Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 26 DE MARÇ DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Prórroga a los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 26-03-2020)

Medidas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor
Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
(BOE, 26-03-2020)

Medidas extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea
Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19.
(BOE, 26-03-2020)

Prórroga a la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles
Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.
(BOE, 26-03-2020)

Exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de aeronaves y controladores de tránsito aéreo
Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de aeronaves y controladores de tránsito aéreo, así como un método alternativo de cumplimiento de conformidad con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para la reducción de la antelación mínima requerida en la publicación de los cuadrantes de actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19.
(BOE, 26-03-2020)

Características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19
Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19.
(BOE, 26-03-2020)

Euro
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 25 de marzo de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 26-03-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 26 DE MARÇ DE 2020

Fiscal

EE UU y Europa movilizan 6 billones de euros para combatir el impacto económico del virus
Gobiernos y bancos centrales de las grandes economías del mundo han declarado la guerra al impacto económico del coronavirus Covid-19. En la respuesta más rápida y contundente que se haya visto nunca ante una crisis económica, han movilizado en poco más de dos semanas alrededor de 6 billones de euros. Es la factura sin precedentes que resulta de los planes de estímulo fiscal anunciados -que incluyen el gasto en sanidad, ayudas sociales directas y multimillonarios programas de avales con los que responder ante la banca por las empresas y autónomos en situación más vulnerable- , más las rotundas compras de deuda con las que los principales bancos centrales del mundo pretenden asegurar la estabilidad del sistema financiero y que su financiación llegue de forma efectiva a quien lo necesita.

El vertiginoso contagio de la enfermedad está forzando también a rápidas decisiones, impensables hace tan solo unas semanas. Por los aires han saltado principios que se creían inamovibles como el déficit cero alemán o la disciplina presupuestaria de la Comisión Europea, que ha relajado sus normas de disciplina fiscal y de ayudas públicas. También se ha hecho añicos la dureza regulatoria con los bancos en la zona euro, a los que ahora se rebaja las exigencias de capital y de provisiones por morosidad para que tengan a pleno rendimiento la maquinaria de prestar dinero. Y ha pasado a mejor vida igualmente el debate en el BCE sobre la conveniencia de comprar deuda, con un paquete de adquisiciones sin precedentes por 750.000 millones de euros.

La rápida extensión de la pandemia ha impuesto la parálisis de la actividad. Así, la cadena de producción de una economía altamente globalizada ha quedado rota, pero el virus no está golpeando a todos los países a la vez, con lo que la restauración completa de esa cadena va a ser lenta. “Las medidas adoptadas por los gobiernos para contener el brote del coronavirus han hundido las economías desarrolladas en una recesión a la velocidad de la luz, tal y como un ataque al corazón”, explica gráficamente Yves Bonzon, director de inversiones de Julius Baer. Y la contundencia en la respuesta de gobiernos y bancos centrales ante el coronavirus supera con creces la mostrada en ocasiones anteriores.

Las enormes inyecciones de liquidez y la menor exigencia regulatoria a la banca suben la cuantía de ayudas a 10 billones. Nunca antes la Fed anunció un programa de compras ilimitadas de deuda como ahora y nunca antes, ni aun con Lehman incendiando al conjunto de la banca del país, Estados Unidos había lanzado un plan de estímulos de la magnitud del pactado ayer. Los dos billones de dólares de rescate económico a familias y empresas pactado por la Casa Blanca y el Senado quedan lejos de los 700.000 millones de dólares del primer programa con el que EE UU rescató en 2008 a la banca.

“La primera línea de defensa debe ser la política fiscal”, afirmaba ayer el Banco de España. Pero en la retaguardia está la labor clave de los bancos centrales, que han inyectado como nunca liquidez al sistema. Las bajadas de tipos han sido fulminantes y las compras de deuda van a superar en cuantía inicial la respuesta dada a la crisis de Lehman y de la deuda soberana en la zona euro. Además, las inyecciones de liquidez no cesan, en un esfuerzo constante por que el sistema financiero continúe funcionando con normalidad. El BCE asegura haber ofrecido financiación por 3 billones en respuesta al coronavirus y la Fed ha suministrado liquidez multimillonaria en dólares a todos los bancos centrales, además de retirar cualquier limitación a las compras de deuda. Con sus estímulos, la cuantía de las ayudas supera ampliamente los 10 billones de euros.

Los planes anunciados por los gobiernos presentan distintos niveles de protección a empresas y familias aunque, en mayor o menor medida, todos contemplan medidas para el diferimiento del pago de impuestos a empresas y autónomos, la moratoria en el pago de las hipotecas a las rentas bajas y estímulos para evitar oleadas masivas de despidos, como la exoneración en el pago a las empresas en los expedientes de regulación de empleo temporales en España o la suspensión de la contribución a la Seguridad Social en Italia.

Las medidas de política fiscal puestas en marcha en los países de la zona euro y las acciones a escala europea representan el 1% del PIB de la región, según apuntaba ayer en un informe el Banco de España. El grueso de las ayudas está sin embargo en las medidas públicas de apoyo a la liquidez del sector privado, que rondan el 10% de la zona euro. Así, España contempla avales a las empresas por 100.000 millones de euros; Alemania por 400.000 millones y Francia, por 300.000 millones. La clave para que esas líneas de liquidez sean efectivas es que la banca conceda los préstamos a las empresas que lo necesiten. Para ello, los gobiernos están asumiendo la gran parte del riesgo de esos créditos -el 80% en España- mientras los supervisores han abierto la mano con las exigencias de capital al sector.

En la zona euro, y a diferencia de la arrolladora respuesta de EE UU, aún está sin embargo pendiente la activación del mayor de los estímulos: el uso del fondo de rescate europeo, el MEDE por sus siglas en inglés. Con una capacidad de endeudamiento por 410.000 millones de euros, permitiría a los países del euro la captación rápida de fondos para responder a la emergencia sanitaria y económica, tal y como reclaman España, Francia o Italia. Pero Europa vuelve a enredarse en el debate político de si es necesario, como en la crisis del euro, establecer condiciones a cambio de ese apoyo.
(Cinco Días, 26-03-2020)

Los autónomos piden autoliquidar el primer trimestre junto al segundo
La Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA) reclama un poco de oxígeno para los trabajadores autónomos. En ese sentido han solicitado que se les permita autoliquidar el primer y segundo trimestre del año juntos.

Desde UPTA recuerdan que el próximo 20 de abril acaba el plazo para que los autónomos presenten la autoliquidación del IVA recaudado en el primer trimestre de este año a través del modelo 303, así como los modelos 111; retenciones de los trabajadores; 115 de retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos; 130 y 131 pagos fraccionados del IRPF.

En caso de presentar dichas liquidaciones fuera de plazo, se exponen a tener que pagar un recargo del 5% si lo abonan voluntariamente o con sanciones de entre el 50 y el 150% en función del importe que deban abonar y del requerimiento de la Agencia Tributaria.

En UPTA subrayan que la situación provocada por el Estado de Alarma está “dificultando” la presentación de las declaraciones tributarias a los trabajadores autónomos por las “limitaciones de movilidad y de prestación de servicios y apertura al público de las entidades financieras, también por las dificultades que tienen aquellos autónomos, personas físicas, que todavía no están en condiciones de hacerlo telemáticamente”.

Ese es el motivo por el que desde la asociación exigen al Ministerio que establezca un nuevo plazo de tres meses para la presentación de estas declaraciones, y que estas coincidan con el siguiente trimestre, que finaliza el 20 de julio. Para ello piden también que la situación no suponga nuevos recargos para los autónomos.

En cuanto a la solicitud de la ampliación del plazo en la Agencia Tributaria, los autónomos piden que no se establezca un plazo de solicitud a fin de “evitar trámites innecesarios, aunque los autónomos que lo deseen podrían presentar las declaraciones dentro del plazo actual, tanto en el caso de que sean a pagar, como a devolver por parte de Hacienda”.
(El País, 26-03-2020)

Los fiscalistas reclaman una moratoria en el pago de impuestos al Gobierno
Las principales asociaciones y colegios profesionales de gestores tributarios han emitido un duro comunicado conjunto reivindicando una moratoria en el pago de impuestos al Gobierno, debido a las circunstancias extraordinarias por las medidas adoptadas para frenar la expansión del coronavirus. Muchas patronales y fiscalistas esperaban que el pasado martes el Ejecutivo anunciara un aplazamiento en las declaraciones y autoliquidaciones ampliado para empresas y autónomos de los principales impuestos.

Los gestores están reclamando al Gobierno un aplazamiento de los pagos tributarios hasta que pase la crisis sanitaria del coronavirus. "La petición, que no es un capricho, sino una cuestión de sentido común, dada la imposibilidad, de recoger y tratar la documentación, y no exponernos, nosotros y nuestros trabajadores, a un posible contagio, ya que en la mayoría de casos la documentación para realizar las correspondientes autoliquidaciones la aportan físicamente los propios empresarios que, o bien es el personal de la propia asesoría el que va a recoger los documentos, con el consiguiente riesgo, por todos conocidos", recoge el comunicado firmado por AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales), AECE - (Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España), Consejo General Abogacía Española, Consejo General de Agentes de Aduanas, Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Consejo General de Economistas del REAF, FETTAF (Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales) y GESAF (Gabinete de Gestores Administrativos Asesores Fiscales).

Desde el principio de la crisis estos profesionales han reclamado el aplazamiento de las declaraciones y autoliquidaciones de impuestos como el IVA o el IRPF antes las dificultades de realizar los trámites necesarios y recabar toda la información de sus clientes. "Ni en los peores sueños nos hubiésemos podido imaginar la situación tan dramática que estamos padeciendo por culpa del Covid-19", explican y que "no tenemos bastante con la que está cayendo, que el Gobierno en vez de mostrar empatía hacia nosotros, lo que denota es una amplia antipatía, eso sí vanagloriándose de haber implementado las medidas más amplias de la Unión Europea".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó, ayer tras el Consejo de Ministros al ser preguntada por esta cuestión, que ya hay un aplazamiento de deudas y obligaciones tributarias a pymes y autónomos, incluyendo IRPF e IVA. Pero la medida, que fue adoptada cuando se estableció el Estado de alerta, afecta solo a pymes y autónomos con un volumen de operaciones en 2019 inferior a los seis millones de euros y para una deuda tributaria inferior a 30.000 euros. La ministra admitió que aprobará otro paquete de medidas económicas si es "necesario".
(El Economista, 26-03-2020)

Laboral

Más de 50.000 autónomos han solicitado la prestación y ya hay más de 130.000 bajas por el coronavirus
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que más de 50.000 autónomos han solicitado ya la prestación extraordinaria creada para este colectivo por la crisis del coronavirus. Así lo ha señalado en una rueda de prensa este miércoles, donde ha dejado claro que esta ayuda es una de las más "extensas, integrales y generosas que se están dando en todos los países del entorno".

También ha confirmado que más de 130.000 personas han solicitado la baja por incapacidad temporal como consecuencia de la pandemia. También ha recordado que en este caso los costes laborales los asume la Seguridad Social desde el primer día.

Respecto a los autónomos en concreto, Escrivá ha afirmado que han estado sometidos a "desinformaciones" en los últimos días respecto a esta prestación. Por ello, ha dejado claro que "cualquier autónomo que haya visto interrumpida su actividad o reducida su actividad de forma intensa tiene derecho a esta prestación", que, al menos, va a llegar a 661 euros mensuales para quienes coticen por la base mínima.

También quedarán exonerados del pago de la cotización a la Seguridad Social, con lo que unido a la prestación mínima de 661 euros, la suma de ambas ayudas (prestación y ausencia de cotización) alcanzará un mínimo de 950 euros, que se pueden ampliar teniendo en cuenta la base de cotización que se tenga.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que los autónomos podrán solicitar esta nueva prestación cuando su actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
(Expansión, 26-03-2020)

Evaluación 'expost' de la caída de ingresos
Preguntado sobre la situación de los autónomos a los que no les ha caído la facturación un 75%, pero sí un porcentaje considerable, Escrivá ha afirmado que el ingreso de referencia que se tiene en cuenta es el promedio del semestre anterior para que sea estable.

Así, ha explicado que en gran medida se harán evaluaciones 'expost', por lo que en primer lugar se dará la prestación con la información que se vaya presentando y luego "se irá evaluando la realidad". "En muchos casos la evaluación de cierre actividad se hará 'expost', porque 'exante' es difícil valorar", ha remarcado Escrivá.

La duración de esta prestación es de un mes, "pudiéndose ampliar hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue". Además, el tiempo de su percepción se entienda como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

Esta prestación también la pueden solicitar los profesionales autónomos con trabajadores a su cargo. En este caso, pueden tramitar un ERTE y, al mismo tiempo, acceder a esta prestación extraordinaria.

Asimismo, Escrivá ha remarcado que los autónomos que presenten un ERTE no van a tener que pagar las cotizaciones sociales "durante el periodo que dure la crisis" y que, en el caso de las empresas de mayor tamaño, la exoneración llegará al 75%, por lo que solo tendrán que pagar un 25%.

También ha recordado que las empresas que sin tener que llegar a una situación de ERTE, vean afectada su actividad económica, tienen desplegados los procedimientos habituales de aplazamientos de las cuotas de la Seguridad Social.

Respecto a la crisis económica derivada de la pandemia, ha matizado que tiene "muchos elementos distintos" a la anterior, que fue "muy larga", ya que la actual es "prácticamente común a todas las economías desarrolladas" y esa "asimetría" permitirá que se pueda abordar por parte de todos los países en materia de financiación con un acceso a los mercados en condiciones "mucho más favorables".
(Expansión, 26-03-2020)

El Gobierno confirma un ingreso vital mínimo ciudadano
El Gobierno ha confirmado un ingreso vital mínimo ciudadano para compensar los efectos del coronavirus. Lo ha dicho este mediodía, el ministro de Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante una comparecencia telemática en La Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Escrivá ha señalado en relación con la cuantía, alcance y duración de esa renta vital que está aún bajo análisis. El ministro ha recordado que más allá de la crisis del coronavirus es un compromiso del Gobierno.

El ministro de Seguridad Social se ha referido también a la ayuda en forma de prestación a las empleadas del hogar, tal como informa hoy La Vanguardia. Es un colectivo que “está identificado y hacemos seguimiento a través de la Seguridad Social” para estudiar medidas adicionales de apoyo, ha indicado Escrivá.

En la misma comparecencia, Escrivá ha detallado que más de 130.000 trabajadores han solicitado la baja laboral como consecuencia del coronavirus. En ese grupo se incluyen a los empleados contagiados y aquellos que deben estar en cuarentena. El ministro responsable de la Seguridad Social ha asegurado que ya hay más de 50.000 autónomos que han solicitado la ayuda al Gobierno que es en de un mínimo de 661 euros la exoneración de la cuota mensual que es de como mínimo 288 euros.

Una semana después de que se aprobara el real decreto que flexibilizaba la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ya hay como mínimo 762.011 trabajadores que irán al paro de forma temporal por el impacto económico del coronavirus. Son datos parciales porque hacen referencia sólo a 7 comunidades autónomas y al Ministerio de Trabajo. Uno de los últimos ajustes que se han conocido es el de la empresa de seguridad Prosegur.
(La Vanguardia, 26-03-2020)

Trabajo ultima un subsidio para las empleadas del hogar que pierdan todo o parte del trabajo
El Ministerio de Trabajo está perfilando cómo será el nuevo salvavidas para asistir a las miles de empleadas del hogar que están amenazadas por el progresivo parón de la actividad y las limitaciones para atajar la extensión de la pandemia. En concreto, ultiman “un subsidio de desempleo extraordinario” para trabajadoras del hogar, integradas en el sistema especial de la Seguridad Social, que hayan perdido todo el trabajo o parte de él por culpa de la crisis del coronavirus, según explican fuentes del Gobierno.

De esta forma, por primera vez y aunque sea de forma excepcional, las empleadas del hogar dejarán de ser los únicos cotizantes con un régimen en la Seguridad Social sin derecho a paro. Una situación denunciada desde hace años como discriminatoria por los sindicatos y las distintas organizaciones que representan al empleo doméstico.

El diseño del Ministerio de Trabajo prevé que las beneficiarias deban acreditar que no está prestando servicios, total o parcialmente. El subsidio será también para aquellas trabajadoras cuyo contrato ha concluido después de la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo.

¿Cuál será la cuantía de este subsidio? Según la propuesta que está ultimado el departamento de Yolanda Díaz, la ayuda extraordinaria consistirá en el 70% de la base reguladora vinculada a los diferentes tramos de cotización de este régimen especial. Como es relativamente común cuidar o limpiar en varias casas, se tendrán en cuenta las bases de los distintos trabajos. El subsidio tendrá una duración temporal de un mes y se podrá prorrogar hasta que lo establezca la Administración.
(El Mundo, 26-03-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Gobierno comenzó a trasladar ayer a la banca las condiciones del plan de avales públicos de hasta 100.000 millones de euros
El coste de las garantías para créditos de superior cuantía oscilará en función del tipo de beneficiario y de la duración del crédito. En el caso de las pymes, para las que el Estado garantizará el 80% del riesgo de la financiación, el coste para los bancos será también del 0,2% en caso de préstamos de hasta un año de duración; del 0,3% (una factura que parte de los 4.500 euros) para los de entre uno y tres años; y del 0,8% (al menos 12.000 euros) para los de entre tres y cinco años, que es el plazo máximo de duración previsto para los avales.

En el caso de las compañías de mayor tamaño, y siempre para préstamos de más de un millón de euros, la cobertura de los avales será del 70% si se trata de crédito nuevo y del 60% para las renovaciones. El coste para las entidades de las garantías concedidas sobre nueva financiación será del 0,3% en préstamos de hasta un año; del 0,6% en los de uno a tres años (9.000 euros de partida) y del 1,2% en los de tres a cinco años (18.000 euros).

La banca celebra las condiciones de los avales y promete “garantiza la supervivencia” de las empresas
Los avales públicos cubrirán el 80% de los créditos a pymes y autónomos
El coste de los créditos para la clientela dependerá del margen que fije cada entidad desde estos umbrales. Los avales estarán disponibles de forma retroactiva desde el 18 de marzo y podrán solicitarse hasta el próximo 30 de septiembre, pudiendo acceder a la financiación garantizada todas las empresas que no acabaran 2019 con mora o llegaran a marzo en concurso.

Dada la remuneración exigida al sector financiero por los 100.000 millones en avales públicos, teóricamente, la banca podría llegar a pagar 1.200 millones al Estado por las garantías si toda la financiación se diera al tipo máximo (1,2%). Esto, sin embargo, no se dará porque al menos el 50% del primer tramo de 20.000 millones se reserva a pymes (máximo del 0,8%).

A falta de saber cuánto ingresa el Estado por estas garantías, lo cierto es que su inédito despliegue -la mayor movilización de recursos de la democracia, según subrayó el Gobierno- no tendrá coste público alguno salvo en el caso de aquellos préstamos que incurran en impagos, lo que activará el aval.
(Cinco Días, 26-03-2020)

El Gobierno ultima una suspensión del alquiler para los más vulnerables ante el coronavirus
El Gobierno de coalición está discutiendo sobre la puesta en marca de una renta mínima ciudadana para ayudar a los más vulnerables ante los estragos del coronavirus y la suspensión de dos meses de lo alquileres. Son dos de las medidas que ayer dos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez se comprometieron a aplicar.

La del alquiler es la que tiene más visos de ser aprobada en el consejo extraordinario del viernes o en el ordinario del martes. Ayer por la tarde en el Congreso, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confirmó que el Ejecutivo aprobará nuevas medidas de ayuda para quienes tienen dificultades en el pago del alquiler y añadió que seguirán tomando cuantas iniciativas sean necesarias en las próximas semanas.

El objetivo –según dijo la ministra en el pleno del Congreso– es tratar de minimizar el riesgo de que la ralentización económica tenga un impacto estructural. Nadia Calviño declaró que el Ejecutivo está trabajado para dar una solución a quienes se encuentran con dificultades para pagar su alquiler, teniendo en cuenta las especificidades de un mercado en el que operan entidades públicas, grandes tenedores de vivienda, otros profesionales y también personas que dependen de esta renta para poder abordar sus gastos mensuales.

“Las propias medidas de contención que los distintos países hemos ido adoptando en las últimas semanas también tienen un impacto directo en la demanda y en la actividad económica doméstica”, declaró al tiempo que afirmó que el Ejecutivo “está trabajando en otras medidas complementarias que puedan ser necesarias en las próximas semanas”.

Entre esas medidas adicionales podría estar la de un ingreso vital mínimo para los ciudadanos que hayan sufrido de forma virulenta el impacto de la crisis, tal como defendió ayer José Luís Escrivá, ministro de Migraciones y Seguridad Social, en una rueda de prensa telemática desde la Moncloa. “Estamos estudiando el diseño de la medida y en cuanto esté preparada en sus detalles se comunicará y se implementará”, aseguró.
(El Mundo, 26-03-2020)

El Congreso amplía el estado de alarma 15 días más, hasta el 11 de abril
El Gobierno recibió esta madrugada la autorización del Congreso para ampliar 15 días más, hasta el sábado 11 de abril, el estado de alarma que mantiene confinados en sus hogares a los 46 millones de españoles como medida de contención extrema ante el avance implacable del coronavirus.

El Congreso autorizó la prórroga del estado de alarma, que entró en vigor el 15 de marzo pasado, en una votación que se produjo muy cerca de las 2 de la madrugada, tras una maratónica sesión de 11 horas en la que también se aprobaron medidas económicas. La propuesta del Gobierno fue aprobada con 323 votos a favor y ninguno en contra. Hubo tres abstenciones.

La propuesta fue respaldada por los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, el PSOE y Unidas Podemos, pero también por el PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, Más País, Compromís, UPN, CC-NC, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe.

En cambio, las formaciones independentistas de ERC, Junts, Bildu y CUP optaron por abstenerse al considerar que las medidas del Gobierno son insuficientes. El Pleno, en el que también se debatieron cinco decretos leyes, comenzó a las tres de la tarde, pero la trascendental votación se produjo casi a las dos de la madrugada del jueves.

Al mismo tiempo que se revalidaba el estado de alerta en los términos diseñados por el Gobierno, el Congreso ha rechazado las propuestas presentadas por Vox, ERC, Ciudadanos, Bildu y Junts y el BNG para modificar el alcance de las medidas del Ejecutivo.

El debate transcurrió en un hemiciclo casi vacío, al que solo concurrieron 43 diputados y 6 miembros del Ejecutivo, entre ellos el presidente, Pedro Sánchez, que defendió la solicitud. Los más de 300 parlamentarios ausentes siguieron la sesión desde sus casas y votaron telemáticamente.

El presidente del Gobierno justificó la prórroga del estado de alarma durante otros 15 días "porque el aislamiento es indispensable para hacer frente al virus", pero recordó que la decisión de "encerrarnos en nuestra casa no puede ser impuesta sino aprobada por los ciudadanos a través de sus representantes en el Congreso. Así lo establece la Constitución".
(El Mundo, 26-03-2020)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).