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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 30 D’ABRIL DE 2020 Mercantil, Civil i Administratiu Continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido Euro
Fiscal España redujo un 13,9% su déficit en el primer trimestre, hasta los 5.509 millones Sin incluir el gasto correspondiente al pago de intereses de la deuda pública, el déficit estatal del primer trimestre baja a 364 millones, frente a los 900 millones de marzo de 2019. Asimismo, la reversión al Estado de las autopistas de peaje AP-7 y AP-4 en enero tras finalizar su concesión ha tenido un impacto contable no recurrente de 1.745 millones de euros, que Hacienda recuerda que va a afectar al volumen de ingresos y gastos durante todo el ejercicio pero que no tendrá incidencia en el déficit. Los ingresos no financieros del Estado ascienden a 47.499 millones hasta marzo, un 2,4% más respecto al mismo periodo de 2019, si bien la recaudación de impuesto y cotizaciones cayó el 1,7%, hasta 40.608 millones. Destaca el IVA, cuya recaudación descienden un 3,8% en el primer trimestre, hasta 21.396 millones, una cifra que incluye el primer impacto del estado de alarma. Los ingresos por IRPF caen un 10,2%, hasta 9.705 millones, 1.097 millones menos que en el primer trimestre de 2019, de los cuales 961 millones corresponden al descenso en el mes de marzo. Por el contrario, el Impuesto sobre Sociedades aumenta en 710 millones, hasta 1.033 millones, debido a una devolución extraordinaria realizada en 2019 sin correspondencia en 2020. Los gastos no financieros crecen un 0,4%, hasta 53.008 millones, por la evolución de la inversión, los consumos intermedios y las transferencias al sistema de la Seguridad Social. Los consumos intermedios es la partida de gasto que más ha crecido por la pandemia este mes, un 58,1%, como consecuencia del gasto de 896 millones en el programa de prestaciones sanitarias y farmacia, sin correspondencia en 2019. La remuneración de asalariados sube un 2,6% por la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos y por la subida de retribuciones de los empleados públicos un 2% en 2020. Hasta febrero de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, se sitúa en 11.245 millones de euros, un 2,9% superior al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. La Administración regional acumula un déficit hasta febrero de 892 millones, el doble que un año antes, debido a que en los dos primeros meses de 2019 se concedieron anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómica por importe de 902 millones de euros, cifra que supera en más del doble el volumen concedido en 2020. El Gobierno envía a Bruselas el Plan Presupuestario con el impacto del coronavirus El nuevo Programa de Estabilidad, que se debe remitir a Bruselas como tarde este 30 de abril, incluirá la actualización de las previsiones macroeconómicas y el escenario fiscal a medio plazo, recogiendo por primera vez el impacto de la crisis del Covid-19, junto a la agenda de reformas y las medidas presupuestarias aprobadas y previstas a corto plazo por el Ejecutivo. La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya señalaron que conforme se acercase la fecha de su remisión se estaría en disposición de hacer una primera previsión "tentativa" del posible impacto de la crisis sanitaria y del confinamiento derivado del estado de alarma en las cifras macroeconómicas de la economía española, ya que las actuales previsiones han quedado "totalmente desfasadas". En concreto, tras crecer España un 2% en 2019, por encima de la media de la zona euro, el Gobierno rebajó en febrero su previsión de crecimiento para este año al 1,6% y elevó su estimación de tasa de paro al l3,6% en el cuadro macro que acompañaba el ya descartado proyecto presupuestario de este año. Para el resto de ejercicios auguraba un avance del PIB del 1,5% en 2021, el 1,6% en 2022 y el 1,7% en 2023, con unas tasas de paro del 13%, el 12,6% y el 12,3%, respectivamente. Además, calculaba que el déficit cerraría este año en el 1,8%, para bajar al 1,5% en 2021, al 1,2% en 2022 y al 0,9% en 2023, en paralelo a una reducción de la ratio de deuda pública sobre PIB, que disminuiría al 96,6% del PIB este año y seguiría cayendo hasta el 93,4%, el 91,7% y el 89,8% los tres siguientes ejercicios. Sin embargo, Calviño y Montero han admitido que estas previsiones han quedado "totalmente desfasadas" debido al impacto de la academia y las medidas de confinamiento y restricción de la actividad laboral, por lo que las nuevas previsiones recogerán una caída del PIB este año y un notable aumento del déficit y la deuda como consecuencia de la caída de la recaudación y el aumento de los gastos derivado de las medidas para paliar los efectos de la crisis. Desde el Gobierno han señalado no obstante que las previsiones serán prudentes dada la elevada incertidumbre sobre la duración de la crisis sanitaria y por consiguiente del estado de alarma, que se volverá a prorrogar una vez venza el actual el 9 de mayo y el proceso de desescalada del confinamiento, cuyo plan presentó Pedro Sánchez el martes y que se producirá en cuatro fases de forma "asimétrica" por provincias y se alargará al menos hasta finales de junio hasta llegar a la "nueva normalidad". En cualquier caso, todos los organismos y centros de estudios nacionales e internacionales han pronosticado caídas históricas de la economía española como consecuencia del Covid-19, mayores incluso que las registradas durante la crisis de 2008. El Banco de España cuantifica la caída del PIB este año entre el 6,6% y el 13,6%, en tanto que el FMI y el BBVA la cifran en un 8% y Funcas en un 7%, aunque para el próximo año prevén crecimientos: Banco de España entre el 5,5% y el 8,5%, FMI un 4,3%, BBVA un 5,7% y Funcas un avance del 5,4%. En cuanto al paro, el consenso de los organismos apunta a una destrucción de alrededor de 900.000 puestos de trabajo, sin contar los ERTE, con una tasa de paro de entre al 18,8% y el 20,8%. Laboral Las empresas, contra el Gobierno, exigen ampliar los ERTE seis meses más Antonio Garamendi, presidente de CEOE, afeó al Ejecutivo no haber sido consultado y haberse enterado del plan de desescalada por la televisión. El máximo dirigente de la patronal urgió a ampliar los ERTE por fuerza mayor más allá del estado de alarma “porque va a haber sectores que lo van a necesitar para la vuelta a la actividad”. En ese sentido aludió al comercio, al señalar que un bar podría no ser rentable si solo tiene el 30% de la terraza abierta y tiene que mantener toda la plantilla; al turismo, “que solo se recuperará si desaparecen las prohibiciones para volar”; o la industria del automóvil, “que no es rentable si funciona al 20% de su capacidad como lo hace en la actualidad”. Gerardo Cueva, presidente de Cepyme, criticó la escasa coherencia entre los planes del Gobierno y las estrategias sectoriales que estaban cerrando los sectores afectados. “No puede costar más abrir que continuar cerrado. Hay que tener en cuenta que se van a tener que hacer inversiones para adaptar los negocios”. Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera, aseguró que los planes de regreso a la normalida del Gobierno no recogen ninguna de sus peticiones: la ampliación de los ERTE por fuerza mayor otros seis meses, el diseño de un protocolo único para todos los hoteles, medidas de apoyo financiero o la realización de test masivos. De hecho ayer firmó un acuerdo con los labotarios Eurofins LGS Megalab para realizar test rápidos a los trabajadores del sector hotelero en Tenerife, La Palma, Gomera y El Hierro. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) reclama un plan de reactivación del tráfico aéreo con ambos archipiélagos, toda vez que van a ser las primeras autonomías que van a salir del estado de alarma y serán uno de los principales destinos del turismo nacional. Garrido exige un plan de incentivos que pasa por fijar el descuento de residentes para todos los pasajeros como principal medida. Una solicitud que puede comprometer las arcas públicas en un momento en el que ya se encuentran al límite por los planes presupuestarios para combatir la crisis del coronavirus. El último informe de la CNMC resaltaba que la ampliación al 75% del descuento para los billetes de avión a los residentes en los archipiélagos, en vigor desde el 16 de julio de 2018, ha provocado que el coste haya subido de 309 millones en 2017 a 563,1 millones en 2018 y a 765 millones en 2019. En España podrían perderse horas de trabajo equivalentes a 3,5 millones de empleos hasta junio El organismo internacional calcula que, en el segundo trimestre del año, en todo el mundo se prevé un deterioro del 10,5% de las horas trabajadas, el equivalente a "no menos de 305 millones de empleos a tiempo completo" (asumiendo en la conversión, 48 horas semanales por empleo). Esta previsión es superior a la del informe anterior, en la que apuntaba un descenso del 6,7% de las horas de trabajo, equivalente a 195 millones de empleados. La OIT explica que este empeoramiento de su previsión se debe a la prolongación y la ampliación de las medidas de confinamiento, y la expansión de la pandemia a otras regiones del mundo que en los informes anteriores se habían visto menos afectadas. Por lo que respecta a las regiones, la situación ha empeorado para la totalidad de los principales grupos regionales. Las estimaciones indican una pérdida de horas de trabajo equivalente al 11,8% en Europa y Asia Central. En el caso de España, el organismo internacional apunta a la pérdida del 18,6% de las horas trabajadas desde el inicio de la crisis y hasta el final del segundo trimestre, lo que supone 3,5 millones de puestos de trabajo. La OIT especifica que esto no significa que se pierdan dicha cifra de empleos, sino la caída en número de horas trabajadas, dado que "muchas están siendo absorbidas" por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y por reducciones de jornada, no solo por suspensión o destrucción de empleo. Díaz asegura que se derogará la reforma laboral "en cuanto lo permita la situación de la pandemia" Díaz consideró que "es el momento de abordar la precariedad laboral "y que no es posible mantener "relaciones laborales patológicas que afectan en un 34% a las personas jóvenes". La ministra señaló que esa precariedad que "está en la última reforma laboral" es la que está "dificultando" la salida a la crisis por el Covid-19. En cuanto a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la ministra insistió en que "no hay duda" respecto a extenderlos más allá del periodo de alarma. "Han de continuar", según la ministra, que remitió a la negociación que se mantiene con los agentes sociales para ello. Por otra parte, Díaz afirmó que, antes de la pandemia, estaba "preparada" una modificación legislativa "para el reconocimiento de la laboralidad de los riders", y con la crisis ha quedado aparcada. Si bien dijo que "lo vamos a acelerar", al explicar que estos trabajadores siguen empleados durante esta crisis pero no pueden acreditar una reducción de la facturación para acogerse a la prestación por cese de actividad para autónomos, admitió que "estamos en condiciones extraordinarias". Mercantil, Civil i Administratiu Bruselas pide levantar las restricciones de viaje en la UE "tan pronto como sea posible" La política checa se expresó en ese sentido durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal de los comisarios europeos, en la que abordaron la situación del turismo ante la Covid-19. Jourová insistió en que se necesita "el mismo enfoque" para levantar las restricciones de viajes dentro de la UE, entre las fronteras de los diferentes Estados miembros. Países como España mantienen cerradas sus fronteras para combatir la actual crisis sanitaria. En cuanto a las fronteras exteriores del club comunitario, clausuradas al menos hasta el 15 de mayo, consideró que la apertura se deberá realizar en una segunda fase y teniendo en cuenta el estado de la pandemia en países terceros. La vicepresidenta de la Comisión adelantó que el Ejecutivo comunitario trabaja en unas directrices sobre esas cuestiones que se publicarán a mediados de mayo. Jourová agregó que el levantamiento de las restricciones también deberá tener en cuenta las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, orientaciones de salud y seguridad, así como medidas para garantizar la seguridad de turistas y trabajadores del sector. "Está bastante claro que no queremos tener discriminación alguna. No debería haber selección de quién puede entrar al país y quién no sobre la base de la ciudadanía o nacionalidad. Ese es el principio que queremos mantener", resaltó. Los ministros de Interior de la Unión Europea ya pidieron este martes a la Comisión Europea que coordine el futuro levantamiento de las restricciones y controles que se aplican en las fronteras entre Estados miembros desde que comenzó la epidemia de coronavirus. "A ambos lados de las fronteras se deberán tomar las mismas medidas y al mismo tiempo. Creo que para muchos países de la UE (la cuestión) no es levantarlas o no, sino cómo hacerlo", dijo en una rueda de prensa telemática la comisaria europea de Interior e Inmigración, Ylva Johansson. La reapertura de las fronteras tendrá lugar de manera "gradual", empezando por las áreas que hayan registrado una disminución de los casos de COVID-19, según un comunicado difundido por la presidencia semestral del Consejo de la UE que desempeña Croacia. La Fed mantiene los tipos a cero y prepara más munición anti-Covid La Fed insistió en su compromiso de utilizar todas herramientas a su alcance "para apoyar la economía de Estados Unidos en este momento difícil, promoviendo así su máximo empleo y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad de precios". La Reserva Federal reconoce que el brote de coronavirus está causando enormes dificultades humanas y económicas, provocando fuertes caídas en la actividad y pérdida de empleo. El organismo que dirige Jerome Powell advierte, además, de que "la actual crisis de salud pública pesará mucho en la actividad económica, empleo e inflación a corto plazo, y plantea riesgos considerables a medio plazo", a lo que se añade una demanda más débil y precios del petróleo significativamente más bajos que están frenando la inflación. De momento, Estados Unidos ha cerrado el primer trimestre con una caída del PIB del 4,8%, porcentaje que podría superar el 30% entre abril y junio. En las últimas cinco semanas, cerca de 30 millones de estadounidenses se han acogido a los subsidios de desempleo y se teme que la tasa de paro supere el 20%. La Fed insiste en que los tipos se mantendrán en el terreno de cero hasta que los expertos de la institución "estén seguros de que la economía ha resistido los acontecimientos recientes y está en camino de lograr su máximo empleo y estabilidad de precios". Para determinar los próximos pasos, la Fed tendrá en cuenta una amplia gama de información, incluidas las condiciones del mercado laboral, los indicadores de presiones inflacionarias y expectativas de inflación y el análisis sobre desarrollos financieros nacionales e internacionales. Para apoyar el flujo de crédito a hogares y empresas, la Reserva Federal continuará comprando bonos del Tesoro y valores hipotecarios "en las cantidades necesarias para respaldar el buen funcionamiento del mercado". Desde mediados de marzo, el organismo ha destinado más de 2 billones de dólares a la adquisición de deuda pública y activos hipotecarios. Además, mantendrá sus intervenciones diarias en el mercado de deuda para asegurar la liquidez del sistema. La crisis del coronavirus ha provocado que la Fed trascienda su papel tradicional de sostén de los mercados para tratar de apoyar todos los sectores de la economía. Hace dos semanas, anunció un nuevo plan de préstamos por valor de 2,3 billones de dólares que se destinará a Estados, ayuntamientos y pequeñas y medianas empresas. El comercio minorista español sufre su mayor caída registrada Como ya se anticipaba, las dos semanas de confinamiento de marzo tuvieron un impacto devastador en el comercio minorista. Las ventas al por menor se desplomaron en marzo un 15,3% respecto al mes anterior, según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de la mayor caída mensual registrada en una serie que arranca en el año 2000. Un batacazo así no tiene precedentes. El peor dato registrado hasta ahora fue en septiembre de 2012, cuando el comercio minorista se hundió un 8% mensual en plena Gran Recesión por la entrada en vigor de la subida del IVA. Tras pedir el rescate y con la necesidad apremiante de reconducir las cuentas, el 1 de septiembre de ese año el Gobierno de Rajoy elevó el tipo general del impuesto del 18% al 21%, y el reducido del 8% al 10%. Muchos consumidores habían adelantado entonces sus compras, e incluso así el comercio solo se dejó la mitad que ahora. El segundo peor registro se dio en abril de 2012, con un retroceso del 4,4% mensual. Es decir, fue casi cuatro veces menor. En definitiva, no hay nada comparable a la caída de este marzo. Al estar corregidas de los vaivenes estacionales y de calendario, esta estadística se suele mover en el mes unas décimas arriba o abajo. Y ahora ha perdido 15 puntos completos. Todo apunta a que las cifras que arrojará abril serán todavía más duras, pues recogerán un mes entero de paralización y además reflejarán una fortísima caída sobre otra. Por sectores, en marzo solo subieron las ventas de alimentación, un 8,4%, disparadas por la reclusión de las familias. Fue la única partida en la que los hogares gastaron más. Solo el importante peso de esta rúbrica evitó que el hundimiento fuese mayor. “Venden mucho más, pero sus márgenes son mucho más reducidos debido a que se han duplicado los gastos de logística y ha aumentado el gasto en desinfección y material de protección para sus trabajadores”, señala Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio. La demanda de artículos de equipamiento personal, que representa sobre todo zapatos y vestimenta, descendió un brutal 54%. Es decir, con los comercios cerrados durante medio mes prácticamente no se compró nada a pesar de que se contaba con el canal de Internet, ya que estos datos también incluyen las compras online. Las ventas de equipo del hogar bajaron un 33%; las de carburante, un 26%; otros bienes, un 17%, y el resto, un 32%. “A pesar de que enero y febrero fueron buenos, la cifra de negocios descontando el factor estacional disminuyó el 4,9% trimestral y un 3,5% interanual, lo que representa la mayor contracción de las ventas minoristas en las últimas dos décadas”, explica Rafael Doménech, economista del BBVA. Esta cifra es coherente con la caída de horas trabajadas que ofrecía la Encuesta de Población Activa, del 4,25% entre enero y marzo. Y con el desplome del 4,7% que estimaba el Banco de España para el primer trimestre. El organismo supervisor ya sostenía que la economía se enfrenta a la mayor caída trimestral de la historia reciente —hasta el momento la peor fue en el primer trimestre de 2009, del 2,6%—. El servicio de estudios del BBVA ha elaborado un estudio sobre el consumo basándose en sus datos de uso de tarjetas en tiempo real. Esto incluye tanto las compras que se hacen con sus tarjetas como las que se abonan mediante terminales de la entidad. Y sus resultados son consistentes con esta información. Hallan que la caída es común a todos los países en los que trabaja el banco y que en España ha sido del 47% desde el 14 de marzo, día de entrada en vigor del decreto del estado de alarma. El Gobierno amplía el plazo para pedir el aplazamiento del pago del alquiler y ayudas a tres meses El Gobierno amplía los plazos para que los inquilinos vulnerables puedan beneficiarse de las medidas adoptadas en materia de alquiler. El pasado mes abril, al comienzo de la crisis, se estableció una moratoria automática en el pago de su renta del alquiler para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad. Debido al alargamiento del Estado de alarma y de las medidas de confinamiento, el Gobierno ha decido prolongar los plazos de solicitud a tres meses, desde el mes estipulado inicialmente. La medida también incluye para los microcréditos a interés cero avalados por el Estado, en los casos en los que no haya posibilidad de aplazamientos, aunque todavía el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana todavía no los ha puesto en marcha. La moratoria en el pago del alquiler se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses. El Gobierno además conminó a los caseros a realizar una reducción del 50% de la renta de los inquilinos durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si persistiese la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses. En los casos de que no hubiera un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado. El inquilino podrá solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. Este crédito no tendrá interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
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