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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 6 DE MAIG DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
(BOE, 06-05-2020)

Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.
(BOE, 06-05-2020)

Euro
Resolución de 5 de mayo de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 5 de mayo de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 06-05-2020)


https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 6 DE MAIG DE 2020

Fiscal

Hacienda devuelve 3.000 millones en el primer mes
La Agencia Tributaria (AEAT) ha devuelto 3.000 millones de euros a más de 4.349.000 contribuyentes en el marco de la campaña de IRPF de 2019, lo que supone un aumento del 39% en el importe y del 29% en los beneficiarios, de acuerdo con el balance que ha publicado este martes el organismo superado el mes de campaña.

En un comunicado, la agencia explica que este incremento sostenido en las devoluciones tras superar el primer tercio de la campaña está ligado al gran aumento registrado paralelamente en las propias presentaciones, ya que a estas alturas de campaña ya han presentado su declaración 1.330.000 contribuyentes más que el año pasado, el 24,5% más.

Las declaraciones con resultado a ingresar también han crecido, un 31%, superando ya la cifra de 937.000, aunque la AEAT recuerda que acelerar la presentación no supone un perjuicio para los contribuyentes con declaraciones a ingresar, dado que comienzan a pagar al final de la campaña.

La agencia incide en que, en el contexto actual de emergencia sanitaria, y teniendo en cuenta que el 88% de los contribuyentes presentan sus declaraciones por internet, se consideró especialmente importante mantener la fecha de inicio de campaña prevista (1 de abril), de manera que los contribuyentes pudiesen ir recibiendo cuanto antes sus devoluciones.

La AEAT espera que la campaña de este año cuente con 21,03 millones de declaraciones, lo que supone un aumento del 1,6% (335.000 más), de las que 17,54 millones serán individuales (+3,2%) y 3,49 millones conjuntas (-5,6%).

De las más de 20 millones de declaraciones, 14,56 millones darán derecho a devolución, un 0,5% más, por un importe de 10.686 millones de euros, un 1,5% menos, mientras que 5,51 millones saldrán con resultado a ingresar, un 3,1% más, por importe de 12.798 millones, un 6,7% más.
(La Vanguardia, 06-05-2020)

Laboral

La renta mínima vital se empezará a cobrar en junio
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que la nueva prestación podrá solicitarse durante este mes de mayo y se cobrará ya en junio. Estima que supondrá un coste anual de unos 3.000 millones de euros. El ministro ha explicado que esta ayuda se pondrá en marcha en mayo y que comenzará a pagarse al mes siguiente, en junio, tal y como ha anunciado en una rueda de prensa en La Moncloa.

Escrivá ha señalado que la cifra de 3.000 millones supone una aproximación "prudente" tras cruzar en las últimas semanas datos de encuestas con datos de las rentas de los potenciales beneficiarios. El miembro del Gobierno de Pedro Sánchez ha indicado que "en cuanto entre en vigor, podrá solicitarse" y ha destacado que además de la Seguridad Social, se pondrán en marcha "otros canales" complementarios para facilitar su acceso.

La intención del ministerio es que el mecanismo multicanal para solicitar la prestación permita llegar al mayor número de personas vulnerables posible. Sobre si la medida debe ser temporal o permanente, Escrivá ha defendido la necesidad de "corregir" las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE sobre que España es uno de los principales países con un mayor de problema de pobreza severa.

No obstante, el titular de Seguridad Social ha añadido para añadir que el concepto de renta básica universal es distinto y conllevaría una reconsideración del Estado del Bienestar.
(Cinco Días, 06-05-2020)

Casi 5,2 millones de personas cobran la prestación por paro en abril, cifra récord por el Covid-19
El paro registró un incremento histórico en abril en mitad de la crisis del coronavirus hasta superar los 3,8 millones de personas, pero los beneficiarios de prestaciones por desempleo superaron los 5,2 millones al incluirse los afectados por un ERTE, según ha informado hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Concretamente, el número de parados registrados en los Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) subió en 282.891 personas, su mayor repunte en un mes de abril de toda la serie histórica.

De esta forma, el total de demandantes de empleo alcanzó la cifra de 3.831.203 personas en abril, la más alta del registro desde mayo de 2016, y que supuso un aumento del 7,97% respecto al mes de marzo. La subida del desempleo en abril es inferior a la que se registró en marzo, cuando el paro subió en más de 302.000 personas, registrando su mayor ascenso en cualquier mes de toda la serie histórica. Pese a ello, la subida de abril de este año es la más alta registrada nunca en este mes dentro la serie histórica. Supera en más de 243.000 personas el que hasta ahora era el mayor repunte: el de abril de 2009, cuando en plena crisis económica el desempleo subió en casi 40.000 personas.

El dato de paro de abril, al igual que ocurrió en marzo, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados. Abril suele ser un mes de descenso del desempleo. En toda la serie, iniciada en 1996, sólo se han registrado aumentos del paro en los meses de abril de 2008 y 2009, en plena crisis económica, con alzas de 37.542 y 39.478 desempleados, respectivamente.

En términos desestacionalizados, el paro subió en abril en 370.173 personas, mientras que en el último año el desempleo acumula un aumento de 667.637 personas (21,1%). Trabajo ha explicado que "el efecto de la crisis sanitaria del COVID-19 comenzó a repercutir notablemente en el paro registrado a partir del 13 de marzo, con especial intensidad en la Semana Santa". Pero ha asegurado que "en las últimas semanas de abril el paro ha ido moderando su ritmo de crecimiento".

En términos absolutos, la crisis sanitaria de la COVID-19 incidió, sobre todo, en el sector servicios, donde el desempleo se incrementó en 219.128 (8,76%) personas. En la industria subió en 26.832 (8,92%), en la construcción se incrementó en 25.055 (7,84%) personas, en la agricultura en 4.015 (2,52%) y en el colectivo sin empleo anterior aumentó en 7.861 personas (2,95%). Además, el paro se elevó en todas las comunidades autónomas con Cataluña (50.763), Madrid (41.263) y la Comunidad Valenciana (38.115) a la cabeza.

Además, este mes el Ministerio de Trabajo ha informado de forma excepcional del dato de prestaciones concedidas en abril (que incluye a los desempleados y a los afectados por un ERTE), ya que esta estadística se suele comunicar con un mes de retraso respecto a las cifras del paro. Y ha reconocido que los beneficiarios de prestaciones por desempleo se situaron en 5.197.451, lo que se traduce en un incremento interanual del 136,56% y supone un récord histórico de prestaciones abonadas por el Sepe, que ha reconocido la práctica totalidad de prestaciones por ERTE que han llegado durante el mes de abril.
(Expansión, 06-05-2020)

El porcentaje del teletrabajo se ha incrementado hasta el 34% del total
Así lo refleja un estudio realizado por IvieLab, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, sobre la base de encuestas y datos del INE. La investigación destaca la singularidad del incremento debido a que las posibilidades de realizar esta modalidad de trabajo se situaron en el 22,3% de los ocupados en 2019, unos 4,4 millones de trabajadores, lo que significa que hay empleados que se han visto obligados a adaptarse a la situación de forma improvisada y sin planificación previa, situando “probablemente” el nivel de eficiencia y productividad del teletrabajo por debajo de los niveles asociados al desempeño presencial, según el informe.

En comparación con otros países de la Unión Europea, el porcentaje de empleados que el año pasado recurrieron a esta opción en España se situó por debajo de la media de la UE (5,3%), siendo los mayores porcentajes de teletrabajadores los de Países Bajos y Finlandia (ambos con el 14,1%) y Luxemburgo (11,6), según el estudio.

El 100% de los trabajadores que ocupan puestos directivos podrían hacer uso del teletrabajo para el desempeño de sus tareas, aunque en 2019 solo aprovecharon esta alternativa el 12,9% de los mismos. Por su parte, el colectivo de técnicos y profesionales podría recurrir a esta opción en un 60% de los casos, pero solo lo hicieron el 13,8%; mientras que los contables o administrativos lo harían en un 43,6% y solo optaron por ello el 1,5%. Por el contrario, las personas que desarrollan tareas manuales o se emplean en la industria solo pueden recurrir al teletrabajo en el 3% de los casos, aunque según el estudio, sorprende que casi todos, el 2,8% de ellos, sí aprovecha esta oportunidad. Asimismo, la estimación descarta de forma lógica la posibilidad de trabajo a distancia en los grupos menos cualificados, como la restauración o el sector ganadero, forestal y pesquero. El total de empleados de todos los ámbitos que no tienen opción al teletrabajo representa el 45,3% de ocupados.

Por lo tanto, el teletrabajo potencial y efectivo por sectores y territorios depende del peso de las ocupaciones más cualificadas. Entre los grandes sectores clasificados por los autores del análisis, el de la energía, podría implantar el teletrabajo en un 30,1% de los empleados; el de los servicios de mercado tiene un 21,4% de posibilidades, mientras que el de los servicios públicos, un 36%.

Dentro de los servicios de mercado, en el sector de la banca y los seguros, el 45% de los ocupados tiene posibilidades de teletrabajar, seguido de los servicios inmobiliarios y empresariales, con un 41,5% (sobre el total de ocupados en su rama). Por su parte, aunque en la industria es menos factible el trabajo a distancia por medios telemáticos (18,2% de media), casi el 30% de los empleados en la industria química podría hacerlo y el 28% de los de edición y artes gráficas.

Desde la perspectiva territorial también se aprecia una distancia importante entre tener la posibilidad de teletrabajar y hacerlo efectivamente, aunque el tejido productivo marca las diferencias, ya que aquellas regiones más orientadas a ocupaciones cualificadas y terciarias tienen más opciones de teletrabajo. Las comunidades autónomas con mayor nivel de desarrollo económico, Madrid, Cataluña y País Vasco, muestran una capacidad de teletrabajar superior que el resto de regiones, con un 28%, 25,1% y 24,5% de posibilidades, respectivamente.
(El País, 06-05-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Ejecutivo reactiva la licitación de obra pública
El Gobierno avanza en la recuperación de la actividad económica y la inversión tras las restricciones impuestas para frenar la pandemia de coronavirus. El consejo de ministros ha dado luz verde este martes a la reanudación de la licitación de nueva obra pública, bajo mínimos desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo, según ha anunciado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al consejo.

Este paso implica por tanto reactivar la contratación de nueva cartera pública y coincide con la estrategia, adelantada por el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de ir progresivamente dinamizando la inversión que sea compatible con la lucha contra la pandemia.

Las licitaciones públicas se encontraban congeladas desde que el real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, ordenó la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Esa suspensión de plazos afectó directamente a las licitaciones públicas, si bien se recogía excepciones a esa regla, restringidas a aquellos contratos que tuvieran una "resolución motivada", según se recogía en la norma.

"El Gobierno ha acordado que se levante la suspensión que se estableció en el decreto del estado de alarma para que se pueda volver a licitar obra pública sin necesidad de motivarlo como sucedía hasta el momento", ha señalado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

La reanudación de la contratación de obra pública ha sido una de las reivindicaciones del sector de construcción y de la ingeniería, que ha sufrido la falta de cartera nueva en las obras públicas y también el parón de la contratación privada. En el primer trimestre del año, las distintas administraciones licitaron contratos por un total de 3.436 millones de euros, lo que implica 1.640 millones menos que un año antes, según Seopan.
(Cinco Días, 06-05-2020)

El Constitucional alemán torpedea el plan anticrisis del BCE, que asegura seguir firme en su mandato
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha ofrecido esta respuesta tras una reunión extraordinaria, después de que el Tribunal Constitucional de Alemania haya exigido al instituto emisor de la eurozona introducir "en un plazo máximo de tres meses" los cambios necesarios para justificar la proporcionalidad de los objetivos de su programa de compra de deuda pública (PSPP por sus siglas en inglés).

Jarro de agua fría para el Banco Central Europeo (BCE). El Tribunal Constitucional alemán concluye que la institución se extralimitó en su mandato con el programa de compras de deuda pública (PSPP), lanzado en 2015 bajo la presidencia de Mario Draghi.

El problema, asegura la corte germana, no es que haya incurrido en una financiación encubierta del déficit de los Estados, algo prohibido expresamente por los tratados de la Unión Europea, sino que su actividad, por desproporcionada, puede haber trascendido a la política monetaria para entrar en otros campos de la economía, como la política fiscal y la gestión presupuestaria, responsabilidad de otras instituciones.

Bajo esta premisa, el Constitucional alemán insta al Bundesbank a interrumpir las compras de deuda soberana que realiza para este PSPP en un plazo de tres meses salvo que el BCE pueda justificar que esas adquisiciones son necesarias. El órgano judicial germano solicita a la institución que preside ahora Christine Lagarde a que adopte "una nueva decisión que demuestre, de forma comprensible y sostenida, que los objetivos monetarios perseguidos por el PSPP no son desproporcionados respecto al impacto económico y fiscal causado por el programa". Además, asegura que, si esto no se logra, el Bundesbank deberá encontrar una fórmula consensuada para deshacerse de sus tenencias de bonos.

Hasta la fecha, el BCE ha adquirido a través de este programa 527.834 millones en deuda alemana a través del Bundesbank. En total, el programa acumula adquisiciones de bonos soberanos por valor de cerca de 2,2 billones.

El Tribunal Europeo de Justicia dictaminó en 2018 que el programa de compras de deuda pública del BCE respetaba la legalidad vigente. Sin embargo, esta sentencia alemana le lleva la contraria al asegurar que el órgano europeo sólo tuvo en cuenta los criterios metodológicos que regían las compras. Según sostiene el Constitucional germano, su decisión no choca con la del órgano europeo pues coincide en lo que se refiere a la metodología ampliada y es en la proporcionalidad del estímulo empleado la que le genera sospechas. A su juicio, la duración y el volumen de la herramienta puesta sobre la mesa son los que han llevado a que el BCE se haya extralimitado más allá de su mandato sobre la estabilidad de precios incluso aunque inicialmente el programa fuera acorde a la legalidad.

Esta llega en un momento crítico para la zona euro en la que el BCE, en un intento por contener un incremento descontrolado de las primas de riesgo, ha puesto en marcha el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP), por el que adquirirá 750.000 millones este año. Aunque la proporcionalidad de esta herramienta deja menos dudas por el momento de gran crisis en el que se desarrolla, los criterios que la rigen son más laxos que los del programa más viejo, precisamente para dotar a la herramienta de una mayor flexibilidad, lo que podría generar tensiones.

La corte alemana especifica que la decisión publicada hoy no se refiere a ninguna de las medidas de asistencia financiera tomadas por la Unión Europea o el BCE. Sin embargo, varias personalidades de alto nivel, como el exvicepresidente del BCE Vítor Constâncio, han expresado dudas sobre si éste puede ser el principio de un nuevo proceso judicial contra el PEPP.

Por su parte, el BCE convocó hoy una reunión de urgencia tras la que señaló que "toma nota", de la petición de la Justicia alemana, pero se remite a la sentencia del TJUE, que avala la legalidad de sus actos. Indicó, además, que "seguirá haciendo lo que sea necesario" y no aclaró si atenderá la petición de documentación del órgano alemán.

Por su parte, Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, ha señalado que "el Tribunal Constitucional subraya importantes aspectos del PSPP que aseguran un suficiente margen de seguridad respecto a la financiación monetaria de los gobiernos. Yo mismo he destacado la importancia de este margen en el pasado. El Consejo de Gobierno del BCE ahora tiene un periodo de tres meses para presentar las deliberaciones oportunas en relación a la proporcionalidad del programa. Respetando la independencia del BCE, apoyaré los esfuerzos para atender a este requerimiento".

Ahora mismo la incertidumbre es total y expertos jurídicos debaten sobre si prima la decisión del Constitucional alemán sobre una institución nacional como es el Bundesbank o la obligación del banco central del país a seguir a rajatabla las órdenes del BCE, algo dictaminado por el Tribunal Europeo de Justicia. La corte alemana, en cualquier caso, no tiene capacidad para ordenar que el BCE detenga por completo el programa, sólo la participación del banco central alemán.

Pero la sentencia de la corte germana es todo un golpe a una de las herramientas más importantes del BCE en un momento extremadamente delicado. En principio, el BCE podría continuar su programa de compras de deuda haciendo que otros bancos centrales nacionales asumieran el peso de las adquisiciones que dejaría de realizar el Bundesbank, pero el varapalo simbólico y político de excluir al banco central alemán, el de mayor peso, es enorme y podría condicionar futuras actuaciones.

Fuentes financieras no descartan que el órgano judicial acepte los análisis que el BCE pueda presentarle en ese periodo de gracia de tres meses y retire la prohibición sobre la colaboración del Bundesbank. De hecho, algunas de estas fuentes sugieren que, si la corte no se cierra completamente en banda, la autoridad monetaria, si finalmente atiende a la petición, debe tener argumentos de sobra para sostener la proporcionalidad de sus decisiones.
(Expansión, 06-05-2020)

El Gobierno aprueba el tercer tramo de avales del ICO para empresas por 24.500 millones
El Consejo de Ministros ha aprobado ayer el tercer tramo de avales para empresas por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe total de 24.500 millones de euros, según anunció este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, se ha dado luz verde a un paquete de medidas para el sector cultural que ascienden a 75 millones y a una nueva petición de prórroga del estado de alarma.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que "el estado de alarma sigue siendo un instrumento fundamental para el control de la pandemia". Montero ha subrayado este hecho ante la posible pérdida de apoyos para sacar la prórroga adelante en el Congreso, por parte de de formaciones como el PP, el PNV o ERC, que han mostrado sus diferencias con el Gobierno en los últimos días.

Respecto al tercer tramo de la línea ICO, ha apuntado que estará destinado a la concesión de créditos y el 50% del importe total irá a parar a financiación de pymes y autónomos, mientras que el 50% restante será para las empresas. De esta manera, de los 60.000 millones aprobados en los tres tramos movilizados por parte del Gobierno, se reservarán 40.000 millones para pymes y autónomos y 20.000 millones de euros para el resto de empresas.

El presidente del Ejecutivo anunció este sábado que el Gobierno desbloquearía una tercera línea de avales públicos con el fin de garantizar la liquidez al tejido productivo ante la emergencia de la crisis del coronavirus, y que estaría reservada en su mayoría a pymes y a autónomos. En esta tercera línea de garantías, el Ejecutivo ha decidido de nuevo reservar el 50% de los avales a pymes y a autónomos, considerado el colectivo que más impacto está sufriendo a causa de la crisis económica generada por el coronavirus.

Una vez se habilite el tramo, se habrá consumido ya más del 60% de los 100.000 millones de euros del programa de ayuda de financiación a las empresas. Esta línea está gestionada por el ICO, en colaboración con las entidades financieras, las cuales asumen el coste del aval, que se sitúa en un rango de entre 20 y 120 puntos básicos.

El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. De igual forma, el Gobierno habilitará una línea de unos 4.000 millones de euros para cubrir los créditos canalizados por el sistema de financiación basado en pagarés del mercado alternativo de renta fija (MARF).

Estos 4.000 millones de euros se enmarcan en la extensión de las líneas de avales ICO al MARF anunciada la semana pasada, con la que se pretende fomentar el mantenimiento de la financiación que se produce en los mercados de capitales al que habitualmente recurren las empresas españolas y que quedó prácticamente suspendido por la situación de emergencia sanitaria.

Los 500 millones de euros restantes de esta partida de 24.500 millones de euros de avales están vinculados a avales a las sociedades de garantía recíproca por parte de la Compañía Española de Refianzamiento (Cersa).
(El País, 06-05-2020)

La confianza del consumidor en la economía cae en abril a niveles de 2012
La confianza de los consumidores en la economía española cayó en abril hasta el nivel más bajo desde diciembre de 2012 debido al empeoramiento de la valoración de la situación actual, en un mes marcado por el confinamiento y la paralización de las actividades no esenciales. El índice de confianza del consumidor (ICC) de abril publicado este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se situó en 49,9 puntos, 13,4 puntos menos que en marzo y lejos de los 100 que marcan la diferencia entre una percepción positiva y negativa.

El CIS aclara que los resultados de esta encuesta recogen el "contexto especial y atípico" de la crisis del coronavirus, que repercute en un "consumo anómalo" por la situación de estado de alarma y confinamiento vigente cuando se realizó el trabajo de campo, entre el 15 y el 20 de abril. Los consumidores valoraron la situación actual en 31,5 puntos, 25,7 menos que en marzo, ante el fuerte deterioro sufrido por sus tres componentes, sobre todo la visión de la situación económica, que iguala su peor registro histórico (11,9 puntos) tras perder 30,7 puntos.

La valoración del mercado de trabajo bajó en 27,6 puntos y la de la situación de los hogares, en 18,8 puntos. Por lo que respecta a las expectativas de futuro, los consumidores le dieron una puntuación de 68,3, 1,1 puntos menos que en marzo, tras experimentar pequeños retrocesos en las perspectivas sobre la situación económica y el mercado de trabajo y anotar una ligera mejoría de una décima en la situación de los hogares.

El ICC refleja asimismo un deterioro de las expectativas de consumo (baja en 6,9 puntos) y ahorro (5,2 puntos menos), dos conceptos que en el conjunto de marzo y abril han perdido más de 24 puntos cada uno. En sus respuestas, el 42,8 % de los consumidores ve la situación económica de su hogar peor que hace seis meses, cuando solo el 6,8 % cree que es mejor. Un 84,6 % de los encuestados afirma que ahora es más difícil encontrar un empleo que hace seis meses y un 23,9 % tiene a más personas en paro que entonces.

Quienes opinan que la situación económica de su hogar empeorará en el próximo medio año (32,5 %) superan a quienes creen que mejorará (18,4 %), en línea con el 61,7 % que piensa que será más difícil encontrar un empleo. También se muestran pesimistas sobre la posibilidad de comprar bienes de consumo duradero, como coches o electrodomésticos, en el próximo año el 38,3 % de los encuestados y un 42 % cree que tendrá menos posibilidades de ahorrar.

Por lo que respecta a la situación general de la economía, el 89,9 % de los interpelados asegura que está peor que hace seis meses y un 66,7 % considera que continuará empeorando.
(La Vanguardia, 06-05-2020)

Ciudadanos apoyará la prórroga del estado de alarma tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno
Ciudadanos apoyará la prórroga del estado de alarma que se vota este miércoles en el Congreso de los Diputados tras aceptar el Gobierno de Pedro Sánchez algunas de sus peticiones y comprometerse a dialogar y, en su caso, consensuar medidas para la implementación del plan de desescalada y la adaptación de los ERTEs y las ayudas a Pymes y autónomos.

"El Gobierno de España y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo por el que ambas partes manifiestan la conveniencia de prolongar el actual Estado de Alarma para lograr vencer a la pandemia del coronavirus, así como a mantener las medidas de protección a los españoles en los ámbitos sanitario, económico y social más allá de la vigencia del Estado Alarma", ha indicado Moncloa en un comunicado.

Como parte de este acuerdo, que recoge alguna de las peticiones planteadas por la formación liderada por Inés Arrimadas, el Gobierno mantendrá contactos semanales con Ciudadanos "para informar sobre la crisis sanitaria" y se compromete a "dialogar y, en su caso, consensuar medidas" para la implementación del plan de desescalada.

Igualmente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han comprometido a mantener el diálogo para la adaptación de los ERTEs y las ayudas a Pymes y autónomos para que puedan adecuarse éstas "y el resto de las medidas de protección social a las necesidades que se produzcan más allá del Estado de Alarma".

En el marco de las negociaciones que se iniciaron este lunes tras la llamada de Moncloa a la presidenta de la formación naranja, el Ejecutivo y Ciudadanos han coincidido en la necesidad de que el estado de alarma continúe vigente y señalan que se trata de "un mecanismo constitucional, que debe prolongarse sólo por el tiempo estrictamente necesario".

"Por tanto, con ese ánimo, se analizarán las medidas necesarias para seguir protegiendo a los españoles en el ámbito sanitario, económico y social cuando concluya su aplicación", aclaran desde Moncloa. Con el apoyo de los diez diputados de Ciudadanos, la cuarta prórroga del estado de alarma que se vota este miércoles en el Congreso contaría con los 155 votos del PSOE y de Unidas Podemos, además de PRC, Teruel Existe, Más País y Compromís, con los que llegaría a 170.

Desde Ciudadanos se han felicitado de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya recogido algunas de sus propuestas de cara a la nueva etapa de alivio del confinamiento como la adaptación los ERTEs y las ayudas, el contacto semanal para un Plan de Desconfinamiento "real, consensuado y sensato" o la planificación coordinada de una salida del Estado de Alarma.
(El Mundo, 06-05-2020)

Sector

Justicia fija para el 4 de julio el examen de acceso a la abogacía, que será online
El Ministerio de Justicia ha puesto fecha para el examen de acceso a la abogacía que debió suspenderse debido a la pandemia del coronavirus. Se realizará de forma online el 4 de julio gracias a un acuerdo con la Universidad de Educación a Distancia (UNED) que ofrece su plataforma y el soporte tecnológico necesario.

De esta manera, el ministerio responde a la demanda de los aspirantes que se quedaron sin la prueba programada para el 28 de marzo, más de 6.800 personas, y que ya en abril exigían una solución al problema dado que sin examen no pueden incorporarse al mundo laboral.

Desde Justicia hasta ahora sólo habían avanzado que sería de forma telemática y en julio tras una reunión que mantuvo el ministro, Juan Carlos Campo, con el presidente de la Conferencia de Decanos de Derecho de España, Javier López, con su vicepresidenta y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, Juana Goizueta y con el decano de la Facultad de Derecho de la UNED y secretario de la Conferencia, Manuel Díaz.

Justicia ha avanzado que la prueba se realizará de manera sincronizada en todo el territorio nacional, y resaltan la UNED cuenta con una dilatada experiencia en formación y evaluación a distancia y dispone de los medios tecnológicos necesarios para dar soporte a este tipo de pruebas masivas.

Además, recuerdan a los aspirantes que se informará en la web del ministerio y por los cauces habituales de los pormenores de la convocatoria y del desarrollo del examen. Este tipo de prueba de aptitud es requisito previo para el ejercicio de la actividad desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

Tras hacerse público que el examen de marzo se suspendía, los aspirantes comenzaron a organizarse a través de las redes sociales para exigir una solución a Justicia. De hecho llegaron a plantear que, de no poder realizarse, pudieran ejercer como abogados aun no habiendo superado esa prueba de aptitud.
(Expansión, 06-05-2020)

Aquí trobareu tota la normativa publicada al BOE en relació a la crisi sanitària del COVID-19. Cal tenir en compte, que es tracta d’un document en continua actualització i revisió.
 
 
 
 
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