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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 21 AL 23 DE MARÇ DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública
Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 22-03-2020)

Instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 22-03-2020)

Medidas excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 22-03-2020)

Medidas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor por el COVID-19
Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
(BOE, 21-03-2020)

Adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
(BOE, 21-03-2020)

Instrucciones sobre transporte por carretera
Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.
(BOE, 21-03-2020)

Condiciones para la prestación y se adjudica de forma directa el servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la prestación y se adjudica de forma directa el servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.
(BOE, 21-03-2020)

Medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 21-03-2020)

Medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social
Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.
(BOE, 21-03-2020)

Disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 21-03-2020)

Criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 21-03-2020)

Reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto.
(BOE, 21-03-2020)

Euro
Resolución de 20 de marzo de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de marzo de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 21-03-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/23/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/23/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 21 AL 23 DE MARÇ DE 2020

Fiscal

Hacienda empieza a transferir a las CCAA 1.434 millones de euros de las entregas a cuenta
El Ministerio de Hacienda comenzará mañana a transferir a las comunidades autónomas el primer pago de la actualización de las entregas a cuenta de 2020, cumpliendo con lo establecido en el Real Decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 12 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19.

Dicha normativa habilitó al Ministerio de Hacienda a abonar la actualización de las entregas a cuenta en un escenario en el que aún no se ha aprobado el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, por lo que se trata de un hecho sin precedentes cuyo objetivo es adelantar una liquidez a las comunidades y ciudades autónomas que asciende a un total de 2.867,08 millones que el Ejecutivo se comprometió a abonar en los dos próximos meses.

El primer pago, que asciende a 1.434 millones, se abonará a partir de mañana, mientras que el segundo, que es una cifra equivalente, se abonará en torno al 17 de abril, según indicó el Ministerio de Hacienda. Además de esta medida, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó en la reunión de coordinación con los consejeros de Economía y Hacienda, celebrada esta semana, que su departamento estudiará la viabilidad de adelantar para las comunidades que lo soliciten parte del pago de la previsión de liquidación de 2018 que, en condiciones normales, se liberan a mitad de año, y que asciende a 10.955 millones.

Otra medida aprobada en las últimas semanas por el Gobierno en relación a dotar de recursos a los entes territoriales para hacer frente al coronavirus es la dotación de un suplemento de crédito por un importe de 300 millones de euros en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Estos recursos servirán para crear un Fondo Social Extraordinario que se transferirá a las comunidades autónomas para reforzar sus políticas de ayuda a las familias.

Asimismo, el Gobierno permitirá que los ayuntamientos puedan utilizar 300 millones del superávit de 2019 para políticas sociales que mitiguen los efectos negativos del Covid-19.
(Expansión, 23-03-2020)

Calviño: "Hace falta una respuesta fiscal europea coordinada para poner freno a la crisis del coronavirus"
Nadia Claviño ha concedido una entrevista a El Mundo en la que analiza el impacto a nivel económico que está teniendo la pandemia del coronavirus. "Es indudable que lo que en principio era una crisis sanitaria se ha convertido ya también en una crisis económica y social. Por eso hemos ido acompasando la respuesta en el ámbito sanitario de la respuesta económica y social", ha señalado la vicepresidenta de Asuntos Económicos al rotativo.

A juicio de Calviño, el paquete de medidas puesto en marcha por el Ejecutivo es "muy contundente desde el punto de vista cuantitativo" y que además "responde a lo que yo creo que debe ser la prioridad en este momento: contener la extensión del virus en el plano sanitario y tratar de asegurar que se mantiene el tejido empresarial y se minimiza la destrucción de empleo y tengamos una buena base para reactivar la economía una vez que dejemos atrás la crisis". También llama a la prudencia en cuanto a las estimaciones económicas, pues aún no se puede prever el alcance exacto de esta insólita situación. "La economía española ha partido de un punto mejor que otros países de nuestro entorno.(...) La situación ha cambiado, evidentemente, a partir de marzo y tendremos que ver cómo evoluciona, pero con esa perspectiva de que el impacto no sea estructural y sea lo menos duradero posible", matiza.

En cuanto a los ERTEs que se suceden estos días, Calviño considera que su facilitación "que fue una medida que nos solicitaron todos los agentes sociales" es un elemento muy importante porque lo que permite es que el Estado se haga cargo de los costes durante esta situación por el ajuste transitorio y que no haya pérdidas de empleo más allá de lo que es la crisis sanitaria.

Se muestra sorprendida, eso sí, de la reacción por parte de los representantes de los autónomos, dado que "todos los agentes sociales" han recibido muy favorablemente las medidas del Gobierno. "En los dos paquetes de medidas se ha demostrado esa especial protección de las pymes y los autónomos y lo seguiremos haciendo así. Estamos terminando de diseñar el detalle del gran programa de garantías públicas, de hasta 100.000 millones para favorecer y garantizar la liquidez de toda la economía y ahí, de nuevo, tendremos una atención especial para estos colectivos", asegura.

En cuanto a los mercados, la vicepresidenta valora muy positivamente la línea de actuación del BCE. Sostiene que sus decisiones "son apropiadas, las necesarias en esta situación, para que podamos tomar las decisiones y adoptar las medidas necesarias para atajar el problema en un entorno de certidumbre y calma para la financiación pública". "Debemos mantener esta situación favorable para que los gobiernos reaccionemos y podamos responder adecuadamente. Pero esto no basta: hace falta también una respuesta fiscal europea coordinada", opina.

En este sentido, afirma que se está dando un intenso debate en el Eurogrupo y que España está constantemente en contacto con sus socios para ver cómo articular esa respuesta. "Nuestro país defiende una posición muy clara: esta crisis es global, la respuesta tiene que ser europea. Todos estamos poniendo todo de nuestra parte para dar una respuesta adecuada a la crisis sanitaria, y eso supone proteger la salud de toda Europa, y por eso tenemos que utilizar todos los instrumentos disponibles para garantizar que la respuesta económica y fiscal no es sólo nacional si no que es comunitaria, europea", repite.
(El Mundo, 22-03-2020)

Hacienda puede verificar los beneficios fiscales de 10 años
El plazo para iniciar la comprobación de las liquidaciones es de cuatro años, pero en dicha comprobación se puedan verificar créditos fiscales de los últimos 10 años que tengan efecto en el ejercicio que es objeto de esa comprobación, por lo que Hacienda puede reclamar la inclusión en la misma de las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores omitidas.

Así lo determina una sentencia de la Audiencia Nacional, de 21 de noviembre de 2019, en la que se explica que en la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2017, se recoge expresamente el principio de integra regularización en la que se planteaba que el recurrente con bases imponibles negativas correspondientes a ejercicios anteriores a 2003 no las compensó en ese ejercicio, porque en su autodeclaración de ese año no tenía rentas positivas que las pudiesen absorber y, por esa razón, las aplicó en los ejercicios posteriores de 2005, 2006 y 2007.

Explica el ponente, el magistrado Calderón González, que la aplicación de las bases negativas a un determinado ejercicio no es una opción inmodificable que deba regirse por el artículo 119.3 de la Ley General Tributaria (LGT), pues dicha modificación legal ha introducido en dicho artículo 119 un nuevo apartado 4, del que deriva que si es posible modificar la opción que se ha hecho de la aplicación de bases imponibles negativas mientras no se haya iniciado un procedimiento de aplicación de los tributos. Además, se indicaba que ese límite temporal para las posibles modificaciones resultaba de aplicación a partir del año 2015.

Y el Alto Tribunal acogía el motivo en el Fundamento de Derecho Sexto de su resolución, invocando el principio de integra regularización, con cita de su sentencia de 26 de enero de 2012, especificó que no significa reconocer a la recurrente el derecho a que se le aplique directamente la compensación que solicitó respecto de bases negativas en ejercicios anuales anteriores.

Además, tan solo se concede el distinto derecho a que la Administración tributaria, con carácter previo a realizar la liquidación resultante de la actividad inspectora, resuelva si era o no procedente la compensación que fue solicitada en relación con los créditos fiscales que fueron invocados respecto de ejercicios anteriores, pero sin oponer como obstáculo que había precluido temporalmente el derecho a deducir esa solicitud.
(Expansión, 21-03-2020)

Laboral

Los trabajadores y empresas afectados por ERTE en una semana superan los de los últimos seis años
Hasta hace una semana eran pocos los españoles que sabían lo que era un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Apenas los trabajadores de la industria del motor, que lleva décadas usando esta vía para ajustar sus plantillas a la producción conocían esta figura de la normativa laboral. Ahora, según una primera estimación hecha el viernes por el Centro Predicción Económica (Ceprede) de la Universidad Autónoma de Madrid para la patronal Cepyme, entre dos millones y 2,5 millones de trabajadores podrían verse afectados por un ERTE en los dos tres próximos meses.

Y, dado que parte de los salarios de estos trabajadores mientras dura el ajuste los abona el Estado a través de la prestación por desempleo, la cifra de los dos millones de afectados es compatible con el presupuesto que tiene el Ejecutivo para las medidas laborales que supera los 5.000 millones de euros, incluyendo ayudas a asalariados y autónomos.

Numerosas grandes compañías han anunciado ERTE inmediatos o si se prolonga el periodo de confinamiento. Es el caso de Inditex (25.000 trabajadores si sigue el Estado de Alarma partir del 15 de abril); Zena Alsea (VIPS, Starbucks o Domino’s Pizza), 22.000 trabajadores; Seat, 14.812; Burguer King, 14.000; o Iberia, 13.900 son solo algunos ejemplos.

De momento, hay un dato cierto: las empresas y trabajadores inmersos en un ERTE solicitado o ya concedido a lo largo de la pasada semana superaron a los registrados durante los pasados seis años sumados en su conjunto. Concretamente, desde que en 2014 se inició la recuperación del empleo tras la crisis de 2008, hasta diciembre de 2019, esto es en los últimos seis ejercicios juntos, hubo 27.171 empresas que aplicaron 36.141 ERTE en los que se vieron afectados 409.548 trabajadores. Estos datos incluyen suspensiones temporales de empleo y ajustes de reducciones temporales de jornada.

Pues bien, aunque todavía no hay datos oficiales ni coordinados de todas las comunidades, es evidente que los ERTE solicitados o ya autorizados en toda España durante la pasada semana superan las cifras acumuladas entre 2014 y 2019.

Solo en Cataluña, hasta ayer domingo se habían solicitado 25.160 ajustes temporales de empleo que afectaban a 247.690 trabajadores. En Valencia, habrían contabilizado casi 10.00 expedientes para 73.961 trabajadores. Y en Andalucía, habían recibido 20.000 inscripciones solicitando ERTE, cuya resolución aún afectaba a solo una pequeña parte, pero de media implicaba a 7,4 trabajadores, con lo que extrapolando esta cantidad podría suponer cera de 150.000 trabajadores afectados. En Madrid, hasta el jueves pasado se habían presentado 13.390 ERTE. Aunque la región no facilitó el número de trabajadores afectados, todo apunta a que será incluso superior a las cifras de Cataluña. Solo con estas comunidades ya se superarían en una semana las cifras acumuladas de los últimos seis años. Pero, además habría que sumar las del resto de España. Por ejemplo, el jueves el País Vasco había recibido 3.382 solicitudes para casi 30.000 trabajadores, mientras que, el viernes, en Galicia se habían multiplicado por siete en 48 horas hasta sumar 4.239 peticiones de ERTE.

Aún más llamativo es el dato de ERTE solo por fuerza mayor. Este tipo de ajustes, que son los que afectarán ahora mayoritariamente a los empleados y que tienen una tramitación más rápida (5 días) y no requieren de negociación entre trabajadores y empresa (aunque sí de autorización administrativa), se usaban de manera muy restringida, solo para catástrofes, como incendios o inundaciones. Así, en 2019 solo 139 empresas recurrieron a un ERTE por fuerza mayor, y afectaron a 1.203 trabajadores. Y en los últimos seis años, fueron poco más de 815 compañías las que recurrieron a este tipo de ajuste para algo menos de 6.500 empleados entre 2014 y 2019. Pero, además, los afectados ahora podrían superar incluso los de la anterior crisis, que sumaron 1,8 millones entre 2008 y 2013.
(Cinco Días, 23-03-2020)

Guindos aboga por una "renta mínima de emergencia" para evitar una crisis social
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido este domingo una "renta mínima de emergencia" durante la crisis del coronavirus. "Tiene que actuar el Estado en este período transitorio para que después de la crisis sanitaria, con un impacto económico intenso y profundo, no se produzca una crisis social", ha explicado en una entrevista en La Sexta en la que ha insistido que es "favorable" a la renta mínima durante el coronavirus. "Que todos nos hagamos cargo de las necesidades básicas de la población más vulnerable", ha añadido.

El vicepresidente del BCE da por hecho una "recesión" económica en este trimestre del año, aunque ha insistido en un "rebote" para finales del año. "La esperanza es que tras unos meses negativos tengamos un rebote en la segunda parte del año (...) Que no se destruya tejido empresarial y, una vez superada la crisis, tengamos normalización de la actividad económica y recuperemos lo que hemos dejado de producir", ha asegurado.

Pese a la recesión, Guindos ha destacado de que se trata la crisis es "diferente a la de 2008", que tendrá un impacto muy intenso en la economía europea, pero ha incidido en que se trata de una circunstancia temporal. "La temporalidad de este golpe tenemos que tenerla en consideración", ha subrayado.

Por otra parte, el exministro de Economía durante el Gobierno de Mariano Rajoy ha señalado que falta "una respuesta de la política fiscal" y ha defendido los eurobonos para paliar el impacto del coronavirus. "La pandemia afecta a todos los países europeos. Una respuesta panaeuropea es fundamental, por la señal del mensaje de que unidos podemos hacer cosas muy importantes", ha resaltado.
(Expansión, 22-03-2020)

Los autónomos piden a Sánchez suspender el cobro de la cuota de marzo
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), presidida por Lorenzo Amor, ha solicitado en una carta al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que suspenda el cobro de la cuota de marzo "ante la dificultad de gestionar la nueva prestación en una semana".

Así lo ha anunciado ATA en un comunicado en el que avisa de que, "si no se suspende la cuota, los autónomos la verán cargada en sus cuentas el próximo 31 de marzo, y generará frustración y malestar" entre dicho colectivo de trabajadores.

Desde ATA aluden a la actual crisis sanitaria derivada del coronavirus Covid-19 que está conllevando "un altísimo precio en vidas humanas y temibles consecuencias sobre nuestro estilo de vida y nuestra economía", y defienden que la organización está trabajando durante la misma "desde la lealtad institucional y la responsabilidad que, como organización más representativa de autónomos, tenemos hacia al colectivo que representamos, hacia nuestro país y hacia el Gobierno de la Nación".

De esta manera, ATA ha enviado a Sánchez una carta en la que, tras analizar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, que prevé en su artículo 17 la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por la declaración de estado de alarma y les exonera de pagar las cuotas de Seguridad Social, solicita que no se realice el cobro de la cuota prevista a final de este mes.

El plazo para la solicitud para la prestación extraordinaria es desde el 15 de marzo hasta el próximo 14 de abril, sin perjuicio de que se amplíe si se prorroga el estado de alarma, según recuerda ATA, que explica que, sin embargo, y ante la cercanía de la fecha en la que se hace efectivo el pago de la cuota, "puede haber errores formales en las solicitudes presentadas hasta ahora y que, por tanto, éstas sean denegadas", así como que, por otro lado, haya "una avalancha de solicitudes".

A esto "hay que añadir que, siguiendo las indicaciones sanitarias, los autónomos y colaboradores sociales están en situación de aislamiento, con negocios cerrados donde tienen la documentación, con movilidad limitada y muchos en situación de teletrabajo", según avisan también desde ATA, que también llama la atención sobre "la situación de operatividad limitada de las mutuas en estos momentos".

Así, "todo aquel a quien no se le conceda antes del 30 de marzo la prestación por cese extraordinario pagará sus cuotas a la Seguridad Social", según incide ATA, que agrega además que esta situación se produce "justo cuando la mayoría de los autónomos se han visto abocados al cierre y tendrán que hacer frente a sus cuotas de la Seguridad Social pese a lo prometido".

Por todo esto, desde ATA solicitan, a través de su presidente, Lorenzo Amor, "un ruego, un favor, incluso una súplica, que, dada la situación de falta de actividad y liquidez de los autónomos en estos momentos, y la operatividad limitada de órganos gestores, que se suspenda el cobro de las cuotas de todos los autónomos el próximo 31 de marzo".
(El País, 22-03-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

La banca reclama que los avales públicos cubran el 80% de los préstamos
El Gobierno quiere aprobar, en su reunión de mañana martes, el plan de avales para los créditos de empresas y autónomos que se ha comprometido pueda llegar a 100.000 millones de euros. Las conversaciones con los bancos para acercar posiciones son fluidas pero no hay un acuerdo todavía.

Los bancos, a través de las patronales AEB y CECA, han hecho llegar su última propuesta al Tesoro, con el que mantienen constantes contactos sobre el alcance que deberían tener los avales que el Estado se ha comprometido a poner para minimizar lo más posible los efectos económicos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. La propuesta, después de haberse cambiado bastantes estos días, es en líneas generales que el Estado avale hasta el 80% de los créditos nuevos y de las refinanciaciones que sean necesarias. El Tesoro estaría de acuerdo con la primera parte y consideraría excesiva la segunda.

El Gobierno español se ha movido rápido. Ha anunciado 100.000 millones en avales públicos a los créditos de la banca para garantizar la liquidez de empresas, pymes y autónomos. A su vez, las entidades tienen abierta la ventanilla del BCE para obtener liquidez ilimitada. El Banco Central, a través de su brazo de supervisión, ha determinado además que los préstamos con respaldo público no necesiten ni un euro de provisión pese a que no se paguen.

Pero falta un detalle capital de la medida: el porcentaje de los créditos protegido por los avales que desplegará el Estado a través del ICO. El martes se decidirá esta cuestión crucial en el Consejo de Ministros. “Es necesario que en España se cubra por el Estado, como en Alemania, el 80% del préstamo. Si no, no va a haber operaciones de crédito y vamos a tener una crisis de liquidez brutal. Si dan el 50%, la banca, con los criterios de riesgo no podrá conceder créditos, el sector público tiene que avalar el 80%”, señala un directivo. El restante 20% sí sería manejable por el sector, pero no más.

"Si no hay un 80% como en Alemania la crisis de liquidez unida a la paralización económica nos va a causar un gran daño", sentencia un ejecutivo. El Gobierno de Angela Merkel aprobó una línea de avales de hasta 550.000 millones ante la crisis del Covid-19 a través del KfW, el equivalente al ICO español. Estos cubren ocho de cada diez euros prestados. En Reino Unido, con una línea de avales en la práctica ilimitada, el porcentaje blindado de los créditos se sitúa en el 75%.

Está todo en marcha, pero los detalles los carga el diablo. El umbral clave para que las entidades financieras españolas puedan movilizar la liquidez contra el coronavirus está en el porcentaje de los préstamos que estará blindado por el Estados. El pasado 19 de marzo, cuando Pedro Sánchez, anunció las medidas, anunció que habría 100.000 millones de euros en avales, pero no qué porcentaje de los créditos estará blindado.

Fuentes financieras señalan que el Ejecutivo está pensando tan solo en la mitad del préstamo, pero esto sería insuficiente. La medida debe ser sinérgica con las del BCE para evitar de verdad que los círculos de liquidez se cierren.

La institución que preside Christine Lagarde anunció el 12 de marzo una línea de liquidez ilimitada, a la que los bancos podrán acudir con préstamos a empresas sin problemas, una novedad que se conoció en la noche del miércoles al jueves, cuando el Banco Central lanzó una bazuca para comprar 750.000 millones de euros en deuda pública, de empresas y bancaria. Lo hará al menos hasta final de año, aunque abre la puerta a que se amplíe hasta que se ponga fin a la crisis provocada por el Covid-19, y se suma a los 20.000 millones mensuales y a los 120.000 millones extra en 2020 que anunció hace apenas dos semanas.
(Cinco Días, 23-03-2020)

Sánchez defiende un "gran 'Plan Marshall' de inversiones" para la UE y la emisión de "coronabonos"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este domingo a la UE que "Europa está en guerra contra el coronavirus" y que no "hay excusas que valgan" para escatimar recursos contra la pandemia y para reducir sus efectos sobre el tejido productivo y el empleo.

Durante una rueda de prensa telemática desde La Moncloa tras su encuentro virtual con los presidentes de las comunidades autónomas, Sánchez defendió que la UE debe llevar a cabo "la mayor movilización de recursos materiales de su historia porque Europa está en guerra contra el coronavirus" y tiene que responder "con todas sus armas".

"No hay excusas que valgan para movilizar todos estos recursos", reiteró Sánchez, quien apuntó que la UE "debe poner toda la carne en el asador" porque esta crisis es "simétrica".

Para el jefe del Ejecutivo, se trata de una crisis que afecta por igual a todos los países de la UE y, por tanto, no caben sólo una respuesta nacional, sino que es necesaria una "respuesta europea". "Defendemos cosas tan lógicas que costaría mucho que la UE no asumiera", reiteró Sánchez.

En este sentido, enumeró las medidas que España lleva defendiendo en las últimas semanas, como articular un "gran 'Plan Marshall' de inversiones públicas" para el conjunto de la UE, así como relajar las normas del Pacto de Estabilidad o la emisión de eurobonos para mutualizar la deuda, a los que se refirió como "coronabonos".

Asimismo, defendió la necesidad de crear un fondo europeo de desempleo como prestación "complementaria" a las prestaciones por desempleo nacionales y, finalmente, abogó por que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) "ampare" las medidas de liquidez que están poniendo en marcha los gobiernos nacionales. "Cuanto antes llegue la respuesta, mejor", añadió.

Sánchez dijo que se trata de una crisis "sobrevenida, que nadie preveía" y que no está relacionada con fallos en la regulación de un determinado sector, sino que se trata de una emergencia de salud pública, por lo que las instituciones europeas deben ser "sensibles" y tener "empatía" con la sociedad.

"Estamos haciendo un esfuerzo fiscal extraordinario y lo vamos a seguir haciendo en los próximos meses, por lo que es muy importante que la respuesta no sea solo local. Europa es mucho más que compartir un mercado único, es una filosofía de protección de los derechos humanos y tiene que poner toda la carne el asador", subrayó.
(Cinco Días, 22-03-2020)

El coronavirus podría reducir a la mitad el crecimiento de la economía mundial en 2020
La OCDE advierte de que el impacto del coronavirus en el mundo está superando sus peores previsiones económicas y subraya que es urgente un esfuerzo coordinado por parte de gobiernos y bancos centrales para superar la crisis. A principios de mes, en el lanzamiento de sus previsiones intermedias, había avanzado que, según su hipótesis más adversa, el coronavirus podría reducir a la mitad el crecimiento de la economía mundial en 2020 y situarlo en el 1,5 %, provocando la recesión en economías como la europea o la japonesa.

"Ahora parece que ya hemos avanzado mucho más allá del escenario más severo previsto entonces", dijo el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, en una nueva plataforma digital lanzada anoche por su organismo para agrupar datos y políticas de respuesta. A su juicio, se requiere "un nivel de ambición parecido al del plan Marshall, que creó la OCDE, y una visión similar a la del New Deal, pero ahora a nivel mundial".

Gurría destacó que esta pandemia constituye el tercer gran "shock" económico, financiero y social del siglo XXI, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la crisis financiera global de 2008. Entre sus efectos, la suspensión de la producción en los países afectados, con daños colaterales en las cadenas de suministro mundiales, y una fuerte caída en el consumo que se une al colapso en la confianza. El representante del llamado "club de los países ricos" alertó de que aunque las estrictas medidas que se están aplicando son esenciales para contener el virus, empujan a las economías a "un estado de congelación profunda sin precedentes, del que la recuperación no será directa ni automática"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este viernes que hay más de 210.000 casos de COVID-19 en todo el mundo, mientras que las muertes han superado la barrera de las 9.000. Gurría recalcó que además de actuar para minimizar la pérdida de vidas es prioritario también un esfuerzo coordinado contra la "gran crisis económica" desencadenada, que seguirá aun cuando la peor parte sanitaria haya pasado.

El secretario general de la OCDE celebró declaraciones recientes como la del G7, que este lunes se comprometió a "hacer todo lo necesario" a través de "una estrecha cooperación" para frenar la crisis económica y sanitaria, pero apuntó que es insuficiente. Gurría instó a apoyar al personal sanitario y a que las agencias reguladoras sanitarias trabajen juntas para quitar los obstáculos burocráticos que frenan el desarrollo y la aplicación de vacunas y tratamientos, incluso en el caso de pacientes sin seguro.

El representante de la OCDE también solicitó a los gobiernos reducir los requisitos para acceder a la indemnización por desempleo, y advirtió a los bancos centrales de que un enfoque conjunto en el control y el diagnóstico de las crecientes tensiones es mejor que "respuestas sueltas e inconsistentes".
(Expansión, 22-03-2020)

El Gobierno pide al Congreso prorrogar 15 días el estado de alarma por la crisis del coronavirus
El Gobierno ampliará el estado de alarma 15 días por la crisis del coronavirus, lo que requiere de su aprobación en el Congreso de los Diputados. Este es el mensaje principal que Pedro Sánchez ha transmitido a los presidentes autonómicos este domingo, en la segunda reunión telemática que mantienen desde la entrada en vigor del estado de alarma. La excepcional medida en vigor fue aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario el pasado 14 de marzo y está vigente desde el día siguiente.

Su duración finalizaría el 29 de marzo. De esta forma, el periodo de confinamiento de los 47,1 millones de españoles se extenderá como mínimo hasta después de Semana Santa. En el Gobierno llevaban días barajando alargar el estado de alarma, y la posibilidad de hacerlo al menos dos semanas, dado que menos tiempo implicaría que se levantaría justo antes de un periodo vacacional como Semana Santa.

La extensión del estado de alarma será hasta el 11 de abril. La Constitución establece en su artículo 116.2 que el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros “por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo”. “El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”, añade la Ley Fundamental. El líder del PP, Pablo Casado, ya garantizó al Gobierno su apoyo a una posible prórroga del estado de alarma.

El próximo miércoles está convocado un pleno del Congreso en el que se aprobaría la ampliación del estado de alarma, aunque Sánchez no ha especificado el día. El Consejo de Ministros del martes solicitará su extensión. “Espero contar con los apoyos del conjunto de fuerzas políticas, apelo a su responsabilidad”, ha afirmado Sánchez ante la situación “de emergencia nacional” provocada por el coronavirus en una comparecencia en La Moncloa tras la reunión con los presidentes autonómicos. “Mi función es coordinar las administraciones públicas, no suplantarlas, evitando cualquier pérdida de tiempo”, ha observado Sánchez, que ha pedido “no malgastar" el tiempo "en matices”, esto es, en las diferencias entre los responsables de distintas instituciones.

España suma ya más de 29.900 contagios y 1.813 fallecidos. En las últimas 24 horas han muerto más de 400 personas por la Covid-19. Los líderes territoriales han coincidido en sus intervenciones en solicitar más material sanitario. Varios se han mostrado partidarios de restringir más la movilidad, como Quim Torra (Cataluña), Juan Manuel Moreno (Andalucía), Javier Lambán (Aragón), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Ximo Puig (Comunidad Valenciana).

En su intervención al final de la reunión, de más de cuatro horas, Sánchez ha elogiado la actitud de la ciudadanía con las medidas de confinamiento y ha destacado la importancia de “mantener el pulso de la actividad económica básica”. De ahí la importancia de “calibrar” de manera correcta los sectores que se pueden restringir, ha apuntado el presidente, según han señalado a EL PAÍS fuentes presentes. Sánchez también considera prioritaria la dotación de camas de UCI a las autonomías más golpeadas por la crisis. “Van a venir jornadas muy duras. Estamos todos en el mismo equipo”, ha concluido.

Entre las nuevas medidas que aplicará el Gobierno anunciadas por el presidente tras la reunión está que las comunidades dispondrán de las residencias privadas de mayores y por lo tanto de sus instalaciones, medios materiales y humanos. Las Fuerzas Armadas ampliarán sus labores con el traslado de los enfermos que lo requieran por vía terrestre o aérea; garantizarán infraestructuras críticas y también el transporte de personal entre la Península y los archipiélagos. Y se facilitarán los recursos a los Ayuntamientos para el reparto de comida y otros productos de primera necesidad, como los farmacéuticos, para que las personas mayores no tengan que salir de casa. También se aplicará una restricción temporal de todos aquellos viajes “no imprescindibles que se realicen desde otros países”. Esta medida no se aplicará a residentes en la UE o personal diplomático.

Al contrario que en la videoconferencia del pasado domingo, en la que el president de la Generalitat acusó al Ejecutivo de Sánchez de “confiscar” competencias de Cataluña, en esta ocasión el gobernante catalán ha cambiado el tono, según han transmitido varios líderes territoriales a este diario. Torra ha asegurado en una comparecencia posterior que el tono de la reunión ha sido constructivo y que no ha habido reproches: “No es momento, tenemos que ir todos juntos, por eso insisto en que es vital el confinamiento total” salvo de la población dedicada a servicios esenciales.

No obstante, ha pedido criterios transparentes y equitativos en el reparto del material sanitario que todas las comunidades aguardan y ha afirmado que el Gobierno “no ha resuelto” ninguna de las peticiones que el Govern realizó durante la semana, informa Blanca Cía. Torra ha felicitado en la reunión a todos los presidentes y a todos los equipos de emergencia por su trabajo, y ha expresado su apoyo a las medidas aplicadas por el Gobierno, aunque también ha planteado un paquete de medidas económicas y fiscales para que los sectores que todavía están activos puedan parar: “Todos los que no trabajen en los sectores esenciales tienen que quedarse en casa y eso solo se puede conseguir si se les da tranquilidad económica y laboral”. Ha puesto como ejemplo, algunas medidas ya adoptadas por otros países europeos, como compensaciones para las reducciones de jornada o un salario del 70% con un tope de 2.700 euros.

El president fue el único líder territorial que el domingo pasado no firmó un comunicado conjunto en el que se acordó “reforzar la acción conjunta de todas las Administraciones” y mantener “una comunicación fluida y eficaz” durante la emergencia sanitaria. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado su “disposición y colaboración” con el Gobierno y considera urgente reforzar “el control estricto” del confinamiento. La semana pasada, el presidente del País Vasco mostró someramente su malestar con la “invasión de competencias” durante el estado de alarma.
(El País, 22-03-2020)

Sector

Justicia toma el control de los funcionarios de Justicia en España durante el estado de alarma
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tomará el control de todos los funcionarios de la Administración de Justicia en todo el territorio nacional para poder coordinar su actividad profesional y garantizar la prestación de servicios esenciales durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. En este sentido, podrá adoptar, cuando lo considere conveniente, las resoluciones necesarias para aplicar un criterio "homogéneo" en toda España.

De este modo, el Ministerio de Justicia suma a sus competencias habituales en materia de gestión de personal las atribuidas en este sentido a las comunidades autónomas con competencias transferidas, que les será devueltas cuando finalice el estado de alarma. Hasta el momento, el departamento que dirige Juan Carlos Campo sólo tenía esta competencia en los territorios que integran la denominada 'zona Ministerio', es decir, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Isla Baleares, Ceuta y Melilla.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes una orden del Ministerio de Sanidad en la que encomienda al ministro de Justicia la "coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios", regulados en el libro VI de la Ley del Poder Judicial, durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto aprobado el pasado sábado, 14 de marzo.

También le otorga la coordinación de los servicios públicos prestados a través de los colegios profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia y, en particular, el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita.

Este decreto designó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como autoridad competente delegada para gestionar la crisis del coronavirus en las áreas de responsabilidad que no recaigan en las competencias propias del Ministerio de Transportes, Defensa o Interior.

Así, hace el encargo al ministro de Justicia y le da competencias para poder adoptar, "cuando sea indispensable, las resoluciones y disposiciones que sean necesarias para garantizar, en todo el territorio del Estado, una aplicación homogénea de los servicios esenciales para la salvaguarda de derechos y libertades de la ciudadanía y de las recomendaciones establecidas por este Ministerio (Sanidad) para la salvaguarda de la salud pública".

Se da la circunstancia de que ante las quejas de funcionarios, que reclaman no tener que acudir a los juzgados si no es necesario, algunas administraciones territoriales han planteado planes de disponibilidad no presencial para evitar el riesgo de contagio por coronavirus.
(Expansión, 21-03-2020)

 
 
 
 
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