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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 26 DE MARÇ DE 2020 Mercantil, Civil i Administratiu Prórroga a los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 Medidas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor Medidas extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea Prórroga a la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles Exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de aeronaves y controladores de tránsito aéreo Características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19 Euro https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/
Fiscal EE UU y Europa movilizan 6 billones de euros para combatir el impacto económico del virus El vertiginoso contagio de la enfermedad está forzando también a rápidas decisiones, impensables hace tan solo unas semanas. Por los aires han saltado principios que se creían inamovibles como el déficit cero alemán o la disciplina presupuestaria de la Comisión Europea, que ha relajado sus normas de disciplina fiscal y de ayudas públicas. También se ha hecho añicos la dureza regulatoria con los bancos en la zona euro, a los que ahora se rebaja las exigencias de capital y de provisiones por morosidad para que tengan a pleno rendimiento la maquinaria de prestar dinero. Y ha pasado a mejor vida igualmente el debate en el BCE sobre la conveniencia de comprar deuda, con un paquete de adquisiciones sin precedentes por 750.000 millones de euros. La rápida extensión de la pandemia ha impuesto la parálisis de la actividad. Así, la cadena de producción de una economía altamente globalizada ha quedado rota, pero el virus no está golpeando a todos los países a la vez, con lo que la restauración completa de esa cadena va a ser lenta. “Las medidas adoptadas por los gobiernos para contener el brote del coronavirus han hundido las economías desarrolladas en una recesión a la velocidad de la luz, tal y como un ataque al corazón”, explica gráficamente Yves Bonzon, director de inversiones de Julius Baer. Y la contundencia en la respuesta de gobiernos y bancos centrales ante el coronavirus supera con creces la mostrada en ocasiones anteriores. Las enormes inyecciones de liquidez y la menor exigencia regulatoria a la banca suben la cuantía de ayudas a 10 billones. Nunca antes la Fed anunció un programa de compras ilimitadas de deuda como ahora y nunca antes, ni aun con Lehman incendiando al conjunto de la banca del país, Estados Unidos había lanzado un plan de estímulos de la magnitud del pactado ayer. Los dos billones de dólares de rescate económico a familias y empresas pactado por la Casa Blanca y el Senado quedan lejos de los 700.000 millones de dólares del primer programa con el que EE UU rescató en 2008 a la banca. “La primera línea de defensa debe ser la política fiscal”, afirmaba ayer el Banco de España. Pero en la retaguardia está la labor clave de los bancos centrales, que han inyectado como nunca liquidez al sistema. Las bajadas de tipos han sido fulminantes y las compras de deuda van a superar en cuantía inicial la respuesta dada a la crisis de Lehman y de la deuda soberana en la zona euro. Además, las inyecciones de liquidez no cesan, en un esfuerzo constante por que el sistema financiero continúe funcionando con normalidad. El BCE asegura haber ofrecido financiación por 3 billones en respuesta al coronavirus y la Fed ha suministrado liquidez multimillonaria en dólares a todos los bancos centrales, además de retirar cualquier limitación a las compras de deuda. Con sus estímulos, la cuantía de las ayudas supera ampliamente los 10 billones de euros. Los planes anunciados por los gobiernos presentan distintos niveles de protección a empresas y familias aunque, en mayor o menor medida, todos contemplan medidas para el diferimiento del pago de impuestos a empresas y autónomos, la moratoria en el pago de las hipotecas a las rentas bajas y estímulos para evitar oleadas masivas de despidos, como la exoneración en el pago a las empresas en los expedientes de regulación de empleo temporales en España o la suspensión de la contribución a la Seguridad Social en Italia. Las medidas de política fiscal puestas en marcha en los países de la zona euro y las acciones a escala europea representan el 1% del PIB de la región, según apuntaba ayer en un informe el Banco de España. El grueso de las ayudas está sin embargo en las medidas públicas de apoyo a la liquidez del sector privado, que rondan el 10% de la zona euro. Así, España contempla avales a las empresas por 100.000 millones de euros; Alemania por 400.000 millones y Francia, por 300.000 millones. La clave para que esas líneas de liquidez sean efectivas es que la banca conceda los préstamos a las empresas que lo necesiten. Para ello, los gobiernos están asumiendo la gran parte del riesgo de esos créditos -el 80% en España- mientras los supervisores han abierto la mano con las exigencias de capital al sector. En la zona euro, y a diferencia de la arrolladora respuesta de EE UU, aún está sin embargo pendiente la activación del mayor de los estímulos: el uso del fondo de rescate europeo, el MEDE por sus siglas en inglés. Con una capacidad de endeudamiento por 410.000 millones de euros, permitiría a los países del euro la captación rápida de fondos para responder a la emergencia sanitaria y económica, tal y como reclaman España, Francia o Italia. Pero Europa vuelve a enredarse en el debate político de si es necesario, como en la crisis del euro, establecer condiciones a cambio de ese apoyo. Los autónomos piden autoliquidar el primer trimestre junto al segundo Desde UPTA recuerdan que el próximo 20 de abril acaba el plazo para que los autónomos presenten la autoliquidación del IVA recaudado en el primer trimestre de este año a través del modelo 303, así como los modelos 111; retenciones de los trabajadores; 115 de retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos; 130 y 131 pagos fraccionados del IRPF. En caso de presentar dichas liquidaciones fuera de plazo, se exponen a tener que pagar un recargo del 5% si lo abonan voluntariamente o con sanciones de entre el 50 y el 150% en función del importe que deban abonar y del requerimiento de la Agencia Tributaria. En UPTA subrayan que la situación provocada por el Estado de Alarma está “dificultando” la presentación de las declaraciones tributarias a los trabajadores autónomos por las “limitaciones de movilidad y de prestación de servicios y apertura al público de las entidades financieras, también por las dificultades que tienen aquellos autónomos, personas físicas, que todavía no están en condiciones de hacerlo telemáticamente”. Ese es el motivo por el que desde la asociación exigen al Ministerio que establezca un nuevo plazo de tres meses para la presentación de estas declaraciones, y que estas coincidan con el siguiente trimestre, que finaliza el 20 de julio. Para ello piden también que la situación no suponga nuevos recargos para los autónomos. En cuanto a la solicitud de la ampliación del plazo en la Agencia Tributaria, los autónomos piden que no se establezca un plazo de solicitud a fin de “evitar trámites innecesarios, aunque los autónomos que lo deseen podrían presentar las declaraciones dentro del plazo actual, tanto en el caso de que sean a pagar, como a devolver por parte de Hacienda”. Los fiscalistas reclaman una moratoria en el pago de impuestos al Gobierno Los gestores están reclamando al Gobierno un aplazamiento de los pagos tributarios hasta que pase la crisis sanitaria del coronavirus. "La petición, que no es un capricho, sino una cuestión de sentido común, dada la imposibilidad, de recoger y tratar la documentación, y no exponernos, nosotros y nuestros trabajadores, a un posible contagio, ya que en la mayoría de casos la documentación para realizar las correspondientes autoliquidaciones la aportan físicamente los propios empresarios que, o bien es el personal de la propia asesoría el que va a recoger los documentos, con el consiguiente riesgo, por todos conocidos", recoge el comunicado firmado por AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales), AECE - (Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España), Consejo General Abogacía Española, Consejo General de Agentes de Aduanas, Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Consejo General de Economistas del REAF, FETTAF (Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales) y GESAF (Gabinete de Gestores Administrativos Asesores Fiscales). Desde el principio de la crisis estos profesionales han reclamado el aplazamiento de las declaraciones y autoliquidaciones de impuestos como el IVA o el IRPF antes las dificultades de realizar los trámites necesarios y recabar toda la información de sus clientes. "Ni en los peores sueños nos hubiésemos podido imaginar la situación tan dramática que estamos padeciendo por culpa del Covid-19", explican y que "no tenemos bastante con la que está cayendo, que el Gobierno en vez de mostrar empatía hacia nosotros, lo que denota es una amplia antipatía, eso sí vanagloriándose de haber implementado las medidas más amplias de la Unión Europea". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó, ayer tras el Consejo de Ministros al ser preguntada por esta cuestión, que ya hay un aplazamiento de deudas y obligaciones tributarias a pymes y autónomos, incluyendo IRPF e IVA. Pero la medida, que fue adoptada cuando se estableció el Estado de alerta, afecta solo a pymes y autónomos con un volumen de operaciones en 2019 inferior a los seis millones de euros y para una deuda tributaria inferior a 30.000 euros. La ministra admitió que aprobará otro paquete de medidas económicas si es "necesario". Laboral Más de 50.000 autónomos han solicitado la prestación y ya hay más de 130.000 bajas por el coronavirus También ha confirmado que más de 130.000 personas han solicitado la baja por incapacidad temporal como consecuencia de la pandemia. También ha recordado que en este caso los costes laborales los asume la Seguridad Social desde el primer día. Respecto a los autónomos en concreto, Escrivá ha afirmado que han estado sometidos a "desinformaciones" en los últimos días respecto a esta prestación. Por ello, ha dejado claro que "cualquier autónomo que haya visto interrumpida su actividad o reducida su actividad de forma intensa tiene derecho a esta prestación", que, al menos, va a llegar a 661 euros mensuales para quienes coticen por la base mínima. También quedarán exonerados del pago de la cotización a la Seguridad Social, con lo que unido a la prestación mínima de 661 euros, la suma de ambas ayudas (prestación y ausencia de cotización) alcanzará un mínimo de 950 euros, que se pueden ampliar teniendo en cuenta la base de cotización que se tenga. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que los autónomos podrán solicitar esta nueva prestación cuando su actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. Evaluación 'expost' de la caída de ingresos Así, ha explicado que en gran medida se harán evaluaciones 'expost', por lo que en primer lugar se dará la prestación con la información que se vaya presentando y luego "se irá evaluando la realidad". "En muchos casos la evaluación de cierre actividad se hará 'expost', porque 'exante' es difícil valorar", ha remarcado Escrivá. La duración de esta prestación es de un mes, "pudiéndose ampliar hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue". Además, el tiempo de su percepción se entienda como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. Esta prestación también la pueden solicitar los profesionales autónomos con trabajadores a su cargo. En este caso, pueden tramitar un ERTE y, al mismo tiempo, acceder a esta prestación extraordinaria. Asimismo, Escrivá ha remarcado que los autónomos que presenten un ERTE no van a tener que pagar las cotizaciones sociales "durante el periodo que dure la crisis" y que, en el caso de las empresas de mayor tamaño, la exoneración llegará al 75%, por lo que solo tendrán que pagar un 25%. También ha recordado que las empresas que sin tener que llegar a una situación de ERTE, vean afectada su actividad económica, tienen desplegados los procedimientos habituales de aplazamientos de las cuotas de la Seguridad Social. Respecto a la crisis económica derivada de la pandemia, ha matizado que tiene "muchos elementos distintos" a la anterior, que fue "muy larga", ya que la actual es "prácticamente común a todas las economías desarrolladas" y esa "asimetría" permitirá que se pueda abordar por parte de todos los países en materia de financiación con un acceso a los mercados en condiciones "mucho más favorables". El Gobierno confirma un ingreso vital mínimo ciudadano El ministro de Seguridad Social se ha referido también a la ayuda en forma de prestación a las empleadas del hogar, tal como informa hoy La Vanguardia. Es un colectivo que “está identificado y hacemos seguimiento a través de la Seguridad Social” para estudiar medidas adicionales de apoyo, ha indicado Escrivá. En la misma comparecencia, Escrivá ha detallado que más de 130.000 trabajadores han solicitado la baja laboral como consecuencia del coronavirus. En ese grupo se incluyen a los empleados contagiados y aquellos que deben estar en cuarentena. El ministro responsable de la Seguridad Social ha asegurado que ya hay más de 50.000 autónomos que han solicitado la ayuda al Gobierno que es en de un mínimo de 661 euros la exoneración de la cuota mensual que es de como mínimo 288 euros. Una semana después de que se aprobara el real decreto que flexibilizaba la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ya hay como mínimo 762.011 trabajadores que irán al paro de forma temporal por el impacto económico del coronavirus. Son datos parciales porque hacen referencia sólo a 7 comunidades autónomas y al Ministerio de Trabajo. Uno de los últimos ajustes que se han conocido es el de la empresa de seguridad Prosegur. Trabajo ultima un subsidio para las empleadas del hogar que pierdan todo o parte del trabajo De esta forma, por primera vez y aunque sea de forma excepcional, las empleadas del hogar dejarán de ser los únicos cotizantes con un régimen en la Seguridad Social sin derecho a paro. Una situación denunciada desde hace años como discriminatoria por los sindicatos y las distintas organizaciones que representan al empleo doméstico. El diseño del Ministerio de Trabajo prevé que las beneficiarias deban acreditar que no está prestando servicios, total o parcialmente. El subsidio será también para aquellas trabajadoras cuyo contrato ha concluido después de la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo. ¿Cuál será la cuantía de este subsidio? Según la propuesta que está ultimado el departamento de Yolanda Díaz, la ayuda extraordinaria consistirá en el 70% de la base reguladora vinculada a los diferentes tramos de cotización de este régimen especial. Como es relativamente común cuidar o limpiar en varias casas, se tendrán en cuenta las bases de los distintos trabajos. El subsidio tendrá una duración temporal de un mes y se podrá prorrogar hasta que lo establezca la Administración. Mercantil, Civil i Administratiu El Gobierno comenzó a trasladar ayer a la banca las condiciones del plan de avales públicos de hasta 100.000 millones de euros En el caso de las compañías de mayor tamaño, y siempre para préstamos de más de un millón de euros, la cobertura de los avales será del 70% si se trata de crédito nuevo y del 60% para las renovaciones. El coste para las entidades de las garantías concedidas sobre nueva financiación será del 0,3% en préstamos de hasta un año; del 0,6% en los de uno a tres años (9.000 euros de partida) y del 1,2% en los de tres a cinco años (18.000 euros). La banca celebra las condiciones de los avales y promete “garantiza la supervivencia” de las empresas Dada la remuneración exigida al sector financiero por los 100.000 millones en avales públicos, teóricamente, la banca podría llegar a pagar 1.200 millones al Estado por las garantías si toda la financiación se diera al tipo máximo (1,2%). Esto, sin embargo, no se dará porque al menos el 50% del primer tramo de 20.000 millones se reserva a pymes (máximo del 0,8%). A falta de saber cuánto ingresa el Estado por estas garantías, lo cierto es que su inédito despliegue -la mayor movilización de recursos de la democracia, según subrayó el Gobierno- no tendrá coste público alguno salvo en el caso de aquellos préstamos que incurran en impagos, lo que activará el aval. El Gobierno ultima una suspensión del alquiler para los más vulnerables ante el coronavirus La del alquiler es la que tiene más visos de ser aprobada en el consejo extraordinario del viernes o en el ordinario del martes. Ayer por la tarde en el Congreso, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confirmó que el Ejecutivo aprobará nuevas medidas de ayuda para quienes tienen dificultades en el pago del alquiler y añadió que seguirán tomando cuantas iniciativas sean necesarias en las próximas semanas. El objetivo –según dijo la ministra en el pleno del Congreso– es tratar de minimizar el riesgo de que la ralentización económica tenga un impacto estructural. Nadia Calviño declaró que el Ejecutivo está trabajado para dar una solución a quienes se encuentran con dificultades para pagar su alquiler, teniendo en cuenta las especificidades de un mercado en el que operan entidades públicas, grandes tenedores de vivienda, otros profesionales y también personas que dependen de esta renta para poder abordar sus gastos mensuales. “Las propias medidas de contención que los distintos países hemos ido adoptando en las últimas semanas también tienen un impacto directo en la demanda y en la actividad económica doméstica”, declaró al tiempo que afirmó que el Ejecutivo “está trabajando en otras medidas complementarias que puedan ser necesarias en las próximas semanas”. Entre esas medidas adicionales podría estar la de un ingreso vital mínimo para los ciudadanos que hayan sufrido de forma virulenta el impacto de la crisis, tal como defendió ayer José Luís Escrivá, ministro de Migraciones y Seguridad Social, en una rueda de prensa telemática desde la Moncloa. “Estamos estudiando el diseño de la medida y en cuanto esté preparada en sus detalles se comunicará y se implementará”, aseguró. El Congreso amplía el estado de alarma 15 días más, hasta el 11 de abril El Congreso autorizó la prórroga del estado de alarma, que entró en vigor el 15 de marzo pasado, en una votación que se produjo muy cerca de las 2 de la madrugada, tras una maratónica sesión de 11 horas en la que también se aprobaron medidas económicas. La propuesta del Gobierno fue aprobada con 323 votos a favor y ninguno en contra. Hubo tres abstenciones. La propuesta fue respaldada por los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, el PSOE y Unidas Podemos, pero también por el PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, Más País, Compromís, UPN, CC-NC, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe. En cambio, las formaciones independentistas de ERC, Junts, Bildu y CUP optaron por abstenerse al considerar que las medidas del Gobierno son insuficientes. El Pleno, en el que también se debatieron cinco decretos leyes, comenzó a las tres de la tarde, pero la trascendental votación se produjo casi a las dos de la madrugada del jueves. Al mismo tiempo que se revalidaba el estado de alerta en los términos diseñados por el Gobierno, el Congreso ha rechazado las propuestas presentadas por Vox, ERC, Ciudadanos, Bildu y Junts y el BNG para modificar el alcance de las medidas del Ejecutivo. El debate transcurrió en un hemiciclo casi vacío, al que solo concurrieron 43 diputados y 6 miembros del Ejecutivo, entre ellos el presidente, Pedro Sánchez, que defendió la solicitud. Los más de 300 parlamentarios ausentes siguieron la sesión desde sus casas y votaron telemáticamente. El presidente del Gobierno justificó la prórroga del estado de alarma durante otros 15 días "porque el aislamiento es indispensable para hacer frente al virus", pero recordó que la decisión de "encerrarnos en nuestra casa no puede ser impuesta sino aprobada por los ciudadanos a través de sus representantes en el Congreso. Así lo establece la Constitución". |
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