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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 7 DE MAIG DE 2020

 Mercantil, Civil y Administrativo

Texto refundido de la Ley Concursal
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.
(BOE, 07-05-2020)

Euro
Resolución de 6 de mayo de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 6 de mayo de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 07-05-2020)

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 7 DE MAIG DE 2020

Fiscal

Bruselas prevé que el PIB caiga un 9,4% y el paro suba al 18,9% en España en 2020

La Comisión Europea (CE) calcula que el Producto Interior Bruto (PIB) español caerá un 9,4 % y que la tasa de paro aumentará hasta el 18,9 % este año como consecuencia de la pandemia de coronavirus y las medidas de confinamiento impuestas para frenarla. El Ejecutivo comunitario proyecta además que el déficit público se incrementará en 2020 hasta el 10,1% del PIB y que la deuda pública escalará hasta el 115,6% del PIB, según sus previsiones macroeconómicas de primavera publicadas este miércoles.

Las previsiones de Bruselas son similares a las del Gobierno español, que calcula que la economía se contraerá un 9,2% y el paro llegará al 19%, mientras que el déficit subirá al 10,3% del PIB y la deuda a su máximo histórico del 115,5% en 2020. La Comisión Europea prevé que la economía española rebote una vez que se levanten las restricciones, pero advierte de que la recuperación solo será parcial en 2021 y desigual entre sectores.

Bruselas señala que las medidas de confinamiento y la suspensión de las actividades esenciales tendrán un impacto "sin precedentes" en la actividad económica que llevará a una contracción del PIB del 9,4% en el conjunto de 2020, contando con que la actividad se reanude gradualmente en el segundo semestre. Las manufacturas se recuperarán más rápido que los servicios, dónde las restricciones para el turismo o el comercio minorista durarán más, mientras que la industria podría no llegar a normalizarse este año debido a la baja demanda global y los problemas en las cadenas de suministro, prevé la CE.

En 2021, Bruselas espera que la actividad repunte y el PIB crezca un 7%. La Comisión prevé además que la tasa de paro en España suba del 14,1% al 18,9% en 2020, un incremento que solo se revertirá parcialmente en 2021, cuando bajará al 17%.

Bruselas señala que la aplicación de numerosos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, aunque mitigarán parcialmente el impacto, no han evitado una "rápida caída del empleo, en particular entre los trabajadores temporales", y advierte de que, aunque parte de este empleo se recuperará cuando se retome la actividad, la recuperación del mercado laboral será "más lenta".

Por el lado fiscal, la Comisión espera que la recesión dispare el déficit público hasta el 10,1% este año debido a la caída en los ingresos por impuestos y al aumento del gasto social, por el pago de los ERTE y prestaciones por desempleo, y del gasto sanitario. A estos factores se suman la subida de las pensiones y del salario de los funcionarios aplicadas en 2019, que ya contribuyeron a elevar tres décimas el déficit de ese año al 2,8% del PIB, recordó Bruselas.

En 2021, el déficit bajaría al 6,7% dado que las medidas por la pandemia son temporales. El aumento del déficit y la caída del PIB llevarían a su vez a un aumento de 20 puntos en la deuda pública hasta el 115,6% del PIB este año, para bajar al 113,7% en 2021, según la Comisión. (Cinco Días, 07-05-2020)

La Autoridad Fiscal avisa que la recuperación se retrasará hasta finales del 2022

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé una caída del PIB este año de entre el 8,9% y el 11,7% en función de la duración de la epidemia y de un posible rebrote, con una caída del empleo equivalente a tiempo completo de entre el 9,7% y el 12,9% y un déficit público que podría alcanzar el 13,8% y la deuda el 122% del PIB. No obstante, para 2021 augura un crecimiento de entre el 4,6% y el 5,8%, si bien estima un mayor impacto de las medidas para paliar el Covid y menos ingresos que lo calculado por el Ejecutivo.

Así se desprende del Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2020-2021, en el que subraya la tarea "compleja" de la elaboración de previsiones y la asignación de probabilidades a un escenario concreto como venía haciendo con el programa del Gobierno, que prevé una caída del PIB del 9,2% este año y un repunte del 6,8% en 2021, con una tasa de paro del 19% y el 17,2% en cada caso, al tiempo que augura un déficit del 10,34% del PIB este año y una deuda pública del 115,5% del PIB.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha remarcado que hay que "trabajar" para salir de la situación "entre todos" y ha explicado que no hay información suficiente sobre las medidas y "dudas" sobre las características y el impacto de los ERTE. Además, ha apuntado que no será posible alcanzar la situación previa a la crisis en 2021.

Herrero ha explicado que la AIReF ha establecido dos escenarios de evolución del PIB sobre la base de supuestos acerca de la duración temporal de la epidemia y del período de confinamiento, que condiciona el impacto de la "hibernación" de la economía; elementos de juicio sobre la influencia de determinadas características estructurales de la economía e incorpora en ambos escenarios el impacto macroeconómico de las medidas de política implementadas.

En concreto, el escenario 1 contempla que el fin del confinamiento se produce el 15 de mayo, hay recuperación gradual de la actividad económica, si bien las actividades relacionadas con el turismo y la restauración continúan afectadas hasta finales de 2020 por las medidas de distanciamiento social y es consistente con los escenarios de desescalada que el Gobierno presentó el 28 de abril.

En este escenario, la AIReF prevé una caída del PIB del 8,9% este año y del 9,7% en el empleo equivalente a tiempo completo, elevándose el déficit al 10,9% y la ratio de deuda sobre PIB al 115%. En 2021, con este escenario, el PIB crecería un 4,6% y el empleo un 2,6%, mientras que el déficit sería del 7,5% pero la deuda pública subiría al 117%.

Bajo el escenario 2 la AIReF contempla que se produce una evolución más adversa de la epidemia y una menor capacidad de recuperación, el fin del confinamiento se produce el 15 de mayo, pero el coronavirus tiene un rebrote estacional que obliga a confinar a la población un mes adicional en otoño y se considera que la mayor duración conlleva mayores dificultades financieras de las empresas y hogares y un menor crecimiento del comercio mundial.

En este escenario prevé una caída de la economía del 11,7% este año y del empleo del 12,9%, al tiempo que el déficit subiría al 13,8% y la deuda pública al 122% del PIB. Para 2021 estima que con el escenario 2 habría un crecimiento económico del 5,8% y del empleo del 3,1%, si bien el déficit público alcanzaría el 9,4% y la deuda subiría al 124% del PIB.(Expansión, 07-05-2020)

Laboral

CEOE no aceptará un pacto sobre ERTE que las empresas no puedan cumplir

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido hoy al Ejecutivo de que ese pacto no será incondicional De hecho, el líder empresarial ha advertido hoy en una entrevista con EFE de que "si se ponen condiciones que son imposibles para las empresas de cumplir, tendremos que decir que no". Si bien ha manifestado la intención de los empresarios de llegar a un acuerdo para renovar los ERTE más allá del estado de alarma y ha confiado que dicho pacto se produzca hoy mismo "o mañana, ojalá".

Aunque ha precisado que: "En CEOE queremos pactar, pero si tenemos capacidad de hacerlo", ya que "lo que no podemos compartir es que se pongan tantas trabas a las empresas como que prácticamente estos ERTE no tengan validez".

En las últimas reuniones, los empresarios han puesto pegas a propuestas del Gobierno dirigidas a mantener la exigencia de no hacer despidos durante los seis meses posteriores al fin del ERTE; a la prohibición de repartir dividendos en las empresas acogidas a estos ajustes o a la progresividad en la vuelta al pago de las cotizaciones sociales en los ERTE por fuerza mayor.

A esta advertencia del propio Garamendi hay que sumar el comunicado emitido hoy por la patronal CEOE, tras reunir telemáticamente a su Comité Ejecutivo, tras el que los empresarios declaran que "ha quedado patente la preocupación de este organismo ante la propuesta que en estos momentos está sobre la mesa" en la negociación para renovar los ERTE.

Consideran que en su planteamiento actual "no cumple los objetivos de necesario apoyo a las empresas. Tampoco servirá para poder superar de manera progresiva la actual situación de parálisis que se mantiene en muchos sectores y empresas hasta la plena recuperación de su actividad", se queja la organización patronal.

En este sentido, Garamendi recuerda que la patronal representa a todo tipo de empresas de todos los sectores y tamaños y reivindica la importancia de mantener los ERTE que ahora, dice, "son la clave del empleo. Y las empresas lo que quieren es que todo el mundo vuelva al trabajo y a su ser". Por ello, ha insistido al Gobierno en que no tendrá su apoyo si "hay cláusulas que hacen imposible que estos ERTE puedan funcionar", ante lo que vería "legítimo que el Gobierno legisle". A lo que añadió que si se produce dicha legislación unilateral "consideraremos que se estará equivocando".

El presidente de la patronal considera que "las empresas están mucho más preparadas de lo que la gente piensa" para volver a la actividad y  recuerda que esta crisis, que deviene de una sanitaria, nada tiene que ver con la anterior, que provenía de una financiera.

Además, en esta desescalada, el líder de los empresarios aboga por una mayor participación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque "es muy difícil desde el centro del Estado decidir si un local con el 50 % de su capacidad puede gestionarse, cuando igual el del ayuntamiento ve unos que sí y otros que no". En ese sentido, ha añadido que "esto lo tenemos que resolver entre todos". (Cinco Días, 07-05-2020)

Las prestaciones a los autónomos hasta el 30 de abril suponen 1.320 millones de euros

Las prestaciones extraordinarias abonadas en dos tramos a los autónomos para el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de abril han supuesto 1.320,6 millones de euros, según los datos de AMAT, la patronal de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social encargadas de su abono. El ingreso medio por persona es de 729,76 euros. El pasado jueves abonaron otras 220.277 nuevas prestaciones reconocidas, así como un segundo pago a aquellos autónomos que ya percibieron la primera mensualidad el pasado 17 de abril, lo que eleva a 1.144.089 el número total de beneficiarios entre ambos periodos de tramitación.

Así, el porcentaje de expedientes aprobados desde el pasado 14 de marzo alcanza el 96,94% sobre el total de solicitudes. El importe total abonado por las Mutuas en este segundo periodo ha sido de 646,54 millones de euros, que sumado a los 674,2 millones del primer pago, eleva el importe del total de las prestaciones que ha recibido los autónomos a esos 1.320,60 millones de euros.

En cuanto a la tipología de las prestaciones, una vez sumadas las de este segundo plazo, 707.377 solicitudes (el 61,83%) han sido reconocidas por cese absoluto de actividad, mientras que 436.712 (el 38,17%) lo han sido por haber alegado una reducción del 75% de sus ingresos. La prestación extraordinaria por Cese de Actividad ha sido solicitada por el 37,64% de los 3.135.135 afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos en España, del colectivo protegido por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (97,31%, respecto del total que cubre el Sistema de Seguridad Social).

Andalucía (221.863), Cataluña (183.230) y la Comunidad de Madrid (183.230) han sido las regiones en las que más autónomos han solicitado la prestación. Las Mutuas han empezado a tramitar las primeras solicitudes de los autónomos que estaban cubiertos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de modo que estos trabajadores por cuenta propia podrán agilizar la solicitud de esta prestación extraordinaria por Cese de Actividad en caso de que quieran acceder a ella, siempre y cuando hayan optado libremente por una de las 19 Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. (El País, 07-05-2020)

Mercantil, Civil y Administrativo

Plan de choque de la automoción

Los fabricantes de Anfac, los proveedores de Sernauto y los vendedores de Faconauto se reúnen con las ministras Teresa Ribera y Reyes Maroto en busca de una rápida recuperación del sector. La automoción y el Gobierno han mantenido hoy una reunión de alto nivel para impulsar una rápida recuperación que evite la destrucción de empresas y empleo en un sector que genera el 10% del PIB.

La cumbre sirvió a los fabricantes de Anfac, los proveedores de Sernauto y los concesionarios de Faconauto para plantear un plan de choque con medidas de aplicación inmediata con las que reanimar sin demora la actividad. Como interlocutores tuvieron a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y a la ministra de Industria, Reyes Maroto. Las empresas salieron satisfechas del encuentro.

El plan incluye medidas ya conocidas para impulsar la demanda mediante incentivos a la compra de coches y otras de fuerte impacto fiscal. Las empresas reclaman créditos blandos para la automoción al estilo de los del turismo y aplazamientos en las liquidaciones de impuestos, sobre todo a las pymes. También piden un apoyo específico para la industria.

A diferencia de las reclamaciones habituales, el sector quiere ahora medidas a corto plazo para lograr una rápida reactivación entre las que figura, aparte de las excepciones fiscales, más flexibilidad laboral. "Se necesita un apoyo coyuntural, pero potente, que acorte la crisis y nos permita la más rápida recuperación posible", dijo el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos. La producción actual de coches apenas ronda el 20% de la capacidad de las fábricas y las matriculaciones caerán previsiblemente un 45% este año.

Las peticiones también incluyen facilidades para invertir en tecnologías ambientales y asociadas a la digitalización. De los Mozos invitó al Gobierno a replicar las medidas de otros países europeos y lanzar así "un mensaje a las casas matrices internacionales de que España es un país que se preocupa por su industria de automoción, que cuida sus fábricas y vela por su mantenimiento y competitividad".

La presidenta de Sernauto, María Helena Antolín, considera clave el impulso de la inversión y la Industria 4.0 para apuntalar la ventaja competitiva que precisa España para seguir siendo elegida por los fabricantes extranjeros como destinataria de sus modelos de vehículos y fabricación de componentes.

Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, ha agradecido la predisposición e interlocución del Gobierno, y ha dicho que se tiene que recuperar la demanda cuanto antes "porque el sector empieza realmente cada vez que se vende un vehículo en un concesionario". (Cinco Días, 07-05-2020)

Las empresas con avales no podrán dar dividendo

El Gobierno liberó ayer un nuevo tramo del paquete de avales públicos impulsado para incentivar la concesión de financiación bancaria para paliar los problemas de liquidez de las empresas. En concreto, habilitó 24.500 millones de euros más en garantías del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de los que 20.000 van dirigidos a empresas (la mitad para pymes y autónomos y el resto para firmas mayores); 4.000 a la cobertura de emisiones de pagarés de empresas no financieras que operan en mercados de renta fija como el MARF, y 500 millones a la Compañía Española de Rea­fianzamiento (Cersa), que permite a las sociedades de garantía recíproca (SGR) avalar a las pymes en todo el territorio.

El Gobierno introdujo, sin embargo, una serie de condiciones al plan. De un lado, las empresas beneficiarias de la financiación avalada no podrán destinarla a repartir dividendos. De otro, las entidades financieras que concedan préstamos garantizados (el 80% para pymes, el 70% para nuevos préstamos y el 60% para refinanciaciones) no podrán cargar ningún coste financiero o gasto sobre los importes no dispuestos por el cliente. En paralelo, los avales sobre pagarés del MARF se reservan a firmas con sede en España “para evitar que accedan compañías con sedes en paraísos fiscales”, expuso Montero.

El Gobierno ha liberado así ya el 64% de los 100.000 millones en avales que anunció. De momento se han cerrado 269.843 operaciones, el 98% para pymes y autónomos, con avales por 27.510 millones que han facilitado la concesión de 36.190 millones de euros en créditos.

De otra parte, el Consejo de Ministros reactivó la licitación de obra pública, prácticamente congelada desde el primer decreto del estado de alarma del 14 de marzo, cuando quedó restringida a excepciones motivadas, como parte de su estrategia de impulso a las inversiones frente a una crisis que hará caer el PIB un 9,2% este año según la previsión oficial.(Expansión, 07-05-2020)

La llegada de turistas extranjeros a España se hunde un 64,3% en marzo por la crisis

España recibió sólo dos millones de turistas internacionales en marzo, cuando ya estaba en marcha el estado de alarma por la crisis sanitaria, una cifra que supone un 64,3% menos con respecto al mismo mes de 2019, según los datos de la encuesta Frontur publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta menor afluencia de turistas tuvo su reflejo en el gasto: los turistas extranjeros que visitaron España en marzo gastaron 2.215 millones de euros, un 63,3% menos que en el mismo mes de 2019, según la encuesta de gasto turístico publicada también este martes por el organismo estadístico.

Los datos de ambas encuestas se encuentran afectados por la crisis sanitaria y el estado de alarma decretado en España a mediados de marzo. Así, el INE explica que sólo se han contabilizado llegadas de visitantes a España por carreteras y ferrocarril hasta el 16 de marzo y por puertos y aeropuertos hasta el 21 de marzo.

Asimismo, precisa que el momento en el que se lleva a cabo la recogida de información de los visitantes (viaje realizado, estancia, motivo, gasto realizado) es el momento en el que abandonan el país por cualquiera de las vías antes mencionadas, por lo que las únicas entrevistas que se han podido realizar durante el mes de marzo han sido antes de la entrada en vigor del estado de alarma. Así, se dispone de información completa de los viajes realizados por todos los visitantes que salieron de España antes del 14 de marzo.

En segundo lugar, explica el INE, aunque el proceso metodológico de la encuesta ha permitido la obtención de resultados, el hecho de que únicamente se haya podido extender el trabajo de campo hasta el 14 de marzo ha determinado que se haya tenido que hacer frente a cierta falta de muestra en algunos estratos, que se ha suplido con los mecanismos habituales incluidos en la propia metodología de esta operación estadística.

De este modo, el INE concluye que los datos proporcionados por las estadísticas de Frontur y Egatur tienen la "suficiente calidad" para ser difundidos. Cada turista que visitó España en el tercer mes de 2020 se gastó una media de 1.097 euros, un 2,7% más que en igual mes del año pasado, y permaneció en el país un promedio de 7,2 días, ligeramente por encima del registro de 2019. Los principales mercados emisores de los turistas llegados a España en marzo fueron Reino Unido, Alemania y Francia. (El País, 07-05-2020)

Sánchez saca adelante la prórroga del estado de alarma con el apoyo de Cs y el PNV

El Gobierno ha conseguido aprobar con 178 votos a favor la cuarta prórroga del estado de alarma, hasta el 24 de mayo. Esta la han respaldado el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos,el PNV, Más País, Compromís, CC-NC, PRC y Teruel Existe. Los votos en contra han ascendido hasta los 75, debido a la negativa de ERC, Foro Asturias, Vox, la CUP y JxCat. Por su parte, el Partido Popular se ha abstenido, tal y como había avanzado su líder, Pablo Casado. También lo han hecho Bildu, UPN y el BNG, para un total de 96 votos.

Casado ha dejado claro que dentro de quince días, si se vuelve a plantear otra ampliación, su voto va a ser en contra y cree que "muchos partidos" pueden hacer lo mismo. Al contrario de lo ocurrido con las últimas prórrogas, en las que el PSOE y Unidas Podemos han rechazado todas las propuestas de los grupos minoritarios para modificar el alcance del estado de alarma, en esta ocasión han aceptado una del PNV para que la desescalada se decida de forma compartida entre el Gobierno y las comunidades y que las medidas acordadas sean ejecutadas por el Ejecutivo autonómico.

La aprobación de esta enmienda era indispensable para que los nacionalistas apoyasen la cuarta prórroga del estado de alarma, un sentido de voto que no ha conocido hasta este miércoles a primera hora de la mañana. En su comparecencia, el presidente, Pedro Sánchez, ha prometido a las comunidades autónomas que tendrán un "papel protagonista" en el desarrollo de la desescalada en la que se adentra España ante la pandemia del Covid-19.

 "La desescalada será asimétrica y será además cogobernada. La dirigiremos juntos, el Gobierno y los ejecutivos de las distintas comunidades autónomas, en gobernanza", ha señalado, aunque también ha dejado dejó que "lógicamente, las validaciones últimas dependerán del Ministerio de Sanidad, que lidera Salvador Illa, aunque el proceso establecido es adaptable y participativo".

Ante "lo más complejo", que es lo que queda por delante, el presidente ha dicho que "las comunidades autónomas tendrán, además, capacidad interpretativa para desarrollar las órdenes que se dicten". El presidente también ha avisado de que sería un "error imperdonable" quitar las ayudas económicas y levantar el estado de alarma, ya que muchas de las medidas están vinculadas a esta situación y ha dicho que en la gestión de la pandemia "no ha habido aciertos absolutos", pero sí sería un error absoluto, "totalmente imperdonable", levantar las ayudas que se están dando a autónomos, pymes, ciudadanos y familias.

 "Seguramente señorías ha habido retrasos y fallos pero esta es una acción sin precedentes en la historia de la democracia", ha dicho Sánchez, tras relatar las medidas económicas que ha aprobado el Ejecutivo. (El Mundo, 07-05-2020)

 Sector

Abogados y procuradores rechazan habilitar agosto para actuaciones judiciales

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Consejo General de Procuradores de España han expresado su rechazo al real decreto que habilita del 11 al 31 de agosto de este año para actuaciones judiciales dentro de las medidas adoptadas tras la paralización de muchas de ellas por el estado de alarma.

La Junta de Gobierno del ICAM ha acordado encargar a los servicios jurídicos del mismo un dictamen sobre la eventual inconstitucionalidad de la norma y su incidencia en los derechos de los abogados y remitir al Defensor del Pueblo una petición de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional contra la medida adoptada con solicitud de suspensión cautelar de la misma. Igualmente ha aprobado reclamar al Ministerio de Justicia que promueva la rectificación del artículo 1.1 del real decreto de medidas procesales y organizativas frente a la pandemia de la COVID-19, del pasado 28 de abril, que declara parcialmente hábil el mes de agosto de este año.

En un comunicado, el Colegio de Abogados de Madrid manifiesta "su más firme rechazo" a habilitar agosto y añade que se trata de una medida "adoptada sin el consenso del grupo más numeroso de los que conforman los operadores jurídicos y con grave perjuicio para los profesionales de la abogacía y sus familias". A juicio del ICAM, con este decreto se niega a los abogados el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar.

Añade que el citado precepto "contrasta con el hecho de que el apartado 2 del mismo artículo 1 del real decreto contempla una expresa previsión para la distribución de las vacaciones de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia -los anteriormente llamados secretarios judiciales- y demás funcionarios" de este ámbito. "Así, se obvia de manera descarada a los abogados, que como profesionales indispensables e imprescindibles para el correcto funcionamiento de la Administración ostentan también el mismo derecho al descanso", apostilla.

Además para el Colegio de Abogados esta medida "puede resultar a la postre ineficaz a los fines pretendidos ante la imposibilidad de practicar las actuaciones judiciales en esos días por la ausencia por vacaciones de juez, fiscal, letrado de la Administración de Justicia, testigos o peritos".

El organismo propone al Ministerio de Justicia como medida alternativa que, en todo caso, los señalamientos y celebración de las vistas durante agosto en procedimientos para los que este mes es inhábil por disposición de las leyes procesales sean sometidos al consenso de las partes para permitir su derecho a la desconexión y a la conciliación familiar. Para ello propone que cualquiera de las partes pueda manifestar su oposición en el plazo de tres días desde la citación por el tribunal, en cuyo caso se debería acordar la suspensión con un nuevo señalamiento.

Por su parte, en otro comunicado, el Consejo General de Procuradores manifiesta que le parece "inadecuado e inoperante" habilitar dichos días de agosto y estima que sería más eficaz "planificar el funcionamiento de los juzgados para el resto del año a pleno rendimiento". (Expansión, 07-05-2020)

 
 
 
 
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