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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 5 DE MAIG DE 2020 Fiscal Corrección de errores de la Orden HAC/329/2020, por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas Mercantil, Civil i Administratiu Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos por los que se determinan importes máximos de venta al público Euro Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Fiscal El PIB caerá un 8% este año sin rebrote del Covid y un 12% si vuelve en otoño También recoge una caída del 15,5% en un escenario adverso, en el que existe un nivel de parálisis "mucho más duro" que en el central con rebrote, en el que la actividad es mucho más lenta que en el escenario anterior y en el que hay dificultades para encontrar los antivirales o las vacunas se retrasan. Así lo ha señalado el vicepresidente de Confederación, Íñigo Fernández de Mesa, en una rueda de prensa telemática para ofrecer los datos de su estudio 'Estrategia España para la recuperación de la crisis del Covid-19', realizado en colaboración con Deloitte y Esade. Hace unas semanas, la patronal estimaba una caída del 5% en el mejor de los escenarios y del 9% en el peor de ellos. El Banco de España urge al Gobierno medidas fiscales Tras la publicación del Informe de Estabilidad Financiera del organismo, Hernández de Cos ha reconocido que las "necesarias" medidas de contención del coronavirus adoptadas por el Gobierno han tenido un impacto "muy severo" en la actividad económica, que ha incrementado "sustancialmente" los riesgos para la economía. Con todo, el gobernador destaca en el comunicado que los hogares y las empresas afrontan la situación con una posición financiera "significativamente más favorable que antes de la crisis financiera global", como resultado, sobre todo, de la "sustancial reducción de su endeudamiento" durante los últimos años. Además, el sector bancario español ha mejorado "de forma significativa" la calidad de su balance y sus niveles de solvencia en la última década, lo que le coloca en una "mejor situación para absorber esta crisis y para seguir facilitando la financiación que la economía precisa". No obstante, Hernández de Cos advierte de que la magnitud del deterioro económico de corto plazo "sin precedentes cercanos", la incertidumbre sobre su duración y la heterogeneidad en sus efectos y en la posición de partida de los agentes y de las entidades, obligan a mantener un seguimiento supervisor muy estrecho. En este sentido, urge a las autoridades a adoptar una respuesta "en las áreas fiscal, monetaria y prudencial", que deberá complementarse desde Europa, también de forma contundente. En concreto, sostiene, más allá de la batería de medidas ya aprobadas por el Consejo Europeo, "debe darse prioridad a la puesta en marcha de instrumentos que refuercen la capacidad de la Unión Europea para favorecer unas condiciones de financiación adecuadas con las que sufragar los cuantiosos costes de la crisis, y que impulsen la capacidad de crecimiento económico del área". Sobre la política fiscal, el gobernador del Banco de España considera que deberá adaptarse a la intensidad final de la perturbación y acompañar a la economía durante su reactivación. Esta necesaria reacción llevará a un incremento "muy significativo del endeudamiento público, cuya reducción habrá de afrontarse, una vez que se disipen los efectos de la crisis, a través del diseño y la implementación de un programa de consolidación fiscal de medio plazo y de la aplicación de las reformas estructurales necesarias". Respecto a la política monetaria, recuerda que el Banco Central Europeo (BCE) está preparado para aumentar el tamaño del nuevo programa de compra de activos y ajustar su composición, en la medida requerida y durante el tiempo necesario. Mientras que las decisiones de política prudencial "se han dirigido a permitir a las entidades financieras utilizar los colchones de capital acumulados, a limitar la distribución de sus beneficios, y a evitar la potencial prociclicidad indeseada en la aplicación de la normativa contable y prudencial". El Gobierno abrirá sus oficinas a partir del 25 de mayo La Administración General del Estado abrirá sus oficinas al público el próximo día 25 de mayo. Por ejemplo, los Ministerios, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo (SEPE). Eso sí, con cita previa y limitación de aforo, para evitar un rebrote de la epidemia de coronavirus. Las oficinas podrán estar abiertas hasta las nueve de la noche. Éste es el resultado del acuerdo por vía telemática que cerró ayer Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, con los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y la central gallega CIG. El pacto está dentro de la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado. El acuerdo versa sobre medidas organizativas para la incorporación presencial progresiva de los empleados públicos del Estado, en el marco del Plan de Transición a la Nueva Normalidad. Es decir, con el objetivo de, si fuese preciso, llegar al final del estado de alarma al terminar junio, como ha decidido el Gobierno. Se trata de garantizar la salud de los funcionarios y del público, con el cumplimiento de todas las medidas de protección de la salud dictadas por las autoridades sanitarias, que se plasma en una resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández. Bien es verdad, que la Administración Central del Estado dará prioridad a la atención telefónica y telemática. Además, habrá una reincorporación progresiva al trabajo. En el caso de la atención presencial, el ciudadano deberá acudir con una cita previa y con limitación de aforo en las oficinas. Además, los empleados públicos tendrán flexibilidad horaria para entrar y salir del trabajo. Preferentemente, mediante la jornada continua, sin interrupciones para la comida. Para poder atender al mayor número posible de ciudadanos, con las limitaciones sanitarias impuestas, el Gobierno autoriza la apertura hasta la nueve de la noche, allí donde sea posible por el número de empleados. Laboral Las empleadas del hogar despedidas o con menos ingresos podrán pedir el subsidio extraordinario desde mañana Su publicación en el boletín oficial se ha producido un mes depués de su aprobación en el Consejo de Ministros, el pasado 31 de marzo. Tal y como argumenta el Ejecutivo, ante la pandemia se han adoptado medidas "orientadas a proteger el empleo y a ayudar a las personas más vulnerables, entre las que se encuentra el colectivo de las empleadas de hogar". En concreto, este subsidio extraordinario "protege la falta de actividad, la reducción de las horas trabajadas o la extinción del contrato como consecuencia del COVID-19". De este modo, esta prestación se configura "como un instrumento adecuado para paliar esa situación de desprotección". De acuerdo a la resolución publicada en el BOE, serán beneficiarias del subsidio extraordinario las personas que, estando dadas de alta en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes la entrada en vigor del Estado de Alarma -declarado el 14 de marzo-, hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. También lo serán aquellas que haya visto extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido. Tanto la reducción de los ingresos como el despido deberá haberse producido con posterioridad al día 14 de marzo y durante la vigencia del Estado de Alarma. La cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad será el resultado de aplicar a la base reguladora correspondiente a la actividad que se hubiera dejado de desempeñar el porcentaje del 70%. Si bien, la cuantía máxima a recibir será el importe mensual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 950 euros al mes. La prestación es compatible con el mantenimiento de otras actividades por cuenta propia o por cuenta ajena, salvo que la suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto de las actividades sea superior al SMI. Otras causas de incompatibilidad del subsidio extraordinario por falta de actividad es el hecho de ser beneficiario del subsidio por incapacidad temporal o haber disfrutado del permiso retribuido recuperable adoptado durante el Estado de Alarma. CEOE pide que CCAA y ayuntamientos tengan más peso en la desescalada A la hora de preparar la salida del confinamiento y la vuelta a la actividad, la CEOE ha lanzado esta mañana un abanico de propuestas que profundizan en la línea que ha mantenido durante las semanas que han pasado desde que se ha proclamado el Estado de alarma. Por ejemplo, la patronal insiste en que se elimine el requisito de mantener el empleo durante seis meses para las empresas que hayan aplicado un ERTE por fuerza mayor y se hayan exonerado cotizaciones a la Seguridad Social. También reclama que se elimine la restricción de los despidos objetivos que se decretó por el Gobierno para dificultarlos durante la crisis y redirigir los ajustes hacia los ERTE. En otros puntos, va más allá. “Pedimos profundizar en las ayudas a las empresas”, ha reclamado Fernández de Mesa. Esa ayuda llegaría con la agilización de los avales del ICO y la ampliación de la cobertura hasta el 100% del crédito; también ampliando “el alcance de las medidas tributarias y de cotizaciones sociales adoptadas”, extendiendo las exenciones de cotizaciones a empresas que se comprometan a mantener el empleo; y reduciendo impuestos como el tributo de sociedades o el IRPF de rendimientos empresariales y profesionales. Este aumento de gasto y reducción de ingresos, admite Fernández de Mesa, supondrá un gran incremento de gasto este año. “No queda más remedio”, asumiendo que habrá que financiarlo recurriendo a deuda, pero solo en 2020. A partir de 2021, el responsable empresarial ya pide un ajuste que lleve los números rojos en las cuentas públicas a un nivel “cercano” al que había antes de que explotara la crisis. El razonamiento de Fernández de Mesa y, por extensión, de CEOE es que estas ayudas suponen un esfuerzo que se hace un sola vez porque es necesario para que no caiga tejido productivo. “Que no haya empresas que se vena abocadas a la insolvencia. La clave es el número de empresas que va a sobrevivir”, continúa, explicando que ese auxilio solo se haría durante este ejercicio y no sería estructural. Sí que serían estructurales otros gastos y de esos y sus medidas habría que huir, ha apuntado el también secretario de Estado de Economía entre 2014 y 2016. Este le lleva a rechazar propuestas como la que está ultimando el Gobierno del Ingreso Mínimo Vital, que supondría un gasto anual en los primeros compases de unos 5.500 millones. Mercantil, Civil i Administratiu El Banco de España calcula que los bancos pueden asumir 92.900 millones más de morosidad De esta forma, explica que teniendo en cuenta que el "colchón voluntario" de CET1 (que podría utilizarse para la absorción de pérdidas inesperadas asociadas al Covid) del conjunto del sistema bancario español se situó en diciembre de 2019 en 28.000 millones de euros, el Banco de España estima que la liberación de colchones permitida por la respuesta a la crisis "sería suficiente para cubrir un aumento de la tasa de morosidad de alrededor de 8,2 puntos porcentuales, que se eleva significativamente cuando se añade el efecto positivo de las moratorias y del programa de avales a empresas comprometido por el Gobierno, que, además, contribuye a reducir los APR", según ha puesto de manifiesto en su Informe de Estabilidad Financiera de Primavera 2020, En total, las entidades financieras españolas cuentan con colchones para asumir pérdidas como consecuencia de la pandemia de 92.900 millones de euros. La tasa de morosidad, así puede elevarse al 13% (4,8% registrada a febrero, y que suman 56.703 millones de euros, a lo que se sumaría el 8,2% adicional que podría asumir). La banca española acumula un volumen de capital de máxima calidad de 194.500 millones de euros, de los que 101.500 millones corresponden a requisitos regulatorios mínimos y 92.900 millones son fondos que pueden liberarse de los diferentes colchones para absorber pérdidas. El Banco de España ha advertido de que la pandemia del Covid-19 tendrá un impacto negativo sobre la "ya modesta" capacidad de generación de resultados por parte de las entidades bancarias españolas y elevará la morosidad. El sector bancario español continuó su proceso de desapalancamiento y mejora de la calidad crediticia en 2019, al tiempo que aumentó ligeramente su solvencia y disminuyó su rentabilidad por factores extraordinarios. En este contexto, el Banco de España espera que la irrupción del coronavirus y las medidas de contención implementadas tengan un impacto negativo en la morosidad (como ya se ha comentado), presionando adicionalmente la rentabilidad a la baja. El organismo espera que el programa de avales a empresas para mitigar el impacto de la crisis del coronavirus contribuya a que el crédito siga fluyendo al sector productivo, pero prevé que la expansión de la pandemia cause aumentos en las ratios de dudosos y el volumen de refinanciaciones y reestructuraciones de las entidades, pese a su descenso en 2019. Trump pondrá fin al acuerdo comercial con China si Pekín no gasta lo pactado en productos de EEUU "Vamos a tener que ver lo que pasa con la compra de productos por lo que ha pasado (el coronavirus). Se aprovecharon de nuestro país. Ahora tienen que comprar, y si no lo hacen, acabaremos con el acuerdo. Así de simple", ha manifestado Trump, según informaciones del diario chino 'South China Morning Post'. Las 86 páginas del acuerdo de primera fase, calificado por Trump como "un monstruo grande y hermoso", contemplan la reducción de los aranceles adicionales por parte de EEUU a productos chinos por valor de 120.000 millones de dólares (107.839 millones de euros) a cambio del compromiso de China de adquirir bienes y servicios estadounidenses por valor de 200.000 millones de dólares. Sin embargo, el texto contempla que se mantengan los aranceles del 25 por ciento por Estados Unidos a importaciones chinas por valor de 250.000 millones de dólares (224.740 millones de euros). Sobre la pandemia de coronavirus, que ha dejado por el momento 3,5 millones de infectados y 245.000 muertos en todo el mundo, el presidente estadounidense ha expresado que China "ha cometido un error terrible". "Trataron de ocultarlo. Es como intentar apagar un incendio sin conseguirlo", ha añadido. El comercio se resiste a subir la persiana ante la elevada incertidumbre "No quedan claros cuáles son los criterios objetivos para pasar de una fase a otra, lo que genera desconcierto al no poder prever la adaptación del comercio y de la población", asegura la CEC en un comunicado. Por otra parte, según denuncia el pequeño comercio no hay suficientes EPIS (equipos de protección individual) disponibles para público y empresas, así como sistemas de control vírico en los procesos de venta y atención a los consumidores. | Por ejemplo, en las tiendas de alimentación que pueden abrir desde hoy, Sanidad recomienda la utilización de guantes tanto para el vendedor como para el cliente, así como la utilización de mamparas o vitrinas para productos no envasados. En el caso de productos de la pesca, carne, charcutería, pollería o de frutas y verduras y hortalizas en despacho asistido podrá establecerse una distancia de seguridad entre el cliente y los productos adaptada al tamaño del establecimiento. En el caso de los establecimientos del sector textil, el Gobierno exige que cada probador sea desinfectado después de cada uso, al igual que las prendas o accesorios que se hayan probado. Además, se recomienda facilitar guantes a los clientes para tocar las prendas y también para probarse el calzado. Para los establecimientos cuyos probadores se abran mediante cortinas, éstas también deberán ser desinfectadas. En el caso de las tiendas de tecnología, telefonía y cultura, el Ministerio también obliga a los establecimientos a repartir guantes a los clientes de tal forma que no puedan tocar nada sin utilizarlos. Además, deberán limpiar frecuentemente los expositores y los productos expuestos. Sector La abogacía, en guerra por los juicios en agosto Por otro lado, durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, habrá doble turno en los órganos jurisdiccionales. Además, el decreto establece una serie de medidas procesales, reiniciando el cómputo de plazos suspendidos y regulando procedimientos para agilizar ciertos asuntos, como el de familia y menores, así como de apoyo a la digitalización Desde el inicio, los abogados mostraron su rotundo desacuerdo. Jueces, letrados judiciales y funcionarios tampoco ven con buenos ojos esta solución. Los profesionales del sector legal reprochan a Justicia no haber contado con ellos en la aprobación de esta medida. Por su parte, el Ministerio afirma que el texto es fruto del “diálogo constante y reforzado” con los operadores durante todo el estado de alarma. Junto con otros actores, señala, la Abogacía también ha participado en las reuniones de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el Covid-19. Estas reuniones se han mantenido, en esta cuestión, con los representantes de los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales. El departamento reconoce que, si bien aprobó los términos del decreto, en el que se han acogido varias de sus propuestas, "mostró su disconformidad con habilitar parte del mes de agosto para dar salida a los procedimientos pendientes". En estos términos, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) emitió un comunicado en el que manifestaba su rotunda oposición a la medida y la calificaba de “ineficaz”. Victoria Ortega, su presidenta, lamenta que el departamento dirigido por Juan Carlos Campo no haya valorado “otras opciones que podrían haber mejorado la eficiencia y el funcionamiento de los tribunales”, como la concentración de todas las vacaciones de los operadores de la justicia en el mes de agosto. Precisamente, este es uno de los argumentos que enarbolan muchos letrados: o trabajan todos durante esas semanas o no servirá para agilizar lo pendiente. Abrir los juzgados en agosto, habilitando esos veinte días para trámites judiciales, será, dicen, inoperativo porque el escalonamiento de las vacaciones de jueces, fiscales y personal dejará los juzgados a “medio gas” durante más tiempo. Campo presenta en la Comisión de Justicia las medidas para reactivar los juzgados Según especifica una nota informativa del ministerio, Campo ha explicado los ejes del plan de desescalada en la Justicia que incluye medidas en los ámbitos organizativo, tecnológico y procesal. Por un lado, el real decreto ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 y "preparar a la Administración de Justicia para la nueva normalidad", que se aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros, y ha pedido a los grupos políticos su apoyo a la convalidación de esta norma "ante una exigencia social de esfuerzo para salir de la crisis". Además, para acometer reformas estructurales, Justicia trabaja ya en un proyecto de ley para impulsar la eficiencia de los procesos judiciales. Además, el Gobierno pondrá en marcha, tras el levantamiento del estado de alarma, planes de choque en los órdenes jurisdiccionales más afectados por el parón de la actividad económica. El ministro ha recordado que, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, el 13 de marzo se fijaron los servicios esenciales en la Administración de Justicia, necesarios para garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho y la tutela de los derechos de la ciudadanía. El mismo 14 de marzo, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se establecieron las dotaciones de personal necesarias en una resolución que fue previamente pactada con las comunidades autónomas y que dio lugar a normas similares en los respectivos territorios. Como resultado, la presencia del personal en las sedes se redujo hasta el 10% e, incluso, al 5% en los momentos más duros de la crisis, lo que ha requerido "un esfuerzo de gestión y organización conjunta sin precedentes" para garantizar el funcionamiento del sistema. Al igual que en otros sectores, ha indicado Campo, en la Administración de Justicia se ha establecido el teletrabajo como norma general para evitar posibles contagios entre el personal. Se han habilitado más de 5.572 puestos de teletrabajo para jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, gerentes y otros 1.757 para los funcionarios del Registro Civil. Desde que se decretó el estado de alarma, los servicios digitales se han prestado con el 100% de disponibilidad. El ministro ha subrayado que, a pesar de la rápida respuesta de la Administración, la tecnología "sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la Justicia" y ha llamado a "avanzar hacia un uso más integrado y estructural de las herramientas informáticas".
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