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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 8 D’ABRIL DE 2020

Laboral

Medidas urgentes en materia de empleo agrario
Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.
(BOE, 08-04-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 7 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 7 de abril de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 08-04-2020)


https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/index.php?s=3



NOTÍCIES DE PREMSA DEL 8 D’ABRIL DE 2020

Fiscal

La patronal bancaria mundial alerta de que la deuda se disparará por la respuesta fiscal a la pandemia
La patronal mundial de la banca, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), ha alertado este martes de que la deuda global sufrirá una drástica escalada por la potente respuesta fiscal para tratar de congelar la economía mientras dure el confinamiento, apoyar a los colectivos más golpeados e impedir, en fin, un descalabro total. En su último monitor global de la deuda, que comprende tanto pasivos como privados, el organismo que representa a la flor y nata del sector financiero alerta de que la emisión de papel en todo el mundo se elevó en marzo hasta los 2,1 billones de dólares (1,925 billones de euros, un nuevo máximo histórico mensual), frente a la media mensual de 900.000 millones de los tres últimos años.

Este sustancial incremento responde, en gran medida, a las necesidades de financiación de los países para poder lanzar potentes programas de gasto para rebajar el impacto de la crisis económica ocasionada por el virus. “Con el distanciamiento social convertido en norma en la mayoría de economías maduras, se avecina una recesión mundial: una recesión que empezará con una deuda superior en 87 billones de dólares a la que había al inicio de la crisis financiera de 2008”, remarcan los técnicos del IIF. Según sus cálculos, más de ocho de cada 10 países tienen ahora una deuda relativa (respecto al tamaño de sus economías) más alta que antes de la crisis financiera de 2008 y seis naciones representativas del mundo desarrollado (Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia, Italia y España) han visto incrementada la deuda pública en 40 puntos porcentuales del PIB o más en ese periodo.

El coronavirus ha sido la puntilla, pero la deuda global agregada (Estados, empresas, sector financiero y hogares) ya dibujaba una trayectoria claramente alcista desde bastante antes. El mundo cerró 2019 con una montaña de pasivos de 255 billones de dólares, equivalente a 13 veces el PIB de EE UU y a más del triple que el peso total de la economía mundial. Esa cifra es, también, superior en más de 10 billones a la contabilizada a cierre de 2018. Casi la tercera parte de esos pasivos están contraídos por las empresas no financieras (74,2 billones de dólares, casi un tercio del total), mientras que los dos tercios restantes se reparten entre Gobiernos (70 billones), banca y otros entes financieros (63 billones) y hogares (48 billones). En este último epígrafe, la clasificación de deuda sobre PIB la lideran algunos de los países más ricos del mundo: Suiza, Dinamarca, Noruega, Canadá y los Países Bajos, en buena medida por el alto coste de la vivienda.

Aunque la mayor parte de la deuda viva en el mundo (más del 70%) sigue correspondiéndose a emisores en economías avanzadas, en los últimos años los emergentes no han dejado de ganar peso en la ecuación: la carga sobre PIB en los países en vías de desarrollo, China incluida, ha pasado del 147% del PIB en 2007, antes del mazazo de la Gran Recesión, al 220% actual. En el plano de deuda pública, los mayores incrementos en países de ingreso medio desde 2008 se registraron en Sudáfrica y tres economías de América del Sur —Chile, Brasil y Argentina—, mientras que India y Turquía lograron reducir “modestamente” su endeudamiento.

En plena crisis del coronavirus, el organismo con sede en Washington traza algunos cálculos rápidos: si los niveles de nuevas emisiones se duplicasen con respecto a 2019 —algo plausible a la luz del ritmo de emisiones en un marzo muy movido en los mercados mundiales de deuda— y la economía se contrae un 3% este año —quizá algo excesivo, dado que el impacto se concentrará en Europa y en EE UU, pero tampoco descabellado—, la ratio de deuda sobre el PIB se elevaría en 20 puntos porcentuales, hasta superar el 340%.

Todo, coincidiendo con una segunda mitad de 2020 marcado por un elevado volumen de vencimientos de deuda: 20 billones de dólares. La situación es especialmente acuciante en el caso de las obligaciones contraídas en moneda extranjera por parte de Gobiernos y empresas de países emergentes: según los cálculos del Instituto, 730.000 millones de dólares tendrán que ser refinanciados, en su mayoría denominados en el billete verde. “Eso ayuda a explicar los llamamientos a un alivio de esa deuda”, subraya la patronal bancaria en referencia a la petición del FMI y del Banco Mundial a los acreedores para que alivien la carga financiera a la que están sometidos estos países.

El IIF, no obstante, apostilla que sus estimaciones de aumento de la deuda y de caída del PIB siendo preliminares y “dependen de cómo se contenga y trate el virus, cómo de bien pueda apoyar la respuesta fiscal a los segmentos más vulnerables de la economía, en especial las pymes y los hogares de bajos ingresos”. De cómo ambos grupos respondan al arsenal de medidas de política económica puestas en marcha por Gobiernos y bancos centrales —"y a los cambios de comportamiento que [la crisis] pueda traer consigo", apuntan los economistas de la patronal bancaria mundial— dependerán también, en gran medida, las perspectivas de recuperación de la economía a medio plazo. Y para reducir al máximo el daño sobre el tejido productivo, los bazucas monetarios y, sobre todo, fiscales, son la única salida posible. Aunque el reverso de la moneda sean mayores obligaciones futuras.
(El País, 08-04-2020)

Laboral

El Gobierno flexibilizará la contratación en el campo de inmigrantes y desempleados, que seguirán cobrando paro
El Gobierno flexibilizará la contratación en el campo ante la falta de mano de obra por la crisis del coronavirus y permitirá la contratación de parados, que seguirán cobrando la prestación por desempleo, y de colectivos de inmigrantes.

Así, el Consejo de Ministros ha dado 'luz verde' este martes a un Real Decreto, que estará en vigor hasta el 30 de junio y que recoge medidas para poder garantizar la producción de cara a las próximas campañas agrícolas, entre ellas la de la fruta de hueso, así como el abastecimiento. Dicho Real Decreto permite compatibilizar a los desempleados las tareas del campo, desarrolladas en su término municipal o colindantes, con la prestación por desempleo, subsidio agrario o una renta agraria.

A ellos se sumarán colectivos de inmigrantes cuyos permisos de trabajo o residencia finalicen antes del 30 de junio, que se renovarán, o jóvenes extranjeros, entre los 18 y los 21 años, a los que se facilitará el permiso de trabajo para incorporarse a estas tareas en el campo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha precisado que quedan excluidos de poder compatibilizar tareas del campo y prestaciones sociales aquellos trabajadores vinculados a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado por el coronavirus y por la disminución de actividad vinculada a trabajadores por cuenta ajena.
(Cinco Días, 08-04-2020)

El lunes se recuperará la "normalidad laboral"
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este martes que el permiso retribuido recuperable aprobado por el Ejecutivo para la restricción de las actividades no esenciales concluye este miércoles, en víspera de los días festivos de Semana Santa, por lo que se recuperará la "normalidad laboral" el lunes, y ha avanzado que se trabaja en "distintos escenarios" para la siguiente fase de "desescalada" de las medidas de confinamiento.

Así lo ha señala Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que las medidas de aislamiento "están funcionando y siendo efectivas", ya que se está consiguiendo "estabilizar" la pandemia en términos sanitarios, y ha calificado de "extraordinariamente efectiva" la "ventana de vacaciones" aprobada a través del permiso retribuido recuperable.

Montero ha indicado que las cifras de movilidad en el entorno empresarial reflejan que se ha cumplido de forma "bastante fiel" el objetivo del decreto ley del permiso retribuido recuperable, fijado entre el pasado 27 de marzo hasta el 9 de abril, por lo que ha dado las gracias al conjunto del tejido empresarial y de los trabajadores.

De esta forma, Montero ha indicado que en las reuniones de diálogo social se ha subrayado que "lo más urgente, perentorio e inmediato" es la recuperación de la actividad laboral, una vez concluya el permiso retribuido recuperable, que "concluirá el próximo miércoles", por lo que en las CCAA donde no sea festivo el próximo lunes, día 13, los trabajadores se reincorporarán a sus puestos en actividades no esenciales.

"Vamos con cautela y prudencia", ha aseverado Montero, quien ha insistido en que "lo primero y perentorio es recuperar la normalidad laboral la próxima semana", en paralelo a una continuidad del confinamiento en domicilio con la prórroga de otros 15 días, hasta el 25 de abril (incluido), del estado de alarma que defenderá el jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.

El siguiente paso, ha explicado, será la fase de desescalada de las medidas de confinamiento, que vendrá determinada por las recomendaciones dictadas por los científicos, técnicos y sanitarios con el fin de cumplir los objetivos de que los trabajadores puedan cumplir sus tareas con "garantía de seguridad" y mantener controlada la transmisión del virus.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno está trabajando en "distintos escenarios", anticipándose a distintas situaciones que se pueden producir en la fase de desescalada. "En la medida en que la evidencia técnica y científica nos vaya dando decisiones, las iremos transmitiendo", ha añadido.
(El País, 08-04-2020)

UGT alerta de que algunas empresas obligan a gastar vacaciones
El sindicato UGT alertó ayer de que ha detectado que algunas empresas están incurriendo en prácticas fraudulentas al obligar a sus trabajadores a coger vacaciones durante el periodo de confinamiento. El sindicato registrará ante la Inspección de Trabajo un escrito en el que advierte de esta práctica ilegal, que no está afectando a los que teletrabajan ni a los que habían negociado con anterioridad sus vacaciones para este periodo, antes de que estallara la crisis sanitaria.

UGT recordó ayer que el establecimiento de las vacaciones debe fijarse por acuerdo entre empresa y trabajador con dos meses de antelación a su disfrute, por lo que no cabe obligar a tomarlas en un momento determinado. Además, precisa, en todo caso debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el convenio de aplicación.

La organización que dirige Josep Maria Álvarez instó a los trabajadores a denunciar estas prácticas ilegales, de las que irá informando a la Inspección de Trabajo a medida que vaya teniendo conocimiento de ellas. “La crisis de la Covid-19 no debe servir de excusa para atropellar ningún derecho laboral, en este caso el de las vacaciones”, argumentó el sindicato.
(La Vanguardia, 08-04-2020)

La OIT alerta de que la pandemia hará subir el paro hasta en 25 millones de personas en el mundo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo perteneciente a Naciones Unidas, ha evaluado las perspectivas del mercado laboral mundial en un estudio en el que estima, en el peor de los escenarios, una subida del desempleo en 25 millones de personas como consecuencia de la pandemia. Esto supondría un impacto laboral superior que el que se produjo en la crisis financiera de 2008, la cual aumentó el desempleo mundial en 22 millones de personas.

Sin embargo, la OIT también barajó otros escenarios más suaves, que dependerán de la respuesta de las políticas coordinadas a nivel internacional. En el mejor de los casos, esta crisis incrementaría el desempleo en 5,3 millones de personas.

Otro de los cálculos que hace este organismo es que la pandemia hará que no se trabajen el 6,7% de trabajo en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a la actividad de 195 millones de trabajadores a tiempo completo.

En el análisis se destaca la vulnerabilidad del sector servicios, así como el turístico y el del comercio minorista. “Una primera valoración realizada por el Consejo Mundial de Comercio y Turismo pronostica una disminución del 25% de las llegadas internacionales en 2020, lo que situaría a millones de empleos en riesgo”, advirtió la organización.

Con respecto al subempleo, el organismo prevé un incremento exponencial como consecuencia de las medidas adoptadas por la expansión del coronavirus, que son propensas a traducirse en reducciones de jornadas y de salarios.

En este sentido, la crisis del COVID-19 también traerá consigo grandes pérdidas de ingresos para los trabajadores. En el mejor escenario, las pérdidas se estiman en 860.000 millones de dólares (934.400 millones de euros), mientras que en el mejor, alcanzarían los 3,4 billones de dólares a finales de este año. Esto provocará caídas en el consumo de bienes y servicios afectando a las perspectivas de las empresas y las economías.
(El Mundo, 08-04-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Economía pide a las aseguradoras que no repartan dividendos
La Dirección General de Seguros —el supervisor de los seguros, dependiente del Ministerio de Economía— pide a las aseguradoras españolas que no repartan dividendos hasta que cese el impacto de la pandemia del covid-19. También reclama que paralicen cualquier tipo de recompra de acciones.

"La DGSFP hace pública su recomendación a las entidades aseguradoras y a sus grupos, sujetos a su supervisión, para que no realicen distribuciones de dividendos, asuman compromisos irrevocables de pago de los mismos o lleven a cabo operaciones que, como las recompras de acciones, puedan tener un efecto materialmente equivalente, mientras perduren las consecuencias directas de la crisis sanitaria derivada del coronavirus", dice la nota difundida este martes.

La medida sigue a la que ya aplicó el BCE a los bancos hace unas semanas, cuando reclamó a las entidades europeas que suspendiesen tanto el pago de dividendos como los planes de recompra de acciones. La autoridad europea competente en aseguradoras y fondos de pensiones (Eiopa) pidió a las seguradoras europeas que adopten medidas para "preservar su posición de capital en equilibrio con la protección de los asegurados, siguiendo políticas prudentes de dividendos y otras políticas de distribución, incluida la remuneración variable".

Así, la DGS considera que reforzar los fondos propios de las entidades tiene "garantizar la estabilidad del sector asegurador y la protección de los intereses de los asegurados". " Todo ello, con la finalidad última de que las entidades aseguradoras y sus grupos puedan cumplir con sus obligaciones frente a los asegurados y beneficiarios, puedan asumir pérdidas sin que afecten a su posición financiera y patrimonial y, adicionalmente, realicen con eficacia su función de apoyo a la economía real", afirma el comunicado difundido por el supervisor español.
(Cinco Días, 08-04-2020)

Barra libre de liquidez para inyectar dinero en la economía
Toda la maquinaria de las autoridades financieras trabaja en pos de un mismo objetivo: evitar que la crisis del coronavirus corte el grifo del crédito a las empresas. Hoy, el Banco Central Europeo ha dado un paso más en ese sentido al abrir al máximo espectro de préstamos que las entidades pueden utilizar como colateral para acudir a las subastas de liquidez que la propia autoridad monetaria ha puesto a su disposición.

En lo que consideran medidas "sin precedentes" en la lucha contra el impacto del coronavirus, la institución que preside Christine Lagarde ha asumido un "aumento temporal de la tolerancia al riesgo del para apoyar el crédito a la economía". Esto se traduce en una reducción del 20% sobre el descuento de todas las garantías que se exigen a los bancos para que estos puedan acceder a la barra libre de liquidez del organismo, es decir, prestará más dinero a las entidades sin necesidad de que éstas dejen tantos activos en "prenda" como antes.

Pero la medida estrella presentada por el BCE no está tanto en la reducción del descuento sobre las garantías, como en la clase de préstamos que ahora se aceptan como tal. La institución con sede en Fráncfort permitirá que los préstamos a grandes empresas, pymes y autónomos con garantías del Estado (como los avales del ICO que ha puesto en marcha el Gobierno en España) funcionen como colateral para acudir a sus inyecciones de liquidez. El BCE también aceptará como colateral los préstamos con peor calificación crediticia y los denominados en otra divisa distinta del euro.

"Los Gobiernos han eliminado el riesgo de crédito que asume la banca en la concesión de este tipo de préstamos y ahora el BCE ha eliminado el riesgo de liquidez. En esas condiciones, prestar a las empresas europeas no tiene casi ningún riesgo para las entidades, que deberían mantener el flujo de crédito", aseguran fuentes financieras.

Además, para garantizar que las entidades puedan acceder a la liquidez del BCE para cubrir el riesgo de cualquier préstamo, por pequeño que sea, la autoridad monetaria ha eliminado el volumen mínimo de los créditos que pueden utilizarse para acudir a su ventanilla, que antes se situaba en los 25.000 euros. Por último, concede una bula a la deuda soberana griega, que hasta ahora no podía utilizarse como colateral, y aumenta del 2,5% al 10% el volumen de deuda sin colateral que aceptará de una única entidad.

Estas medidas, aclara el BCE, son temporales y estarán en vigor únicamente mientras dure la crisis del coronavirus. Como garantía de ello, Lagarde ha decidido vincularlas a su Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés), una herramienta presentada hace dos semanas y que prevé la compra de 750.000 millones de euros en deuda a lo largo de este año. Si para 2020 la economía sigue necesitando de la intervención del BCE, se ampliarán las compras y, por lo tanto, también las medidas sobre los colaterales.
(Expansión, 08-04-2020)

El ICO ajustará las condiciones del segundo tramo de avales para dar más peso a las pymes
La avalancha de peticiones de préstamos avalados por el ICO por parte de autónomos y pymes obliga al Gobierno a ser ágil a la hora de activar el segundo tramo de avales, después de que los bancos hayan prácticamente agotado los primeros 20.000 millones de euros a las pocas horas de su puesta en marcha.

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha indicado tras el Consejo de Ministros que, tras el aluvión de solicitudes, están a la espera de que las entidades financieras remitan los datos de los perfiles a quienes se han otorgado estos préstamos para ajustar el segundo tramo de avales destinados a garantizar la liquidez de las empresas.

Montero ha dejado claro que el Gobierno quiere llegar "a todo el tejido productivo" español y es consciente de que muchas pequeñas empresas se han quedado fuera de las primeras ayudas al no cumplir con todos los requisitos de los avales, que pueden ampliarse hasta los 100.000 millones de euros.

Fuentes financieras consultadas coinciden en que una de las peticiones será ampliar el peso de las pymes y autónomos en el siguiente tramo, desde el actual 50%. En este sentido, Montero ha reconocido que el Gobierno quiere comprobar si la parte destinada a las pymes es suficiente o debe incrementarse en el segundo tramo.

Además, ha insistido en que "hay sectores que necesitan algunos ajustes" para poder acceder a esta financiación avalada por el Estado, mencionando específicamente la estacionalidad de los negocios o "la estructura de deuda". Desde una entidad financiera consultada explican que, en este último punto, la norma indica que una empresa que fuese morosa a 31 de diciembre de 2019, no puede acceder a los créditos del ICO, aunque su situación, por ejemplo, en febrero o en marzo, hubiese cambiado.

"En el momento en que las entidades financieras nos devuelvan esa información, estaremos en condiciones de ajustar, si es que es necesario, algunos de los elementos, porque nuestra idea es que llegue al último rincón de nuestro tejido productivo", ha explicado Montero.
(Expansión, 08-04-2020)

El Eurogrupo sigue dividido por la emisión de deuda y las condiciones del MEDE
“Hay margen para la solidaridad dentro de los instrumentos ya existentes. Tenemos que explotar estas herramientas por completo y permanecer abiertos a hacer más”. Esto dijeron el lunes Ursula von der Leyen, Charles Michel y Mário Centeno, los respectivos presidentes de la Comisión, el Consejo y el Eurogrupo, dejando de alguna forma claras cuáles eran las intenciones de Europa a la hora de buscar una respuesta común a la crisis del Covid-19. Al trío tendría que haberse unido el presidente del Parlamento Europeo, el italiano David Sassoli, quien finalmente no fue invitado a una reunión conjunta con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

La anécdota explica de alguna forma la posición en la que ha quedado Italia, el país europeo más castigado por la epidemia y el único que se ha mantenido firme rechazando de facto el MEDE y abogando por la emisión de coronabonos. También explica la división que sigue patente en Europa. El norte, encabezado por Alemania, Holanda y Austria, quiere poner en marcha el MEDE con intereses y de ninguna forma compartir riesgo. El sur, liderado por Italia, Francia y España, pide mutualizar la deuda –con los famosos coronabonos– y, salvo Italia, parte de este grupo estaba dispuesto a hacer uso del MEDE sin condiciones.

La propuesta de Europa, que a primera hora del miércoles continúa sin acuerdo, finalmente se materializó en una suerte de mezcla que se nutre de los instrumentos ya existentes, y que no convence a Italia, que se queda sola en sus posiciones contrarias al MEDE. España parece apoyarla si luego hay reactivación económica y Francia ha mutado hacia posiciones algo más pragmáticas. La movilización total del plan roza los 500.000 millones de euros. Se basa en las ayudas propuestas por la Comisión para luchar contra el paro (100.000 millones), en la inyección del Banco Europeo de Inversiones (hasta 200.000) y en la activación de parte del MEDE y sus créditos (cerca de 200.000 millones).

En esta ocasión, respecto al último punto, el norte parece haber aceptado que la condicionalidad inicial debe ser muy baja, pero no hay acuerdo a la hora de fijar la frontera. El norte también ha cedido en que una parte minoritaria del fondo del MEDE (la que se use inicialmente) no tenga que estar sujeta a los pactos de estabilidad ni recogida en un Memorando. De mutualizar deuda, sea con eurobonos o coronabonos, ni se habla. Tampoco del Plan Marshall propuesto por España. Austria y Holanda, de hecho, corroboraron de nuevo su veto a la emisión conjunta antes de la videoconferencia.

La reunión de los ministros de Economía y Finanzas ha continuado durante toda la madrugada. Prevista para las 15 horas del martes, su comienzo se retrasó hasta las 16 horas. Tras tres horas de primeros intercambios e impresiones, volvió a prorrogarse durante varias horas más hasta ya entrada la noche. Nada nuevo en la Unión, incapaz desde hace un mes de encontrar una respuesta fiscal contundente en clave comunitaria. El resultado, con o sin acuerdo, se dará a conocer en una rueda de prensa del presidente del Mario Centeno a las a las 10 horas del miércoles.

Los líderes de las instituciones europeas habían sido encomendados a elaborar una propuesta para presentar a los ministros de Economía de la Unión. Todo, tras la profunda brecha que se abrió hace un par de semanas entre los líderes políticos de la UE, con dos bandos, el del norte y el del sur, claramente enfrentados. Entonces, semanas, los argumentos pasionales y la vehemencia se impusieron a los asuntos meramente técnicos.

España, tal y como explicó antes del Eurogrupo la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, parece aceptar una condicionalidad light del MEDE. Pero pide algún tipo de mutualización futura para reactivar la economía tras la crisis, así como la creación de un fondo de reactivación. Que estos mecanismos “se llamen eurobonos o coronabonos es secundario, lo más importante es que estemos unidos en los mercados para recuperarnos sin que aumenten las divergencias en el conjunto de la Unión”.

Lo que no es aceptable, añadió, es que “cada país haga frente solo a los costes derivados de esta emergencia”. Por eso España está trabajando para sacar adelante diferentes mecanismos de mutualización a largo plazo, con el objetivo de buscar un vehículo de actuación, o bien nuevo o bien incluido dentro del Marco Financiero Plurianual. Francia también parece estar por la labor de apoyar una propuesta parecida. No así Italia, más ambiciosa. Para el sur, la prioridad es una respuesta conjunta a largo plazo.

El país transalpino rechaza que el MEDE sea la primera línea de defensa y España acepta que estos préstamos estén solo vinculados a adoptar medidas para responder a la pandemia. Hacer uso del fondo de rescate, lo saben muy bien en el sur, implica hoy por hoy caer en el estigma económico, haya o no visita posterior de una Troika. Mientras tanto, en el norte difieren sobre cuál debe ser la condicionalidad del grueso del dinero disponible en el fondo. Mayor o menor, debe haberla, ya que para ellos, a grandes rasgos, esta crisis sanitaria y económica no es simétrica.

También surgen dudas sobre la propuesta de la Comisión para crear un fondo temporal de 100.000 millones común contra el desempleo, una herramienta bautizada como Sure. Un grupo de Estados, liderados por Países Bajos, quiere definir con claridad cuál será la duración de este instrumento y, además, ampliar su alcance para que no solo sirva para evitar despidos. El sur, aunque no ve del todo mal la propuesta, ha vuelto a perder. España, Francia, Italia o Portugal reclamaban desde el principio una especie de seguro comunitario contra el paro.
(La Vanguardia, 08-04-2020)

Sector

Los procuradores piden a Justicia poner el 'contador a cero' en los plazos procesales
El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha defendido que para evitar el colapso en la Administración de Justicia debido al parón que ha supuesto la enfermedad del Covid-19, se debe poner "el contador a cero de los plazos procesales y administrativos" y mantenerlo así hasta que se decrete el cese del estado de alarma.

Asimismo, solicitan al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se refuerce la asistencia de jueces, letrados y funcionarios, y que se consensuen protocolos para la presentación gradual de escritos, para la recepción de notificaciones y para la programación de señalamientos.

En un comunicado, el consejo aboga también por adoptar medidas que afecten a todos los órdenes jurisdiccionales y que sean específicas para los ámbitos laboral, penal, contencioso administrativo y civil. En concreto, instan a que se trabaje en los procesos de familia y menores, y en los procesos concursales para impulsar la recuperación económica una vez que el estado de alarma decaiga.

Asimismo, desde el CGPE entienden que se debe disponer "de manera inmediata" la asistencia de funcionarios en las sedes judiciales, y hacerlo de forma rotatoria con turnos de mañana y tarde. Además instan a que se cumpla "estrictamente" el horario y la jornada que se establezca para que se reactive la actividad judicial "de manera acorde con la situación" que se padece.

"Proponemos una serie de medidas que tienen por objeto anticiparnos a la situación que se avecina tras el cese del estado de alarma, con el objetivo de garantizar adecuadamente la prestación de los servicios esenciales respecto de las cuestiones declaradas urgentes e inaplazables e instaurar medidas de presente y de futuro inmediato que permitan que el capital humano al servicio de la Administración de Justicia pueda realizar su trabajo", explicitan en el comunicado.

Por ese, desde la Procura señalan que, siempre adoptando los protocolos sanitarios que se dispongan, se debe reanudar el trabajo tanto de manera presencial como por medio del teletrebajo para agilizar la tramitación previa a la declaración del cese del estado de alarma.
(Expansión, 08-04-2020)

 

Aquí trobareu tota la normativa publicada al BOE en relació a la crisi sanitària del COVID-19. Cal tenir en compte, que es tracta d’un document en continua actualització i revisió.
 
 
 
 
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