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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 29 DE FEBRER AL 2 DE MARÇ DE 2020

Fiscal

Modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
Orden HAC/174/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre.
(BOE, 29-02-2020)

Modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas
Orden HAC/175/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
(BOE, 29-02-2020)

Relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2019, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2019
Orden HAC/176/2020, de 20 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2019, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2019 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
(BOE, 29-02-2020)

Modelo 140, de solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regula la comunicación de variaciones que afecten al derecho a su abono anticipado.
(BOE, 29-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020
Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
(BOE, 29-02-2020)

Euro
Resolución de 28 de febrero de 2020, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 28 de febrero de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 29-02-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/02/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/02/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 29 DE FEBRER AL 2 DE MARÇ DE 2020

Fiscal

Hacienda paga al contribuyente 270 millones anuales en intereses de demora
Según los datos oficiales disponibles, el fisco ha tenido que abonar 1.091 millones de euros en intereses de demora entre 2015 y 2018, a razón de 270 millones de media anual. En concreto, fueron 345 millones en 2015, 274 en 2016, 237 en 2017 y 236 en 2018. El fisco matiza que los datos de algunos ejercicios han podido verse afectados por determinados abonos extraordinarios que desvirtúan la tendencia de la serie.

La Agencia Tributaria trata ahora de reducir el importe de dicha factura, tal y como recoge su reciente plan estratégico para el periodo 2020 a 2023. “El pago de intereses a contribuyentes viene impuesto por normativa legal [es del 3,75%], pero resulta un campo de mejora por parte de la Agencia Tributaria”, recoge el documento, que apunta a que “la reducción en los intereses abonados no es sino un exponente de una mayor calidad en la prestación del servicio por la Agencia Tributaria al agilizar la gestión de las devoluciones a los contribuyentes”.

Este objetivo entronca con el convencimiento del director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, de que el fisco tiene que tratar de reducir la creciente judicialización de sus actuaciones, así como mejorar las mismas para rebajar el porcentaje de fallos y resoluciones en contra de las arcas públicas. “En la medida en que la calidad de los actos administrativos y de su motivación permita incrementar los porcentajes de estimación de recursos y reclamaciones a favor de la Agencia, el importe de los intereses de demora a satisfacer se reducirá”.

Los últimos datos de los Tribunales Económico-Administrativos, paso previo obligado para el ciudadano que recurre las decisiones de Hacienda antes de llegar a los tribunales judiciales, indican que en 2018 se resolvieron 216.139 litigios de este tipo. El 40,7% de los dictámenes fueron favorables, al menos parcialmente, al contribuyente, frente al 48,9% en que llevaba la razón la Agencia Tributaria o el 10,3% que se cerraron por desistimiento o archivo, entre otras causas. El propio Gascón apunta la necesidad de atajar esta situación, en vista, además, de que, de los 40.000 millones de euros pendientes de cobro por el fisco, unos 12.000 millones, están bloqueados a la espera de una resolución judicial.

Pese a ello, el plan estratégico de la Agencia Tributaria defiende que el nivel de conflictividad relativa puede considerarse bajo en España si se tiene en cuenta el enorme volumen de actuaciones que no sufren contestación alguna. Así, de los 18 millones de actos emitidos por la Agencia Tributaria en el año 2018, solo 327.871 fueron objeto de algún tipo de recurso, lo que equivale a un 1,82% del total.

Desde la asociación de asesores fiscales Aedaf opinan, por contra, que, aunque la contestación relativa sea baja, el elevado porcentaje de resoluciones favorables al contribuyente demuestra que las actuaciones de la Agencia Tributaria distan de la excelencia. El fisco, en cualquier caso, se ha propuesto mejorar sus ratios en los próximos años y rebajar la factura que abona en intereses de demora.
(Cinco Días, 02-03-2020)

La economía sumergida española suponía el 11,2% del PIB en 2018
El plan estratégico de la Agencia Tributaria para el periodo 2020 a 2023 apunta como uno de sus objetivos fundamentales la lucha contra el fraude y la elusión fiscal; si bien, subraya los “importantes problemas metodológicos” y “riesgos y limitaciones” que acompañan a los intentos de cuantificar el tamaño de la economía sumergida.

Tomando como referencia el célebre estudio anual del economista Friedrich Schneider para FMI, en 2018 el tamaño de la economía sumergida española suponía el 11,2% del PIB, una cifra muy inferior a la que se maneja habitualmente en los foros sobre este asunto.

A partir de ahí, el fisco matiza que es un “error de concepto” comparar esta magnitud con el PIB, pues la presión fiscal es de solo el 35,2%. También subraya que solo el 60% de la economía sumergida es susceptible de tributar, ya que buena parte está compuesta de actividades ilegales que en ningún caso pagarían impuestos.

La cifra se reduciría por tanto al 2,36% del PIB. Teniendo en cuenta que la Agencia Tributaria gestiona el 50% de los ingresos tributarios (el resto es de comunidades y entes locales), la cifra que debería perseguir sería el 1,18% del PIB, unos 14.160 millones, sostiene cauto el fisco en este ejercicio hipotético.
(Cinco Días, 02-03-2020)

Vizcaya se anticipa con el proyecto de control digital a empresas y autónomos
Las Haciendas forales del País Vasco implantarán a partir de 2021 un sistema digital pionero en España, denominado Batuz, con el objetivo de controlar todas las facturas que emitan empresas y autónomos y prevenir así el fraude fiscal. Pero la Diputación Foral de Vizcaya ha tomado la delantera a Gipuzkoa y Álava, tras aprobar su consejo de Gobierno el anteproyecto de norma foral, para la implantación de Batuz el próximo 1 de julio.

En esta fecha la puesta en marcha del sistema de control digital será voluntaria y sólo obligará a empresas y autónomos a partir del 1 de enero de 2021. El proyecto se ha remitido a las Juntas Generales de Vizcaya para su tramitación parlamentaria. Además de medidas de control de los rendimientos de las actividades económicas, este sistema integra medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El proyecto para la implantación de Batuz contempla modificaciones en las normas forales del impuesto sobre Sociedades, impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, impuesto sobre Patrimonio y la General Tributaria del Territorio Histórico de Vizcaya. Batuz se sostiene en 'TicketBAI', un nuevo software de gestión y facturación desarrollado por las haciendas forales y el Gobierno vasco, que introduce en cada factura un código encriptado que impide la ocultación de ventas.
Se trata de una medida similar al SII (Suministro Inmediato de Información), pero ésta sólo afecta a grandes empresas con una facturación superior a seis millones de euros anuales. De esta manera, se extiende el control fiscal también a autónomos y pymes. Esta iniciativa ya está implementada en Austria y Portugal, países que han compartido su experiencia y funcionamiento con Euskadi.

El incumplimiento de las nuevas obligaciones de control digital acarreará sanciones. La empresa o autónomo que no lleve al día el 'TicketBAI', será multado con una sanción del 20% de la cifra de negocios, con un mínimo de 20.000 euros. Si el contribuyente reincide en la infracción la sanción será del 30% de los ingresos, con un mínimo de 40.000 euros. Asimismo, la destrucción, el borrado o la manipulación del software o de los archivos informáticos implicará una multa del 20% con un mínimo de 40.000; y la reincidencia elevará la sanción al 30%, con un umbral de 80.000 euros.

El proyecto prevé también sanciones para las empresas que desarrollen software dirigido a cometer fraude, que tendrán la misma multa que las compañías que lo utilicen. Todas las multas se reducirán en un 30% en caso de conformidad y pago, según el texto que tramita la Cámara foral. La diputación vizcaína prevé una deducción del 30% en la cuota del IRPF o en Sociedades de los gastos en la adquisición y en la implantación de equipos de facturación o impresoras de facturas y programas, realizados durante este año para cumplir con el control digital a partir de 2021. Batuz integra en un mismo sistema los libros registro de operaciones económicas y 'TicketBAI'.
(El Economista, 02-03-2020)

Hacienda anuncia nuevos impuestos al transporte aéreo y a los envases de plástico de un solo uso
El Ministerio de Hacienda ha avanzado este viernes su intención de establecer un nuevo impuesto especial sobre el transporte aéreo y otro tributo para gravar los artículos de plástico de un solo uso destinados a contener y proteger bienes o productos alimenticios. El Ministerio de Hacienda ha sometido a consulta pública, a través de su página web, dos documentos relativos a estos dos nuevos tributos para que las organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, o bien cualquier ciudadano interesado, puedan hacer llegar sus comentarios en los próximos 15 días.

Hacienda afirma que estas medidas se enmarcan en el debate desarrollado a nivel internacional sobre la necesidad de dotar de mayor peso a los impuestos medioambientales para luchar contra el cambio climático, avanzar hacia una transición energética sostenible y promover la implantación y uso de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente.

Las medidas responden a la orientación de los requerimientos y las recomendaciones emitidas por la Comisión Europea, que en diversos informes ha señalado que España cuenta con margen de actuación en materia de fiscalidad verde. Hacienda apunta que España es el quinto país de la UE con el porcentaje más bajo de ingresos por impuestos verdes respecto al PIB, ya que los ingresos por la fiscalidad verde supusieron el 1,83% del PIB, frente al 2,4% de la media de la UE en 2017.

El documento sometido a consulta pública sobre el impuesto especial sobre el transporte aéreo recuerda que los aviones son una "importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global", que recuerda que se han multiplicado por dos desde 1990 en la UE y se incrementará hasta un 185% en 2014, según la Organización de Aviación Civil Internacional. El objetivo de este gravamen, que debería "tener en cuenta el hecho insular", será "fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, y que sirva como incentivo para explorar nuevas tecnologías y carburantes menos contaminantes".

Según Hacienda, la aplicación de un impuesto sobre el transporte aéreo permitiría también que España incrementara la contribución de los tributos medioambientales en los ingresos públicos, en línea con las recomendaciones de Bruselas, y favorecería el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España para reducir las emisiones de efecto invernadero, tanto en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como en el de la Unión Europea.

Actualmente, países como Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Austria o Francia aplican un impuesto sobre el transporte aéreo. En cuanto al documento sometido a consulta pública relativos al impuesto a los envases de plástico de un solo uso concebidos para contener o proteger bienes o productos alimenticios se pretende reducir el consumo de estos productos, previniendo y reduciendo el impacto que tienen sobre el medio ambiente y la salud humana.

El texto expone el "grave problema" de los millones de basuras plásticas, entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico al año, que acaban contaminando los mares del planeta. En la UE, entre 150.000 y 500.000 toneladas de residuos de plástico acaban cada año en el mar.

Además, Hacienda subraya que el consumo de plástico en España, una vez superada la crisis económica, ha vuelto a incrementar la cifra de residuos de envases de plástico hasta llegar a niveles precrisis, con 1,6 millones de toneladas en 2017.
(La Vanguardia, 29-02-2020)

Laboral

La Inspección de Trabajo ha regularizado 36.241 falsos autónomos desde agosto de 2018
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social regularizó 36.241 falsos autónomos entre agosto de 2018 y diciembre de 2019, y se liquidaron por cuotas a la Seguridad Social 238,8 millones de euros. Así se refleja en el balance del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 actualizado a diciembre de 2019. Se trata de 36.241 personas que han sido dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena, lo que ha supuesto 1.534 infracciones con propuestas de sanción y una liquidación por cuotas sociales de 238,84 millones de euros. La mayoría de los afectados son hombres (24.751) y una minoría, mujeres (11.490).

Si se observa la evolución de los falsos autónomos por años naturales destaca el impacto del Plan Director, ya que en 2018 se regularizaron 18.851 falsos autónomos y en 2019 fueron 19.867, mientras que en los años precedentes no alcanzaban las 2.000 regularizaciones anuales. En el refuerzo de las inspecciones para detectar estos trabajadores se llevó a cabo en 2019 una campaña específica en las plataformas y el comercio electrónico que dio como resultado 9.005 altas en el Régimen General de la Seguridad Social y liquidaciones de cuotas por importe de 16,44 millones de euros.

Los falsos autónomos forman parte de los 187.210 empleos aflorados desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019 y que generaron una recaudación en cotizaciones de 1.570,4 millones de euros. Solo en 2019 afloraron 122.608 empleos, por encima de los 117.738 regularizados en 2018, que suponen un incremento frente a los años precedentes en los que afloraban algo más de 85.000 empleos anuales. Por otra parte, la Inspección de Trabajo recuperó en beneficio de los trabajadores 20,94 millones en 2019, correspondientes a salarios no abonados o retrasados por parte de las empresas.

Se trata de la primera vez que se ejecuta una campaña que persigue los impagos y retrasos en el pago de los salarios a los trabajadores y la primera vez, desde enero de 2019, que se registra el importe de las retribuciones abonadas como consecuencia de las inspecciones. Los 20,94 millones recuperados por los trabajadores el año pasado son fruto de 21.194 actuaciones inspectoras en esta materia, 1.444 infracciones y 4.679 requerimientos realizados a lo largo de 2019. Si se compara con 2018, las actuaciones aumentaron un 28,4%, las infracciones crecieron un 36,9% y los requerimientos se incrementaron en un 29,7%.
(Expansión, 01-03-2020)

No ir a trabajar por estar en cuarentena se abonará como baja médica
¿Quién paga el salario de un trabajador que no puede acudir a su puesto por estar en cuarentena preventiva por el coronavirus? La Seguridad Social reconocerá esta ausencia como si el empleado estuviera de baja médica por incapacidad temporal.

Así lo indica el criterio de actuación que ha hecho pública la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en el que se determina que “los periodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los trabajadores como consecuencia del virus SARS-CoV-2, serán considerados como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común”.

Esta protección “será de aplicación con respecto a todas las situaciones de aislamiento preventivo producidas desde la detección del virus SARS-CoV-2”. Esto significa que no hace falta que el trabajador esté infectado propiamente del virus, sino que se exigirá que su facultativo de cabecera le prescriba el aislamiento preventivo. Si bien, aunque la prestación económica por incapacidad temporal corre a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social o la mutua colaboradora con la que trabaje la empresa, el pago de esta renta entre los días 4 y 15 de baja de baja corre a cargo del empresario.

Dicho criterio añade, además, que durante dichos periodos de cuarentena “los afectados tendrán derecho a las correspondientes prestaciones” siempre y cuando cumplan los demás requisitos de cotización exigidos por la Seguridad Social para cada caso y en los términos y condiciones establecidos por las normas del Régimen en el que esté encuadrado cada trabajador.

En este sentido, en el caso de que la cotización por contingencias comunes sea voluntaria, esta protección solo se aplicará a los trabajadores que hayan cotizado por ello. La Seguridad Social tomó la decisión de adoptar este criterio de actuación tras la decisión de aislamiento aplicada a los trabajadores del hotel de Tenerife afectados por el Coronavirus. Se trata de la misma forma de proceder que ya se tuvo ante la expansión de la Gripe A.
(Expansión, 29-02-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

La UE prepara medidas económicas para paliar el impacto del coronavirus
Tras una semana negra o infernal, como se la ha denominado, para las Bolsas de casi todo el mundo, ha llegado el momento de que se tomen decisiones al más alto nivel. El miércoles próximo, los ministros de Finanzas de la Unión Europea tienen previsto hablar en conferencia conjunta para coordinarse ante el reto económico que supone la expansión del coronavirus. Así lo anunció el presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno, quien anunció: “Con el fin de hacer balance de los últimos acontecimientos económicos y financieros y coordinar las respuestas nacionales a la expansión del COVID-19, he decidido organizar, el 4 de marzo, una conferencia telefónica del Eurogrupo, incluyendo a los Estados miembros que no tienen como moneda el euro”.

De momento, Italia avanzó este domingo que su Gobierno va a destinar 3.600 millones de euros, el equivalente al 0,2% de su PIB, a costear ayudas a empresas afectadas por la crisis del coronavirus, que tratarán de mitigar el daño que está haciendo esta emergencia sanitaria en la economía del país. Este anuncio sucede al que hizo el sábado Japón, cuyo primer ministro, Shinzo Abe, dijo que invertirán unos 2.300 millones de euros, en este caso para luchar contra la expansión del coronavirus. Parte de este plan de emergencia consiste en el desarrollo de un test rápido, que detectará la infección en 15 minutos.

Asimismo, también este lunes se conocerá la actualización del informe de Perspectivas Económicas, correspondiente a marzo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el que se recogerá el impacto de esta crisis sanitaria mundial. Será, por tanto, la segunda cuantificación del impacto del coronavirus después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijera el pasado fin de semana en la reunión del G-20 que el brote vírico restaría una décima de punto porcentual al crecimiento del PIB mundial este año, mientras que recorte en China podría ser de hasta cuatro décimas.

En cuanto al impacto en el turismo, se visualizó este domingo con el cierre del Louvre, en París, donde sus trabajadores se acogieron a su derecho a no ir a trabajar ante una situación de peligro. En España, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, hoy que está prevista la reunión hoy de distintos grupos de trabajo para evaluar las próximas medidas preventivas. Otro termómetro de la situación llegará de manos del Tesoro Público, que volverá a testar esta semana a los mercados con dos emisiones de letras a 6 y 12 meses el martes y deuda a largo plazo el jueves, en medio de la convulsión de las Bolsas

En este escenario, durante el fin de semana se produjeron las primeras muertes de infectados en Estados Unidos, Australia y Tailandia. Esto llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a anunciar próximos controles de entrada al país de los procedentes de “países europeos –Italia entre ellos– y Corea del Sur”.
(Expansión, 01-03-2020)

Las exportaciones se desaceleran y España pierde cuota de mercado
La Secretaría de Estado de Comercio ha publicado los datos de las exportaciones españolas de mercancías en los que se puede apreciar que éstas aumentaron apenas un 1,8% en 2019, frente al incremento que sufrieron en 2018, que fue de un 3,3% y el de 2017, cuantificado en el 7,7%.

En ese sentido, el Club de Exportadores ha manifestado que las exportaciones españolas de mercancías han crecido por debajo de la media de la zona euro, situándose solo en un 1,9%, lo que les ha hecho perder cuota de mercado frente a países como Francia, cuyas exportaciones de mercancías avanzaron en 2019 el 2,9%, o Italia, que lo hicieron en un 2,3%.

La situación les preocupa, en palabras del presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, que considera “preocupante” el dato, sobre todo en un contexto de ralentización de la economía española. De hecho, añade que “las exportaciones han dejado de ser uno de los motores de crecimiento del PIB”.

Apunta que los 500 mayores exportadores generan el 58% del total de las exportaciones de mercancías y añade que el número de empresas exportadoras regulares aumentó un 2,3% en 2019, hasta situarse en 52.949. No obstante, considera “muy baja” la cifra para una economía como la española.

Por otro lado, el club pone de manifiesto el crecimiento de las exportaciones de mercancías a Sudáfrica, con más de un 26%, a Canadá, con más de un 13,6%, a Corea del Sur, con más de un 12,2% y a la región Asean, con más de un 7,2%.

Eso pone de manifiesto, según el presidente del Club de Exportadores la eficacia de los acuerdos de libre comercio firmados por la Unión Europea con terceros mercados, ha dicho en referencia al número de exportaciones a Canadá y a Corea del Sur.
(El País, 29-02-2020)

 
 
 
 
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