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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 7 D’ABRIL DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa
Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa.
(BOE, 07-04-2020)

Criterios interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica
Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica.
(BOE, 07-04-2020)

Medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE
Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 07-04-2020)

Euro
Resolución de 6 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 6 de abril de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 07-04-2020)


https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 7 D’ABRIL DE 2020

Fiscal

Economistas y asesores fiscales claman a Montero un aplazamiento de varios impuestos
El Consejo General de Economistas (CGE) ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que, una vez más, le vuelven a exigir la "inmediata" ampliación de los plazos de ingreso de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de la norma que fije dicha medida y que, a la vez, se establezca un segundo vencimiento hasta el 1 de junio. Asimismo reclaman que el pago del Impuesto de Sociedades puedan adecuar sus pagos fraccionados.

En la carta a Montero, firmada por el presidente del CGE Valentín Pich, y el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE); Jesús Sanmartín, los economistas afirman no querer ser "reiterativos" ante el momento "crítico" de la economía derivado de la crisis sanitaria, pero por "responsabilidad" piden dar "un paso más" en algunos aspectos.

Concretamente creen necesaria la flexibilización de aplazamientos de autoliquidaciones para pymes y ampliación de determinados plazos de los procedimientos tributarios, y consideran que esto requeriría la publicación "casi inmediata" de una norma que establezca la ampliación de los plazos de ingreso de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de dicha norma, estableciendo un segundo vencimiento alternativo hasta el 1 de junio, salvo que el estado de alarma se amplíe hasta después del 3 de mayo, en cuyo caso se ampliará por los días que exceda de dicha fecha.

De esta forma, destacan que los contribuyentes que quieran presentar las autoliquidaciones en plazo podrán hacerlo y, si son pymes, conservarán la posibilidad de aplazar su pago 6 meses, y hasta 30.000 euros, de manera casi automática, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 7/2020. Por otra parte, subrayan que el Estado solo vería diferidos los ingresos del resto de contribuyentes poco más de un mes, y se obviarían los problemas que tienen las empresas para confeccionar sus declaraciones debido a las restricciones a la movilidad vigentes durante el estado de alarma.

Asimismo, los economistas proponen que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades puedan modificar la opción de cálculo del pago fraccionado del impuesto al presentar la declaración del primero de ellos. Según el CGE, esta medida permitirá adecuar los pagos fraccionados de 2020 a la base imponible de ese ejercicio, también para los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado los 6 millones de euros en los 12 meses anteriores al inicio del ejercicio.

El Consejo General de Economistas, subraya finalmente su "convicción" de que sus propuestas "conseguirán aunar un cierto mantenimiento de ingresos, para que el Estado pueda seguir atendiendo los extraordinarios gastos que esta situación exige, con que los contribuyentes puedan cumplir efectivamente con sus obligaciones tributarias".

De hecho, en la misiva, los economistas aseguran que sus propuestas parten del reconocimiento de que la situación es "muy difícil" y hay "muchas necesidades que atender" con un gasto social y asistencial de "grandísimas proporciones", como la "máxima prioridad" del gasto sanitario, los trabajadores que no pueden trabajar y las empresas que han tenido que interrumpir su actividad.
(Cinco Días, 07-04-2020)

Fedea rechaza una condonación general de impuestos
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que la posibilidad de condonar deudas tributarias o cotizaciones sociales de manera generalizada por la crisis del coronavirus como plantean algunos foros empresariales "carece de sentido", aunque aboga por facilitar su aplazamiento.

En un documento publicado este lunes, Fedea subraya que las obligaciones tributarias tienen que adaptarse a las capacidades de empresas y trabajadores, por lo que habría que hacer los ajustes necesarios para que se correspondan con la actual situación, pero sin una condonación general.

Asimismo, aboga por facilitar los aplazamientos durante la fase de confinamiento y paralización empresarial por razones de gestión y siempre "bajo contingencias verificables". De la misma manera, argumenta que las transferencias generalizadas de rentas a familias o empresas "serán un despilfarro si llegan a quienes no lo necesitan".

Por el contrario, Fedea defiende en su artículo que es necesario definir a quién y para qué se realizan transferencias de rentas, tanto a familias como a empresas, y realizar un control posterior.

En cualquier caso, en esta primera fase de la crisis del coronavirus, la prioridad es garantizar la liquidez de las empresas para mantener la capacidad productiva y lograr que las familias cuenten con un nivel adecuado de renta, ya que si no se consigue este equilibrio se corre el riesgo de entrar en una crisis de solvencia.

La crisis económica tendrá que abordarse, en su opinión, con una combinación de política monetaria y fiscal en la que las instituciones europeas y en particular el Banco Central Europeo (BCE) jugarán un papel fundamental.
(Expansión, 07-04-2020)

Cataluña aplazará el pago del impuesto de Sucesiones y de la tasa a las bebidas azucaradas
La Generalitat de Cataluña aplazará el pago del impuesto de Sucesiones y de la tasa a las bebidas azucaradas. Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Pere Aragonès (ERC), en una comparecencia en la comisión de economía del Parlamento.

También se aplaza el cobro del canon del agua de residuos y agua en el ámbito industrial. "Hablamos siempre de aplazamientos y medidas temporales de liquidez", ha agregado el también titular del Departament d'Economia i Hisenda.

En el caso del impuesto de Sucesiones, los contribuyentes tendrán un plazo de dos meses para pagarlo, una vez que se levante el estado de alarma. En cuanto a la tasa que desde 2017 grava las bebidas envasadas con exceso de azúcar, el pago del primer y del segundo trimestre del año se hará de forma conjunta.

Aragonès también ha actualizado cuál será el coste del dispositivo puesto en marcha por la Generalitat por luchar contra la pandemia: es de 1.800 millones de euros, 200 más de la última cifra que días atrás hizo pública la administración catalana.

Ante esta situación, el número dos de la Generalitat volvió a exigir al Estado "medidas excepcionales para financiar el gasto público", entre ellas permitir que en 2020 no se cumpla la ley de estabilidad presupuestaria y también la regla de gasto.

"Habrá mucho déficit este año, seguro, pero lo importante es salvar vidas", ha señalado el conseller, quien también ha pedido al Estado que autorice a los Ayuntamientos a gastar el superávit que hicieron en 2019, tal como les exige la ley: "No podemos tener dinero en cuentas corrientes que no se utilicen cuando ahora lo necesitamos".

Aragonès volvió a defender la aprobación de los Presupuestos de 2020, que a principios de año consensuó el Govern de JxCat y ERC con los comunes, y que incluyen un incremento de la presión fiscal y una sustancial subida del gasto público, situado en los 3.000 millones de euros.

El número dos de la Generalitat admitió que con el coronavrius, las cuentas han quedado desfasadas, por lo que hizo un llamamiento a la "responsabilidad" a los partidos de la oposición.
(La Vanguardia, 07-04-2020)

Laboral

La patronal de trabajo temporal pronostica que hasta junio no se volverá a crear empleo
La patronal de las empresas de trabajo temporal y agencias de empleo, Asempleo, calcula que hasta tres millones de trabajadores se verían afectados por el impacto económico de la crisis sanitaria del Covid-19 en su fase más aguda, mediante ERTES o despidos y apunta que la tasa de paro alcanzará el 14,2% en el primer trimestre.

La patronal no espera que el mes de abril sea mucho mejor que marzo, cuando los registros de afiliación a la Seguridad Social de marzo marcaron los peores datos de la serie histórica, con un descenso de 234.000 afiliados en media mensual y una caída de casi 900.000 cotizantes en la segunda mitad del mes. Es más, han calculado que la caída de afiliación del 4,65% iniciada el 12 de marzo, tras el anuncio del cierre de los colegios y dos días antes de que se decretase el estado de alarma, será aún más pronunciada en abril, cayendo hasta el 6,4% este mes.

De esta forma, estiman que la afiliación a la Seguridad Social no volverá a crecer hasta el mes de junio, y además solo de manera moderada -escalará levemente hasta paliar la caída unas decimas y dejarla en el 4,8%-- siempre y cuando las restricciones a la actividad finalicen a mediados del mes de mayo, según las previsiones de Asempleo. Destacan que además, ya se venía de un entorno de desaceleración económica.

La destrucción de empleo en abril vendría liderada por todos aquellos sectores no esenciales afectados por el decreto que aprobó el permiso retribuido recuperable. De cara a los próximos tres meses, se espera que el empleo siga contrayéndose hasta que finalicen las restricciones al movimiento y a la actividad económica.

"Con la información disponible, que apunta a un mantenimiento de condiciones restrictivas para la libertad de circulación e impedimentos graves tanto a la oferta como a la demanda, el mes de abril no será mejor", apunta Asempleo, que añade que si a los datos de afiliados se le suman los de trabajadores afectados por regulaciones temporales de empleo (ERTEs), "el impacto total de la fase más aguda de esta crisis podría superar los tres millones de trabajadores".

Para el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, los datos "todavía no dan toda la medida de la intensa destrucción de empleo que va a sufrir la economía como consecuencia de la hibernación que requiere la respuesta sanitaria a la pandemia".

Asempleo señala que si las restricciones se levantaran a mediados de mayo, el mercado laboral se estabilizaría a lo largo de dicho mes, a medida que la actividad económica retomara progresivamente su pulso habitual.

Respecto a la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año, que se publicará a finales de este mes, Asempleo advierte de que no podrá reflejar todo el impacto del Covid-19 dado que la crisis sanitaria solo afecta a uno de cada seis días analizados en dicha encuesta. Así, estiman que la ocupación se situará en 19,76 millones de personas por debajo de los 19,97 del cuarto trimestre de 2019.

Esta pérdida de 200.000 empleos será el resultado neto del trimestre que será fruto de una caída mucho más pronunciada en el segundo semestre de marzo, que se verá compensada por el resto del trimestre analizado. La tasa de paro se elevará cuatro décimas, hasta el 14,2%, tras tres trimestres por debajo de ese registro.
(Cinco Días, 07-04-2020)

Rechazados en Cataluña el 7% de los ERTE por fuerza mayor presentados desde el inicio de la pandemia
La Generalitat ha rechazado el 6,88% de los ERTES por fuerza mayor que se han presentado desde el inicio de la crisis del coronaviurs. Así lo ha explicado este lunes el conseller de Treball i Afers Socials, Chakir el Homrani. En total, 83.943 empresas catalanas han solicitado hacer un ERE temporal ante el Departament de Treball, que es autoridad laboral competente en Catalunya.

De todos los expedientes, el 41% se han resuelto, un total de 31.502. De todos ellos, el 90% alegaban fuerza mayor. Un 6,88% han sido rechazados, y un 3,5% de los casos han salido adelante por silencio administrativo. El número total de trabajadores afectados se eleva a 619.681, según los últimos datos actualizados hasta este lunes.

La provincia de Barcelona aglutina la gran mayoría de los ERTE de Catalunya: el 72% de los expedientes y el 78% de los trabajadores afectados. En cifras absolutas, hay 60.716 empresas que han solicitado este trámite, y 485.721 empleados. En la de Girona hay 9.591 expedientes temporales y 60.367 empleados afectados; en la de Tarragona, con 8.937 ERTE y 47.705 trabajadores, y la de Lleida, con 4.699 solicitudes aplicadas y 25.888 trabajadores.
(Expansión, 07-04-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Banco de España vigilará que la banca no cometa abusos con los créditos ICO avalados por el Gobierno
Las entidades asociadas a la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y Unacc se comprometen a asegurar una aplicación rigurosa de las condiciones aplicables a las líneas de liquidez con avales públicos incluidas en el real decreto ley aprobado el pasado 24 de marzo. Entre otras cosas, la banca se compromete a no vincular estos créditos ICO a otros productos financieros.

El Banco de España revisará que las entidades financieras cumplan la normativa y las buenas prácticas bancarias en la comercialización de los avales del ICO aprobados por el Gobierno para paliar los efectos económicos del Covid-19 en empresas y autónomos, según ha asegurado este lunes en un comunicado.

En el marco de sus competencias y en estrecha colaboración con el ICO, el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos requiere a las entidades financieras que la aprobación y difusión en su red de los correspondientes protocolos de comercialización se ajuste a dichas condiciones y que establezcan los sistemas de control interno necesarios para garantizar en todo momento el cumplimiento de los requisitos aplicables. El Banco de España verificará, de esta forma, dichos protocolos y procedimientos y efectuará, en su caso, la revisión de operaciones concretas para comprobar su adecuación a la normativa de aplicación.

El supervisor bancario español ha recordado que, sin perjuicio de la atención telefónica y el canal de consultas del ICO, las discrepancias sobre la comercialización de los avales pueden plantearse ante el servicio de atención al cliente o defensor del cliente de la entidad comercializadora. El servicio de atención telefónica del Banco de España (900 54 54 54) también atenderá las consultas que reciba.

Entre otros aspectos, se ha clarificado que la concesión de un crédito amparado por esta línea de avales no puede estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos. Esta medida, que tiene como objetivo preservar los niveles de circulante y liquidez de empresas y autónomos, se une a otras que están llevando a cabo las entidades financieras de manera voluntaria para ayudar a la economía real a hacer frente a las consecuencias de la crisis derivada del Covid-19.

El Banco de España también ha remarcado que estas líneas, cuyo primer tramo desbloqueado asciende a 20.000 millones de euros pero que se enmarca en un programa de 100.000 millones de euros, no pueden destinarse a refinanciar créditos activos ni para amortizar otros preexistentes.

Las entidades asociadas a la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y Unacc se han comprometido a asegurar una aplicación rigurosa de las condiciones aplicables a las líneas de liquidez con avales públicos incluidas en el real decreto ley aprobado el pasado 24 de marzo por el Gobierno sobre medidas urgentes en el ámbito económico para mitigar el impacto del coronavirus Covid-19.
(Cinco Días, 07-04-2020)

El BCE ya ha comprado 30.000 millones de deuda con su nuevo programa contra el coronavirus
El Banco Central Europeo (BCE) adquirió activos por importe total de 30.153 millones de euros en la primera semana en la que ha estado en vigor su programa de compras de emergencia contra la pandemia de coronavirus (PEPP, por sus siglas en inglés), según los registros de la institución, que contabilizan las operaciones realizadas entre el 26 de marzo y el 3 de abril.

El BCE anunció el pasado 18 de marzo el lanzamiento del nuevo programa PEPP, con una dotación de 750.000 millones de euros, que estará en vigor hasta que haya terminado la fase de crisis por el Covid-19, garantizando que como mínimo seguirá comprando activos hasta final de 2020.

Además de este nuevo programa de adquisición de activos, del que el BCE no ha ofrecido detalles acerca de la composición de sus compras, la institución ha informado de que en el mes de marzo llevó a cabo la compra de activos por importe de 51.141 millones de euros bajo los distintos planes en vigor que forman parte de su programa de adquisición de activos APP, lo que supone un incremento del 118% respecto de febrero.

El pasado 12 de marzo, el BCE anunció que incrementaría sus compras de activos bajo el programa APP, hasta entonces fijadas en 20.000 millones de euros mensuales, en 120.000 millones de euros hasta final de año, lo que elevaría a unos 32.000 millones la media de activos adquiridos cada mes por la entidad hasta final de 2020.

Dentro de su programa de compra de activos, el mayor importe corresponde al programa de adquisición de activos del sector público (PSPP), dirigido a la compra de deuda pública emitida por los países de la zona euro, que en marzo alcanzó un importe neto de 37.323 millones, frente a los 14.137 del mes anterior, hasta alcanzar los 2,15 billones de euros desde su lanzamiento en 2015.

De esta cantidad, el BCE destinó en marzo un total de 5.407 millones de euros a la compra de deuda española, una cifra sensiblemente superior a los 2.006 millones del mes de febrero, que supone la mayor compra de bonos españoles por parte del BCE desde diciembre de 2017.

No obstante, el incremento más llamativo en las compras del BCE durante el pasado mes de marzo correspondió a la deuda de Italia, que alcanzó los 11.855 millones de euros, frente a los 2.266 millones empleados en febrero, lo que implica que el 32% de las compras de deuda del BCE en marzo correspondieron a papel emitido por Italia.

En marzo, la deuda italiana se había visto bajo presión en los mercados, particularmente después de las desafortunadas palabras de Christine Lagarde, presidenta del BCE, durante la rueda de prensa del pasado 12 de marzo, cuando afirmó que no correspondía al BCE controlar las primas de riesgo de los países. De hecho, el diferencial del bono italiano a diez años llegó a dispararse por encima de los 300 puntos básicos respecto del 'bund', tras lo que la intervención del BCE ha reducido esta brecha a algo menos de 200 puntos básicos.
(Expansión, 07-04-2020)

Alemania defiende un MEDE sin condiciones ni vigilancia de una Troika
El Gobierno alemán considera que los medios financieros que aporte la Unión Europea (UE) a los países más afectados por el impacto en la economía de la epidemia del Covid-19 "no tienen que estar vinculados a innecesarias condiciones" ni a la vigilancia de una troika. Berlín entiende que no es el momento de vincular las ayudas a unas condiciones que "equivaldrían a una caída en la política de austeridad como la aplicada tras la crisis financiera", escriben los ministros alemanes de Exteriores, Heiko Maas, y de Finanzas, Olaf Scholz, en una tribuna que publican este lunes diarios de España, Italia, Francia, Portugal y Grecia.

En su opinión, además de las decisiones anunciadas por la Comisión Europea (CE), en concreto para relajar las condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la UE dispone del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), del que dicen que ya puede aportar a los países del euro "capital en las mismas condiciones favorables" para todos ellos.

Y señalan que eso significaría que Italia podría obtener de ese instrumento 39.000 millones de euros en "dinero fresco" y que España podría recurrir a él por valor de 28.000 millones de euros. "Esos medios podrían aprovecharse para todos los objetivos necesarios en la lucha contra el coronavirus", agregan. "No necesitamos troika, controladores o comisión que desarrollen programas de reformas para un país, sino ayudas rápidas y precisas. Eso es precisamente lo que ofrece el MEDE, si lo desarrollamos de modo razonable", defienden Maas y Scholz.

La denominada troika, compuesta por representantes de la CE, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), fue el instrumento que vigilaba que se cumplían las condiciones impuestas a los rescates financieros de crisis económica de 2008-2009.

Además, los ministros proponen activar un "fondo paneuropeo de garantía" que pueda disponer de créditos para que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) apoye con liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Los ministros agregan que con la iniciativa que la Comisión Europea presentó la semana pasada, el fondo temporal "SURE" dotado con 100.000 millones de euros, los países podrán obtener medios similares a los apoyos que en Alemania presta a las empresas el instrumento conocido como "Kurzarbeit", una modalidad de jornada reducida.

En el texto los ministros alemanes no mencionan los coronabonos, un instrumento pedido en las últimas semanas por los Gobiernos de varios países del sur de la UE para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia. El documento se hace público en la víspera de una reunión del Eurogrupo para precisar los mecanismos europeos a disposición de los países.
(El País, 07-04-2020)

Sector

Justicia pide a los registros civiles que remitan diariamente los datos de defunción
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia ha dictado una nueva instrucción en la que pide a todos los Registros civiles que remitan diariamente los datos de defunción para poder ofrecer una información "veraz, contrastada y más objetiva posible".

Así lo dice la instrucción con fecha del pasado 4 de abril, en la que señala que con el fin de ser "eficaces" en la lucha contra la pandemia del coronavirus es necesario "tener perfectamente definido el número de defunciones y los lugares en las que éstas se producen".

Según explica la Dirección que dirige Sofía Puente, se ha comprobado que con el aumento de número de defunciones y la reducción del personal en los Registros Civiles no es posible tener actualizada a diario la plataforma 'Inforeg'. Sin embargo, debido a la crisis sanitaria, indica que es preciso que estos datos se conozcan con el "mayor grado de exactitud posible y con la inmediatez que exige la realidad".

Por ello, solicita a todos los registros civiles, "tanto exclusivos como con competencias en otras materias, así como los registros civiles de los Juzgados de paz", que remitan a la Dirección General, una vez finalizada la jornada laboral, una relación en la que conste "el número de defunciones que han tenido acceso al Registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido, y el lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual".

"Es la única forma de poder ofrecer a los ciudadanos una información veraz, contrastada y lo más objetiva posible, que permitirá también a las autoridades sanitarias poner el foco en aquellos lugares donde los índices de mortalidad se han visto incrementados", asegura la instrucción.

Asimismo, la Dirección General reconoce que esta solicitud "supone un trabajo añadido" e indica que es "consciente del enorme esfuerzo" que están realizando los funcionarios, ya que el Registro Civil se ha configurado durante el estado de alarma "como un servicio más que nunca esencial".
(El País, 07-04-2020)

Aquí trobareu tota la normativa publicada al BOE en relació a la crisi sanitària del COVID-19. Cal tenir en compte, que es tracta d’un document en continua actualització i revisió.
 
 
 
 
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