez el Pacto de Toledo haya llegado a un acuerdo.

El ministro ha restado relevancia al vaciado de la denominada hucha de las pensiones y ha apostado por que una parte importante de los gastos que soporta ahora el sistema público pasen a ser financiados con impuestos. Escrivá ha resaltado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha propuesto asumir parte de estos “gastos impropios”. Fuentes de la Seguridad Social consideran que esta medida facilitará la eliminación del déficit que arrastra el sistema antes de que concluya la legislatura. El máximo responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha cifrado en 1,4% del PIB –unos 17.500 millones de euros– el desequilibrio actual.

También el ministro de Seguridad Social ha adelantado están trabajando en la reforma del complemento de maternidad, cuestionada recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Fuentes ministeriales señalan que estos cambios buscarán dejar claro que este complemento, por tener a partir de dos hijos, buscan reducir la brecha de género en las pensiones.

Escrivá ha explicado su propuesta, incluida en el programa de Gobierno del PSOE con Unidas Podemos, de crear una nueva prestación dentro de la Seguridad Social que se denominará Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que estará destinado a las personas y familias más vulnerables. “Será un ingreso que tiene que coordinarse con los distintos niveles de la Administración, será un mínimo nacional sobre el que se puedan construir otras prestaciones existentes”. Así, aunque no aclaró con qué prestaciones de ámbito nacional o con qué tipo de rentas será compatible esta nueva prestación, sí precisó que las comunidades autónomas podrán completarlo.
(Cinco Días, 28-02-2020)

UPTA detecta un mayor interés de extranjeros por trabajar como autónomos
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), cuenta con el programa ‘Autoempleo. Un camino hacia la cohesión social’. Está subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y cofinanciado también por el Fondo Social Europeo (FSE). “Es una de las principales palancas de emprendimiento para las personas que buscan en el empleo autónomo una puerta para integrarse en nuestro mercado de trabajo”, aseguran desde UPTA.

Tras varios años asesorando al colectivo inmigrante interesado en ser autónomo, desde la Unión alertan de que estamos ante el año con un mayor interés desde otras nacionalidades por dar este paso y convertirse en trabajadores por cuenta propia. Desde la constitución de UPTA se han puesto en marcha más de 2.600 actividades económicas por parte de emprendedores inmigrantes, con más de 5.000 beneficiarios.

Para los emprendedores no nacidos en España, este programa les permite también formar parte del ámbito económico y laboral del país, y por ello se impulsan actuaciones en pro del autoempleo y la convivencia e integración de los beneficiarios dentro de la sociedad española. En otro orden de cosas, desde UPTA también se desarrollan un servicio de asesoría, formación y mecenazgo, algo que –según esta asociación- ayuda a los niveles de éxito de este programa.

En 2020 habrá más de 200 beneficiarios directos los que podrán disfrutar de este programa. Todos ellos recibirán asesoramiento en materia de emprendimiento y serán acompañados y asesorados para completar su idea de negocio e integrarse en España. “La implicación que demuestran y la perseverancia que atesoran los participantes en nuestro programa son el principal activo para que lo podamos realizar con éxito”, añade UPTA en un comunicado.
(El País, 28-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Calviño asumirá funciones de la CNMC
El Gobierno publicó ayer el real decreto que desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que dirige Nadia Calviño. En la normativa se abre la puerta a la recuperación de funciones en materia de telecos realizadas por la CNMC, que pasaron al Ministerio con la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 y la propia ley de creación del regulador, pero que la CNMC las seguía llevando a cabo de forma provisional hasta que se hiciese efectivo el traspaso.

Algunas de ellas fueron ejercidas en el pasado por la antigua CMT. El real decreto incluye la disposición adicional primera, bajo el título de integración de personal y medios de la CNMC y ejercicio efectivo de funciones, en materia de telecomunicaciones.

Fuentes jurídicas especializadas indican que entre estas funciones figuran el registro de numeración, el sistema de gestión de datos de abonado (SGDA), y el registro de operadores. Junto a esta última estaría el cobro de la tasa de operadores. Según la ley 3/2013 de creación de la CNMC, correspondía al entonces Ministerio de Industria la liquidación de la tasa general de operadores, las tasas por numeración telefónica, la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, y las tasas de telecomunicaciones.

Estas fuentes precisan que con el real decreto no hay un cambio inmediato. Para que se materialice, explican, debe aprobarse la nueva ley en la que se lleve a cabo la transposición de la directiva europea sobre el código europeo de las comunicaciones electrónicas. En ella se determinarán las funciones exactas de cada organismo. En principio, esta directiva de ser transpuesta antes de diciembre de este año.

Desde el Ministerio no se confirmaron las funciones en cuestión. Según la disposición transitoria tercera del real decreto, seguirán siendo realizadas por el regulador hasta que se produzca la integración de personal y medios prevista y se determine la fecha de ejercicio efectivo por el departamento de Calviño.

Con estas disposiciones parece haber voluntad de la ministra de asumir funciones dentro de su macroministerio digital, para el que ha diseñado una amplia estructura con un largo listado de funciones en el mundo tecnológico, muchas de ellas inéditas hasta ahora dentro del ámbito gubernamental.

El departamento cuenta con dos secretarías de estado vinculados al ámbito digital ya conocidas, Digitalización e Inteligencia Artificial y Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, dirigidas por Carme Artigas y Roberto Sánchez, respectivamente.

Digitalización e Inteligencia Artificial cuenta con cuatro subdirecciones generales, Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales, Economía del Dato y Digitalización, Sociedad Digital y Talento y Emprendimiento Digital; junto a la secretaría general de Administración Digital.

Entre sus funciones figuran la ejecución de la política general y la planificación estratégica sobre la transformación digital de la economía y la sociedad; la elaboración de la estrategia española de inteligencia artificial (IA); el desarrollo normativo y regulatorio de la IA, el cloud, internet de las cosas, ciberseguridad y gestión de datos, entre otras tecnologías; la gestión del I+D en IA; el impulso de planes para la incorporación de las tecnologías y servicios digitales y el empleo masivo de los datos a todos los sectores productivos; los programas para acelerar la transformación digital; el impulso de iniciativas para la garantía del derecho a la confianza y seguridad digital; y el diseño de programas de desarrollo de industrias y economías digitales, entre otras.
(Cinco Días, 28-02-2020)

España, entre los 10 países menos eficientes de la OCDE en gasto público
España se sitúa en el puesto 26 de los 36 países de la OCDE en cuanto a eficiencia del gasto público, según el índice de eficiencia elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de indicadores internacionales de diferentes organismos y de algunos investigadores. Esto indica que debería mejorar la eficiencia en su gasto un 66% para alcanzar a Suiza, el país con mejores prácticas, un 14% para lograr los niveles promedio de la OCDE y un 4% para igualar la eficiencia media de la Unión Europea (UE).

El documento recoge que una de las principales áreas de mejora es la educación. España es el país con la tasa de abandono escolar más alta de la UE, con un 17,9% en 2018. Sin embargo, si se miden los recursos destinados a educación en función de su renta, el gasto anual, tanto público como privado, en educación por alumno en porcentaje de PIB es similar al de la OCDE y la UE.

Por tanto, España presenta unos resultados inferiores a los que corresponderían con dicho nivel de gasto. De hecho, aunque el nivel de gasto ha aumentado desde los 74.947 dólares (82.046 euros) de 2013 hasta los 83.032 (90.897 euros) en 2018, los resultados en ciencias, según PISA, han bajado desde los 493 puntos en 2015 a 483 en 2018.

Otro ámbito con gran margen de mejora es el de las políticas activas de empleo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima entre 6.100 y 6.500 millones de euros la partida de gasto que España destina a este fin, pero constata que no ha habido mejora en la salida al mercado laboral de los participantes en sus programas, como el Plan Prepara, durante los seis meses que dura la prestación. Así, el IEE propone "implementar propuestas que detecten las necesidades de los demandantes para vincular la oferta y demanda, así como incorporar la evaluación como práctica habitual para tomar decisiones".

En el lado contrario, el informe destaca la buena práctica para contener el gasto público que España está acometiendo mediante un notable proceso de digitalización del sector público, que, según el IEE, debería extenderse a todas las administraciones. También reconoce el ahorro de costes en sanidad a través de la gestión privada de hospitales. En la Comunidad Valenciana y de Madrid, por ejemplo, esto ha supuesto un ahorro del 30%.

Para el IEE, con que se suprimiera una "pequeña parte" de la brecha de eficiencia, el saldo de las finanzas públicas españolas se podría situar en superávit desde el actual déficit superior al 2% del PIB y sin subir los impuestos.

El estudio propone varias medidas para mejorar la eficiencia, como evitar duplicidades entre las administraciones públicas, establecer mancomunidades de servicios, reducir el número de organismos, agencias y empresas públicas y realizar una evaluación permanente del gasto público a través de la rendición de cuentas de resultados.

Por otra parte, el IEE defiende la colaboración público-privada como "catalizador obligado" de eficiencia en la Administración Pública. "Es incuestionable que la externalización hacia el sector privado, por parte de estas administraciones, es una fuente de ahorro para los contribuyentes y de mejora de la eficiencia asignativa, bien a través de la prestación de los servicios directamente por el sector privado, o a través de la adquisición de consumos intermedios o de la externalización o subcontratación de algunas tareas", subraya el IEE.
(Expansión, 28-02-2020)

El IPC baja tres décimas en febrero por el abaratamiento de los carburantes
El índice de precios de consumo (IPC) alcanzó en febrero el 0,8%, tres décimas menos que en enero, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se confirmará el próximo 13 de marzo. Con este descenso de tres décimas, el IPC interanual pone fin a tres meses consecutivos de incrementos. De este modo, tras arrancar el año en el 1,1%, el IPC ha registrado en febrero el mismo valor con el que cerró 2019: un 0,8%.

El INE atribuye la disminución de la tasa interanual del IPC al abaratamiento de los carburantes y combustibles frente a la subida de precios que registraron en febrero de 2019. Esta moderación se produce tras tres meses al alza, después de que la inflación rozara el cero durante los pasados septiembre y octubre. Con el dato de febrero, la tasa interanual de IPC encadena 42 meses en valores positivos e implica que los precios son hoy un 0,8% superiores a los de hace un año.

Respecto al mes anterior, el IPC bajó un 0,1% y recorta tres décimas su tasa interanual, hasta el 0,8%, de nuevo por debajo del 1%, y su mayor descenso intermensual en un mes de febrero desde 2017. El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 0,9%, dos décimas menos que en enero. La variación mensual del indicador adelantado del IPCA se situó en el 0,0%.
(La Vanguardia, 28-02-2020)

Sector

Los Juzgados especializados en cláusulas abusivas han resuelto un total de 243.550 asunto
Los juzgados especializados en acciones individuales sobre cláusulas abusivas dictaron un total de 141.643 sentencias durante el ejercicio 2019, un 59% más que un año antes. Según los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solo en el último trimestre del ejercicio estos juzgados dictaron un total de 32.816 sentencias, de las que el 97,6% fueron favorables al cliente.

Si se tiene en cuenta desde la fecha en que se pusieron en marcha estos juzgados, (el 1 de junio de 2017), esta cifra aumenta hasta las 198.762, mientras que los recursos resueltos a favor del cliente se sitúan en el 69,9%, unas 192.604 sentencias.

Los asuntos que entran en los Juzgados especializados no sólo concluyen cuando se dicta sentencia; también pueden cerrarse por auto final o decreto cuando, por ejemplo, se acumulan en un solo procedimiento varias demandas referidas a distintas cláusulas de la misma hipoteca o se produce la renuncia o el desistimiento de una de las partes.

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 se dictaron 3.779 autos finales y 1.725 decretos. Asimismo, desde el 1 de junio de 2017, los autos finales han sido 25.405 y los decretos, 16.515. Por otro lado, el número de asuntos pendientes de resolución en los juzgados de cláusulas abusivas disminuyó por tercera vez consecutiva en el último trimestre de 2019, al alcanzar los 244.036, lo que ha supuesto una reducción del 3,47% respecto al mismo periodo de 2018.

Desde la puesta en marcha de estos órganos especializados, el número de asuntos pendientes no había dejado de aumentar de forma consecutiva hasta el segundo trimestre del año pasado, periodo durante el que por primera vez se experimentó una disminución.

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, la tendencia se ha mantenido a la baja. El CGPJ ha explicado que esto se debe en buena medida al aumento del número de asuntos resueltos. Estos órganos resolvieron un total de 38.576 asuntos en el último trimestre, lo que supone un 25,76% más que en el mismo periodo del año anterior, en el que el número de asuntos resueltos fue de 20.673.
(Expansión, 28-02-2020)

 
 
 
 
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