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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 10 AL 14 D’ABRIL DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 14-04-2020)

Euro
Resolución de 9 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 9 de abril de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 14-04-2020)

Publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020 por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
(BOE, 13-04-2020)

Publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020 por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
(BOE, 13-04-2020)

Publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
(BOE, 13-04-2020)

Suspendidas determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad
Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.
(BOE, 12-04-2020)

Publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
(BOE, 11-04-2020)

Prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 11-04-2020)

Prórroga de los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 11-04-2020)

Incorporación, sustitución y modificación de sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en función de las medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
(BOE, 11-04-2020)

Instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020
Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.
(BOE, 11-04-2020)

Medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos
Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 11-04-2020)

Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios
Resolución de 1 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 11-04-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 10 AL 14 D’ABRIL DE 2020

Fiscal

Hacienda dará hoy un mes más a pymes y autónomos para el pago trimestral de tributos
El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros un real decreto para establecer la ampliación de los plazos de presentación y pagos de declaraciones trimestrales de impuestos para que los autónomos y las pymes con más dificultades puedan presentarlas hasta el 20 de mayo, en vez del mes de abril, según han confirmado fuentes gubernamentales.

En concreto, ha avanzado que se ampliará hasta el 20 de mayo el periodo apto para presentar las declaraciones de impuestos correspondientes al mes de abril a fin de dar margen adicional especialmente a los empresarios afectados por el cierre de actividad que ha acompañado al estado de alarma.

La medida será aprobada en un próximo Consejo de Ministros, ha dicho Montero sin ofrecer fecha concreta, si bien es previsible que no se demora dado que el plazo de liquidación tributario está previsto para el 20 de abril. Con la medida, Hacienda dará margen adicional a los pequeños empresarios, que afrontan en abril el pago trimestral del IVA, el abono de una parte del fraccionamiento de Sociedades o retenciones del IRPF, por ejemplo.

En paralelo, Montero ha anunciado que su Ministerio ultima permitir que los trabajadores por cuenta propia sujetos a la tributación por módulos puedan salir de este sistema para pagar impuestos por su actividad real, en lugar de seguir sujetos a una estimada.

Este diario ya avanzó que medio millón de autónomos podrían verse atrapados por este sistema que, a priori diseñado para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias sin grandes esfuerzos contables, podría obligarles a pagar ahora más impuestos de los que les corresponden por su nula o minorada actividad. Incluso la asociación de técnicos de Hacienda, Gestha, había instado al Ministerio a tomar esta medida.
(Expansión, 14-04-2020)

Laboral

El SEPE incluirá de oficio los hijos en las prestaciones por ERTE cuando termine de reconocer estas ayudas
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el encargado de reconocer las prestaciones por desempleo que se otorgan a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). La cuantía de estas prestaciones es del 70% de la base reguladora del trabajador (durante los primeros seis meses), pero tiene unas cuantías mínimas y máximas, que varían en ambos casos en función de si el beneficiario tiene hijos o no.

Concretamente, la cuantía mínima sin hijos a cargo es de 501,98 euros mensuales y, si se tiene uno o más hijos, esa cantidad aumenta a 671,40 euros al mes. Mientras que la prestación máxima es, sin hijos, de 1.098,09 euros al mes; con un hijo a cargo, 1.254,96 euros mensuales y con dos o más hijos asciende a 1.411,83 euros.

Sin embargo, el SEPE solo está reconociendo estas prestaciones incluyendo a los hijos a cargo en los casos de trabajadores sobre los que este organismo ya tiene datos, porque han sido beneficiarios de sus ayudas con anterioridad. Pero si el SEPE no tiene previamente los datos de un afectado por el ERTE, le reconoce una prestación básica, sin el complemento de los hijos a cargo, aunque los tenga.

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció esta situación hace unos días y precisó que el trabajador recibiría dicho suplemento por hijos cuando lo reclamara. Ahora el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ha remitido a las empresas una carta, fechada en el día de ayer, 12 de abril, en la que explica esta circunstancia. Así, indica que, con objeto de acelerar el reconocimiento de las solicitudes colectivas de ERTE, “inicialmente solo se han tenido en cuenta los hijos e hijas a cargo, de los que el SEPE tenía información en su sistema”.

Pero dicho esto, en esta carta el responsable de este organismo también informa a las empresas de que “el SEPE regularizará de oficio el aumento de las cantidades que correspondan a quienes no dispusiéramos del dato de hijos e hijas a cargo, sin que las personas afectadas tengan que realizar reclamación alguna”.

No obstante, la misiva añade implícitamente otro dato y es que ese reconocimiento de oficio se hará esperar aún un tiempo indeterminado, ya que se producirá, según lo que dice la carta, “una vez tengamos reconocidas las prestaciones de todas las personas afectadas por ERTE”. Esto se desconoce cuándo ocurrirá, pero si se tiene en cuenta que durante los primeros 20 días de confinamiento y estado de alarma el SEPE reconoció poco más de 600.000 prestaciones por desempleo a afectados por ERTE, podrían tardarse entre uno y dos meses en reconocer todas estas prestaciones, que sumando las cifras ofrecidas por las comunidades autónomas y el propio Ministerio de Trabajo podrían afectar a más de 2,5 millones de trabajadores. A esto habría que sumar el tiempo que se empleará también en reconocer las prestaciones de una buena parte del millón de trabajadores que han sido despedidos individualmente.

Para hacer frente a este aluvión de gestión y reconocimiento de prestaciones y subsidios, el SEPE ha informado de la contratación de mil trabajadores interinos adicionales. Si bien, no se sabe aún cuanto tiempo podrían tardar en terminar de reconocer todas las ayudas ligadas a los ERTE para, después empezar a reembolsar el dinero no percibido por los afectados con hijos a cargo, que podría ascender a 400 euros por mes.

De momento, fuentes empresariales han denunciado “atascos” en la evaluación de los ERTE y, por lo tanto, en el posterior reconocimiento de las prestaciones, que podría demorar su cobro hasta junio en algunos casos. Asimismo, los retrasos en la comunicación de la resolución de un ERTE están afectando también en la reclamación de la moratoria hipotecaria, ya que es necesario acreditar que se está afectado por uno de esos ajustes, según las quejas de fuentes sindicales.
(Cinco Días, 14-04-2020)

Patronal y los sindicatos tienen dudas sobre la seguridad de las empresas ante la vuelta al trabajo
CEOE avisa de que la mayoría de las empresas no tienen equipos de protección, lo que dificulta su apertura, mientras que CCOO y UGT consideran que las recomendaciones del Gobierno para la vuelta al trabajo son difíciles de aplicar.

El vicepresidente de la Confederación Empresarial de Organizaciones Empresariales (CEOE), Íñigo Fernández de Mesa, ha alertado de que la gran mayoría de las empresas españolas, que son pequeñas y medianas compañías, seguramente no tienen materiales de protección frente al coronavirus, lo que puede dificultar su apertura. El empresario ha resaltado que hoy ha habido una distribución masiva de equipos de protección en los medios de transporte.

"En el mundo empresarial, lo que entendemos, es que posiblemente las empresas grandes sí que tienen capacidad y acceso a suministros de este tipo de materiales, mientras que las pequeñas y medianas empresas seguramente, no", ha apostillado, subrayando que la gran empresa es una pequeña parte de la producción de España, ya que el 95% de las empresas son microempresas o pymes.

Para el vicepresidente de la patronal, lo que hace falta es un plan estratégico que dé salida de esta situación de cuarentena para las empresas, de tal forma que se pueda volver a la actividad productiva, sobre todo en las pequeñas empresas.

Respecto a la petición de las organizaciones sindicales que instan a no trabajar si no hay garantías de seguridad y salud en el trabajo, Fernández de Mesa ha dejado claro que las compañías son las primeras interesadas en abrir "siempre y cuando" se dé seguridad máxima a la gente que se emplea.

"El suministro de test, mascarillas, guantes y gel y otros equipos es fundamental para garantizar la seguridad de trabajadores y para la puesta en marcha de la actividad productiva", ha subrayado. También ha apuntado que existe incertidumbre legal por parte de los protocolos de sanidad, que, aunque están bien, se deja la interpretación a las empresas.

"Estoy seguro de que las empresas van a tratar de proteger al máximo a sus trabajadores, porque es el principal valor de la empresa, y aquellas empresas que vean que no están capacitadas para evitar los riesgos van a postergar su apertura", ha añadido.

Fernández de Mesa ha puesto en valor la importancia de que se vaya normalizando la actividad empresarial, porque "el efecto de esta pandemia va a ser muy importante en la economía y lo que es absolutamente imprescindible es que las empresas puedan contar con los medios".
(Expansión, 14-04-2020)

La avalancha de ERTE atasca las oficinas de empleo
La cifra de expedientes ya supera los 450.000 y la de afectados los tres millones. Esto ha provocado un atasco que ha llevado a muchas comunidades autónomas a multiplicar el personal que tramita las suspensiones de empleo. Pero el verdadero desafío está en el Servicio Público de Empleo Estatal. Fuentes del Ejecutivo señalan que durante este mes la situación está llevando al antiguo INEM a forzar su sistema informático para cuadruplicar el reconocimiento de prestaciones para que a comienzos de mayo puedan cobrar “la mayoría de afectados”.

Este martes hace un mes que España decretó el estado de alarma. En este tiempo, la cifra de afectados por ERTE más que duplica todos los que hubo entre 2009 y 2019, algo más de 1,57 millones en unos años nada fáciles, especialmente los primeros. Tal avalancha ha llevado a los servicios públicos, mermados tras años de recortes, a afrontar una carga de trabajo sin precedentes. “En los primeros días tuvimos un verdadero atasco”, admite el consejero de Empleo de Baleares, Yago Negueruela, que explica que al explotar la crisis esta administración autonómica tenía un funcionario tramitando ERTE y ahora hay 103. También su homólogo valenciano subrayaba hace unos días que han incrementado el personal de 10 a 40 trabajadores para intentar “despejar” el atasco a finales de la semana pasada. Lo mismo cuentan en Canarias, gran atasco inicial y refuerzo significativo de plantillas. En esto último ponen el acento Aragón, Cataluña o Andalucía.

El consejero de Trabajo catalán, Chakir El Homrani, defendió su gestión el jueves en una comparecencia parlamentaria: “Estamos resolviendo expedientes sábados y domingos, los intentamos resolver todos para dar seguridad jurídica, solo un 3,5% se cerraron por silencio administrativo”. En busca de esa misma seguridad, varias autonomías aumentaron el plazo de resolución de cinco días a 10, pero lógicamente eso retrasa la tramitación.

A pesar de los refuerzos, la visión que tienen quienes tramitan los expedientes al otro lado de la ventanilla es crítica. La abogada laboralista Teresa Aguirre ha presentado ERTE en Madrid, Valencia y el País Vasco. Se queja de que hasta ahora solo le ha llegado una resolución y de que, en la Comunidad de Madrid, donde ha presentado la mayoría, ni siquiera puede seguir la tramitación, “no hay visión del expediente”. Sus clientes han sido colegios, restaurantes, un museo. “Solo tengo una resolución”, se queja, deduce que las demás las tendrá aprobadas por silencio administrativo.

Como las tramitaciones están siendo telemáticas, Aguirre habla de caídas de aplicaciones y páginas de internet colgadas. Y lo dice tanto de las administraciones autonómicas, encargadas de tramitar el ERTE cuando solo afecta a una comunidad, como del Servicio Público de Empleo, a quien las empresas deben remitir directamente los listados de afectados para que se reconozca antes la prestación. Ella apunta que hasta finales de marzo no tuvieron claro los formatos en que tenía que remitirse y también señala para evitar atascos electrónicos han estado subiendo los datos de afectados a la web del SEPE de madrugada.

Ahora es este organismo el que tiene que correr para reconocer las prestaciones rápidamente. Fuentes no oficiales del Gobierno apuntan que han cuadruplicado la velocidad para reconocer las prestaciones a través de las aplicaciones informáticas. Si en marzo se reconocieron más de 600.000, se trata de acabar abril por encima de los 2,5 millones y que la mayoría de afectados cobre a comienzos de mayo (normalmente lo harían el 10, pero los bancos se han comprometido a adelantar el dinero).

En consonancia con estas cifras, el director general del Servicio Público de Empleo Estatal, Gerardo Gutiérrez, anunciaba el domingo en un tuit que entre el jueves y el sábado se habían reconocido más de 233.000 prestaciones. Este alto cargo no decía, apuntan las mismas fuentes, que al ser días no laborables el trabajo era voluntario y que la plantilla teletrabajó al 50%. Un cargo medio del mismo organismo ratificaba ayer esos números y las previsiones para abril.
(El País, 14-04-2020)

Los autónomos cobrarán este viernes la prestación extraordinaria por cese de actividad
Los trabajadores por cuenta propia que solicitaron la prestación extraordinaria por cese de actividad recibirán el cobro de esta ayuda el próximo viernes 17 de abril, un mes después de que el Gobierno la anunciara, según han informado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El pasado 17 de marzo, el presidente del Gobierno anunció que se establecería una prestación extraordinaria, distinta al cese de actividad ordinario, a la que podrán acogerse aquellos autónomos que hayan cerrado sus negocios por la crisis sanitaria o que hayan reducido de manera significativa su actividad.

Según los últimos datos del Ministerio, correspondientes al miércoles pasado, las solicitudes de esta prestación ascienden a 900.000, aunque espera que en los próximos días tengan más datos de solicitudes y concesiones. En la memoria de impactos del decreto ley, el Gobierno estimaba que alrededor de un millón de trabajadores autónomos se acogerán a la prestación extraordinaria por cese de actividad.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicó que los autónomos pueden solicitar esta nueva prestación, análoga a la de cese de actividad, cuando su actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. La prestación tendrá una cuantía del 70% de la base reguladora (un mínimo de 661 euros), "aunque no se haya cumplido el periodo mínimo para acceder a la prestación por cese de actividad".

La duración es de un mes, pudiéndose ampliar hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue. Además, el tiempo de su percepción se entiende como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. Esta prestación también la pueden solicitar los profesionales autónomos con trabajadores a su cargo. En este caso, pueden tramitar un ERTE y, al mismo tiempo, acceder a esta prestación extraordinaria.

Para acceder a esta nueva prestación, la persona beneficiaria debe dirigirse a la mutua habitual con la que tengan cubiertas las contingencias profesionales, al Instituto Social de la Marina (ISM) en el caso del Régimen Especial de Trabajadores del Mar, o al SEPE en los casos en los que tengan la cobertura con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
(El Mundo, 14-04-2020)

Pymes y autónomos urgen a las administraciones a levantar acta de los contratos públicos anulados
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a 4,5 millones de autónomos y pymes, ha encontrado otro estrechamiento de liquidez que ahoga a las empresas más pequeñas en la crisis desatada por el coronavirus. Este problema afecta a las compañías adjudicatarias de contratos públicos, que están comprobando en la actualidad que no pueden reclamar las indemnizaciones que les corresponden por la rescisión del contrato y que incluso tienen que mantener el empleo en servicios esenciales como el cuidado de mayores.

"Para que se produzca una suspensión, total o parcial, de un contrato público es necesario que la Administración licitadora levante un acta de suspensión y esto no se está haciendo en numerosos casos”, alerta Antoni Cañete, presidente de la Plataforma.

Algo que no se está produciendo en la actualidad por una suma de factores. Por un lado, el colapso de los servicios públicos, volcados en el control de la pandemia, a lo que se une la lenta burocracia y la falta de unidad entre autonomías que obliga a las compañías a realizar multitud de trámites. "En Cataluña, por ejemplo, el método de solicitud de suspensión del servicio es responsabilidad de cada administración local concreta, sin un criterio común, de manera que hay que negociar las condiciones específicas con cada Ayuntamiento", lo que "hace totalmente inviable" el levantamiento de ese acta para que la empresa ponga en marcha el procedimiento para exigir la indemnización.

Un decreto publicado el pasado 17 de marzo en el Boletín Oficial del Estado planteaba las medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. En el artículo 34 se exponía la suspensión de contratos públicos de servicios y suministros y se fijaba que de producirse ese hecho, "la entidad adjudicataria deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista". Esa indemnización incluye gastos salariales, alquileres o costes de la maquinaria o la cuantía de las pólizas de seguro.

Cañete, sin embargo, hace énfasis en el escaso plazo (cinco días) que ofrece la norma al organismo de contratación (ayuntamiento, comunidad autónoma o estado central) para que verifique si concurren las razones para que se produzca la anulación del contrato. Transcurrido ese plazo sin respuesta, la petición se entenderá desestimada. "Esto produce mucha inseguridad jurídica; parece muy poco coherente que con el caos que está habiendo, los pocos medios que habrá para resolver este tipo de asuntos y el escaso plazo que se concede, que el silencio sea en calidad de desestimación, y más cuando cabe la posibilidad de posterior revisión de las circunstancias alegadas”, manifiesta Cañete.
(Cinco Días, 13-04-2020)

La subida salarial pactada en convenio se modera al 1,96% hasta marzo, muy por encima del IPC
La subida salarial media pactada en los convenios colectivos registrados en el primer trimestre del año se moderó hasta el 1,96%, cifra más de 1,8 puntos superior al IPC interanual avanzado de marzo (0,1%) y dos décimas por debajo del alza salarial registrada un año antes (2,20%), según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este incremento salarial está por debajo de las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

No obstante, Trabajo precisa que, al disponer únicamente de información relativa a los tres primeros meses del año, el número de convenios firmados no proporciona todavía información relevante acerca del ritmo de la negociación colectiva, por lo que habrá que esperar a su evolución durante los próximos meses para valorar el comportamiento de este indicador.

Además, subraya que hay que tener en cuenta que el día 14 de marzo se decretó el estado de alarma en España por la crisis sanitaria derivada del coronavirus, "por lo que es posible que desde dicha fecha tanto el ritmo de registro como algunas otras variables relativas a la negociación colectiva se vean afectadas".

En concreto, hasta marzo se registraron 2.334 convenios colectivos con efectos económicos en 2020, pero sólo 62 se han firmado en los tres primeros meses del año. El resto, 2.272, se firmaron en ejercicios anteriores, aunque despliegan también sus efectos este año.

Los nuevos convenios firmados hasta marzo registraron una subida salarial media del 1,65%, por debajo de las directrices del AENC, mientras que los firmados en ejercicios anteriores presentan un alza media del 1,96%. Sumando ambos, el aumento salarial medio de todos los convenios con efectos económicos para este año fue del 1,96% en el primer trimestre.

Los 2.334 convenios registrados hasta marzo daban amparo a 6,49 millones de trabajadores. Del conjunto de convenios, 1.744 eran de empresa, con efectos sobre 347.900 trabajadores y una subida salarial media del 1,54%, y 590 eran convenios sectoriales, que daban cobertura a algo más de 6,1 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 1,99%.
(Expansión, 13-04-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El comercio exige al Gobierno que legisle para negociar bajadas o quitas en el precio de sus alquileres
El comercio ha lanzado un SOS cuando se ha cumplido un mes con sus establecimientos cerrados por el estado de alarma. En un comunicado firmado por siete patronales (CEC, Anceco, Amicca, Comertia, Acotex, Eurelia y Fece), que representan a 510.000 establecimientos y 1,7 millones de empleos, los empresarios advierten que la situación es límite. "Ante la gravedad de la situación generada por la actual crisis sanitaria y sus dramáticas consecuencias para el tejido comercial, varias de las principales asociaciones de comercio manifiestan de forma conjunta al Gobierno la incapacidad del comercio para afrontar los gastos corrientes, en especial los alquileres de los locales comerciales", recalcan en el texto.

Los empresarios reclaman un plan de ayudas en dos fases. La primera, que abarcaría la duración del estado de alarma (en principio acaba el 26 de abril, aunque el propio Gobierno ya ha abierto la puerta a sucesivas prórrogas), sería efectiva a través "de un sistema de subvenciones para hacer frente al pago de los alquileres durante al menos el periodo de cierre forzoso". La segunda, que entraría en vigor una vez que se recupere la normalidad, exigiría, según los empresarios, "un nuevo marco normativo que cubra la renegociación bilateral de los contratos de alquiler de locales comerciales y que dé cabida a condonación de rentas durante el período de cierre de puntos de venta y el período posterior a la apertura".

Las patronales del comercio consideran que esas quitas en los alquileres deberían aplicarse al menos durante los seis meses posteriores al fin del estado de alarma. "Es momento de introducir políticas redistributivas del perjuicio económico de forma que la situación se vuelva equitativa poniendo sobre la mesa nuevos métodos de cálculo de los costes de arrendamiento", recalcan en el comunicado.

Una polémica que guarda cierta similitud con la producida con la moratoria hipotecaria para particulares que compraron casas a grandes tenedores. Esa medida se encontró con las reivindicaciones de las personas que vivían de alquiler, que exigían una medida de similar calado. En ese punto, el Ejecutivo no se atrevió a decretar ninguna quita, ya que consideraba que la gran mayoría de propietarios eran particulares que dependían de esos ingresos. Como alternativa ofreció una línea de créditos del ICO a intereses bajos e incluso ayudas directas para los particulares con menores ingresos.

Una tesis en la que abunda el estudio realizado por EY y Boston Consulting Group sobre el impacto del coronavirus en el sector de la moda, que genera el 2,8% del PIB español, aporta el 4,1% del empleo, supone el 9% de las exportaciones y es una de los factores de atracción para el turismo extranjero. El informe advierte que, sin medidas de apoyo, los ingresos de esta actividad pueden cerrar 2020 con una caída del 40%, que se sumaría al ajuste del 20% que se produjo en 2019. Para tratar de mitigar el impacto del coronavirus, el sector considera imprescindible también la renegociación de las rentas de alquiler, ya que suponen el mayor gasto, incluso por encima de los salarios, con un valor entre el 15% y el 20% de la facturación.
(El País, 14-04-2020)

España retoma la actividad económica no esencial tras dos semanas de parón
España recuperó el lunes parte de la actividad económica no esencial suspendida hace 15 días por el Gobierno para frenar la transmisión del coronavirus. La industria y la construcción vuelven al trabajo después de dos semanas que han combinado un permiso obligatorio no retribuido, que concluyó el pasado jueves, con las tradicionales vacaciones de Semana Santa. La vuelta al trabajo, en todo caso, no afecta a las ocho comunidades en las que el Lunes de Pascua es festivo: Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco.

La recomendación del Ejecutivo sigue siendo la de minimizar contactos y riesgos tanto en el desplazamiento al trabajo como en el centro laboral. Sanidad ha publicado una guía de buenas prácticas ante esta recuperación de la actividad, que el Ejecutivo enmarca en la necesidad de evitar un colapso económico. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado esta mañana en la Cadena Ser que la reanudación de ciertas actividades se produce tras "reuniones importantes con patronal y sindicatos las semanas anteriores". Asimismo, Grande-Marlaska ha subrayado que la actividad de algunos sectores no se hubiese recuperado si el Gobierno no viera posible garantizar "condiciones de seguridad de los trabajadores".

El cambio de hoy no afecta a las actividades ya permitidas durante estas últimas dos semanas: sanidad, alimentación, servicios de seguridad, telecomunicaciones, medios de comunicación, Justicia, farmacia o suministro de energía. Igualmente se han venido permitiendo las actividades indispensables para la prestación de todos estos servicios, así como la venta al por menor en tiendas de alimentación, farmacias, ópticas, ortopedias, prensa y papelería, estancos, gasolineras, alimentación de animales domésticos, tecnología o lavanderías.

El cambio tampoco repercute en aquellas actividades que siguen prohibidas como medida preventiva: bares y establecimientos de restauración -que solo pueden prestar servicio a domicilio-, discotecas, instalaciones culturales, de ocio, recintos deportivos, parques de atracciones y auditorios. Anoche a última hora se prohibió, también, la actividad de construcción en viviendas habitadas.

Aunque el Ejecutivo aconseja el uso de transporte individual para acudir al puesto de trabajo, uno de los puntos calientes este lunes es el transporte público. Se aumentarán las frecuencias y el ministerio del Interior ha activado un dispositivo organizado para reforzar los controles y repartir mascarillas. Se ha previsto el despliegue de agentes en las estaciones de cercanías, metro y autobús y los principales nudos de transporte para evitar aglomeraciones y comprobar que los desplazamientos no incumplen los puestos permitidos por el real decreto de estado de alarma.
(Cinco Días, 13-04-2020)

La OPEP+ pone fin a la guerra entre Moscú y Riad con un recorte de al menos 9,7 millones de barriles
Los ministros de Energía de la alianza OPEP+ han terminado la reunión celebrada el domingo 12 de abril con un acuerdo para sostener los precios del crudo, acuerdo al que se han sumado por primera vez otros productores, como Estados Unidos y Canadá. Se ha acordado un recorte de la producción de 9,7 millones de barriles diarios que pone punto final a la guerra de precios iniciada entre Arabia Saudí y Rusia y que, según fuentes de la OPEP, puede ser del doble de esta cantidad al sumarse recortes voluntarios dentro y fuera del cártel.

La reducción se ejecutará desde el 1 de mayo, y el acuerdo pone fin a varios días de maratonianas reuniones. El precio del Brent, que llegó a cotizar con subidas del 4% en los 33 dólares el barril tras registrar fuertes oscilaciones en los primeros compases de la jornada, se ha dado la vuelta y cotiza ahora a la baja en el mercado de futuros de Londres. Cae un 0,7%.

Este pacto supone la primera respuesta coordinada de los productores a la pandemia del Covid-19, que ha provocado un desplome sin precedentes en la demanda mundial de petróleo y ha llevado los precios a mínimos en casi 20 años. Al hundimiento de la demanda se sumó la decisión saudí de disparar la producción en respuesta al rechazo de Moscú a un pacto el mes pasado.

Las dos potencias, bajo el auspicio de Estados Unidos, ya alcanzaron el jueves un principio de acuerdo. El precio subió hasta los 32 dólares, pero las partes debían cerrar un acuerdo definitivo antes de la apertura de los mercados asiáticos hoy lunes.

"Estos ajustes de producción son históricos", evaluó el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo. "Estamos presenciando hoy el triunfo de la cooperación internacional y el multilateralismo, que son el núcleo de los valores de la OPEP", señaló en su cuenta de Twitter.

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, de Estados Unidos, Donald Trump, así como el rey saudí, Salman bin Abdulaziz, apoyaron el domingo en una conversación telefónica el acuerdo. "Los líderes apoyaron el acuerdo alcanzado dentro de la OPEP+ sobre la limitación voluntaria y gradual de la producción de petróleo para estabilizar los mercados mundiales y garantizar la sostenibilidad de la economía global en su conjunto", afirmó el Kremlin en un comunicado.

"El gran acuerdo petrolero con la OPEP + está hecho. Esto salvará cientos de miles de empleos energéticos en Estados Unidos", escribía en Twitter el presidente norteamericano, Donald Trump. "¡Es un gran acuerdo para todos!", agregó. EE UU y Canadá dejarán de bombear unos 3,7 millones de barriles

Barkindo ha añadido que el recorte será en realidad superior respecto a abril. Así, explica que a lo largo de este mes se está produciendo más crudo por parte de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y su propio país, y que la bajada a partir de mayo será de unos 12,5 millones de barriles diarios respecto al presente mes.
(Expansión, 13-04-2020)

 

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