NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 25 AL 27 D’ABRIL DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 25-04-2020)

Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020
Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
(BOE, 25-04-2020)

Prórroga de los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 25-04-2020)

Medidas excepcionales en materia de formación permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las tarjetas de identidad profesional del personal de seguridad privada
Orden INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de formación permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las tarjetas de identidad profesional del personal de seguridad privada.
(BOE, 25-04-2020)

Prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020
Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 25-04-2020)

Euro
Resolución de 24 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 24 de abril de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 25-04-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/index.php?s=3

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 25 AL 27 D’ABRIL DE 2020

Fiscal

El plazo de pago a proveedores sube a 35,1 días en el Estado y baja a 39,85 en las CCAA en febrero
El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de la Administración Central aumentó en febrero 0,24 días en relación con enero, hasta los 35,1 días, mientras que en las comunidades autónomas se redujo en 4,17 días, hasta los 39,85 días, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, las entidades locales registraron un plazo de pago a proveedores de 87,71 días en febrero, lo que supone, frente a enero de 2020, un aumento de 14,51 días, debido a una ralentización en los pagos, probablemente ligado a la fase de liquidación del presupuesto de 2019 y apertura del presupuesto de 2020.

No obstante, Hacienda subraya que el 60% de las entidades presentan pagos iguales e inferiores a 31,90 días. Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se situó en 11,56 días, lo que supone una disminución de 2,75 días en relación con enero. Los datos publicados por Hacienda se corresponden al mes de febrero, por lo que no recogen aún el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19 en el plazo de pago a proveedores de las distintas administraciones, que previsiblemente se reflejará en los datos de marzo.

En el Estado la ratio de operaciones pagadas se ha situado en 33,56 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado 36,83 días. A su vez, en las CCAA la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 38,92 días, 4,52 días menos, y la de operaciones pendientes de pago en 40,86 días, con 3,77 días menos. De igual forma, el importe de la deuda comercial de las comunidades autónomas asciende a 4.429,94 millones de euros, equivalente al 0,34% del PIB nacional, lo que supone una disminución del 9,78% respecto al mes anterior.

Por último, de las principales ciudades, cinco presentaron un PMP superior a 30 días: Sevilla (43,61 días), Zaragoza (34,5), Las Palmas de Gran Canarias (95,39), Valencia (35,35) y Palma (35,02), frente a Málaga (24,04), Barcelona (17,58), Madrid (15,13), Coruña (23,16) y Murcia (18,6) que se situaron por debajo.
(El País, 26-04-2020)

El paquete de estímulos fiscales español es el menor de las grandes potencias de la UE
Las medidas clave tomadas por España han tenido un impacto de unos 13.900 millones de euros, aunque dependiendo de la duración de la pandemia y de su requerimiento la cantidad podría ser mayor, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recoge los principales mecanismos fiscales puestos en marcha por todos los países del mundo a fecha de 16 de abril. El fondo, de hecho, va más allá y cuantifica las medidas dirigidas a los servicios de salud, a las prestaciones por ERTE, a subsidios, a la extensión de los plazos tributarios para pymes y autónomos, etc. Asimismo, a ello se suma el montante de 100.000 millones en garantías estatales a préstamos para empresas y trabajadores por cuenta propia a través del ICO, así como otras líneas de crédito.

Alemania se sitúa como uno de los países del mundo que ha adoptado medidas fiscales de mayor impacto, entre las que se incluye un presupuesto de 156.000 millones de euros orientados al gasto en equipos de atención médica, capacidad hospitalaria e inversión en la investigación de la vacuna, así como la movilización de unos 757.000 millones de euros en garantías públicas a préstamos para empresas y aseguradores de crédito.

En Italia, el Gobierno adoptó un paquete de emergencia dotado con 25.000 millones para fortalecer el sistema de salud, preservar el empleo, apoyar los ingresos de los parados y autónomos y otras medidas para apoyar a las empresas. Además, movilizó garantías estatales adicionales de hasta 400.000 millones. Todas las medidas permiten a desbloquear más de 750.000 millones de liquidez para empresas y hogares.

Francia, por su parte, aumentó la dotación fiscal dedicada a abordar la crisis a 110.000 millones de euros, donde se incluye tanto las medidas de liquidez como otras dirigidas al sistema sanitario, a lo que se suma un paquete de garantías de préstamos bancarios y sistemas de reaseguro de crédito por valor de 315.000 millones de euros.

Por otro lado, Mapfre Economics, en la actualización de su cuadro macroeconómico, estima que la crisis ocasionará una contracción en la economía española de entre el 5,6 y el 10,7% este año, que elevará la tasa de paro a una horquilla de entre el 17,4% y el 23,4%, teniendo en cuenta por un lado un escenario en el que el impacto es mínimo y, por el otro, una coyuntura de riesgo, en la que se agravan las consecuencias de la crisis. Para 2021, prevé que el PIB español se recupere con una variación positiva de hasta el 4,4% en el mejor de los casos o que disminuya un 0,1% en el peor. El desempleo se situaría en una tasa de entre el 16,5% y el 21%.

Por todo ello, los expertos creen que la activación de medidas estabilizadoras en España tendrá “un impacto colosal” sobre las cuentas públicas, no solo por el gasto corriente necesario sino por la reducción en los ingresos que se derivan de la actividad económica. Conforme a sus cálculos la deuda superará a finales de 2021 el 115% del PIB, aunque aprecia “cierto margen” gracias a los bajos tipos de interés y a la política de balance del Banco Central Europeo (BCE).

Además, los datos provisionales del informe reflejan que la demanda interna caerá entre un 4,7% y un 9,3% en 2020, mientras que la del exterior bajará entre un 0,9% y un 1,4%. Con respecto al déficit, se estima que se sitúe entre un -6,4% y un -8,8%.
(Cinco Días, 25-04-2020)

Cataluña aprueba Presupuestos con una fuerte alza fiscal y dos nuevos impuestos ambientales
Cataluña cuenta desde este viernes con unos nuevos Presupuestos, que incluyen la creación de dos nuevos impuestos ambientales pioneros en España y también una sustancial subida de algunas figuras impositivas, entre ellas el tramo autonómico del IRPF para las rentas de entre 90.000 euros y 175.000 euros, que consolidará a Catalunya como la comunidad donde este tributo es más elevado.

Las cuentas salen adelante en el Parlament con el voto de JxCat y ERC, y la abstención de los aliados de Podemos en la comunidad, los comunes. "Tras años de austeridad, abrimos una nueva etapa", ha explicado en el pleno el número dos de la Generalitat y consejero de Economía, el republicano Pere Aragonès. Cs, PSC y PP las rechazarán porque consideran que se han quedado "desfasadas" por el impacto del coronavirus ya que de hecho, el preacuerdo se cerró antes del inicio del estado de alarma. Por su parte, varias entidades sociales también las rechazan ya que, según dicen, no revierten los recortes, frente a lo que asegura el Govern.

Son unas cuentas marcadamente expansivas, ya que incorporan un sustancial incremento del gasto público, cifrado en los 3.000 millones de euros. Servirán en parte, para cubrir los 1.800 millones que según las primeras estimaciones, costará la lucha contra el Covi-19 a la red sanitaria pública.

A este dato, hay que añadir las ayudas, subvenciones y bonificaciones que la Generalitat pondrá en marcha este año para diferentes colectivos, como pymes, entidades deportivas y empresas culturales. De estas forma pretende que todos estos sectores puedan afrontar la caída en la facturación que ha supuesto el estado de alarma.

Las cuentas prevén una alza fiscal. Era una de las condiciones de los comunes para facilitar la aprobación de los Presupuestos, y este objetivo se ha mantenido pese a la crisis sanitaria, económica y social que está suponiendo la pandemia. A la creación de un nuevo subtramo en el tramo autonómico del IRPF, este año nacerán dos nuevos impuestos ambientales pioneros en España.

Uno de ellos grabará las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por parte de la automoción, y se inspira en el principio quién contamina, paga. El otro es un canon por el impacto que tienen en el ecosistema los centros en los que se produce energía y las redes de telecomunicaciones. Ambas figuras impositivas cuentan con la frontal oposición de la patronal de la gran empresa catalana, Fomento del Trabajo, y varios agentes del sector.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en cuanto al recargo sobre el CO2, esta semana la Generalitat anunció que en su primer año de entrada en vigor, activará una bonificación, que será proporcional a la duración del estado de alarma. Esta decisión ya ha causado malestar entre las entidades ecologistas, partidarias de esta figura impositiva.

En el tributo donde no va a haber cambios es en el que pagarán las eléctricas y las operadoras de telecomunicaciones. Por este concepto, se prevén ingresar hasta diciembre 72,6 millones de euros. En 2021, el primer año en el que el impuesto estará totalmente en vigor, la cifra ascenderá a 145,1 millones.

Otra alza significativa tendrá lugar en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esta reforma fue otra exigencia de los comunes, con el objetivo de pasar página a las bonificaciones que impulsó el expresidente Artur Mas a principios de 2011, justo después de aterrizar en la Generalitat.

Habrá una moratoria para que las empresas tengan más tiempo parar abonar el gravamen sobre los refrescos con exceso de azúcar, que se puso en marcha en 2017, y la tasa turística. De hecho, el sector hotelero es uno de los más afectados por la pandemia, ya que el estado de alarma ha significado prácticamente su cierre y las perspectivas para la temporada son muy negativas.
(La Vanguardia, 25-04-2020)

Laboral

Iglesias confirma que el ingreso mínimo vital será efectivo el próximo mes de mayo
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha confirmado que "el Ingreso Mínimo Vital (IMV) va a estar en mayo", medida que ha defendido como "fundamental" porque "hay mucha gente que está en una situación desesperada" y con "muchas dificultades para llenar la nevera". En declaraciones a la Sexta TV Iglesias, que ha asumido que se han cometido "errores de comunicación" en la gestión de la crisis del coronavirus, ha reconocido que "en el Gobierno se discute y después se llega a acuerdos" y que, en el caso del Ingreso Mínimo Vital, se discutió sobre "el momento" para su implantación.

En este sentido, el líder de Unidas Podemos ha defendido que, en plena cuarentena, su puesta en marcha inmediata era "fundamental" porque "en el confinamiento la gente no se puede buscar la vida mediante mecanismos informales". "El Ingreso Mínimo Vital va a estar en mayo", ha reiterado Iglesias, que ha asegurado que la medida se materializará aunque para ello los ministros se tengan que "quitar horas de sueño". "Hay muchas familias españolas que están en una situación desesperada", ha recordado.

Ha aclarado que "los niños que pueden salir a jugar son los niños que tienen hasta 13 años incluidos" y en cuanto a los mayores de esa edad se ha remitido a los términos que ya establecía el decreto de alarma, a hacer un recado, a comprar...". "A partir de los 14, 15, 16, 17... claro que pueden salir, pero no a jugar", ha reiterado Iglesias, que asimismo ha agradecido a los niños y niñas su "esfuerzo enorme" durante la cuarentena.

El vicepresidente segundo cree que la crisis del COVID-19 "está poniendo encima de la mesa el drama que ha representado la privatización de buena parte de las residencias de mayores en nuestro país", además de "la presencia de fondos buitre" y la "enorme precariedad" en la que trabajan los profesionales de estas residencias.
(El País, 26-04-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Gobierno relaja la Ley Concursal ante la avalancha de quiebras
El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un Real Decreto-Ley, en el que, entre otras medidas, se relajan las exigencias de la Ley Concursal, se amplía plazos y se prevé la creación de nuevos juzgados especializados, siguiendo la línea de las propuestas del Consejo General del Poder Judicial, para evitar la liquidación de miles de empresas insolventes en la actualidad por culpa de las medidas adoptadas para combatir el Covid-19.

Así, en los pagos pendientes, que venzan después de la declaración del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020, quedarán aplazados por seis meses, sin intereses, por el periodo de aplazamiento, a contar desde la fecha de los vencimientos, cualquiera que sea la duración de la espera pactada. El borrador, pendiente de posibles modificaciones en la reunión ministerial, regula que esta moratoria no afectará a las demás obligaciones del convenio por el deudor o terceros, así como tampoco a los acuerdos singulares de pago que el concursado haya alcanzado con acreedores no vinculados al convenio previos al estado de alarma.

Desde la fecha de eficacia del convenio, se aplicarán estas reglas a aquellos que, habiendo alcanzado las mayorías del pasivo concursal ordinario, estuvieran pendientes de aprobación por el juez al declararse el estado de alarma.

Durante el año siguiente al fin del estado de alarma, el concursado podrá presentar una propuesta de modificación del convenio en período de cumplimiento, a la que acompañará una relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio, no hayan sido satisfechos, así como un plan de viabilidad y un plan de pagos. La propuesta se tramitará con arreglo a las mismas normas del convenio originario.

A lo largo de los seis meses siguientes al fin del estado de alarma, el juez trasladará al deudor las solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio que presenten los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses desde la fecha de presentación. En esos tres meses, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitarán con prioridad sobre la solicitud de declaración de incumplimiento.

En caso de liquidación, se considerarán créditos contra la masa los derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la de modificación del ya aprobado por el juez.

Desde la entrada en vigor del real decreto-ley y durante el año siguiente a al estado de alarma, el deudor que tenga homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado, que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no haya transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.
(Expansión, 27-04-2020)

El Gobierno dejará pasear a los mayores y advierte a los padres de posibles ajustes
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comunicado que los ancianos también podrán salir a pasear desde el próximo 2 de mayo, fecha a partir de la cual quedará autorizado hacer ejercicio de forma individual en la calle, si continúa esta "progresión favorable" de la pandemia. Se Los mayores se podrán así beneficiar "con toda seguridad" de un alivio del confinamiento que arrancará en una semana. Una posibilidad que el Gobierno ya se planteaba el pasado jueves en la Comisión de Sanidad del Congreso, pero no ha sido hasta este domingo cuando la ha confirmado. En los próximos días, una orden ministerial regulará las condiciones de esta medida, como se hizo para precisar las condiciones de las salidas de los menores de 14 años, en vigor desde este 26 de abril.

Illa ha manifestado que España "está consolidando el descenso [de las cifras de contagios y fallecidos por coronavirus] y está doblegando la curva" de la evolución de la enfermedad, según las cifras publicadas hoy por su departamento: 288 muertes en las últimas 24 horas; primera vez que no se superan las 300 diarias desde el 20 de marzo. "Hemos conocido el mejor dato hasta ahora. Del 35% de incremento [de casos positivos] del 14 de marzo al 0,8% hoy", ha declarado en una rueda de prensa telemática junto a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, coordinadora del equipo que prepara la desescalada.

A pesar de insistir en que España camina hacia la "fase de transición", el titular de Sanidad no descarta que el Gobierno tenga que solicitar al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma —aunque con limitaciones más flexibles que hasta ahora— a partir del 10 de mayo. Si hubiera incumplimientos notables, eso sí, el ministro da por hecho que habría "ajustes" en estas condiciones y pide "responsabilidad" a los padres que, desde hoy, ya pueden pasear por la calle junto a sus hijos. Illa ha asegurado que no había visto las imágenes de aglomeraciones difundida en las redes sociales —tanto él como Ribera acompañaron al presidente en la videoconferencia con las CCAA—, aunque podía afirmar, por la información de que disponía, de que las reglas 1-1-1-1-3 (una hora, un kilómetro, un adulto, una vez al día y como máximo tres niños) "se están cumpliendo de manera general".

Por su parte, Ribera ha anunciado que "en las próximas semanas", el Gobierno iniciará un "proceso gradual de reactivación de la economía que trabajará en la reapertura de sectores que quedaron restringidos en el primer decreto", la norma que inauguraba el estado de alarma vigente desde el 14 de marzo. Una estrategia que la vicepresidenta cuarta ha resumido de la siguiente forma: "Hay que ir perdiendo el miedo a la actividad económica sin perder miedo al virus".

La responsable de Transición Ecológica aún no ha detallado qué ámbitos se beneficiarán de esta medida, a falta de "entender qué sectores son vulnerables y pueden tener una más difícil recuperación", ha declarado. Este plan seguirá, no obstante, los criterios de "prevención, prudencia y proporcionalidad".
(El Mundo, 27-04-2020)

La reactivación de la economía se hará por sectores comenzando por "vulnerables" con difícil recuperación
La reapertura de la economía se hará por sectores y en horizontes temporales, teniendo en cuenta los sectores "vulnerables que pueden tener una difícil recuperación en el tiempo por venir" y bajo los principios de "prevención, prudencia y proporcionalidad". Así lo ha anunciado la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Ribera, que ha insistido en la "base de la seguridad sanitaria, la salud pública y de cada uno de los actores que trabajan en cada uno de esos ámbitos de actuación".

"Se irá trabajando en la reapertura conforme vayamos teniendo confirmación de la solvencia de la seguridad sanitaria de sectores que quedaron restringidos o actividades aún latentes con el primer decreto con el que se identificaban las limitaciones asociadas a la declaración del Estado de alarma", ha explicado Ribera. La ministra ha señalado que habrá que tener en cuenta "esos sectores tractores que han quedado en una situación limitada o sectores vulnerables que pueden tener una difícil recuperación en el tiempo por venir".

Para ello, Ribera ha señalado que se llevará a cabo "una recuperación diferenciada en el que el entendimiento sector a sector, el seguimiento especial de aquellos más afectados va a resultar fundamental". En cualquier caso, la ministra ha insistido en que esta reactivación de la economía está regida por "los principios generales de la prevención, la prudencia y la proporcionalidad".

"No podemos pensar en la apertura de nada si no hay una protección suficiente de los trabajadores teniendo en cuenta los diferentes niveles de riesgo asociados", ha aseverado. Todo ello requerirá "un tiempo de aprendizaje y consensos para la nueva normalidad", ha explicado Ribera, que ha destacado la importancia de la "proporcionalidad", ajustándose a cada sector para minimizar tanto el impacto económico negativo como el riesgo de repunte.

"A medio plazo será necesario valorar la capacidad de recuperación de cada sector acomodando la estrategia de reactivación económica de acuerdo con esta información", ha explicado la ministra socialista. En esta línea, ha señalado que algunos sectores podrán adaptarse de manera más rápida y otros contarán con una dificultad asociada a la temporalidad en empleo o a pequeñas empresas que necesitarán "un acompañamiento distinto".

La ministra ha hecho hincapié en la dimensión territorial de esta reactivación ya que las condiciones de seguridad deberán darse para comenzar la reactivación. "El trabajo con los representantes del gobierno autonómico es fundamental para el seguimiento de los indicadores (...) que permiten dar los pasos sobre seguro", ha determinado.

Asimismo, la ministra ha apuntado a diferentes variables relevantes como los niveles de aprovisionamiento de la industria, la demanda interior o exterior y las cadenas de valor de los procesos que también explican o muestran hasta qué punto la recuperación de la confianza económica "requiere un mismo especial".
(Cinco Días, 26-04-2020)

Los jueces españoles se inclinan por anular el IRPH tras el fallo de Europa
Más de un mes después de que Europa dejara la nulidad del IRPH en manos de los magistrados españoles, varios juzgados ya han ordenado sustituir este índice de préstamos hipotecarios por la frecuente fórmula del euríbor más un diferencial al ser la alternativa más beneficiosa para el consumidor. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en marzo abrió la puerta a los jueces nacionales para que analizaran, caso por caso, si las entidades comercializaron el IRPH de forma transparente, ha reactivado las causas que habían sido suspendidas a la espera del dictamen de Luxemburgo.

Tal es el caso del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Burgos, que recientemente ha dado la razón a una cliente que en 2005 suscribió una hipoteca de 149.000 euros con CaixaBank. Según la demandante, el tipo de referencia fue establecido "unilateralmente por la entidad" sin que ésta le informara "de qué es el IRPH, cómo se configura y su evolución histórica siempre por encima del euríbor".

Una versión a la que se opuso CaixaBank, que alegó que las cláusulas que incluyen sus escrituras "están redactadas en el mismo formato que el resto del texto, de forma sencilla, clara, concreta y perfectamente comprensible". Para la magistrada, en cambio, la escritura "evidenciaba una ausencia de información detallada y pormenorizada que no permite que un consumidor pueda llegar a comprender el cálculo del índice de referencia", aunque esté legalmente permitido.

Esto es, la entidad no suministró información suficiente a la demandante para que pudiera comprender "el alcance económico y jurídico" de su decisión, apunta la sentencia, que además de imponer la sustitución del IRPH por el euríbor más un diferencial del 0,50, obliga a CaixaBank a devolver cerca de 500 euros a su cliente por atribuirle "la práctica totalidad de gastos presentes y futuros".

En líneas similares se ha manifestado la titular del juzgado de Primera Instancia número 6 de Lleida, que también ha declarado nulo el IRPH de otra hipoteca suscrita con CaixaBank, cambiando este índice por el euríbor.

A tenor de las pruebas, "no se ha probado si se explicó o no el método de cálculo y las consecuencias jurídicas de escoger el IRPH", prosigue la magistrada, que recuerda que a pesar de que el banco "arma su defensa" en que se trata de "un índice de referencia oficial controlado por el Banco de España", se debe cumplir siempre con el control de transparencia.

Algo en lo que insiste en otra sentencia, ésta sobre una hipoteca formalizada en 2010 con el Banco Santander, al que obliga, además, a devolver a los demandantes "todas aquellas cantidades que hayan pagado en exceso" en concepto de intereses desde 2011. La titular del juzgado catalán advierte de que "no existe simulación alguna" sobre posibles escenarios económicos que pudieran afectar a la evolución de los tipos, "no hay información clara y comprensible sobre el coste comparativo con los préstamos de la misma entidad", y "se ubica entre cifras y datos que impiden al consumidor valorar la importancia de la cláusula".

Tales resoluciones se unen a la dictada por un juzgado de Palma, en la que se condena a CaixaBank por no acreditar que "haya informado a los consumidores de cuál había sido la evolución del IRPH durante los dos años naturales anteriores a la celebración de los contratos de préstamos y del último valor disponible".
(Cinco Días, 25-04-2020)

El euríbor sube con fuerza al crecer la desconfianza entre los bancos
El euríbor a 12 meses ha pisado el acelerador en la escalada que inició a mediados del mes de marzo. El drástico cambio de tendencia del tipo hipotecario como consecuencia de las medidas económicas extraordinarias puestas en marcha para atajar el coronavirus continúa y el índice ha pasado de tocar mínimos históricos el 12 de marzo en el -0,368% a encaminarse hacia el umbral del 0%. El 22 de abril marcó una tasa diaria del -0,053% y la media provisional del mes se sitúa ya en el -0,110%.

La remontada del indicador de referencia para la mayoría de los préstamos hipotecarios a tipo variable que se suscriben en España es coyuntural, según los expertos, pero algunos no descartan un retorno a tasas positivas en el corto plazo. No hay consenso al respecto, en todo caso, debido a la dificultad para hacer previsiones en un escenario tan incierto como el actual, advierten los analistas.

La crisis a todos los niveles provocada por la pandemia ha trastocado la cotización del euríbor, especialmente en el plazo a 12 meses. Indica el tipo de interés al que los bancos de la eurozona se intercambiarían dinero entre ellos y, desde hace más de cuatro años, está en negativo motivado sobre todo por la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE). Pero el impacto del coronavirus ha generado una tensión en el mercado interbancario que va en aumento y los bancos desconfían cada vez más los unos de los otros. “El riesgo de crédito de las entidades financieras ha repuntado ligeramente, lo que ha provocado el alza del euríbor”, explica Andrés Aragoneses, analista de Singular Bank.

En su opinión, no sería descabellado ver el euríbor a 12 meses en positivo en los próximos meses, “más aún si se prolonga el período de tiempo hasta que volvamos a la normalidad”. Sostiene que “previsiblemente los tipos de interés oficiales del BCE permanecerán bajos y la tasa de mora podría aumentar, debilitando así los balances y la capacidad de pago de la deuda de algunas entidades financieras, lo que podría desincentivar el hecho de que se presten a tipos de interés aún más bajos en el corto plazo”.
(Expansión, 25-04-2020)

Sector

Justicia plantea que los juzgados sean centros de trabajo restringidos al público tras la pandemia
El Ministerio de Justicia plantea que una de las medidas a adoptar de manera urgente una vez se levante el estado de alarma declarado el pasado 14 de marzo por la pandemia del coronavirus sea habilitar los juzgados como centros de trabajo limitados y restringidos al acceso exterior.

Así lo han comunicado este viernes el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, y el secretario general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez y el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón en una reunión por videoconferencia.

Según ha informado el Ministerio de Justicia en una nota de prensa, el encuentro ha tenido como objeto las líneas generales del real decreto-ley que aprobará el Gobierno para responder de manera "urgente, eficiente y ordenada" a la reactivación de la Justicia garantizando la seguridad laborales de todos los profesionales. Así, además de que los juzgados sean habilitado como centros de trabajo limitados y restringidos al acceso exterior, se plantea adoptar medidas extraordinarias de movilidad y jornada laboral que permitan asegurar la distancia de seguridad interpersonal.

La propuesta pasa porque los funcionarios puedan acogerse de forma voluntaria a turnos de mañana o tarde durante un tiempo determinado y, si fuera necesario, autorizar su movilidad entre órganos judiciales del mismo orden jurisdiccional y misma localidad. Las medidas incluidas en el Real decreto-ley tendrán un ámbito temporal limitado a la vigencia del estado de alarma y los tres meses siguientes, explica Justicia. Además, los servicios que prestan las sedes judiciales al público y profesionales deberán adaptarse a las restricciones que determinen las autoridades sanitarias.

El objetivo de estas medidas es sentar las bases normativas para que la vuelta a la actividad judicial se apoye en un protocolo de seguridad laboral consensuado, que deberá estar apoyado por suficientes recursos de protección personal, apostilla el Ministerio. Por otro lado, como ya hicieron en la reunión que tuvo lugar la semana pasada, los altos cargos del ministerio han revisado con los representantes de los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales, la hoja de ruta consensuada que prepara Justicia tras el estado de alarma.
(Expansión, 25-04-2020)

Aquí trobareu tota la normativa publicada al BOE en relació a la crisi sanitària del COVID-19. Cal tenir en compte, que es tracta d’un document en continua actualització i revisió.