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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 3 DE MARÇ DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 2 de marzo de 2020, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 2 de marzo de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 03-03-2020)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 2 de marzo de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 03-03-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/02/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/02/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 3 DE MARÇ DE 2020

Fiscal

Gestha pide aplicar a las empresas y no a usuarios los impuestos a transporte aéreo y plásticos de un uso
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ven "inevitables" los nuevos impuestos que prepara Hacienda al transporte aéreo y a los envases de plásticos de un solo uso para reducir la contaminación, si bien en el primer caso ven conveniente que se consensúe en el ámbito europeo y en ambos casos abogan por que sean "altos" para propiciar cambios en los modelos y se apliquen solo a las empresas y no a los usuarios, aunque previsiblemente repercuta posteriormente en los consumidores.

Así lo ha señalado el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, después de que el pasado viernes el Ministerio de Hacienda sometiese a consulta pública, a través de su página web, dos documentos relativos a estos dos nuevos tributos para que las organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, o bien cualquier ciudadano interesado, puedan hacer llegar sus comentarios.

Los técnicos de Hacienda enviarán sus observaciones a la Dirección General de Tributos sobre los documentos para crear los nuevos tributos como parte afectada en el cumplimiento de las futuras normas, en las que pedirán que se aplique sobre la actividad, de forma que recaiga en las empresas y no en los usuarios, aunque previsiblemente las compañías repercutirán el mayor coste fiscal en los consumidores.

Mollinedo ve "inevitable" la creación del impuesto a los envases de plástico de un solo uso, ya que la "autorregulación" del sector, como el cobro por el uso de las bolsas de plástico, en el caso de Andalucía fijado por ley, no ha servido de mucho para reducir la proliferación de plásticos.

Por ello, aboga por fijar un impuesto a la empresa productora para que pueda sustituir esos plásticos por otros envases biodegradables o compostables, y que el tributo sea lo "suficientemente alto" como para incentivar el cambio de modelo de producción y comercialización hacia materiales menos dañinos para el medio ambiente.

En cuanto al impuesto al transporte aéreo, cree que es un tema más "controvertido", ya que el queroseno está exento de impuestos para navegación comercial nacional e internacional, y aunque augura menos problemas para someter a tributación ese hidrocarburo a nivel nacional, a nivel internacional ve más dificultad al pertenecer España al organismo multilateral que excede incluso del ámbito de la Unión Europea.

"En la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) hay muchos intereses de muchos países", ha apuntado Mollinedo, quien ha recordado que España tiene "muy claro" que es un país receptor de turismo, por lo que este tipo de medidas podrían tener un impacto negativo. Así, ve "deseable" que el tributo se implantase a nivel europeo y que, en todo caso, no se aplicase sobre los vuelos de llegada, sino únicamente de los de origen.

En este sentido, cree que es "mucho más equilibrado" el gravamen que fijó Cataluña en 2016, cuando estableció el impuesto "constitucionalmente aceptado y sin doble imposición" a la aviación comercial por la emisión de óxidos de nitrógeno, en operaciones de aterrizaje y despegue, con excepciones a vuelos de enfermos o de servicios públicos como cartografía o lucha contra incendios.
(Expansión, 03-03-2020)

Laboral

El número de parados registrados en el mes de febrero de 2020 ha bajado en 7.806 trabajadores
En febrero de 2020, el paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se ha reducido en 42.993 personas respecto al mismo mes del año anterior, con un ritmo de reducción interanual del 1,31%. El número de parados registrados en el mes de febrero de 2020 ha bajado en 7.806 trabajadores en relación con el mes anterior. En términos desestacionalizados, el paro disminuyó en 19.043 personas respecto a enero. La cifra total de desempleados se sitúa en 3.246.047. Es el dato más bajo de paro registrado en febrero desde 2008.

El desempleo masculino se sitúa en 1.349.975 personas, al disminuir en 7.005 personas (-0,52%) respecto al mes de enero. Las trabajadoras en paro ascienden a 1.896.072, tras reducirse su cifra en 801 respecto al mes anterior (-0,04%). En cómputo anual, el desempleo femenino ha disminuido en 32.743 mujeres respecto a febrero de 2019, el 1,70%. Supone algo más del doble de la bajada del 0,75 % del paro registrado de los hombres que, en el último año, se reduce en 10.250 personas

Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años aumenta en 7.208 personas (2,84%) respecto al mes anterior. Por el contrario, en términos interanuales registra una caída del 2,59% que duplica la media de reducción de desempleo, con 6.951 jóvenes menos en las listas del paro. El paro de 25 y más años baja en 15.014, (-0,50%) en el mes de febrero respecto al de enero.

Por sectores económicos de procedencia, el paro registrado baja en Industria 2.259 (-0,81%), en construcción en 4.819 (-1,82%), y en Servicios disminuye en 9.485 (-0,41%). Sube en Agricultura en 2.855 (1,90%) y se incrementa en el colectivo Sin Empleo Anterior en 5.902 (2,31%). Sin embargo, el paro en la agricultura desciende en 3.318 trabajadores, un 1,57% respecto a febrero de 2019.

En términos mensuales, el paro registrado baja en 11 comunidades autónomas, principalmente en Canarias (-3.327), Illes Balears (-3.290) y Castilla-La Mancha (-1.846). En cuatro comunidades autónomas se mantiene prácticamente estable y sube en Madrid (2.147), y Cataluña (1.532). Respecto al año anterior, baja en diez comunidades, entre ellas la Comunidad Valenciana (- 9.135), Galicia (-7.480) y Andalucía (- 6.595) se mantiene en dos y crece en las cinco restantes.

El total de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.594.763, lo que supone una subida de 23.746 (1,51%) sobre el mismo mes del año 2019. De ellos,178.193 fueron contrataciones indefinidas (11,2%) y 1.402.320 eran contratos temporales. No se firmaban tantos contratos indefinidos en febrero desde 2009. Los contratos indefinidos de febrero se dividen, en cuanto a la duración de la jornada, en 109.245 a tiempo completo y 68.948 a tiempo parcial.

Dos de cada tres desempleados registrados reciben una prestación. La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ha sido a finales de enero del 66,1%, lo que supone un aumento de 6,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (61.9%). Los beneficiarios de prestaciones por desempleo en febrero han sido 2.047.497, con un aumento del 6,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Las prestaciones de enero de 2020 han ascendido a 1.867,1 millones de euros, lo que supone un aumento 12,5% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. El coste medio mensual por beneficiario de prestaciones fue de 933,9€, un 5,8% más que en enero de 2019.
(Cinco Días, 03-03-2020)

Los sindicatos reclaman limitar los precios del alquiler al 30% de los ingresos medios de los hogares
Los sindicatos mayoritarios han lanzado este lunes su propuesta para contener los precios del mercado de la vivienda. Su plan pasa por una acción inmediata que pasa por establecer a partir de qué precios se activarían los límites al alquiler y, a más largo plazo, crear un amplio parque público de vivienda para alquilar que permita controlar los precios. Para desarrollar estas políticas, UGT y CC OO proponen aumentar la partida presupuestaria que se dedica ahora: del equivalente al 0,1% del PIB al 0,3%, unos 4.000 millones, según la cuantificación que han presentado este lunes.

El mecanismo que proponen las centrales para definir cuándo una zona tensionada por los precios del alquiler consiste en dividir el territorio en secciones censales, una propuesta igual a la que maneja el Ministerio de Transportes, en la Ley de Arrendamientos Urbanos. A partir de aquí, plantean limitar el alquiler cuando los precios se sitúan entre el 25% y el 30% de los ingresos medios de las familias y ese precisamente sería el precio máximo que se establecería en la norma. Los datos a emplear procederían del INE y del índice de referencia del precio del alquiler que prepara el Gobierno.

Esa limitación de precios “será temporal y revisable anualmente”, según se puede leer en el documento sindical, “en tanto persista en una zona determinada la elevada carestía del alquiler medio en relación con el ingreso medio de los hogares”.

Otro de los ejes que han puesto sobre la mesa los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, y Pepe Álvarez, es “captar viviendas desocupadas” para colocar en el mercado del alquiler. Para ello, reclaman que el Gobierno central ayude a pagar “los seguros de mantenimiento e impago que se contraten”. Además, reclaman “gravar fiscalmente” las viviendas vacías que están en zonas tensionadas y suprimir beneficios fiscales a las inversiones en ladrillo, entre otras medidas. El objetivo sería que la vivienda se convierta en un “bien de uso y deje de ser un bien de inversión”.

A largo plazo, la gran apuesta sindical es el desarrollo de un parque público de viviendas en alquiler que haga asequible la vivienda. A este eje es al que se le dedicaría casi 2.000 millones. En total, “con cifras prudentes”, UGT y CC OO han calculado que su paquete de medidas costaría 3.000 millones de euros. Y todavía faltarían otros 1.000 millones para llegar a su demanda para los Presupuestos.

“La vivienda se ha convertido en un factor de precarización de la clase trabajadora”", ha lamentado Sordo en la presentación de la propuesta. “Ha desembocado en una extracción de rentas enorme”. El líder de CC OO ha llamado la atención también sobre las consecuencias que tiene para la economía que el mercado de la vivienda canalice mucha inversión “porque tiene unas rentabilidades exageradas”. “Esta es una cuestión que viene de lejos y el Gobierno debe dar respuesta. Hay que dejar de hablar y empezar a hacer”, ha reivindicado Álvarez.
(Cinco Días, 03-03-2020)

España ratificará el convenio que amplía la protección contra la violencia laboral
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que España va a ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el mundo laboral que amplía la protección en estos casos. Durante un diálogo con el director de la OIT, Guy Rider, Díaz ha explicado que España es el segundo país que arranca la ratificación de este convenio -tras el anuncio de Uruguay- y que supondrá amparar cualquier situación de acoso en el ámbito laboral más allá de lo establecido ahora por la vía penal.

Ryder, de visita en España, firmará el inicio de este proceso en una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre otros aspectos, el convenio considera como lugar de posible violencia no sólo el espacio de trabajo, sino otros entornos como el comedor o los servicios sanitarios y vestuarios. También se incluyen situaciones como los viajes de trabajo, las formaciones, los eventos sociales relacionados con el empleo o el trayecto de ida y vuelta del trabajo.

Asimismo, se reconoce que la violencia y el acoso pueden ocurrir mediante comunicaciones virtuales vinculadas al trabajo, como lo ocurrido en el caso de Iveco, y que las víctimas pueden pertenecer a cualquier escala, desde directores a personas que acuden a una entrevista de trabajo o becarios. "Es transversal", ha subrayado Díaz, que ha recordado que también afectará a temas como la prevención o la formación, por lo que se precisará adaptar diversas normativas.

Desde Trabajo explican que el proceso para ratificar un convenio de estas características pasa por varios Ministerios y debe aprobarse en el Consejo de Ministros para ir después a las Cortes Generales. Una vez ratificado, para lo que se necesita que al menos otro país lo haga también, la convención entra en vigor, con otro plazo de doce meses para hacer las adaptaciones necesarias, y es jurídicamente vinculante. Ryder, que ha valorado el paso de España con este convenio, ha recordado la situación "dramática" que viven las mujeres en el entorno laboral y ha instado a tomar medidas con "nuevos enfoques" para eliminar esta "injusticia flagrante".

El convenio, acordado en junio de 2019, define "violencia y acoso" en el mundo del trabajo como "un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que cause o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género".
(El Mundo, 03-03-2020)

La subida del IPREM obligará a incrementar las subvenciones
Aún se desconoce la cuantía de la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que anunció la pasada semana la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pero según apuntan los expertos, fuera cual fuere la medida supondrá de manera automática un incremento del gasto público asociado a ciertas ayudas y subvenciones que dependen en alguna medida de este indicador. "Ampliará las bases de personas con acceso a ciertas ayudas, lo que repercutirá en un aumento del gasto público", apuntan al respecto.

Sin embargo, incluso con la confirmación de la cuantía del incremento de este indicador anunciado por el Gobierno sería difícil conocer el impacto de gasto agregado ya que no solo la Administración central liga los requisitos de acceso y la cuantía de las ayudas a este indicador, sino que también las comunidades autónomas y corporaciones locales lo utilizan como índice de referencia. "Esta baremación con el IPREM está presente en todas las ayudas públicas que no sean de carácter contributivo", apuntan las fuentes cercanas a Trabajo.

Cabe recordar en este punto que el IPREM es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo, y que fue introducido en sustitución del salario mínimo interprofesional (SMI) como índice de referencia para el acceso a las mismas ya que este es actualizado con cierta periodicidad y cada subida del mismo llevaba consigo un incremento del gasto ajeno a la mejora de las condiciones laborales. Actualmente, esta cuantía -congelada desde el año 2017- se sitúa en los 537,8 euros mensuales (6.454,03 euros al año en doce pagas).

En este sentido, si bien el Ministerio de Trabajo no ha querido aclarar las líneas de actuación en esta materia, de referencia sirve el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que acordaron a inicios de 2019 el PSOE y Unidas Podemos donde se recogía un incremento del IPREM de 10,7 euros, hasta los 548,6 euros al mes (+2%).

Como se ha mencionado, son numerosas las ayudas que se ligan a este indicadores y no solos a nivel del Estado. Sin embargo, solo para las emitidas por la Administración central, según lo recogido en el mismo proyecto presupuestario, el gasto social no contributivo se sitúa en cerca de 21.000 millones de euros entre pensiones mínimas, complementos, ayudas de acceso para la vivienda y subsidios de desempleo siendo en muchos casos el IPREM un baremo de acceso.
(El Mundo, 03-03-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Economía dará luz verde a las acciones de lealtad para las cotizadas españolas
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sigue con su afán de trasladar a la legislativa española las directivas comunitarias que están en el cajón desde hace meses. El consejo de ministros aprobará mañana un proyecto de ley que debió haber entrado en vigor el pasado 10 de junio y que tiene como grandes novedades la posibilidad de dar doble voto a los accionistas de largo plazo y que eliminará la obligación, casi exclusiva de España, de publicar los resultados del primer y del tercer trimestre.

La norma que se va a trasponer es la del fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, que fue sometida a consulta pública en mayo del año pasado. Ya ha pasado el dictamen del Consejo Económico y Social, que en general ha dado una opinión positiva, y tanto inversores como empresas como proxy advisors (asesores de voto) han enviado sus opiniones sobre el texto.

La última versión del texto, incluye la potestad de que la compañía conceda el doble de derechos políticos a sus mejores accionistas. La ley, en todo caso, se aprobará tras su paso por las Cortes, lo que puede llevar de tres a cuatro meses. Este periódico publicó el pasado 20 de enero que el Ejecutivo ya tenía lista esta norma.

Así, el principio "una acción, un voto" se romperá en España a favor de los inversores que permanezcan al menos dos años en el capital, según el proyecto inicial. Sus acciones tendrán el doble de derechos de voto. La regulación ha sido elaborada a imagen y semejanza de las legislaciones que ya existen en otros países europeos, como Italia, Países Bajos y Francia. De hecho, Mediaset se llevó a Países Bajos su proyecto de fusión, puesto que ni las legislaciones española ni italiana permitían esto.

Los pequeños accionistas y los fondos de inversión han criticado en sus comentarios esta medida, puesto que beneficia a los grandes inversores. Pero la normativa que se prevé aprobar en España incluye una salvaguarda. Para su aprobación en España será necesario el voto favorable de al menos el 60% del capital presente o representado en la junta si a esta asisten accionistas con el 50% o más del capital, y el voto favorable del 75% si acuden accionistas con entre el 25% y la mitad de los títulos. En cualquier caso, se podrá ampliar el periodo mínimo de dos años para acceder al premio, a contar desde que se apruebe en junta, pero no disminuirlo.

Los cambios en el proyecto incluyen además que los derechos de voto extra no se computarán a la hora de formar el cuórum de la junta de accionistas. Es decir, si esta es en primera convocatoria para asuntos cruciales será de un 50% y si es en segunda, el 25%, al margen de las acciones de lealtad. También se exigirá que las empresas cuenten con un registro público de las acciones que cuenten con derecho a doble voto. La transparencia será máxima y estos datos deberán aparecer actualizados en la página web de la empresa.

La eliminación del voto por lealtad podrá acordarse en cualquier momento por la junta con un cuórum reforzado, igual al que se exige para aumentar o reducir capital: mayoría absoluta si acude el 50% del capital o dos tercios si el porcentaje es menor. Además, para retirar el privilegio tras 10 años desde su adopción no se tendrán en cuenta los votos por lealtad existentes. De esta forma, los premiados no podrán usar su prebenda para bloquear su retirada.

Fuentes conocedoras de las implicaciones de la medida explican que los votos por lealtad facilitarán que las empresas familiares salgan a Bolsa, pues usualmente los accionistas históricos se resisten a perder el control que habitualmente implica una OPV. Con esta medida les será más fácil conservar el poder.
(Cinco Días, 03-03-2020)

La caída en los mercados puede poner en jaque la estabilidad financiera y los bancos centrales preparan una respuesta coordinada
La acción coordinada por parte de los bancos centrales y las economías del G7 podría ser el gran gesto que espera el mercado para recuperar la confianza. Si bien los efectos sobre la economía de una política monetaria todavía más expansiva son cada vez más reducidos, los expertos recuerdan que los mercados son un juego de expectativas y presiones y que el movimiento conjunto sería sin duda un mensaje contundente.

Hoy, los bancos centrales se unen a la cita por teleconferencia que mantendrá el G7 en un intento de abordar la situación por todos los flancos. Estos pasos apuntan a una actuación conjunta y el mercado ya especula con la primera bajada de tipos coordinada desde 2008 para contener lo que la OCDE califica como "el mayor peligro" desde la crisis financiera global.

Los bancos centrales están preparados. En los últimos días, las principales autoridades monetarias de los países desarrollados han cambiado su discurso para trasladar a los inversores su disposición de utilizar las herramientas a su alcance para combatir al coronavirus en su vertiente económica.

La caída en las bolsas, lo suficientemente significativa como para poner en jaque la estabilidad financiera si se prolonga en el tiempo, ha resultado clave en este cambio de discurso de los principales bancos centrales. La primera en abrir fuego fue la Reserva Federal, que el viernes lanzó un comunicado extraordinario para recordar que está "vigilando estrechamente el desarrollo y las implicaciones para la economía [del coronavirus] y que usará sus herramientas y actuará como sea apropiado para apoyar la economía".

Es el particular whatever it takes de la Fed de Jerome Powell-la famosa frase con la que Mario Draghi, expresidente del BCE, levantó a los mercados en plena crisis de deuda europea-, y los inversores han sabido entender el tono de urgencia que quería transmitir el organismo. Los futuros sobre fondos federales descuentan que los tipos de interés bajarán a lo largo de este año desde el 1,5% hasta el 0,5%, a las puertas del mínimo histórico.

Pero la agresividad de la Fed tiene también su base en el margen de maniobra que todavía posee y es posible que no sea igualada por el resto de bancos centrales. Estados Unidos tiene todavía balas en la recámara y busca prevenir en vez de curar.

Se espera que la actuación en Estados Unidos, que acostumbra a ser más ágil que el resto a la hora de anunciar nuevos estímulos, sea casi inmediata. La duda no es ya si bajará los tipos de interés en la próxima cumbre que celebrará el 17-18 de marzo, sino si el recorte será de 25 puntos básicos o intentará dar un golpe sobre la mesa con uno de hasta 50 puntos básicos. Si la situación empeora o si se acuerda una actuación conjunta, el organismo podría incluso adelantar la puesta en marcha de los nuevos estímulos en una cumbre extraordinaria.

El Banco Central Europeo, por su parte, consiguió conciliar, ayer a última hora, las divergentes opiniones que habían vertido sus miembros en relación a la necesidad de actuar para contener el impacto económico del coronavirus.
(Expansión, 03-03-2020)

La OCDE ve peligro de recesión en la eurozona y Japón
El impacto del coronavirus podría reducir a la mitad el crecimiento de la economía mundial en 2020 y situarlo en el 1,5%, según el escenario más adverso analizado por la OCDE, que anticipa que si el virus se propaga masivamente en Japón y Europa ambas podrían entrar en recesión. Así lo reflejan las perspectivas intermedias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que revisan las publicadas en noviembre, que preveían un crecimiento mundial de la economía en torno al 2,9% y ahora lo rebaja hasta el 2,4% en su escenario central.

La OCDE no descarta que en su escenario más negativo -con una epidemia prolongada y contagio amplio a otras regiones- el producto interior bruto global retroceda en este primer trimestre. No obstante, admite que la evolución a corto y medio plazo es "muy incierta". La hipótesis de que el pico de la epidemia se alcance en China en este trimestre y de que en otros países sea más moderada deja el alza económica mundial este año en el 2,4%, cinco décimas menos.

Antes de la epidemia, la actividad ya era baja, pero presentaba señales de estabilización e incluso mejora. Ahora, el efecto del coronavirus sobre la confianza, los mercados financieros, las cadenas de suministro y el turismo explican la rebaja. A diferencia de la epidemia del SARS en 2003, las interdependencias de la economía mundial en esta ocasión son mucho mayores y China desempeña "un rol mucho más importante en la producción y en el mercado turístico".

La provincia china de Hubei, epicentro de la epidemia, representa el 4,5 % de la producción china. Y los turistas chinos suponen cerca de un 10% de los turistas internacionales en el mundo, añadió el organismo. De momento, se calcula que el PIB del G20 crecerá un 2,7% en 2020, cinco décimas menos que lo anticipado, y el de la zona euro un 0,8% (tres menos).

La OCDE espera que la economía china crezca un 4,9%, ocho décimas menos. El impacto de la contracción de su producción en todo el mundo refleja su importancia creciente en las cadenas de suministro y los mercados de materias primas, añadió.

En Estados Unidos, prevé para 2020 un aumento del 1,9% (una décima menos), en Japón del 0,2% (cuatro menos), en Reino Unido del 0,8% (dos menos), del 0,9% en Francia (tres menos) y del 0,3 % en Alemania (una menos), según sus previsiones, que no incluyen a España.

La OCDE pide actuar "rápidamente" frente al coronavirus, con medios suficientes contra la infección, apoyo al sistema sanitario y a las empresas "vulnerables", y una acción concertada del G20 con otros países si los riesgos a la baja se materializan y el crecimiento fuera mucho más débil durante un periodo prolongado.
(El País, 03-03-2020)

Los fabricantes de coches presentan al Gobierno un plan hasta 2040 y reclama colaboración para impulsar el sector del automóvil
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) prevé que el empleo en el sector automovilístico aumente entre un 4% y un 7%, hasta casi 1,5 millones de puestos de trabajo en 2040, e incremente su facturación hasta los 310.000 millones de euros (desde los 210.000 millones actuales), gracias al nuevo ecosistema de la movilidad, en el que la fabricación de vehículos se acompañará de nuevos servicios de movilidad como la conducción compartida o autónoma y la gestión de datos o nuevos componentes software.

Según recoge el 'Plan de la Automoción 2020-40. Liderando la movilidad sostenible', realizado en colaboración con KPMG, que ha sido presentado este lunes por Anfac al Gobierno, la transformación del sector automovilístico supondrá un incremento de la aportación del sector al Producto Interior Bruto (PIB) entre un 7% y un 12% anual adicional, al igual que aumentará en la misma medida la recaudación fiscal.

"España debe no solo retener capacidad productiva sino atraer inversión nueva y generar empleo de calidad. Las adjudicaciones de 2025 se están decidiendo hoy y España está compitiendo con otros países y fábricas de nuestro entorno para conseguirlas. No tenemos el efecto sede y, por lo tanto, hemos de ser mucho más competitivos", ha subrayado el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos.

Tal como ha explicado De los Mozos, unidos a los sectores clásicos van a aparecer nuevos elementos, nuevos componentes como los cargadores y las baterías de los coches eléctricos, nuevo software y nuevas empresas de movilidad. "Estos sectores van a ser importantes y es clave que España atraiga estos sectores de inversión", ha destacado.

Para conseguir estos objetivos, Anfac ha señalado la importancia de generar mensajes positivos de certidumbre sobre el sector, por lo que el documento ha sido presentado al Ejecutivo en una reunión en la que han estado presentes el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, y la junta directiva de la asociación así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Entre las primeras medidas que el sector necesita a corto plazo, De los Mozos ha subrayado el refuerzo de una política industrial que apoye la inversión y la flexibilidad laboral, el apoyo "decidido" a la electromovilidad, una nueva fiscalidad para el automóvil acorde con el desarrollo esperado del sector y el fomento de la renovación del parque.

Todas ellas, a su vez, insertadas en un marco coherente a medio y largo plazo centrado en la innovación, descarbonización e inversión. "Queremos encarar esta transformación con determinación, para dar respuesta a las demandas sociales, contribuyendo a la consecución de una economía neutra en carbono y manteniendo nuestra competitividad como potencia industrial europea y mundial", ha afirmado el presidente de Anfac.

Para conseguir esta transformación, la asociación ha asegurado que es necesaria una inversión de hasta 54.000 millones de euros, de los cuales un 25% tendría que estar realizada por las fábricas y un 25% dedicada a las infraestructuras eléctricas.
(La Vanguardia, 03-03-2020)

Sector

Modernización del Lenguaje Jurídico "para acercar la Justicia a la ciudadanía"
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apelado al sentido común para avanzar en la modernización del lenguaje jurídico: "No podemos consentir que la comunicación aumente la brecha de la desigualdad; no podemos exigir a un ciudadano que cumpla una ley que no termina de entender. Nos hemos mirado al ombligo durante mucho tiempo, hemos mirado poco a la cara y a los ojos de los ciudadanos", ha subrayado en la inauguración de una jornada sobre modernización del lenguaje jurídico organizada por el Colegio de Registradores.

El ministro ha ratificado su compromiso con ese objetivo, perseguido desde hace muchos años pero que sigue siendo, ha dicho, una asignatura pendiente y ha subrayado la necesidad de superar un lenguaje "oscuro", "críptico" y muchas veces incomprensible. Como secretario de Estado de Justicia presidió la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico creada en 2009 que emitió su informe en 2011, pero el desafío, ha recordado, "quedó inconcluso por los avatares de la política".

Lo retoma ahora como ministro, convencido, como señalaba ese informe, de que "una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender". Tras recalcar que el lenguaje no es "inocuo ni neutral", sino que está cargado de intencionalidad, ha abogado por escribir con transparencia y claridad y, por ejemplo, acabar con el abuso de latinismos, arcaísmos y "sobreactuaciones", lo que no significar ni vulgarizar ni banalizar el lenguaje jurídico.

Frente aquellos que temen que se pierdan las esencias del mundo del derecho o la especialización técnica, ha alertado de la tentación de mantener la incomunicación con la ciudadanía y ha garantizado que la claridad en la expresión aumenta la seguridad jurídica, favorece que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones y fortalecerá la confianza en las instituciones. Y ha advertido: "Lograr que la comunicación resulte sencilla y clara exige un profundo conocimiento técnico de la materia" y cambiar el registro en función del interlocutor exige una gran competencia.

Ha abogado así por el "derecho a comprender", que se estableció en 2002 en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia y cuya realización sigue en muchos casos pendiente.
(Expansión, 03-03-2020)

 
 
 
 
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