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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 18 DE MARÇ DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
(BOE, 18-03-2020)

Criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos
Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos.
(BOE, 18-03-2020)

Modificación de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 18-03-2020)

Euro
Resolución de 17 de marzo de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 17 de marzo de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 18-03-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 18 DE MARÇ DE 2020

Fiscal

El Gobierno moviliza 200.000 millones para paliar el golpe económico del coronavirus
En la primera reunión virtual de su historia, el Consejo de Ministros aprobó un amplio paquete de medidas para dar apoyo financiero a las empresas; facilitar las suspensiones temporales de empleo como alternativa a los despidos; o aplazar el pago hipotecario de las familias más vulnerables. Su duración será de un mes, aunque podrá extenderse.

“Debemos combatir simultáneamente en el frente sanitario pero también en el frente económico y social. Debemos parar al virus y vencerlo y debemos proteger nuestro empleo, nuestras empresas, nuestras familias con un escudo económico y social que solo pueden forjar los poderes públicos”, expuso Sánchez al término de la reunión, anunciando “un real decreto ley muy importante, probablemente el mayor que se haya aprobado”. El objetivo, dijo, es que “la salida de la emergencia económica en la que desgraciadamente estamos inmersos sea en forma V, y no en L,” es decir, “para que la caída venga seguida de una recuperación y no de un estancamiento”. La medida estrella para lograrlo, detalló, es “movilizar hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% del PIB”.

De ellos, sin embargo, solo 117.000 millones serán públicos mientras que se espera que 83.000 sean de aportación privada, básicamente financiación de la banca, a la que fuentes oficiales admiten que se ha pedido apoyo. En concreto, detalló Sánchez, se crea una línea de avales y garantías públicas de hasta 100.000 millones que aspiran a movilizar un total de entre 150.000 y 200.000 millones con la financiación bancaria. “El Estado español: va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite para mantenerse operativo. No vamos a permitir que los problemas temporales de liquidez puedan convertirse en problemas de solvencia”, expuso Sánchez.

El Gobierno, que se apoyará en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para impulsar el plan, creará además una línea adicional de avales de 2.000 millones para pequeñas y medianas empresas exportadoras. Además, impulsará varios programas de apoyo a la digitalización y la I+D de las pymes, para facilitar la implantación del teletrabajo.

En paralelo, el Ejecutivo tomó medidas para blindar a las compañías españolas impidiendo que reciban una opa por parte de un inversor oportunistas de fuera de la UE aprovechando que el descalabro bursátil de los últimos días las ha dejado a precio de saldo.

De otra parte, el decreto flexibiliza la aplicación de expedientes de regulación temporales del empleo (ERTE) para tratar de generalizar esta vía evitando que se incurra en EREs masivos y se facilita la reducción de jornada para aquellos trabajadores que deban cuidar de sus hijos o dependientes. “No despidan a los trabajadores, esta es una crisis temporal”, pidió Sánchez a los empresarios. La medida, según fuentes oficiales, tendrá una dotación de unos 5.000 millones y el Ejecutivo trabajaba este martes en hacerla retroactiva desde el sábado (cuando se inició el estado de alarma).

A su vez, el Gobierno aprobó una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias para colectivos vulnerables y personas que pierdan su empleo o vean reducidos sus ingresos con fuerza durante la crisis, a la par que garantiza que las empresas energéticas no corten el suministro de luz o gas a las familias con menos recursos. Además, se dedicarán 600 millones más a financiar prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas y entes locales. En total, más allá de los avales, se destinarán otros 17.000 millones a los colectivos más afectados por la crisis. “Nadie se va a quedar atrás”, aseguró Sánchez.

Con todo, el grueso de la partida no tendrá impacto presupuestario pues los avales solo pasarán factura si los créditos que soportan no se pagan. Por eso, Sánchez consideró necesario lograr el apoyo de todo el Parlamento a “unos Presupuestos de emergencia, de reconstrucción social y económica” que permitan contar con más munición contra la crisis. “El primer hito será frenar la caída de la producción y el empleo; doblegar esa curva de caída y, una vez superada la crisis sanitaria, relanzar la economía”, enumeró Sánchez. “Aunque nos preocupe el impacto económico, resistiremos”, concluyó.

El paquete de este martes complementa las medidas ya adoptadas el pasado jueves, cuando el Gobierno aprobó aplazamientos en el pago de IRPF, IVA y Sociedades por 14.000 millones de euros para pymes y autónomos (con una facturación de hasta seis millones anuales), la inyección de 25 millones en créditos ICO a empresas de turismo, transportes y hostelería, más 3.800 millones para reforzar la sanidad (2.800 dirigidos a las comunidades autónomas).

Esas primeras medidas se quedaron cortas tras la decisión del Ejecutivo de decretar el estado de alarma el sábado, imponiendo un confinamiento generalizado de los españoles, el cierre de todo tipo de comercios que no ofrezcan bienes de primera necesidad o de todos los centros educativos. Una batería que busca contener una epidemia que deja ya más de 11.000 infectados en España y casi medio millar de muertos pero que ha agravado los efectos de la crisis sanitaria en la economía, impulsando ya decenas de miles de suspensiones de contratos laborales.
(Expansión, 18-03-2020)

Trump dará dinero a los ciudadanos en un plan de más de un billón de dólares
Es año electoral y el mejor aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está prácticamente amortizado. La pandemia del coronavirus ha frenado en seco el crecimiento económico, chocando de lleno con sus planes de campaña y debilitando sus opciones de ser reelegido para un segundo mandato. Pero el mandatario no está dispuesto a ceder ante una crisis de emergencia sanitaria de consecuencias devastadoras en todo el mundo.

La Casa Blanca ha comenzado a discutir con el Congreso un plan de choque que incluye la entrega de dinero en efectivo a los ciudadanos para sostener el consumo y evitar el colapso total de la economía. El gasto privado supone dos terceras partes de la riqueza de un país que, con toda probabilidad, entrará en recesión técnica en el segundo trimestre del ejercicio.

El plan podría situarse entre 1 y 1,2 billones de dólares, según ha adelantado Bloomberg, y su objetivo es, según Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, "estar seguros de que los americanos reciben dinero en sus bolsillos rápidamente y los negocios tienen acceso a créditos". El programa incluye un paquete de 50.000 millones de dólares para hacer frente al debilitado sector aéreo, que ha visto cortada prácticamente toda su actividad ante el cierre de fronteras de decenas de países.

Trump ha abogado por una reducción del impuesto a las nóminas hasta final de año que permitirá a los estadounidenses contar con más liquidez disponible. Otros senadores, como el republicano Mitt Rommney, han pedido que se paguen 1.000 dólares mensuales a los ciudadanos para sostener el consumo, idea que está calando en la Casa Blanca.

"Estamos estudiando enviar cheques a los estadounidenses de manera inmediata. Los estadounidenses necesitan efectivo ahora", ha dicho Mnuchin. El plan podría implicar el desvío de efectivo por 250.000 millones de dólares en abril y otros 250.000 millones en mayo si la crisis continúa.

Además, el Tesoro ha retrasado durante noventa días el pago de impuestos de particulares, cuya fecha límite era el 15 de abril. Por su parte, "las empresas pueden aplazar el pago de hasta 10 millones de dólares", dice Mnuchin.

Hasta ahora, el Congreso ha dado ya luz verde a un presupuesto de 8.300 millones de dólares destinado al desarrollo de la vacuna y a poner en marcha planes de prevención. Además, ha aprobado un plan para extender la baja por enfermedad a los trabajadores, de manera que los afectados por el coronavirus que se vean obligados a quedarse en casa puedan seguir cobrando.

Los demócratas han presentado su propio paquete de medidas por valor de 750.000 millones, en el que abogan por mayor coberturas sociales y de protección para los trabajadores y por moratorias en expropiaciones y ejecuciones hipotecarias. Por otra parte, la declaración del estado de emergencia el pasado viernes permite a Trump el acceso a fondos por valor de 50.000 millones de dólares para luchar contra la epidemia.
(Expansión, 18-03-2020)

La deuda pública sube en enero a 1.195.942 millones, el 95,8% del PIB
La deuda del conjunto de las administraciones públicas se situó en enero en 1.195.942 millones de euros, lo que equivale al 95,8 % del PIB, tras incrementarse en 7.049 millones, un 0,6% con respecto a diciembre. Según los datos publicados este martes por el Banco de España, el volumen de deuda pública al cierre de enero se situaba 18.002 millones de euros por encima del de enero de 2019.

El Ministerio de Asuntos Económicos calcula que este volumen de deuda equivale al 95,8% del PIB -calculado este con una interpolación del último PIB nominal conocido y el previsto para el cierre de año-, por debajo del 97,71 % de un año antes, pero lejos del 94,6% previsto para el cierre de 2020.

Al cierre de enero, la deuda del Estado ascendía a 1.058.800 millones de euros, 3.574 millones más que en diciembre de 2019, y la de la Seguridad Social, a 55.024 millones, igual que un mes antes. Las comunidades autónomas acumulaban una deuda de 295.820 millones, 937 millones más, y las corporaciones locales, 23.113 millones, 232 millones menos.

La mayor parte de la deuda pública se concentraba en valores representativos, tanto a largo plazo (962.797 millones) como a corto plazo (67.384 millones), y el resto, en préstamos (160.880 millones) y efectivo y depósitos (4.881 millones).
(El Mundo, 18-03-2020)

Laboral

Habrá ajustes temporales empleo en cinco días, se exonera a las empresas del pago de cuotas y se refuerzan las adaptaciones o reducciones de jornada del trabajador
"El Estado va a asumir este choque, va a asumir en su conjunto el shock que representa el frenazo en seco de la economía española”. Con estas palabras ha resumido hoy el presidente del Gobierno, la presentación del real decreto que incluye un paquete de medidas económicas para combatir la crisis del coronavirus aprobado en el Consejo de Ministros.

Según ha dicho, la filosofía de dicho decreto es “no dejar a nadie atrás” y añadió que la población española debe ser consciente “de que este frenazo en seco de la economía española es temporal, es coyuntural, y que por tanto posteriormente tendremos que hacer frente a una reconstrucción y una recuperación económica y social de nuestro país”.

Quizás por esa filosofía, las medidas centrales en materia laboral aprobadas hoy están dirigidas a favorecer que las empresas elijan hacer expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE, por sus siglas), en lugar de despedir a los trabajadores, ante el desplome de la actividad.

En este sentido, las medidas para incentivar que las compañías hagan estos ajustes temporales –que pueden ser de suspensión de empleo o reducción de jornada de las plantillas– incluyen ayudas para las empresas y los trabajadores. A las compañías las exoneran del pago de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, mientras dure el ERTE, en lo términos que ponga el real decreto. Este descuento se hará automáticamente en los ERTE sin que lo tenga que solicitar la empresa. Y, además, se crea una causa para realizar este procedimiento “por fuerza mayor” para todos estos procedimientos, que permitirá su tramitación exprés en un plazo máximo de cinco días.

Mientras que los trabajadores afectados por un ERTE cobrarán la prestación por desempleo que les corresponda mientras dure la suspensión, por lo que el Estado será el que pague sus ingresos durante ese tiempo. Esta ayuda se dará al empleado “aún en el caso de que no hayan cotizado el tiempo suficiente (periodo de carencia) para acceder al subsidio por desempleo”, explican en el Ministerio de Trabajo. Además, el periodo de cobro de la prestación, mientras dure esta situación, se considerará como “un paréntesis en la prestación de desempleo que tenga el trabajador acumulada”. Por ello, si el trabajador se queda en paro más adelante, el tiempo cobrado de prestación en la crisis no contará como gastado.

Por todo esto, Sánchez rogó ayer a las empresas que recurran a los ERTE para mitigar el impacto de la crisis “y no despidan”.

Asimismo, el Gobierno prevé permitir a los asalariados que estén al cuidado de personas dependientes o que tengan que cuidar a mayores o niños por el cierre de colegios, residencias y centros de día que reduzcan su jornada laboral hasta un 100%. Actualmente la ley solo permite una reducción del 50% de la jornada como mucho, por lo que se amplía este porcentaje. Si bien, con esta fórmula el salario del trabajador se reduce en la misma proporción que la jornada por lo que quien se la reduzca al 100% no recibirá nada de salario.

Por ello, el Gobierno también refuerza de forma excepcional el derecho del trabajador a “adaptar” su jornada, que a diferencia de la reducción, no implica reducción de sueldo). Será una “prerrogativa” de la persona trabajadora, que podrá concretar como adapta su jornada “tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada [...]. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo, indicaba uno de los últimos textos manejados por el Gobierno.

En cuanto a las ayudas para trabajadores autónomos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones creará una “prestación extraordinaria”, análoga a la actual del cese de actividad (en cuanto a cuantía no en sus requisitos) para los casos en que “su actividad se haya visto severamente afectada por las medidas tomadas por el Covid-19. Concretamente, por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
(Cinco Días, 18-03-2020)

La empresa podrá obligar al trabajador a acudir al centro de trabajo
La empresa podrá obligar al trabajador a acudir al centro de trabajo salvo que "acrediten deberes de cuidado a personas que requieren de su presencia". Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales "cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de otra que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo".

Asimismo, se considerará que concurren circunstancias excepcionales cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el Covid-19 que impliquen "cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos". También se considerará que concurren circunstancias excepcionales que requieren la presencia de la persona trabajadora, la ausencia en la actividad de cuidado de quien hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia de otra respecto de la que la persona trabajadora tuviera deberes de cuidado, por causas justificadas relacionadas con el covid-19, con su prevención o con la evitación de su transmisión".

El derecho previsto en este artículo es un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores, que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones, dice el Decreto.

El trabajador que acredite estas circunstancias excepcionales de trabajo y reduzca jornada tendrá derechos alternativos (derecho de adaptación), frente a la ausencia durante toda la jornada, susceptibles de generar menos efectos adversos tanto en la persona trabajadora como en la propia empresa dado que no va a percibir retribución ni prestación alguna durante la situación de emergencia, dice el Decreto, ante la ausencia de una prestación que complemente la diferencia salarial.

Ello implica que tenderá a solicitar preferentemente la adaptación de la jornada (que le permite mantener el trabajo y su retribución) o reducciones de intensidad baja a efectos de perder la mínima cuantía retributiva. Y se configura también el derecho a una "reducción de jornada especial" a efectos de dotarle de la máxima flexibilidad y efectividad, teniendo en cuenta las necesidades de las personas más vulnerables.
(Expansión, 18-03-2020)

Italia veta los ‘despidos económicos’ y Francia pagará el sueldo de los que pierdan el empleo
El Gobierno italiano ha prohibido durante dos meses que las empresas puedan despedir a sus empleados por motivos económicos derivados de la situación de emergencia. Esta es una de las últimas medidas incluidas en el decreto ley que ha impulsado el Ejecutivo, con ayudas de hasta 25.000 millones de euros, que movilizarán recursos por valor de hasta 350.000 millones. Sí estarán permitidos, sin embargo, los ceses de empleo por motivos disciplinarios. Antes de esta medida, el Gobierno anunció una moratoria hipotecaria para las personas que hubiesen perdido su empleo a raíz de la pandemia. La norma contemplaba una ampliación de hasta 18 meses, con la obligación de que las condiciones e interés no cambiaran una vez retomados los pagos del préstamo.

El país de la bota también contempla bonos mensuales de 600 euros exentos de impuestos a autónomos que hayan visto cesada su actividad. Asimismo, se concederán permisos parentales de dos semanas, con la mitad del sueldo asegurado, para aquellos padres que tengan hijos de hasta 12 años o con discapacidades graves. También habrá ayudas por 600 euros para contratar canguros y cuidadores de menores y para el personal sanitario y el de las fuerzas armadas, con una carga de trabajo extra durante estas semanas, este cheque de ayudas ascenderá a los 1.000 euros mensuales.

El país mediterráneo también ayudará a tiendas y comercios para hacer frente al arrendamiento de los locales durante el mes de marzo. La cuantía ascenderá al 60% del alquiler. Habrá además una cuantía especial en el caso de que se desinfecten y saneen los locales potencialmente contaminados por el virus.

El país galo aplazará las cotizaciones e impuestos directos (no entra el IVA) para las empresas durante el mes de marzo, con la posibilidad de que se anulen después para las que estén en gran dificultad. El coste estimado de este paquete asciende a los 32.000 millones de euros. Francia ha aprobado un fondo de apoyo con un valor conjunto de 45.000 millones de euros, así como garantías de préstamos por 300.000 millones y un plan para proteger las empresas amenazadas, incluida su eventual nacionalización. También queda aplazada la polémica reforma de las pensiones, que incluía una posible restricción de los subsidios por desempleo y que ha enfrentado al Gobierno galo con el movimiento de los Chalecos Amarillos a lo largo de los últimos meses.

El estado francés se hará cargo durante dos meses de la remuneración de los asalariados cuyas empresas los hayan puesto en paro temporal. El coste estimado de este mecanismo, que busca minimizar el impacto de los despidos, asciende a los 8.500 millones de euros.

Francia ha creado un fondo de solidaridad para pequeñas empresas con menos de un millón de euros de facturación anual que hayan dejado de tener ingresos o los hayan visto reducidos en al menos un 70%. El Gobierno calcula que serán en torno a 600.000, y recibirán 1.500 euros con una simple declaración, sin que haga falta ningún tipo de auditoría. Los autónomos podrán acceder si es su actividad principal. El coste estimado llega a los 2.000 millones. Además, las pymes no tendrán que hacer frente a los pagos de electricidad y gas, así como de los alquileres, solo si el arrendador lo puede asumir. Esta medida, al menos por ahora, no se aplicará a los particulares.

El Estado francés garantizará préstamos a las empresas por valor de 300.000 millones de euros para que puedan mantener su tesorería. Además, se emplearán todos los medios necesarios para proteger a las grandes empresas francesas de posibles ataques en Bolsa. Esto incluye la participación pública en sus capitales o incluso la nacionalización de las enmarcadas en sectores considerados estratégicos.
(El País, 18-03-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Los bancos, preparados para aliviar la carga hipotecaria
Respaldo absoluto de los bancos españoles a las medidas excepcionales del Gobierno para combatir el coronavirus. En el plan económico anunciado ayer por Pedro Sánchez destaca sobre todo la moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de aquellos colectivos más afectados por el freno económico provocado por la pandemia, una medida que las entidades financieras ya esperaban desde hace días tras el precedente de Italia, que lleva semanas intentando frenar la propagación del virus.

Las entidades más expuestas al negocio hipotecario en España son CaixaBank y BBVA. Entre las dos entidades tienen casi 150.000 millones de euros en crédito para compra de vivienda, casi un tercio de la financiación de los bancos cotizados para este fin.

Bankia está cerca del volumen de hipotecas individual de CaixaBank y BBVA, a pesar de que el banco nacionalizado tiene un balance inferior en casi 200.000 millones en activos. De hecho, el peso de las hipotecas le ha costado unos 500 millones en ingresos en los dos últimos años por el hundimiento del euribor a terreno negativo, una losa para la rentabilidad del banco.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que la moratoria sólo será posible para primera vivienda y en casos de despido o caída sustancial de los ingresos. Por esta razón, el impacto real de la moratoria dependerá de la cartera específica de clientes de cada entidad.

Fuentes de CaixaBank recordaron ayer que la entidad siempre ha ayudado a los clientes que más lo necesitan, y pusieron como ejemplo el plan de ayudas a particulares con hipoteca que, en los últimos 10 años, ha ayudado a 430.000 clientes, aplicando criterios de flexibilidad.

En sendos comunicados, la Asociación Española de Banca (AEB) y la CECA, la patronal de las antiguas cajas de ahorros, transmitieron su total apoyo a las medidas del Ejecutivo ante la crisis del coronavirus y mostraron su compromiso para aplazar el pago de los préstamos hipotecarios para los clientes más vulnerables.

"Estamos de acuerdo en que nadie se debe quedar atrás por un problema de liquidez. Ayudaremos al Gobierno y a la sociedad a superar esta situación", afirmó el presidente de la AEB, José María Roldán. Horas antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó que en esta crisis generada por el coronavirus "nadie será desahuciado de sus casas por atravesar una situación difícil".
(Expansión, 18-03-2020)

Desde 100 euros de multa a 18 meses de cárcel: así son las sanciones por saltarse la cuarentena
La Guardia Civil y los Mossos de Esquadra ya han impuesto las primeras multas a las personas que incumplen las decisiones de confinamiento tomadas por el Ejecutivo. Venir unos días de plácido descanso a una playa española y tener que quedarse en el hotel. Por imposición. Querer salir a correr y tener que volver a casa. O salir de paseo para tomar aire fresco y darse media vuelta a las cuatro paredes del hogar. Son algunas de las situaciones que viven estos días turistas y ciudadanos en las calles del país, donde ya se están imponiendo fuertes multas por no acatar el confinamiento decretado ante la crisis del coronavirus.

A modo de ejemplo, en Benidorm la Policía Nacional y Local alertan a los turistas que no asuman la orden de quedarse en el hotel que pueden ser castigados con multas de hasta 700 euros. Y ya lo están haciendo. Otros casos de multas que se están viendo son para ciclistas que se han saltado la orden en la Comunidad de Madrid y Cataluña. La Guardia Civil y los Mossos de Esquadra han impuesto ya las primeras multas a estas personas.

Se suceden escenas curiosas como gente sacando a la calle a un perro de peluche, un ciudadano vestido de dinosaurio o un señor que se ha grabado un vídeo diciendo que no se quedaba en casa. Si no acatan la orden de no salir se exponen a duras sanciones.

No hay broma que valga. Hay que ser consciente de la gravedad de estas actuaciones y, si se quieren conocer los importes a los que se exponen los infractores, hay que mirar a normas como el Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana. El real decreto aprobado el pasado 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma por la crisis del Covid-19, establece una serie de sanciones legales que pueden llegar hasta 600.000 euros e incluyen penas de prisión. La consigna es clara para las autoridades, que deben actuar con mano izquierda ante ciudadanos rebeldes.

La Ley de Seguridad Ciudadana determina en su artículo 37 que la remoción (remover) vallas, cintas u otros elementos colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para delimitar zonas de seguridad o de carácter preventivo, si no es infracción grave, se contempla como sanción leve, con un importe de entre 100 y 600 euros.

Hay que recordar igualmente el artículo 36 de la misma norma: la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación suponen sanciones graves, con multas de 601 a 30.000 euros.

La Ley General de Salud Pública es otra ley que hay que mirar. En su artículo 52 se contemplan infracciones graves, con multas de entre 3.001 hasta 60.000 euros, por la realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un mal grave a la salud de la población, cuando esta no sea constitutiva de infracción muy grave. Si son acciones muy graves las multas se elevan desde los 60.001 hasta los 600.000 euros, y si implican el incumplimiento reiterado de las órdenes e instrucciones recibidas por la autoridad.

La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil es otra de las normas de referencia en este estado de alarma. Su artículo 45 recoge infracciones, graves y muy graves, que van de los 1.501 a los 600.000 euros. Esta norma se refiere al incumplimiento de órdenes e instrucciones por los órganos competentes y de los servicios de intervención y asistencia en situaciones emergencias declaradas. Incluye, además, el incumplimiento de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas.

Serias son igualmente las consecuencias recogidas en el artículo 556 del Código Penal: serán castigados con penas de prisión de tres meses a un año o multas de 6 a 18 meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, se resistan y desobedezcan gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como al personal de seguridad privada que desarrolle actividades de cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los policías y guardias civiles que se vean en esas circunstancias deben informar a la Subdelegación de Gobierno respectiva, mediante acta o informe, incluyendo, si fuera posible, un reportaje fotográfico de lo actuado.
(Expansión, 18-03-2020)

La UE cierra sus fronteras por primera vez en su historia y no dejará entrar a ciudadanos de terceros países
Por primera vez en la historia de la Unión Europea, los líderes del club comunitario han pactado este martes el cierre generalizado de las fronteras exteriores y la prohibición de entrada a los ciudadanos de terceros países salvo en circunstancias excepcionales. “Hemos acordado adoptar una decisión coordinada para restringir los viajes no esenciales a la UE durante 30 días”, ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras una cumbre por videoconferencia (la segunda desde el comienzo de la epidemia) que se ha prolongado durante tres horas.

El objetivo del histórico cerrojazo es tanto contener la expansión del coronavirus como evitar la aparición de controles fronterizos dentro de la UE. Pero en ambos casos la medida parece llegar demasiado tarde para garantizar su efectividad.

El coronavirus que causa la Covid-19 campa por toda Europa, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud considera al Viejo Continente como el epicentro de la pandemia global. Y la estampida del miedo ya ha llevado a buena parte de los 27 países de la UE a reestablecer los controles fronterizos internos (como es el caso de España o Alemania) e, incluso, a impedir la entrada de ciudadanos europeos (como en Hungría) o someterlos a una cuarentena obligatoria aunque no presenten síntomas ni procedan de zonas con numerosos contagios (como en Polonia).

La Unión se ha llenado de cicatrices fronterizas con miles de europeos que incluso tienen difícil volver a su país de origen. “Hay ciudadanos europeos bloqueados dentro de la UE y esta situación tiene que cesar”, ha exigido este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bruselas confía en que el blindaje del perímetro exterior anime a los socios de la UE a relajar los controles interiores. Pero de momento no parece que la calma esté de vuelta.

La sensación del sálvese quien pueda recorre Europa y la lentitud de la Comisión Europea ha alentado la adopción de medidas nacionales tan dudosas legalmente como imposibles de frenar políticamente en un momento de pánico generalizado. Y ahora, el gran riesgo para Bruselas es que las medidas se perpetúen y pongan en peligro la supervivencia de la zona Schengen o que, incluso, deriven en un atrincheramiento nacional que rompa también el mercado interior y ponga en peligro el futuro de la propia Unión Europea.

Los primeros síntomas de ese resquebrajamiento aparecieron nada más desencadenarse la crisis sanitaria. “Las recientes decisiones de algunos Estados miembros de restringir o prohibir exportaciones –en un caso de hasta 1.324 productos, incluido el paracetamol y aparatos médicos– contribuye al riesgo de carencias en otros Estados miembros, poniendo así en riesgo la salud de la población europea”, avisaba la Comisión el pasado viernes tras los vetos a la exportación aprobados por Alemania.

Berlín asegura que la norma se ha matizado. Y la Comisión aprobó el sábado pasado un reglamento que prohíbe, durante seis semanas, la exportación fuera de la UE de material de protección como mascarillas o guantes, con el objeto de calmar los temores a un desabastecimiento. Pero la desconfianza ya ha cundido en los países más afectados por la pandemia, como Italia o España, que se han apresurado a buscar fuera de la UE, en China en concreto, los suministros imprescindibles para afrontar la grave crisis sanitaria.

La solidaridad económica también ha brillado por su ausencia y cada Estado, como ya ocurrió durante la crisis financiera, tendrá que hacer frente con sus propios recursos al impacto del coronavirus. Los datos ya apuntan a una grave recesión durante este año en buena parte de la zona euro (España pasaría de un crecimiento del 1,8% a una caída del -1,3%, según la previsión de Goldman Sachs) y a un peligroso incremento del paro y la deuda pública en países que ya disponían de escaso margen de maniobra.

La nota positiva de la cumbre europea de este martes es que los líderes comunitarios, ni siquiera los más duros, cerraron la puerta al debate sobre posibles medidas para ayudar financieramente a los países más afectados. El día anterior, los ministros de Economía de la zona euro (Eurogrupo) debatieron, sin avances, varias posibilidades, como la utilización del Banco Europeo de Inversiones o del Mecanismo Europeo de Estabilidad. “Asumimos que los ministros seguirán trabajando en esa línea”, señaló la canciller alemana, Angela Merkel, tras la cumbre. Y hasta el primer ministro holandés, Mark Rutte, habitualmente el más opuesto a cualquier intervención económica, señaló que “alguna forma de compartir riesgos será necesaria”.
(El País, 18-03-2020)

El Gobierno blinda a las grandes del Ibex 35 para evitar opas extranjeras tras su desplome en la bolsa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno ha modificado la normativa que regula las inversiones desde el exterior para impedir que empresas de fuera de la Unión Europea (UE) puedan hacerse con el control de compañías del país en sectores estratégicos aprovechando el declive bursátil de las últimas jornadas.

"Hemos reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos", ha anunciado Sánchez ante el fuerte descenso de la capitalización registrado por algunas grandes compañías del Ibex 35 por la crisis del coronavirus.

Fuentes empresariales explican a este diario que en los últimos días firmas del sector energético, de telecomunicaciones y financiero habían transmitido al Gobierno su inquietud por la posibilidad de ser compradas ante el desplome en su valor bursátil y habían solicitado que esta ley anti-opas fuese incluida dentro del paquete de medidas económicas anunciado. Durante su comparecencia Sánchez ha explicado que se intenta evitar que las empresas extranjeras aprovechen la "caída coyuntural" en estas cotizadas en medio de una situación de "extrema volatilidad" en las bolsas.

Tras conocerse las medidas adoptadas por el ejecutivo español, el Ibex 35 ha reaccionado al alza -también apoyado por el mercado americano-, adelantándose al resto de Europa -cuyas subidas oscilaban entre el 2% y el 3%- y con algunas firmas como Telefónica o Mapfre rebotando cerca del 20%. La lógica dicta que ante la imposibilidad de una opa la reacción debería ser a la baja, pero lo cierto es que el temor a una opa estaba enfocado más bien al futuro en función de la evolución de la coyuntura, ya que en este momento nadie se libra de la debilidad generalizada.

Con la excepción del sector eléctrico, que ha tenido un buen comportamiento en los últimos años, la mayor parte de las grandes firmas estratégicas que forman parte del selectivo español habían sido fuertemente castigadas.

Desde los máximos históricos de cada una, el valor bursátil de Repsol, Telefónica, Santander o BBVA ha retrocedido entre un 64% y un 80%, dejándolas a tiro de piedra para algún comprador extranjero. Y es que estas firmas no solo han sufrido en bolsa en los últimos días, también han pasado por momentos complicados por temas estructurales de sus sectores.

La principal preocupación dentro del mundo empresarial giraba en torno a Telefónica, que cotizaba a precio de saldo. Con sus títulos llegando a la zona de los 4 euros, su valor bursátil se quedaba antes de la sesión del martes -en la que rebotó un 18%- por debajo de los 20.000 millones de euros. Su tamaño actual es un 80% inferior al que llegó a alcanzar en 2007 en términos de capitalización y no valía tan poco en bolsa desde el año 1997, cuando aún era una compañía muy distinta. Eso sí, un posible comprador también tendría que haberse hecho cargo de su deuda neta, que a cierre del pasado año alcanzaba los 37.744 millones de euros.
(El Mundo, 18-03-2020)

Sector

El Supremo se reorganiza y sus salas seguirán deliberando a distancia
La sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado ratificar las medidas de "flexibilidad" que se habían venido implementando en los últimos días en las distintas salas que integran este órgano de cara a la suspensión de plazos procesales y otras medidas del real decreto de Alarma por la pandemia de coronavirus.

Así, se seguirán dictando resoluciones y recibiendo escritos, si bien los magistrados deliberarán las causas de forma no presencial, utilizando las herramientas telemáticas de que disponen de forma interna. Así lo han señalado fuentes jurídicas, que destacan que, dado el proceso técnico que requieren las resoluciones del alto tribunal, se producirán irremisiblemente dilaciones en casi todas las salas.

Para salvaguardar lo que pueda ser más urgente en las próximas semanas, el Supremo ha prevenido a sus salas de lo contencioso-administrativo y de penal de modo que se han establecido equipos con letrados y personal suficiente para hacer frente a disposiciones que pueden ser de especial interés.

En la sala tercera (de lo contencioso), éstos asuntos urgente podrían tener que ver con medidas cautelares de suspensión que estén relacionadas con recursos que lleguen contra determinadas disposiciones del real decreto de Alarma. El alto tribunal es el competente para analizar acciones que puedan presentarse contra las disposiciones del Gobierno de Pedro Sánchez, que también podrán llegar al Tribunal Constitucional al afectar a derechos fundamentales, según fuentes de este órgano.

En la segunda (de lo penal) se tratará de estar preparados de cara a recursos con preso que deban resolverse en un plazo determinado o afectar también a derechos especialmente salvaguardados por el ordenamiento jurídico. El Supremo es un tribunal esencialmente de casación y fijación de doctrina, por lo que no se suelen celebrar juicios -salvo los muy contados de personas aforadas- ni declaraciones de imputados o testigos.
(Expansión, 18-03-2020)

 

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