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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 21 D’ABRIL DE 2020

Fiscal

Asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@VE PIN)
Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2020, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@VE PIN).
(BOE, 21-04-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Prórroga de los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen
Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 21-04-2020)

Euro
Resolución de 20 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de abril de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 21-04-2020)


https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 21 D’ABRIL DE 2020

Fiscal

El Gobierno estudia supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación
El Gobierno ultima ahora que las empresas solo deban cumplir con sus obligaciones fiscales una vez logren financiación avalada por el Estado; facilitar a empresas y autónomos tributar por sus ingresos reales o eximir de IVA los productos sanitarios europeos que adquieran hospitales o clínicas.

Tributar vía préstamos. La mayor novedad fiscal del borrador de la norma es que ofrece la posibilidad de “supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación” sujeta plan de avales públicos, de hasta 100.000 millones, desplegado por el Gobierno en respuesta a la crisis. Así, el cobro de los impuestos no se activará en el caso de que el contribuyente solicite una línea de estos préstamos, en los que el Instituto de Crédito Oficial cubre hasta el 80% del riesgo, a fin de saldar su deuda tributaria. El interesado deber demostrar que ha pedido un crédito por un monto igual o mayor al de la deuda al menos cinco días antes de que concluya el plazo para la liquidación, y deberá destinar “inmediatamente” el dinero obtenido a pagar al fisco. A su vez, la Agencia Tributaria podrá acceder telemáticamente a los expedientes financieros del contribuyente a fin de comprobar la información. La medida afectará a las liquidaciones celebradas entre el 20 de abril y el 30 de mayo. En paralelo, el decreto aprovecha para matizar que la línea de avales, de la que hasta la fecha se han liberado dos primeros tramos de 20.000 millones cada uno, podrá seguir repartiéndose gradualmente hasta final de este año.

Reforzar a los avalistas. El Gobierno también prevé reforzar el reaval de la Compañía Española de Reafianzamiento Sociedad Anónima (CERSA) para aumentar la capacidad de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) de mejorar la financiación de las pymes garantizando sus créditos. A su vez, amplía el programa de avales para cubrir los pagarés del Mercado de Renta Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

IVA al 0%. A su vez, la norma rebaja al 0% el IVA de las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones de material sanitario de procedencia comunitaria cuando los destinatarios sean entidades de derecho público, clínicas o centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social. La medida, promovida desde Bruselas, estará vigente hasta el 31 de julio, apareciendo hasta entonces estas operaciones como exentas de IVA en las facturas.

Tributar por módulos. El decreto también dará a las empresas que declaran en función del resultado del ejercicio anterior la posibilidad de pasar a tributar por sus ingresos reales. Del mismo modo, facilitará que los autónomos sujetos al pago de impuestos por el sistema de módulos pasen a hacerlo por el método de estimación directa, a fin de evitar que un sistema ideado para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales les obligue a abonar impuestos por unas ganancias virtuales que este año no obtendrán. La medida también operará en los pagos de IRPF e IVA. El cambio podrá ser revertido, sin la penalización habitual, en 2021.

Ampliación de plazos. Finalmente, el decreto extenderá hasta el 30 de mayo todos los plazos tributarios ya ampliados hasta el 30 de abril en decretos anteriores.
(Cinco Días, 21-04-2020)

El Banco de España prevé un desplome del PIB de hasta el 13,6% este año
La economía española registrará en 2020 una contracción "sin precedentes en la historia reciente", que superará "con creces" la que se produjo en cualquiera de los años de la crisis financiera global, según cálculos preliminares del Banco de España recogidos en el artículo 'Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el Covid-19' publicado este lunes por la institución.

El Banco de España, utilizando dos metodologías distintas, calcula que el PIB caerá este año, en promedio, entre un 6,6% y un 8,7% en el caso de que el confinamiento de la población dure ocho semanas (el caso más probable, en su opinión) y del grado en el que persista la perturbación tras finalizar el estado de alarma.

Así, si se produjera una normalización de la actividad casi completa después del estado de alarma, el retroceso del PIB sería del 6,6%, pero si la normalización no llega hasta el cuarto trimestre, la caída sería del 8,7%. En el supuesto de que el estado de alarma se alargara hasta las 12 semanas y no se hubiera llegado a la normalización de la actividad a fin de año, particularmente en las ramas ligadas a hostelería, restauración y ocio, la economía española podría caer hasta un 13,6% en 2020.

Este sería el escenario que contempla la institución a partir de una metodología basada en la oferta, con una naturaleza "eminentemente contable", pero que, a su juicio, resulta útil para poder disponer de una estimación verosímil de la magnitud de la crisis.

Utilizando otra metodología distinta, la del Modelo Trimestral del Banco de España (MTBE), el que utiliza habitualmente la institución para la realización de sus proyecciones macroeconómicas y que considera más efectivo en horizontes temporales amplios, la caída del PIB podría situarse este año entre el 6,8% y el 9,5% de media si el confinamiento dura ocho semanas y llegar hasta el 12,4% si el estado de alarma se extiende a 12 semanas.

En concreto, con esta metodología, el PIB retrocedería un 6,8% con un confinamiento de ocho semanas y suponiendo que las medidas puestas en marcha eviten la pérdida duradera de puestos de trabajo y el cierre de empresas, y ahondaría su caída hasta el 9,5% si, durante el estado de alarma ocho semanas, una cierta proporción de empresas no logran evitar que sus problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia.

En el supuesto de que el confinamiento fuera de 12 semanas y existiera una proporción mayor de empresas que no lograran evitar dificultades de solvencia, el PIB podría contraerse hasta un 12,4% este año.

En cada uno de los tres escenarios el nivel del PIB del final de 2020 sería inferior al que se preveía en las proyecciones de diciembre de 2019 en 8,5 puntos, 10,4 puntos y 12,5 puntos, respectivamente.
(El País, 21-04-2020)

Laboral

El Gobierno estudia prorrogar dos meses más la prioridad del teletrabajo
El Consejo de Ministros abordará un nuevo Real Decreto de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, en el que se incluyen propuestas de carácter laboral y para mejorar la financiación de las empresas entre otras cosas.

Con esta norma, según el borrador, el Gobierno se plantea "prorrogar dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada". Si bien, fuentes del Ministerio de Trabajo indican que la decisión de que esta medida se apruebe mañana, aún no está tomada, ya que el contenido de este Real Decreto aún no está cerrado.

Concretamente, la norma prorroga dos meses lo establecido en los artículos 5 y 6 del decreto que desarrolló las medidas del estado de alarma, en los que se establecía el trabajo a distancia como alternativa preferente para las empresas. Y reforzaba el derecho de los trabajadores a adaptar su jornada y reducirla hasta en un 100% (sin remuneración) para el cuidado de hijos o mayores. El texto añade, además, que en atención a las circunstancias, "cabrán prórrogas adicionales por parte del Gobierno de lo establecido" en esta medida.

En el decreto 8/2020 se decía que debían establecerse "sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado". "Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad", añadía el texto a prorrogar.

Además se decía que los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tenían derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria de la covid-19.

Asimismo, el Ejecutivo estudia incluir también en esta norma una modificación legal para permitir que las empresas que desarrollan sus negocios en actividades esenciales puedan hacer ajustes temporales de empleo (ERTE) por fuerza mayor en las partes de su actividad que no sean esenciales, algo que ahora no se les permite.
(Cinco Días, 21-04-2020)

El desempleo casi se duplicará en Europa por el impacto económico del Covid-19
El mercado laboral europeo sufrirá un fuerte shock por la crisis del coronavirus. Así lo estima la consultora McKinsey en un informe en el que advierte de que la pandemia amenaza con llevarse por delante 59 millones de empleos en Europa, así como la reducción de salarios y horas de trabajo.

Además, el informe estima que la tasa de paro de la Unión Europea podría dispararse hasta casi duplicarse por el impacto económico del coronavirus. En el peor escenario que maneja, la consultora ve la tasa de paro en el 11,2%, con una recuperación de los niveles de 2019 en el año 2024. No obstante, el escenario más probable que pronostica la firma es que la tasa de paro europea escalará hasta el 7,6% este año, para regresar a niveles pre-crisis del 6,3% a finales del año que viene.

"Europa debe evitar la subida significante del desempleo que se produjo durante la crisis financiera de 2008-2009 cuando la tasa de paro creció un 28% en la Unión Europea", ha señalado McKinsey que ha alertado de que "la perdida de empleos podría ser muy dolorosa desde una perspectiva económica", señala McKinsey.

La firma prevé que el 50% de todos los trabajos que están en riesgo en Europa se concentran en servicio al cliente y ventas, servicios de alimentos y la construcción.

Por categorías, la consultora señala que el sector hotelero y de la alimentación aparece como el má amenazado por la fuerte escalada del desempleo. McKinsey calcula que el 74% del empleo en estos sectores de la actividad económica está en riesgo, lo que equivale a unos 8,4 millones de empleo en toda la Unión.

A su vez, la firma agrega también que el 50% de los empleos en el sector del entretenimiento y las artes también se ven amenazados por la pandemia. Por el contrario, el sector TI y comunicaciones aparece como el menos amenazado con un 8% del empleo en riesgo.

La Comisión Europea presentó a comienzos de abril un nuevo programa para movilizar unos 100.000 millones de euros para ayudar al empleo. El objetivo del plan de Bruselas es subvencionar las reducciones de jornada para que las empresas puedan sobrevivir sin realizar despidos masivos.
(Expansión, 21-04-2020)

El atasco en la gestión de los ERTE, asfixia a las empresas y les conduce a miles de concursos
El caos en la gestión de los ERTE, que acumulan retrasos que asfixian a las empresas, aboca a concurso e, incluso, liquidación, a un porcentaje importante de empresas. Sobre ello alertan el Consejo General de Gestores Administrativos y el Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas. Los Gestores Administrativos, conocedoras de primera mano del atasco y los problemas de gestión de los ERTE en las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cifran incluso en más de 50.000 las empresas que ya están abocadas a concurso de los más de 500.000 ERTE que ya se han presentado, cuando en 2019 las quiebras rondaron las 4.000.

Así lo calcula Fernando Santiago, su presidente, quien explica que están empezando a recibir, con fecha de hace más de 20 días, denegaciones de ERTE de fuerza mayor justificadas en que los negocios representados no estaban obligados a cerrar. Estas negativas llegan sin tiempo para reaccionar y poder presentar un nuevo ERTE por causas económicas con el tiempo suficiente para que no suponga la quiebra de las empresas afectadas. El proceso puede alargarse cerca de dos meses a la hora de plantear un nuevo expediente y la empresa no puede sostener los costes.

"Si se hubieran notificado a tiempo, las empresas podrían haber reaccionado antes, hubieran presentado un ERTE por causas económicas y los trabajadores hubieran cobrado su prestación de marzo y abril por parte del Estado. Ahora, el empresario que no tiene liquidez, que no tiene ingresos, debe afrontar el pago de unas cantidades para las que no tiene fondos porque los préstamos del ICO tampoco llegan a tiempo o no le son concedidos", señala Santiago.

Según el presidente de los Gestores Administrativos y presidente del Colegio de Madrid, la Comunidad de Madrid sólo ha contestado hasta ahora al 29% de los ERTE que se han presentado por gestores administrativos y el 2% del total han sido denegados. El 25% han sido aceptados y el 73%, por lo tanto, está pendiente de contestar. Estos datos, unidos a los que manejan el resto de colegios autonómicos, le llevan a estimar que más de 50.000 empresas ya están abocadas a concurso.

Según los gestores, en Tenerife se han contestado a un 8,7% de los ERTE presentados, todos de forma positiva, mientras que en Cantabria se han resuelto de forma expresa el 11,6%, con un 0,4% de denegaciones, al tiempo que en Baleares se ha contestado de forma expresa al 26,6% de los tramitados, con un 4% del total presentados denegados.

En numerosos casos, según ha señalado, el rechazo a estos ERTE ha sido justificado porque los negocios entraban en la categoría de esenciales, sin considerar que, a consecuencia del virus, los ingresos han caído de "manera estrepitosa". Las resoluciones, según señala, llegan tras haber transcurrido los plazos establecidos en más de 15 días, aunque la fecha de la resolución sí se encuentra dentro de los 5 días de tope.

A su vez, el Registro de Economistas Forenses, la división especializada en concursos, pidió ayer que se incentiven los acuerdos de refinanciación para evitar que las empresas acogidas a ERTE presenten concursos de acreedores y acaben en liquidación. Este órgano dependiente del Consejo General de Economistas de España pronostica que es muy probable que muchos de los más de 500.000 ERTE presentados acaben en ERE y, con ello, posiblemente, en la liquidación de muchas empresas.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, demanda que se extienda el blindaje de los acuerdos de refinanciación de los 4 meses actuales a 6 u 8, "para que las empresas puedan oxigenarse y no entrar en insolvencia". El presidente del Refor, Alfred Albiol, pide impulsar la mediación para liberar a los Juzgados de lo Mercantil y que puedan centrarse en la "avalancha de concursos que se avecina".
(Expansión, 21-04-2020)

Los trabajadores incluidos en un ERTE superan los cuatro millones
El viernes se superaron los cuatro millones de trabajadores incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. En concreto, 4.070.433, según los datos que barajan las autoridades laborales recopilados por Comisione Obreras. Aunque ya suponen uno de cada cinco trabajadores, el 21%, el ritmo de presentación ha descendido claramente si se tiene en cuenta que el 3 de abril, hace pues dos semanas, eran 3,3 millones. Por tanto, de media en las dos últimas semanas el aumento es de unos 350.000 trabajadores afectados.

De hecho, el número diario se ha reducido considerablemente. En Valencia se han presentado ERTE´s para 449 personas, el Galicia 2.000 y en Cataluña, donde más trabajadores hay afectados, hoy se han inscrito expedientes con 1.446 empleados inmersos. Muy lejos de los 71.170 registrados el 25 de marzo, máximo desde que se inició el estado de alarma.

De los afectados, al menos tres millones, previsiblemente más, tengan resueltas las tramitaciones ante el Servicio Estatal Público de Empleo (Sepe) para cobrar sus prestaciones del entre el 4 y el 10 de mayo, pues numerosos bancos adelantarán el abono que oficialmente tendrá lugar el 10 de mayo.

La semana pasado, la Seguridad Social había recibido unos 2 millones de personas afectadas para que se les exonerase de las cuotas, y el Ministerio de Trabajo declara que diariamente se tramitan más de cien personas, 130.000 el último día, y que se ha ampliado el horario de los funcionarios incluyendo los fines de semana para tener al día los expedientes que van llegando al Sepes.

La gran mayoría de los ERTE´s, se calcula que el 95%, se han tramitado por Fuerza Mayor, lo que facilita la tramitación. Como máximo, cinco días, que el plazo improrrogable que se ha establecido para su aprobación. Algo más complicados son los ERTE´s que se tramitan por causas objetivas, cuyo trámite exige la negociación entre trabajadores y empresas, con la consiguiente creación de una mesa negociadora y, en numerosos casos con la intervención de la Inspección de Trabajo.

No obstante, aunque la gran mayoría de los Erte que se siguen presentando van por fuerza mayor, están creciendo los casos de causas objetivas. Desde las autoridades laborales de las CCAA apuntan que puede suponer el 25% de los nuevos que van llegando.
(El País, 21-04-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El petróleo de EEUU se hunde más y cierra en negativo por primera vez en su historia
El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate, de referencia para el mercado americano, ha perdido hoy la totalidad de su valor. En su mínimo, el West Texas ha entrado en negativo con creces y ha alcanzado los -40,32 dólares por barril, frente a los 18,27 dólares de su precio de ayer. Jamás antes en la historia su precio se había hundido tan súbitamente y nunca antes había entrado en negativo desde que comenzó la serie de datos en 1983. Finalmente, el West Texas ha cerrado en los -37,63 dólares por barril. Se trata de una jornada histórica.

La magnitud del desplome ha sido tal, que el mercado de Chicago, principal plaza de negociación de los contratos de futuros del West Texas, ha autorizado que el petróleo pueda cotizar en negativo, cosa que finalmente ha ocurrido. Aunque no está claro exactamente cómo funcionaría el comercio de petróleo en un escenario de precios negativos, en los mercados de gas natural de Estados Unidos –que han estado plagados de precios negativos debido a la escasez de espacio en los gaseoductos– los productores han llegado a pagar a otros para que se lleven su producto.

La naturaleza del funcionamiento del mercado de petróleo está detrás del brusco descenso que está experimentando el West Texas. Los contratos de futuros de mayo expiran mañana y se han desplomado ante las reservas ya almacenadas y las perspectivas de que el frenazo en la demanda continúe limitando el consumo de crudo. No se espera más consumo, ya se tienen grandes cantidades de oro negro almacenadas y, por lo tanto, los precios se hunden ante la falta de interés.

Javier Molina, portavoz de eToro en España, explica el funcionamiento del mercado de futuros. "Cuando se invierte en petróleo no se está comprando el mercado spot, estás comprando futuros, cuando se cumplen vencimientos, los instrumentos financieros como los ETFs se van cubriendo", ilustra el experto. "El sector sabía que este primer trimestre iba a ser malo, pero es que este segundo va a ser peor de lo que habían descontado, el sector está ajustándose a la negativa realidad", afirma.

Y es que se trata de la tormenta perfecta. "No hay límite a la caída en los precios cuando los inventarios y las líneas de producción están llenas" ha tuiteado Pierre Andurand, director de inversiones del fondo Andurand Capital. El experto, incluso, no descarta mayores hundimientos en el precio: "Los precios negativos son posibles, pero no estoy diciendo que vaya a ocurrir, y si sucediera, sería durante un periodo de tiempo muy corto".
(Expansión, 21-04-2020)

España propone un fondo europeo de 1,5 billones para hacer frente al coronavirus
Las horas previas al decisivo Consejo Europeo del próximo 23 de abril van a estar protagonizadas por propuestas, ideas y papeles sobre cómo financiar la recuperación de la economía europea tras la crisis del coronavirus. España ha dado un primer paso y ha propuesto un fondo europeo de 1,5 billones en un documento previo a la cumbre de esta semana, adelantado por El País y al que ha tenido acceso El Confidencial.

La propuesta del departamento de Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, va en línea con el ambiente general del debate en Bruselas: hace falta un fondo de más de un billón que se financie con bonos europeos. La cuestión es cómo estructurar esa idea.

La idea española son bonos perpetuos respaldados por el Banco Central Europeo (BCE) y cuyos intereses puedan pagarse con los recursos propios de la Unión Europea, y que deberían aumentarse con nuevos ingresos, como serían los impuestos europeos sobre el plásticos, sobre los gigantes europeos o sobre emisiones en frontera, posibilidades que se debaten para el futuro.

El objetivo sería “otorgar subvenciones a los Estados miembros a través del presupuesto de la UE en función de una clave de asignación nacional relacionada con el impacto de la crisis Covid-19”, reza el documento, que explica que ese impacto debería medirse con el porcentaje de población afectada, la caída del PIB o el aumento del desempleo.

El equipo de Calviño propone a los líderes europeos que el Fondo esté en marcha para comenzar su actividad el 1 de enero de 2021 y que debería funcionar durante los dos o tres primeros años del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), una idea compartida por Johannes Hahn, comisario de presupuesto, que también cifró en 1,5 billones el tamaño con el que debería contar el fondo.

El documento también pide que este fondo de recuperación se convierta en un “presupuesto del euro, que funcione como un instrumento de estabilización real”. El problema es que este debate es tremendamente corrosivo y puede minar una de las claves para que los nórdicos acepten esta propuesta: que esté claro que este Fondo y la emisión de bonos son claramente temporales. Temen que cualquier cambio puntual para hacer frente al Covid-19 acabe convertido en un cambio estructural de la Eurozona.

La Comisión Europea presentará en los próximos días una nueva propuesta para el MFP, cuyo primer borrador puso sobre la mesa hace ahora dos años con un tamaño del 1,11% de la renta nacional bruta (RNB). La batalla por el tamaño y por dónde habría que realizar los recortes bloqueó a los socios europeos durante los meses previos al inicio de la crisis del coronavirus.

Los nórdicos, liderados por Países Bajos, buscaban un presupuesto que se mantuviera en el 1% del RNB con recortes en las partidas tradicionales, mientras que países sureños, como España, y también del bloque del este, pedían un MFP más cercano a la propuesta de la Comisión Europea, manteniendo intactas las partidas que los nórdicos querían recortar: la política de cohesión y la Política Agraria Común (PAC).
(La Vanguardia, 21-04-2020)

El CGPJ plantea que los inquilinos puedan oponerse a los desahucios por impago alegando fuerza mayor
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este la remisión de trece propuestas al Ministerio de Justicia para que este estudie su posible inclusión en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la Administración de Justicia en relación con la gestión de la pandemia de coronavirus Covid-19 que prepara el Gobierno. Entre ellas, que los inquilinos puedan oponerse a los desahucios por impago alegando causas de fuerza mayor.

La remisión de las propuestas, algunas de las cuales figuraban en el primer documento de trabajo para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma, responde a una petición urgente que Justicia formuló el pasado viernes a los vocales que forman parte de la Comisión Mixta constituida entre ese departamento y el CGPJ.

El documento incluye seis medidas para el orden jurisdiccional civil, dos para el contencioso-administrativo y cuatro para el social, además de una de carácter general para introducir en el real decreto-ley un precepto que establezca las reglas aplicables al cómputo de términos y plazos administrativos y procesales interrumpidos y suspendidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

El objetivo de esta propuesta es unificar criterios y evitar dispersión interpretativa en relación con el cómputo de los plazos y términos procesales y administrativos, así como de los plazos de prescripción y caducidad, que se han visto suspendidos o interrumpidos por la declaración de estado de alarma. Por ello se propone introducir un nuevo precepto que, en aras de la seguridad jurídica, establezca un marco normativo claro y preciso que aclare las reglas de cómputo de plazos.

El texto remitido a Justicia plantea que los plazos procesales o administrativos que hubieran quedado suspendidos o interrumpidos se reanudarán, por el tiempo restante, el primer día en que el estado de alarma no esté vigente. En los plazos establecidos por días, los restantes se computarán como hábiles o naturales según que el plazo interrumpido o suspendido se hubiese establecido en días hábiles o naturales.

En cuanto a los plazos establecidos por meses o años, para determinar el día final del plazo se adicionarán a partir del día de vencimiento ordinario, computado de fecha a fecha, los días naturales del periodo de interrupción o suspensión.
(El Mundo, 21-04-2020)

Aquí trobareu tota la normativa publicada al BOE en relació a la crisi sanitària del COVID-19. Cal tenir en compte, que es tracta d’un document en continua actualització i revisió.
 
 
 
 
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